NUEVO RECURSO DE APELACIÓN EN LAS EJECUCIONES HIPOTECARIAS. SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN.

NUEVO RECURSO DE APELACIÓN EN LAS EJECUCIONES HIPOTECARIAS. SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN.

El 6-9-2014 publiqué un post titulado NOVEDADES EN EJECUCIONES HIPOTECARIAS Real Decreto Ley 11/2014 de 5 de septiembre de medidas urgentes en materia concursal. En el post abordaba la nueva posibilidad que aparecía a los ejecutados como la Virgen de Fátima a los pastores.

Ha pasado más de un mes y me gustaría compartir mi pequeña experiencia.

De modo previo, creo que debo aclarar que mi experiencia es un juzgado del tengo la mejor de las opiniones porque hacen bien las cosas. Más allá de discrepar en las resoluciones cuando no estiman mis pretensiones creo en la solvencia profesional de quienes trabajan allí pero de verdad.

En fin, lo que hicieron en ese Juzgado en primer lugar es comunicar la entrada en vigor de la norma y otorgarme un plazo de veinte días desde la notificación para presentar la apelación. En la práctica sucedió que fue un plazo mayor que el del mes del RDLey.

En segundo lugar y vía intercambio de opiniones accedieron a suspender la subasta fijada de modo previo a la entrada en vigor de la norma. En este sentido, quiero entender que el art 456 LEC otorga efectos devolutivo y suspensivo al recurso de apelación en este asunto puesto que el Auto, ahora, ya no pone fin al proceso.

Para suspender presentamos un escrito sencillo (pero bien hecho) solicitando dicha suspensión con base a daños de imposible reparación en caso de realizar la subasta y la adjudicación a terceros.

Espero que os ayude mi experiencia.

NULIDAD DE LICENCIAS, SERVIDUMBRE DE VISTAS, RESPONSABILIDADES VARIAS Y OTROS DETALLES.

El post de hoy es de servidumbres de luces y vistas. Si, después de tantos años, después de Castanes y otros libros y manuales el 3-10-2014 sale una recentísima STS que nos remite al art 582 y 584 de nuestro añejo Código Civil.

El supuesto de hecho es, mutatis mutandi, un edificio que cede unos metros para que se construya una vía peatonal de uso público que se declare de dominio público y así poder tener fachada a vía pública y así abrir ventanas y huecos en la fachada. Esos metros y esa vía pública existen en el PGOU.

Hay una serie de vicisitudes, incluido paralización de obra, que nos lleva a la sentencia; STS 3854/2014, REC 2328/2012, RESOLUCIÓN 518/2014:

El recurso de casación que ha interpuesto la demandante en la instancia xxxx promotora de la construcción del EDIFICIO001 ” cuya obra ha sido suspendida por la sentencia firme mencionada de interdicto de obra nueva, contiene, como se ha dicho, dos motivos, ambos con similar contenido.

 El primero de ellos alega la infracción de los artículos 584 y 582 del Código civil y de la jurisprudencia que cita.

 Estos artículos disponen las distancias entre obras, como límite -aunque el Código civil las denomina servidumbres legales- al derecho de propiedad. Conviene advertir que esto se corresponde al segundo inciso del apartado primero del suplico de la demanda, pero no al resto de los pedimentos, pese a lo cual en el suplico del presente recurso de casación se interesa la estimación de todos los pedimentos y también es de recordar que la sentencia del interdicto acuerda la suspensión de la obra, uno de cuyos motivos, solamente uno, es el tema de las distancias.

 El artículo 582 del Código civil dispone, con carácter general, este límite al derecho de propiedad:

 No se puede abrir ventanas con vistas rectas, ni balcones u otros voladizos semejantes, sobre la finca del vecino, si no hay dos metros de distancia entre la pared en que se construyan y dicha propiedad. Tampoco pueden tenerse vistas de costado u oblicuas sobre la misma propiedad, si no hay 60 centímetros de distancia..

 Y el 584 constituye una excepción al anterior:

 Lo dispuesto en el artículo 582 no es aplicable a los edificios separados por una vía pública.

 En el presente caso, la parte demandante mantiene que no se le puede aplicar las distancias del primero de estos artículos, porque su edificio está separado del contrario por una vía pública; lo decisivo es el concepto de vía pública. Este es un concepto jurídico, no es de mero hecho.

 La sentencia del Juzgado de 1a Instancia, confirmada por la Audiencia Provincial en grado de apelación, declara -pronunciamiento firme, consentido por ambas partes- que la franja de terreno de autos, que es la discutida y que se plantea en este motivo de apelación

 “está destinada a zonas de aparcamiento y desahogo de aquel edificio” ( EDIFICIO000 ) y “se encuentra incluido en el plan general de ordenación urbana de Nerja” y la calificación -es importante- es “de terrenos de dominio público destinados a la viales peatonales y áreas libres públicas quedando pendiente la transmisión al Ayuntamiento de la titularidad dominical sobre la referida franja de terreno en tanto en cuanto no se haga efectivo la gestión del referido planeamiento” .

  

Es preciso traer a colación la sentencia de esta Sala del 24 diciembre 1996 que declara rotundamente que la inclusión en un plan de urbanismo no convierte terrenos de propiedad privada destinados a viales en dominio público, sino a través del acta de entrega y aceptación. Dice así:

 

La inclusión en un plan general de ordenación de un terreno de propiedad privada como destinado a viales y la obligación … no determinan por sí solas la conversión en dominio público municipal de esos terrenos, sino que es necesario para ello que esa cesión gratuita de viales, establecida en los sistemas de actuación urbanística se lleve a cabo con arreglo a las normas de procedimiento aplicables, normas que son de inexcusable observancia, debiendo señalarse que la cesión, como cumplimiento de esa obligación impuesta a los propietarios de suelo urbano por la legislación urbanística, se produce con la correspondiente acta de entrega y recepción, que produce la transmisión al Ayuntamiento de la titularidad dominical.

 

Lo cual -tanto la sentencia firme de este proceso como la transcrita de esta Sala- lleva a la conclusión de que la vía que es discutible, franja de terreno entre los EDIFICIO000 ” y ” EDIFICIO001 ” puede ser utilizada por el público, pero no tiene el concepto jurídico de vía pública; es un paso de hecho, propiedad de la comunidad demandada ( EDIFICIO000 “), pero no es vía pública.

 

Se mantiene -como no podía ser menos- la declaración del fallo de las sentencias del Juzgado y de la Audiencia Provincial de Málaga sobre el actual dominio privado del terreno por la comunidad, aunque incluida en un plan urbanístico, pero es dominio privado sin perjuicio de la transmisión del mismo al Ayuntamiento, en su día y si procede, tal como también declara con carácter general la sentencia dictada de esta Sala.

 

En consecuencia, no es vía pública en el sentido jurídico que aquí interesa, aunque puede ser un paso tolerado, una situación de hecho, pero el dominio privado se ha declarado en sentencia firme y al tiempo de la demanda no se había producido la transmisión dominical al Ayuntamiento “

Lo curioso de esta sentencia, a mi modo de ver, es:

1.-º La cada vez más común transversalidad de aplicación del Derecho puesto que entra tangencialmente en conceptos jurídicos administrativos.

2.-º La importancia de la correcta formalización de los convenios urbanísticos.

3.º- La importancia del título y modo en nuestro ordenamiento jurídico en relación a la transmisión de la propiedad a través del negocio jurídico que sea.

4.º- Pese que no entra directamente a conocer, la posible responsabilidad del Ayuntamiento, puesto que desde instancia razonan que : “Se trata de determinar si dicha franja de terreno es de propiedad particular del EDIFICIO000 como figura en el Registro de la Propiedad, o si, por el contrario, es una calle pública, como calle peatonal de uso público según consta en el ordenamiento urbanístico desde las normas subsidiarias hasta el actual Plan General de Ordenación Urbana y que por la inactividad del Ayuntamiento no fue objeto de cesión previa a la concesión de la correspondiente licencia de obras a favor de la Comunidad Cervantes.”

5.º- La nulidad de la licencia, de las cédulas, etc con la responsabilidad que ello conlleva ex art 102 LRJPAC.

EL PRECIO DEL BILLETE DE AVIÓN INCLUYE LA MALETA. FELIZ VUELO SOBRECOSTE DE MALETAS. STJUE, Sala Quinta, asunto C487/12

EL PRECIO DEL BILLETE DE AVIÓN INCLUYE LA MALETA. FELIZ VUELO SOBRECOSTE DE MALETAS.

EL 18-9-2014 EL STJUE, Sala Quinta, asunto C487/12 plantea una cuestión prejudicial con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 1 de Ourense mediante auto de 23-10-2012 (#GaliciaCalidade) en un procedimiento entre Vueling Airlines SA y el Instituto Galego de Consumo (IGC) de la Xunta (tengo el orgullo de ser miembro de una de las primeras promociones de su postgrado de Experto en Derecho de Consumo)

El supuesto de hecho

Persona A compra billetes de avión para 4 personas y factura dos maletas. Vueling añade un recargo de 40 €, 10 por equipaje y trayecto al precio base.

Hay una denuncia. El IGC tramita expediente sancionador y resuelve imponiendo 3.000 eurazos. “La sanción se fundó en la violación del artículo 97 de la LNA, así como de otras disposiciones de la normativa española relativa a la protección de los consumidores, en particular, de los artículos 82, 86, 87 y 89 de la Ley para la Defensa de los Consumidores.”

La sancionada acude al contencioso y sostiene que “el Derecho de la Unión Europea, en particular, el artículo 22 del Reglamento nº 1008/2008, establece un principio de libre fijación de precios, según el cual los transportistas aéreos pueden fijar un precio base de los billetes que no incluya la facturación de equipaje e incrementar posteriormente dicho precio en el supuesto de que el cliente desee realizar tal facturación. El Instituto Galego de Consumo aduce, por el contrario, que la normativa de la Unión relativa a la libertad de fijación de precios en el transporte aéreo no se opone a las disposiciones del Derecho español que, al regular el contenido del contrato de transporte aéreo, reconocen a los pasajeros el derecho a incluir, de manera automática, dentro de la prestación del servicio, la facturación de una maleta de determinadas características

El órgano jurisdiccional remitente entiende que “el Derecho español reconoce claramente al consumidor el derecho a facturar equipaje de determinadas características en todo caso y sin sobrecoste sobre el precio base del billete de avión. A su entender, tal derecho constituye una medida lógica y razonable de protección del consumidor, que afecta a la propia dignidad del pasajero. Considera que, puesto que se inserta en la definición legal del contrato de transporte aéreo, entre las prestaciones que con carácter general deben realizar todas las compañías dedicadas a esa actividad, este derecho no se opone a la liberalización de las tarifas aéreas” y que “corresponde al pasajero decidir si factura o no equipaje y que el transporte del equipaje facturado influye también en los gastos de combustible y gestión del vuelo. Pero, a su juicio, también lo hace el peso específico del propio pasajero, o la utilización del cuarto de baño del avión durante el viaje, y no por ello las compañías aéreas pueden cobrar un recargo suplementario, porque, según dicho órgano jurisdiccional, se afectaría a su propia dignidad y a sus derechos como consumidor.”

Finalmente, cuestión interesantísima, en mi opinión, la compradora “resultó atraída por el bajo precio del billete anunciado en el sitio de Internet de Vueling Airlines. Durante el procedimiento de compra del billete, descubrió que el precio anunciado no incluía la posibilidad de facturar una maleta, para un viaje en el que lógicamente habría que facturar equipaje. De este modo, según el órgano jurisdiccional remitente, el consumidor se vio obligado a renunciar no sólo al derecho reconocido por la normativa española a facturar una maleta por pasajero, sino también a pagar un sobrecoste no anunciado previamente en el sitio de Internet de la compañía aérea de que se trata, por la facturación del equipaje.”

 

La cuestión prejudicial.

El órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 22, apartado 1, del Reglamento nº 1008/2008 se opone a una norma nacional que obliga a las compañías aéreas a transportar, en cualquier circunstancia, no sólo al pasajero, sino también el equipaje facturado de éste, siempre que el equipaje responda a determinados requisitos relativos en particular a su peso, por el precio del billete de avión, sin que pueda exigirse ningún suplemento de precio por el transporte de tal equipaje.

Después de muchas consideraciones, el apartado 45 evacua en el siguiente sentido “(…) una norma nacional que exige que el precio que debe pagarse por el transporte del equipaje facturado esté, en cualquier circunstancia, incluido en el precio base del billete de avión, prohíbe toda fijación de un precio distinto para un título de transporte que incluya el derecho a facturar equipaje y para un título de transporte que no prevea tal posibilidad. Por tanto, no sólo es contraria al derecho de los transportistas aéreos a fijar libremente el precio que debe pagarse por el transporte de pasajeros en los servicios aéreos y las condiciones de aplicación de dichos precios, conforme a los artículos 2, número 18, y 22, apartado 1, del Reglamento nº 1008/2008, sino que igualmente puede menoscabar, en particular, el objetivo perseguido por este Reglamento, consistente en hacer posible la comparabilidad real de tales precios, por cuanto los transportistas aéreos a los que afecta la referida norma nacional no están autorizados a ofrecer una tarifa separada para el servicio de transporte del equipaje facturado, mientras que las compañías aéreas sujetas a la normativa de otro Estado miembro sí pueden hacerlo.”

 

Resuelve, finalmente que El artículo 22, apartado 1, del Reglamento (CE) nº 1008/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de septiembre de 2008, sobre normas comunes para la explotación de servicios aéreos en la Comunidad, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una norma, como la controvertida en el litigio principal, que obliga a las compañías aéreas, en cualquier circunstancia, a transportar no sólo al pasajero, sino también el equipaje facturado de éste, siempre que el equipaje responda a determinados requisitos relativos en particular a su peso, por el precio del billete de avión, sin que pueda exigirse ningún suplemento de precio por el transporte de tal equipaje.”

Un día busco la sentencia en virtud de la cual Ryanair permite llevar de mano sin cobrar bolsas con las compras en el aeropuerto.

LA MAQUINACIÓN FRAUDULENTA EN EL PROCEDIMIENTO CIVIL. OCULTACIÓN DEL DOMICILIO DEL DEMANDADO.

LA MAQUINACIÓN FRAUDULENTA EN EL PROCEDIMIENTO CIVIL. OCULTACIÓN DEL DOMICILIO DEL DEMANDADO.

Todos los abogados nos hemos encontrado con el problema de la citación o emplazamiento del demandado. Normalmente aportamos el domicilio que conocemos, algún otro que nos suena y solicitamos al PNJ la búsqueda de otros si los hubiera. Si todo este despliegue de búsqueda no fuera suficiente solicitamos la citación por edictos.

Nuestro compañero, invitado de hoy, tuvo una mejor ocurrencia que al final no salió como esperaba que resuelve de modo claro la STS 3178/2014, de 22-7-2014, ponente Excmo Sr. Salas Carceler,

En fin, el supuesto de hecho es un demandante ejercita acción de resolución de contrato de arrendamiento que es estimada.

El demandado ejercita demanda de revisión con base al art 510.4º LEC y alega que la rebeldía de la demandada sostenida en el tiempo no se instó en forma adecuada porque el actor conocía y le constaba el verdadero domicilio a través de burofax informando del cambio del mismo.

El FD TERCERO de la STS 3178/2014 explica de un modo sencillo y claro en que consiste la maquinación fraudulenta:

De todo ello cabe extraer la presencia de una actuación fraudulenta en cuanto a la búsqueda de la parte demandada que impidió a ésta la oportunidad de actuar y defenderse en el proceso, causándole indefensión. La sentencia de esta Sala de 15 de octubre de 2005 afirma que «la maquinación fraudulenta está representada por una concreta actuación maliciosa, que supone aprovechamiento astuto y deliberado de determinada situación, llevada a cabo por el litigante vencedor, mediante actos procesales voluntarios directos e inmediatos que ocasionaron grave irregularidad procesal, instaurando situación de indefensión ( Sentencias de 5-7-1994 , 22-5-1996 y 19-2-1998)». Por su parte , la de 13 de junio de 2005 señala que «se estima que hay maquinación fraudulenta en aquel demandante en el proceso, demandado de revisión, que evitó el emplazamiento personal de la demandada del proceso principal, no así de la demanda de ejecución y los actuales demandantes de revisión no conocieron el proceso ni su sentencia, que también se notificó por edictos» .

En igual sentido se ha pronunciado esta Sala en sentencia no 430/2013 (Rev. 47/2009). Se dice en ella que la maquinación fraudulenta «consiste en una actuación maliciosa que comporte aprovechamiento deliberado de determinada situación, llevada a cabo por el litigante vencedor, mediante actos procesales voluntarios que ocasionan una grave irregularidad procesal y originan indefensión ( SSTS de 5 de julio de 1994 , 22 de mayo de 1996 y 19 de febrero de 1998 )….». Se añade que «una de las manifestaciones de la maquinación fraudulenta que permite la revisión de la sentencia es aquella en que incurre quien ejercita una acción judicial cuando oculta el domicilio de la persona contra la que estaba dirigida, alegando que lo desconoce para interesar que se le emplace por edictos y se sustancie el procedimiento en rebeldía ( STS de 14 mayo 2003 , 9 de mayo de 2007 , 6 de septiembre de 2007 ). Esta causa de revisión ha sido relacionada por la jurisprudencia con el derecho a la tutela judicial efectiva y con el carácter subsidiario que, según la jurisprudencia constitucional, debe tener el emplazamiento o citación por edictos, de tal manera que solo cabe acudir a él como última solución cuando no se conoce el domicilio de la persona que deba ser notificada o se ignora su paradero por haber mudado de habitación…..».

Insiste la misma sentencia en que «no cabe prescindir de la llamada a juicio en forma personal cuando existe una posibilidad directa o indirecta de localizar al interesado y hacerle llegar el contenido del acto de comunicación ( STS 19 de febrero de 1998 ). En consecuencia, el actor tiene la carga procesal de que se intente dicho acto en cuantos lugares existe base racional suficiente para estimar que pueda hallarse la persona contra la que se dirige la demanda y debe desplegar la diligencia adecuada en orden a adquirir el conocimiento correspondiente, aunque no cabe exigirle una diligencia extraordinaria ( STS 3 de marzo de 2009 )…..».

Concluye, en cuanto a ello, dicha sentencia afirmando que «la maquinación fraudulenta consistente en la ocultación maliciosa del domicilio del demandado concurre objetivamente no solo cuando se acredita una intención torticera en quien lo ocultó, sino también cuando consta que tal ocultación, y la consiguiente indefensión del demandado, se produjo por causa imputable al demandante y no a aquél ( SSTS 9 de mayo de 1989 ; 10 de mayo de 2006 , 14 de junio 2006 , 15 de marzo de 2007 )» ( STS n.o 297/2011, de 14 de abril REV n. o 58/2009)….».

Mi padre dice que lo barato sale caro y que no vale la pena hacer trampas porque se coge antes a un mentiroso que a un cojo.