Ley de dependencia y Daño Patrimonial de la administración pública

Hace ya bastante tiempo, 20-12-2103, escribí un post sobre los problemas de cobro de la dependencia en Canarias. La aplicación práctica de la ley de dependencia en Canarias. Impago a los dependientes fallecidos.

El supuesto de hecho es:

Persona A obtiene todo, incluso el Plan Individual de Atención (PIA) sin que sea aprobado mediante resolución. Pasan un par de años y fallece. Los hijos reclaman.

Básicamente, trataba el tema desde la STSJ de Cantabria de 2-2-2011 que entendía que “se consolidó por silencio positivo el derecho antes del fallecimiento del solicitante”

En Canarias, una de las sentencias del TSJ más recientes, 298/2015 entiende que:

“Que en el presente caso el fallecimiento de la persona dependiente se produjo antes de dictarse la resolución de reconocimiento de la prestación, por lo que no se había concretado ninguna prestación económica para la recurrente sobre la que poder establecer la consolidación de algún derecho. 

En este sentido se pronunció esta Sala en la sentencia número 20/2010 de 29 de enero del mismo año, Recurso 240/2009 cuyo fundamento de derecho segundo señalaba que, sin que coetáneamente estuviese ya elaborado necesario programa individual de atención, es obvio que las prestaciones no llegaron a consolidarse y que nunca pudieron ingresar en el patrimonio del difunto, de manera que mal puede reivindicar la actora los derechos económicos que postula la demanda, con olvido de que los actos administrativos para tener eficacia retroactiva cuando produzcan efectos favorables, precisan que los supuestos derechos necesarios existan ya en la fecha a la que se retrotraiga la eficacia de dichos actos. 

En el mismo sentido se pronunció la sentencia sobre que no cabía deducir del retardo registrado la estimación de la solicitud por silencio positivo, al contravenir abiertamente la norma de reglamentaria lo establecido al efecto en el número dos del artículo 43 de la Ley 30/1992

“Que es evidente que la existencia del retraso en la resolución del expediente PIA ha impedido a la actora el acceso a una prestación y que igualmente proceder a la tramitación del expediente tras el fallecimiento de la madre de la actora carece ya de objeto alguno, motivos ambos que son constitutivos de un perjuicio cuya valoración no se ha concretado pero que podría ser objeto de determinación y reclamación por la vía de la responsabilidad patrimonial extracontractual del art 139 de la Ley 30/1992.”

Y de modo expreso, el FD Quinto dice:

Que no haremos pronunciamiento en costas, en cuanto si bien el recurso no es estimado, sí existe un funcionamiento anormal de la administración que posiblemente ha privado a la actora de una prestación (art 139 de la ley jurisdiccional).”

Pues ya sabemos que en Canarias mejor ir por daño patrimonial.

El problema que veo aquí es el cumplimiento de los requisitos de la responsabilidad patrimonial extracontractual de la administración, constituyendo así un cuerpo de doctrina legal que figura sistematizada y resumida en las sentencias del TS de 10-6-1986 (RJ 1986, 6761) y de 10-2-1998 (RJ 1998, 1786):

  1. Lesión patrimonial equivalente a daño o perjuicio en la doble modalidad de lucro cesante o daño emergente.
  2. En segundo lugar, la lesión se define como daño ilegítimo.
  3. El vínculo entre la lesión y el agente que la produce, es decir, entre el acto dañoso y la Administración implica una actuación del poder público en el uso de sus potestades públicas.
  4. La lesión ha de ser real y efectiva, nunca potencial o futura pues el perjuicio tiene naturaleza exclusiva con posibilidad de ser cifrado en dinero y compensado de manera individualizable, debiéndose dar el necesario nexo causal entre la acción producida y el resultado dañoso ocasionado.

Por ultimo, además de estos requisitos, es de tener en cuenta que la Sala Tercera del TS ha declarado reiteradamente (así en sts 14 de mayo (RJ 1994, 4190) de 4 de junio (RJ 1994, 4783) y las que citan, que la responsabilidad patrimonial de la administración, complementada con el art 106.2 de la Constitución ( RCL 1978, 2836), art 40 LRJAE de 1957 y arts 121 y 122, LEF, se configura como una responsabilidad objetiva o por el resultado en la que es indiferente que la actuación administrativa haya sido normal o anormal, bastando declararla que como consecuencia directa de aquella se haya producido un daño efectivo, evaluable económicamente e individualizado.

 

¿Cómo obtenemos el cifrado en dinero si el responsable del expediente no lo ha resuelto -silencio administrativo-? ¿Lo pedimos como testigo en el procedimiento de responsabilidad? ¿Pedimos que la administración cifre el  daño?

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3 comentarios

9 diciembre, 2015 · 19:49

3 Respuestas a “Ley de dependencia y Daño Patrimonial de la administración pública

  1. Alvaro Ballesteros

    Muy buenas compañero, muy interesante el post que me abre una puerta a lo que te quiero comentar.

    Tengo varios casos en la mesa de familias que tienen reconocidas prestación por dependencia, estando el dependiente ya fallecido. Por más que me he dirigido a la administración, vía reclamación o personación, esta me responde que por falta presupuestaria no pueden realizar los pagos, teniendo preferencia los dependientes vivos. Es curiosa esta prelación que pudiese parecer razonable de no ser que ambos dependientes tuvieron reconocida la prestación durante 2 años de enfermedad sin cobrar ni un solo plazo, corriendo a cargo las familias con los gastos y ahora fallecidos…en fin.

    La administración solo dice que hay que esperar, ¿pudiese haber otra vía para hacer efectivos los pagos?

    Enhorabuena por los post compañero.

    Un saludo.

    • Si te han reconocido los pagos si. Contencioso y reclamación. Este supuesto había fallecido sin resolver expresamente la cuantía de los pagos. Lo otro es un funcionamiento anormal de la administración grande como un piano de cola

  2. Nuria

    Interesante y útil publicación pero me quedo con esas dudas del final…¿Cómo obtenemos el cifrado en dinero si el responsable del expediente no lo ha resuelto -silencio administrativo-? ¿Lo pedimos como testigo en el procedimiento de responsabilidad? ¿Pedimos que la administración cifre el daño?

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