«Es que no hay democracia. Vivimos la dictadura de la Administración Pública.«

Esta frase la escuche hace no mucho de un cliente que acudió a una reunión con una administración pública.

En un primer momento me chocó y discutimos. Yo defendí que hay procedimiento que salvaguardan los derechos del administrado y bla, bla,bla. Pero me hizo reflexionar y, en parte, me convencieron sus argumentos.

No voy a explicar sus motivos ni su problema pero diré que el pobre quedó totalmente a merced de unas providencias de apremio cuando ni le habían dado traslado de expedientes, ni le habían dado tramite de alegaciones y la resolución que le habían notificado -una factura, a grandes rasgos- no le indicaba ni la norma aplicada ni la motivación con base a la cual le giraban el cargo.

A él le habían embargado sin que constase la recepción de la resolución. Este fue el momento en que se enteró, cuando le comunicaron a sus proveedores que le habían embargado sus créditos.

Para no ahondar en la cuestión y hacer muy espeso el post haré el spoiler:
Le dijeron que le quedaba el contencioso y que existían instrucciones de cobrar todo lo que se pudiera o fuera discutible y que, si no estaba de acuerdo, le quedaba la posibilidad del contencioso.

La reflexión que el me decía es que la Administración ha dejado de ser un servicio público para dar soluciones a los ciudadanos sino que era un sistema dictatorial para gestionar las vidas de quienes la integran pero no para servir a quien las paga.

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