Demanda contra un propietario por obras en la terraza. Falta de legitimación activa.

Demanda contra un propietario por obras en la terraza. Falta de legitimación activa.

Si hay una materia con una especial capacidad de generar conflictos es la de esta, nuestra comunidad. La necesidad del ser humano de agruparse en edificios colmena es más antigua que las pesetas –o algo más- y no hemos aprendido la dificultad de dicha convivencia.

Pues de tantos conflictos que hay, debemos reconocer que surgen una cantidad de problemáticas que tienden al infinito (como las derivadas en matemáticas).

El asunto de hoy es la falta de legitimación activa del presidente de la comunidad. Si, ese presidente que, investido de la soberanía popular de su bloque o edificio, hace y deshace bajo el perspicaz asesoramiento de un Administrador o, en aquellos especialmente formados, con su LPH bajo el brazo.

A esto se refiere al STS de 5-11-2015, Marín Castán, cuando dice:

La Ley de Propiedad Horizontal otorga al presidente de la comunidad de propietarios la representación de la misma en juicio y fuera de él, pero, como matiza la referida STS de 19 de febrero de 2014 y no tiene en cuenta la sentencia recurrida, «esto no significa que esté legitimado para cualquier actuación por el mero hecho de ostentar el cargo de presidente ya que no puede suplir o corregir la voluntad de la comunidad expresada en las juntas ordinarias o extraordinarias».

(…)no resulta razonable sostener que la facultad de representación que se atribuye de modo genérico al presidente le permita decidir unilateralmente sobre asuntos importantes para la comunidad, entre los que la citada STS de 27 de marzo de 2012 considera comprendida precisamente «la realización de obras en elementos privativos de un comunero que comporten alteración o afectación de los elementos comunes». En definitiva, como concluye la más reciente STS de 30 de diciembre de 2014, rec. nº 2980/2012, es pacífica la doctrina jurisprudencial de esta Sala (reiterada, con precisiones, en las SSTS de 10 de octubre de 2011, rec. nº 1281/2008; 27 de marzo de 2012, rec. nº 1642/2009; 12 de diciembre de 2012, rec. nº 1139/2009, todas estas citadas por la recurrente, y también en las posteriores de 24 de octubre de 2013, rec. nº 1263/2011; 19 de febrero de 2014, rec. nº 1612/2011, y 11 de abril de 2014, rec. nº 381/2012) que declara la necesidad de un previo acuerdo de la junta de propietarios que autorice expresamente al presidente de la comunidad para ejercitar acciones judiciales en defensa de esta salvo que los estatutos expresamente dispongan lo contrario o el presidente actúe en calidad de copropietario.

También procede, conforme al art. 487.3 LEC, reiterar como doctrina jurisprudencial «la necesidad de un previo acuerdo de la junta de propietarios que autorice expresamente al presidente de la comunidad para ejercitar acciones judiciales en defensa de esta, salvo que el presidente actúe en calidad de copropietario o los estatutos expresamente dispongan lo contrario».

Váyase, Sr. Cuesta. ¡Váyase!