¿Qué narices es el lexnet del que todo el mundo habla?

¿Qué narices es el lexnet del que todo el mundo habla?

Intentaré explicarlo de un modo sencillo quizás con falta del todo el rigor que debería ser. Recomiendo visitar los enlaces que menciono que es donde os pueden orientar.

El día 1 de enero de 2016 está ahí. Lexnet está ahí. La administración sin justicia sin papel está ahí. El caos.

Referencias

http://www.abogacia.es/abogacia_servicio/lexnet/

http://www.abogacia.es/site/lexnet-abogacia/lx-que-es-lexnet-abogacia-y-que-ventajas-te-ofrece/

https://lexnet.justicia.es/

http://wiki.redabogacia.org/index.php/Lexnet_Abogac%C3%ADa

PARA LOS CANARIOS.- Instrucción 1/2015 del TSJ Canarias sobre la implantación de la comunicación electrónica en escritos iniciadores de trámite y actos de comunicación a partir de 1-1-2016

 

http://www.icatf.es/images/comunicados/Instrucción_1-2015_sobre_Comunicación_Electrónica.pdf

 

 

Conceptos

Lexnet es el sistema de comunicación con la administración de justicia en aquellos procedimientos en que no contemos con procurador.

El Certificado Digital es nuestra “firma digital” que acredita que los documentos que presentamos son los que nosotros enviamos.

Certificados ACA. Son los certificados que debemos instalar en nuestros ordenadores para tener firma electrónica. Sin la instalación de los certificados no podemos acceder a lexnet. Es lo que “te obliga a meter el PIN”.

Software de firma electrónica. Una vez que tengamos instalados los certificados ACA para poder firmar necesitamos un “programa” para que esa firma conste en el documento que deberá ser un pdf. (si no sabes lo que es un pdf bien contratas a alguien bien te puedes buscar otro empleo). Yo instalé xolidosign.

Diferencias.

Lexnet es tu gmail, Hotmail, etc. Es tu gestor de cuentas de mail que debes usar necesariamente para enviar comunicaciones “al juzgado” si no tienes procurador.

Tu certificado ACA es tu “firma” (más allá del garabato que tanto hemos practicado).

El software de firma es tu nuevo compañero de despacho. Piensa que tu Word lo debes transformar en pdf y firmarlo digitalmente (ésto lo hace este software).

Procurador es tu compañero de siempre que debe recibir tus documentos firmados digitalmente para luego presentarlo a través de lexnet.

Anexo de Instalación. Usuarios de Mac. Temblad.

Es un absoluto descontrol. Tengo tres mac. Uno que tiene más de 10 años, otro portátil y otro de hace un par de años. Parece un exceso. Puede ser que lo sea. El primero me da pena tirarlo porque funciona bien y lo tengo en mi casa. El portátil es lo que es y el fijo del despacho ahí está. A veces trabajo y todo.

En ninguno pude instalar lexnet sin problemas.

Todos y con cada uno de los usuarios mac con los que pude hablar del tema han tenido problemas. Todos menos uno (según me ha comentado hoy) hemos decidido bien hacer una partición bien utilizar software puente como parallels o virtual box. Todo eso sin hablar de las instalaciones de los certificados raíz del ACA.

Este amigo que ha instalado todo desde mac lo que conseguido a través de que una informática fantástica ha usado un software de trabajo remoto, ha entrado en su ordenador y se lo ha instalado.

Con todo el mundo con quien he hablado me avisa de los problemas de actualización del java si hubiera continuado con el empeño de la instalación directamente en mac.

Por desgracia, 2 o 3 personas de cada 10 que lean esto no tendrán ni idea del java, parallels, team viewer y solo sabrán que en su mac no son capaces de acceder a lexnet. (lo de cambiar la configuración del Firefox para liberar el security.ssl. tiene narices, por cierto).

En Windows te descargas un .exe, instalas y listo. En un mayor porcentaje no va a generar problemas de java ni actualizaciones de Firefox. Así que yo me fui al lado oscuro y me instale en un parallels un Windows 8.

Entradas más vistas y resumen del año.

RESUMEN DEL AÑO BLOGUERO.

Este año celebramos el tercer aniversario del blog.

Esta aventura empezó a finales de 2013 en el cual mi tristes y poco orientadas publicaciones fueron visitadas por 2.074 valientes.

En 2014 nos visitaron otros 23.143 valientes. Un año algo más centrado (aunque muy flojo y disperso) en ideas que rodeaban al mundo del derecho con algunos post llego de excentricidades y divagaciones en busca la diversión personal en las cosas que hago.

En 2015 he intentado centrar el blog y convertirlo en mi archivo personal de sentencias, retales de Jurisprudencia y notas que permita ejercer mi actividad con mis propias estructuras mentales de un modo algo más ágil.

El problema y la dureza del blog es la constancia, dinamizar las publicaciones y que los corta y pega que hago tengan una buena recepción (además de la mía propia). Uno de los propósitos de septiembre fue intentar publicar 4 o 5 post semanales (y creo que estuve cerca de lograrlo). Un mérito que me doy (autosugestión) puesto que entre mayo y el 31 de julio hice un trabajo pírrico que casi me hace abandonar en el intento.

La verdad es que dentro de la sencillez y la falta de pretensiones que tengo –hago corta y pega-; debo agradecer a quienes leéis el blog, lo comentáis tanto en el blog como en twitter o Facebook -y, por tanto, lo hacéis conmigo- las molestias de compartirlo. En muchas, ocasiones, sois quienes me animáis a continuar en mi propósito que no es otro que intentar estar actualizado en este mundo de locos de reformas sobre reformas si vacatio legis o con vacatio de años.

En fin, me lío. Agradeceros a todos quienes hacéis el blog, leyéndolo, comentándolo, compartiéndolo y desearos Feliz año 2016.

Os dejo las cinco entradas más vistas del año.

  1. Burofax no es recogido. la notificación es válida. principio de autorresponsabilidad

  1. Sentencias incongruentes. incongruencia ultra petita, extra petita y citra petita

  1. Guarda y custodia a favor del padre. custodia compartida. principio de igualdad entre progenitores

  1. El tercio de mejora para los nietos “saltando” a los hijos

  1. Sonríe si te condenan en costas. podrás declararla como pérdida patrimonial

La actio nata en responsabilidad por daño por lesiones

La actio nata en responsabilidad por daño por lesiones

La Sentencia de hoy Roj: STS 5144/2015 – ECLI:ES:TS:2015:5144 Id Cendoj: 28079110012015100659, de 30-11-2015, que básicamente expone que Fulanita demando a Meganito –seguro- y en instancia gana el seguro por prescripción.

Bla, bla, bla y llegamos al Supremo discutiendo el momento de inicio del cómputo del plazo.

Esta Sala de forma reiterada viene declarando que para el inicio del cómputo de la acción destinada a reclamar una indemnización de daños y perjuicios, en su caso, se habrá de estar a la firmeza de la declaración administrativa de incapacidad ( art. 1969 C. Civil ), momento desde el que el perjudicado conoce con exactitud las consecuencias de sus secuelas ( sentencia de 20 de septiembre de 2011, rec. nº 792/2008 ), lo que se precisa para valorar las interacciones con la capacidad laboral, en orden al respeto del principio de indemnidad ( sentencia de 22 de julio de 2008, rec. nº 430 de 2002 ).

En la sentencia recurrida se declara que pudo ejercitarse la acción desde que se declaró administrativamente la incapacidad por el INSS, el 21 de febrero de 2008, pues en la posterior impugnación ante la jurisdicción social se aceptaba que la incapacidad era permanente y total, pero pretendía que se declarase que procedía de accidente profesional. En la sentencia impugnada se razonaba que ello podría tener consecuencias sobre la pensión pero no sobre la cuantía que se concediese en este procedimiento en base al baremo que determina la valoración de las lesiones. Por el contrario, el recurrente entiende que en la sentencia de la Sala de lo Social del TSJA de Andalucía, antes citada, se determinaba que el origen de las secuelas es profesional, es decir, procedente del accidente “in itinere”.

La mencionada sentencia de la Sala de lo Social declara que al actor se le reconoció una incapacidad permanente total cualificada derivada de enfermedad común por padecer síndrome de latigazo cervical sobre raquis degenerativo, cervicobraquialgia bilateral, lumbociática derecha, listesis L4-L5 y protusiones L1-L2 y L5- S1, y lo que da lugar a la declaración de incapacidad permanente son dos padecimientos de columna, por un lado la cervical, y, por otro, la lumbar, y presentando síndrome de latigazo cervical sobre raquis degenerativo y cervicobraquialgia bilateral, ya hubiese dado lugar a la declaración de incapacidad permanente total para su profesión de peón de albañil, porque es indudable que los requerimientos físicos y de continuos movimientos y sobreesfuerzos del raquis cervical son incompatibles con los padecimientos que presenta, y por ello es de aplicación la doctrina reiterada de que si se había trabajado con normalidad y se desencadena o sale de su estado latente, se agrava o se agudiza la enfermedad en el trabajo o como consecuencia del mismo, ha de considerarse accidente de trabajo en interpretación del artículo 115.2.f) de la Ley General de la Seguridad Social , como señaló el Tribunal Supremo en sentencias de 7 de marzo de 1.989 , 21 de enero de 1.991, y esta Sala de lo Social de Sevilla en sentencias de 28 de marzo de 2.000 , 11 de junio de 2.001 , 17 de enero de 2.003 , 26 de febrero de 2.004 y 25 de febrero de 2.005 , sin que el hecho de que presentase un raquis degenerativo sea suficiente para desligar el accidente sufrido con las residuales que generan la incapacidad, sin que pueda decirse que los padecimientos lumbares son superiores a los cervicales, y que por ello ya debe declararse derivada de enfermedad común, porque, además de que, como dijimos, los padecimientos cervicales son suficientes para dar lugar a una incapacidad permanente, dada la profesión del actor, de la lumbociática derecha y de la listesis L4-L5 no existen imágenes definitivas de sufrimiento radicular, según la resonancia magnética de noviembre de 2.007 que consta en el hecho probado noveno, y la espondilolistesis L4-L5 es de grado I, e incluso en marzo de 2.008 el TAC de columna lumbosacra que se realiza referido a la L4, no evidencia espondilisis, por lo que aunque la incapacidad es el resultado del conjunto de todos los padecimientos del actor, lo cierto es que la imposibilidad para trabajar ha devenido a raíz del accidente sufrido, y los padecimientos que le han quedado, sobre todo los cervicales, se desencadenaron o salieron de su estado latente como consecuencia del accidente, ya que no consta padecimiento ni baja alguna anterior, lo que es suficiente, en aplicación de la doctrina antedicha, para estimar el recurso y declarar que la incapacidad permanente total cualificada que tiene concedida el actor deriva de accidente de trabajo. Del anterior párrafo se deduce que la interposición de la demanda ante la jurisdicción social tenía una influencia determinante en la resolución del litigio y en la valoración de las secuelas. No en vano la demandada al contestar la demanda, pese a la declaración administrativa de incapacidad permanente total, pretende que se declare la parcial por la existencia de enfermedades degenerativas previas, concretando el valor de la incapacidad en 2.000 euros

En conclusión, la sentencia recurrida infringe la doctrina jurisprudencial dado que la “firmeza” de la declaración administrativa de incapacidad era precisa para la exacta determinación de las consecuencias lesivas en orden a la baremación de las mismas, no habiendo quedado cerrado el tema tras la resolución del INSS de 21 de febrero de 2008. Se ratifica la doctrina jurisprudencial emanada, entre otras, de las citadas sentencias de 20 de septiembre de 2011 y 2 de julio de 2008 , en el sentido de que para el inicio del cómputo de la acción destinada a reclamar una indemnización de daños y perjuicios, en su caso, se habrá de estar a la firmeza de la declaración administrativa de incapacidad, momento desde el que el perjudicado conoce con exactitud las consecuencias de sus secuelas.

El nuevo procedimiento declarativo verbal.

El nuevo procedimiento declarativo verbal.

MODIFICACIONES DE LA LEC por la LEY 42/2015, de 5 de octubre.

Hoy recordamos uno de los horrores del año para los que no tenemos tiempo para estudiar si queremos sacar el trabajo, disfrutar de nuestras familia y además vivir que es una cosa muy saludable.

Hoy traemos aquí en mi intento y esfuerzo de ir estudiando las cosas la ley 42/2015 de 5 octubre de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil

Si, aunque no lo creáis se modificó y entró en vigor el 7 de octubre – Oh sorpresa-. Aquí os dejo un fantástico cuadro comparativo a cargo del ICAM. Y no me seáis pájaros que algunos ya lo tuvisteis que sufrir al recibir del juzgado la obligación del presentar el escrito de contestación.

Una de los procedimientos que cambia es el procedimiento declarativo verbal y no cambia poco. Cambia mucho, mucho. Solo voy a incluir aquí lo que me parece más llamativo. El lector habitual

1.- El art 437 Forma de la demanda. Acumulación Objetiva y Subjetiva.

Lo que más llama la atención es el 437.1 LEC que cambia la naturaleza del procedimiento (llamadme exagerado) pero de la demanda sucinta pasamos al la demanda con contenido y forma propios del juicio ordinario.

No van a admitir acumulación objetiva de acciones a salvo de una serie de excepciones que no voy a detallar.

2.- El art 438 LEC. Admisión de la demanda y contestación. Reconvención.

La contestación es por escrito en un plazo máximo de diez días. Cambio brutal. Si no comparecen en plazo será declarado en rebeldía. Directamente.

El demandado deberá pronunciarse, necesariamente, sobre la pertinencia de la celebración de la vista en el escrito de contestación.

El demandante a los tres días desde el traslado de la contestación.

¿Cómo lo pedimos?: pues por otrosí, entendiendo.

¿qué pasa si no lo pedimos? Pues a saber. Cómo cada juzgado es un mundo pues va a ser lo de siempre.

En teoría:

  • partimos que si la demandada pide vista, pues hay vista.
  • Si la demandada no pide vista y el actor no dice nada en esos tres días será el juez.
  • El juez cuando le venga en gana.

Pues más o menos esto es todo lo relevante. Hay más cosas pero son más de matices. Ojo en todo caso a la prohibición de acumulación de acciones con sus excepciones.

Pensión de alimentos. Mínimo vital de un hijo mayor de edad.

Pensión de alimentos. Mínimo vital de un hijo mayor de edad.

El lector habitual de este blog, con buena memoria, recordará que temas similares que no idénticos de razonamiento ya fueron tratados en este blog.

Principio de proporcionalidad en la pensión de alimentos

DERECHO DE ALIMENTOS. ¿HASTA CUÁNDO TENGO QUE PAGAR A MI HIJO?

Hoy traemos parte de la cuadratura del círculo en la STS 4925/2015, Id Cendoj: 28079110012015100646, de 2-12-2015, por Seijas Quintana.

La sentencia aborda el mínimo vital que, esencialmente, es el importe mínimo de subsistencia que otorgan al menor en concepto de alimentos. El mínimo vital es establecido según las Audiencias Provinciales pero que el TS ya resolvió en el sentido que podría ser proporcional (post de principio de proporcionalidad en la pensión de alimentos)

El objeto de litigio lo delimita el DF Segundo: el recurso “cuestiona la existencia y alcance del mínimo vital de la pensión de alimentos al hijo mayor de edad con independencia de la situación económica del progenitor no conviviente y solicita la extinción o suspensión de la obligación de pago que no puede abonar” Estima el recurso.

La motivación:

La sentencias de esta Sala de 12 de febrero de 2015 señaló lo siguiente: “De inicio se ha de partir de la obligación legal que pesa sobre los progenitores, que está basada en un principio de solidaridad familiar y que tiene un fundamento constitucional en el artículo 39.1 y 3 CE , y que es de la de mayor contenido ético del ordenamiento jurídico ( SSTS 5 de octubre de 1993 y 8 de noviembre de 2013 ). De ahí, que se predique un tratamiento jurídico diferente según sean los hijos menores de edad, o no, pues al ser menores más que una obligación propiamente alimenticia lo que existen son deberes insoslayables inherentes a la filiación, que resultan incondicionales de inicio con independencia de la mayor o menor dificultad que se tenga para darle cumplimiento o del grado de reprochabilidad en su falta de atención”.

Por tanto, añade, “ante una situación de dificultad económica habrá de examinarse el caso concreto y revisar la Sala si se ha conculcado el juicio de proporcionalidad del artículo 146 del CC ( STS 16 de diciembre de 2014 )… lo normal será fijar siempre en supuestos de esta naturaleza un mínimo que contribuya a cubrir los gastos repercutibles más imprescindibles para la atención y cuidado del menor, y admitir sólo con carácter muy excepcional, con criterio restrictivo y temporal, la suspensión de la obligación, pues ante la más mínima presunción de ingresos, cualquiera que sea su origen y circunstancias, se habría de acudir a la solución que se predica como normal, aún a costa de una gran sacrificio del progenitor alimentante… El interés superior del menor se sustenta, entre otras cosas, en el derecho a ser alimentado y en la obligación de los titulares de la patria potestad de hacerlo “en todo caso”, conforme a las circunstancias económicas y necesidades de los hijos en cada momento, como dice el artículo 93 del Código Civil , y en proporción al caudal o medios de quien los da y a las necesidades de quien los recibe, de conformidad con el artículo 146 CC “.

No se niega, por tanto, que por imperativo constitucional, los padres tienen la obligación de prestar asistencia de todo orden a los hijos habidos dentro o fuera del matrimonio durante su minoría de edad y en los demás casos en que legalmente proceda, como dice el artículo 39 CC , y que conforme a tal mandato existe un deber de diligencia de los padres en orden a satisfacer las necesidades de sus hijos: en todo caso, tratándose de menores ( artículo 93 CC ), como consecuencia directa de la patria potestad, sin que ello signifique que en los casos en que realmente el obligado a prestarlos carezca de medios para, una vez atendidas sus necesidades más perentorias, cumplir su deber paterno, no pueda ser relevado, por causa de imposibilidad, del cumplimiento de esta obligación ( STS 5 de octubre 1993 ). Y, además, en los supuestos previstos en los artículos 142 y siguientes del CC , siendo los hijos mayores de edad, aunque su concreción pueda hacerse en el juicio matrimonial, siempre que se den los puestos previstos en el párrafo segundo del artículo 93, vivir en casa y carecer de recursos. En el primer caso – menores- los alimentos se prestan conforme “a las circunstancias económicas y necesidades económicas de los hijos en casa momento“. En el segundo – mayores- los alimentos son proporcionales “al caudal de quien los da y a las necesidades de quien los recibe” – artículo 146 CC – y se reducen a los alimentos que sean indispensables para el sustento, habitación, vestido y asistencia médica, conforme al artículo 142 CC

Nos quedamos con lo siguiente:

  • Hijos menores de edad: los alimentos se prestan conforme a las circunstancias económicas y necesidades económicas de los hijos en casa momento.
  • Hijos mayores de edad: – los alimentos son proporcionales al caudal de quien los da y a las necesidades de quien los recibe – artículo 146 CC – y se reducen a los alimentos que sean indispensables para el sustento, habitación, vestido y asistencia médica, conforme al artículo 142 CC

Doctrina de Sala Pensión Compensatoria. Efectos de la separación prolongada de los cónyuges.

Doctrina de Sala Pensión Compensatoria. Efectos de la separación prolongada de los cónyuges.

STS 4929/2015, CENDOJ 28079110012015100650 , DE 1-12-2015, por Seijas Quintana que reproduce la Doctrina de Sala como doctrina Jurisprudencia, de STS de 18-3-2014:

“el desequilibrio que da lugar a la pensión compensatoria debe existir en el momento de la separación o del divorcio y los sucesos posteriores no pueden dar lugar al nacimiento de una pensión que no se acredita cuando ocurre la crisis matrimonial”, precisando la sentencia de 17 de diciembre de 2012 que, en principio, y salvo circunstancias muy concretas de vinculación económica entre los cónyuges, no existe desequilibrio económico en las situaciones prolongadas de ruptura conyugal. “Se entiende que cada uno de ellos ha dispuesto de medios propios de subsistencia y mal se puede argumentar por quien la solicita que la separación o divorcio es determinante para el de un empobrecimiento en su situación anterior en el matrimonio, situación que en el peor de los casos sería la misma, pero no agravada por la ruptura” ( Sentencia de 3 de junio de 2013 ). Lo que no es posible es instrumentalizar el juicio de divorcio para solicitar una prestación económica que se ha demostrado innecesaria para su sostenimiento, y perturbadora, si se quiere, del régimen de vida llevado hasta la fecha por uno y otro cónyuge hasta la formulación de la demanda por uno de ellos.

No es, por tanto, un problema de tiempo de separación, sino de las circunstancias se deben valorar en cada caso para ver si a la vista de un largo periodo de separación de hecho, sin petición económica alguna, cabe o no presumir la existencia de desequilibrio económico entre los cónyuges en el momento de la ruptura.

La sentencia de 30 de septiembre 2014 contempla una separación de cinco años que creó en la esposa “una situación consolidada de independencia económica y de autonomía patrimonial incompatible con la concepción de inestabilidad económica”. Es decir, se niega la pensión a partir de una presunción de no existencia de desequilibrio económico en el momento de la ruptura, que se destruye cuando, pese a una separación prolongada, los esposos han intercambiado ayudas económicas por parte de uno o de ambos o, cuando, como aquí sucede, no consta, como declara probado la sentencia, que “ambas partes hayan asumido vidas económicas independientes, por lo que el transcurso del tiempo no ha sido suficiente para entender inexistente el citado desequilibrio” ;

Conclusiones:

  • El desequilibrio debe existir en el momento de separación/divorcio.
  • Salvo circunstancias concretas de vinculación económica entre cónyuges –pienso en empleado-empleador- no existe desequilibrio en situaciones prolongadas de ruptura.
  • El divorcio después de una separación y una vida económicamente independiente no es una buena idea para obtener una prestación económica por un supuesto desequilibrio.

GRATIS. Crónica de Jurisprudencia y Recopilación de Doctrina Jurisprudencial.

GRATIS. Crónica de Jurisprudencia y Recopilación de Doctrina Jurisprudencial.

En el breve post de domingo de hoy voy a enlazar a la web de poderjuicial.es.

Hace no mucho, el 19-10-2015, publiqué un sencillo post sobre Código Procesales GRATIS LEC y LECRIM ACTUALIZADAS, Código Procesales GRATIS LEC y LECRIM ACTUALIZADAS, a colación de los códigos electrónicos de BOE. Este post casi sin texto y con dos enlaces que generó mucho interés por el desconocimiento de la existencia de estos recursos.

Hoy traigo dos enlaces de los estudios que suele publicar en diciembre el Tribunal Supremo, por medio de su gabinete técnico, consistentes en la crónica de la jurisprudencia y la doctrina de nuestro alto Tribunal.

Quizás quienes no lo conozcáis es el resumen de la jurisprudencia, de los extractos buenos, de la pomadita de las Sentencias, de lo que realmente debería importar en lo que a cuestión de Derecho se refiere.

De momento, solo están publicados los del año 2014. Estoy pendiente que de publiquen los de 2015 que deben estar a punto (el año pasado se publicaron el 15-12-2014) y publico esto para que lo conozcáis y para que, si me olvido, alguien los publique y me lo recuerde.

Ley de dependencia y Daño Patrimonial de la administración pública

Hace ya bastante tiempo, 20-12-2103, escribí un post sobre los problemas de cobro de la dependencia en Canarias. La aplicación práctica de la ley de dependencia en Canarias. Impago a los dependientes fallecidos.

El supuesto de hecho es:

Persona A obtiene todo, incluso el Plan Individual de Atención (PIA) sin que sea aprobado mediante resolución. Pasan un par de años y fallece. Los hijos reclaman.

Básicamente, trataba el tema desde la STSJ de Cantabria de 2-2-2011 que entendía que “se consolidó por silencio positivo el derecho antes del fallecimiento del solicitante”

En Canarias, una de las sentencias del TSJ más recientes, 298/2015 entiende que:

“Que en el presente caso el fallecimiento de la persona dependiente se produjo antes de dictarse la resolución de reconocimiento de la prestación, por lo que no se había concretado ninguna prestación económica para la recurrente sobre la que poder establecer la consolidación de algún derecho. 

En este sentido se pronunció esta Sala en la sentencia número 20/2010 de 29 de enero del mismo año, Recurso 240/2009 cuyo fundamento de derecho segundo señalaba que, sin que coetáneamente estuviese ya elaborado necesario programa individual de atención, es obvio que las prestaciones no llegaron a consolidarse y que nunca pudieron ingresar en el patrimonio del difunto, de manera que mal puede reivindicar la actora los derechos económicos que postula la demanda, con olvido de que los actos administrativos para tener eficacia retroactiva cuando produzcan efectos favorables, precisan que los supuestos derechos necesarios existan ya en la fecha a la que se retrotraiga la eficacia de dichos actos. 

En el mismo sentido se pronunció la sentencia sobre que no cabía deducir del retardo registrado la estimación de la solicitud por silencio positivo, al contravenir abiertamente la norma de reglamentaria lo establecido al efecto en el número dos del artículo 43 de la Ley 30/1992

“Que es evidente que la existencia del retraso en la resolución del expediente PIA ha impedido a la actora el acceso a una prestación y que igualmente proceder a la tramitación del expediente tras el fallecimiento de la madre de la actora carece ya de objeto alguno, motivos ambos que son constitutivos de un perjuicio cuya valoración no se ha concretado pero que podría ser objeto de determinación y reclamación por la vía de la responsabilidad patrimonial extracontractual del art 139 de la Ley 30/1992.”

Y de modo expreso, el FD Quinto dice:

Que no haremos pronunciamiento en costas, en cuanto si bien el recurso no es estimado, sí existe un funcionamiento anormal de la administración que posiblemente ha privado a la actora de una prestación (art 139 de la ley jurisdiccional).”

Pues ya sabemos que en Canarias mejor ir por daño patrimonial.

El problema que veo aquí es el cumplimiento de los requisitos de la responsabilidad patrimonial extracontractual de la administración, constituyendo así un cuerpo de doctrina legal que figura sistematizada y resumida en las sentencias del TS de 10-6-1986 (RJ 1986, 6761) y de 10-2-1998 (RJ 1998, 1786):

  1. Lesión patrimonial equivalente a daño o perjuicio en la doble modalidad de lucro cesante o daño emergente.
  2. En segundo lugar, la lesión se define como daño ilegítimo.
  3. El vínculo entre la lesión y el agente que la produce, es decir, entre el acto dañoso y la Administración implica una actuación del poder público en el uso de sus potestades públicas.
  4. La lesión ha de ser real y efectiva, nunca potencial o futura pues el perjuicio tiene naturaleza exclusiva con posibilidad de ser cifrado en dinero y compensado de manera individualizable, debiéndose dar el necesario nexo causal entre la acción producida y el resultado dañoso ocasionado.

Por ultimo, además de estos requisitos, es de tener en cuenta que la Sala Tercera del TS ha declarado reiteradamente (así en sts 14 de mayo (RJ 1994, 4190) de 4 de junio (RJ 1994, 4783) y las que citan, que la responsabilidad patrimonial de la administración, complementada con el art 106.2 de la Constitución ( RCL 1978, 2836), art 40 LRJAE de 1957 y arts 121 y 122, LEF, se configura como una responsabilidad objetiva o por el resultado en la que es indiferente que la actuación administrativa haya sido normal o anormal, bastando declararla que como consecuencia directa de aquella se haya producido un daño efectivo, evaluable económicamente e individualizado.

 

¿Cómo obtenemos el cifrado en dinero si el responsable del expediente no lo ha resuelto -silencio administrativo-? ¿Lo pedimos como testigo en el procedimiento de responsabilidad? ¿Pedimos que la administración cifre el  daño?

Demanda contra un propietario por obras en la terraza. Falta de legitimación activa.

Demanda contra un propietario por obras en la terraza. Falta de legitimación activa.

Si hay una materia con una especial capacidad de generar conflictos es la de esta, nuestra comunidad. La necesidad del ser humano de agruparse en edificios colmena es más antigua que las pesetas –o algo más- y no hemos aprendido la dificultad de dicha convivencia.

Pues de tantos conflictos que hay, debemos reconocer que surgen una cantidad de problemáticas que tienden al infinito (como las derivadas en matemáticas).

El asunto de hoy es la falta de legitimación activa del presidente de la comunidad. Si, ese presidente que, investido de la soberanía popular de su bloque o edificio, hace y deshace bajo el perspicaz asesoramiento de un Administrador o, en aquellos especialmente formados, con su LPH bajo el brazo.

A esto se refiere al STS de 5-11-2015, Marín Castán, cuando dice:

La Ley de Propiedad Horizontal otorga al presidente de la comunidad de propietarios la representación de la misma en juicio y fuera de él, pero, como matiza la referida STS de 19 de febrero de 2014 y no tiene en cuenta la sentencia recurrida, «esto no significa que esté legitimado para cualquier actuación por el mero hecho de ostentar el cargo de presidente ya que no puede suplir o corregir la voluntad de la comunidad expresada en las juntas ordinarias o extraordinarias».

(…)no resulta razonable sostener que la facultad de representación que se atribuye de modo genérico al presidente le permita decidir unilateralmente sobre asuntos importantes para la comunidad, entre los que la citada STS de 27 de marzo de 2012 considera comprendida precisamente «la realización de obras en elementos privativos de un comunero que comporten alteración o afectación de los elementos comunes». En definitiva, como concluye la más reciente STS de 30 de diciembre de 2014, rec. nº 2980/2012, es pacífica la doctrina jurisprudencial de esta Sala (reiterada, con precisiones, en las SSTS de 10 de octubre de 2011, rec. nº 1281/2008; 27 de marzo de 2012, rec. nº 1642/2009; 12 de diciembre de 2012, rec. nº 1139/2009, todas estas citadas por la recurrente, y también en las posteriores de 24 de octubre de 2013, rec. nº 1263/2011; 19 de febrero de 2014, rec. nº 1612/2011, y 11 de abril de 2014, rec. nº 381/2012) que declara la necesidad de un previo acuerdo de la junta de propietarios que autorice expresamente al presidente de la comunidad para ejercitar acciones judiciales en defensa de esta salvo que los estatutos expresamente dispongan lo contrario o el presidente actúe en calidad de copropietario.

 

También procede, conforme al art. 487.3 LEC, reiterar como doctrina jurisprudencial «la necesidad de un previo acuerdo de la junta de propietarios que autorice expresamente al presidente de la comunidad para ejercitar acciones judiciales en defensa de esta, salvo que el presidente actúe en calidad de copropietario o los estatutos expresamente dispongan lo contrario».

 

Váyase, Sr. Cuesta. ¡Váyase!

Sistemas de toma de decisiones, responsabilidad de administradores y compliance penal.

Sistemas de toma de decisiones, responsabilidad de administradores y compliance penal.

La primera vez que escuché o leí a alguien tratar este tema desde este tema fue a Luis Cazorla en un programa formativo que organizó mi despacho, Legistel, con la Escuela de Negocios de las Islas Canarias allá por principios de noviembre y que Luis esbozó en un breve post.

Lo que yo entiendo como concepto fundamental de esta innovadora forma de ver esta nueva regulación es el concepto de la actuación de buena fe a efectos de diligencia del administración con la toma de decisiones regulada como procedimiento en si misma pues ya sabemos que lo que parece una buena decisión empresarial hoy quizás pasado mañana sea un desastre porque cae el petróleo o una ilógica y desastrosa decisión hoy es el pelotazo absoluto del mes que viene. Tal y como expone el Dr. Cazorla:

 

(…)programas de cumplimiento en el marco estrictamente mercantil, esto es, como elemento cuya aprobación ha de integrarse en el adecuado cumplimiento del deber de diligencia del ordenado empresario que el administrador social debe satisfacer, y cuya infracción podría dar lugar a acciones de responsabilidad frente a administradores sociales. En este sentido, me parece posible relacionar el artículo 31 bis del CP con los artículos 225 y 226 de la LSC, muy en particular, la protección de la discrecionalidad empresarial o business judgement rule a la que el artículo 226 de la LSC hace referencia. En dicho precepto en el marco de las decisiones estratégicas o de negocio, se protege la actuación de los administradores sociales cuando actúan de buena fe, informados, sin interés particular, y con sujeción a un procedimiento de toma de decisiones. Este proceso o procedimiento de toma de decisiones bien puede servir de nexo, entre el programa de cumplimiento penal con el deber de diligencia del administrador social en el plano normativo, más allá, de su lógica conexión teórica.

Este concepto creo que tendrá mucho recorrido. De hecho, el post de hoy surge porque leí ayer en el blog Almacén de Derecho por Adán Nieto y Patricia Pérez que adoptan el planteamiento similar al de Luis Cazorla, pero no tan preciso, al entender que:

“Cuando la falta de adopción o la adopción ineficaz de un programa de cumplimiento ocasiona daños a una compañía (imposición de multas, reclamaciones civiles, pérdidas de oportunidades de negocio…) puede afirmarse que los administradores han infringido sus deberes de diligencia en la gestión de la empresa social.”

Sin embargo, en este último trabajo no puedo compartir los criterios de los que parte cuando plantean inicialmente que:

La finalidad última del derecho penal cuando sanciona a las personas jurídicas es incitar  a sus dirigentes a que adopten un sistema de autorregulación interno que les lleve a prevenir, detectar y sancionar las infracciones de sus empleados y dirigentes. .  Como también todos sabemos, para que el derecho penal sea eficaz éste no puede actuar como una suerte de “llanero solitario”. Las armas del derecho penal, por muy temibles que parezcan, en realidad son un tigre de papel si no van acompañadas de otros controles sociales o jurídicos que empujen en la misma dirección

 (…)La asociación que existe actualmente entre responsabilidad penal (o sancionadora) de personas jurídicas y programas de cumplimiento quizás puede dar a entender que en este caso, al legislador se la ha ido la mano y ha utilizado la responsabilidad penal como prima ratio, sin ensayar antes otros medios de coacción, con idéntica finalidad..”

Como contrapunto a estas premisas de las que parten en este artículo. La realidad practica, como así nos expuso en el Programa Superior de Compliance de la ENIC, el Sr. Juan Antonio Frago, Fiscal, editor del blog, En Ocasiones Veo Reos, es que la Jurisdicción Penal actuará directamente contra la persona jurídica independientemente de si tiene implementado, con correcta ejecución, el sistema de cumplimiento normativo.

De hecho, como muchas gente preveía, a efectos de atenuación o exención de responsabilidad es una cuestión de valoración del juez de lo penal. Esto tiene una consecuencia muy evidente: la persona jurídica se sentará en el banquillo como acusado y ya veremos si las pruebas que se practiquen en el plenario permitirán desvirtuar la presunción de inocencia. Pero, en todo caso, la persona jurídica está allí sentada.

La finalidad del Derecho Penal más allá de construcciones teóricas, yo no soy académico, es castigar un comportamiento que pudiera ser constitutivo de delito. Si la persona jurídica no realiza acciones u omisiones que pudieran ser constitutivas de delito no necesitará atenuar ni eximir su responsabilidad. En este sentido, considero que el derecho penal es la guillotina y que los controles sociales y jurídicos es lo mínimo que debe existir.

La conclusión de del trabajo de almacén de derecho, al menos el que yo entiendo, es que:

“Quizás algún día nos ocuparemos con más detenimiento de la extrema importancia que tiene un buen análisis de riegos para excluir la responsabilidad penal de la persona jurídica, pero lo que ahora debemos acentuar es que realizar un correcto análisis de riesgos es presupuesto de la aplicación de la regla del juicio discrecional (business judgment rule) y, por consiguiente, de la exención de responsabilidad, si los administradores.”

 

En mi particular opinión, la cuestión no es realizar un correcto análisis de riesgos, más o menos extenso, no solo a la estructura de la mercantil y a aquellos operadores con los que tiene relación la misma, véase proveedores, clientes, colaboradores, etc. No olvidemos que en el 31 bis CP la exención y/o atenuación de la pena viene con la adopción Y ejecución eficaz del programa de cumplimiento.

Entiendo que la cuestión en este planteamiento será que la toma de decisiones sujetas a la discrecionalidad empresarial tenga un procedimiento previamente establecido para la toma de decisiones en su propio programa de cumplimiento normativo o, ¿por qué no?, en sus estatutos, que:

  •  a) Desde una óptica de un consultor pueda “positivizar” a través de una norma de soft law – estatutos o programa de cumplimiento- dichos procedimientos, de conformidad con el art 226.1 LSC in fine, cuando finaliza: “(…) y con arreglo a un procedimiento de decisión adecuado” y que, tal y como afirma Luis Cazorla, sea objetivización de la toma de decisiones sea lo que, desde una óptica mercantil, ampare, ex art 226 LSC, a los órganos de administración; y,
  • b) desde una óptica penal, esa toma de decisiones previamente establecida y conocida por cada uno de los cargos/puestos/órganos, según sus competencias y funciones en la organización, permita la acreditación del cumplimiento y eficaz ejecución de los programas de cumplimiento a efecto de su posterior acreditación ante un juzgado de lo penal.

 

Seguramente, de este tema podremos leer muchas monografías mejores que este post y, desde luego mejor fundamentadas.

Un post que trae su origen en un innovador planteamiento por primera vez expuesto por el académico Luis Cazorla en Tenerife. (Esto último es la cuña del fantástico Programa Superior de Compliance de la ENIC organizado por mi despacho, Legistel, que aporta, a través de sus magníficos ponentes, estas cosillas innovadoras al Derecho Mercantil patrio)

Intereses Abusivos. TAE desproporcionado. Ley Azcárate de 1908

STS 628/2015, REC 2341/2013 de 25-11-2015

La gracia de esta Sentencia es la aplicación de una norma de 1908 conocida como Ley Azcárate de la represión de la Usura. Algo que creo que todos hemos conocido en la carrera y que casi todo el mundo conoce de su vigencia. Creo que es el nombre que es pegadizo.

Bien, Mateo y Banco Sygma acuerdan realizar un contrato de “préstamo personal revolving Medatis Banco Sigma”. Si, todo esto es un nombre de un contrato en virtud del cual un particular puede disponer, a través de llamadas telefónicas o uso de una tarjeta de Banco Sygma de un dinero tomado a crédito (aunque sea denominado préstamo –las cosas son las que son y no como las titulamos)

El tipo de interés era un 24,6 TAE y el interés de demora, el resultante de incrementar el interés remuneratorio en 4,5 puntos porcentuales. Sobre el TAE recomiendo esta entrada del blog de Nacho San Martín, AQUÍ.

El prestatario pasa de pagar y va disponiendo con libertad del dinero que se va gastando, entendemos que a gusto.

Entre pitos, flautas, comisiones por disposición, cargos periódicos, intereses y primas de seguros (esto último es curioso) en julio de 2011 Sygma presenta demandad de cantidad por importe de 12.269, 40 €

Esto llega al TS que admite a tramite y, ojo spoiler, estima recurso de casación y desestiman demanda de Sygma, estimando el recurso de apelación (punto2.1 del fallo).

El FD Tercero aborda dos cosas que me parecen de interés:

(…) Infringido el primer párrafo delart. 1 de la Ley de 23 julio 1908 de Represión de la Usura, que establece: « [s]erá nulo todo contrato de préstamo en que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso o en condiciones tales que resulte aquél leonino, habiendo motivos para estimar que ha sido aceptado por el prestatario a causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales» .

 

 

(…)en concreto suart. 1, puesto que elart. 9 establece: « [l]o dispuesto por esta Ley se aplicará a toda operación sustancialmente equivalente a un préstamo de dinero, cualesquiera que sean la forma que revista el contrato y la garantía que para su cumplimiento se haya ofrecido» .

 

La flexibilidad de la regulación contenida en la Ley de Represión de la Usura ha permitido que la jurisprudencia haya ido adaptando su aplicación a las diversas circunstancias sociales y económicas. En el caso objeto del recurso, la citada normativa ha de ser aplicada a una operación crediticia que, por sus características, puede ser encuadrada en el ámbito del crédito al consumo

 

En el FD Tercero 2, la STS nos refiere al 315 del CdCo sobre la libertad de tasa de interés que ancla con las limitaciones que establece “Orden Ministerial de 17 de enero de 1981, vigente cuando se concertó el contrato entre las partes, y actualmente el art. 4.1 Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre, de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios.”

 

Mientras que el interés de demora fijado en una cláusula no negociada en un contrato concertado con un consumidor puede ser objeto de control de contenido y ser declarado abusivo si supone una indemnización desproporcionadamente alta al consumidor que no cumpla con sus obligaciones, como declaramos en lassentencias núm. 265/2015, de 22 de abril, y469/2015, de 8 de septiembre, la normativa sobre cláusulas abusivas en contratos concertados con consumidores no permite el control del carácter “abusivo” del tipo de interés remuneratorio en tanto que la cláusula en que se establece tal interés regula un elemento esencial del contrato, como es el precio del servicio, siempre que cumpla el requisito de transparencia, que es fundamental para asegurar, en primer lugar, que la prestación del consentimiento se ha realizado por el consumidor con pleno conocimiento de la carga onerosa que la concertación de la operación de crédito le supone y, en segundo lugar, que ha podido comparar las distintas ofertas de las entidades de crédito para elegir, entre ellas, la que le resulta más favorable.

 

En este marco, la Ley de Represión de la Usura se configura como un límite a la autonomía negocial delart. 1255 del Código Civilaplicable a los préstamos, y, en general, a cualesquiera operación de crédito « sustancialmente equivalente » al préstamo. Así lo ha declaradoesta Sala en anteriores sentencias, como las núm. 406/2012, de 18 de junio,113/2013, de 22 de febrero, y677/2014, de 2 de diciembre.

 

(…) Por tanto, y en lo que al caso objeto del recurso interesa, para que la operación crediticia pueda ser considerada usuraria, basta con que se den los requisitos previstos en el primer inciso del art. 1 de la ley, esto es, « que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso », sin que sea exigible que, acumuladamente, se exija « que ha sido aceptado por el prestatario a causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales».

 

Cuando en SSTS núm. 406/2012, de 18 de junio, y 677/2014 de 2 de diciembre, exponíamos los criterios de “unidad” y “sistematización” que debían informar la aplicación de la Ley de Represión de la Usura, nos referíamos a que la ineficacia a que daba lugar el carácter usurario del préstamo tenía el mismo alcance y naturaleza en cualquiera de los supuestos en que el préstamo puede ser calificado de usurario, que se proyecta unitariamente sobre la validez misma del contrato celebrado. Pero no se retornaba a una jurisprudencia dejada atrás hace más de setenta años, que exigía, para que el préstamo pudiera ser considerado usurario, la concurrencia de todos los requisitos objetivos y subjetivos previstos en el párrafo primero del art. 1 de la Ley.

Por tanto, dos cuestiones a recordar:

  1. El préstamo debe ser notablemente superior al interés normal del dinero.
  2. Manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso.
  3. No contrates créditos por teléfono que lo barato sale caro (menos en este caso, claro)

Servidumbre de luces y vista sobre vial privado.

Servidumbre de luces y vista sobre vial privado.

La servidumbre de luces y vistas es un clásico en nuestro Derecho, esos huecos translúcidos, ese par de metros con el jardín del vecino en diagonal… Ains, que entretenido tendría que haber sido abogado en 1900.

Hoy en día aparecen nuevos problemas, nuevas situaciones y aunque la de hoy no es nada nueva, si es lo suficientemente particular para traerla al blog.

La transversalidad jurídica de las situaciones de hecho es sumamente compleja aunque nuestra mente formada a cincel en compartimentos estancos no lo perciba. Ya hace un tiempo escuchando en una conferencia a Seijas Quintana explicaba la íntima relación que en muchos asuntos existía entre la Sala 1 y 3 del TS.

La STS 4708/2015, de 17-11-2015, rec 2007/2013 no es que sea un ejemplo de dicha transversalidad pero es una efímera muestra de que la realidad urbanística es, en la práctica, configuradora, modificadora o matizadora –me gusta más matizadora- de determinados derechos y obligaciones dimanantes de nuestro Código Civil.

La historia de hoy pasa en el paraíso terrenal, Galicia, lugar en donde la alteración de hitos en fincas rústicas, según algunos autores apócrifos, pudo haber sido el inicio de la guerra de los cien años entre franceses e ingleses.

El amigo Avelino demanda a la SL suplicando que su propiedad está libre de carga y gravamen, sin servidumbre de luces y vistas y a impedir las luces y vistas en el futuro.

Desestiman en primera instancia y apelación.

Avelino dice que la edificación incumple el 582 Cciv sobre distancias entre propiedades.

La defensa dice que el art 584 Cciv. Hay una zona de tránsito general, cedida al Ayuntamiento y prevista en el PGOU como vial público.

EL FD TERCERO dice:

En principio la Sala debe abordar, a los efectos de aplicación de los artículos 582 , 583 y 584 del Código Civil , si el vial a que hace mención la sentencia, previsto en el Plan General de Ordenación Urbana, tiene o no la concepción de vía pública.

3.- El artículo 583 del Código Civil dispone, con carácter general, como límite del derecho de propiedad que: “no se pueden abrir ventanas con vistas rectas, ni balcones u otros voladizos semejantes, sobre la finca del vecino, si no hay dos metros de distancia entre la pared en que se construyan y dicha propiedad. Tampoco pueden tenerse vistas de costado u oblicuas sobre la misma propiedad, si no hay 60 centímetros de distancia…”

El artículo 584 del mismo Texto constituye la excepción del anterior: ” lo dispuesto en el artículo 582 no es aplicable a los edificios separados por una vía pública”.

Corolario de lo anterior es que lo decisivo sería, en principio, el concepto de vía pública.

4.- La sentencia de esta Sala de 21 de octubre de 2008, Ro. 1006/2003 , citada por el recurrente recoge que:

” En el presente caso, hay que reiterar que las normas administrativas, en general, y urbanísticas, en particular, siempre se aplican sin perjuicio de los derechos de carácter civil que corresponden al sujeto y con respeto a los mismos, a no ser que medie el instituto de la expropiación. Ya la sentencia de 18 de julio de 1997 dijo que “la regulación administrativa de las construcciones contempla aspecto distinto del puramente civil, y que unas obras con licencia obtenida al amparo de las normas urbanísticas, pueden ser impedidas por los tribunales del orden civil a instancia de los titulares de derecho como el de propiedad, a los que eventualmente puedan afectar, como sucede en el presente caso”; se trataba de un caso de aplicación del artículo 582 del Código Civil , acción negatoria de servidumbre, en que se estimó la demanda.

Así, la servidumbre legal de luces y vistas, tómese como tal servidumbre o como límite al derecho de propiedad, no puede quedar coartado por un plan urbanístico o una licencia de obras. Una de sus manifestaciones se halla en el artículo 582 del Código Civil . No se puede limitar el derecho de propiedad de un sujeto por acto o norma administrativa, si no media la expropiación, tal como proclama el artículo 33.3 de la Constitución Española .”

La precedente de 18 de julio de 1997, Ro. 2181/1993, también citada, sostiene que el recurrente no tiene en cuenta que la regulación administrativa de las construcciones contempla aspectos distintos del puramente civil, y que unas obras con licencia obtenida al amparo de las normas urbanísticas, puede ser impedida por los tribunales del orden civil a instancia de los titulares de derecho como el de propiedad, a los que eventualmente puedan afectar.

5.- Como recogíamos en la sentencia de 29 de octubre de 2014, Rc. 3315/2012 , la sentencia de 3 de octubre de 2014, Rc. 2328/2012 , establece que el concepto de vía pública es jurídico y no de mero hecho, trayendo a colación la de 24 de diciembre de 1996, Ro. 2895/1993, doctrina legal para el presente recurso, que declara rotundamente que la inclusión en un plan de urbanismo no convierte terrenos de propiedad privada destinados a viales en dominio público, sino a través del acto de entrega y aceptación. Dice así: “La inclusión en un plan general de ordenación de un terreno de propiedad privada como destinado a viales y la obligación…no determinan por sí solas la conversión en dominio público municipal de esos terrenos, sino que es necesario para ello que esa cesión gratuita de viales, establecida en los sistemas de actuación urbanística se lleve a cabo con arreglo a las normas de procedimiento aplicables, normas que son de inexcusable observancia, debiendo señalarse que la cesión, como cumplimiento de esa obligación impuesta a los propietarios de suelo urbano por la legislación urbanística, se produce con la correspondiente acta de entrega y recepción, que produce la transmisión al Ayuntamiento de la titularidad dominical”.

En consecuencia, la franja aquí discutida no es al día de hoy vía pública en sentido jurídico y, por tanto, no puede calificarse como tal para producir efectos jurídicos en relación con las servidumbres de luces, vistas y paso objeto del debate.

6.- Sin embargo, según ya decíamos en aquella sentencia (29-10-2014 ), ello sería abordar sólo un aspecto de la existencia o no de servidumbre de luces, vistas y paso, pues la sentencia no se centra en el concepto jurídico de vial público, sino en las segregaciones y parcelas que se configuran sometiéndose a las alineaciones proyectadas en el plan general de urbanismo, con una finalidad clara de construir el que adquiere.

Como afirma esta Sala en las Sentencias que cita la recurrida de 13 de mayo de 1989 y 15 de febrero de 1995 “…en supuestos de parcelación de una finca ha de entenderse que ha habido cesión implícita a los adquirentes de solares de las superficies correspondientes a instalaciones y servicios comunes puesto que en caso contrario la finalidad de la parcelación se vería frustrada…”.

Trasladando ello al supuesto presente no tendría sentido autorizar segregaciones y acomodación al plan urbanístico, con cesión de terreno para viales y acerados, si luego se niega la apertura de huecos a tales espacios libres, por ser consustancial a la urbanización que se materializa tales recursos constructivos aunque el vial no tenga aún “jurídicamente” el concepto de público.