MODERNIZACIÓN DEL LENGUAJE JURÍDICO. MAL DEL ABOGADO. GRAMÁTICA ESPAÑOLA.

MODERNIZACIÓN DEL LENGUAJE JURÍDICO. MAL DEL ABOGADO. GRAMÁTICA ESPAÑOLA.

Hoy he leído un tuit de @AlfilAbogados al que no le falta razón: “Preocupante en el mundo jurídico, donde todo está inventado: Cuando el inglés usurpa la riqueza léxica del español” al que le apostillé “Creo que debemos empezar a pensar que hay español más allá del océano y que adaptar la lengua a su uso es permitir que viva

Este tuit me ha inspirado el tema del post. Ese tuit y el hecho de que me haya descargado –legalmente- la Gramática de la Lengua Española para el iPad y repasar estas “tonterías de la gramática”.

Tengo constancia de la existencia de comités y grupos de trabajo que se esfuerzan en acercar el lenguaje jurídico a “las masas no jurídicas”. Incluso creo que llegué a leer un informe sobre este particular.

Yo escribo mal. Es una realidad. Me intento esforzar pero mi poso de gallego y mi “mal de abogado” impiden el desarrollo de una redacción coherente y fluida.

Mi mal de abogado es compartido con muchos compañeros, jueces y LEGISLADOR al emplear una farragosa redacción que, unida a una falta de respeto por la correcta puntuación, hace imposible una lectura correcta y sencilla de los textos jurídicos.

El lenguaje jurídico, al igual que el lenguaje de cualquier ciencia, es técnico. Esas cosas no se pueden o no se deberían cambiar. Sin embargo, podemos redactar de un modo sencillo recordando que SUJETO+VERBO+PREDICADO es una apuesta a caballo ganador para la redacción de cualquier escrito jurídico. Podemos redactar puntuando el texto correctamente y podemos utilizar los puntos –aparte y seguidos- para facilitar la lectura y permitir la reflexión de lo leído en un párrafo.

Muchos recuerdan con añoranza los buenos redactores de normas que existían hace más de un siglo y cuya redacción se utiliza hoy en día. Muchos recuerdan a la familia de los redactores de normas actuales cuando tratan de entender y aplicar lo que dice una norma. Este es un artículo de un Anexo relativo a los conceptos fundamentales de una norma jurídica de cierto uso:

“3.5. Obra mayor.

Se incluyen en todo caso en esta categoría las obras de construcción y edificación de técnica compleja y cierta entidad constructiva y económica que suponga alteración de volumen, del uso objetivo de las instalaciones y servicios de uso común o del número de viviendas y locales, o del número de plazas alojativas turísticas o afecte al diseño exterior, a la cimentación, a la estructura o las condiciones de habitabilidad o seguridad de las construcciones, los edificios y las instalaciones de todas clases.

Se incluyen también en esta categoría, por extensión y a los efectos del régimen de intervención administrativa mediante licencia urbanística, las parcelaciones urbanísticas, los cierres de muro de fábrica de cualquier clase, las intervenciones en edificios catalogados por el planeamiento, los grandes movimientos de tierras y la tala masiva de arbolado.”

¿Qué interpretáis en este sencillo concepto jurídico aclaratorio?

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MANUAL DE ESTILO EN SALA. DON DE LA OPORTUNIDAD Y PRINCIPIO DE PRUDENCIA

MANUAL DE ESTILO EN SALA. DON DE LA OPORTUNIDAD Y PRINCIPIO DE PRUDENCIA. 

Mi padrino en la Abogacía me enseño como comportarme en una Sala de Vistas. Además tengo tres o cuatro libros que compré –y leí- para aprender como comportarme.

Después de esta semana quemaré los libros y aprenderé a desaprender.

Esta semana he visto ,vía streaming, la vista del plenario del asunto Elpidio Silva y como me gusta la polémica más que a Mou (permítanme la licencia en semana de Champions) voy a meterme en un charco.

No se si la defensa estaba preparada así o no. Lo que si se es que me han comentado que se utiliza bastante este sistema para intentar suspender las vistas por parte de delincuentes habituales que a veces saben más que los abogados (soy poco habitual de las cosas de lo penal según que tipo de delitos y acusados). Se que el TS se ha pronunciado sobre el particular de la oportunidad de las renuncias y algún blog como el de José María de Pablo ha tratado el tema explicando porque la simple pérdida de confianza no es suficiente para renunciar y suspender (cosas de la buena fe procesal)

Lo que desde luego la experiencia me ha dado es que nunca, en mi corta vida profesional, apenas 10 años, he visto a un Tribunal con una cintura tan ancha con un acusado.

Parece evidente que el acusado pretendió su provocar su expulsión de la Sala y que el Tribunal no desea entrar en ese juego, supongo que por prudencia. Parece evidente que el acusado pretende una defensa fuera de la Sala y así parece que lo puede estar consiguiendo. Lo que no tengo tan claro es porque permiten que una ex consejera de Cajamadrid sea miembro del Tribunal (no pasa nada por decir que es incompatible para conocer y ya está, digo yo) y nombrar a otro miembro (ojo si sale la recusación y repetimos todo).

Mi reflexión es en el sentido de si el Tribunal, creo con buen criterio y prudencia, iba a permitir esas intervenciones, interrupciones e impertinencias del acusado para evitar la recurrente alegación de nulidad e indefensión por falta de abogado –suposición mía-; por qué no permitió oportunamente la renuncia, diez días para nombrar abogado y/o ofrecer uno de oficio y evitó el charco en el que parece se ha metido él solo (igual que yo con este post).

Por último,a mi una fuente solvente me ha dicho que la defensa no ha sido pensada en este sentido y que la renuncia fue real. No obstante,  si la defensa ha sido pensada, planteada y provocada así; ¿quiénes somos nosotros para discutirla?  LOS CAMINOS DEL DERECHO DE LA DEFENSA SON INESCRUTABLES. Si le sale bien ya se lo que voy recomendar.

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¿NOS HEMOS CARGADO LA IGUALDAD ENTRE PARTES PROCESALES EN LA LEC? OPOSICIÓN A LA EJECUCIÓN HIPOTECARIA

Este post pretende informar de una situación sin entrar a analizar otra cuestión que la estrictamente de igualdad de armas en un proceso civil. Se que es un tema que ya ha sido analizado por otros compañeros antes como Don Alfredo Herranz y como doña Veronica del Carpio.

El art 695.4 LEC ANTES de la reforma de  Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social

  1.  Contra el auto que ordene el sobreseimiento de la ejecución podrá interponerse recurso de apelación. Fuera de este caso, los autos que decidan la oposición a que se refiere este artículo no serán susceptibles de recurso alguno.

 

El art 695.4 LEC DESPUÉS de la reforma  Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social

  1.  Contra el auto que ordene el sobreseimiento de la ejecución o la inaplicación de una cláusula abusiva podrá interponerse recurso de apelación.

Fuera de estos casos, los autos que decidan la oposición a que se refiere este artículo no serán susceptibles de recurso alguno y sus efectos se circunscribirán exclusivamente al proceso de ejecución en que se dicten.

Pues bien, la modificación del articulo de una norma, la Ley 1/2013 para “proteger a los deudores hipotecarios” altera la igualdad de armas procesales de conformidad con el razonamiento realizado por el Juzgado de Primera Instancia n.º 7 de Avilés a través del planteamiento de una CUESTIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD.

Dicho Juzgado de Instancia fundamente aborda, ex art 35 LO 2/1979 del TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, la vulneración de los arts 14 y 24 de la CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA.

“Artículo 35

1. Cuando un Juez o Tribunal, de oficio o a instancia de parte, considere que una norma con rango de Ley aplicable al caso y de cuya validez dependa el fallo pueda ser contraria a la Constitución, planteará la cuestión al Tribunal Constitucional con sujeción a lo dispuesto en esta Ley.

  1.  El órgano judicial sólo podrá plantear la cuestión una vez concluso el procedimiento y dentro del plazo para dictar sentencia, o la resolución jurisdiccional que procediese, y deberá concretar la ley o norma con fuerza de ley cuya constitucionalidad se cuestiona, el precepto constitucional que se supone infringido y especificar o justificar en qué medida la decisión del proceso depende de la validez de la norma en cuestión. Antes de adoptar mediante auto su decisión definitiva, el órgano judicial oirá a las partes y al Ministerio Fiscal para que en el plazo común e improrrogable de 10 días puedan alegar lo que deseen sobre la pertinencia de plantear la cuestión de inconstitucionalidad, o sobre el fondo de ésta; seguidamente y sin más trámite, el juez resolverá en el plazo de tres días. Dicho auto no será susceptible de recurso de ninguna clase. No obstante, la cuestión de inconstitucionalidad podrá ser intentada de nuevo en las sucesivas instancias o grados en tanto no se llegue a sentencia firme.
  2.  El planteamiento de la cuestión de constitucionalidad originará la suspensión provisional de las actuaciones en el proceso judicial hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre su admisión. Producida ésta el proceso judicial permanecerá suspendido hasta que el Tribunal Constitucional resuelva definitivamente sobre la cuestión.”

Particulares a tener en cuenta en relación al art 695.4 LEC

  1. Puede ser a instancia de parte.
  2. Tiene que ser planteada antes de dictar una vez concluso el procedimiento y dentro del plazo para dictar el Auto.
  3.  Si se plantea suspenderá provisionalmente la actuación judicial.

Pues bien, como hemos expuesto, el Juzgado de Instancia n.º 7 dicta Auto que fundamenta y ACUERDA:

“Que se declare la inconstitucionalidad del art 695.4 párrafo segundo en relación con el art 695.1, 4º de la lec en la redacción dada por la Ley 1/2013 de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social en su capítulo III, artículo 7, punto 14, al privar al ejecutado de la posibilidad de recurrir la resolución que resuelva un incidente de oposición ante una ejecución dineraria garantizada con hipoteca por alegación de cláusulas abusivas, en aquellos casos en los que se desestime el motivo de oposición, siendo firme el fallo y no teniendo mas posibilidad legal de oponerse a la continuación de la ejecución, a diferencia de la posibilidad de recurso que siempre tiene el ejecutante para el caso que sí se estime el motivo de oposición y evitar la firmeza del fallo, por lo que se ha vulnerado los art 14 y 24 de la Constitución, al suponer un tratamiento discriminatorio y desigualitario entre las partes ante un mismo acto procesal en un mismo procedimiento”

Por lo tanto, no está de más pensar, como opción cuando nos toque en suerte una oposición a una ejecución hipotecaria, plantear una cuestión de inconstitucionalidad, así como quién no quiere la cosa, vamos.

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EL ERROR JUDICIAL EXISTE. Resolución administrativa de pensión de jubilación por incapacidad. Dies a quo de Acción Extracontractual art 1902 CCiv, Arts 292 y 293 LOPJ

EL ERROR JUDICIAL EXISTE. DÍA INICIAL PARA EL CÓMPUTO DEL PLAZO DE UN AÑO, ex art 1902 CC y arts 292 y  293 LOPJ.

Este post trae origen en la STS 1230/2014, dictada por la Secc 1, de la Sala de lo Civil del TS, Resolución 196/2014, por el ponente Sr. Seijas Quintana.

 

El supuesto de hecho consiste en que un funcionario de correos (en adelante ACTOR) tiene un accidente causado por un perro durante su jornada laboral.

 El actor interpone acción, ex art 1902 CCiv, contra el dueño del can. El momento en que interpone la acción es desde que la administración dicta resolución administrativa que reconoce su pensión por jubilación de incapacidad (se denomina así en este ámbito subjetivo) que trae origen en el ataque del perro que le causó una caída de la moto mientras trabajaba y las consiguientes lesiones. (causa, nexo, daños).

El Juzgador de Instancia así como la Audiencia Provincial entienden que el plazo para interponer dicha acción aquiliana prescribió puesto que transcurrió más de un año desde el momento en que el agraviado conoció el informe médico que fue determinante para obtener su pensión por jubilación de incapacidad.

El actor interpone demanda por error judicial contra la SAP Valencia, secc 11, de 30-9-2011 al entender que existe un error judicial “”al entender como fecha de inicio de la prescripción, actio nata, la del alta médica con estabilización de sus secuelas, y no la del día en que se produjo la resolución administrativa en que se reconoce su pensión por jubilación por incapacidad (el actor se trataba de funcionario de Correos y tal es la denominación legal de su pensión de incapacidad)”, en contra de la doctrina reiterada de esta Sala relativa a que “el plazo de prescripción no comienza a correr hasta que sea firme la resolución administrativa declaratoria o denegatoria del efecto invalidante ( SSTS 11 de febrero 2011 , 24 de mayo de 2010 y 7 de octubre de 2009 , entre las más recientes)”. 

La STS de 2-4-2014, que estamos analizando, en primer lugar, expone qué entiende por error judicial “«(e)l error judicial, fuente del derecho a obtener una indemnización que reconoce a los perjudicados el artículo 121 de la CE , ha de tener la gravedad que implícitamente exige el artículo 292.3 de la LOPJ (pues en él se establece que la mera revocación o anulación de las resoluciones judiciales no presupone por sí sola derecho a la indemnización) y que la jurisprudencia reclama ( SSTS de25 de enero de 2006, EJ núm. 32/2004 , 4 de abril de 2006, EJ núm. 1/2004 , 31 de enero de 2006, EJ núm. 11/2005 , 27 de marzo de 2006, EJ núm. 13/2005 , 13 de diciembre de 2007, EJ núm. 20/2006 , 7de mayo de 2007, EJ núm. 10/2005 y 12 de diciembre de 2007, EJ núm. 35/2004 ), en consonancia con el carácter extraordinario de una institución mediante la que se ordena el resarcimiento por el Estado de los daños causados por una sentencia dictada en el ejercicio de la función jurisdiccional con fuerza de cosa juzgada.

<Por ello, de acuerdo con nuestra jurisprudencia, el error judicial debe circunscribirse a las decisiones de hecho o de Derecho que carecen manifiestamente de justificación ( SSTS de 26 de noviembre de 1996 y 8 de mayo de 2006 ), pues admitir otros supuestos de error implicaría utilizar el trámite para reproducir el debate sobre las pretensiones planteadas cual si se tratara de una nueva instancia o de un recurso en detrimento de la fuerza de cosa juzgada de las decisiones judiciales y de la independencia reconocida a los tribunales>.

La solicitud de declaración de error judicial, en suma, exige no solamente que se demuestre el desacierto de la resolución contra la que aquélla se dirige, sino que ésta sea manifiestamente contraria al ordenamiento jurídico o haya sido dictada con arbitrariedad.

»El procedimiento de error judicial no permite, por consiguiente, reproducir el debate propio de la instancia ( SSTS de 4 de abril de 2006, EJ núm. 1/2004 y 7 de mayo de 2007, EJ núm. 10/2005 ), ni instar una revisión total del procedimiento de instancia ( STS de 31 de febrero de 2006, EJ núm. 11/2005 ), ni discutir sobre el acierto o desacierto del tribunal de instancia en la interpretación de las normas aplicadas o en la valoración de la prueba ( SSTS de 25 de enero de 2006, EJ núm. 32/2004 , 27 de marzo de 2006, EJ núm. 13/2005 , 22 de diciembre de 2006, EJ núm. 16/2005 , y 7 de julio de 2010, EJ núm. 7/2008 )».”

En este supuesto el TS entiende que ha existido error judicial porque “es jurisprudencia constante de esta Sala que en los casos de lesiones con secuelas el plazo de prescripción de la acción de responsabilidad civil por culpa extracontractual no comienza a correr hasta la estabilización de las secuelas, e incluso puede retrasarse más aún cuando, seguido expediente para determinar la repercusión de las lesiones en la capacidad laboral del perjudicado, este no se conforma con la resolución administrativa correspondiente ( SSTS 11-2-2011 en recurso num. 1418/07 , 5-7-2011 en recurso num. 2174/07 y 19-11-2011 en recurso num. 1331/07 , con cita en todas ellas de muchas otras anteriores).”

 

Esta sentencia expone como abordar la solución para una sentencia comúnmente denominada ilógica y evidencia que muchos abogados no conocíamos esta posibilidad para abordar la vía del error judicial, ex art 292 y 293 LOPJ como elemento vertebrador -objeto de Litis- para, sin necesitar entrar en el fondo del asunto vía casación e incluyendo una indemnización a cargo del Estado.

 

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LA CONFORMIDAD PENAL PARA DUMMIES. ASUNTO DELITO CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA. DOÑA ANA TORROJA

LA CONFORMIDAD PENAL PARA DUMMIES. ASUNTO DELITO CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA. DOÑA ANA TORROJA.

Como este post es para dummies permítanme, hoy, ciertas licencias literarias.

Doña Ana Torroja, ex cantante de Mecano, ha sido condenada como autora de delito contra la Hacienda Pública por haber eludido el pago de los correspondientes tributos en más de 120.000 € por ejercicio fiscal, concepto, etc.

El asunto del que trae causa este post, Ana Torroja affair, no es el delito en sí sino la conformidad.

 

LA CONFORMIDAD es una institución curiosa, desde su naturaleza jurídica y encuadre en el proceloso mundo del Derecho Penal Y Derecho Procesal Penal español, que consiste en una especie de justicia penal consensuada en donde el imputado o acusado, según el momento (para dummies), reconoce los hechos delictivos y  se aprovecha de una serie de ventajas; gracias al interés que hubo, en su momento, por cambiar la percepción de la lentitud de la justicia. (vid Exp. Motivos Ley 38/2002 en relación a la reforma de la LECrim)

Quienes no han pasado por un juzgado penal (suerte la suya) pensarán que es una justicia para ricos, que si robas una gallina te caen más años, etc; pero son cuestiones diferentes.

Hay que explicar que a) una cosa el delito que has cometido –en el caso de doña Ana Torroja, delito contra la Hacienda Pública-, (para el común de la gente: ¿quién no tiene un conocido que ha cometido un delito contra la seguridad del tráfico (ir borracho, vamos)?) y b) otra es la institución de la conformidad.

El tipo penal se establece en el CÓDIGO PENAL y la conformidad en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (una ley procesal).  Para entendernos, el código penal te dice qué puede ser delito y la LECrim te dice cuál es el camino para llegar a conocer si una persona ha cometido un delito y si debe ser condenado por ello.

Pues la conformidad es una parte del camino que permite a un imputado o acusado (según la altura de camino) para “CONFORMARSE” como ha hecho doña Ana Torroja.

Os voy a poner un ejemplo de dummies para que veáis como doña Ana Torroja no ha hecho nada que haga el resto del mundo:

El ejemplo típico del día a día en un Juzgado de guardia es un detenido por alcoholemia.

Está claro el asunto, atestado, diligencias de investigación correctas, todo correcto, citación para juicio, juicio rápido y CONFORMIDAD:

“-¿Se declara usted culpable? Si se conforma tendrá derecho a la reducción en un tercio, suspensión y sustitución por una pena de multa en vez de prisión y más ventajas que ni se imagina (normalmente si el fiscal es enrollado pide menos pena –habitualmente se negocia-)

-Si, me conformo y reconozco los hechos de los que se me acusan.

-Bueno, lo condeno a…”

(La conversación es una ficción. Los actores no han cometido ningún delito ni han sido enjuiciados por ello)

Pues esto, aunque un poco más complejo, es lo que ha hecho doña Ana Torroja al conformarse como tú, y tú, cuando habéis bebido de más en las fiestas patronales, os pilla la Guardia Civil en el control porque no habéis hecho caso al whassap de aviso y os citan el miércoles en el Juzgado de vuestro pueblo (en breve a la capital de provincia gracias a #GallardónDimisión)

Bueno, hasta aquí, amigos dummies, es lo que tenéis que saber de Derecho Penal y Procesal Penal.