LA IMPORTANCIA DE LA COMUNICACIÓN NO VERBAL

Hoy voy a divagar sobre otro tema no jurídico pero que a mi me parece importante: la comunicación no verbal.

Hoy todo el mundo enfatiza la necesidad de la oratoria, como hablar en público, llegar al auditorio (sean diez, mil o una sola persona –un juez-). Los últimos libros que he leído de actuaciones en sala, ser un abogado más eficaz o cómo comunicar mejor hablan de cómo debes mirar al Juez cuando expones para saber si te está atendiendo o no y, en su caso, alterar el tono de voz para captar su atención en las alegaciones más importantes.

La comunicación no verbal consiste en el conjunto de mensajes emitidos a través de gestos, posturas, expresiones faciales o movimientos corporales. Los expertos, dentro de esta comunicación no verbal diferencian los factores asociados al lenguaje verbal de los factores asociados al comportamiento.  En los primeros, paralingüística, son considerados factores el tono, el ritmo, el volumen, los silencios o el timbre de voz.

En los factores asociados al comportamiento puede generalizar en tres factores: a) la imagen personal; b) la proxémica –proximidad- si dos personas se acercan mucho, poco, nada; zonas de confort personal; y c) la kinesia –gestos breves o movimientos generados por el cuerpo que completan el significado de aquello que estamos comunicando-, es decir, la expresión facial, la postura, la mirada o los gestos.

Si te pregunto, lector, si conoces la mirada de cabreo de tu pareja, estoy seguro que ahora la estás imaginando y sonriendo (o temblando); si te pregunto, lector, qué significan los brazos cruzados o hombros encogidos en un intercambio de palabras estoy seguro que estarás pensando en una discusión; en fin, la sonrisa o la carcajada, para qué preguntar.

En fin, todos tenemos gestos característicos de alegría, tristeza, enfado y ATENCIÓN O INTERÉS. Éstos últimos son en los que debemos fijarnos cuando estamos en una sala de vistas, en una reunión o en una negociación para poder mejorar nuestra posición o propuesta mediante la captación de la atención de nuestro auditorio.

Es muy difícil entender los principios básicos de la comunicación no verbal; cada acervo cultural tiene sus propios gestos o expresiones culturales, cada persona es un mundo; pero, si ves a tu madre con los brazos cruzados, cejas fruncidas, hombros encogido y dando golpes rápidos y continuos con el pie en el suelo sabes que estás en un buen lío sin que suelte una sola palabra.

ADMINISTRADOR DEL CAUDAL HEREDITARIO NOMBRADO POR UN TRIBUNAL

Hoy vamos a analizar los problemas del nombramiento por un tribunal del administrador del caudal hereditario, dentro de los procesos especiales de la LEC.

 El libro IV. De los procesos especiales, Título II De la división judicial de patrimonios, Capítulo I De la división de la herencia, Sección 2ª De la intervención del caudal hereditario Art 795. 2º,3º y 4º LEC

Todavía hay quien se remite a los antiguos juicios de testamentarias o derecho foral para fundamentar intentos de arrebatar administraciones de caudal hereditario.

Desde el año 2000 la LEC aborda de modo procesal y con unos requisitos específicos esta situación.

En primer lugar, el tribunal debe tomar la decisión en forma de Auto. No hay otra opción. “Hecho el inventario, determinará el tribunal, por medio de Auto(…)”. Cualquier otra forma que adopte la decisión podrá ser recurrida para solicitar esta solución formal.

En segundo lugar, El tribunal  “nombrará” –imperativo- “administrador al viudo o viuda y, en su defecto, al heredero o legatario de parte alícuota que tuviere mayor parte en la herencia”. Esta imposición, resultadista, está concebida en el sentido que el mejor administrador será quien tenga “más que perder” por ser el mayor interesado en el caudal hereditario y “quién más tenga que ganar” por una buena administración.

El art 795.2º LEC in fine: “A falta de éstos, o si no tuvieren, a juicio del tribunal, la capacidad necesaria para desempeñar el cargo, podrá el tribunal nombrar administrador a cualquiera de los herederos o legatarios de parte alícuota, si los hubiere, o a un tercero.”

A falta de éstos”. El legislador deja clara la intencionalidad y claridad del precepto. Deben ser nombrados el viudo o viuda y en su defecto el que tuviere mayor parte en la herencia. En el supuesto que no existieran, bien por haber fallecido, bien si no tuvieren capacidad, bien por no existir un heredero o legatario mayoritario, bien por no aceptar el cargo aquéllos; solamente, en caso de no ser posible el nombramiento de los anteriores se nombrará a cualquiera de los herederos o legatarios –administración individual, nunca solidaria o mancomunada- o a un tercero. El tercero puede ser una persona, física o jurídica, nombrada a través del Juzgado o un “hombre bueno” acordado por las partes.

¿Qué podemos entender por “capacidad necesaria”? En nuestra opinión no es poseer conocimientos técnicos especializados, ya que siempre podrá apoyarse en un asesoramiento profesional, sino que es tener capacidad suficiente para actuar en el tráfico jurídico como un ordenado o diligente padre de familia.

El nombramiento, que debe ser aceptado expresamente, exige caución bastante mediante consignación, aval o garantía de las admitidas habitualmente en derecho y que, en todo caso, será –imperativo, de nuevo- fijada por el tribunal.

Hay excepciones:

1)     El tribunal podrá dispensar de la caución al cónyuge viudo o al heredero designado administrador cuando tengan bienes suficientes para responder de los que se le entreguen.

2)     Los herederos y legatarios de parte alícuota podrán dispensar al administrador del deber de prestar caución.

Si no pudieran ser de aplicación estas excepciones de dispensa “la caución será proporcionada al interés en el caudal de los que no otorguen su relevación”.

“Se constituirá caución, en todo caso, respecto de la participación en la herencia de los menores o incapacitados que no tengan representante legal y de los ausentes a los que no se haya podido citar por ignorarse su paradero”. No hay lugar a duda, en este tema.

A modo de conclusión es importante señalar la imperativa prelación de personas que deben ser nombradas, la obligación de caución salvo excepciones y que no existe posibilidad de relevar o sustituir al administrador del caudal hereditario sin perjuicio de la responsabilidad en que pudiera incurrir en el momento de rendición de cuentas. Cuestión distinta es que el administrador del caudal muera, renuncie o pierda la capacidad necesaria. En ese caso, deberá nombrarse a otro administrador que deberá prestar caución bastante. Asunto éste que será objeto de estudio en otro post junto con la administración subalterna.

EL TERCIO DE MEJORA PARA LOS NIETOS “SALTANDO” A LOS HIJOS

Hoy traigo al blog una estupenda ST del TS de fecha 28-9-2005 cuyo ponente don José Ramón Ferrándiz Gabriel Fundamenta en una parte con remisión a la Ley de Toro, al Fuero Real y a la Ley de Bases de 11 de mayo de 1.888.

 En síntesis, sucesores del abuelo paterno (nietos) como herederos y, además, legatarios de cosa cierta, promueven demanda por unos herederos del cuaderno particional del Contador Partidor.

 Causante prelegó bienes a cuatro de sus seis hijos y a ocho nietos, hijos de los otros dos. Instituye herederos a doce legatarios (hijos por cabezas y nietos por estirpes y determina que sus otros dos hijos no reciban nada por haber obtenido en vida cantidades muy superiores a los derechos que pudieran corresponder en la herencia.

 El Contador consideró titulares de un derecho a reclamar legítima los cuatro  hijos instituidos herederos (además de legatarios). En ellas aquél declaró el derecho de cada  uno de los legitimarios a bienes en pago de la legítima estricta, a la cosa legada y a la parte de la  herencia que les correspondía como herederos.

 Cuatro de los ocho nietos del causante se opusieron a ese particular del cuaderno particional, por  entender que no era procedente reconocer a los legitimarios, en la sucesión mortis causa del  abuelo, un derecho a percibir legítima estricta con bienes relictos, añadido e independiente del  derecho a las cosas legadas y a la parte de la herencia que recibian como herederos.

 Por ello, en la demanda, pretendieron que las cantidades atribuidas a los legitimarios  “por su legítima estricta” se distribuyeran entre todos los herederos instituidos, ellos incluidos.

El Juzgado de Primera Instancia desestimó la demanda y denegó modificar las operaciones  impugnadas.

Las razones en que se fundamentó tal decisión fueron dos, según la argumentación  de la sentencia recurrida: el respeto a la voluntad del testador, que quiso diferenciar a sus hijos, por  haber ya recibido dos, uno de ellos padre de los actores, bienes de valor superior a sus legítimas; y  la afirmada imposibilidad legal de mejorar a quienes, como los nietos demandantes, no eran  legitimarios.

 

La STS de 29-8-2005 fundamenta:

 “CUARTO.- En el primero de los motivos los recurrentes denuncian la infracción del Código Civil, regulador de la mejora como una de las dos terceras partes de la legítima de que  pueden disponer el padre o la madre a favor de alguno o algunos de sus hijos o descendientes.

 La sentencia recurrida declaró que ese tercio de mejora solo podía corresponder a los legitimarios  y, por ello, no a los nietos demandantes, que no ostentaban tal condición. Los recurrentes se  manifiestan contrarios a esa interpretación, sosteniendo que en nuestro ordenamiento cabe la  posibilidad de que resulten mejorados los nietos viviendo los hijos.

 

También en este particular debe ser estimado el recurso, por los argumentos que siguen:

 1º) Si sólo se tratara de averiguar la voluntad del testador, argumento que es uno de los que sirven  de base a la decisión recurrida, no habría duda de que aquel quiso mejorar a sus ocho nietos, pese  a no ser legitimarios, pues les legó bienes disponiendo, de modo expreso, que los legados  recaerían en los tercios de mejora y libre disposición (artículo 828 del Código Civil y sentencias de 3 de junio de 1.976 y 7 de octubre de 2.004).

 2º) Aunque la mejora sea parte de la legítima (sentencias de 26 de diciembre de 1.989 y 22 de noviembre de 1.991) y el Código Civil no reconozca conjuntamente a los hijos y  descendientes derecho a reclamar esta última, es interpretado el Código Civil en el  sentido de admitir la posibilidad de que el abuelo mejore al nieto pese a vivir el hijo y, por lo tanto,  pese a no ser el mejorado legitimario de primer grado y, por ende, con derecho a reclamar legítima.

 La posibilidad de que el causante mejore a nietos viviendo los hijos, además de no contradecir  ninguno de los artículos del Código Civil de 1.851.

 

 La referida interpretación la ha admitido la jurisprudencia (sentencias de 19 de diciembre de 1.903, 18 de junio de 1.982 y 9 de mayo de 1.990). En particular, la de 19 de diciembre de 1.903 declaró la  validez de una cláusula testamentaria en que se mejoraba a los nietos viviendo el padre de los  mismos, con apoyo en el derecho tradicional de Castilla, hasta la publicación del vigente Código,  claramente consignado en la ley 18 de Toro. Según la referida sentencia esa norma resolvió las  dudas suscitadas entre los expositores y comentadores acerca del verdadero alcance e  interpretación de las leyes del… Fuero Real referente a la institución jurídica de las mejoras.

 En  resumen, declaró la facultad del abuelo de aplicar el tercio de mejora a favor de sus nietos, aun con  daño y menoscabo de la legitima de los hijos vivos, padres de éstos, sobre dos argumentos: (a) el  respeto que expresó la Ley de Bases de 11 de mayo de 1.888 al derecho anterior (la base 15, a  interpretar junto con la 16, se refería al mantenimiento en esencia de la legislación vigente); y (b) la  conveniencia de facilitar los medios para que el jefe de la familia pudiese atender a las necesidades  y conveniencias de ésta dentro de las restricciones que la institución de la legítima le imponía y  como compensación a su falta de libertad para testar, como no fuera del quinto de sus bienes.”

 

La moraleja de asunto es que a veces conocer la historia del derecho y origen de las instituciones jurídicas de este antiguo país puede hacerte ganar un pleito incluso en aquellos supuestos que todos, en nuestra cabeza, tenemos por más rígidos y estrictos.

LA IMPORTANCIA PRÁCTICA DEL PERITO.

En gran parte de los asuntos que entran a un Juzgado de Instancia el perito es más importante que el abogado.

No es ajeno a quién sigue este blog el hecho de que los mayores “litigadores” son las compañías aseguradoras. Éstas basan su éxito, técnicamente hablando, en la habilidad y experiencia de sus peritos.

Cuando sean necesarios conocimientos científicos, artísticos, técnicos o prácticos para valorar hechos o circunstancias relevantes en el asunto o adquirir certeza sobre ellos, las partes podrán aportar al proceso el dictamen de peritos que posean los conocimientos correspondientes o solicitar, en los casos previstos en esta ley, que se emita dictamen por perito designado por el tribunal.” Art 355 LEC.

El perito es la clave  del pleito. El perito es fundamental desde el momento de redacción de la demanda hasta su intervención en la vista cuando la naturaleza de los hechos implica la necesidad de una valoración técnica.

La vista se centrará en intentar acreditar lo que dice el perito -demandante- o en desacreditar y mostrar los errores de informe ante el tribunal -demandado-.

La importancia de la experiencia del perito en la vista en mostrar  seguridad, realizar respuestas rápidas, precisas y concreción en su exposición es lo que, en un alto porcentaje, hace que SSª falle en un sentido u otro.

Pensemos en un informe de daños -80 % de la actividad de los peritos en ámbito civil- el perito es quien determina el origen de los daños, la acción y omisión; quien establece el nexo causal entre el origen del daño y los efectos; la cuantificación de los daños causados. El abogado consignará las conclusiones del perito en la demanda y las defenderá como suyas en la vista.

Por eso es importante para un abogado confiar en su perito y saber que la importancia de éste tiene dos ámbitos igual de importantes, el informe previo y su defensa en Sala. Grandes informes periciales han resultado inútiles ante la incapacidad de su autor de defenderlo en Sala y viceversa.

 

GESTIÓN DE DESPACHOS DE ABOGADOS II. MIS PRIMEROS DÍAS

El 7 de enero de este año escribí un post sobre la gestión de despachos. Para matizar, son despachos pequeños. Mi despacho es pequeño así que es ilógico que hable de un despacho de 50 abogados.

En fin, voy a contar como lo llevo: regular.

En primer lugar, anotar las horas. La parte formal la tengo muy bien. Una tabla de excel con cliente/asunto, día y horas empleadas.

La parte material no me va tan bien. Cuando estoy trabajando en el despacho lo tengo controlado. Tengo mi reloj en el ordenador y me organizo muy bien, acabo y anoto mi tiempo de trabajo.

El problema son las salidas y las reuniones que no recuerdo calcular el tiempo ni apuntarlo. Esta semana he estado dos días y medio sin aparecer por el despacho: Juzgado por las mañanas, reuniones por las tardes y repaso de temas con el portátil en casa por la noche. Las horas del juzgado son fáciles, las de las reuniones más o menos pero, ¿los desplazamientos?

Tengo el despacho alejado de la zona de confort de mis clientes -mal posicionamiento- pero es un sitio tranquilo y en donde me gusta vivir y trabajar -bien, salud para mi- El problema es que si realizo un estudio objetivo de mi eficiencia pierdo mucho tiempo en desplazamientos (pero suelo aprovechar para llamar por teléfono en el coche); sin embargo, me olvido de anotarlo en mi tabla. Mal, muy mal.

En fin, de momento mis propósitos se van cumpliendo. Estoy adaptándome a la gestión interna por horas para calcular mi rentabilidad real y mi eficiencia, solamente me queda ordenar y anotar correctamente los desplazamientos para tener un cálculo aproximado.

Este tipo de gestión interna es difícil. Exige una regularidad, como en la Liga de Fútbol. No sirve empezar bien ganando todos los partidos si no hay regularidad.

GENERAR MARCA PERSONAL. OPCIONES

Partimos de la premisa de que hay que estar en redes sociales para generar networking y marca personal. Eso es un hecho cierto y no discutible. Además de estas redes ¿qué otras cosas podemos hacer?

Hoy en día todos tenemos un blog –estas leyendo el mío- pero la implementación en el mercado de diarios jurídicos digitales nos permite crear sinergias con portales de ámbito jurídico, serios, rigurosos y de gran difusión.

 Mi blog, tú blog, lo leen 50, 100, 200, 300 o 1000 personas, da igual; es posible mejorar tu visibilidad con sinergias.

 La mayoría de los blogs que leo tienen post de suficiente calidad para publicar en diarios digitales, debéis intentarlo.

Para generar o mejorar vuestra marca personal en internet podéis aprovechar las sinergias con los diarios digitales –a mi me gustan lawyerpress, legaltoday, noticias jurídicas o lexnews-.

Ellos tendrán un contenido jurídico de calidad y vosotros tendréis un impacto óptimo de vuestros artículos jurídicos y/o de opinión. No solo eso sino que, desde esos diarios jurídicos-digitales, podréis llegar a Twitter, Facebook, Google + o Linkedin gracias a la colaboración de los lectores que, en muchos casos, no son seguidores de vuestro blog.

En definitiva, es un acuerdo WIN-WIN, el portal digital tiene contenidos y nosotros/vosotros obtenéis más ladrillos en el muro de vuestra marca personal. No tengáis miedo, poneos en contacto con estos diarios seguro que os sorprenderéis.

RECEPTACIÓN CIVIL ¿QUÉ PASA SI TE BENEFICIAS DE LOS EFECTOS ECONÓMICOS DE UN DELITO QUE NO SABES QUE SE HA COMETIDO?

Art. 122 del CÓDIGO PENAL.- “El que por título lucrativo hubiere participado de los efectos de un delito o falta, está obligado a la restitución de la cosa o al resarcimiento del daño hasta la cuantía de su participación.”

Esta institución jurídica es la denominada receptación civil, un gran desconocido para el público general.

Hoy traigo a colación este precepto a cuenta de un asunto por todos conocido: imputamos, no imputamos, si no imputamos que pasa, etc.

La receptación civil, a grandes rasgos, consiste en que aquella persona que no ha intervenido en el delito como autor o cómplice y no puede ser responsable penal por receptación ni puede resultar obligado a la restitución penal de la cosa o al correspondiente resarcimiento si ha resultado beneficiado de los efectos del delito –ojo-si ese beneficio es obtenido a título lucrativo

La STS de la Sala 2ª de 15-7-2011 analiza los requisitos de la receptación civil.

“La responsabilidad civil por participación a título lucrativo en los efectos de un delito o falta tiene una entidad propia que la diferencia de otros orígenes de esa clase de responsabilidad.

Decíamos en la STS 57/2009 , citada por la STS num. 1394/2009, que el art. 122 del CP recoge el resarcimiento del perjuicio o daño patrimonial originado criminalmente al sujeto pasivo del delito en las adquisiciones a título lucrativo, como consecuencia de que nadie debe enriquecerse indebidamente en virtud de negocios jurídicos que se derivan de causa ilícita, y desarrolla la institución jurídica que ha adquirido carta de naturaleza con el nombre de receptación civil (cfr. SSTS 532/2000, 30 de marzo  59/1993, 21 de enero y 1257/1995, 15 de diciembre ).

 

Para ello es indispensable,

 1º) que exista una persona, física o jurídica que hubiere participado de los efectos de un delito o falta, en el sentido de haberse aprovechado de ellos por título lucrativo, por lo que quedan excluidas las adquisiciones en virtud de negocios no susceptibles de esta calificación jurídica;

  2º) el adquirente debe tener meramente conocimiento de la adquisición e ignorar la existencia de la comisión delictiva de donde provienen los efectos, a fin de impedir la aplicación del « crimen receptationis » en concepto de autor, cómplices y encubridor;

 3º) la valoración antijurídica de la transmisión de los objetos y su reivindicabilidad se ha de hacer de acuerdo con la normativa que regula el tráfico jurídico, y la determinación del resarcimiento se realizará por la cuantía de la participación (cfr. STS 532/2000, 30 de marzo y las que en ella se citan)”

PONDERACIÓN ENTRE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN Y LA INTIMIDAD PERSONAL Y EL DERECHO AL HONOR

España siempre ha tenido una cultura del sarcasmo, burla, chascarrillo, sátira o fina ironía. España es un país en donde Quevedo atacaba a Góngora y Góngora devolvía el golpe con un clásico soneto.

El acervo español tiene a gala su sátira, ironía, sarcasmo. ¿Quién no recuerda el soneto dedicado a una nariz?

Érase un hombre a una nariz pegado,
érase una nariz superlativa,
érase una nariz sayón y escriba,
érase un peje espada muy barbado.

Era un reloj de sol mal encarado,
érase una alquitara pensativa,
érase un elefante boca arriba,
era Ovidio Nasón más narizado.

Érase un espolón de una galera,
érase una pirámide de Egipto,
las doce Tribus de narices era.

Érase un naricísimo infinito,
muchísimo nariz, nariz tan fiera
que en la cara de Anás fuera delito

Pues en STS de 17-12-2013, STS 5879/2013 nuestro alto Tribunal aborda la penúltima de las cuestiones discrepantes sobre la ponderación entre la libertad de información y el derecho al honor y a la intimidad personal.

El supuesto de hecho a grandes rasgo es que una actriz realizó unas manifestaciones en el contexto de una presentación de una película pero no exclusiva sobre su trabajo sino que también abordó circunstancias personales. La publicación apostilla y no altera dichas declaraciones pero introduce una serie de comentarios digamos que mordaces. Dichos comentarios, al parecer, no fueron del agrado de la recurrente.

Así, la STS en su FD Cuarto, que transcribo íntegramente, aborda dicha ponderación desde un análisis profundo que pueda dar mucho juego en los actuales medios de comunicación.

Nuestro alto tribunal expone (la negrita y subrayado es nuestra):

 “A) El artículo 20.1.a ) y. d) CE , en relación con el artículo 53.2 CE , reconoce como derecho fundamental especialmente protegido mediante los recursos de amparo constitucional y judicial el derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción y el derecho a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión, y el artículo 18.1 CE reconoce con igual grado de protección el derecho al honor y a la intimidad personal.

 La libertad de información comprende la comunicación de hechos susceptibles de contraste con datos objetivos y tiene como titulares a los miembros de la colectividad y a los profesionales del periodismo.

 La libertad de información comprende la comunicación de hechos susceptibles de contraste con datos objetivos y tiene como titulares a los miembros de la colectividad y a los profesionales del periodismo.

 El artículo 7.7 LPDH define el derecho al honor en un sentido negativo, desde el punto de vista de considerar que hay intromisión por la imputación de hechos o la manifestación de juicios de valor a través de acciones o expresiones que de cualquier modo lesionen la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación. Doctrinalmente se ha definido como dignidad personal reflejada en la consideración de los demás y en el sentimiento de la propia persona.

 Como ha señalado reiteradamente el Tribunal Constitucional ( SSTC 180/1999, de 11 de octubre , FJ 4, 52/2002, de 25 de febrero, FJ 5 y 51/2008, de 14 de abril , FJ 3) el honor constituye un «concepto jurídico  normativo cuya precisión depende de las normas, valores e ideas sociales vigentes en cada momento». Este Tribunal ha definido su contenido afirmando que este derecho protege frente a atentados en la reputación personal entendida como la apreciación que los demás puedan tener de una persona, independientemente de sus deseos ( STC 14/2003, de 28 de enero , FJ 12), impidiendo la difusión de expresiones o mensajes insultantes, insidias infamantes o vejaciones que provoquen objetivamente el descrédito de aquella ( STC 216/2006, de 3 de julio , FJ 7).

 El reconocimiento del derecho a la intimidad personal y familiar tiene por objeto garantizar al individuo un ámbito reservado de su vida, vinculado con el respeto de su dignidad como persona ( artículo 10.1 CE ), frente a la acción y el conocimiento de los demás, sean estos poderes públicos o simples particulares, de suerte que atribuye a su titular el poder de resguardar ese ámbito reservado, no solo personal sino también familiar ( SSTC 231/1988, de 2 de diciembre , y 197/1991, de 17 de octubre ), frente a la divulgación del mismo por terceros y a la publicidad no querida ( SSTC 231/1988, de 2 de diciembre , 197/1991, de 17 de octubre y 115/2000, de 10 de mayo ), evitando así las intromisiones arbitrarias en la vida privada, censuradas por el artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos .

 El derecho al honor y a la intimidad personal y familiar, según reiterada jurisprudencia, se encuentra limitado por las libertades de expresión e información.

La limitación del derecho al honor y a la intimidad personal y familiar por la libertad de expresión o de información, tiene lugar cuando se produce un conflicto entre tales derechos, el cual debe ser resuelto mediante técnicas de ponderación constitucional, teniendo en cuenta las circunstancias del caso (respecto del derecho al honor, SSTS de 12 de noviembre de 2008, RC n.º 841/2005 , 19 de septiembre de 2008, RC n.º 2582/2002 , 5 de febrero de 2009, RC n.º 129/2005 , 19 de febrero de 2009, RC n.º 2625/2003 , 6 de julio de  2009, RC n.º 906/2006 , 4 de junio de 2009, RC n.º 2145/2005 , 10 de noviembre de 2010, RC n.º 731/2008 , 25 de enero de 2011, RC n.º 859/2008 ; respecto del derecho a la intimidad personal y familiar, SSTS 16 de enero de 2009, Pleno, RC n.º 1171/2002 , 15 de enero de 2009, RC n.º 773/2003 , 6 de noviembre de 2003,RC n.º 157/1998 ).

 Por ponderación se entiende, tras la constatación de la existencia de una colisión entre derechos, el examen de la intensidad y trascendencia con la que cada uno de ellos resulta afectado, con el fin de elaborar una regla que permita, dando preferencia a uno u otro, la resolución del caso mediante su subsunción en ella.

 

B) Cuando se trata de la libertad de información, la técnica de ponderación exige valorar, en primer término, el peso en abstracto de los respectivos derechos fundamentales que entran en colisión.

 Desde este punto de vista, la ponderación debe respetar la posición prevalente que ostenta el derecho a la libertad de información sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y a la propia imagen por resultar esencial como garantía para la formación de una opinión pública libre, indispensable para el pluralismo político que exige el principio democrático ( STS 11 de marzo de 2009, RC n.º 1457/2006 ).

La protección constitucional de las libertades de información y de expresión alcanza un máximo nivel cuando la libertad es ejercitada por los profesionales de la información a través del vehículo institucionalizado de formación de la opinión pública que es la prensa, entendida en su más amplia acepción ( SSTC 105/1990, de 6 de junio , FJ 4, 29/2009, de 26 de enero , FJ 4). Este criterio jurisprudencial es hoy admitido expresamente por el artículo 11 CDFUE, el cual, al reconocer los derechos a la libertad de expresión y a recibir y comunicar información, hace una referencia específica al respeto a la libertad de los medios de comunicación y su pluralismo.

 

C) La técnica de ponderación exige valorar, en segundo término, el peso relativo de los respectivos derechos fundamentales que entran en colisión. Desde esta perspectiva:

 (i) La ponderación debe tener en cuenta si la información tiene relevancia pública o interés general en cuanto puede contribuir al debate en una sociedad democrática cuando se proyecta sobre personas que desempeñan un cargo público o una profesión de notoriedad o proyección pública ( STC 68/2008 ; SSTS 25 de octubre de 2000 , 14 de marzo de 2003, RC n.º 2313/1997 , 19 de julio de 2004, RC n.º 5106/2000 , 6 de julio de 2009, RC n.º 906/2006 ) o tienen una personalidad política y ejercen funciones oficiales o se trata, simplemente de satisfacer la curiosidad humana por conocer la vida de personas con notoriedad pública que no ejerzan tales funciones (SSTEDH 1991/51, Observer y Guardian, 2004/36, Plon, Von Hannover y Alemania, SSTC 115/2000 y 143/1999 y SSTS de 5 de abril de 1994 , 7 de diciembre de 1995 , 29 de diciembre de 1995 , 8 de julio de 2004 , 21 de abril de 2005 ). En suma, la relevancia pública o interés general de la noticia constituye un requisito para que pueda hacerse valer la prevalencia del derecho a la libertad de información y de expresión cuando las noticias comunicadas o las expresiones proferidas redunden en descrédito del afectado.

 (ii) La libertad de información, dado su objeto de puesta en conocimiento de hechos, cuando comporta la transmisión de noticias que redundan en descrédito de la persona, para que pueda prevalecer sobre el derecho al honor exige que la información cumpla el requisito de la veracidad, a diferencia de lo que ocurre con la libertad de expresión, que protege la emisión de opiniones. Por veracidad debe entenderse el resultado de una diligencia razonable por parte del informador para contrastar la noticia de acuerdo con pautas profesionales ajustándose a la circunstancias del caso aun cuando la información, con el paso del tiempo pueda más adelante ser desmentida o no resultar confirmada ( STC 139/2007 y 29/09 de 26 de enero FJ 5). Cabe el denominado reportaje neutral ( STC 76/2002 de 8 de abril ) el cual exige que las declaraciones recogidas sean por sí noticia y se pongan en boca de personas determinadas responsables de ellas y que el medio informativo sea mero trasmisor de tales declaraciones sin alterar la importancia que tengan en el conjunto de la noticia ni reelaborarlas o provocarlas; en este caso la veracidad exigible se limita a la verdad objetiva de la existencia de la declaración. Este requisito resulta de menor trascendencia cuando se afecta al derecho a la intimidad personal y a la propia imagen.

 (iii) Cuando la difusión de datos de carácter privado afecta no solo al personaje público, sino también a terceras personas, debe valorarse en qué medida la difusión de los datos relativos a estas está justificada por razón de su carácter accesorio en relación con el personaje público al que se refiere, la necesidad de su difusión para ofrecer la información de que se trate y la aceptación por el tercero de su relación con la persona afectada como personaje público.

 (iv) La prevalencia del derecho a la información sobre el derecho a la imagen es mayor que sobre el derecho a la intimidad, por cuanto en relación con la vida privada de las personas debe tenerse en cuenta el principio de proporcionalidad con el interés público en los aspectos de esta que se difunden y la forma en que tiene lugar la difusión ( STS 19 de marzo de 1990 ). Cuando la actividad informativa se quiere ejercer sobre ámbitos que pueden afectar a otros bienes constitucionales, como es la intimidad, es preciso, para que su proyección sea legítima, que lo informado resulte de interés público, pues solo entonces puede exigirse de aquellos a quienes afecta o perturba el contenido de la información que, pese a ello, la soporten, en aras, precisamente, del conocimiento general y difusión de hechos y situaciones que interesan a la comunidad por cuanto responde a la necesidad de preservar otros intereses constitucionalmente protegibles ( SSTC 156/2001, de 2 de julio ; 14/2003, de 28 de enero ). Tal relevancia comunitaria, y no la simple satisfacción de la curiosidad ajena, es lo único que puede justificar la exigencia de que se asuman aquellas perturbaciones o molestias ocasionadas por la difusión de una determinada noticia, y reside en tal criterio, por consiguiente, el elemento final de valoración para dirimir, en estos supuestos, el eventual conflicto entre las pretensiones de información y de reserva ( SSTC 171/1990, de 12 de noviembre , 20/1992, de 14 de febrero , 121/2002, de 20 de mayo y 185/2002 de 14 de octubre ). Habrá intromisión ilegítima en la intimidad si la medida adoptada no se revela necesaria para lograr el fin previsto, no resulta proporcionada o no respeta el contenido esencial del derecho ( STC 70/2009, de 23 de marzo ).

 (v) La ponderación entre los derechos en conflicto debe efectuarse teniendo en cuenta si la publicación de los datos de la vida privada está justificada por los usos sociales, o hay base para sostener que el afectado adoptó pautas de comportamiento en relación con su ámbito íntimo que permita entender que, con sus propios  actos, lo despojó total o parcialmente del carácter privado o doméstico ( STS de 6 de noviembre de 2003,RC nº. 157/1998 ).”

Remata la sentencia, antes del FALLO que, adelanto, declara no haber lugar a casación, explicando que, las SSTS de 29 de diciembre de 2010, RC n.º 1195/2008 y 30 de noviembre de 2011, RC n.º 2750/2004 ,entendieron que:

 «el tratamiento humorístico o sarcástico de los acontecimientos que interesan a la sociedad constituye una forma de comunicación y crítica de los mismos que está ligada al ejercicio del derecho a la libertad de expresión, como forma de comunicación de ideas u opiniones, e incluso a la libertad de información, en la medida en que el tratamiento humorístico puede constituir una forma de transmitir el conocimiento de determinados acontecimientos llamando la atención sobre los aspectos susceptibles de ser destacados mediante la ironía, el sarcasmo o la burla».

 

En definitiva, si Cide Hamete, en El Quijote hubiera apostillado la frase y realizado sus comentarios de los protagonistas de los libros de caballerías no hubiera sufrido “aquesta” ironía sobre su puntualidad como historiador:

  “…se introduce la sospecha de que por ser Cide Hamete historiador arábigo haya éste dejado en silencio las alabanzas de Don Quijote, faltando con ello a la puntualidad que deben guardar los historiadores.”

DERECHO DE INFORMACIÓN DE LOS ACCIONISTAS EN LA SOCIEDAD ANÓNIMA.

El derecho de información de los accionistas en las SA está regulado en el art 197 de la Ley de Sociedades de Capital –en adelante LSC.

Artículo 197 Derecho de información en la sociedad anónima

1. Los accionistas podrán solicitar de los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta.

Los administradores estarán obligados a facilitar la información por escrito hasta el día de la celebración de la junta general.

2. Durante la celebración de la junta general, los accionistas de la sociedad podrán solicitar verbalmente las informaciones o aclaraciones que consideren convenientes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día y, en caso de no ser posible satisfacer el derecho del accionista en ese momento, los administradores estarán obligados a facilitar esa información por escrito dentro de los siete días siguientes al de la terminación de la junta.

3. Los administradores estarán obligados a proporcionar la información solicitada al amparo de los dos apartados anteriores, salvo en los casos en que, a juicio del presidente, la publicidad de la información solicitada perjudique el interés social.

4No procederá la denegación de información cuando la solicitud esté apoyada por accionistas que representen, al menos, el veinticinco por ciento del capital social. Los estatutos podrán fijar un porcentaje menor, siempre que sea superior al cinco por ciento del capital social.

La reciente STS 4950/2013 de 19-9-2013, rec. 1643/2013, vista por el Pleno de la Sala Primera del TS, aclara significativamente el contenido del derecho de información así como los requisitos mínimos para exigirlo.

La STS, FV Sexto, nos explica en qué consisten los documentos obligados a facilitar al accionista:

“La sociedad está obligada a facilitar al accionista que lo solicite, de manera inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta (los que integran las cuentas anuales), así como, en su caso, el informe de gestión y el de los auditores de cuentas, y además este derecho del socio ha de ser mencionado expresamente en la convocatoria de la junta. Pero el derecho de información del socio, en su faceta de ejercicio por escrito y con carácter previo a la celebración de la junta, no queda limitado a obtener estos documentos. El socio puede necesitar conocer algunos datos contables sin los cuales no es  posible valorar la corrección de los datos globales recogidos en las cuentas anuales sometidas a aprobación y demás documentos complementarios. Tales datos globales son agregados de datos parciales, lo que justifica el interés del accionista por obtener información sobre estos. Y es legítimo que en ocasiones pida también conocer los documentos contables, en un sentido amplio, que incluye documentos bancarios y fiscales, que soportan tales datos y cifras e informan sobre aspectos relevantes de la marcha de la sociedad y la gestión de los administradores.”

Por otro lado, esta STS nos explica que, para decidir sobre la corrección del ejercicio de derecho de información del accionista, cuando se solicitan documentos contables en sentido amplio, se convoca la junta general de aprobación de las cuentas anuales y la censura de gestión social; la solicitud del accionista ha de cumplir una serie de requisitos

  1. La conexión con el objeto de la junta; a tales efectos ha de tomarse en consideración que el derecho de información puede ser instrumental del derecho de voto, pero tiene una naturaleza autónoma y puede servir también a otras finalidades, lo que explica que el art. 112.2 de la Ley de Sociedades Anónimas (actual art. 197.2 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital ) prevea en ciertos casos que la información sea facilitada por escrito dentro de los siete días siguientes al de la terminación de la junta. No es precisa una relación “directa y estrecha” entre la documentación solicitada y los asuntos del orden del día, debiendo estarse al juicio de pertinencia en el caso concreto ( sentencia de la Sala 1ª del Tribunal Supremo núm. 204/2011, de 21 de marzo, recurso núm. 2173/2007 ).
  2. La solicitud de documentación ha de ser realizada en el momento adecuado: si es por escrito, desde la convocatoria de la junta hasta el séptimo día anterior al previsto para su celebración.
  3. Que no perjudique los intereses sociales, si bien no procederá la denegación de la documentación cuando la solicitud esté apoyada por accionistas que representen, al menos, la cuarta parte del capital social.
  4. Que su ejercicio no se realice de forma no abusiva, objetiva o subjetivamente.

Normalmente la solicitud, a través de los órganos jurisdiccionales del ejercicio de este derecho, por parte de los socios, es la antesala de una acción de responsabilidad contra el administrador. Por eso, hay que prestar especial atención a en qué forma se solicita el ejercicio de este derecho ante la Junta General.

GESTIÓN DE DESPACHOS DE ABOGADOS.

Hoy ha empezado mi nueva vida.

Uno de mis propósitos para el año 2014 es conocer mejor mi negocio, calcular costes y ajustar horas de trabajo.

¿Cómo lo voy a conseguir (o intentar)?

En primer lugar, tal y como comenté en el anterior post, tengo un contador de tiempo en el ordenador que programo por treinta minutos, por horas completas o, si entro en twitter, por 10-15 minutos.

 He encontrado una aplicación free llamada alinof timer, para mac; es un reloj con cuenta atrás y un sonido al final. Una tontería, lo se. Pero probadlo y me diréis. Si alguno conoce alguna aplicación, free o Premium, en donde se puedan contabilizar o facturar internamente las horas, poned un mensaje al post o un tuit.

En segundo lugar, voy a utilizar un calendario ad hoc para ir anotando las horas diarias dedicadas a los asuntos. He buscado modelos de hojas excell pero no he encontrado ninguna que me satisfaga (torpeza mía al buscar, seguro) así que voy a utilizar el calendario de mi ordenador, con la visión diaria. Es gratis, una ventaja.

En tercer lugar, voy a intentar cumplir los objetivos de horas, facturarlas internamente y ser organizado en la gestión de proyectos. Me cuesta mucho organizarme porque suelo dedicar muchas horas (sarna con gusto no pica, dice el refrán) que después no suelo repercutir al cliente. Este año intentaré cobrar lo que es justo y razonable (y poner una vela a Santa Rita para que me lo paguen, claro)

Si alguno de vosotros, abnegados lectores, conocéis aplicaciones que faciliten esta labor de organización; por favor, dejad un comentario.

 Os contaré dentro de un mes como me ha ido y si me ha servido de utilidad.

EL SÍNDROME DEL STENDHAL TUITERO

 “El síndrome de Stendhal (también denominado Síndrome de Florencia o “estrés del viajero”) es una enfermedad psicosomática que causa un elevado ritmo cardíaco, vértigo, confusión , temblor, palpitaciones, depresiones e incluso alucinaciones cuando el individuo es expuesto a obras de arte, especialmente cuando éstas son particularmente bellas o están expuestas en gran número en un mismo lugar.

Más allá de su incidencia clínica como enfermedad psicosomática, el síndrome de Stendhal se ha convertido en un referente de la reacción romántica ante la acumulación de belleza y la exuberancia del goce artístico.” (fuente: WIKIPEDIA)

Hoy en día comienza a ser habitual escuchar o leer noticias sobre obsesiones y/o adicciones a tecnologías, redes sociales, internet en general…

Ayer un amigo se iniciaba en twitter. Al poco tiempo, en su muro de Facebook, publicaba que le había parecido brutal la información y la velocidad de ésta en twitter. Se sintió abrumado con la información a la que pudo acceder. A mi también me sucedió y fue, sencillamente eso, lo que me engancho a esa red social.

Es verdad, el empacho de información es tan rápido, tan intenso y tan poco seleccionado que nos podemos encontrar con los síntomas que sufrió Stendhal cuando llegó a Florencia. A mi me pasó. En el despacho tenía abierto el tuiter en el ordenador para no perderme la información que estaba siendo publicada.

Mi solución, después de duros días de desintoxicación, fue:

 a)   utilizar un lector de blogs. Sigo a los que me gustan y los leo por la noche;

b)   utilizar las listas de tuiter para seleccionar temáticas;

c)  poner un contador de tiempo para tareas en el ordenador y establecer alarmas a los 10 minutos para los “descansos” del trabajo en tuiter.

FALSEDAD DOCUMENTAL. Concepto de “documento mercantil”.

Iniciamos el año con algo serio.  Os presento un extracto de una sentencia que considero de interés.

Recurso: Casación no 1394/2011
Ponente: Sr. Martínez Arrieta
Sentencia: no 387/2011 de fecha 27/12/2011

«El núcleo de la disensión con la sentencia es la conceptuación de lo que deba entenderse por documento mercantil, dotado de una especial protección en el ordenamiento jurídico penal. Es tradicional la distinta conceptuación que la doctrina y la jurisprudencia han empleado para definir el documento continuado. Así, mientras en la doctrina ha considerado un concepto restringido de lo que deba entenderse por documento mercantil, para permitir la diferenciación entre el tipo de la falsedad y la estafa, o más concretamente el engaño documentado de la estafa, y guardar cierta relación de proporcionalidad con los otros documentos de especial protección en el tipo de las falsedades, los documentos públicos y los oficiales.

La jurisprudencia por el contrario, ha mantenido un concepto amplio del documento mercantil. Por tales se ha considerado todos aquellos documentos que expresan o recogen una operación de comercio (STS 417/2010, de 7 de mayo) y destinados a surtir efectos en el tráfico jurídico y que se refieran a contratos u obligaciones de naturaleza mercantil. Se trata de documentos que sean expresión de una operación comercial, que plasmen la creación, alteración o extinción de obligaciones de naturaleza mercantil, ya sean para cancelarlas, ya para acreditar derechos u obligaciones de carácter mercantil, y por tales ha de comprenderse no sólo los actos y negocios contenidos en el Código de comercio o en leyes mercantiles, sino también todos aquéllos que recojan una operación de comercio o tengan validez o eficacia para hacer constar derechos u obligaciones de tal carácter o sirvan para demostrarlas (STS 1196/2009 de 23 de noviembre).”