DESDE LA IGNORACIA Y EL DESCONOCIMIENTO: GALLARDÓN NO NOS HACE NI P… CASO Y A LOS ESPAÑOLES NO LES IMPORTA

DESDE LA IGNORACIA Y EL DESCONOCIMIENTO: GALLARDÓN NO NOS HACE NI P… CASO Y A LOS ESPAÑOLES NO LES IMPORTA PORQUE NO SABEN DE QUE VA.

El título de este post es la premisa y condicionante con la que se debe leer este post.

La mayoría de los que leeréis esto conocéis como funciona el sistema: comidas, pactos, componendas, yo publico esto, tú me pides esto para acabar en aquello otro que es lo que acordamos en el café de hoy. El huracán de la normativa europea impone (la soberanía hace mucho que no existe) la transposición de normas que por pertenecer a ese club debemos aceptar. El resto se pacta o debería estar pactado.

Sin embargo, la Abogacía está siendo pisoteada sin establecer unos mínimos (al menos que nosotros sepamos). Hoy leía un tuit de una compañera, Rosa Manrubia activista pro-abogacía, que decía que nos habíamos manifestado nueve veces y ninguna por los honorarios del turno de oficio.

 Así es. La última falta de respeto a la abogacía y a la verdad del Sr. Ministro es decir que la histórica manifestación de todas las Juntas de los Colegios de Abogados de España era para reivindicar más dinero.

¿Qué hacer? No lo se. Ese es origen del título del post. Desconozco como se negocia y desconozco si existe o no trasfondo, problemas, soluciones…

Sin embargo, desde el desconocimiento, las negociaciones no han servido para nada; al parecer, los numerosísimos Trending Topics de Tuiter no sirven para nada porque solo tuiteamos abogados. Las manifestaciones está claro que no han servido para nada.

Si uno hace el ejercicio crítico de leer los comentarios a las noticias de las personas que tienen a bien compartir sus opiniones está claro que el mensaje no llega ni se le espera. He leído desde que nos manifestamos para pedir mas dinero por un turno de oficio que sale la hora a muchísimos menos que el SMI (con improperios de todo tipo sobre la atención de compañeros) o que es para privatizar la justicia o miles de despropósitos más. El mensaje de lo que está pasando con lo que un día intentó ser Justicia en España no somos capaces de hacer que llegue.

¿Qué empiezan a proponer? He leído compañeros en tuiter, cada día más, que proponen una larga huelga en el Turno de Oficio. Yo lo comparto. Eso sí, debo avisar que solo estoy en el turno de civil.

Desconozco el procedimiento pero… ¿y si los Colegios de Abogados no realizasen la lista del Turno de 2015? ¿Qué pasa si nadie atiende a los detenidos desde el 1 de enero de 2015?

Los hospitales han sido paralizados, los trenes bloqueados, las huelgas de pilotos de avión y controladores han tenido paralizado a este país… ¿y si nadie tuviera abogados de oficio?

¿Qué pasaría si en esos grandes procedimientos que han existido en España no hubiera estado el compañero del turno para poder asistir? ¿Detenidos en la calle por falta de respeto a sus derechos fundamentales?

La huelga es un derecho.

Nosotros no lo hacemos por subidas de sueldo, por mejoras laborales, por convenios colectivos más beneficiosos. Nosotros lo hacemos para que la persona que quiera acudir a una Audiencia Provincial en Apelación no pague 800 € solo porque sí. Nosotros lo hacemos porque es ilógico que tertulianos de los partidos políticos digan que la justicia lenta no es justicia y  las vistas se están señalando para el 2018 porque no hay ni jueces (a los sustitutos los han borrado del mapa y no se convocan plazas), ni secretarios, ni personal de la oficina judicial. Nosotros lo hacemos porque no es razonable que el dinero de las tasas se destine a rescatar empresas públicas deficitarias y no haya fotocopiadoras en los juzgados. Nosotros la hacemos porque se está poniendo en peligro el sistema de Justicia Gratuita que existe en España.

STJUE de 17 de Julio de 2014, asunto C-169/14 INDEMNIZACIÓN POR NO PODER RECURRIR EL AUTO DE RESOLUCIÓN DE LAS EJECUCIONES HIPOTECARIAS

“A la luz de las consideraciones expuestas, procede responder a las cuestiones planteadas que el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 93/13, en relación con el artículo 47 de la Carta, debe interpretase en el sentido de que se opone a un sistema de procedimientos de ejecución, como el controvertido en el litigio principal, que establece que el procedimiento de ejecución hipotecaria no podrá ser suspendido por el juez que conozca del proceso declarativo, juez que, en su resolución final, podrá acordar a lo sumo una indemnización que compense el perjuicio sufrido por el consumidor, en la media en que éste, en su condición de deudor ejecutado, no puede recurrir en apelación contra la resolución mediante la que se desestime su oposición a la ejecución, mientras que el profesional, acreedor ejecutante, sí puede interponer recurso de apelación contra la resolución que acuerde el sobreseimiento de la ejecución o declare la inaplicación de una cláusula abusiva.” Así finaliza la STJUE de 17 de julio de 2014 en relación al asunto C-169/14 que dará mucho, mucho, mucho que hablar.

Ayer, comenté un caso del despacho, aquí, en el que habíamos solicitado una cuestión de inconstitucionalidad con base a la vulneración del principio de igualdad al no poder recurrir el ejecutado el Auto de resolución de la Ejecución Hipotecaria mientras que el ejecutante si podía. El Juzgado de Primera Instancia nos resolvió en contra con la motivación que reproducimos en el post. Concluía dicho post:

“Esta parte, dicho con el respeto debido, entiende que el Auto no ha entrado en la enjundia del asunto: ¿una parte procesal: ejecutante tiene una posición privilegiada porque tiene derecho a recurrir en apelación una resolución que otra parte procesal: ejecutado no puede?

En esto no ha entrado en Auto. Si nos fijamos en los supuestos citados a modo de ejemplo todas las partes tienen la misma limitación de recurrir. Circunstancia que no sucede en el caso planteado

Bien, pues el mismo día el TSJUE resuelve en el sentido que alegó el despacho (en el sentido de la existencia de un equilibrio en el derecho al recurso de las partes) y determina que:

1) El juez debe tener la potestad de suspender la ejecución (cuestión ya superada)

2)  El juez podrá acordar a lo sumo una indemnización que compense el perjuicio sufrido por el consumidor porque “puede recurrir en apelación contra la resolución mediante la que se desestime su oposición a la ejecución, mientras que el profesional, acreedor ejecutante, sí puede interponer recurso de apelación”

Respecto a esta última consideración llama poderosamente la atención la consideración como daño sujeto a indemnización por el perjuicio sufrido sin a) determinar quién es el sujeto responsable del pago de la indemnización, el nexo causal y b) ¿cómo calculamos esa indemnización, cómo se acreditamos los daños y perjuicios efectivamente sufridos? o si debemos considerar esos daños y perjuicios como “morales?

En definitiva, ¿sería posible concluir que el derecho a la tutela judicial efectiva en relación con el acceso a la doble instancia por el consumidor se puede pagar? Ahí dejo la reflexión para que la critiquéis y me pongáis de vuelta y media.

RECHAZO DE LA CUESTIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD ex ART 695.4 LEC en relación con el art 35 LO 2/1979 del TC

CUESTIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD ART 695.4 LEC

En abril publiqué un post titulado ¿Nos hemos cargado la igualdad entre partes procesales en la LEC? Oposición a la ejecución hipotecaria.

 

Este post traía causa en la desigualdad existente en el art 695.4 LEC en relación a la posibilidad que otorga la norma procesal al “banco” para poder apelar cuando se ordene el sobreseimiento de la ejecución o la inaplicación de una cláusula abusiva y la imposibilidad que tiene el ejecutado de hacer lo mismo cuando no sobreseen ni estiman la alegación de la cláusula abusiva.

Contaba en el post el caso del Juzgado de Primera Instancia 7 de Avilés que había planteado una Cuestión de Inconstitucionalidad basado en el art 35 LO 2/1979 del TC.

Bueno, desde el despacho hemos hecho el mismo ejercicio que el Juzgado de Primera Instancia 7 de Avilés y planteamos una cuestión de inconstitucionalidad pero no ha podido prosperar.

El supuesto de hecho era ejecución hipotecaria con varias cláusulas abusivas. El Juzgado estima parcialmente nuestra oposición al haber acreditado la existencia de varias cláusulas abusiva pero manda continuar la ejecución previa eliminación de las mismas y ordenando recalcular la cuantía. La problemática era el incumplimiento de pago en unos coeficientes muy, muy altos; pero esto es otra cuestión.

Esta parte, al igual que el Juzgado de Instancia 7 de Avilés planteó la cuestión de inconstitucionalidad por la diferencia existente de la posibilidad de recurso que siempre tiene el ejecutante para el caso de que sí se estime el motivo de oposición y evitar la firmeza del fallo en contraposición con el ejecutado que no tiene esta posibilidad.

 

El Juzgado entiende que el art 694 LEC no admite recurso de apelación en determinados supuestos pero ello no supone ni infracción en la Tutela Judicial Efectiva y de acceso a la Justicia.

Después del razonamiento concluye el Auto:

Esta doctrina Constitucional nos lleva a tres conclusiones esenciales en orden a desestimar la solicitud plantea y que son las siguientes:

 1)    No existe un Derecho constitucional al doble grado o a la doble instancia o al Recurso frente a cualquier materia civil.

2)    El legislador puede ejercitar un derecho de opción legislativa y establecer el sistema de recursos y de impugnación que considere más adecuado en cada sistema procesal y que el derecho a la tutela judicial efectiva en materia de doble instancia y de ejercicio del recurso no es un derecho absoluto sino que es un derecho de calificación legal y en función del sistema de recursos que establezca el legislador;y

3)    En nuestro Ordenamiento Jurídico existen múltiples resoluciones que limitan o eliminan el derecho al recurso y no por ellos son preceptos inconstitucionales pues no se pone de manifiesto que el derecho al recurso lo es en todo caso como derecho de configuración legal y para los supuestos expresamente previstos.

 Así, podemos citar como mejor ejemplo los siguientes supuestos.

a)    art 20 in fine de Justicia Gratuita.

b)    Art 448.1 LEC que solo admite los recursos 2previstos en la Ley” contra resoluciones desfavorables,

c)     En los juicios verbales solo cabe el recurso de apelación por razón de la cuantía cuando esta supere los 3000 €

d)    Contra el Auto que resuelve el recurso de reposición “no cabe recurso alguno” (454 LEC)

e)     Contra el auto despachando ejecución no se dará recurso alguno (551 LEC)

f)     El recurso de apelación en fase de ejecución solo es admisible en los casos previstos en la ley”

 

Esta parte, dicho con el respeto debido, entiende que el Auto no ha entrado en la enjundia del asunto: ¿una parte procesal: ejecutante tiene una posición privilegiada porque tiene derecho a recurrir en apelación una resolución que otra parte procesal: ejecutado no puede?

En esto no ha entrado en Auto. Si nos fijamos en los supuestos citados a modo de ejemplo todas las partes tienen la misma limitación de recurrir. Circunstancia que no sucede en el caso planteado.

 

En todo caso, esta es la reflexión que hago por si alguien tiene por ahí más suerte.

 

ACREDITACIÓN DE PERJUICIOS DE DIFICIL O IMPOSIBLE REPARACIÓN.

Problemas de la solicitud de suspensión del acto, acreditación de indicios suficientes para los daños de difícil o imposible reparación.

La administración tributaria es un enemigo del administrado. Nunca es oficial pero off the record te explican que tienen instrucciones de recaudar como sea. Incluso llegar a acuerdos para cobrar. Otra cosa son las personas que componen la administración tributaria que, como en todos lados hay gente mejor, peor y según tengan el día.

Nadie cuenta estas cosas pero muchas veces antes de presentar un aplazamiento, fraccionamiento o suspensión se suele hablar con el responsable que va a resolver. Esto sucede, sobre todo, en aquellos casos es que estamos hablando de importes elevados.

La maraña de normas, matices, aplicaciones de interpretaciones jurisprudenciales, convenios de gestión de recaudación, etc hacen difícil o imposible para “acertar” en según que cuestiones.

La STSJ ROj ICAN 417/2014, id CENDOJ 38038330012014100044 de hoy en un ejemplo de lo complejo del sistema y el perjuicio para el administrado.

El TEAR de Canarias inadmite a trámite la solicitud de suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado mediante la interposición de reclamación económico-administrativa al entender que no se habían acreditado los perjuicios de difícil o imposible reparación.Consta que no le otorgaban aval bancario, consta que no tenía bienes, consta que existían otras deudas pendientes en las que se solicitó el fraccionamiento, consta el embarro de las cuentas.

Curiosamente en otra nueva solicitud con documentación profusa acreditando la insolvencia que si es admitida a trámite y estimada. Esta ya en vía ejecutiva (léase, con recargo), 

El art 46.4  RD 520/2005 sobre la solicitud de suspensión en período voluntario incorporando documentación: “la inadmitirá cuando no pueda deducirse de la documentación incorporada al expediente la existencia de indicios de los perjudico de difícil o imposible reparación (…)”

El TEAR entiende “(…) que dicha petición no se sustenta en prueba siquiera indiciaria más allá de las meras manifestaciones realizadas sobre la existencia de perjuicios de imposible o difícil reparación

Dice el TSJ que “Efectivamente a diferencia de lo efectuado en la primera petición la recurrente en la segunda solicitud presentada incluye como Anexo 6 informe pericial sobre su solvencia y liquidez así como sobre los daños y perjuicios que le ocasionaría la ejecución del acto impugnado. Como Anexo 7 copia de certificaciones del Registro de la Propiedad donde constan las cargas de 78 inmuebles de los que es titular, como Anexo 8 copia del préstamo hipotecario al promotor. Como anexo 9 informe de profesor mercantil sobre evolución y cifras de venta, como anexo 10 informe sobre situación urbanística y carácter demanial de las parcelas del frente de la paya emitido por arquitecto. Dichos informes se incluyen en el punto 4 de su escrito de petición de suspensión con dispensa parcial de garantía señalando que en el “punto c4 de nuestro escrito de solicitud de suspensión con aportación de garantía inmobiliaria y dispensa parcial de garantía presentado ante este Tribunal el 31/7/2012 se explicaban los perjuicios de difícil o imposible reparación que ocasionaría la no suspensión del acto administrativo recurrido, pero no se aportaban las pruebas que acreditasen dichos extremos”, lo que supone reconocer que la actuación del TEAR de conforme a derecho y que la recurrente hizo dejación de su obligación de acreditar los daños y perjuicios que se producirían de la ejecución del acto más allá de los lógicos que todos suponemos teniendo en cuenta la cuantía de la liquidación girada.

Debiendo confirmar la resolución impugnada dado que más allá que la genérica alegación formulada sobre la situación de la recurrente y perjuicios que le pudiera ocasionar, así como de la cantidad a la que asciende la liquidación girada, es lo cierto que la recurrente no acreditó los extremos señalados, a diferencia de lo efectuado en la segunda petición mediante la aportación de numerosos informes que igualmente acompañaron en el presente recurso

El TSJ, cualquier magistrado y el 90 % de los abogados sabe más que yo de esto. No obstante, yo me hago las siguientes preguntas.

1) ¿En qué consisten los “indicios de los perjuicios”? Porque la sentencia no analiza en qué consisten dichos indicios ni como se ponderan los mismos.

2) Es razonable que el recurso indique expresamente el reconocer que no se acreditaron suficientemente los indicios de los perjuicios

3) ¿Se puede comparar acreditar “indicios” con acreditar los “daños y perjuicios que se podrían causar”?

4) ¿Se puede hablar de pérdida sobrevenida de objeto cuando suspenden la ejecución del acto por haber acreditado daños y perjuicios de difícil o imposible reparación cuando aquélla se inadmite trámite en período voluntario pero se resuelve favorablemente en período ejecutivo? (vgr. con recargo)

CIUDADANO KANE.

He acabado de redactar una demanda algo extensa y compleja y tengo diez minutos antes de irme a comer para abordar el tema de la semana, mes, año, lustro, década, historia de la humanidad y no es el 7-1 de Alemania a Brasil (que injusto es el fútbol, eh Ozil). El tema es: “La desinformación de la sociedad de la información”

Como consideración previa, dos cosas a considerar, de modo banal:

a) todos nos equivocamos, cometemos errores, imprudencias, etc. No conozco a nadie perfecto y, de existir, me daría mucho miedo.
b) A veces la percepción que tenemos de un hecho nos induce al error por las circunstancias que lo rodean.

Bueno, el post de hoy lo quiero centrar en, lo que entiendo, un bulo interesado sobre el Tribunal de Cuentas y la repercusión de la percepción que los sencillos ciudadanos, erróneamente, tenemos por culpa de la desinformación que existe con todas estas cosas de internet.

Vaya por delante que estoy seguro que en el Tribunal de Cuentas no ha habido irregularidades ni ilegalidades, también estoy seguro que en las CCAA no han existido irregularidades en temas de lo más variopinto, como así evacuaron los informes de las numerosas comisiones de investigación que se realizaron; tampoco me cabe duda que no existen redes clientelas y/o nepotismo en Diputaciones, entes autónomos o empresas públicas, por citar la rumorología clásica y maledicente.

La picaresca española ha impregnado cual agua en una esponja a los medios de comunicación. Estos medios, en vez de informar, están dedicándose a tergiversar hechos, que no noticias, con el único fin de destacar en el maremágnum digital. Hoy un titular bien redactado, una noticia con un cierto giro tendencioso, convertirá en publicidad cada visita que se haga, cada tuit emitido, cada me gusta en Facebook. Es decir, manipular al hombre masa haciéndonos creer que las instituciones que nos regulan son, en sí mismas, un lastre para el pueblo porque no vigilan sino que crean conflicto e inseguridad.

Hobbes entendió que el hombre (o mujer) debe estar dispuesto a renunciar a parte de sus derechos naturales para ceder, transferir al Estado los derechos que de ser conservados podrían obstaculizar la paz de la humanidad y algunos lobbys malvados quieren arrebatarnos ese contrato social entre el hombre y el Estado para comercial con él al mejor postor.

Las medias verdades, las informaciones alteradas, el off de record, todas estas cosas que nos cuentan los cientos de medios de información de hoy quieren quebrar esa paz social. !Quieren ser propietarios de Rosebud y, a su vez, arrebatarnos su naturaleza!

“Parece que solo puedes tomar una decisión Charles, y parece que ya la han tomado por ti

Mi conclusión, después de leer un extenso estudio de una Universidad Americana cuyo nombre no puedo (o no debo citar), es que en España no hay enchufismos, mangas, designación digital, amiguismo, nepotismo… porque todos estamos unidos a cualquier persona del planeta a través de una cadena de seis conocidos. Todos nos conocemos y somos amigos y/o familiares y cuando te llamen a ti será porqué te lo has ganado.

Ciudadano Kane.

ROSEBUD.

 

NOTA.- El presente post está escrito después de una larga y madrugadora jornada de trabajo que incluye numerosas llamadas, gestiones, cabreos, alegrías, contestaciones a mail y finalizar la redacción de un escrito de demanda muy extenso.

Esto unido a leer con una profunda e indescriptible indignación que el Impuesto de Sociedades de Bizkaia ha eliminado de modo injusto y bajo una actuación dolosa y arbitraria (me atrevo a decir que con Desviación de Poder) como gasto deducible, ex art 14, los sobornos. (esto último lo he visto en tuiter así que lo pongo en cuarentena y salvo que me autorice no citaré la fuente, no vaya a ser)

Sobornos. impuestos de Bizkaia

 

LA IMPUGNACIÓN DE LA DOCUMENTAL DE ADVERSO A EFECTOS PROBATORIOS EN EL PROCEDIMIENTO CIVIL

El título del post es atrayente, sin duda. El contenido del post es una situación práctica que he vivido y que representa la una postura lógica del Juez de Instancia, a mi subjetivo entender.

SUPUESTO DE HECHO:

En un declarativo verbal. Fase de proposición e impugnación de prueba propuesta.

Yo pido recibimiento a prueba y propongo documental que se acompaña en la que incluye un certificado de una empresa que no está presente para ratificar. Es importante el dato de que es un certificado que no cabe interpretación.

El adverso, lógicamente, lo impugna a efectos probatorios y Su Señoría informa que es un certificado. A continuación, SSª pregunta si lo impugna por falsedad. !Todos nos quedamos estupefactos! En seguida lo explica, las palabras no son textuales pero el sentido era: estoy cansado de impugnaciones de este tipo para dilatar, traer a un señor a la vista porque sabe que no van a venir y es certificado dice lo que dice. Yo lo valoraré pero la impugnación genérica para que se ratifique o que no se considere, en este juzgado no. Si no lo impugna por falsedad no cabe impugnación.

Pues bien, este era un verbal de menos de 3.000 €. Para los que no estéis familiarizados con la LEC os diré que no cabe recurso de apelación. Así que, en fin, la cosa no llega a instancias superiores.

Esta situación contrasta con Sentencias del Tribunal Supremo o Audiencias que desestiman apelaciones por no impugnar la documental que se acompaña de modo expreso.

Yo estoy sustancialmente de acuerdo con el Juez de Instancia y reconozco que impugno en bloque la documental como precaución. Pero una cosa es que haya documental, tipo pericial, que debamos impugnar por no estar de acuerdo, porque deba someterse a contradicción oral en el acto de la vista; y, otra, impugna por impugnar y que, a veces, hace que los procedimientos se dilaten sine die mientras no citamos a todo el mundo. (extremo al que nos ha llevado la interpretación de muchos Tribunales)

Pero, en fin, C´est la Vie