¿Los Abogados somos sujetos obligados a la prevención del blanqueo de capitales?

La Ley 10/2010 de 28 de Abril de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, que transpone a la normativa Española la tercera Directiva 2005/60/CE de 26 de Octubre, desarrollada por Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, establece, entre las actividades sometidas a medidas de control, la de abogacía.

Si, amigos lectores que sois abogados, somos sujetos obligados a la prevención del blanqueo de capitales. ¿Qué no habéis hecho nada al respecto? Normal, lógico y comprensible.

Aunque muchos nos podamos quejar que el Consejo General de la Abogacía Española no haga nada por nosotros, creo que no es una apreciación correcta. El CGAE hace bastante por el colectivo pero, a veces, el colectivo no nos molestamos en leer lo que se publica en su web.

Hoy traigo el informe de medidas y recomendaciones para la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo realizado por la Comisión Especial para la Prevención del Blanqueo de Capitales. Hagamos caso y agradezcamos estos esfuerzos.

http://www.abogacia.es/wp-content/uploads/2012/06/RECOMENDACIONES-PBC-ABOGADOS-CGAE.pdf

Limitación de uso de la vivienda familiar al progenitor custodio.

Atribución temporal del uso de la vivienda a la madre y al hijo menor.

Hoy traemos al blog la STS 1951/2015 de 18-5-2015 en este carrusel de cambios en los temas de familia

El post de hoy es sobre la atribución de la vivienda y la Sentencia resuelve y estima un recurso de casación por interés casacional formulado por un acertado Ministerio Fiscal (y si, en este blog también reconocemos los méritos de los fiscales cuando lo tienen)

El Ministerio Fiscal formula recurso de casación por interés casacional contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Valladolid -Sección 1a- que limita el uso de la vivienda familiar, atribuida a la esposa, como custodia de un hijo común del matrimonio, “hasta el momento de liquidación de la sociedad de gananciales con un límite máximo de 3 años.

(…)

Además, concluye “el Tribunal Supremo en reciente sentencia de fecha 17 de junio de 2013 ha admitido y resuelto que puede temporalizarse el uso del domicilio aunque se esté en presencia de hijos menores y argumenta que la atribución preferente que establece el art. 96 del Código Civil no puede en determinados supuestos condicionar la indefinida privación al cónyuge no beneficiario del uso del conjunto de las facultades dominicales que le reconoce el art. 348 ya en orden a la ocupación futura de la vivienda, ya a los fines de lograr en un plazo razonable la efectiva, que no meramente formal o nominal, liquidación del patrimonio común”.

(…)

La sentencia, señala el Ministerio Fiscal en su recurso, es contraria a la doctrina de esta Sala (SSTS 1 de abril 2011 , que fija doctrina, 14 de abril o 5 de septiembre de 2011 ), sobre la no limitación temporal del uso de la vivienda familiar cuya atribución regula el artículo 96 del CC ; todas ellas sostienen que no cabe la atribución del uso del domicilio con carácter temporal en medidas definitivas en los procesos matrimoniales o de regulación de relaciones paterno filiales por ruptura de una unción de hecho.”

En el FD SEGUNDO la STS desarrolla los motivos:

Se dijo en la sentencia de 3 de abril de 2014 , y se reitera en la posterior de 2 de junio, lo siguiente: (…)

Sin duda, el interés prevalente del menor no pasa necesariamente por la liberación de la medida de uso. Se trata de un argumento simplemente especulativo que tendrá su razón de ser en algunos casos, no en todos. El interés del menor – STS 17 de junio 2013 – “es la suma de distintos factores que tienen que ver no solo con las circunstancias personales de sus progenitores y las necesidades afectivas de los hijos tras la ruptura, de lo que es corolario lógico y natural la guarda y custodia compartida, sino con otras circunstancias personales, familiares, materiales, sociales y culturales que deben ser objeto de valoración para evitar en lo posible un factor de riesgo para la estabilidad del niño, y que a la postre van a condicionar el mantenimiento de un status sino similar si parecido al que disfrutaba hasta ese momento y esto se consigue no solo con el hecho de mantenerlos en el mismo ambiente que proporciona la vivienda familiar , sino con una respuesta adecuada de sus padres a los problemas económicos que resultan de la separación o del divorcio para hacer frente tanto a los gastos que comporta una doble ubicación de los progenitores, como a los alimentos presentes y futuros”.

El art. 96 CC establece – STS 17 de octubre 2013 – que en defecto de acuerdo, el uso de la vivienda familiar corresponde a los hijos y al cónyuge en cuya compañía queden.

Esta es una regla taxativa, que no permite interpretaciones temporales limitadoras. Incluso el pacto de los progenitores deberá ser examinado por el juez para evitar que se pueda producir este perjuicio.

El principio que aparece protegido en esta disposición es el del interés del menor, que requiere alimentos que deben prestarse por el titular de la patria potestad, y entre los alimentos se encuentra la habitación ( art. 142 CC ); por ello los ordenamientos jurídicos españoles que han regulado la atribución del uso en los casos de crisis matrimonial o de crisis de convivencia, han adoptado esta regla (así, expresamente, el art. 233-20.1 CCCat ). La atribución del uso de la vivienda familiar, es una forma de protección, que se aplica con independencia del régimen de bienes del matrimonio o de la forma de titularidad acordada entre quienes son sus propietarios, por lo que no puede limitarse el derecho de uso al tiempo durante el cual los progenitores ostenten la titularidad sobre dicho bien ( STS 14 de abril 2011 ).

Como reiteran las sentencias de 1 y 14 de abril y 21 de junio de 2011 , aunque ésta pudiera llegar ser una solución en el futuro, no corresponde a los jueces interpretar de forma distinta esta norma, porque están sometidos al imperio de la ley ( art. 117.1 CE )…. Efectivamente, esta norma no permite establecer ninguna limitación a la atribución del uso de la vivienda a los menores mientras sigan siéndolo, porque el interés que se protege en ella no es la propiedad de los bienes, sino los derechos que tiene el menor en una situación de crisis de la pareja, salvo pacto de los progenitores, que deberá a su vez ser controlado por el juez. Una interpretación correctora de esta norma, permitiendo la atribución por tiempo limitado de la vivienda habitual, implicaría siempre la vulneración de los derechos de los hijos menores, que la Constitución incorporó al ordenamiento jurídico español ( arts. 14 y 39 CE ) y que después han sido desarrollados en la Ley Orgánica de protección del menor”.

Por ello hay que reconocer que la interpretación que se efectúa en la sentencia recurrida, no solo se opone a lo que establece el art. 96.1 CC , sino que se dicta con manifiesto y reiterado error y en contra de la doctrina de esta Sala, incluida la sentencia de 17 de junio de 2013 , según la cual “hay dos factores que eliminan el rigor de la norma cuando no existe acuerdo previo entre los cónyuges: uno, el carácter no familiar de la vivienda sobre la que se establece la medida, entendiendo que una cosa es el uso que se hace de la misma vigente la relación matrimonial y otra distinta que ese uso permita calificarla de familiar si no sirve a los fines del matrimonio porque los cónyuges no cumplen con el derecho y deber propio de la relación. Otro, que el hijo no precise de la vivienda por encontrarse satisfechas las necesidades de habitación a través de otros medios…“.

Nada de esto se produce en el presente caso en el que la vivienda tiene carácter familiar y no existe ninguna otra vivienda que permita dar cobertura a los intereses del hijo, salvo la que resulte de una hipotética venta de la actual y compra de una nueva que permita su alojamiento transcurridos unos años”

Por todo esto, el STS FALLA

“5.º Se reitera como doctrina jurisprudencial la siguiente: “la atribución del uso de la vivienda familiar a los hijos menores de edad es una manifestación del principio del interés del menor, que no puede ser limitada por el Juez, salvo lo establecido en el art. 96 CC “.

IMPUGNACIÓN DE ACUERDOS SOCIALES. CADUCIDAD DE LA ACCIÓN.

Hoy traigo un copia y pega de una sentencia del Magistrado don Juan José Cobo Plana, del mercantil 1 de Las Palmas que, además, extraigo de su blog personal http://notasdejurisprudencia.blogspot.com.es del que soy lector habitual y cuya lectura, por la selección de sentencias que hace, recomiendo.

 Además diré que lo “he sufrido” como abogado y tengo un buen concepto de él (cuento la fiesta como me fue) y, en todo caso, me gusta mucho como “lleva” las vistas. Copio y pego el post cuyo enlace tenéis, aquí.

“Mercantil. Sociedades. Impugnación de acuerdos sociales. Caducidad de la acción. El socio que conoce el acuerdo no es tercero y para él rige como fecha inicial la de su conocimiento de tal acuerdo y no la de inscripción del mismo.

Sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Las Palmas de 24 de marzo de 2015 (Juan José Cobo Plana).

PRIMERO.-  Se impugna en la demanda esencialmente el acuerdo adoptado por la Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía GGG celebrada en el domicilio social el día 24 de abril de 2012 por el que se aprobaba la propuesta de reducción de capital a cero y posterior ampliación por desembolso y por compensación de créditos.

La parte demandada opone en primer lugar la caducidad de la acción.

Dicha caducidad debe ser estimada.

Efectivamente el artículo 205.1 de la LSC, vigente al tiempo de interponer la demanda, disponía que “1. La acción de impugnación de los acuerdos nulos caducará en el plazo de un año. … 3. Los plazos de caducidad previstos en los apartados anteriores se computarán desde la fecha de adopción del acuerdo y, si fuesen inscribibles, desde la fecha de publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil”.

La parte actora sostiene que el plazo de un año debe computarse desde la publicación del acuerdo que se impugna en el Boletín Oficial del Registro Mercantil de la provincia de Las Palmas, que tuvo lugar el día 18 de febrero de 2013, y siendo la demanda de fecha 18 de febrero de 2014, dicho plazo de un año no había transcurrido.

Dicha tesis no puede tener acogida.

La doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo mantenida en las STSS de fecha 3 de abril de 2003, 15 de junio de 2004, 12 de junio y 29 de octubre de 2008 señala que el “el socio que conoce el acuerdo no es tercero y para él rige como fecha inicial la de su conocimiento de tal acuerdo”, por tanto, en todo caso, con respecto a los acuerdos no inscribibles debe entenderse que el día inicial era el de la adopción del acuerdo o de conocimiento del mismo y que para los inscribibles sería, respecto de terceros o de socios no asistentes respecto de los que se acredita que no han tenido conocimiento del mismo será el de publicación en el Registro, salvo que hubiese habido un conocimiento fehaciente anterior.

En el presente caso TTT es socio de GGG, y de la declaración en acto de la vista de DON S., apoderado de la entidad actora y miembro desde el inicio del Consejo de Administración de GGG, y cuya sinceridad debe resaltar este juzgador, se desprende sin ningún género de dudas que el propio DON S. tenía pleno conocimiento de la decisión, primero adoptada por el Consejo de Administración, de la Junta de Accionistas del día 24 de abril de 2012 de llevar a cabo la ampliación de capital con una operación “acordeón”, y que, como era plenamente consciente de que con su voto minoritario no podía combatir dicho acuerdo, es por lo que no asistió a la junta.

También reconoció DON S. como propia del despacho profesional que dirige la dirección de correo electrónico que aparece en el documento número 8 de la contestación a la demanda y en el que se acredita la remisión a dicha dirección en fecha 9 de mayo de 2012 del acta de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria del día 24 de abril de 2012, admitiendo, igualmente, que siempre lee los correos que llegan a la referida dirección.

En definitiva, a pesar de su no asistencia a la Junta, DON S., o sea, GGG, conocía plenamente el acuerdo que se iba a adoptar el día 24 de abril de 2012 y, en cualquier caso, el conocimiento formal del mismo tuvo lugar el día de la recepción del correo que se aporta como documento número 8 a la demanda, esto es, el día 9 de mayo de 2012.

En consecuencia, habiéndose interpuesto la demanda rectora de este procedimiento el día 18 de febrero de 2014, el plazo de caducidad de un año previsto en el artículo 205 LSC había transcurrido con creces.

Por todo lo expuesto, procede desestimar íntegramente la demanda.”

La presunción de inocencia y la prueba indiciaria en el proceso penal.

La presunción de inocencia y la prueba indiciaria en el proceso penal.

La presunción de inocencia fue tratado en este blog, aquí, con oportunidad de una preciosa STS de 5 de julio de 2013, STS 602/2013, ROJ STS 3786/2013. Hoy traemos a nuestra pequeña colección de sentencias la STS 1623/2015 de 17-4-2015, rec 10632/2014, ponente Manuel Marchena que hace un interesante análisis de la prueba indiciaria y que utilizaré con toda seguridad.

La STS expone un interesantísimo análisis de la prueba indiciaria:

“El desafío probatorio imponía una prueba directa o indiciaria que asociara cada una de los hechos de los que se derivaron los distintos focos incendiarios a una acción del acusado. Y es aquí donde la racionalidad de la valoración probatoria, pese al esfuerzo argumental de los Jueces de instancia, quiebra. Es cierto que la legitimidad de la prueba indiciaria está fuera de cualquier duda cuando se trata de afirmar su idoneidad para debilitar la presunción constitucional de inocencia. De hecho, el incendio propagado en el domicilio del recurrente está atribuido a éste a partir de una construcción valorativa que toma la prueba indiciaria como punto de partida.

El recelo respecto de la prueba indiciaria no es de ahora. Los aforismos plus valet quod in veritate est quam quod in opinione o probatio vincit praesumptionem, son la mejor muestra de la preocupación histórica por fijar garantías adicionales que disminuyan el riesgo inherente a la proclamación de unos hechos probados a partir de una mera articulación lógica de indicios. Y es que por indicio hemos de entender todo rastro, vestigio, huella, circunstancia y, en general, todo hecho conocido, o mejor dicho, debidamente comprobado, susceptible de llevarnos, por vía de inferencia, al conocimiento de otro hecho desconocido. Precisamente por ello, se ha dicho que más que una prueba estaríamos en presencia de un sistema o mecanismo intelectual para la fijación de los hechos, ciertamente relacionado con la prueba, pero que no se configura propiamente como un verdadero medio de prueba.

En cualquier caso, como queda dicho, la prueba indiciaria supone un proceso intelectual complejo que reconstruye un hecho concreto a partir de una recolección de indicios. Se trata, al fin y al cabo, de partir de la constatación de unos hechos mediatos para concluir otros inmediatos. Y como quiera que cuando se pone en marcha la cadena lógica, nos adentramos en el terreno de las incertidumbres, la necesidad de un plus argumentativo se justifica por sí sola. El juicio histórico y la fundamentación jurídica han de expresar, con reforzada técnica narrativa, la hilazón lógica de los indicios sobre los que se construye la condena. El proceso deductivo ha de quedar plasmado en toda su extensión, permitiendo así un control de la racionalidad del hilo discursivo mediante el que el órgano jurisdiccional afirma la condena. Ha de quedar al descubierto el juicio de inferencia como actividad intelectual que sirve de enlace a un hecho acreditado y su consecuencia lógica (cfr. SSTS 587/2014, 18 de julio ; 947/2007, 12 de noviembre y STS 456/2008, 8 de julio , entre otras).

Como precisa la STC 111/2008, 22 de septiembre , la jurisprudencia constitucional, desde la STC 174/1985, de 17 de diciembre , insiste en que a falta de prueba directa de cargo también la prueba indiciaria puede sustentar un pronunciamiento condenatorio, sin menoscabo del derecho a la presunción de inocencia, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

1) el hecho o los hechos base (o indicios) han de estar plenamente probados;

2) los hechos constitutivos del delito deben deducirse precisamente de estos hechos bases completamente probados;

3) para que se pueda controlar la razonabilidad de la inferencia es preciso, en primer lugar, que el órgano judicial exteriorice los hechos que están acreditados, o indicios, y sobre todo que explique el razonamiento o engarce lógico entre los hechos base y los hechos consecuencia;

4) y, finalmente, que este razonamiento esté asentado en las reglas del criterio humano o en las reglas de la experiencia común o, en palabras de las SSTC 169/1989, de 16 de octubre (F. 2), «en una comprensión razonable de la realidad normalmente vivida y apreciada conforme a los criterios colectivos vigentes» ( SSTC 220/1998, de 16 de noviembre, F. 4 ; 124/2001, de 4 de junio, F. 12 ; 300/2005, de 21 de noviembre , F. 3).

El control de constitucionalidad de la racionalidad y solidez de la inferencia en que se sustenta la prueba indiciaria puede efectuarse tanto desde el canon de su lógica o cohesión (de modo que será irrazonable si los indicios acreditados descartan el hecho que se hace desprender de ellos o no llevan naturalmente a él), como desde su suficiencia o calidad concluyente (no siendo, pues, razonable la inferencia cuando sea excesivamente abierta, débil o imprecisa), siendo los órganos judiciales quienes, en virtud del principio de inmediación, tienen un conocimiento cabal, completo y obtenido con todas las garantías del acervo probatorio. Por ello se afirma que sólo se considera vulnerado el derecho a la presunción de inocencia en este ámbito de enjuiciamiento «cuando la inferencia sea ilógica o tan abierta que en su seno quepa tal pluralidad de conclusiones alternativas que ninguna de ellas pueda darse por probada» ( STC 229/2003, de 18 de diciembre , F. 24).

(…)

Sin embargo, para proclamar probada la acción de cualquier delito -los imputados, en el presente caso, son especialmente graves-, no basta con una explicación intuitiva, con ofrecer un razonamiento que aúne los distintos episodios delictivos y les confiera una justificación unitaria. Esta Sala puede verse también asaltada por la misma perplejidad que produce la falta de lógica del comportamiento del acusado. Puede llegar a sospechar que los distintos incendios fueron originados por la misma mano. Incluso puede vislumbrar que algunos de los puntos oscuros que ofrece el relato de hechos probados proclamado en la instancia se explicarían mejor enlazando la secuencia de los cuatro incendios en idéntico móvil. Sin embargo, nuestra coincidencia en esa percepción sería una coincidencia puramente olfativa, ligada a presentimientos o vaticinios alejados de las exigencias constitucionales impuestas para la apreciación probatoria. La valoración de la prueba indiciaria, cuando se trata de atribuir la autoría de cuatro delitos distintos a una misma persona, no puede construirse a partir de un encadenamiento deductivo artificial que proyecte las evidencias probatorias del último de los delitos hacia los cometidos con anterioridad. Cuando se afirma un móvil de resentimiento que pudiera explicar lo inexplicable, no basta con referirse a un “… cierto clima de crispación entre los vecinos, por lo demás en general bien avenidos”. Y cuando se proclama la autoría de tres incendios, el órgano jurisdiccional decisorio no puede ver debilitada la presunción constitucional de inocencia por la aparición de una póliza de seguros en el patio del edificio o por una pregunta dirigida a un anticuario acerca de las posibilidades de restauración de uno de los espejos que se vio dañado.

Hemos dicho en otros precedentes que el Tribunal de instancia ha de construir el juicio de autoría con arreglo a un discurso argumental lógico, coherente, expresivo del grado de certeza exigido para fundamentar cualquier condena en el ámbito de la jurisdicción criminal. Y en la imputación jurisdiccional de un hecho criminal no valen, desde luego, las intuiciones valorativas ni la proclamación de presentimientos percibidos como reales. Lo contrario supondría alejar el proceso penal y, de modo especial, las técnicas de valoración probatoria, de su verdadero fundamento racional. En definitiva, la afirmación del juicio de autoría no puede hacerse depender de una persuasión interior, de una convicción marcadamente subjetiva y, como tal, ajena al contenido objetivo de las pruebas. Esta Sala sólo puede avalar un modelo racional de conocimiento y valoración probatoria en el que no tienen cabida las proclamaciones puramente intuitivas y, como tales, basadas en percepciones íntimas no enlazadas con el resultado objetivo de la actividad probatoria desplegada por las partes (cfr., entre otras muchas, SSTS 24/2015, 21 de enero ; 444/2011, 4 de mayo ; 249/2008, 11 de mayo ; 905/2013, 3 de diciembre y 231/2008, 28 de abril ).

Moderación de honorarios de abogados por un juez. Preguntas.

En una pirueta al parasitismo hoy voy a enlazar este post al blog de Notas de Jurisprudencia y Doctrina Civil, Mercantil, Penal, Social y Procesal; www.notasdejurisprudencia.blogspot.com.es que es donde leí la STAP Barcelona (secc 15ª) de 23 de febrero de 2015 en donde la Audiencia modera los honorarios de los profesionales:

por mucho que formalmente se ajusten a las normas colegiales. Esas razones se enumeran en el fundamento primero de la sentencia apelada y son, en síntesis, las siguientes:

  • la falta de hoja de encargo y
  • la de detalle del trabajo realizado por los profesionales,
  • la diferencia entre la masa pasiva y la masa activa del concurso,
  • el elevado pasivo con la consideración de crédito subordinado y
  • la falta de escritos de contestación a los incidentes concursales y de incidentes por ellos instados.” 

En fin, que de un concurso de 1.400 millones de euros, que tus patrocinado tengan un pasivo de 185 millones de euros no te va a hacer ganar más de 100.000 € por honorarios. Sin duda mucho dinero, pero las cuantías son las que son. ¿Si la AP tiene este criterio es razonable que ningún abogado pueda cobrar en Barcelona una cuantía superior por un concurso? ¿Cuántos concursos con menor pasivo generan mayores honorarios?

La cuestión que sería interesante estudiar es si la fijación de baremos o criterios orientadores puede -poder puede-; o, mejor expresado, debería ser cuestionada por cosas como la hoja de encargo, la hoja de detalle de trabajo, o la ligereza del trabajo -que son recomendables pero no obligatorias- en un pleito en donde nuestra, responsabilidad es asesorar a unos clientes que “se juegan” 185 o 1.400 millones cuando nunca, o casi nunca, se cuestionan que pasen unas costas de 30.000 € por una demanda/contestación de 4 folios cuando tienes una cuantía de 300.000 €, porque la casa reclamada “vale” mucho o discutir costas en demandas de ejecución hipotecaria que por una cuantía de 180.000 € te pueden aprobar por 17-20 mil euros para abogado y procurador. ¿Es lo mismo la responsabilidad que un profesional tiene en un asunto de 185 millones que de uno de 1-2 millones?

Y si, ahora, ese mismo razonamiento lo aplicamos por analogía a los honorarios del turno de oficio -en un magnifico giro de demagogia corporativista de este post-; ¿es equitativo? ¿Es razonable que si autoimpugno la norma que establece el baremo del turno un tribunal resuelva que la facultad de moderación que tiene atribuida permita que un cliente del turno cuya contestación a la demanda tiene 50 folios, 30 documentos adjuntos y una sesión en sala de 2 días deba ser moderado al alza?

Diferencia entre el concurso de normas, concurso ideal-medial de delitos y concurso real.

 Hoy en nuestra humilde sección de corta y pega de Derecho Penal os traemos la STS de la Sala 2ª -claro está- 1396/2015, rec 10738/2014, resolución 163/2015 de 24-3-2015, Ponente: Perfecto Agustín Andrés Ibañez.

Dice un fiscal amigo mío que los temas penales se ganan y se pierden en la Parte General. Tiene toda la razón del mundo, lo que me fastidia bastante. Esta ST tiene, en mi particular opinión, un elemento didáctico muy interesante en donde nos explica sobre el concurso de normas, el concurso ideal-medial de delitos y el concurso real de delitos entre el robo con intimidación y la detención ilegal.

 “En efecto, tomando por referencia sentencias como la de nº 337/2004 de esta sala, sucede que la eventual relación de los delitos de robo con intimidación y de detención ilegal podría ser tratada como concurso de normas en los casos de mínima extensión temporal de la acción en los que la afectación a la libertad deambulatoria se produjera en el curso de la propia actividad de apoderamiento y de manera que resultase limitada al tiempo estrictamente necesario para llevarla a cabo. En tales supuestos la detención ilegal quedaría absorbida por el robo, dada la evidente total superposición de las acciones y de las infracciones y que, como dice la STS 12/2005, de 20 de enero , la privación de libertad habría sido un instrumento necesario y proporcionado para obtener el apoderamiento de la cosa.

Habrá, en cambio, concurso ideal-medial de delitos ( art. 77 Cpenal ) cuando la detención sea medio necesario para cometer el robo y se produzca durante la ejecución de éste, si la privación de libertad por si misma tiene una relevancia tal que rompe la estricta relación de funcionalidad, afectando de manera autónoma al bien jurídico tutelado por el delito de detención ilegal, que, por ello, resultaría desprotegido con la sola aplicación del delito contra la propiedad ( STS 178/2007, de 7 de marzo , entre muchas).

Por último, el concurso sería real cuando la privación de libertad hubiera tenido lugar después de cometido el robo o se hubiese prolongado, de manera gratuita desde el punto de vista de la necesidad de asegurar el fin perseguido con este, para el que, por ello, el exceso o la prolongación, ya no podría ser considerado un medio adecuado al efecto ( STS 273/2003, de 28 de febrero , también entre muchas otras)”

Reclamación de una Comunidad de Propietarios por deudas cuando hay discordancia ente titular registral y deudor.

Hoy traemos una doctrina de Sala del TS, Sala 1ª que va a traer muchos disgustos. Seguramente a mi el primero porque tendré alguna cosa por ahí suelta que no coincida con esta forma de entender la norma.

 La STS 1536/2015, recurso 319/2013, resolución 211/2015, de 22 de abril de 2015, ponente Eduardo Baena Ruiz, fija como doctrina:

cuando el deudor de cuotas por gastos de comunidad de propietarios, por obligación propia o por extensión de responsabilidad, no coincida con el titular registral, la reclamación frente a éste solo será al objeto de soportar la ejecución sobre el inmueble inscrito a su nombre”

A partir de ahí, se acaba el mundo de jauja de demandar a todos los que anden cerca a ver quien es solvente. El FD tercero es donde desarrolla esta doctrina pero como esto es un post me quedo con estos fragmentos:

 “De las dos últimas garantías se desprende que, siendo responsable del pago de los gastos comunitarios el propietario de la vivienda que lo era en el momento de producirse la obligación de satisfacerlos, sin embargo se extiende tal responsabilidad a una serie de personas, sin perjuicio del derecho de repetición de éstas contra el obligado al pago. Tales personas son:

  • el propietario actual adquirente del bien por las cantidades adeudadas a la comunidad de propietarios por los anteriores titulares hasta el límite que ya hemos recogido, con afección real del piso o local al cumplimiento de la obligación, aunque el adquirente lo sea con título inscrito en el Registro de la Propiedad;
  • el propietario anterior que omita la comunicación de cambio de titularidad.

6 El titular registral se encontrará legitimado pasivamente para reclamarle el pago de la deuda:

  • cuando fuese propietario del piso o local en la época en que surgió la obligación de la que nace aquella;
  • cuando, sin perjuicio del derecho de repetición, sea el actual propietario del piso o local con título inscrito en el Registro de la Propiedad, por las deudas contraídas por los anteriores titulares dentro de los límites temporales que prevé el precepto con afección real del inmueble,
  • cuando el titular registral sea el propietario que ha omitido la comunicación del cambio de titularidad.

Fuera de estos supuestos no existe obligación legal, propia ni por extensión de responsabilidad, por parte del titular registral al pago de las deudas por gastos de la Comunidad de Propietarios; por lo que no se encontraría legitimado pasivamente para soportar una reclamación de esa naturaleza “

  1. Ahora bien, cuando la Comunidad de Propietarios además de ejercitar la acción obligacional contra el que deba responder del pago, pretenda ejercitar la real contra del piso o local afecto al mismo, existiendo discordancia entre deudor y titular registral, será preciso que demande a éste para garantizar la ejecución de la deuda sobre el inmueble; debiendo interpretarse en este sentido el artículo 21.4 de la LPH , de naturaleza procesal, por ser precisa la demanda contra el titular registral, a éstos solos efectos, si se quiere que sea efectivo el embargo preventivo que autoriza el párrafo segundo del mencionado artículo en su número cinco así como el procedimiento de apremio contra los bienes afectos a la deuda.

Así lo vienen entendiendo la mayor parte de los tribunales, como cita la parte recurrente, y así lo ha venido sosteniendo la DGRN con fundamento en los principios de legitimación y tracto sucesivo.

Según las RRDGRN de 30 de junio 1986, 18 de mayo 1987 y 9 de febrero 1997 “si en el momento de interponerse la demanda en reclamación del pago de los gastos de comunidad el piso o local hubiese pasado a poder de tercero en quien no concurra la condición de deudor personal de las mensualidades reclamadas, también contra aquél deberá dirigirse aquélla, pero no en cuanto a la pretensión personal de obtención de una sentencia condenatoria al pago, sino en cuanto a la real por la que se pretende el reconocimiento y traslado al Registro de una afección real, ya existente por disposición legal, coordinándose de este modo la especial protección brindada por el art. 9.5 de la LPH con los principios de legitimación y tracto sucesivo ( arts. 1 , 20 y 38 LH )”.

Reclamación de una CP por deudas cuando hay discordancia ente titular registral y deudor.