CONSUMIDORES, USUARIOS Y LA ENTREGA DE VEHÍCULOS COMO PAGO DE LA DEUDA PENDIENTE IMPAGADA.

CONSUMIDORES, USUARIOS Y LA ENTREGA DE VEHÍCULOS COMO PAGO DE LA DEUDA PENDIENTE IMPAGADA.

Todos los blogs y post se centran en los consumidores y usuarios de las hipotecas y nos olvidamos de los préstamos personales para la compra del coche.

El post va a tratar de la práctica de lo que pasa no de la teoría que debería pasar cuando entregamos el coche para liquidar la deuda.

A.- Entregamos el coche a cambio de cancelar la deuda. Ningún problema. Está claro.

B.- Entregamos el coche, reconocemos la existencia de una deuda y autorizamos a la prestamista a vender el coche en nuestro nombre. Aquí si que hay problemas.

Iremos por partes.

Normalmente los contratos de préstamo para la compra de un coche habitualmente incluyen cláusulas de este tipo:

La tasación del bien para que sirva de tipo, en su caso, a la subasta. También podrá fijarse una tabla o índice referencial que permita calcular el valor del bien a los efectos de lo señalado en el artículo 16”; en relación con el art 16.2 c) Incumplimiento del deudor:

“Si el deudor no pagase, pero voluntariamente hiciera entrega de los bienes adquiridos a plazos, se procederá a su enajenación en pública subasta, con intervención de Notario o Corredor de Comercio colegiado, según sus respectivas competencias.

En la subasta se seguirán, en cuanto fuesen de aplicación, las reglas establecidas en el artículo 1.872 del Código Civil y disposiciones complementarias, así como las normas reguladoras de la actividad profesional de Notarios y Corredores de Comercio. En la primera subasta servirá como tipo el valor fijado a tal efecto por las partes en el contrato.

No obstante lo dispuesto en los párrafos anteriores, el acreedor podrá optar por la adjudicación de los bienes para pago de la deuda sin necesidad de acudir a la pública subasta. En tal caso, será de aplicación lo dispuesto en la letra e) de este apartado.

Esto no se cumple. Lo normal es que se entregue el coche para que lo vendan en su nombre. Es decir, no se pacta el precio/valor del vehículo que reducirá o eliminará la deuda, lo normal en estos contratos es que incluya una cláusula de estilo en este sentido:

En caso de no haberse pactado un procedimiento para el cálculo de la depreciación del bien, el acreedor deberá acreditarla en el correspondiente proceso declarativo”. Art 16.2 e) LVBM

Lo que realmente sucede es que firme un documento de mandato en que:

“El importe de la venta se aplicará, una vez realizado el mismo, hasta donde alcance, a la mayor deuda que mantengo con ustedes una vez descontadas las cargas, multas, impuestos y reparaciones que existan o deban realizarse en el vehículo”

Entiendo que este supuesto es un contrato de mandato con facultad de enajenación a través del mandato expreso. Por el contrato de mandato se obliga a una persona a prestar algún servicio o hacer alguna cosa por cuenta o encargo de otra, ex art 1709 C.Civil; en relación con el art 1713 “para transigir, enajenar, hipotecar o ejecutar cualquier otro acto de riguroso dominio, se necesita mandato expreso” STS 6-3-2001 (RJ 2001,3973)

Esto debemos ponerlo en relación, tal y como se hizo en el acto de la vista, con el art 1726 CCiv: “El mandatario es responsable, no solo del dolo, sino también de la culpa(…)”

Esta situación aplicado al supuesto concreto es:

1.- El deudor entrega el vehículo para que lo vendan en su nombre y satisfacer todo o parte de su deuda.

2.- El mandatario vende a un precio a un tercero que se dedica a la venta de los coches.

3.- El tercero lo vende por precio superior.

 En mi opinión, si la deuda no se satisficiese, el deudor podría reclamar por la existencia de daños y perjuicios al mandatario que se comprometió a la venda por el precio máximo posible de mercado.

LAS AUTOCARAVANAS, CIRCULACIÓN Y ESTACIONAMIENTO. UN RÉGIMEN JURÍDICO CON CURVAS.

Hoy comí en la oficina para hacer algo diferente y puse el canal TVE 24h. He aquí que estaban con un reportaje de turismo de autocaravana y los conflictos de interpretación y aplicación de las normas que generaban. Pues sí, conflictos.

Spoiler: si no quieres conocer más datos no sigas leyendo. La administración pública que al final decide es el Ayuntamiento y sus órganos administrativos que incoan las denuncias(¿será la cosa administrativa de policía?).

Supuesto de hecho. – Tengo una autocaravana y me quiero ir de vacaciones en España. ¿Qué normas tengo que cumplir? ¿Qué me pasaría si no las cumplo?

Las normas básicamente son:

  • Reglamento General de Vehículos REDL 2822/1998, de 23 de diciembre.
  • Reglamento General de Circulación RD 1428/20013 de 21 de diciembre; y
  • Instrucción 08/V-74 de la Dirección General de Tráfico de 28-1-2008. Está no es que sea una norma pero ayuda a aclarar mucho las cosas.

  • La norma de la Comunidad Autónoma que esté en vigor.

  • La ordenanza municipal del lugar en que estaciones pero que es “voluntad del pueblo” (perdonen la licencia).

El razonamiento es, básicamente, Art 137 de la Constitución que parece decir que los municipios tienen la condición de poderes públicos y, en relación con el 45 de la misma norma que deben velar por la utilización racional de los recurso naturales. De ahí nos vamos al 4.1 a) de la LRBRL y al art 7 de la Ley sobre tráfico, circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial que permite a los municipios regular mediante ordenanza los usos de las vías urbanas. (esto más o menos es un preámbulo de una ordenanza sobre el tema).

Pues las ordenanzas son muy estrictas impidiendo el estacionamiento de las autocaravanas incluso excediendo con mucho la interpretación de la Instrucción 08/V-74. Quiero llamar la atención que el Europa, al menos lo poco que conozco, la gente utiliza mucho las caravanas. De hecho, en Escocia, duermen en cualquier lado en la carretera y no pasa nada. Es decir, no hay denuncia para incoar expediente sancionador.

Dicha Instrucción remite prácticamente a los reglamentos generales y la Ley sobre Trafico a cuyos arts 90 y ss RGC nos remitimos pero nos llama la atención este párrafo:

No establece el Reglamento General de Circulación otras condiciones que deban cumplirse al efectuar la parada o el estacionamiento de un vehículo, por lo que esta Dirección General de Tráfico considera que mientras un vehículo cualquiera está correctamente estacionado, sin sobrepasar las marcas viales de delimitación de la zona de estacionamiento, ni la limitación temporal del mismo, si la hubiere, no es relevante el hecho de que sus ocupantes se encuentren en el interior del mismo y la autocaravana no es una excepción, bastando con que la actividad que pueda desarrollarse en su interior no trascienda al exterior mediante el despliegue de elementos que desborden el perímetro del vehículo tales como tenderetes, toldos, dispositivos de nivelación, soportes de estabilización, etc

Es decir, si un coche puede, una autocaravana puede.

Por otro lado, en las vías interurbanas, “el artículo 90.1 del Reglamento General de Circulación define los lugares en los que deben efectuarse las paradas y los estacionamientos en vías interurbanas señalando que deberá hacerse fuera de la calzada, en el lado derecho de ésta, dejando libre la parte transitable del arcén.

También con carácter general en autopistas y en autovías están prohibidas las maniobras de parada y estacionamiento para todos los vehículos, salvo en zonas especialmente habilitadas para ello.

Son de aplicación a la parada y el estacionamiento en vías interurbanas las normas relativas al modo y forma de ejecución contenidos en el artículo 91 del Reglamento General de Circulación recogido en el punto anterior, así como las consideraciones hechas en relación con el estacionamiento en vías urbanas acerca de la presencia de personas en el interior del vehículo correctamente estacionado, ello sin perjuicio de la posibilidad de estacionar en áreas de estaciones de servicio o en terrenos privados con cuyos titulares puedan acordarse otras condiciones.

Otros conceptos de alguna manera asociados al estacionamiento de autocaravanas como el de acampada y pernocta no tienen acogida en la normativa sobre, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, por lo que este organismo no puede pronunciarse sobre su definición ni sobre sus implicaciones.

Por lo tanto, antes de estacionar en un Ayuntamiento sería interesante hacer una consulta vinculante por escrito, ya puestos.

LA PUNTILLA A GALLARDÓN.

Acabo de leer una noticia de http://www.elconfidencial.com en donde abordan la posible “caída” del todopoderoso ministro de justicia.

Llama la atención la situación con dicho Ministro que parece no una caída sino una zancadilla o auntozancadilla.

Creo que no es una barbaridad opinar que el Sr. Gallardón ha llegado a la cartera ministerial con una carrera poco ortodoxa. Presidente de la Comunidad de Madrid, Alcalde de la Villa y Corte, dicen que conspirador en la sombra, dicen que exigiendo un puesto en la lista para diputado en enfrentamiento con el propio Mariano Rajoy. En fin, una carrera diferente.

En el Ministerio ha hecho mucho ruido (intento de ley del aborto) y mucha publicidad (que si LECrim, que si LEC, que si planta judicial) pero realmente lo que ha hecho es cabrear a todo el mundo: jueces, fiscales, personal, abogados, procuradores (reforma de poder judicial favoreciendo a partidos políticos, tasas perjudicando al ciudadano, intento de reforma del turno de oficio, colegios profesionales) pero alegrando algo la vida, no mucho, a notarios y sobre todo, a registradores de la propiedad; lo que, a su vez, ha cabreado a todos los anteriores. Lean esto desde la óptica subjetiva de abogado. (No pretendo criticar a ningún colectivo y soy consciente de que entrar con profundidad en algunos temas requiere algo más que un post y media hora de mi vida. Pero el run run está ahí fuera).

En definitiva, el gran (y único) mérito de un ministro es unir a un sector tan heterodoxo que diría un ex-ministro. Parecía imposible poner a todo el mundo de acuerdo pero lo logró. Ha puesto a todo el sector bajo la unánime opinión de que ha sido nefasto para la Justicia en España. Lamentablemente el tiempo ha dado la razón a quién criticó mi opinión cuando pensé que podría ser un buen ministro.

#RETOBLOG YO ESTOY A FAVOR DE LOS RANKINGSSSSSSSSS!!!

#RETOBLOG

El post de hoy está encuadrado en una fórmula que ha inventado @alfherranz para hacernos perder un poco el tiempo, divertirnos y enfocar asuntos desde varios puntos de vista.

Este sistema me recuerda un poco al libro “epistolar” “Al Derecho y al Revés” de dos Rolling Stones del Derecho español, don Tomás Ramón Fernández y don Alejandro Nieto. No se si Alfredo se ha leído el libro pero en todo caso dejo la reseña petulante porque no todo va a ser @klout en esta vida.

El tema de hoy son los rankings y en particular me centraré en el ranking de @kloutspain y @NNyRR porque me gustan, porque puedo, porque han salido recientemente, porque salgo en los dos y porque me da la gana. ¿Está claro Alfredo?

1.º- Estimado Alfredo, creo en los rankings porque son un elemento de medición. Sin más, miden el trabajo que realizan/mos en RRSS. Todo el mundo que me haya leído saben que creo en el sistema klout (que es imperfecto, si; ¿pero alguien es perfecto en este mundo? Alfredo, tú no eres perfecto… y lo sabes)

Un algoritmo que varía (yo nunca, nunca, nunca he conseguido puntuar con google + o tumbrl, por ejemplo) y que no sabes cuando va a cambiar es lo menos malo para evaluar impacto en redes sociales. Evaluar el impacto implica que todo lo que tu haces puede estar medido y que los especialistas de marketing pueden utilizar para vendernos cosas que no sabemos que necesitamos pero que están ahí.

2.º- Los rankings son útiles en la medida de que posicionan a una determinada persona a la vista de los demás para que puedan aprender de él, criticarlo, ignorarlo pero, al menos sabrán que existe. ¿Alfredo, no crees, que si no fueran útiles estaríamos perdiendo el tiempo hablando de ellos?

 3.º Cuando critico un ranking es porque no salgo en él. Justo después le pregunto al responsable, ¿oye, cumplo tus requisitos, me dejas jugar, me incluyes? Si cumplo sus subjetivos (porque son de él) requisitos y me incluye mejor. ¿Por qué? Pues porque hay nichos de mercados a los que se accede por internet, gente que buscan a los abogados por internet y los que salgan en los rankings tendrán una diferenciación en internet. ¿Alfredo por qué solo has criticado vehementemente los rankings en donde no has salido? ¿ Por qué ahora que sales en el ranking te lanzas a esta aventura?

 4.º- Los rankings permiten un puntito de influencia en el ámbito en que se circunscriben ¿dices que no, Alfredo, ahora que eres uno de las cinco personas más influyentes en Aragón según @kloutspain? ¿Estar en RRSS y Rankings no te permite por ejemplo, criticar los rankings con mayor legitimidad?

 5.º- Alfredo, cuando me dices que los rankings no miden la influencia real, que si Belén Esteban, que si Punset… bla,bla, bla. Los ranking son lo que son. Seguro que todos los Abogados del Estados, Jueces, Ministros, Magistrados con menos klout que yo tiene más influencia en el mundo físico, en el “real”, más impacto en el Derecho, pero a que tú has estado comprando una corbata y has pensado ¿qué pensará Luis, que me dirá este cabrito cuando vea la corbata?¿Eso no es una influencia en la vida real?

La pena que tengo es que no me hagas caso cuando hablo de Derecho porque seguro que ganarías más pleitos.

 6.º- Estimado Alfredo, estoy a favor de los rankings porque, entre otras muchas cosas que por economía de lectura no diré, nos permite divertirnos un rato con tuiter, el CM de kloutspain y este #Retoblog

DERECHO FUNDAMENTAL A LA VIVIENDA. STJUE DE 10-9-2014, ASUNTO C-34/13

SENTENCIA DEL TJUE Sala 3 de 10 de septiembre de 2014 en el asunto C-34/13.

La vivienda del consumidor como Derecho Fundamental de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

De modo previo hay que aclarar que la STJUE es sobre un asunto de Derecho eslovaco, por lo que habrá que hacer un ejercicio mutatis mutandi al Derecho español.

El supuesto de hecho es que la Sra Kusionova realizó contrato de crédito al consumo por importe de 10.000 € y para asegurar ese crédito constituyó una garantía inmobiliaria sobre la casa familiar en la que reside la demandante. El tribunal nacional anula en parte el contrato de crédito y declaró nulo el contrato de constitución de garantía.

El tribunal remitente trata de determinar si una de las cláusulas del contrato constitutivo de la garantía, a saber, la referida a la ejecución extrajudicial de la garantía constituida sobre el bien inmueble ofrecido en garantía por el consumidor tiene carácter abusivo, y recuerda que esa cláusula permite al acreedor ejecutar la garantía constituida sin mediar control jurisdiccional.

Como las casas deben ser comenzadas por el tejado, la STJUE declara:

“En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Tercera) declara:

  • Las disposiciones de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a una normativa nacional como la discutida en el litigio principal, que permite el cobro de un crédito, basado en cláusulas contractuales posiblemente abusivas, mediante la ejecución extrajudicial de una garantía que grava un bien inmueble ofrecido en garantía por el consumidor, siempre que esa normativa no haga imposible o excesivamente difícil en la práctica la salvaguardia de los derechos que dicha Directiva atribuye al consumidor, lo que corresponde verificar al tribunal remitente.

 

  • El artículo 1, apartado 2, de la Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que una cláusula contractual que figura en un contrato concluido por un profesional con un consumidor está excluida del ámbito de aplicación de esa Directiva únicamente si dicha cláusula contractual refleja el contenido de una disposición legal o reglamentaria imperativa, lo que incumbe comprobar al tribunal remitente.”

Para llegar a esta interpretación se hacen entre muchas, la siguiente pregunta:

“(…) si, a la luz de los artículos 38 y 47 de la Carta, las disposiciones de la Directiva 93/13 deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una normativa nacional como la discutida en el litigio principal, que permite el cobro de un crédito, basado en cláusulas contractuales posiblemente abusivas, mediante la ejecución extrajudicial de una garantía que grava un bien inmueble ofrecido en garantía por el consumidor

Lo más interesante de la sentencia viene en los siguientes apartados:

“62 En lo concerniente al carácter proporcionado de la sanción, es preciso prestar especial atención al hecho de que el bien objeto del procedimiento de ejecución extrajudicial de la garantía discutida en el litigio principal es el inmueble que constituye la vivienda familiar del consumidor.

63 En efecto, la pérdida de la vivienda familiar no sólo puede lesionar gravemente el derecho de los consumidores (sentencia Aziz, EU:C:2013:164, apartado 61), sino que también pone a la familia del consumidor en una situación particularmente delicada (véase en ese sentido el auto del Presidente del Tribunal de Justicia Sánchez Morcillo y Abril García, EU:C:2014:1388, apartado 11).

64 En este sentido, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha estimado que la pérdida de una vivienda es una de las más graves lesiones del derecho al respeto del domicilio y que toda persona que corra el riesgo de ser víctima de ella debe en principio poder obtener el examen de la proporcionalidad de dicha medida (véanse las sentencias del TEDH, McCann c. Reino Unido, demanda no 19009/04, apartado 50, y Rousk c. Suecia, demanda no 27183/04, apartado 137).

65 En el Derecho de la Unión, el derecho a la vivienda es un derecho fundamental garantizado por el artículo 7 de la Carta que el tribunal remitente debe tomar en consideración al aplicar la Directiva 93/13.

66 En relación, especialmente, con las consecuencias que genera el desahucio del consumidor y de su familia de la vivienda que es su residencia principal, el Tribunal de Justicia ya ha destacado la importancia de que el juez nacional competente disponga de medidas cautelares que puedan suspender o contrarrestar un procedimiento ilícito de ejecución hipotecaria cuando la concesión de dichas medidas se manifieste necesaria para garantizar la efectividad de la protección pretendida por la Directiva 93/13 (véase en ese sentido la sentencia Aziz, EU:C:2013:164, apartado 59).

68 De las anteriores consideraciones resulta que las disposiciones de la Directiva 93/13 deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a una normativa nacional como la discutida en el litigio principal, que permite el cobro de un crédito, basado en cláusulas contractuales posiblemente abusivas, mediante la ejecución extrajudicial de una garantía que grava un bien inmueble ofrecido en garantía por el consumidor, siempre que esa normativa no haga imposible o excesivamente difícil en la práctica la salvaguardia de los derechos que dicha Directiva atribuye al consumidor, lo que corresponde verificar al tribunal remitente.

 

79 En ese sentido hay que observar que, para determinar si una cláusula contractual está excluida del ámbito de aplicación de la Directiva 93/13, incumbe al juez nacional comprobar si esa cláusula refleja las disposiciones del Derecho nacional que se aplican entre las partes contratantes con independencia de su elección o aquellas que son aplicables por defecto, es decir, cuando las partes no hayan pactado otra cosa (véase en ese sentido la sentencia RWE Vertrieb, EU:C:2013:180, apartado 26).

80 Por las anteriores consideraciones se ha de responder a la cuarta cuestión que el artículo 1, apartado 2, de la Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que una cláusula contractual que figura en un contrato concluido por un profesional con un consumidor está excluida del ámbito de aplicación de esa Directiva únicamente si dicha cláusula contractual refleja el contenido de una disposición legal o reglamentaria imperativa, lo que incumbe comprobar al tribunal remitente.”

¿El Derecho Fundamental a la Vivienda garantizado por el art 7 de la Carta tiene el mismo contenido que nuestra Constitución?

¿Un Juzgado ordinario ante el planteamiento de un razonamiento similar deberá acudir al TC de modo previo a fallar un asunto para poder conocer si el contenido del artículo 7 de la Carta es igual al del artículo 47 de nuestra Constitución?

¿El Juez nacional de oficio deberá comprobar todas las cláusulas tanto pactadas como ley aplicable o necesitará la justicia rogada?

¿Los procedimientos de ejecución directa y los de ejecución extrajudicial (LH) deberá ser derogados o modificados?

¿En la próxima modificación en sábado o en 24 de Diciembre será publicada una reforma sobre una norma completamente distinta y en las Disposiciones Finales “colarán” una modificación normativa de esta índole?

NOVEDADES EN EJECUCIONES HIPOTECARIAS Real Decreto Ley 11/2014 de 5 de septiembre de medidas urgentes en materia concursal.

NOVEDADES EN EJECUCIONES HIPOTECARIAS Real Decreto Ley 11/2014 de 5 de septiembre de medidas urgentes en materia concursal.

 

El 17 de Julio de 2014 se dictó una nueva Sentencia (STJUE de 17 de Julio de 2014, asunto C-169/14) con una incidencia vital en los ejecutados hipotecarios.

Los medios de comunicación no especializados no han dado la relevancia real a esta sentencia que declaraba, de nuevo, el procedimiento de ejecución hipotecaria abusivo porque favorecía a los ejecutantes y no a los ejecutados al establecer la desigualdad de armas ya que el ejecutante podía recurrir el sobreseimiento del procedimiento mientras que el ejecutado no podía recurrir si sus alegaciones en oposición no eran estimadas.

Este blog abordó este importante asunto en un post de 21-4-2104 a raíz de una cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Juzgado de Instancia 7 de Avilés (al que deberían premiar por su visión jurídica).

El 17-7-2014, el mismo día que se publicó la STJUE, recibí notificación de un asunto en donde habíamos planteado la cuestión de inconstitucionalidad con el razonamiento de la desigualdad de armas y que el juzgado rechazó en los términos que expusimos en este post

NOVEDADES

El BOE de hoy, día 6-9-2014, incluye el Real Decreto-Ley 11/2014 de 5 de septiembre, de medidas urgentes en materia concursal en el que en su Disposición final tercera aborda la modificación de la Ley De Enjuiciamiento Civil, ART 695. 4 LEC; en el sentido de permitir el acceso a la segunda instancia de los ejecutados a través del recurso de apelación cuando se alegue el carácter abusivo de una cláusula contractual que constituya el fundamento de la ejecución o que hubiese determinado la cantidad exigible.

ANTES DE LA REFORMA DESPÚES DE LA REFORMA
  1. Contra el auto que ordene el sobreseimiento de la ejecución o la inaplicación de una cláusula abusiva podrá interponerse recurso de apelación.

Fuera de estos casos, los autos que decidan la oposición a que se refiere este artículo no serán susceptibles de recurso alguno y sus efectos se circunscribirán exclusivamente al proceso de ejecución en que se dicten

«4. Contra el auto que ordene el sobreseimiento de la ejecución, la inaplicación de una cláusula abusiva o la desestimación de la oposición por la causa prevista en el apartado 1.4.º anterior, podrá interponerse recurso de apelación.

Fuera de estos casos, los autos que decidan la oposición a que se refiere este artículo no serán susceptibles de recurso alguno y sus efectos se circunscribirán exclusivamente al proceso de ejecución en que se dicten.»

 

 

El Real Decreto-Ley en su “Disposición transitoria cuarta. Régimen transitorio en los procedimientos de ejecución” establece varias condicione para formular recurso de apelación:

1.- Que no hayan culminado con la puesta en posesión del inmueble

2.- Que se haya dictado auto desestimatorio en relación al art 695.4 LEC sobre la determinación de la cantidad exigible amparándose en cláusulas abusivas.

3.- Plazo preclusivo de un mes (ojo responsabilidad de los abogados) cuyo plazo comenzara desde el día siguiente a la entrada en vigor del Real Decreto Ley

 

4.- Qué el recurso apelación se base en las causas de oposición en el art 557.1, 7º y 695.1,4º LEC

“Disposición transitoria cuarta. Régimen transitorio en los procedimientos de ejecución”

  1. La modificaciones de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, introducidas por la disposición final tercera del presente real decreto-ley serán de aplicación a los procedimientos de ejecución iniciados a su entrada en vigor que no hayan culminado con la puesta en posesión del inmueble al adquirente conforme a lo previsto en el artículo 675 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
  2. En todo caso, en los procedimientos de ejecución en curso a la entrada en vigor de este real decreto-ley en los que se hubiere dictado el auto desestimatorio a que se refiere el párrafo primero del apartado 4 del artículo 695 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en la redacción dada por este real decreto-ley, las partes ejecutadas dispondrán de un plazo preclusivo de un mes para formular recurso de apelación basado en la existencia de las causas de oposición previstas en el apartado 7.º del artículo 557.1 y en el apartado 4.º del artículo 695.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Dicho plazo se computará desde el día siguiente a la entrada en vigor de este real decreto-ley.
  3. La publicidad de la presente disposición tendrá el carácter de comunicación plena y válida a los efectos de notificación y cómputo de los plazos previstos en el apartado 2 de esta disposición, no siendo necesario en ningún caso dictar resolución expresa al efecto.”

NUEVO CURSO, NUEVO PROYECTO, MÁS ILUSIONES Y ESFUERZO

Tal y como anunciamos ayer en twitter inauguramos una nueva sede en Santa Cruz de Tenerife en la Calle Ruiz Padrón 28, Edificio Orquídea, Portal 5, 5º L.

La decisión ha sido y no ha sido meditada. Ha sido meditada porque la necesidad de abrir un nuevo despacho en Santa Cruz está desde principios de año. Las videoconferencias, las horas de reuniones, etc eran programadas para poder conciliar la vida laboral con la personal. 

Mi hijo tiene un año más y he tenido muchas solicitudes de particulares que querían y quieren que les asesore pero que les costaba trasladarse a mi anterior despacho. La solución adoptado a este problema era un desplazamiento al estilo de los asesores fiscales de empresas que acuden a las sedes para realizar su trabajo. Sin embargo, a estas alturas la demanda es importante y ya perdía mucho tiempo de trabajo en carretera.

Unido a esto, varios despachos importantes se han fijado en nosotros para que les llevemos sus asuntos en Tenerife( hasta ahora con cierto éxito) lo que suponía estar tres o cuatro días por la mañana y alguna tarde en Santa Cruz.

Por ello, no ha quedado otro remedio que abrir un nuevo despacho en un céntrico lugar de Santa Cruz de Tenerife que os invito a que lo conozcáis.

Muchas gracias a todos los que habéis confiado en nosotros como asesores, consejeros y confidentes de vuestro problemas y soluciones.; y muchas gracias a todos los que os ha alegrado la noticia y nos habéis felicitado en twitter.

Un abrazo a todos y muchas gracias