¿Soy miembro de una sociedad civil o una comunidad de bienes?

¿Soy miembro de una sociedad civil o una comunidad de bienes?

Dos personas, profesionales en el ámbito de la psicología, comparten espacios comunes.

La STS 533/2016 , cendoj 28079110012016100081, de 19-2-2016, en su FD Tercero nos explica

la calificación más correcta de la relación jurídica nacida entre las partes del presente procedimiento es la de sociedad civil interna, ex art. 1669.I CC:No tendrán personalidad jurídica las sociedades cuyos pactos se mantengan secretos entre los socios, y en que cada uno de éstos contrate en su propio nombre con los terceros.””

En particular, explica, que entiende que la relación jurídica se concreta en la detallada en el art 1678 CCiv que dice:

Es nulo el contrato de sociedad, siempre que se aporten bienes inmuebles, si no se hace un inventario de ellos, firmado por las partes, que deberá unirse a la escritura.

La sentencia explica que son:

 “aquéllas que tienen únicamente por objeto el uso de una cosa determinada; y todavía más en concreto, se trata de una sociedad interna de medios, con la finalidad de dotarse y compartir”, (…) “la infraestructura inmobiliaria necesaria para el desempeño individual de su profesión de psicólogas.”

Dice la STS que:

“El párrafo segundo del artículo 1669 CC dispone que las sociedades civiles internas, que describe su párrafo primero, «se regirán por las disposiciones relativas a la comunidad de bienes». Ahora bien, las palabras iniciales del artículo 392 CC -«A falta de contratos»- muestran que, de «las prescripciones de este título [“De la comunidad de bienes”]», sólo son directamente aplicables a las sociedades internas aquellas normas que estructuran la titularidad sobre el patrimonio o fondo común; y que las relaciones entre los socios/comuneros se regirán, en principio, por las normas del contrato de sociedad. “

A partir de ahí continúa motivando a partir de las nomas de la Comunidad de Bienes.

Esta matización es más que interesante por dos motivos esenciales:

En primer lugar, considerar una sociedad civil, ex art Artículo 1665 del Cciv que establece que la sociedad es un contrato por el cual dos o más personas se obligan a poner en común dinero, bienes o industria, con ánimo de partir entre sí las ganancia;  como comunidad de bienes tiene sus riegos cuando las cosas se tuercen porque el Cciv, ex art 1679 y ss establece unas obligaciones de los socios concretas y para con terceros, diferentes de la regulación de las Comunidades de Bienes.

En segundo lugar, demuestra la eventual problemática práctica a efectos tributarios y fiscales que nos encontraremos con la nueva tributación de las sociedades civiles con objeto mercantil que ya hemos tratado en el blog, aquí. No quiero decir con ello que este caso particular pueda ser considerado como un sociedad civil con objeto mercantil… ni todo lo contrario.

Con este post quiero llamar la atención de que hay sociedades civiles en más negocios jurídicos de los que nos imaginamos y que ellos tienen unas consecuencias tributarias y fiscales que no se contemplan.

Denegación de prueba como infracción procesal. Sentencia para conservar

Hoy os aporto este precioso extracto de una sentencia sobre en qué medida la denegación de la prueba puede justificar un recurso extraordinario por infracción procesal. Contenida en STS845/2010 de 10 de diciembre, reproducida en STS 560/2012, de 2 de octubre:

Tal y como ha señalado esta Sala (por todas, STS de 23 de marzo de 2010, RC n. 1335/2006 (RJ 2010, 3922) ) el derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes para la defensa reconocido en el artículo 24.2 CE ( RCL 1978, 2836 ) , implica, según la jurisprudencia constitucional, que este derecho garantiza a las partes la posibilidad de impulsar una actividad probatoria acorde con sus intereses ( SSTC 173/2000, de 26 de junio ( RTC 2000, 173 ) , FJ 3 , 131/1995, de 11 de septiembre(RTC1995,131),FJ2y1/2004,de14deenero(RTC2004,1),F2).

 

El alcance de este derecho está sujeto a una delimitación de diverso sentido, a la que se ha referido esta Sala en la STS de 22 de febrero de 2006, RC n. 2355/1999 (RJ 2006, 901) , y que se resume en las siguientes características:

 

  • El art. 24.2CE , que se refiere a la utilización de los medios de prueba «pertinentes», implica que su reconocimiento no ampara un hipotético derecho a llevar a cabo una actividad probatoria ilimitada, en virtud de la cual las partes estarían facultadas para exigir cualesquiera pruebas que tengan a bien proponer, sino que atribuye sólo el derecho a la admisión y práctica de las que sean pertinentes, entendiendo por tales aquellas pruebas que tengan una relación con el thema decidendi [supuesto que debe decidirse] ( SSTC 147/2002, de 15 de junio (RTC2002,147),FJ4;70/2002,de3deabril(RTC2002,70),FJ5;165/2001,de16dejulio(RTC2001,165),FJ2a);y96/2000,de10deabril(RTC2000,96 ) , FJ 2]), pues lo contrario significaría que se pudiese alargar indebidamente el proceso o se discutiesen cuestiones ajenas a su finalidad ( AATC 96/1981, de 30 de septiembre ( RTC 1981, 96 ) , FJ 2 ; 460/1983, de 13 de octubre ( RTC 1983, 460 ) , FJ 6 ; y 569/1983, de 23 de noviembre , FJ 6), vulnerándose así el derecho de las otras partes a obtener un proceso sin dilaciones indebidas reconocido también en el art. 24.2CE ( STC 17/1984, 7 de febrero ( RTC 1984, 17 ) , FJ 4 ).

 

  • Tratándose de un derecho de configuración legal, la garantía que incorpora ha de realizarse en el marco legal establecido en el ordenamiento jurídico respecto a su ejercicio ( SSTC 173/2000, de 26 de junio, FJ 3 , y 167/1988, de 27 de septiembre ( RTC 1988, 167 ) , FJ 2). Es preciso, por un lado, que la parte legitimada haya solicitado la prueba en la forma y momento legalmente establecido y que el medio de prueba esté autorizado por el ordenamiento ( STC 236/2002, de 9 de diciembre ( RTC 2002, 236 ) , FJ 4 ; 147/2002, de 15 de junio , FJ 4 ; 165/2001, de16dejulio,FJ2;y96/2000,de10deabril,FJ2).

 

  • Es exigible que se acredite por la parte recurrente, a quien corresponde la carga procesal correspondiente, la existencia de una indefensión constitucionalmente relevante [por todas, STC 157/2000, de 12 de junio ( RTC 2000, 157 ) , FJ 2 c)]; cosa que se traduce en la necesidad de demostrar que la actividad probatoria que no fue admitida o practicada era decisiva en términos de defensa ( STC 147/2002, de 15 de julio ( RTC 2002, 147 ) , FJ 4 ), esto es, que hubiera podido tener una influencia decisiva en la resolución del pleito ( STC 70/2002, de 3 de abril , FJ 5 ), al ser susceptible de alterar el fallo en favor del recurrente ( STC 116/1983, de7dediciembre(RTC1983,116),FJ3)”.

Doctrina del TS sobre comprobación de valores en ámbito tributario.

Doctrina del TS sobre comprobación de valores en ámbito tributario.

Creo no equivocarme que las Agencias Tributarias es junto a Gargamel, el perro de los Fraguel y algún malo muy malo lo más antipático que existe (quizás con los pasteles de carne con guisantes que te venden en Inglaterra).

Pues da gusto traer al blog STS que dan leña a las chapuzas de valoración y a los TEAR –que alguien debería considerar seriamente su existencia-. Hoy traemos la STS 14/2016, Sala de lo Contencioso, secc 2, rec 3379/2014.

Como spoiler de la misma más o menos va así: pobre obligado tributario que sufre la malvada visita de la complementaria de un Impuesto de Sucesiones y valoración de lo bienes.

¿Donde está la gracia?

La recurrente es heredera de Noelia y la liquidación que le practicaron fue anulada.

La recurrente es heredera de Cristina, hermana de Noelia, que heredó lo de Cristina.

Es decir, la recurrente heredó el 100 % de los bienes de las hermanas Noelia y Cristina por dos vías diferentes adquiriendo el 50 % en dos actos diferentes.

La hacienda andaluza hace comprobación de valores de ambas, de modo independiente –ya es coincidencia- y vete tú a ver que valoran diferente pero con una característica común: sin motivar.

Pero la historia no acaba aquí. En dos procedimiento contenciosos diferentes: rec 1059/2010 y rec 1060/2010 resuelven de modo diferente, circunstancia no poco habitual. De hecho yo he intentado lo mismo varias veces presentando varias demandas de contencioso en semanas diferentes para ver si me los turnan a juzgados distintos, por si acaso.

El TS dice lo siguiente:

En esta situación, ha de estarse a lo declarado en la primera sentencia de 25 de noviembre de 2013, por ser la primera, y que debió seguir la misma Sala en la impugnada, máxime cuando no argumenta nada sobre el cambio de criterio respecto del primer pronunciamiento, que además se atiene a la doctrina de esta Sala” Zascarrisimo al ponente que todavía debe estar buscando la mano que le dio el guantazo.

¿qué dice la doctrina del TS sobre comprobación de valores?

Así conviene recordar que en la reciente sentencia de 26 de noviembre de 2015, cas. 3369/2014 , declaramos:

<<2. Las valoraciones practicadas por la Administración (además de ser emitidas por funcionario idóneo) deben ser fundadas, lo que equivale a expresar los criterios, elementos de juicio o datos tenidos en cuenta para determinar el valor a que se refieren, pues en otro caso se produce una situación de indefensión para el sujeto pasivo que carece de medios para combatirlas.

Pues bien, el valor comprobado administrativamente estará motivado cuando la valoración efectuada sea “singular “, por contraposición a “genérica” u “objetiva”. No caben las valoraciones generalizadas, sino que han de determinarse las circunstancias físicas y jurídicas que individualmente concurren en el objeto de comprobación, dando así lugar a una individualización en la valoración.

La valoración de los inmuebles ha de tomar como referencia una serie de elementos individualizados del inmueble transmitido y no unos criterios genéricos que se refieren a circunstancias como antigüedad, calidad de la construcción, conservación o precio de adquisiciones similares. Para que la valoración sea eficaz la Administración ha de expresar los criterios seguidos, los datos fácticos tenidos en cuenta, los procedimientos concretos de aplicación, ponderación, actualización, extrapolación o individualización, todo ello glosado de un modo sucinto, pero suficiente, completo y adecuado para poder tomar cabal conocimiento de las operaciones realizadas por el perito de la Administración y poder verificar su corrección.

Esta Sala se ha pronunciado en numerosísimas sentencias acerca de los requisitos que debe cumplir un informe pericial, en materia de comprobación de valores, para considerarlo debidamente motivado; así, se ha sentado la doctrina de que los informes periciales que han de servir de base a la comprobación de valores deben ser fundados; que la justificación de la comprobación es una garantía tributaria ineludible; que por muy lacónica y sucinta que se interprete la obligación administrativa de concretar los hechos y elementos adicionales motivadores de la determinación de la base, no puede entenderse cumplida dicha obligación si se guarda silencio o si se consignan meras generalizaciones sobre los criterios de valoración o sólo referencias genéricas a los elementos tenidos en cuenta mediante fórmulas repetitivas que podrían servir y de hecho sirven, para cualquier bien. Por el contrario la comprobación de valores debe ser individualizada Y su resultado concretarse de manera que el contribuyente, al que se notifica el que la Administración considera valor real, pueda conocer sus fundamentos técnicos y prácticos y así aceptarlo, si llega a la convicción de que son razonables o imposibles de combatir o rechazarlos porque los repute equivocados o discutibles y en tal caso, sólo entonces, proponer la tasación pericial contradictoria a la que también tiene derecho. Obligar al contribuyente a acudir a la referida tasación pericial, de costoso e incierto resultado, para discutir la comprobación de valores, cuando ni siquiera se conocen las razones de la valoración propuesta por la Hacienda, colocaría a los ciudadanos en una evidente situación de indefensión frente a posibles arbitrariedades o errores de los peritos de la Administración, a cuyas tasaciones no alcanza la presunción de legalidad de los actos administrativos porque las peritaciones, aunque las practique un funcionario, son dictámenes, sin que el sujeto tributario venga obligado, por su parte, a acreditar el error o la desviación posibles de la Hacienda Pública cuando no conoce una justificación bastante de aquellos nuevos valores, pues en esta materia la carga de la prueba rige igualmente tanto para los contribuyentes como para la Administración, tanto en vía administrativa como jurisdiccional.

No se entenderá que el valor está debidamente motivado si la valoración no se refiere al momento exacto del devengo, si el perito carece de la titulación adecuada al objeto a valorar ( STS de 20 de julio de 1990 ) o si no existe identidad entre el objeto de la transmisión y el de la comprobación, p.ej. se transmite una casa y se valora, atendido su estado de conservación, como solar ( SSTS de 11 y 19 de enero de 1996 ).

Acerca de este requisito de la debida motivación de los actos de comprobación de valores, el artículo 160.3 e) del RD 1065/2007, de 27 de julio , por el que se aprueba el Reglamento General de Gestión e Inspección (RGGI) exige, cuando el medio de comprobación elegido ha sido el dictamen de perito de la Administración, que se exprese “de forma concreta los elementos de hecho que justifican la modificación del valor declarado, así como la valoración asignada. Cuando se trate de bienes inmuebles se hará constar expresamente el módulo unitario básico aplicado, con expresión de su procedencia y modo de determinación, y todas las circunstancias relevantes, tales como superficie, antigüedad u otras, que hayan sido tomadas en consideración para la determinación del valor comprobado, con expresión concreta de su incidencia en el valor final y la fuente de su procedencia”; además, es preceptivo, según el apartado 2 del mismo precepto, “el reconocimiento personal del bien valorado por el perito cuando se trate de bienes singulares o de aquellos de los que no puedan obtenerse todas sus circunstancias relevantes en fuentes documentales contrastadas”.

La motivación por remisión del contribuyente a estudios de mercado realizados por la propia Administración tributaria deben reunir una serie de requisitos. En todo caso, la necesidad de justificar el modo de ponderación, actualización, extrapolación e individualización de los datos obtenidos de los estudios de mercado.>>

Guarda y custodia en exclusiva para el padre.

Guarda y custodia en exclusiva para el padre.

El 20 de febrero de 2014, hace ya dos años, tratamos el tema en este blog, aquí.

En la actualidad es común la guarda y custodia compartida. Es común que truquitos de que los padres se lleven mal ya no sirve para justificar una decisión de guarda y custodia a favor de uno de los progenitores.

En este blog hemos tratado profusamente estos temas. Aquí , aquí y aquí

Lo que en su momento no comenté en el post de 20-2-2014 es que fue desde el despacho donde llevamos ese asunto en instancia y que fue resuelto por la AP de Tenerife confirmado todas nuestras pretensiones cuya valoración de la prueba en instancia entiende que

destaca que el menor ha convivido con ambos progenitores de forma alternativa, que esta situación se modifica unilateralmente por la recurrente un mes antes del dictado del Auto que la juzgadora atribuye a la recepción de la demanda de divorcio que interpone la apelada, o el restringir la comunicación con el menor con su padre por discusiones entre ambos progenitores, o ambas cosas”

La STAP Tenerife es de 10-6-2015, ST 334/2015, rec 224/2014, roj SAP TF 656/2015:

En el caso de autos la sentencia recurrida ratifica las medidas que acordó en el Auto de medidas provisionales dictado el 16 de diciembre de 2013, muy próximo, por lo tanto, al de la sentencia, argumentado que no se han modificado las circunstancias que las motivaron, y dando por reproducido su argumentación, añadiendo que en el padre siempre ha primado el interés del menor.- De la revisión por el sistema informático de los razonamientos vertidos en la antes mencionada resolución, se destaca que el menor ha convivido con ambos progenitores de forma alternativa, que esta situación se modifica unilateralmente por la recurrente un mes antes del dictado del Auto que la juzgadora atribuye a la recepción de la demanda de divorcio que interpone la apelada, o el restringir la comunicación con el menor con su padre por discusiones entre ambos progenitores, o ambas cosas.-

(…), el menor se encuentra bajo la custodia paterna, sin que incidencia alguna conste a la Sala, por lo que debe presumirse que se desarrolla satisfactoriamente para el menor, de modo que una alteración de dicho régimen de custodia, observado el tiempo transcurrido, en absoluto es aconsejable para la estabilidad emocional del menor acordar un cambio de custodia.- Y, en segundo lugar, atendiendo a que el Ministerio Fiscal, en su especial función de defensa de los menores en este tipo de procedimientos, ha interesado la confirmación de la resolución recurrida”

Lo interesante de este asunto, al menos así lo entendimos en su día y lo planteamos, fue el cambio de conducta de la madre al recibir la demanda de divorcio y la aplicación de estos truquillos de llevarse mal con el padre para obtener la guarda y custodia. Afortunadamente, conseguimos que el tribunal entendiese que los actos contrarios a la relaciones con la familia paterna fuesen considerados contrarios al interés del menor y, en consecuencia, su madre no podía garantizar su cumplimiento. No así el padre.

NULIDAD DE LAS ACTUACIONES POR IMPOSIBILIDAD DE ESCUCHAR EL AUDIO DE LA VISTA.

NULIDAD DE LAS ACTUACIONES POR IMPOSIBILIDAD DE ESCUCHAR EL AUDIO DE LA VISTA.

Hay juzgados de primera y juzgados de segunda. En los de primera hay una especie de servidor que una vez acabada la vista esperas un tiempo, insertas una memora flash en pen drive y obtienes una copia de la vista. En los de segunda hay que subir, pedirlo por escrito y te lo dan en un cd.

Esto es relevante porque a veces (el 100% de ellas en mi caso) cuando hay un recurso veo de nuevo la vista –hace tiempo que perdí la vergüenza de verme hablando cosas sin sentido- y desde la prueba practicada armo parte del recurso cuando no todo.

Pero, muchas veces las vistas no se escuchan bien. Antes estaba el acta del Sr Secretario pero ahora ya no están. ¿Qué pasa si no se pueden escuchar total o parcialmente?

Esto lo solucionamos aquí en casa, en la AP de Tenerife, SAP TF 1710/2014, STAP 237/2014 de 2-5-2014, del siguiente modo:

(…)la apelante insta la nulidad del juicio (por cierto, sin citar precepto o jurisprudencia alguna) toda vez que no resulta posible repasar las declaraciones de tal Contador- Partidor al estar deficientemente grabado el acto del juicio en el soporte informático. Concretamente al no poderse oír las declaraciones, pues falla el “audio” de la grabación, que es el elemento clave, pues la grabación de imágenes resulta marginal o prescindible.

 

Sobre la nulidad de actuaciones ( art. 238 LOPJ y 225 y ss. LECv.) es de indicar que la doctrina es, en general, renuente a su imposicion, dada la dilacion procesal que conlleva, tanto la de orden constitucional (STCo. 22-20-90), como la ordinaria ( STS 2-10-09 ).

 

Pero, por excepción, en el caso de autos se hace preciso adoptar la siempre lamentable, pero aquí inevitable nulidad de actuaciones, pues concurren los dos requisitos legales: de un lado, la infracción de preceptos procesales, concretamente la de los arts. 146, 147, 382 y 383 de la LECv. que imponen el levantamiento del acta del juicio por el Secretario o su grabación en soporte informático, que se ha de entender audible porque de lo contrario no hay utilidad alguna en el acta (el fallo en el visionado de las imágenes, en cambio, no parece relevante, como ya se dijo, salvo que hayan habido incidencias especiales); de otro lado, la indefensión efectiva, porque no es posible articular el recurso sin conocer las manifestaciones del contador- partidor sobre los errores aritméticos de distribución del haber hereditario, que, según la recurrente, reconoció en e acto del juicio. Por lo demás, este es el criterio mayoritario de las AAPP cuando el contenido del acta es relevante ( SAP Salamanca 3-12-04 , entre otras).

 

Por tanto, se debe decretar la nulidad de actuaciones para que las declaraciones del contador-.partidor queden reflejadas, si bien no parece preciso anular el acto del juicio, sino sólo la Sentencia, pues esta declaración podrá efectuarse por el más sencillo instrumento procesal de la Diligencia Final de los arts. 435 y 436 LECv., en la que tienen trámite de alegaciones las partes, además de intervenir en ella, con lo que la nulidad de actuaciones de reduce a lo imprescindible.

 

En consecuencia:

La nulidad de actuaciones es una excepción y que el tribunal que lo aplique va a ser siempre reticente.

Requisitos:

Infracción procesal cuando:

No hay levantamiento del acta.

Es inaudible todo o parte que sea necesaria y relevante para el objeto del pleito.

Indefensión efectiva.