Más prevaricación. Ahora de un juez.

Más prevaricación. Ahora de un juez.

El 30-3-2015 publicamos en este blog un post sobre la prevaricación vista a través de un par de sentencias.

Hoy hacemos una adenda -que diría una profesora que tuve de Derecho Civil- con una nueva sentencia sobre un juez que fue inhabilitado por la realización de algún que otro acto injusto a sabiendas. Mas allá del contenido, me llama la atención que en el CENDOJ lo describa con un escueto “Sentencia”.

En todo caso, hoy traemos al blog la STS 1516/2015 de 21-4-2015; Sala 2ª, rec 2196/2014. La Sentencia, que corto y pego, analiza exhaustivamente los requisitos de la prevaricación. En todo caso, recomiendo su lectura para aquellos que creen que todo vale si es para ejecutar la justicia que ellos creen que otros se merecen y que dan igual los Derechos Fundamentales si la “causa lo merece”

EL FD TERCERO, a partir del párrafo tercero:

“Con respecto al delito de prevaricación el examen ha de realizarse de forma especial sobre las concretas resoluciones judiciales, analizadas en sí mismas. La testifical en estas causas cede esa capacidad probatoria pues el núcleo de la tipicidad es la resolución y esta se documenta. La base probatoria son las resoluciones cuya prevaricación es objeto de acusación y que integran el núcleo central del hecho objeto del proceso. Además, también es preciso recordar como hemos dicho respecto al delito de prevaricación judicial es un delito de técnicos en derecho, por ello, hay que eliminar los adjetivos de resolución “esperpéntica”, “apreciable por cualquiera”, etc, que hemos declarado para calificar el elemento objetivo de este tipo penal respecto a otros funcionarios públicos que no son técnicos en derecho.

Desde un punto de vista objetivo debe tratarse de una resolución injusta, lo que supone un plus respecto de la mera ilegalidad que puede ser corregible vía recurso. Tal injusticia tiene un claro matiz objetivo en la medida en que la resolución concernida, cuya acreditación resulta de la mera comprobación de la resolución y de su examen, pues de la misma resulta incorporada no sólo su constatación documental sino también la exigencia de injusticia de la resolución. En términos de la STS 2/1999 de 15 de Octubre , el carácter objetivo de Con respecto al delito de prevaricación el examen ha de realizarse de forma especial sobre las concretas resoluciones judiciales, analizadas en sí mismas. La testifical en estas causas cede esa capacidad probatoria pues el núcleo de la tipicidad es la resolución y esta se documenta. La base probatoria son las resoluciones cuya prevaricación es objeto de acusación y que integran el núcleo central del hecho objeto del proceso. Además, también es preciso recordar como hemos dicho respecto al delito de prevaricación judicial es un delito de técnicos en derecho, por ello, hay que eliminar los adjetivos de resolución “esperpéntica”, “apreciable por cualquiera“, etc, que hemos declarado para calificar el elemento objetivo de este tipo penal respecto a otros funcionarios públicos que no son técnicos en derecho.

Desde un punto de vista objetivo debe tratarse de una resolución injusta, lo que supone un plus respecto de la mera ilegalidad que puede ser corregible vía recurso. Tal injusticia tiene un claro matiz objetivo en la medida en que la resolución concernida, cuya acreditación resulta de la mera comprobación de la resolución y de su examen, pues de la misma resulta incorporada no sólo su constatación documental sino también la exigencia de injusticia de la resolución. En términos de la STS 2/1999 de 15 de Octubre , el carácter objetivo de la injusticia supone que “el apartamiento de la función judicial propia del Estado de Derecho se da cuando como ya se dijo la aplicación del derecho se ha realizado desconociendo los medios y métodos de interpretación del derecho aceptable en el Estado de Derecho” y ello resulta de la constatación documental de la resolución objeto de la imputación de prevaricación.

El elemento subjetivo del tipo, concretado en la expresión “a sabiendas“, es decir tener conciencia del total apartamiento de la legalidad y de las interpretaciones usuales y admisibles en derecho, debe ser puesto y valorado desde la condición del Juez de técnico en derecho y por tanto conocedor del mismo. Dicho de otro modo, el elemento subjetivo se cumple cuando el Juez sabe que su resolución no es conforme a derecho y se aparta de los métodos usuales de interpretación siendo su voluntad la única explicación posible.

Dijimos en la STS 571/2012, de 29 de junio , respecto al contenido de la exigencia de una resolución injusta “es un requisito de la tipicidad del delito de prevaricación doloso e imprudente y se integra como elemento nuclear de la tipicidad de la prevaricación. La diferenciación en orden a la calificación de la resolución es que, en el delito doloso, la resolución ha de ser injusta, en tanto que en la modalidad imprudente, la resolución ha de ser manifiestamente injusta. La diferencia entre una y otra implica una valoración de mayor gravedad sobre el contenido de la injusticia de la resolución”.

La jurisprudencia en orden a la conceptuación de lo que debe entenderse por resolución injusta, ha abandonado posiciones subjetivas, que hacían depender de la subjetividad del juez lo justo de lo injusto, y construye su contenido en el quebrantamiento del derecho objetivo, que se produce cuando la aplicación realizada del derecho no resulta objetivamente sostenible, según los métodos generalmente admitidas en la interpretación del derecho. Se exige, por lo tanto, una indudable infracción del derecho, y, además, una arbitrariedad en el ejercicio de la jurisdicción.

Lo injusto y lo justo no depende, por lo tanto, de la voluntad del juez, sino de la misma aplicación de la norma y realizada ésta es justa cuando el juez la aplica acudiendo a fuentes de interpretación validas y admisibles.

En nuestra jurisprudencia se ha compendiado la doctrina sobre la prevaricación ( STS 101/2012, de 27 de febrero ) en los siguientes términos: “En la interpretación de la injusticia de la resolución esta Sala ha acudido a una formulación objetiva de manera que, como dijimos en la STS 755/2007, de 25 de septiembre , puede decirse que tal condición aparece cuando la resolución, en el aspecto en que se manifiesta su contradicción con el derecho, no es sostenible mediante ningún método aceptable de interpretación de la Ley ( STS núm. 1497/2002, de 23 septiembre ), o cuando falta una fundamentación jurídica razonable distinta de la voluntad de su autor ( STS núm. 878/2002, de 17 de mayo ) o cuando la resolución adoptada – desde el punto de vista objetivo- no resulta cubierta por ninguna interpretación de la ley basada en cánones interpretativos admitidos ( STS núm. 76/2002, de 25 de enero )”. Cuando así ocurre, se pone de manifiesto que el sujeto activo del delito no aplica la norma dirigida a la resolución del conflicto, sino que hace efectiva su voluntad, sin fundamento técnico-jurídico aceptable.

Son muchas las Sentencias de esta Sala que reproducen estos criterios. En todas ellas destacamos la particularidad de la prevaricación judicial: de una parte, la mayor gravedad de este delito frente a la prevaricación administrativa; y, de otra, que la prevaricación judicial es un delito de técnicos del Derecho, de ahí que no deban trasladarse “sic et simpliciter” los calificativos que tradicionalmente ha utilizado la jurisprudencia para definir el acto injusto, como “esperpéntica”, “apreciable por cualquiera”, etc., pues éstos han sido forjados para funcionarios no técnicos en Derecho.

Dijimos en la Sentencia 101/2012, de 27 de febrero y reproducimos que: “La falta de acierto en la legalidad y la injusticia no son lo mismo, pues la legalidad la marca la ley y la interpretación que de la misma realice el órgano dispuesto en la organización de tribunales como superior en el orden jurisdiccional de que se trate, en tanto que la injusticia supone un plus , una acción a sabiendas de la arbitrariedad de la decisión judicial adoptada”.

Por último, la resolución será injusta tanto cuando se refiere a la aplicación arbitraria de una norma sustantiva al hecho sujeto a decisión, como cuando la actuación judicial se realiza, de forma arbitraria, fuera de competencia o sin observar las normas del proceso debido. “

De la lectura de la sentencia podemos extraer detalles que complementan este último párrafo. Pero ello será un trabajo de casa que este blog también se está adaptando a las normas de Bolonia.

Requisitos para la casación para unificación de doctrina. Contencioso.

Requisitos para la casación para unificación de doctrina. Contencioso.

Hoy volvemos al corta y pega y traemos la STS 1482/2015 de 9-4; Secc 2 Sala Tercera del TS, Ponente Manuel Martín Timón.

El supuesto de hecho consiste en el fallecimiento del causante y la Administración Tributaria Canaria gira liquidación complementaria. Tras un cúmulo de alegaciones recursos estimados y nuevos expedientes, llegamos al TEAR, a la Jurisdicción Contenciosa y al TS.

La letrada del Servicio Jurídico recurre con unas sentencias de contraste que no corresponden a los requisitos requeridos que el TS detalla en esta Sentencia:

Los requisitos de forma para la de admisión son:

  1. a) El plazo de presentación, que es el de 30 días, contados desde el siguiente a la notificación de la sentencia ante la Sala de instancia ( art. 97.1 L.J.CA );
  2. b) La cuantía, que no puede ser inferior a 30.000 euros (art. 96.3) y la materia, que no puede ser ninguna de las expresamente excluidas en el artículo 86.2,b;
  3. c) en cuanto a la sentencia o sentencias que se aleguen como de contraste, han de ser firmes, lo que ha de acreditarse acompañando certificación de las mismas con mención de su firmeza o, en su defecto, copia simple de su texto y justificación documental de haberse solicitado aquélla. No obstante, cuando se trate de sentencias firmes que anulen una disposición general, y en el de sentencias firmes que anulen un acto administrativo que afecte a una pluralidad indeterminada de personas, basta con indicar el periódico oficial en que hubiesen sido publicadas, ( artículo 97.2, en relación con el 72.2 de la L.J.C.A ).

Los requisitos de fondo son los de identidad sustancial de hechos, fundamentos y pretensiones entre la sentencia impugnada y la sentencia o sentencias que se aleguen como de contraste y que han llegado a pronunciamientos distintos y el relato, preciso y circunstanciado de esas identidades e infracción legal que se imputa a la sentencia impugnada ( artículos 96.1 y 97.1 de la L.J.C.A).

Haciendo referencia a estos últimos requisitos, la Sentencia de esta Sala de 15 de diciembre de 2014 (recurso de casación para la unificación de doctrina 1812/2014 ), recordando una vez más lo que se señalara en la de 20 de abril de 2004 ha puesto de relieve que, “la contradicción entre las sentencias aportadas para el contraste y la impugnada debe establecerse sobre la existencia de una triple identidad de sujetos, fundamentos y pretensiones. No cabe, en consecuencia, apreciar dicha identidad sobre la base de la doctrina sentada en las mismas sobre supuestos de hecho distintos, entre sujetos diferentes o en aplicación de normas distintas del ordenamiento jurídico.

Si se admitiera la contradicción con esta amplitud, el recurso de casación para la unificación de doctrina no se distinguiría del recurso de casación ordinario por infracción de la jurisprudencia cuando se invocara la contradicción con sentencias del Tribunal Supremo. No se trata de denunciar el quebrantamiento de la doctrina, siquiera reiterada, sentada por el Tribunal de casación, sino de demostrar la contradicción entre dos soluciones jurídicas recaídas en un supuesto idéntico no sólo en los aspectos doctrinales o en la materia considerada, sino también en los sujetos que promovieron la pretensión y en los elementos de hecho y de Derecho que integran el presupuesto y el fundamento de ésta. Debe, pues, apreciarse una incompatibilidad lógica entre ambos pronunciamientos, sin margen alguno de interpretación de normas diversas, de aplicación de las mismas sobre supuestos de hecho distintos o de diferente valoración de las pruebas que permita, independientemente del acierto de uno u otro pronunciamiento, justificar a priori la divergencia en la solución adoptada.

Como dice la sentencia de esta Sala de 26 de diciembre de 2000 , la contradicción entre las sentencias contrastadas ha de ser ontológica, esto es, derivada de dos proposiciones que, al propio tiempo, no pueden ser verdaderas o correctas jurídicamente hablando y falsas o contrarias a Derecho. Esta situación no presenta analogía alguna con la de sentencias diferentes, pese a la identidad de planteamientos normativos o de hecho entre ambas, en función del resultado probatorio que haya podido apreciarse en unas u otras”.

Me hicieron una encuesta. Mi experiencia.

Me hicieron una encuesta. Mi experiencia.

Hoy me aparto del corta y pega habitual de sentencias y cosas varias que me interesan conservar a mano en el blog para contar una –no se si llamarlo anécdota- encuesta que me hicieron.

Me llama una persona muy amable al teléfono móvil –ojo, primer dato curioso- diciendo que era de Metroscopia y que estaba haciendo una encuesta sobre la situación de la justicia en España desde la óptica de los abogados.

Como elemento previo quiero aclarar que entiendo que no pueda responder libremente lo que me de la gana y me deba ceñir a unas respuestas o una graduación de la misma para procesar la información. También quiero aclarar que mi condición de gallego con mis respuestas preguntas y el depende me dificulta estas situaciones.

Cosas que recuerdo que me llamaron la atención.

  • El objeto de la encuesta. Han encargado una encuesta a los abogados sobre justicia y no es a través del CGAE ni de los colegios.

  • Muchas de las preguntas fueron sobre la corrupción de los políticos orientadas a decir que eran el mayor mal de este país desde antes de la reconquista.

  • Dos tristes preguntas (que valieran la pena en mi opinión) sobre las tasas y otro par sobre el colapso de la justifica.

  • Otra batería de preguntas tendenciosas sobre que pienso del partido en el gobierno y otras preguntas sobre es que espectro ideológico estoy.

Mi humilde conclusión es que la encuesta está orientada a decir que todos los políticos son corruptos, que todo funciona fatal y que la culpa de todo es del gobierno. No digo yo que lo hayan hecho bien. No digo yo que se hayan equivocado en todo. No digo yo que hayan hecho un “fifti-fifti”.

Lo que digo es que luego se quejan de que las encuestas no aciertan.

Reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos y Rústicos de 31 de marzo de 2015.

Desindexación de la Ley de Arrendamientos Urbanos, Ley de Arrendamientos Rústicos y alguna cosilla más como los contratos públicos.

Los que os habéis atrevido a entrar en el blog y os habéis quedado como yo vais a tener como premio conocer la existencia de la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española.

En primer lugar ¿qué es la desindexación?

La indexación es una práctica que permite modificar los valores monetarios de las variables económicas, de acuerdo con la variación de un índice de precios a lo largo de un período. La indexación con base en índices generales, como el Índice de Precios de Consumo (IPC), aunque es una convención ampliamente extendida, no necesariamente está justificada, ni produce beneficios para el conjunto de una economía desarrollada como la española.”

En segundo lugar, ¿Qué objeto tiene esta Ley?

Constituye el objeto de esta Ley el establecimiento de un régimen basado en que los valores monetarios no sean modificados en virtud de índices de precios o fórmulas que lo contengan.

En tercer lugar ¿Cuál es su ámbito de aplicación?

a) Las revisiones de cualquier valor monetario en cuya determinación intervenga el sector público. A tales efectos, se entiende por sector público el conjunto de organismos y entidades enumeradas en el artículo 3.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

En todo caso, para la aplicación de lo dispuesto en esta Ley a las citadas revisiones de valores monetarios no será necesario que concurra un negocio o relación jurídica incluida en el ámbito de aplicación de dicho texto legal.

  1. b) En los términos previstos en el artículo 7, las revisiones periódicas o no periódicas de rentas de arrendamientos rústicos y urbanos, contraprestaciones de arrendamientos de servicios, suministros y rentas vitalicias o valores monetarios en cualquier otro contrato celebrado entre personas distintas de las contempladas en la letra a).
  2. Quedan excluidos del ámbito de aplicación de esta Ley:
  1. a)  La negociación salarial colectiva.
  2. b)  Las revisiones, revalorizaciones o actualizaciones previstas en el Texto Refundidode la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, y en el Texto Refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, aprobado por el Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril, así como las revisiones del resto de las pensiones abonadas con cargo a los créditos de la sección 07 del Presupuesto de Gastos del Estado, cualquiera que sea su legislación reguladora.
  3. c) Los instrumentos financieros, según lo establecido en el artículo 2 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, de Mercado de Valores.

¿En que nos afecta en la práctica más común?

Pues nos afecta al régimen aplicable a los contratos entre partes privadas (habría que ver el concepto partes privadas) y obliga a que solo se pueda proceder a la revisión periódica del “precio” cuando se haya pactado expresamente. Es decir, la cláusula típica de los contratos de arrendamientos de actualización del precio conforme IPC o índice que los sustituya ahora deberá pactarse expresamente. En consecuencia, se modifican vía Disposición Final la LAU y la LAR que quedan redactadas así:

 

Disposición final primera. Modificación de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos.

La Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos queda modificada como sigue:

Uno. El apartado 1 del artículo 18 queda redactado de la siguiente manera:

«1. Durante la vigencia del contrato, la renta solo podrá ser revisada por el arrendador o el arrendatario en la fecha en que se cumpla cada año de vigencia del contrato, en los términos pactados por las partes. En defecto de pacto expreso, no se aplicará revisión de rentas a los contratos.

En caso de pacto expreso entre las partes sobre algún mecanismo de revisión de valores monetarios que no detalle el índice o metodología de referencia, la renta se revisará para cada anualidad por referencia a la variación anual del Índice de Garantía de Competitividad a fecha de cada revisión, tomando como mes de referencia para la revisión el que corresponda al último índice que estuviera publicado en la fecha de revisión del contrato».

Disposición final segunda. Modificación de la Ley 49/2003, de 26 de noviembre, de Arrendamientos Rústicos.

El apartado 2 del artículo 13 de la Ley 49/2003, de 26 de noviembre, de Arrendamientos Rústicos queda redactado como sigue:

«2. Las partes podrán establecer el sistema de revisión de renta que consideren oportuno. En defecto de pacto expreso no se aplicará revisión de rentas.

En caso de pacto expreso entre las partes sobre algún mecanismo de revisión de valores monetarios que no detalle el índice o metodología de referencia, la renta se actualizará para cada anualidad por referencia a la variación anual del Índice de Garantía de Competitividad».

Entrada y Registro. A propósito del “Asunto Rato”

Esta semana el tema estrella es Rodrigo Rato y su espectacular, cinematográfico y en riguro directo registro. Con la brevedad de un post estos podrían ser los artículos de la LECrim de más interés. Recomiendo, si queréis ampliar la lectura de este artículo de don Oscar Daniel Ludeña Benítez, en www.notificasjuridicas.com

A estas alturas de la tv movie de Rato todos sabemos que el Juez o Tribunal podrá decretar la entrada y registro, de día o de noche, si la urgencia lo hiciere necesario pero siempre con el consentimiento del interesado o, a falta de consentimiento en virtud de auto motivado que se notificará al interesado inmediatamente o dentro de las 24 h de haberse dictado.

¿Qué es prestar consentimiento? Permitir ejecutar los actos de entrada y registro sin invocar la inviolabilidad del art 6 de la Constitución.

a.- Hay consentimiento

En los casos de entrada y registro con consentimiento del titular no es necesaria la presencia del Secretario Judicial. Existiendo el consentimiento del morador en la entrada y registro, la ausencia de secretario judicial y de la correspondiente acta no afecta ni constituye violación del derecho constitucional a la inviolabilidad del domicilio, sin invalidar la diligencia ni generar su nulidad, pero priva del valor de prueba anticipada con plenos efectos en el juicio oral, pues la ausencia de la fe pública legalmente exigida le priva de autenticidad y valor probatorio (STS. 183/2005 de 18.2), pero como diligencia policial puede incorporarse al juicio oral mediante un medio probatorio aceptable en derecho, por ejemplo la declaración testifical de los agentes intervinientes o testigos presenciales debidamente practicada en el juicio con todas las garantías de la contradicción e inmediación (STS 63/2000, 726/2000 y STC 303/93), no impidiendo en nada que mediante otros medios de prueba complementarios se evidencie la ocupación de los efectos intervenidos en el domicilio registrado con autorización y consentimiento de su titular. [STS 362/2011, de 6 de mayo

b.-No hay consentimiento. Requisitos fundamentales (art 569 LEcrim):

  • En presencia del interesado o de la persona que legítimamente lo represente. Lo importante no es quien es el propietario sino el morador cuya intimidad será violentada. Pensemos que interesado e imputado no tienen que ser la misma persona.
  • Si no lo encontrasen o no quisiera concurrir ni nombrar representante se practicará con un familiar mayor de edad.
  • Si no lo hubiere con dos testigos del mismo pueblo. La no presencia testigos (que sustituyen la presencia del interesado) convertiría la diligencia en un acto procesal irregular por su realización sin observancia de la disciplina de garantía que previene la Ley Procesal, pero no será una actuación con vulneración de derechos fundamentales, pues la inviolabilidad del domicilio aparece correctamente enervado mediante la autorización judicial. En su realización se habrían omitido las prevenciones legales previstas para afirmar la corrección de la diligencia, lo que la convertiría en irregular y, por lo tanto ineficaz por sí sola, para la acreditación del hecho que pudiera resultar de la injerencia, pero no empecería que los hechos pudieran acreditarse con otras pruebas que acreditasen la realidad del resultado de la diligencia. [STS 261/2006, de 14 de marzo
  • SIEMPRE en presencia del Secretario del Juzgado o del servicio de guardia que levantará acta del resultado, diligencia, incidencias y que deberá ser firmada por todos los asistentes aunque podrá ser sustituido en la forma prevista en la LOPJ. La ausencia del Secretario Judicial provocará la nulidad de la diligencia.La STS de 12-4-2006, núm. 408/2006 ha destacado que la presencia del Secretario Judicial tiene una triple finalidad: como garantía de legalidad, asegura el cumplimiento de los requisitos legales; como garantía de autenticidad, se robustece de certeza lo ocurrido en el registro y se garantiza la realidad de los hallazgos descubiertos, y como garantía judicial, en la medida que el Secretario forma parte integrante del órgano jurisdiccional autorizante de la diligencia, se garantiza que la intromisión al derecho fundamental se realizó dentro de los limites. El Tribunal Constitucional y ha sido reiteradamente recogido en sentencia de esta Sala que la ausencia de Secretario Judicial en la diligencia de entrada y registro no afecta al derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio cuando ha precedido la correspondiente resolución que lo autoriza. Cuestión distinta es la trascendencia que en el orden procesal puede tener la ausencia del Secretario Judicial en tal diligencia. Y es asimismo reiterada jurisprudencia de esta Sala, que el registro efectuado sin intervención del Secretario Judicial es procesalmente nulo, careciendo de operatividad y total falta de virtualidad a efectos probatorios si bien ello no empece a que merced a otros medios de prueba se evidencie la existencia real de los efectos que se dicen intervenidos y hallados en el domicilio registrado. [STS 381/2010, de 27 de abril (Tol 1847071)]dispuestos en la resolución judicial (STS 1189/2003, de 23-9). [STS 381/2010, de 27 de abril

  1. Otras circunstancias a tener en cuenta.

  • La presencia de un Letrado en la entrada y registro no es, una exigencia derivada de la Ley Procesal Penal, que no regula ese derecho pues no hay norma alguna que establezca esa asistencia en los registros domiciliarios (en este sentido SSTS. 1133/2001, 314/2002, 697/2003, 429/2004, 922/2005), ni es una exigencia constitucional en la medida que los derechos fundamentales en juego aparecen protegidos con la disciplina de garantía que para la diligencia previene la Ley Procesal Penal (STS de 17 de abril de 2002)
  • Es necesario, asimismo, según reiterada jurisprudencia (por ej.: 14.11.2003) cuando se procede a un registro domiciliario y el afectado por tal diligencia se halle detenido, es que en ese registro se encuentre presente el propio imputado. No cabe proceder al mencionado registro dejando al detenido en las dependencias policiales. (STS 262/2006, de 14 de marzo)
  • La falta de notificación al interesado es una irregularidad procesal sin trascendencia constitucional. Lo relevante con trascendencia constitucional es sólo la autorización judicial, ya que el requisito de la notificación al interesado es exigencia de derecho procesal sin alcance constitucional. Sólo en el caso de que el interesado esté a disposición judicial en situación de detenido, será precisa inexcusablemente, además, su presencia ya que la diligencia de registro dada su naturaleza es irrepetible. [STS 947/2006, de 26 de septiembre

Esto es, con la brevedad obligada en un post, algunas de las cuestiones prácticas que suscita el registro más mediático de los últimos tiempos.

Reforma del Código Penal. Quienes no facilitan la relación de bienes en ejecución o ésta es incompleta o mendaz

REFORMA DEL CÓDIGO PENAL (II). COMPLIANCE PENAL. Todos a la cárcel por no facilitar relación de bienes en las ejecuciones judiciales o administrativas

 Bienvenidos a un nuevo post del blog donde vamos a ver cómo podemos saturar más los juzgados de instrucción condenando a la mitad del mundo conocido. No digo yo que no sea necesario algún susto algún caradura pero de verdad hay que plantearse si este código penal estuviera vigente en algún país sin gestión de marketing internacional estarían todos los defensores de los derechos humanos alarmados como, quizás, esté yo.

El nuevo art 258 CP introduce el delito de impedir o dificultar el cobro del acreedor pero a la hora de no presentar la lista de bienes o bien, esta sea incompleta o mendaz.

Artículo

ACTUAL  

REFORMA

Art 258 CP

El responsable de cualquier hecho delictivo que, con posterioridad a su comisión, y con la finalidad de eludir el cumplimiento de las responsabilidades civiles dimanantes del mismo, realizare actos de disposición o contrajere obligaciones que disminuyan su patrimonio, haciéndose total o parcialmente insolvente, será castigado con la pena de prisión de uno a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses.

«1. Será castigado con una pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a dieciocho meses quien, en un procedimiento de ejecución judicial o administrativo, presente a la autoridad o funcionario encargados de la ejecución una relación de bienes o patrimonio incompleta o mendaz, y con ello dilate, dificulte o impida la satisfacción del acreedor.

La relación de bienes o patrimonio se considerará incompleta cuando el deudor ejecutado utilice o disfrute de bienes de titularidad de terceros y no aporte justificación suficiente del derecho que ampara dicho disfrute y de las condiciones a que está sujeto.

2. La misma pena se impondrá cuando el deudor, requerido para ello, deje de facilitar la relación de bienes o patrimonio a que se refiere el apartado anterior.

3. Los delitos a que se refiere este artículo no serán perseguibles si el autor, antes de que la autoridad o funcionario hubieran descubierto el carácter mendaz o incompleto de la declaración presentada, compareciera ante ellos y presentara una declaración de bienes o patrimonio veraz y completa.»

Seguro que pensaréis que soy un loco o un burro pero lo primero que me llama la atención es la comparación con el artículo 589 LEC:

“Artículo 589 Manifestación de bienes del ejecutado

  1. Salvo que el ejecutante señale bienes cuyo embargo estime suficiente para el fin de la ejecución, el Secretario judicial requerirá, mediante diligencia de ordenación, de oficio al ejecutado para que manifieste relacionadamente bienes y derechos suficientes para cubrir la cuantía de la ejecución, con expresión, en su caso, de cargas y gravámenes, así como, en el caso de inmuebles, si están ocupados, por qué personas y con qué título.
  2. El requerimiento al ejecutado para la manifestación de sus bienes se hará con apercibimiento de las sanciones que pueden imponérsele, cuando menos por desobediencia grave, en caso de que no presente la relación de sus bienes, incluya en ella bienes que no sean suyos, excluya bienes propios susceptibles de embargo o no desvele las cargas y gravámenes que sobre ellos pesaren.

(…)

En mi caso particular no recuerdo ningún ejecutado que haya presentado voluntariamente  la lista de bienes. Hay que ir al PNJ para averiguar sus sus bienes “localizables”. Ahora me pregunto: ¿el Secretario advertirá que si no presenta una lista o esta es incompleta o mendaz y dilata, dificulta o impida la satisfacción de deudor puede ser castigado con una pena de prisión?

¿Vamos a meter a todas las ejecuciones por la vía penal? ¿Los condenados en vía civil en rebeldía están cometiendo este delito cuando se ejecuta? ¿Si se notifica por tablón de anuncios y no se presenta la lista de bienes?

¿O quizá la idea del legislador sea que se impongan penas de multa a todo hijo de vecino y recaudar más?

DDFF y carga de la prueba. Sentencias arbitrarias. Valoración del daño moral.

Como es bastante habitual el CENDOJ nos priva de un resumen en alguna sentencia más que interesante no por extraordinaria o novedosa sino por la claridad de alguno de sus fundamentos de Derecho.

 La STS 166/2015 de 17-3-2015, Sala 1ª, Rec. 2552/2012 sobre DDFF a la propia imagen y la intimidad: indemnización de daños y perjuicios.

Famosa es pillada en topless. Revistas publican y ganan un dinerillo. La famosa se enfada y demanda a la SL responsable suplica que la demandada publique encabezamiento y fallo de ST en dos diario de tirada nacional, resarcir por daños por importe de 100.000 €; ordene la entrega de originales para su destrucción, retirada de las fotos, retirada de todos los ejemplares de la revista, prohibición de reutilización de las fotos y costas.

La Sentencia es interesante en dos sentidos:

A.- Estimación por infracción procesal.

En materia de derechos fundamentales, cuando existen indicios de la vulneración de un derecho fundamental, la carga de la prueba se desplaza hacia la parte demandada. Esta Sala, en STS de 5 de marzo de 2002 (rec. núm. 2196/2008 ) consideró, en un proceso cuyo objeto era la protección civil del derecho fundamental a la intimidad personal y familiar en el ámbito del propio domicilio, que «la interpretación del art. 217 LEC debe acomodarse, conforme al art. 10.2 de la Constitución , al Convenio de Roma de 1950 para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales según viene siendo interpretado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (en adelante TEDH) […]» y que si « conforme al apdo. 7 del art. 217 LEC no puede exigirse a ningún litigante una prueba que vaya más allá de cualquier posibilidad razonable, menos aún podrá exigírsele cuando con ello se menoscabe o dificulte la tutela de un derecho fundamental hasta el punto de dejarle indefenso […]».

B.- Arbitrariedad de la Sentencia.

El recurso de casación se funda en infracción del artículo 9.3 de la Ley Orgánica 1/1982 por la arbitrariedad de la sentencia al no haber tenido en cuenta los parámetros legales en la cuantificación de la indemnización y haber basado su decisión en la equidad, en contra de lo que establece el art. 3.2 CC .

Constituye doctrina constante de esta Sala (entre las más recientes, SSTS de 10 de febrero de 2014, rec. no 2298/2011 , y 22 de enero de 2014, rec. no 1305/2011 ) que la fijación de la cuantía de las indemnizaciones por resarcimiento de daños morales en este tipo de procedimientos es competencia de los tribunales de instancia, cuya decisión al respecto ha de respetarse en casación salvo que «no se hubiera atenido a los criterios que establece el art. 9.3 LO 1/82 » ( STS de 17 de julio de 2014, rec. no 1588/2008 , con cita de las SSTS 21 de noviembre 2008 en rec. no 1131/06 , 6 de marzo de 2013 en rec. no 868/11 , 24 de febrero de 2014 en rec. no 229/11 y 28 de mayo de 2014 en rec. 2122/07 ).”

(…)

“El artículo 9.3 de la Ley Orgánica 1/1982 en su redacción aplicable al caso, anterior a la reforma introducida por la Ley Orgánica 5/2010, establecía que « [l]a existencia de perjuicio se presumirá siempre que se acredite la intromisión ilegítima. La indemnización se extenderá al daño moral que se valorará atendiendo a las circunstancias del caso y a la gravedad de la lesión efectivamente producida, para lo que se tendrá en cuenta en su caso, la difusión o audiencia del medio a través del que se haya producido. También se valorará el beneficio que haya obtenido el causante de la lesión como consecuencia de la misma».

Esta Sala ha declarado en STS 5 de junio de 2014, rec. no 3303/2012 , que dada la presunción iuris et de iure , esto es, no susceptible de prueba en contrario, de existencia de perjuicio indemnizable, el hecho de que la valoración del daño moral no pueda obtenerse de una prueba objetiva no excusa ni imposibilita legalmente a los tribunales para fijar su cuantificación, «a cuyo efecto ha de tenerse en cuenta y ponderar las circunstancias concurrentes en cada caso (sentencias de esta sala núm. 964/2000, de 19 de octubre, y núm. 12/2014, de 22 de enero)». Se trata por tanto «de una valoración estimativa, que en el caso de daños morales derivados de la vulneración de un derecho fundamental del art. 18.1 de la Constitución , ha de atender a los parámetros previstos en el art. 9.3 de la Ley Orgánica 1/1982 , de acuerdo con la incidencia que en cada caso tengan las circunstancias relevantes para la aplicación de tales parámetros, utilizando criterios de prudente arbitrio».

Pues bien, recordemos que:

  1. La sentencias basadas en decisiones de equidad son arbitrarias.
  2. La carga de la prueba en demandas basadas en DDFF se invierte y se desplaza a la demandada.
  3. Se presume la existencia de los daños siempre que se acredite una intromisión ilegítima.
  4. La indemnización se extiende al daño moral y gravedad de la lesión. A tal efecto debemos tener en cuenta: difusión, audiencia y beneficio del causante de la lesión.
  5. Aunque no exista prueba objetiva,, la valoración del daño moral puede ser cuantificada por los tribunales.
  6. El tribunal al que le corresponde cuantificar es el de primera instancia.

La sentencia que califique el concurso como culpable contendrá…

La STS que traemos hoy al blog expone la naturaleza jurídica de la responsabilidad que expresamente

La STS 772/2014 de 15-12-2015, ROJ 265/2015 aborda el art 172.3 LCo:

La sentencia que califique el concurso como culpable contendrá, además, los siguientes pronunciamientos:

(…)

La sentencia que califique el concurso como culpable condenará, además, a los cómplices que no tuvieran la condición de acreedores a la indemnización de los daños y perjuicios causados.”

La sentencia de la Audiencia no hace por tanto una aplicación automática de la responsabilidad del administrador por el déficit concursal, como si de aplicar el art. 367 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital se tratara. Lo que afirma es que la responsabilidad concursal prevista en el art. 172.3 de la Ley Concursal y la responsabilidad societaria del art. 367 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital participan de una misma naturaleza en tanto que no constituyen una responsabilidad resarcitoria, por daño, sino una responsabilidad por deuda ajena.

Al hacerlo así, la Audiencia no se aparta de la jurisprudencia de la Sala, puesto que las sentencia núm. 501/2012, de 16 de julio , 669/2012, de 14 noviembre , y 74/2013, de 28 de febrero , afirmaron que la responsabilidad prevista en el art. 172.3 de la Ley Concursal es un supuesto de responsabilidad por deuda ajena, naturaleza que no queda oscurecida por la amplia discrecionalidad que la norma atribuye al Juez tanto respecto del pronunciamiento de condena como de la fijación de su alcance cuantitativo.

Pero, a diferencia del régimen “automático” del art. 367 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital , la Audiencia no se limita a constatar que se trata del concurso de una persona jurídica, que la persona a la que se exige la responsabilidad reúne la condición de administrador de hecho o de derecho o liquidador dentro de los dos años anteriores a la fecha de la declaración de concurso, que el concurso ha sido calificado como culpable, que se ha abierto la fase de liquidación y que existe déficit concursal.

También ha valorado los elementos subjetivos y objetivos relevantes para apreciar la gravedad de la conducta y la entidad de la participación en tal conducta del administrador, desde el punto de vista del criterio normativo a que responde la causa por la que el concurso ha sido calificado como culpable, y con base en esta valoración ha confirmado la condena al administrador social a cubrir en parte el déficit concursal, concretamente hasta el importe de la cantidad en que aumentó el desbalance patrimonial entre el momento en que la declaración de concurso debió haber sido solicitada, y el momento en que efectivamente lo fue, pues esta había sido la condena realizada por el Juzgado Mercantil que había sido recurrida exclusivamente por el administrador social y la concursada.

La consecuencia de lo expuesto es que la sentencia recurrida no infringe el art. 172.3 de la Ley Concursal en la interpretación del mismo que ha hecho la jurisprudencia de esta Sala pues no ha realizado una aplicación automática de la responsabilidad concursal sino que ha hecho la valoración de elementos objetivos y subjetivos en los términos exigidos por nuestra jurisprudencia.

Reforma del código penal. Administración desleal y apropiación indebida de 31 de marzo de 2015

  En este post vamos a ver la reforma de los artículos 252 a 254 del Código Penal de 31 de marzo de 2015

Artículo

ANTES reforma

DESPUÉS reforma

252

Serán castigados con las penas del artículo 249 ó 250, en su caso, los que en perjuicio de otro se apropiaren o distrajeren dinero, efectos, valores o cualquier otra cosa mueble o activo patrimonial que hayan recibido en depósito, comisión o administración, o por otro título que produzca obligación de entregarlos o devolverlos, o negaren haberlos recibido, cuando la cuantía de lo apropiado exceda de cuatrocientos euros. Dicha pena se impondrá en su mitad superior en el caso de depósito necesario o miserable.

«1. Serán punibles con las penas del artículo 249 o, en su caso, con las del artículo 250, los que teniendo facultades para administrar un patrimonio ajeno, emanadas de la ley, encomendadas por la autoridad o asumidas mediante un negocio jurídico, las infrinjan excediéndose en el ejercicio de las mismas y, de esa manera, causen un perjuicio al patrimonio administrado.

2. Si la cuantía del perjuicio patrimonial no excediere de 400 euros, se impondrá una pena de multa de uno a tres meses.»

253

Serán castigados con la pena de multa de tres a seis meses los que, con ánimo de lucro, se apropiaren de cosa perdida o de dueño desconocido, siempre que en ambos casos el valor de lo apropiado exceda de 400 euros. Si se tratara de cosas de valor artístico, histórico, cultural o científico, la pena será de prisión de seis meses a dos años.

«1. Serán castigados con las penas del artículo 249 o, en su caso, del artículo 250, salvo que ya estuvieran castigados con una pena más grave en otro precepto de este Código, los que, en perjuicio de otro, se apropiaren para sí o para un tercero, de dinero, efectos, valores o cualquier otra cosa mueble, que hubieran recibido en depósito, comisión, o custodia, o que les hubieran sido confiados en virtud de cualquier otro título que produzca la obligación de entregarlos o devolverlos, o negaren haberlos recibido.

2. Si la cuantía de lo apropiado no excediere de 400 euros, se impondrá una pena de multa de uno a tres meses.»

254

Será castigado con la pena de multa de tres a seis meses el que, habiendo recibido indebidamente, por error del transmitente, dinero o alguna otra cosa mueble, niegue haberla recibido o, comprobado el error, no proceda a su devolución, siempre que la cuantía de lo recibido exceda de 400 euros.

«1. Quien, fuera de los supuestos del artículo anterior, se apropiare de una cosa mueble ajena, será castigado con una pena de multa de tres a seis meses. Si se tratara de cosas de valor artístico, histórico, cultural o científico, la pena será de prisión de seis meses a dos años.

2. Si la cuantía de lo apropiado no excediere de 400 euros, se impondrá una pena de multa de uno a dos meses.»

La primera novedad es que se modifica la rúbrica de la Sección 2ª del Capitulo VI del Título XIII del Libro II, que pasa denominarse “De la administración desleal” y que comprenderá solamente el artículo 252 CP.

Se añade una Sección 2.a bis al Capítulo VI del Título XIII del Libro II, con la rúbrica «De la apropiación indebida», que comprenderá los artículos 253 y 254.

De este modo se delimita claramente la administración desleal de la apropiación indebida puesto que, en la práctica, se venían calificando de manera alternativa en las conclusiones finales.

De este modo, la administración desleal se convierte en un delito patrimonial del que puede ser víctima todas las personas, físicas y jurídicas, y no solamente las sociedades.

Es curioso los efectos que puede desplegar el art 252 cuando refiere como hecho típico el administrar un patrimonio ajeno, emanadas de la ley, encomendadas por la autoridad” que nos lleva a pensar en una eventual malversación de fondos públicos como forma de administración desleal y “las infrinjan excediéndose en el ejercicio”.

Los arts 253 y 254 CP diferencian de quien recibe las cosas en depósito, comisión custodia, etc de quien, ex art 254 CP, fuera de los supuestos del art 253 se apropiare de cosa ajena. Diferenciando de sobre si la recepción de la cosa es basada en una relación de confianza, tenga el origen que sea, de quien no tiene esa relación de confianza.