MIS PRIMEROS PASOS PROFESIONALES

Este post está publicado en LAWYERPRESS el día 26-2-2014 en el marco de la colaboración de una serie de profesionales en donde relatamos nuestros recuerdos de nuestros primeros pasos profesionales. Reproduzco el texto íntegro sin comillas.

La primera demanda que firmé y defendí en una vista está fechada el día trece de septiembre de dos mil cuatro. Acabo de abrir el archivo que –como oro en paño- todavía guardo en mi ordenador.

Yo llevaba trabajando en el despacho desde enero de 2004, sin estar colegiado, aprendiendo esta durísima profesión. Me colegié a principios de septiembre de aquel año. Como spoiler del resultado os diré que gané la demanda con costas. La demanda era relativamente sencilla: una entrega una cosa distinta de la convenida, un “alliud pro alio”, pero que más da eso.

Después de infinidad de copias del archivo llamadas “demanda definitiva”, me aceptaron el borrador y la presentamos la demanda.

Había redactado otras demandas, en otros asuntos, que habían tenido un resultado positivo para nuestros clientes pero, hasta aquél fantástico día, nunca había defendido ninguna en Sala. No recuerdo la fecha de la vista pero quiero recordar que fue en el Juzgado de Instancia n.º 2 de Santiago de Compostela.

Mis recuerdos no son muy claros sobre lo que pasó en la durante la celebración de la vista. Pero si recuerdo el antes y el después.

Recuerdo perfectamente los nervios del día anterior que no me dejaron dormir. Esa sensación en el estómago, horrible, que se comunicaba con mi cabeza y me decía que todo iba a salir mal y que no iba a ser capaz de articular palabra.

Recuerdo, una vez finalizada la vista, haber preguntado a SSª y al Sr. Secretario sobre qué tal lo había hecho y si se había notado que era mi primera vez. Su respuesta, más amable que verdadera, fue que no se habían dado cuenta.

Recuerdo todo lo que iba a decir lo llevaba por escrito, costumbre que todavía guardo. En aquél momento leí palabra por palabra el texto que llevaba. Hoy lo hago porque no hay mejor improvisación que una buena preparación.

Recuerdo que mi procurador, Santiago, anotó la prueba propuesta de contrario al ver que yo no hacía nada y, con una reprimenda lógica que no olvidaré, me dijo: -Luis, ¿cómo no apuntas nada? ¡tienes que apuntar la oposición que hace para las conclusiones y la prueba que propone! -Es un verbal, no hay conclusiones; le respondí. – Eso es en la Ley, esto es la realidad; me replicó como un padre que enseña a su hijo.

No recuerdo nada más. No recuerdo al juez, ni al compañero, ni lo que dije y no guardo el borrador del texto. Desconozco si propuse bien la prueba o si la dicción era correcta, no recuerdo nada. A aquél día le siguieron muchos otros. Hace mucho tiempo que no siento esa sensación horrible en el estómago por una vista. Hoy siendo un cosquilleo agradable como cuando sales a jugar un partido, a disfrutar con lo que haces. Como confidencia reconozco que, a veces, llevo asuntos poco rentables sólo porque me permiten acudir a Sala y disfrutarla.

La copia de mi primera vista está guardada en su CD, pérdida en algún cajón de mi despacho, a la espera de un día la encuentre y la vea de nuevo. Seguramente, me entrarán los mismos nervios y sentiré la vergüenza ajena de ¡cómo se puede hacer tan mal!

CAMBIOS EN LA PRÁCTICA DE LA ABOGACÍA (II). ¿LA NECESIDAD DE UN DESPACHO FÍSICO BIEN UBICADO?. OTRAS POSIBILIDADES.

Este es el segundo post de una serie de ellos en los que intentaré plasmar lo que para mi, hoy, pueden ser futuros cambios en la práctica de la abogacía a nivel gestión de despacho. Los post están escritos desde la percepción subjetiva de quién trabaja en un despacho en un pueblo alejado de la ciudad, de la capital de provincia y de la cabeza de partido judicial; pero quiero creer que no lejos de la realidad.

Hay un tipo de abogacía que necesita un despacho físico céntrico, que permita un posicionamiento en una zona determinada y que de “glamour” (no lo entiendan como algo despectivo). En una charla de gestión, el relator nos explicaba lo que era la decoración y ambiente “DIEZ MIL” porque daba igual el asunto que llevases al despacho, lo mínimo para el estudio del asunto y asesoramiento eran diez mil euros. Seguramente sea cierto.

Pero hay otro tipo de abogacía, creo yo que mayoritaria, en la que el gasto fijo de “suelo y posición” no concede la “percepción diez mil”. Para ellos está pensado este post.

Antes el despacho físico era necesario porque la necesidad de consulta y apoyo obligaba a acudir a los libros de consulta, expediente, zonas, el lugar físico en donde te puede encontrar tu cliente.

Hoy en día, la LOPD te obliga a destruir o entregar expedientes o puedes consérvalos escaneados, los libros de consulta y la jurisprudencia los puedes tener on line (ver post anterior); la consultas de los clientes pueden hacerse vía hang out, skype, facetime, etc y , en cualquier caso, puedes alquilar salas de reunión en tu ciudad lo más cerca del cliente y facilitar este contacto personal. Hasta existen hoteles que te ofrecen una “tarjeta de club” para tener una tarifa plana de uso de salas y descuentos en comidas de trabajo.

En mi caso, tengo un humilde despacho en el pueblo en donde vivo y me desplazo a las oficinas de las empresas que asesoro, vamos, lo que llevan haciendo la mayoría de los asesores fiscales para ver las contabilidades (al menos los que yo conozco).

El otro día leí un artículo sobre la geolocalización del abogado y la transversalidad de los conocimientos de los abogados del futuro. Conozco, porque estoy metido en ellos, proyectos de geolocalización vía google maps, en donde el cliente puede buscar el abogado por zona y especialidad que más le interese.

Hoy las webs de consultas low cost están a la orden del día. Ya he visto webs que han abierto mercado con consultas por videoconferencia, el futuro ya es el presente y los despachos físicos permanente pasarán a la historia. Los despachos serán, en un futuro, un call center deslocalizado de secretaría telefónica, un teléfono y un ordenador con videoconferencia ¿o eso ya es hoy?

GUARDA Y CUSTODIA A FAVOR DEL PADRE. CUSTODIA COMPARTIDA. PRINCIPIO DE IGUALDAD ENTRE PROGENITORES

Hoy vamos a abordar un asunto polémico en el blog. La guarda y custodia a favor del padre.

 

Mi opinión personal es que hay que buscar el interés del menor ya sea vía custodia compartida, guarda y custodia a la madre, al padre o a los abuelos. No obstante, la custodia compartida sigue siendo novedad y la guardia y custodia al padre una situacion poco común. Es habitual ver titulares de periódicos que recojan este tipo de medidas como escasas y excepcionales en la práctica del día a día de los tribunales; aquí y aquí. Por eso abordo en este post, una reflexión, que no estudio, sobre un Auto de Medidas Provisionales confirmado en ST de Instancia en el cual el Juez dispone atribuir la guarda y custodia al padre y lo que entiendo que ha llevado a esa Resolución.

 

Desde que la Sentencia del TC 185/2012, de 17 de octubre; declaró inconstitucional y nulo el inciso “favorable” del informe del MF contenido en el art 92.8 Código Civil, según redacción dada por la Ley 15/2005, de 8 de julio; otorgando la competencia a Juez o Tribual para verificar si concurren los requisitos legales para aplicar el régimen de custodia compartida han cambiado formas de pensar y formas de resolver por los Jueces y Tribunales. Consecuencia lógica de que no haya un MF pidiendo la no aplicación de la custodia compartida.

 

La STS 257/2013, de fecha 29/4/2013 estableció los criterios para acordar la guarda y custodia compartida, aquí:

“Se declara como doctrina jurisprudencial que la interpretación de los artículos 92, 5, 6 y 7 CC debe estar fundada en el interés de los menores que van a quedar afectados por la medida que se deba tomar, que se acordará cuando concurran criterios tales como la práctica anterior de los progenitores en sus relaciones con el menor y sus aptitudes personales; los deseos manifestados por los menores competentes; el número de hijos; el cumplimiento por parte de los progenitores de sus deberes en relación con los hijos y el respeto mutuo en sus relaciones personales; el resultado de los informes exigidos legalmente, y, en definitiva, cualquier otro que permita a los menores una vida adecuada, aunque en la práctica pueda ser más compleja que la que se lleva a cabo cuando los progenitores conviven. Señalando que la redacción del artículo 92 no permite concluir que se trate de una medida excepcional, sino que al contrario, habrá de considerarse normal e incluso deseable, porque permite que sea efectivo el derecho que los hijos tienen a relacionarse con ambos progenitores, aun en situaciones de crisis, siempre que ello sea posible y en tanto en cuanto lo sea.”

Pero no solo eso, es posible que esta sentencia haya sentado las bases para un cambio en la dinámica o espíritu del otorgamiento de la guardia y custodia. Se que es una afirmación polémica y desde luego no es fácil explicarlo en un post.

Mi afirmación se basa en conversaciones con órganos jurisdiccionales del estado en pasillos. Algunos comentan que comienzan a ver de otro modo las situaciones de guardia y custodia a favor de padre.

No pocas personas entienden (y cada día más Jueces y Tribunales) que en estas cuestiones de familia es de aplicación el principio de igualdad del art 14 de la Constitución y deberá atribuirse dicha guarda y custodia atendiendo a otros parámetros. La STAP TENERIFE de 31 de mayo de 2013 aborda esta situación de la igualdad: “deberá determinarse cuál de ambos progenitores podrá asegurar de forma más favorable el cuidado, atención y equilibrio que el menor necesita; (…)”

Los criterios legales y jurisprudenciales para conferir la guardia y custodia a uno de los progenitores ha cambiado a la luz de la igualdad de derechos y deberes proclamada por la Constitución” –yo diría que las resoluciones en este sentido del TC y el TS han inspirado a resolver en este sentido, pero bienvenido sea- “siendo también el reflejo de una realidad social en la que cada vez se intercambian con más frecuencia entres ambos progenitores las diversas funciones de la vida familiar, y fruto de lo cual ha sido la desaparición del precepto legal que obligaba a otorgar a la madre la custodia de los hijos menores de siete años” (Ley 11/1990 de 15 de octubre, aquí).

Esta norma tan rígida ha sido sustituida por el principio del beneficio del menor que habrá de tenerse en cuenta por los Jueces y Tribunales en la adopción de cualesquiera medidas que les afecten. No se ha de buscar, con la posibilidad de que ambos progenitores estén en pie de igualdad para solicitar y obtener la guarda de sus hijos menores, tanto la consecución de un genérico objetivo de igualdad o la realización por parte del cónyuge que la obtenga de una aspiración legítima, como que, antes las imputaciones a, las que tal simultánea petición dará lugar, pueda hacerse a la luz sobre un extremo de tanta importancia para la vida del menor, como es con cuál de los progenitores se ha de producir un mejor desarrollo del menor. Asegurar una forma de guarda y custodia lo más equilibrada posible que garantice el más adecuado desarrollo psíquico y social de los menores, sobre todo cuando empiece a tomar conciencia de la ruptura de la vida familiar, es tarea que deben perseguir los Tribunales. En este sentido no deben olvidar los padres que, tanto desde el punto de vista ético, como regla, las medidas que se adopten en los casos de que éstos vivan separados con respecto al cuidado y educación de los hijos han de ser en beneficio de ellos; lo esencial no son los intereses de los padres, cuyas vidas seguirán caminos distintos, sino los de los hijos, con frecuencias víctimas inocentes del conflicto de la pareja y sobre los que no tienen por qué recaer las graves consecuencias de las incomprensiones, posiciones encontradas en incluso, muchas veces, egoísmos de sus progenitores, que hacen recaer sobre los hijos sus diferentes posturas”

En esta STAP se apoya un Auto de Medidas Provisionales  de 16 de diciembre de 2013; medidas que fueron confirmadas en ST de 11 de febrero de 2014, que conceden la Guarda y Custodia al padre.

Este Auto, a continuación de exponer el criterio de la AP de SC de Tenerife, entiende que “en el presente caso, atendiendo a las circunstancias concurrentes y al plano de igualdad en el que se sitúan ambos progenitores en relación a la atribución de la custodia, estimamos que la custodia debe ser atribuida el padre

En este supuesto, el menor había convivido con ambos progenitores que mantenían una relación razonable en interés del menor y el padre veía a diario a su hijo. La situación varia cuando la madre decide unilateralmente que el padre solo vera a su hijo dos tardes a la semana y el resto de las tardes será cuidado por familiares de la madre.

El Auto razona que el cambio de actitud de la madre se debió “o bien a la recepción de la demanda interpuesta por su marido (pues coincide la fecha con la toma de decisión) o bien la utilización de la privación de la compañía del niño como una especie de “castigo” hacia su marido cuando discutían, o a ambas cosas conjuntamente” “Todo ello nos hace inclinarnos a favor de una custodia al padre, pues entendemos que hasta ahora es quién parece haber atendido más a los intereses de su hijo que a los suyos propios”

El juzgador ha entendido el “egoísmo” de la madre como elemento “diferenciador” o sustancial para alterar la situación de igualdad de ambos progenitores.

 

El sentido común nos dice que este tipo de decisiones son lógicas y razonables; los progenitores son iguales y los pequeños detalles (y no tan pequeños) deberían hacer quebrar el principio de igualdad hacia alguno de ellos. Sin embargo, la experiencia nos dice que la quiebra del principio de igualdad a favor del padre no es tan común.

 

(Nota: los subrayados y negrita son nuestros) 

CAMBIOS EN LA PRÁCTICA DE LA ABOGACIA. (I). LA IMPORTANCIA DE UNA BUENA BASE DE DATOS. BIBLIOTECAS JURÍDICAS VIRTUALES

Este es el primer post de una serie de ellos en los que intentaré plasmar lo que para mi pueden ser futuros cambios en la práctica de la abogacía a nivel gestión de despacho con el fin de facilitar la eficiencia del abogado. Los post están escritos desde la percepción subjetiva de quién trabaja en un despacho en un pueblo alejado de la ciudad, de la capital de provincia y de la cabeza de partido judicial; pero que intenta no estar lejos de la realidad.

Los Tomos de Aranzadi no son útiles salvo para decorar. Se que todos tenéis o usáis bases de datos. Pero cada día me encuentro a más gente con la que intercambio opiniones que se queda con el CENDOJ y lo que ofrecen los colegios.

Hace poco lancé en twitter una pequeña consulta para testear qué tipo de base de datos usaba la gente, en qué se fijaba. Llamé a varias e hice la demo de ellas. La semana pasada me visitó un comercial de una no tan conocida base de datos a la vista de la consulta de twitter, pero que a mi me había gustado.

Como buen comercial de “literatura jurídica” se fijó en los libros de mi estantería, el tipo de ordenador que tengo y algún detalle más. Lo se porque me lo dijo, tampoco soy tan listo.

Lo primero que me dice -supongo que para entrar con buen pie- es que mi pequeña biblioteca le parece muy interesante. -“Está muy bien, muy completa. Es muy raro ver a alguien de esta zona ese tipo de libros. Te voy a ofrecer un producto que ya se que me lo vas a comprar”. Me calculó a golpe de vista el precio de mercado de mi humilde zona de consultas. Acertó. Yo no podría, por presupuesto y necesidad, permitirme una completa biblioteca de papel. (He estado en la sala de consulta de varios despachos de prestigio; increíble. Recuerdo uno que solamente tenía bibliografía de Derecho Laboral -ese despacho solo se dedica a laboral-; preciosa.  En aquella sala tenían, según me explicó un abogado de la casa, TODOS los libros que se publicaban al año de esa rama del derecho).

Pero volvamos a mi pequeño despacho. El comercial me ofreció una biblioteca virtual integrada en una base de datos. ¡La compré!

Ahora, desde cualquier conexión a internet, tengo una biblioteca completa, doctrina, jurisprudencia, formularios actualizados, normas actualizadas, temas, esquemas procesales, gestión de expedientes, noticias, etc. Es decir, tengo, a golpe de click, toda la información que necesito para realizar con un mínimo de precisión mi trabajo.

Las normas, los cambios de interpretación de las leyes por los órganos jurisdiccionales del estado, la doctrina, la necesidad de apoyarte en formularios actualizados cuando en un año hay tres modificaciones legales. HOY EN DÍA UNA BUENA BASE DE DATOS CON BIBLIOTECA VIRTUAL ES LA MEJOR INVERSIÓN QUE SE PUEDE HACER porque nos permitirá abaratar costes en compra de libros y/o tiempo de desplazamientos a las bibliotecas de nuestros colegios profesionales.

Se que muchos compañeros os apoyáis en el CENDOJ, otros no os gustan los formularios, hay webs que tienen todas las normas actualizadas diarias, webs con formularios, las bases de los colegios, etc. Pero la eficiencia de una buena base de datos os permitirá rendir más, ser más eficientes y no desplazaros a las biblios de vuestro colegio.

La eficiencia es tiempo, el tiempo es calidad de vida y los desplazamientos consumen mucho tiempo.

SUBIDA DE LA BASE MÍNIMA DEL AUTÓNOMO

No soy ni especialista ni aficionado al Derecho laboral, no ejerzo ni práctico, aunque colaboro con gente que si lo practica, lo ejerce y son grandes especialistas.

Este post es para colgar un extracto de la publicación en el BOE de 21-12-2013 en donde se detalla la subida de la base mínima del autónomo. Pero, técnicamente, no nos suben los impuestos. !Así no salimos!

RÉGIMEN ESPECIAL DE LOS TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA O AUTÓNOMOS
 
Según lo establecido en el art. 15 de la Orden comentada, fija las bases de cotización mínimas y máximas para este colectivo son las detalladas en el siguiente cuadro:
RESUMEN BASES DE COTIZACIÓN 2014 – AUTÓNOMOS (RETA)
Base mínima mensual
Base máxima mensual
Autónomos menores de 47 años a 1 de enero de 2014.
875,70 €
3.597 €
Autónomos de 47 años de edad a 1 de enero de 2014:
Si su base de cotización durante el mes de diciembre de 2013 fue igual o superior a 1.888,80 euros mensuales, o causasen alta en este Régimen.
875,70 €
3.597 €
Si su base de cotización durante el mes de diciembre de 2013 fue inferior a 1.888,80 euros mensuales. No podrán elegir una base de cuantía superior a 1.926,60 euros mensuales, salvo que ejerciten su opción en tal sentido antes del 30 de junio de 2014, lo que producirá efectos a partir del 1 de julio del mismo año, o que se trate del cónyuge supérstite del titular del negocio que, como consecuencia del fallecimiento de éste, haya tenido que ponerse al frente del mismo y darse de alta en este Régimen Especial con 47 años de edad, en cuyo caso no existirá dicha limitación.
875,70 €
1.926,60 €
Autónomos mayores de 48 años de edad a 1 de enero de 2014:
Con carácter General
944,40 €
1.926,60 €
Si se trata del cónyuge supérstite del titular del negocio que, como consecuencia del fallecimiento de éste, haya tenido que ponerse al frente del mismo y darse de alta en este Régimen Especial con 45 o más años de edad.
875,70 €
1.926,60 €
Autónomos que con anterioridad a los 50 años hubieran cotizado en cualquiera de los Regímenes de la Seguridad Social por cinco o más años:
A) Si la última base de cotización acreditada hubiera sido igual o inferior a 1.870,50 euros mensuales.
875,70 €
1.926,60 €
B) Si la última base de cotización acreditada hubiera sido superior a 1.888,70 euros mensuales, habrán de cotizar por una base comprendida entre 875,70 euros mensuales y el importe de aquélla, incrementado en un 5,00 por 100, pudiendo optar, en caso de no alcanzarse, por una base de hasta 1.926,60 €
875,70 €
875,70 € +5% (ó 1.926,60 €)
El incremento de la base mínima  del RETA es del 2 %, desde 858,60 a 875,70 €/mes.
El incremento de la base máxima del RETA es del 5 %, desde 3.425,70 a 3.597 €/mes.
Los autónomos societarios y autónomos con mas de 10 trabajadores en algún momento de 2.013 se equiparan sus bases mínimas de cotización con las previstas para el grupo 1 de cotización del Régimen General, 1.051,50 €. Los autónomos societarios de nueva alta en el RETA se les da una exención de 12 meses.
 
TIPOS
El tipo de cotización será:
–                                      Con cobertura de Incapacidad Temporal
29,80 %
–                                          Con cobertura de cese de Actividad
29,30%
–                                          Sin cobertura de Incapacidad Temporal
26,50%
–                                          Cotización adicional Embarazo y Lactancia N.
0,10% (1)
–                                          Prestación por Cese de Actividad
2,20% (2)
(1)     Solo Autónomos sin AT y EP
(2)    Obligatorio para todos los que tienen AT y EP
La cotización por contingencias profesionales de los autónomos que opten  o coticen obligatoriamente por esta mejora se efectuará en base a los tipos establecidos para la actividad declarada en la Tarifa de cotización por A.T. y E.P.
Los autónomos y los socios trabajadores de cooperativas de trabajo asociado dedicados a la venta ambulante podrán elegir como base mínima de cotización la mínima del RETA de 875,70 € o una base reducida de 753 o 481,50 €  respectivamente.

En mi particular criterio, como trabajador por cuenta propia y como empleador el Gobierno de España nos está haciendo un flaco favor para poder salir adelante de esta compleja situación de crisis. Nos suben impuestos, tasas, cargas, cotizaciones, retenciones cada mes. ¿Cómo piensan que podremos crear estabilidad jurídica y un marco mínimo para crear empleo? ¿De verdad piensan o creen que la inseguridad jurídica en estos temas no la percibe quien prepara un plan de empresa? Bajen impuestos, bajen cotizaciones, eliminen tasas y verán como consiguen dinamizar la actividad económica.

Cláusula abusiva: pago del incremento del valor de terreno de naturaleza urbana por el comprador

Este post es una reproducción del artículo publicado el día 13-2-2014 en http://www.legaltoday.com. Aquí

La AP de Oviedo decidió plantear una cuestión prejudicial que tiene por objeto la interpretación del art 3.1 de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con los consumidores (DO L 95, en lo sucesivo Directiva).

En síntesis, la consulta fue ante una cláusula contractual por la que “se repercute al consumidor el pago de una cantidad cuyo abono corresponde por ley al profesional ¿el desequilibrio al que se refiere el art 3.1 de la Directiva (…) debe interpretarse en el sentido de que se produce por el solo hecho de repercutir al consumidor una obligación de pago que corresponde por ley al profesional? O el hecho de que la Directiva exija que el desequilibrio sea importante ¿supone que se requiere además una repercusión económica significativa para el consumidor en relación con el importe total de la operación?”

Para analizar este supuesto debemos tener en consideración que la Directiva, en el art 3.1 únicamente afecta a la aplicación de cláusulas contenidas en un contrato entre profesional y consumidor que no se hayan negociado individualmente.

En relación al pago de la Impuesto por Incremento del valor de terrenos de naturaleza urbana la conocida popularmente como “Plusvalía”, la ST dice que es fundamental para el consumidor disponer, antes de la celebración del contrato, de la información sobre las condiciones contractuales y las consecuencias de dicha celebración.

A este respecto, dentro del supuesto sometido a interpretación, señala la ST que esa “obligación tiene, como efecto, transferir al consumidor, en calidad de adquirente, una deuda fiscal que, según la legislación nacional aplicable incumbe al profesional“; de tal modo, que mientras “el profesional se beneficia de este incremento de valor que bien que vente, el consumidor debe pagar no solo el precio de venta” sino también debe pagar “un impuesto cuya base es esa “plusvalía””. Un interesante matiz al que apunta la Sentencia es que “importe de ese impuesto no se conoce en la fecha de celebración del contrato, sino que sólo se liquida a posteriori por la autoridad competente, lo que, de ser así, implicaría una incertidumbre del consumidor sobre el alcance del compromiso asumido” -indeterminación-.

La ratio iuris del Tribunal finaliza centrándose la cuestión relevante: el concepto “desequilibrio importante“.

Declara el Tribunal de Justicia (Sala Primera) que el art 3.1 Directiva “debe interpretarse en el sentido de que:

La existencia de un desequilibrio importante no requiere necesariamente que los costes puestos a cargo del consumidor por una cláusula contractual tengan una incidencia económica importante para éste en relación con el importe de la operación de que se trata, sino que pueden resultar del solo hecho de una lesión suficientemente grave de la situación jurídica en la que ese consumidor se encuentra, como parte del contra, en virtud de las disposiciones nacionales aplicables, ya sea en forma de una restricción del contenido de los derechos que, según estas disposiciones, le confiere ese contrato, o bien de un obstáculo al ejercicio de éstos, o también de que se le imponga una obligación adicional no prevista por las normas nacionales.

Incumbe al tribunal remitente, para apreciar la posible existencia de un desequilibrio importante, tener en cuenta la naturaleza del bien o del servicio del que sea objeto del contrato, considerando todas las circunstancias concurrentes en el momento de la celebración del contrato, así como todas las demás cláusulas de éste”

En mi particular opinión el desequilibrio del consumidor podría resolverse incluyendo  la cantidad exacta a abonar por la “plusvalía”, a efectos de ofrecer una certidumbre al comprador. Es lógico que, si conocemos la cuota de la “plusvalía” -se puede calcular previamente-, pudiéramos introducir una cláusula moderadora y, en el supuesto en que la deuda tributaria fuese mayor, que el vendedor compense en dinero esa diferencia.

Sin perjuicio de fórmulas razonables para solventar esta situación me gustaría realizar tres reflexiones:

  • La especial consideración que muestran los tribunales con los consumidores que, en una compra tan importante como una vivienda, no se asesoran y con posterioridad reclaman la nulidad, por abusivas, de ciertas cláusulas; y,
  • una segunda cuestión y es que, recordemos, nadie obliga al consumidor a la compra de una vivienda pudiendo optar por no aceptar las condiciones y no comprar;
  • que no sea un tribunal nacional quien resuelva o interprete las normas nacionales y remita a normas comunitarias para determinar si las cláusulas son o no son abusivas.

EL DERECHO Y LA TECNOLOGÍA

Lo mejor de este post va a ser el título, no lo dudéis.  No esperéis que os abra los ojos a un mundo maravilloso de ceros y unos; ni tampoco al Derecho y las TIC. Este post está orientado a la utilización de la tecnología y cosas que podemos hacer para mejorar nuestra eficiencia y calidad de vida.

He hecho un fugaz viaje y, además de afianzar relaciones personales, he aprendido mucho, muchísimo. Lo malo de vivir tan lejos es la sensación de aislamiento y dificultad de una charla offline. No obstante, he percibido es que estoy más actualizado de lo que yo pensaba. Lo que más me sorprendió conocer que ninguno de los cuatro despachos que visité tenía implementada la doble pantalla en los ordenadores -o al menos las zonas de trabajo en las que yo me fijé-

Esta sencilla mejora de Hardware la hemos comentado muchísimo Emilio Aparicio y yo –incluso creo que conseguimos convencer a Asun Peix (o al menos eso quiero pensar) de poner una doble pantalla (Emilio y yo la tenemos)-. La implementación de un hardware básico permite una productividad increíble. El día que lo probéis os daréis cuenta que engancha la segunda pantalla. Yo ya estoy pensando en una tercera.

Otras utilidades tecnológicas que uso, vía software, es el Air Display. Utilizo mi iPad como segunda pantalla de mi portátil; no sorprendo a nadie si digo que todo el mundo utiliza Evernote para notas genéricas sobre temas; el mail lo tengo configurado con un sistema de buzones inteligentes que permiten un orden automático a la recepción, según asunto o remitente; tengo un gestor de expedientes hecho en Bento que me permite acceder a todo el expediente escaneado de forma ágil y dinámica y, por último, he suscrito una base de datos que me permite tener una magnifica biblioteca virtual para consultas on line sin limite de publicaciones de esa editorial en tarifa plana. No más libros en papel. No más costes y si más eficiencia.

Hoy he leído en el blog de @mt_law un post sobre Reinventalaw. Me quedo con esta parte: “Andy Wilson al recomendar a los desarrolladores que hagan aplicaciones que permitan a los abogados hacer sus tareas de forma más económica, mejor y más rápido (“cheaper, better & faster”). También de ello habló Basha Rubin al sentenciar que la automatización de documentos está aquí y va a quedarse (en referencia a Legal Zoom y Rocket Lawyer)”. La negrita y subrayado son nuestros.

“Cheaper, better & faster” la tecnología aplicada al derecho, el futuro o el presente, según como lo miremos; o cómo puede ser más útil para un despacho de abogados un programador que los propios abogados (en mi particular opinión)

Parece que fue hace un siglo cuando desde el despacho colaboramos, con nuestro feedback, con Thomson Reuteres con su eReader Proview, aquí. Una verdadera novedad para el sector hace ya año y medio que desconozco si llegó a tener un verdadero éxito.

Aquella experiencia provocó que mi inquietud tecnológica se disparase y nació mi convicción de que cualquier abogado con un doble click puede mejorar su eficiencia y su vida personal.

INADMISIBILIDAD GENERAL DE LAS SOLICITUDES DE APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO DE RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA

INADMISIBILIDAD GENERAL DE LAS SOLICITUDES DE APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO DE RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA Y DEUDORES EN SITUACIÓN DE CONCURSO DE ACREEDORES.

Hoy vamos a informar de una preciosa instrucción de la AEAT, Departamento de Recaudación.

Instrucción 6/2013 del Departamento de Recaudación sobre gestión de aplazamientos y fraccionamientos de pago de retenciones e ingresos a cuenta y de deudores en situación de concurso de acreedores

 Las novedades significativas de la misma van a implicar en primer lugar, la inadmisibilidad, con carácter general, de las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento de retenciones e ingresos a cuenta. No obstante, y de acuerdo con la normativa vigente, excepcionalmente dichas solicitudes podrán ser objeto de concesión cuando de los datos obrantes en las bases de datos de  AEAT, y de los aportados por el interesado, quede suficientemente acreditado que la ejecución de su patrimonio pudiera:

  • afectar sustancialmente al mantenimiento de la capacidad productiva y el nivel de empleo de la actividad económica respectiva o,
  • producir grave quebranto para los intereses de la Hacienda Pública.

Por otra parte, y en cuanto a la tramitación de solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento en caso de concurso de acreedores, la referida Instrucción se limita a adecuar la misma a los mandatos específicos de la normativa concursal, declarando en términos generales la inadmisibilidad de las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento de las deudas concursales, como consecuencia directa de la propia vis atractiva del proceso concursal.

Respecto de los créditos contra la masa, y en consonancia de lo dispuesto en el artículo 65 de la Ley General Tributaria, y el artículo 84.2 de la Ley Concursal, se clarifica la obligación de pago de los mismos a su vencimiento, deviniendo las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento que sobre los mismos se presenten inadmisibles por imposibilidad legal. (texto de la nota de la AEAT)

 El enlace completo de las siete preciosas páginas es este: 

http://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Normativas/Normativa_reguladora_de_la_AEAT/Instrucciones/Instruccio_6_2013.pdf

 

Lo que no dice la nota informativa de la AEAT es que:

 a)    El contribuyente deber aportar un informe específico a fin de acreditar la concurrencia de las circunstancias excepcionales. Si digo que el 1 % de solicitudes las aceptarán seré un iluso.

 b)  El requisito de afectar sustancialmente al mantenimiento de la capacidad productiva y nivel de empleo de la actividad económica para conceder el aplazamiento o fraccionamiento. Este requisito puede derivar en una decisión arbitraria porque no existe  pauta o criterio previo a fin de ponderar este requisito. En la cabeza del Sr. Ministro debe vivir el silogismo si hay empleados es que hay negocio, si hay retenciones es que hay negocio; si hay negocio, recaudo.  Probablemente alegar esta excepción no sirva de teniendo en cuenta que hasta ahora, en otro tipo de expedientes de inspección no se consideraban que la AAPP fuera deudor a efectos de tensión de tesorería puesto que partimos de la premisa de que dichas AAPP son solventes.

 

En fin, es cierto que hay empresas que abusan de los aplazamientos o fraccionamientos para obtener financiación porque NO TIENEN POSIBILIDAD DE FINANCIACIÓN A TRAVÉS DE ENTIDADES FINANCIERAS, porque les deben las AAPP o porque estamos en CRISIS, pero esto no parece entenderlo el Sr. Ministro que debe pensar que una mentira dicha mil veces se convierte en verdad.

En definitiva, otro golpe más, al empresario y autónomo medio que ve como si no puede pagar las retenciones e ingresos a cuenta. Empresarios y autónomos que veían la solicitud de aplazamiento o fraccionamiento como último recurso y que, probablemente, pagará vía ejecutiva con un 20 % más de recargo porque verá rechazada su solicitud; pero que más da, si la balanza de pagos exterior es positiva.

PD.- Pero lo del IVA de caja es lo más, ¿no?