¿EL MARKETING FAGOCITA AL ABOGADO O HAY ALGÚN ABOGADO SIN MARKETING DETRÁS?

¿EL MARKETING FAGOCITA AL ABOGADO O HAY ALGÚN ABOGADO SIN MARKETING DETRÁS?

Koons refinó sus pasos convirtiéndose en el primer artista plástico que contrataba a un relaciones públicas para darse a conocer en los ochenta, inaugurando una nueva etapa en el arte contemporáneo en la que el marketing ha fagocitado al talentoEsta frase es un extracto de una noticia que leí ayer, aquí.

“Koons” es Jeff Koons el artista vivo más caro del mundo.

Del extracto de la noticia me quedo con otra parte que el autor no tuvo a bien subrayar: “refinó sus pasos convirtiéndose en el primer artista plástico que contrataba a un relaciones públicas para darse a conocer”

 

Mi conclusión subjetiva, tendenciosa y sobre la superficialidad de un texto de una noticia de la que no conozco ni origen ni fuentes es: no inauguró nueva etapa en el arte (que también) sino que fue el pionero en cómo mostrar su arte.

 

Mutatis Mutandi (que para eso digo que estudié en una Facultad de Derecho) los abogados debemos mostrar nuestro arte, nuestra ciencia, nuestro expertise (que dicen ahora) para eso necesitamos el arte de mostrar, de darnos a conocer, de “presumir” de nuestros logros y conocimientos.

El abogado siempre ha necesitado del marketing pero no se llamaba así y no estaba profesionalizado.

Hoy nos hace falta porque la diferenciación es como el agua y la comida. No podremos vivir sin diferenciarnos. Para eso, si puedes mejor contratar a un buen cocinero que prepare lo que determine un nutricionista y tú médico ¿qué mejor?

Si yo tuviera un despacho en Madrid, Barcelona, Bilbao, Zaragoza o Santiago de Compostela no tengáis duda que reservaría gran parte de mi presupuesto para contratar a un Profesional de Marketing Jurídico porque saber y ganar pleitos no es nada. Hay que poder comunicar, transmitir, gritar por un altavoz y mostrar qué sabes y qué ganas los pleitos… o no?

 

PD.- ¿Te gusta el arte contemporáneo? ¿Comprarías una obra de Koons? ¿Disfrutarías de una obra de Koons? ¿Te gustaría tener para tú uso propio una obra del artista vivo más caro?

 

 

 

RECURSO FISCALIA AL ASUNTO INFANTA. CASO NOOS. RECURSO FISCALIA DE 26 DE JUNIO DE 2014 AL AUTO DE 25 DE JUNIO DE 2014

Enlace facilitado por www.lavanguardia.com

 

http://file02.lavanguardia.com/2014/06/26/54410427513-url.pdf

AUTO DEL JUEZ CASTRO DE 25 DE JUNIO DE 2016. ASUNTO NOOS E INFANTA CRISTINA

JUZGADO.- INSTRUCCIÓN 3 MALLORCA

PROCED.- DP 266/2008

PIEZA SEPARADA N.º 25

RESOLUCIÓN.- AUTO.

 

Aquí esta enlazado el auto del Juez Castro asunto NOOS/ INFANTA CRISTINA

 

http://ep00.epimg.net/descargables/2014/06/25/54336db833b321b15d13a185c724996b.pdf

NUESTRO SOCIO LA AEAT. LA REFORMATIO IN PEIUS Y LOS CAMBIO DE CRITERIO DEL TEAC

NUESTRO SOCIO LA AEAT. LOS CAMBIO DE CRITERIO DEL TEAC Y LA REFORMATIO IN PEIUS

“La AEAT es nuestro socio. Es como un pirata que pone la mano a los beneficios de nuestro trabajo y contra el que no podemos luchar” Definición de un profesor no anónimo pero que no voy a desvelar.

 

Hoy traigo al blog una interesante ST de la Sección 2ª del TS de no menos interesante magistrado don Emilio Frias; STS 2288/2014, rec 1482/2012

Las historia de terror de hoy es mas o menos así: Inspección de nuestro socio, lógica y bien fundada a una empresa en liquidada lo que implica que los sucesores (socios) quedaban obligados solidariamente hasta el límite del valor de la cuota de liquidación que le correspondía.

Los socios alegan nulidad de actas de disconformidad levantadas y de todas las actuaciones posteriores al haberse prescindido del procedimiento establecido por no haberse seguido las mismas con los sucesores, al encontrarse la sociedad disuelta y liquidada; a la vulneración del principio de reformatio in peius, porque si la Inspección consideró que el derribo de una edificación preexistente en el solar transmitido a xxxxx no suponía a la entidad xxxx como ejecutora de actividad económica, ejerciéndola sin embargo en razón a su vinculación con xxxxx L, no podía el TEAC modificar aquella razón, sustituyéndola por la referida al derribo del edificio existente en el solar; y a la calificación de la entidad como sociedad económica por derribo de una edificación preexistente.

 

No entramos en la nulidad pero si en la modificación de la motivación. En los Antecedentes se recoge:

“Respecto a la vulneración del principio de reformatio in peius, la Sala niega que el contenido del fallo del TEAC suponga perjuicio para el recurrente en alzada, al llegar al mismo resultado que la Inspección en el acuerdo de liquidación.”

“(…) confirma la consideración de la entidad como sujeta al régimen general de tributación, por cuanto los trabajos realizados constituían una auténtica actividad de promoción inmobiliaria, en cuanto supuso una real y efectiva transformación del terreno, lo que constituía un requisito previo a la posterior edificación, para lo que ha había obtenido la correspondiente licencia del Ayuntamiento

 

En los FUNDAMENTOS DE DERECHO

El segundo motivo se denuncia la infracción del art. 237.1 de la ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria , al discrepar la parte del contenido de la interpretación que efectúa la Sala de instancia en relación con el principio de “reformatio in peius”, pues, a su juicio, aún siendo el acuerdo de liquidación y la resolución del TEAC idénticos en su resultado (el importe de las deudas tributarias), sin embargo los argumentos de la Inspección y el del TEAC son diferentes, empeorando el argumento del TEAC la situación de xxxxx previamente establecida por la Inspección, pues si ésta estableció que la consideración de dicha mercantil como sociedad no patrimonial se fundamentaba en su vinculación con xxxxxx y no en el ejercicio directo de una actividad económica, cuando el TEAC la califica como tal empeora su situación y la de sus participes

 

EN EL FD TERCERO aborda la motivación del la Reformatio in Peius con una breve relación de cómo hemos llegado hasta aquí:

Tal y como resumimos en la sentencia de 28 de febrero de 2011 (casación 1080/07 , FJ 3°), conforme a la reiterada doctrina del máximo intérprete de la Constitución española (entre otras pueden consultarse las sentencias 204/2007 , FJ 3°; 41/2008 , FJ 2°; 88/2008, FJ 2 °; y 141/2008 , FJ 5°), la interdicción de la reformatio in peius , aunque no esté expresamente enunciada en el artículo 24 de la Norma Fundamental, tiene una dimensión constitucional evidente. Por un lado, representa un principio procesal integrado en el derecho a la tutela judicial efectiva a través del régimen de garantías legales de los recursos, que deriva, en todo caso ,de la prohibición constitucional de indefensión, y, por otro, constituye una proyección de los requerimientos inherentes a la congruencia de las resoluciones judiciales, que impide a los órganos jurisdiccionales exceder los límites en que esté planteado el recurso, provocando una agravación de la situación jurídica que para el recurrente se deriva de la sentencia discutida, con origen exclusivo en la propia interposición de la impugnación.

En el mismo sentido, siguiendo la doctrina del Tribunal Constitucional, hemos señalado que la prohibición o interdicción de la reformatio in peius en los términos expuestos constituye un principio procesal ampliamente admitido por la jurisprudencia de esta Sala, negando que al resolver un recurso se pueda agravar la situación del recurrente. Hemos indicado que, en la actualidad, ese principio, ínsito en el pasado en el artículo 119 de la Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de julio de 1958 (BOE de 18 de julio), se encuentra plasmado con carácter general en el párrafo segundo del artículo 89 de la Ley 30/1992 y en cuanto a los recursos administrativos en el artículo 113.3, in fine, de la misma Ley , al establecer que en ningún caso puede empeorarse la situación inicial del recurrente. Se trata de una garantía del régimen de los recursos en la vía jurisdiccional y en la administrativa, que encuentra su apoyo en el principio dispositivo, en la interdicción de la indefensión y en el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva [ sentencias de 2 de junio de 2003 (casación 2821/99 , FJ 3°), 23 de noviembre de 2005 (casación 5169/03, FJ 7 °) y 29 de enero de 2008 (casación 810/05 , FJ 3°)].

Si se admitiera que los órganos administrativos o los judiciales pudieran modificar de oficio en perjuicio del recurrente la resolución por él cuestionada, se introduciría un elemento disuasorio para el ejercicio del derecho a los recursos legalmente establecidos en la ley. Por ello, debe repudiarse toda reforma peyorativa, agravando la situación del recurrente a resultas del ejercicio por su parte del derecho a que la decisión administrativa o judicial se revise por un órgano superior.

Por otra parte, la figura de la reformatio in pius, como señaló esta Sala, en la sentencia de 27 de mayo de 1999 , rec. de ap. 12.049/91, cuya doctrina recoge la impugnada, debe apreciarse desde la óptica de los concretos pronunciamientos de la resolución, y no de sus fundamentos.

 

Pues bien, en el presente caso hay que reconocer que el TEAC no incurrió en el defecto denunciado, ya que se limitó a confirmar el acuerdo impugnado, aunque lo hiciese por motivos distintos de los considerados por la Inspección, sin que pueda hablarse aquí de una alteración de los hechos controvertidos ni de las pretensiones deducidas, siendo asimismo patente que con la resolución se mantiene la misma situación que tras el acuerdo de liquidación, sin que tampoco se les hubiese causado indefensión al haber podido formular alegaciones en la vía judicial.”

 

Esta situación creo que nos ha sucedido a todos. Impugnas una resolución y el TEAC/TEAR resuelve que tienes razón pero no modifica el pronunciamiento y hasta te dice que (voz de gruñon): si la administración lo hubiera hecho bien tendría que haber pagado más.

Esta situación es la manifestación máxima de la desigualdad de armas. En mi modesta e ignorante opinión (la ignorancia es atrevida):

a)     Si yo impugno un acuerdo con base a una motivación de la administración lo que no puede cambiar es las reglas del juego a mitad del procedimiento. No es lógico que resuelva el TEAC sobre fundamentos distintos porque en el camino he perdido una posibilidad de defenderme. La REFORMATIO IN PEIUS se aplica solo a los CONCRETOS PRONUNCIAMIENTOS DE LA RESOLUCIÓN NO A LOS FUNDAMENTOS. En consecuencia, como no varia “El RESUELVO” pierdes un peldaño en que apoyar tu defensa.

b)    Es cierto que muchas veces puede beneficiar al administrado el error de motivación en asuntos de este tipo pero no lo es menos que muchas veces la estrategia jurídica está pensada en la Jurisdicción Contenciosa (sabéis que casi nunca dan la razón en vía administrativa, No os hagáis los sorprendidos) e intentas llegar allí intentando inducir a la Administración en contradicciones y que te cambien la motivación no ayuda a centrarte en el momento de plantear el asunto en el contencioso.

c)     En este asunto no se produce indefensión porque pudieron alegar en vía judicial la modificación de la motivación y no debieron hacerlo. Vale, la banca gana, pero no hubiera sido más lógico una anulabilidad de andar por casa y retrotraer la situación a las alegaciones a la nulidad de las actas.

 

Me suelen gustar las Sentencias de este magistrado pero me gustaría que hubiera más flexibilidad con el contribuyente. No digo para que no pague, ojo, sino para que nos podamos defender en unas mínimas condiciones y garantías.

OBLIGACIÓN DE RESOLVER LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO. VÍA DE APREMIO Y EMBARGOS

El post de hoy es muy complejo y sencillo a la vez.

La Administración no puede iniciar el procedimiento de apremio si no han resuelto las solicitudes de suspensión solicitadas en período voluntario.

El post de hoy solo (sin tilde diacrítico, eliminado por la RAE) pretende aclarar que si no hay resolución de suspensión, denegando o estimando; la Administración no puede iniciar la vía de apremio

Los que llegados a este párrafo penséis: “Bah, eso es más claro que el agua” os recomiendo que no os confiéis, leáis el post y guardéis las referencias de las Sentencias porque os puede pasar a vosotros.

En primer lugar, no descubro nada nuevo. Esto es más de lo mismo. Los abogados llevan usando el “truco” de solicitar la suspensión sin garantías y sin alegar tan siquiera daños de imposible reparación (hay que acreditarlos) con el único fin de dilatar la ejecución y, si hay suerte, buscar una anulabilidad en el contencioso; o, si te toca la lotería, una nulidad.

Pues algunos funcionarios, dicho en estrictos términos de defensa sin generalizar, aducen que eso es injusto, una trampa que favorece al administrado (el recargo del 20 % no es una trampa, claro) y que inician el apremio porque tienen instrucciones de cobrar cómo sea y lo que sea (si, esto pasa y podría tener un reproche penal si os queréis meter en jardines sin flores).

Bueno, pues la STS, FD PRIMERO,de 19/3/2014, Sala Tercera, Secc 2ª, rec 6262/2011:

Como ha señalado el Tribunal Supremo en reiterados pronunciamientos (como en las sentencias de 29 de abril de 2005 , 16 de marzo de 2006 ó 4 de junio de 2010 ), la posibilidad de que la Administración Tributaria dicte providencia de apremio sobre una liquidación impugnada en vía económico-administrativa y respecto de la cual se ha solicitado la suspensión de la ejecución, sin haberse resuelto sobre la suspensión de la ejecución solicitada, conculca los artículos 9 , 24.1 y 106.1 de la Constitución , contraviniendo la seguridad jurídica, el derecho a la tutela judicial efectiva y la prohibición de indefensión así como el sometimiento de la actividad administrativa al control de legalidad. La Administración, en definitiva, no puede iniciar la vía ejecutiva en tanto la decisión sobre la suspensión penda de los órganos económico-administrativos pues, existiendo una obligación de resolver por parte de la Administración, su inactividad nunca puede perjudicar a la reclamante que ejercita el derecho a solicitar la suspensión sin obtener una respuesta en Derecho por parte de la Administración.”

 Ojo, que alguno de los artículos de la Constitución citados en la STS podría ser un Derecho Fundamental e implicar la nulidad ex art 217 LGT.

Estas cuestiones son reiterativas de otras anteriores y en tanto no se resuelva sobre la petición de suspensión, la Administración, no puede dictar la providencia de apremio, puesto que la parte tiene derecho a impugnar la resolución denegatoria de tal suspensión en vía jurisdiccional, y no permitirlo, al dictar la providencia de apremio, sin haber resuelto sobre dicha petición de suspensión, atenta al derecho de tutela judicial efectiva del artículo 24 de la Constitución, como razonan las sentencia del Tribunal Constitucional 78/1996 de 20 de mayo, la STC 78/1996, de 20 de mayo señaló que:

Hemos declarado en relación con este género de cuestiones que “el privilegio de autotutela atribuido a la Administración Publica no es contrario a la Constitución, sino que engarza con el principio de eficacia enunciado en el art. 103 CE ” ( STC 22/84), y la ejecutividad de sus actos en términos generales y abstractos tampoco puede estimarse como incompatible con el art. 24,1 CE ( STC 66/84 y AA 458/88, 930/88 y 1095/88 del TC), pero que de este mismo derecho fundamental deriva la potestad jurisdiccional para adoptar medidas cautelares y suspender la ejecución por los motivos que la ley señala. Mas “la efectividad de la tutela judicial respecto de derechos o intereses legítimos reclama la posibilidad de acordar medidas adecuadas para asegurar la eficacia real del pronunciamiento futuro que recaiga en el proceso” ( STC 14/92), evitando un daño irremediable de los mismos. “Es más, la fiscalización plena, sin inmunidades de poder, de la actuación administrativa impuesta por el art. 106,1 CE comporta que el control judicial se extienda también al carácter inmediatamente ejecutivo de sus actos” ( STC 238/92) doctrina conforme con la de la S 148/93 antes citada.”

La ejecución inmediata de un acto administrativo es, pues, relevante desde la perspectiva del art. 24,1 CE ya que si tiene lugar imposibilitando el acceso a la tutela judicial puede suponer la desaparición o pérdida irremediable de los intereses cuya protección se pretende o incluso prejuzgar irreparablemente la decisión final del proceso causando una real indefensión.

En consecuencia, el derecho a la tutela se extiende a la pretensión de suspensión de la ejecución de los actos administrativos que, si formulada en el procedimiento administrativo, debe permitir la impugnación jurisdiccional de su denegación y si se ejercitó en el proceso debe dar lugar en el mismo a la correspondiente revisión específica. “El derecho a la tutela se satisface, pues, facilitando que la ejecutividad pueda ser sometida a la decisión de un Tribunal y que éste, con la información y contradicción que resulte menester, resuelva sobre la suspensión” ( STC 66/84 de 6 junio ).

La tutela se satisface así. Por lo tanto, es lógico entender que mientras se toma aquella decisión no pueda impedirse ejecutando el acto, con lo cual la Administración se habría convertido en juez. Los obstáculos insalvables a esta fiscalización lesionan, por tanto, el derecho a la tutela judicial y justifican que, desde el art. 24,1 CE , se reinterpreten los preceptos aplicables como también dijimos en la STC 66/84 EDJ 1984/66 . “Por ello hemos declarado la inconstitucionalidad de las normas que impiden radicalmente suspender la ejecutividad de las decisiones de la Administración ( SSTC 238/92 EDJ 1992/12533 y 115/87, f. j. 4o EDJ 1987/115 ), que los defectos o errores cometidos en incidentes cautelares del procedimiento son relevantes desde la perspectiva del art. 24,1 CE EDL 1978/3879 si imposibilitan la efectividad de la tutela judicial, implican la desaparición o pérdida irremediable de los intereses cuya protección se pretende o prejuzgan irreparablemente la decisión firme del proceso ( STC 237/91 EDJ 1991/11829 ) y, en fin, que el derecho a la tutela se satisface facilitando que la ejecutividad pueda ser sometida a la decisión de un Tribunal y que éste resuelva sobre la suspensión” ( STC 148/93 f. j. 4o EDJ 1993/4006 )”.

El Tribunal Supremo también ha resuelto en similares términos  STS de 3 de julio de 1999  y de 23 de enero de 1995 EDJ 1995/597 .

La AN, Sala de lo Contencioso-Administrativo a mayor abundamiento, entiende, ST 12-11-2012, rec 482/2011, secc 7 que “De conformidad con todo lo anterior debe, pues, llegarse a la conclusión que una vez solicitada la suspensión, y aunque no se haya prestado la garantía exigible, el procedimiento de apremio debe quedar paralizado hasta tanto no exista una resolución expresa respecto de la petición suspensiva formulada.”

En fin, que si pedís la suspensión de la ejecución del acto y esta no es resuelta expresamente, art 224 LGT y concordantes del Reglamento; podéis tener una oportunidad ante las nuevas y habituales prácticas de la Administración de abrir el procedimiento de apremio con mucha diligencia.

¿TE HAN COBRADO EL IBI COMO URBANO POR SUELO URBANIZABLE? RECURRE!!!

Volvemos en el blog al proceloso y abigarrado mundo del Derecho después de unos post que se han alejado ligeramente del camino.

He conocido una curiosa Sentencia de fecha 30-5-2014 dictada por la Sección 2ª de la Sala de lo Contencioso; rec 2362/2013 Ponente Excmo. Sr. Don Emilio Frías Ponce.

Esencialmente los hechos se circunscriben a que en Extremadura se hace una nueva valoración colectiva parcial del municipio de Badajoz que valora la finca de los recurrentes en 4.300.000 € aproximadamente.

La controversia nace en la consideración de la finca como urbano a efectos catastrales pese a que el PGOU de Badajoz lo considera como urbanizable.

“La Sala de Instancia aceptó el motivo de la nulidad de la valoración por cuanto la finca, pese a estar dentro del perímetro que delimita el suelo urbano de Badajoz era de naturaleza rústica por tratarse de un suelo urbanizable sin haberse iniciado el proceso de urbanización al no estar aprobado el instrumento de desarrollo

 

El Tribunal, después de analizar la normativa concluye que:

 “sólo pueden considerarse urbanos a efectos catastrales los inmuebles considerados en el Plan General como urbanizables cuando el desarrollo de su actividad de ejecución no dependa de la aprobación del instrumento urbanístico que tiene por finalidad su ordenación detallada” La negrita y subrayado son nuestros.

 El FD SEXTO.- (…)hay que entender que el legislador catastral quiso diferenciar entre suelo de expansión inmediata donde el plan delimita y programa actuaciones sin necesidad de posteriores tramites de ordenación, de aquel otro que, que aunque sectorizado carece de tal programación y cuyo desarrollo urbanístico queda pospuesto para el futuro, por lo que a efectos catastrales sólo pueden considerarse suelos de naturaleza urbana el suelo urbanizable sectorizado ordenado así como el suelo sectorizado no ordenado a partir del momento de aprobación del instrumento urbanístico que establezca las determinaciones para su desarrollo. Antes de ese momento el suelo tendrá, como dice la sentencia recurrida, el carácter de rústico.

 

Si no se aceptara esta interpretación, perdería de sentido el último inciso del precepto, cuando dice que << los demás suelos de este tipo a partir del momento de aprobación del instrumento urbanístico que establezca las determinaciones para su desarrollo>>, porque este momento no puede ser el momento de sectorización o delimitación del terreno urbanizable, si éste se disocia del momento de aprobación del instrumento urbanístico de desarrollo.

 

No podemos olvidar que el propio TRLCI, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo ,afirma en su Exposición de Motivos que el Catastro es un órgano de naturaleza tributaria, siendo su razón de ser la de servir para la gestión de diversas figuras tributarias de los tres niveles territoriales de la Hacienda Publica, y así lo ha reconocido expresamente el Tribunal Constitucional en su sentencia 233/1999, de 16 de diciembre , en la que refleja que la organización del Catastro, justamente por tratarse de una institución comúne indispensable para la gestión de los impuestos estatales más relevantes, es una competencia que ha de encardinarse, sin lugar a dudas, en la de Hacienda General del artículo 149.1.14 de la Constitución , y que la información catastral estará al servicio de los principios de generalidad y justicia tributaria de asignación equitativa de los recursos públicos.

 

Por ello, no puede desconocerse que el régimen jurídico del derecho de propiedad configurado por la norma urbanística incide sobre la regulación tributaria y, en concreto, en la formación del Catastro y en cómo se determina el valor catastral de cada una de las parcelas que se incluyen en ese registro. De esta interrelación deriva la necesidad de que, por un lado, la descripción catastral atienda, entre otras cosas, a las características físicas, económicas y jurídicas de los bienes, a su uso o destino, a la clase de cultivo o su aprovechamiento (art. 3 del TRLCI)) y, por otro lado, que la determinación del valor catastral tenga en cuenta, entre otros criterios, la localización del inmueble o las circunstancias urbanísticas que afectan al suelo (art. 23 del mismo texto), proclamando, por su parte, el art. 11 la obligatoriedad de incorporar los bienes inmuebles en el Catastro, así como las alteraciones de sus características con el designio de que la descripción catastral de los inmuebles afectados concuerde con la realidad.

 

FD SÉPTIMO.- Es cierto que la Ley 8/2007, de 28 de mayo, del Suelo, supuso un cambio en la configuración del derecho de propiedad, al reconocer lo que ella denomina dos situaciones básicas, el suelo rural y el suelo urbanizado, terminando así la diferenciación establecida por la Ley 6/1998, de 13 de abril, que distinguía entre suelo urbanizable o no urbanizable, urbano y el suelo de los municipios donde no existía planeamiento, y que los efectos de este cambio se circunscriben a las valoraciones a efectos de expropiación forzosa, venta o sustitución forzosa y responsabilidad patrimonial.

 

Sin embargo, si se desconectan completamente ambas normativas nos podemos encontrar con valores muy diferentes, consecuencia de métodos de valoración distintos, de suerte que un mismo bien inmueble tenga un valor sustancialmente distinto según el sector normativo de que se trate, fiscal o urbanístico, no siendo fácil justificar que a efectos fiscales se otorgue al inmueble un valor muy superior al que deriva del TRLS, obligando al contribuyente a soportar en diversos tributos una carga fiscal superior, mientras que resulta comparativamente infravalorado a efectos reparcelatorios, expropiatorios y de responsabilidad patrimonial.

Por otra parte, como para calcular el valor catastral se debe tomar como referencia el valor de mercado, sin que en ningún caso aquel pueda superar a este último (art. 23.2 del TRLCI) si las ponencias de valores no reconocen la realidad urbanística, podríamos encontrarnos con inmuebles urbanizables sectorizados no ordenados con valor catastral superior al del mercado, con posible vulneración del principio de capacidad económica, que no permite valorar tributariamente un inmueble por encima de su valor de mercado, porque se estaría gravando una riqueza ficticia o inexistente.

 En consecuencia, teniendo en cuenta que las Comunidades Autónomas pueden precisar la noción de suelo urbanizable en sus respectivos ámbitos territoriales, y que los Ayuntamientos son competentes para acometer aquellas recalificaciones que estimen necesarias, la homogeneidad en la hermeneútica de los designios del artículo 7 del TRLCI exige acudir, en caso de duda, a los criterios dimanantes del TRLS, evitando las incoherencias generadas por la concurrencia de dos regulaciones tan distintas sobre una misma realidad fáctica.

Como expuso el Tribunal Constitucional, primero en su sentencia 61/1997 de 20 de marzo , con ocasión de la inconstitucionalidad planteada respecto al Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1992, y después en su sentencia 164/2001 de 11 de Julio , con ocasión de la inconstitucionalidad planteada frente a la Ley 6/1998 de 13 de abril, del Régimen del Suelo y de Valoraciones, el derecho fundamental de propiedad reconocido en el articulo 33 de la Constitución se conforma por su régimen jurídico y el régimen de valoración del suelo, y que tales condiciones son las reguladas en la Ley del suelo estatal, ejerciendo dicha norma una vinculación respecto del resto de normas que inciden, de uno u otro modo, en ciertos aspectos de la propiedad del suelo.

Frente a lo expuesto, de indiscutible alcance general, no cabe invocar el art. 30.2 c) del TRLCI, que admite, dentro del procedimiento simplificado de valoración colectiva un mecanismo especifico de valoración en los casos de cambiar el suelo de naturaleza por modificación del planeamiento al incluirlos en ámbitos delimitados, cuando en este caso ni siquiera se trataba de un procedimiento simplificado de valoración colectiva, sino de una valoración colectiva de carácter parcial.”

 

De esta interesantísima Sentencia me quedo con:

a)    una realidad: las administraciones públicas cobran indebidamente por todo y luego vete a recurrir;

b)    unas consecuencias:

  1. Que podríamos intentar alegar que la administración establezca el valor catastral en el valor a efectos reparcelatorios, expropiatorios y de responsabilidad patrimonial aunque no sea el valor de mercado.
  2. Que el valor catastral debe reconocer la realidad urbanística puesto que de otro modo está gravando una riqueza ficticia o inexistente por vulneración del principio de capacidad económica en relación al valor del mercado.
  3. Que las valoraciones colectivas siguen generando muchos problemas por el abuso que implica y la arbitrariedad de imponer un supuesto valor de mercado.
  4. Que si los contribuyentes podrán, si están en plazo, solicitar devolución por ingresos indebidos no solo por este motivo sino por las míticas “PLUSVALÍAS MUNICIPALES” que han venido imponiendo la tributación del aumento de valor del suelo urbano en estos suelos urbanizables.

ESTAFA PIRAMIDAL A LA ESPAÑOLA. BALDOMERA LARRA WETORET

El día de hoy, 19-6-2014, pasará a la historia por celebrar que tenemos un nuevo Rey, Felipe VI. Esta semana pasará a la historia porque la Selección Española de Fútbol ha llevado un varapalo después de haber sido más grande que la Armada Invencible de otro Rey llamado Felipe.

Por eso, como estamos en una semana histórica ( y me he comprado un libro nuevo: Los procesos célebres seguidos ante el Tribunal Supremo en sus doscientos años de historia” Imprenta Nacional de la Agencia Estatal Boletín General del Estado) voy a compartir una historia que me ha llamado la atención. Es la historia de doña Baldomera Larra Wetoret.

Doña Baldomera era hija de don Mariano José de Larra y debió de ser una persona ingeniosa para la época.

En fin, la buena de doña Baldomera fue una adelantada a su tiempo. Su marido, médico de la Casa Real pero afrancesado, tuvo que emigrar con la llegada de Alfonso XII. En aquél momento, sin dinero, acudió a los préstamos. La buena señora prometió que a quien le prestara una onza se la devolvería duplicada. Pues la señora cumplió. La avaricia rompe el saco y, al parecer, en el Madrid de la época rompieron cerca de 65.000 sacos de impositores.

La noticia fue difundida en la época. La Audiencia la condenó junto con su “contable”, que también había sido impositor, por un delito de Alzamiento de Bienes.

 

El TS los absolvió porque:

a)    Doña Baldomera no tenía capacidad legal para contratar y, por tanto, no podía existir una simulación de contrato ya que su condición de mujer, sin la autorización de su marido, no podía obligarse.

b)   Esta capacidad de obligarse impedía la existencia de acreedores y, por lo tanto, no estaba obligada a pagar.

 

Esta curiosa historia a mi modo de ver tiene interés por varias cuestiones:

1)   La estafa ponzi la inventó una mujer española allá por el año 1876.

2)   Los delitos fiscales no son un invento de nuestro tiempo.

3)   La consideración que hace el TS de la inexistencia de la capacidad para obligarse y, con ello, la existencia del “acreedor” me resulta interesante.

 

En fin, después de tanto tiempo de no actualizar el blog no digo nada nuevo. ¿Cómo está van las pensiones de la seguridad social?¡Qué cosas!

 

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LOOKBOOK para Abogados.

Este post es una reproducción de una colaboración con WWW.MARKETINGNIZE.COM

A clase debéis venir bien vestidos. No hay que venir en traje. Os recomiendo que no vengáis a clase ni a los exámenes con camisetas de equipos de futbol como esas del Milán, Milan o como se diga.

(Transcripción aproximada de la primera frase que escuché al entrar en la Facultad de Derecho de Santiago de Compostela)

Escrito este post a petición de una amiga tuitera y con posterioridad a la polémica creada por don José Ángel García Fernández en la un acto en el colegio de Abogados de La Coruña en el reparto del libro “Vademécum para abogados noveles; ed. Tirant lo Blanc, 2014.

La polémica surge, según la noticia publicada en La Voz de Galicia, a raíz de la protesta del colectivo coruñés de abogados “Iniciativa 542” que tildó de “sexista y trasnochada” la propuesta. Una divertida discusión en tuiter ha acabado en esto (si las discusiones no son distendidas y divertidas, mejor no uses tuiter).

He tenido acceso al libro y hay que poner los datos en lo que yo entiendo su contexto.

En primer lugar, el libro se llama “Vademécum para abogados noveles” y es eso, tal y como dice la RAE: un libro de poco volumen y de fácil manejo para consulta inmediata de nociones o informaciones fundamentales para abogados novatos. Abogados con una L en su toga. ¿Recordáis cuando erais así? ¡Pues eso! En sus páginas 109 y ss aborda la indumentaria del abogado.

No es una cuestión baladí recordar el Real Decreto de 24 de julio de 1982, que aprobó el Estatuto General de la Abogacía Española que regulaba que los Abogados actuarían ante los Tribunales con traje, corbata y zapatos negros, camisa blanca y vistiendo toga y, potestativamente, birrete, sin distintivos de ninguna clase.

El Real Decreto de 22 de junio de 2001, que aprobó el nuevo Estatuto General de la Abogacía Española, ex art 37.1, establece que “Los abogados comparecerán ante los Tribunales vistiendo toga y, potestativamente, birrete, sin distintivo de ninguna clase, salvo el colegial, y adecuarán su indumentaria a la dignidad y prestigio de la toga que visten y al respeto a la Justicia

Bueno, no he visto nunca a nadie utilizando un birrete así que me ahorraré no aburrirles con ello.

Respecto la toga, la RAE define la toga como: “Traje principal exterior y de ceremonia, que usan los magistrados, letrados, catedráticos, etc., encima del ordinario.”

Como premisa entiendo que no vamos a discutir sobre la toga con o sin distintivos. En donde vamos a polemizar es en la correcta adecuación de la indumentaria a la dignidad y prestigio de la toga que visten y al respeto de la justicia.

En el libro, la polémica surge no en las consideraciones de la indumentaria de los hombres sino de las mujeres. El consejo 4º es su detonante: “Las letradas han de desterrar de su entorno: el llevar botas vistiendo falda, así como los escotes profundos, las faltas demasiado cortas y abusar del perfume”.

Sin embargo, no parece que ofendan los consejos:

“Deben vestir de acuerdo con el tipo de cliente que tienen: no es lo mismo un abogado laboralista que el de una empresa multinacional. No obstante, el Abogado debe procurar vestir con suficiente formalidad, no sobrepasando la medida de su entorno”;

Los grandes despachos exigen traje para el hombre, no admitiéndose las combinaciones tipo blazer. Los únicos colores masculinos permitidos son el azul y los diferentes tonos de gris, quedando totalmente excluido el color marrón

El color marrón en un traje de caballero es ofensivo si o si. El diferenciar entre Abogado laboralista y empresa multinacional lo dejo a vuestra imaginación y sabio criterio.

Los consejos del libro tienen un antecedente en un breve análisis sobre qué es y qué no es aconsejable en el vestuario, tanto masculino como femenino.

En fin, convendréis conmigo que no es aconsejable que un Abogado lleve camisetas con publicidad aunque seas Abogado de la firma publicitaria. Convendréis conmigo que un tatuaje en el cuello de un Abogado, buena imagen, lo que se dice buena imagen no da salvo que seas el Abogado de ACDC o Extremoduro.

En mi opinión, el Abogado para adecuar la indumentaria a la dignidad entiendo que no debe llamar la atención. Con eso basta. Los que seguís mi tuiter conocéis mi poco cariño a las camisas blancas y mi afición a las azules pero más como un pequeño “cachondeo” que como una realidad.

Sin embargo, es cierto que, según el tipo de despacho –ubicación, tipo de cliente, etc-, la indumentaria no es igual y entiendo que la propia dinámica del día a día orientará al Abogado novel a saber ¿qué debo ponerme? No es lo mismo un pequeño despacho en un pueblo, que un despacho en una capital de provincia, que un Big Four.

Convendremos que, de modo genérico, el traje debe ser azul o gris, sin estridencias ni brillos, camisa azul o blanca, DE MANGA LARGA Y SIN BOTONES EN EL CUELLO, y corbata discreta; unos zapatos también discretos, según el criterio de cada cual pero conociendo que los mocasines (que a mi me gustan) son lo menos formal, luego puede entrar el monkstrap y luego el zapato con cordones sencillo y Oxford negros –lo más formal-; negros, color vino o un color marrón oscuro, discreto. Si ya queréis bordarlo con cinturón a juego (o que no desentone mucho). Los calcetines oscuros.

Bueno, pues no yo visto así. Soy más informal aunque llevo camisa, chaqueta y corbata. Lo que no visto son camisas con botones en el cuello y corbata y, por supuesto, no tengo ni una sola camisa de manga corta. Soy más de americana y chinos o pantalón de vestir. Cosas de la vida. La ventaja de ser tu propio jefe. No obstante, si tengo reunión voy de traje, como no puede ser de otra manera.

PD.- La toga no tiene regulado el color. ¿Os acordáis de Will Smith en El Principe de Bel Air? Will llevaba la chaqueta al revés porque le gustaban las flores del forro interior porque la norma del colegio obligaba a llevar esa chaqueta pero no el cómo.

¿Hay alguna regla o norma que impida vestir una toga de fantasía?