Responsabilidad del Estado por daños causados por una resolución judicial

Responsabilidad del Estado por daños causados por una resolución judicial.

Si os interesa el tema os recomiendo el comentario monográfico de Gabriel Doménech Pascual, profesor de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de Valencia, AQUÍ. que es un trabajo como debe ser y no un corta y pega como mis post.

Los errores judiciales existen. Hay procedimientos establecidos para ello. En este blog hemos tratado el error judicial aquí y aquí

«El error judicial, fuente del derecho a obtener una indemnización que reconoce a los perjudicados el artículo 121 CE , ha de tener la gravedad que implícitamente exige el artículo 292.3 LOPJ (pues en él se establece que la mera revocación o anulación de las resoluciones judiciales no presupone por sí sola derecho a la indemnización) y que la jurisprudencia reclama ( SSTS de 25 de enero de 2006, EJ n.o 32/2004 , 4 de abril de 2006, EJ n.o 1/2004 , 31 de enero de 2006, EJ n.o 11/2005 , 27 de marzo de 2006, EJ n.o 13/2005 , 13 de diciembre de 2007, EJ n.o 20/2006 , 7 de mayo de 2007, EJ n.o 10/2005 y 12 de diciembre de 2007, EJ n.o 35/2004 ), en consonancia con el carácter extraordinario de una institución mediante la que se ordena el resarcimiento por el Estado de los daños causados por una sentencia dictada en el ejercicio de la función jurisdiccional con fuerza de cosa juzgada”

 El post de hoy no tiene que ver con este error, en mi opinión, sino que yo lo oriento más hacia una responsabilidad patrimonial de las AAPP aunque esté muy cogida por los pelos al tratarse de un tema cuyo origen es una resolución judicial. Las resoluciones judiciales como todo el mundo sabe tienen una situación especial que deriva, en síntesis, de su independencia.

La STJUE de 28-7-2016, asunto C-168/15 sobre «Procedimiento prejudicial — Protección de los consumidores — Directiva 93/13/CEE — Cláusulas abusivas en los contratos celebrados con los consumidores — Contrato de préstamo que contiene una cláusula abusiva — Ejecución forzosa de un laudo arbitral dictado en aplicación de esa cláusula — Responsabilidad de un Estado miembro por los daños causados a los particulares como consecuencia de violaciones del Derecho de la Unión imputables a un órgano jurisdiccional nacional — Requisitos de generación de la responsabilidad — Existencia de una violación suficientemente caracterizada del Derecho de la Unión»

Sólo puede generarse la responsabilidad de un Estado miembro por los daños causados a los particulares por una violación del Derecho de la Unión provocada por una resolución de un órgano jurisdiccional nacional cuando esta resolución proceda de un órgano jurisdiccional de ese Estado miembro que resuelva en última instancia, extremo éste que el órgano jurisdiccional remitente debe comprobar en lo que respecta al litigio principal. Si ese fuera el caso, una resolución de ese órgano jurisdiccional nacional que resuelve en última instancia únicamente puede constituir una violación suficientemente caracterizada del Derecho de la Unión, de la que pueda derivarse tal responsabilidad, cuando, mediante esa resolución, dicho órgano jurisdiccional ha infringido manifiestamente el Derecho aplicable, o en caso de que esta violación se haya producido a pesar de existir una jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia en la materia.

No cabe considerar que un órgano jurisdiccional nacional que, antes de la sentencia de 4 de junio de 2009, Pannon GSM (C‑243/08, EU:C:2009:350), en el marco de un procedimiento de ejecución forzosa de un laudo arbitral que estimó una pretensión de condena al pago de créditos en virtud de una cláusula contractual que debe considerarse abusiva, en el sentido de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, se abstuvo de apreciar de oficio el carácter abusivo de esa cláusula, a pesar de que disponía de los elementos de hecho y de Derecho necesarios para ello, ha inobservado manifiestamente la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en la materia y, por lo tanto, ha cometido una violación suficientemente caracterizada del Derecho de la Unión.

Las reglas relativas a la reparación de un daño causado por una violación del Derecho de la Unión, como las referidas a la evaluación de ese daño o a la articulación entre una demanda por la que se solicita la reparación de tal daño y las demás vías de recurso que puedan estar disponibles, quedan determinadas por el Derecho nacional de cada Estado miembro, siempre que se respeten los principios de equivalencia y de efectividad.

En resumen, es posible que una resolución judicial pueda general una responsabilidad por parte del Estado si se dan las siguientes condiciones:

  1. La resolución debe ser dictada por un órgano jurisdiccional nacional.
  2. Resuelva en última instancia
  3. Contener una infracción manifiesta del derecho aplicable o que esta violación de la norma se produzca a pesar de existir jurisprudencia reiterada.
  4. El procedimiento para solicitar la reparación del daño debe realizarse a través del procedimiento en el ordenamiento jurídico nacional.

Efectos de la competencia objetiva y territorial en relación a la nulidad de lo actuado.

Caducidad de la acción por presentar la demanda en un tribunal territorialmente no competente.

­­La STS 3450/2016 – ECLI:ES:TS:2016:3450 Id Cendoj: 28079110012016100468 es muy clara sobre aquella teoría que me explicaban en procesal civil en quinto de carrera con aquella insoportable dureza que, con el tiempo, entendí.

Los lectores habituales conocéis mi debilidad por Salas Carceler y Sancho Gargallo. Pues esta es del primero. No hay más que hacer un corta y pega de su FD2º

Se hace preciso distinguir a estos efectos entre falta de competencia objetiva y falta de competencia territorial. Es cierto que cuando la fijación de la competencia territorial está prevista en normas legales imperativas, o sea cuando se trata de alguno de los supuestos que se recogen en el artículo 52 LEC en relación con el 54.1, la ley prevé el control de oficio por parte del órgano jurisdiccional de acuerdo con el procedimiento del artículo 58 LEC , según el cual el tribunal, inmediatamente después de presentada la demanda, examina la competencia y, previa audiencia del Ministerio Fiscal y de las partes personadas, si considera que no es competente, dicta auto declarándolo así y remitiendo las actuaciones al tribunal que considere territorialmente competente, de modo que si fuesen de aplicación fueros electivos se requerirá al demandante para que designe el órgano jurisdiccional al que solicita que se efectúe la remisión.

En definitiva el tratamiento procesal de la competencia territorial establecida por la ley con carácter forzoso es semejante al previsto en el artículo 48 LEC para la competencia objetiva, aunque no idéntico. La falta de competencia objetiva -a que se refieren fundamentalmente las resoluciones que se citan por la sentencia impugnada- determina la nulidad de pleno derecho de lo actuado ( artículo 238.1 LOPJ ) mientras que la falta de competencia territorial no, por lo que la Ley ha previsto que el examen de la competencia territorial se lleve a cabo por el tribunal una vez presentada la demanda, de forma inmediata, y antes de su admisión (artículos 404 y 440).

En consecuencia la infracción de las normas sobre determinación de la competencia territorial en el momento de interponer la demanda no comporta la nulidad de lo actuado, sino la remisión de actuaciones al órgano territorialmente competente siendo válidas las realizadas con anterioridad.

 

Efectos de la falta de inscripción de la unipersonalidad sobrevenida.

Efectos de la falta de inscripción de la unipersonalidad sobrevenida.

La teoría dice que el art 14 LSC:

  1. Transcurridos seis meses desde la adquisición por la sociedad del carácter unipersonal sin que esta circunstancia se hubiere inscrito en el Registro Mercantil, el socio único responderá personal, ilimitada y solidariamente de las deudas sociales contraídas durante el período de unipersonalidad.

  1. Inscrita la unipersonalidad, el socio único no responderá de las deudas contraídas con posterioridad.

La práctica dice que el socio único tiene responsabilidad personal, ilimitada y solidaria sobre las deudas sociales pero no como obligado solidario sino como responsable solidario lo que a efectos procesales de ejercitar un procedimiento declarativo tiene su importancia a efectos de acumular acciones.

El primero de los sentidos expuestos, la responsabilidad personal, ilimitada y solidaria, es tratado en la STS 3631/2016 – ECLI:ES:TS:2016:3631 Id Cendoj: 28079110012016100486 , de 19-7-2016, por Sancho Gargallo:

En el caso de la unipersonalidad sobrevenida, esta exigencia de publicidad va ligada a un régimen de responsabilidad en caso de incumplimiento. Así el art. 129 LSRL (actualmente el art. 14 LSC) disponía que, «trascurridos seis meses desde la adquisición por la sociedad de la unipersonalidad sobrevenida sin que esta circunstancia se hubiera inscrito en el Registro Mercantil, el socio único responderá personal, ilimitada y solidariamente de las deudas sociales contraídas durante el periodo de unipersonalidad». Y desde la inscripción, dejará de responder de las deudas posteriores.

Esta responsabilidad solidaria del socio único afecta únicamente a las deudas sociales surgidas durante el periodo de unipersonalidad, cumplido el presupuesto de que no se haya inscrito en el Registro Mercantil la situación de unipersonalidad.

En nuestro caso, ha quedado acreditado que transcurrieron seis meses desde la unipersonalidad sobrevenida, ocurrida en marzo de 2002, sin que se practicara la preceptiva inscripción registral, y que en esta situación de falta de publicidad registral nacieron las deudas de la sociedad unipersonal frente a los acreedores ahora demandantes.

En esta situación, el art. 129 LSRL impone la responsabilidad personal, ilimitada y solidaria sobre estas deudas sociales al socio único. El socio único no deviene obligado solidario sino responsable solidario: responde del incumplimiento de la deudora, que es la sociedad, sin perjuicio de que por su carácter solidario, tras dicho incumplimiento, los acreedores pueden dirigir su reclamación indistintamente frente a la sociedad y frente al socio único, sin que en este último caso se exija la previa excusión de los bienes y derechos de la sociedad. No obstante, como el socio único no es obligado solidario, caso de haber hecho efectiva su responsabilidad frente al acreedor, tendría acción para repetir de la sociedad el importe de lo satisfecho.

Esta responsabilidad del socio único viene anudada, como hemos visto, al incumplimiento del deber de publicidad registral de la condición de unipersonalidad sobrevenida de la sociedad. Este incumplimiento encierra una conducta cuando menos negligente (incumplir un deber legal de publicidad en garantía de los acreedores), por parte del socio único, que lleva aparejada esta responsabilidad solidaria de las deudas sociales contraídas bajo la unipersonalidad no registrada.

Se trata de un régimen propio de responsabilidad, respecto del que no resultan de aplicación los requisitos y principios de la responsabilidad por dolo o culpa grave, contractual o extracontractual, prevista con carácter general en el Código Civil y de forma particular, para los administradores sociales, en la Ley de Sociedades de Capital (antes, en la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada y en la Ley de Sociedades Anónimas).

Tan sólo existe una cierta analogía con la responsabilidad de los administradores de una sociedad de capital por haber incumplido el deber de promover la disolución de la sociedad, estando esta incursa en causa de disolución, prevista en la actualidad en el art. 367 LSC ( art. 105.5 LSRL ). También en ese caso la responsabilidad solidaria del administrador respecto de las deudas sociales posteriores a la causa de disolución, es ex lege , viene impuesta por la ley en caso de incumplimiento del deber legal de promover la disolución de la sociedad.

En contra de lo aducido en la formulación del motivo segundo, en uno y otro caso, no se exige relación de causalidad entre el incumplimiento de la deuda social respecto de la que se impone la responsabilidad, en un caso al socio único y en otro al administrador, y el incumplimiento del deber legal correspondiente, el de publicidad registral de la unipersonalidad para el socio único y el de promover la disolución para el administrador.

 

URBANISMO. Pista interior de uso agrícola. Suelo agrícola potencialmente cultivable.

El post de hoy hace referencia a la Sentencia del TSJ de Canarias, de fecha 26 de julio de 2016, en un asunto en donde he tenido el privilegio de participar junto a otros abogados y, sin embargo, amigos, y la fortuna de que la Sala haya entendido y estimado nuestra posición. No hay enlaces en las BBDD.

Sin entrar en otros detalles, voy a exponer dos acertadas conclusiones de la Sala sobre la compleja y abigarrada normativa urbanística que existe en cada una de las islas. En este particular, Tenerife.

El problema surge en la existencia de diferentes criterios entre la Administración Municipal y el Cabildo Insular en la interpretación de las normas de ordenación del suelo.

En el post voy a analizar dos cuestiones novedosas:

  • Pista interior de uso agrícola.
  • Concepto de “potencialmente cultivable”.

1.- Pista interior de uso agrícola.

La Sala, fundamentada sobre la opinión de un perito urbanista de gran prestigio que depuso en el acto del plenario, entiende que la pista interior de uso agrícola son pistas que no tienen desarrollo fuera de la parcela agraria en la que se construyó. Estas pistas carecen de los inconvenientes de otras pistas, es decir, no producen conflictos entre el uso público o privado de las mismas y el reparto de los costes de mantenimiento es privado, siendo además necesarias para el paso de vehículos de tracción mecánica.

Parecerá un concepto sencillo pero no había una definición expresa hasta ahora, más allá de una breve remisión al PIOT de La Gomera que no determinaba ciertos conceptos.

Este tipo de pistas agrícolas, según los PGOU (habrá que estar a cada uno), pueden ser de nueva creación.

2.- Terreno potencialmente cultivable.

Aunque parezca sencillo, no lo es.

El Cabildo Insular de Tenerife tiene (o tenía) como criterio que las actuaciones en suelo rustico agrícola deben ser rentables. )¿Según la opinión de quién? Eso es otro asunto. Aunque yo no lo comparta, no es un criterio tan disparatado si uno conoce el mundo rural -y a más de uno le habrá salvado de darse un tortazo económico de impresión.- Así lo afirman en sus informes (al menos en los que he tenido la oportunidad de leer). De no ser rentables, informa negativamente a las actuaciones solicitadas (veremos que pasa con la nueva Ley del Suelo que se está pergeñando.) denegando actuaciones porque las entienden antieconómicas.

La Sala resuelve, acertadamente en mi subjetiva opinión, que el suelo es agrícola o no esté o no cultivado. Entiende que la parcela tenga clasificación de agraria significa que puede ser cultivada en cualquier momento. Es decir, “que aun estando cultivada en poco más de un diez por ciento no significa que no pueda realizarse en un futuro.” En este sentido solo uno de los peritos que declararon por parte del Cabildo, afirmó que aunque la explotación no es viable por el terreno si el propietario quiere gastarse el dinero, lo hará. Esto último, implica un cambio de criterio interno en el Cabildo Insular puesto que, como expongo en este post, esto no era la práctica ordinaria.

En definitiva, antes a esta sentencia el Cabildo denegaba la actuación si no lo veía rentable, según sus criterios, para el administrado unido a que era una actuación en un lugar en donde no estaba cultivado.

Después de la sentencia entiendo que debería considerar, a estos efectos, el concepto administrativo de que si cumplen el requisito de ser suelo agrícola y es solicitado no se puede denegar con base a unos criterios de rentabilidad internos del cabildo.

 

Sobrinos a efectos tributarios en la sucesión.

Sobrinos a efectos tributarios en la sucesión.

La STS 3773/2016 – ECLI:ES:TS:2016:3773 Id Cendoj: 28079130022016100339 resuelve un pleito que tiene el siguiente objeto, en un inicio:

“EL objeto del pleito dilucidar si el parentesco por afinidad se extingue cuando fallece la persona que servía de vínculo entre el causante y el sobrino por afinidad, pues, si ello fuera así, el obligado tributario reclamante ante el TEAR no tendría derecho a ser incluido en el citado grupo III del art. 20. 2. a) de la Ley del Impuesto , ya que no podría ser considerado pariente afín.”

En el FD Quinto la STS entiende que:

La única cuestión planteada en esta casación para la unificación de doctrina consiste en determinar si los sobrinos políticos han de ser incluidos en el Grupo III del art. 20 de la LISD, dentro del concepto de «colaterales de segundo y tercer grado», o si, por el contrario, se hallan comprendidos en el Grupo IV del precepto citado, dentro, por tanto, del concepto «colaterales de cuarto grado, grados más distantes y extraños (…)

Curiosamente y en contra de mi propio conocimiento y el de los medios especializados, la resolución menciona dos STS que se habían pronunciado. La última el 12-12-2011, rec casación para unificación de doctrina 235/2009:

“Todo el debate gira sobre la interpretación del artículo 20 de la Ley 29/1987 y en concreto, en integrar el grado familiar de “sobrinas políticas” en alguno de los grupos del indicado precepto en relación a su grado de parentesco en función de su proximidad o lejanía.

El parentesco se subdivide entre consanguíneos que son aquellos que proceden de la misma familia y afines que comprenden al cónyuge y a los familiares consanguíneos de este con el otro cónyuge y sus parientes consanguíneos y que proceden de línea directa ascendente o descendente, cuando descienden unas de las otras, o de línea colateral, que se da entre aquellas personas que descienden de un ascendiente común, no existe una sucesión directa de unas a otras, determinando una mayor o menor proximidad en el grado de parentesco una reducción mayor o menor del impuesto según sea el mismo, situándose el parentesco por afinidad en el mismo grado en el que se encuentre el consanguíneo del que se derive la afinidad.

Tercero.- Ahora bien, sentado lo anterior la parte actora considera que la configuración legal del parentesco por afinidad supone la existencia de un vínculo matrimonial entre dos personas por lo que cuando el matrimonio se disuelve, desaparece el parentesco por afinidad del que trae causa por lo que fallecido el cónyuge, entre el cónyuge supérstite y los parientes por consaguinidad del cónyuge fallecido, ya no existe parentesco por afinidad, siendo así que con el fallecimiento de su marido se extingue el citado parentesco.

Ahora bien el Tribunal Supremo en la sentencia anteriormente citada de 18 de marzo de 2003 se está refiriendo precisamente, a un sobrino carnal de la esposa, premuerta, del causante, considerando como un colateral de tercer grado por afinidad, y en ningún caso se hace referencia a que este parentesco haya desaparecido porque la esposa del causante hubiere fallecido con anterioridad, razones todas ellas que llevan a la desestimación del recurso interpuesto”.

Las razones expuestas, reiteradas en la sentencia de 1 de abril de 2014 ( casación num. 2039/2011 ), conducen a la estimación del recurso interpuesto por el sobrino político de la causante D. Torcuato .

Y es que en aplicación del criterio reiterado de este Tribunal Supremo sobre la cuestión aquí controvertida, no cabe sino concluir que la inclusión de los sobrinos por afinidad en el grupo III procede aun cuando hubiera fallecido la persona que servía de vínculo entre el causante y el sobrino por afinidad. En consecuencia, en el presente caso, siendo el recurrente sobrino carnal del esposo, premuerto, de la causante, procede su inclusión en el Grupo III de parentesco, correspondiéndole, por tanto, una reducción por parentesco de 7.850 euros, en virtud lo dispuesto en la Ley 7/2005, de la Comunidad de Madrid, Medidas Fiscales y Administrativas.

Pues como vemos, la noticia no por desconocida para el público y para mi, es extraña al TS y a los abogados decentes, competentes y especializados que leen las STS. Viva twitter y los blogs que nos permiten leer estas cosas que, de otro modo, pasarían totalmente desapercibidas.

 

BREXIT para las herencias de Reino Unido.

BREXIT para las herencias de Reino Unido.

­­El post de hoy es un copia y pega de la Resolución de 15 de junio de 2016 de la DGRN sobre recurso de suspensión de inscripción de una escritura de manifestación y adjudicación de herencia de un ciudadano británico.

(ojo spoiler) La DGRN estima el recurso.

Don G. P. O., falleció en Orihuela el día 15 de septiembre de 2015, bajo testamento otorgado el día 28 de mayo de 2.003, en el cual se dice que está casado en únicas nupcias con doña M. E. O. con quien tiene tres hijos, e instituyó heredera en todos sus bienes, solamente situados en España, a su nombrada esposa. En la misma escritura se testimonia certificado de Registro de Ciudadano de la Unión, en el que consta que el causante era residente comunitario con carácter permanente en España desde el 8 de abril de 2004.

La calificación fue recurrida alegando:

«Primera.–En el Reino Unido, sistema anglosajón, rige el principio de libertad de disposición en materia de herencias.

Segunda.– En el mismo Reglamento Europeo no 650/2012 del Parlamento Europeo y Consejo de 4 de Julio de 2012, en la exposición de motivos, punto no 82 se establece que «De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo no 21 sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda respecto del espacio de libertad, seguridad y justicia, anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, dichos Estados miembros no participan en la adopción del presente Reglamento y no quedan vinculados por él ni sujetos a su aplicación. Ello, no obstante, se entiende sin perjuicio de que el Reino Unido e Irlanda puedan notificar su intención de aceptar el presente Reglamento tras su adopción de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de dicho Protocolo».

Tercera.–El Sr. G. P. O manifestó en su testamento, su voluntad de instituir heredera a su esposa, testamento que se redactó según su ley personal británica, en la que rige la libertad de disposición en la sucesión, y en base al artículo 22 del Reglamento Europeo, ya designó la ley de su Estado para regular la sucesión testamentaria, y a día de hoy el Reino Unido no ha adoptado dicho Reglamento, por lo que no sería de aplicación a los nacionales de dicho Estado».

Los Fundamentos de Derecho motivan sobre los siguientes:

Vistos los artículos 81 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea; 20, 21, 22.2, 23, 24, 26, 27, 34.2 y 83, y considerandos 1, 7, 39, 40, 77, 80, 81 y 82 del Reglamento (UE) no 650/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones, a la aceptación y la ejecución de los documentos públicos en materia de sucesiones mortis causa y a la creación de un certificado sucesorio europeo, y el artículo 9.8 del Código Civil.

Entre los diversos supuestos y matices que estas sucesiones pueden presentar, en el caso concreto que ahora se analiza se da la circunstancia de que el causante fallece bajo testamento otorgado en 2003, por lo tanto, antes de la entrada en vigor del Reglamento (16 de agosto de 2012, vid considerando 77 y Reglamento [C.E.E., Euratom] n.o 1182/71 del Consejo, de 3 de junio de 1971).

En dicho testamento, autorizado por notario español conforme a los requisitos de la «lex auctor», que en la fecha de su otorgamiento impedía la elección de la ley sucesoria, la «professio iuris» -al igual que la «lex del domicile» del testador-, éste ordenaba lo siguiente: por la primera cláusula, «instituye heredera en todos sus bienes situados en España a su esposa, M. E. O»; por la segunda cláusula, «nombra sustitutos en caso de premoriencia, conmoriencia o renuncia de la citada heredera, a partes iguales, a sus tres hijos (…). Con derecho de representación a favor de sus respectivos descendientes». Además deja a salvo los «posibles derechos que la ley de la nacionalidad que ostente a su fallecimiento conceda a legitimarios o herederos forzosos». Expresión esta última que pese a la difícil coordinación de las leyes inglesa y española puede conducir a familiar provisions que, de existir, no han sido planteadas, con el alcance de la ley aplicable, en ningún momento. No se designa executor.

En la escritura de aceptación y adjudicación de herencia, también otorgada en España, comparece un representante de su esposa que en tal concepto, apoderado voluntario de la heredera, adjudica a ésta la totalidad de la herencia.

En la redacción de la escritura notarial calificada, se omite toda explicación sobre la ley aplicable y demás circunstancias concurrentes. No consta, además, informe de la notaria autorizante.

(…)el artículo 21.1 del Reglamento (UE) n.o 650/2012 dispone una norma de conflicto principal que determina que será ley aplicable la norma del Estado en el que el causante tuviera su residencia habitual en el momento del fallecimiento, ley que será aplicable a la universalidad de la herencia, bienes muebles e inmuebles, incluso cuando no resulte ser aplicable la ley de un Estado miembro, dada la aplicación universal del Reglamento (artículos 20 y 23.1, ex 34). La consideración de que debe entenderse residencia habitual en el contexto de esta norma, exige una evaluación general de las circunstancias de la vida del causante durante los años precedentes a su fallecimiento, en los términos de los considerandos 23 y 24.

No obstante, la regla de la residencia no es absoluta por cuanto, además de otros supuestos tales como: la aplicación de la ley de los vínculos más estrechos, artículos 21.2; la norma especial en caso de conmoriencia, artículo 32, o sucesión vacante, artículo 33; la aplicación obligatoria del artículo 30; o las normas del artículo 29 para determinados supuestos de administración «locus sitae», el artículo 22.1 permite que el causante pueda elegir, en disposición mortis causa, como ley aplicable a su sucesión la de la nacionalidad, o alguna de las nacionalidades que ostente al tiempo de la elección o de su fallecimiento

La «professio iuris», como se ha indicado, era desconocida en España antes de la entrada en vigor del Reglamento al igual que se desconoce hoy en día en la legislación británica, pero este hecho que pudiera ser relevante para su ejecución según la ley local en Reino Unido, no afecta la aplicación de la norma europea en España, en cuanto Estado miembro participante en el mismo.

Conforme al artículo 22 del Reglamento, la elección de la ley de una de las nacionalidades que posea el disponente al tiempo de la realización de la disposición de última voluntad o del fallecimiento del causante, ha de reunir ciertos requisitos formales: debe hacerse expresamente y en forma de disposición «mortis causa» o habrá de resultar de los términos de una disposición de ese tipo.

Los considerandos 39 y 40 inciden esta cuestión: el considerando 39 del Reglamento (UE) n.o 650/2012, señala que la elección de la ley sucesora debe realizarse explícitamente en una declaración de forma de disposición testamentaria o resultar de los términos de una disposición mortis causa en caso de que, por ejemplo, el causante haya hecho referencia en ella a determinadas disposiciones específicas de la ley del Estado de su nacionalidad o haya mencionado explícitamente de otro modo esa ley. Abunda en ello, el considerando siguiente -40- al precisar que cabe la elección de una ley aun cuando la ley elegida no prevea la elección de ley en materia sucesoria, como sucede en el Derecho británico, y sucedía en el momento del otorgamiento de la disposición mortis causa en el Derecho español, siempre que pueda inferirse del acto que la persona comprendió lo que está haciendo y consistió en ello.

Y si es así constante la aplicación del Reglamento con más razón debe predicarse una interpretación flexible de su disposición transitoria –artículo 83– redactada con la finalidad de que los ciudadanos europeos, pese a los tres años dados para la aplicación de la norma, no se sorprendan con las modificaciones que la misma introduce en sus tradiciones jurídicas cuando hubieran dispuesto con anterioridad a su aplicación, la forma en que debía llevarse a cabo su sucesión (vid. considerando 80).

Por ello, si una disposición «mortis causa» se realizara antes del 17 de agosto de 2015 con arreglo a la ley que el causante podría haber elegido de conformidad con el presente Reglamento, se considerará que dicha ley ha sido elegida como ley aplicable a la sucesión (artículo 83.4). Y así puede entenderse de la disposición a favor sólo de su esposa realizada por el disponente, conforme al tipo de frecuencia de los testamentos británicos.

(…) Otra cuestión, que no ha sido establecida en la nota de calificación es si es posible la división de títulos testamentarios, para el patrimonio en España y otros Estados.

Conforme al Reglamento la sucesión es única y comprende la totalidad de los bienes muebles e inmuebles del causante (con claridad, inciso primero del artículo 23) por lo que estas disposiciones testamentarias simpliciter, que tanto facilitaron las sucesiones de los causantes británico en España en su día deben ser erradicadas de la práctica testamentaria notarial posterior al 17 de agosto de 2015, pero es un tema que, al no ser planteado, no afecta, aunque si contextualiza la presente Resolución.

Por tanto, debe considerarse que, aunque no forme parte Reino Unido del Reglamento (UE) n.o 650/2012, las autoridades judiciales y extrajudiciales españolas deben tener presente la aplicación universal del mismo, incluso para Estados miembros no participantes. Y que, en el presente caso concreto, en base a los argumentos expresados, ha de considerarse suficiente la disposición de voluntad del año 2003 con fundamento en el artículo 83, para entender realizada una «professio iuris» a favor de la ley de la nacionalidad del causante por la cual habrá de regirse sin aplicación del sistema legitimario español.

Bien amiguetes, pues ya no es un estado miembro –o no lo será en un futuro-. Sea o no participante,

Contrato de distribución. Indemnización.

Creía haber escrito algo sobre los contratos de distribución pero no lo encuentro para enlazar. Alguna cosilla he tenido. Lamentablemente la cabeza no da para más.

La problemática común sobre los contratos de distribución, esencialmente, son:

A entrega productos a B (distribuidor). A se cansa de B por las razones que sean decide resolver el contrato atípico que los vincula. Normalmente A reclama el pago a B. B reconviene y pide una indemnización con aplicación analógica del art 28 y 29 de la Ley del contrato de agencia.

En primer lugar os remito a un post de Carlos I. Álvarez Cazenave sobre Indemnización por clientela en contratos de distribución. El plazo de prescripción publicado en www.lawandtrends.com

Sin perjuicio de las cuestiones sobre la prueba de daños y perjuicios mi idea del post es dejar guardada la STS 3627/2016 – ECLI:ES:TS:2016:3627 Id Cendoj: 28079110012016100482  y la STS 3845/2016 – ECLI:ES:TS:2016:3845 Id Cendoj: 28079110012016100503 ambas de Orduña.

La primera, en su FD Segundo, apartado 5, nos expone la modulación que de un tiempo a esta parte considera el TS:

En primer lugar, debe señalarse que la indemnización de los daños contractuales y los criterios de su cálculo derivados del incumplimiento de un plazo razonable y no abusivo del preaviso ejercitado por el empresario en el marco de un contrato de distribución se rige, a falta de pacto expreso, por el régimen general dispuesto por el Código Civil para el resarcimiento de los daños contractuales, de acuerdo con las circunstancias del caso (artículos 1101 y 1106 , entre otros). Esto es, no cabe, pese a su proximidad, una reconducción directa o mera aplicación analógica del régimen indemnizatorio contemplado en la LCA.

Sin embargo, una vez señalado lo anterior, debe precisarse, también como criterio general, que la determinación de los daños contractuales por este concepto guarda una cierta similitud con la función compensatoria que informa el derecho de indemnización por clientela, pues el ejercicio por el empresario o concedente de un plazo de preaviso insuficiente puede acarrear, supuesto acreditado el presente caso, que el distribuidor no sólo no pueda acomodar sus recursos, con cierta antelación, a la nueva situación y liquidar ordenadamente las relaciones pendientes, sino también que el empresario o concedente se beneficie con el aprovechamiento de una clientela creada o incrementada por el distribuidor que, a su vez, la pierde de forma abrupta e injustificada.

De ahí que la sentencia de la Audiencia resulte correcta, pues no realiza una aplicación mimética o automática del artículo 28 LCA , tal y como denuncia la recurrente, sino que, conforme a la naturaleza resarcitoria que tiene la indemnización de los daños contractuales, integre la compensación por clientela dentro del marco del lucro cesante como criterio de cálculo de la indemnización resultante (1106 del Código Civil), esto es, como la ganancia frustrada o dejada de obtener como consecuencia de la insuficiencia del plazo de preaviso ejercitado por el empresario, todo ello atendiendo a la naturaleza y ejecución del contrato de distribución llevado a cabo y los dictámenes realizados para la concreción de la referida compensación.

Por su parte, la indemnización de los costes estructurales (pago de costes salariales y de seguridad social), que también son estimados por la sentencia de la Audiencia, tiene idéntico fundamento con base a los criterios legales que determinan el cálculo de la indemnización resultante (1101 y 1106 del Código Civil). En este supuesto como concreción de la pérdida sufrida o damnum emergens del distribuidor, es decir, respecto del mayor coste salarial y social realizado con vistas al cumplimiento del contrato de distribución, tal y como estaba proyectado, pudiéndose haber sido evitado si se hubiese producido su extinción con arreglo a un plazo de preaviso suficiente.

En segundo lugar, y en la línea de lo expuesto, con relación al periodo razonable del plazo de preaviso debe señalarse que tampoco procede una aplicación automática del artículo 25 LCA , que a estos efectos tiene un alcance orientativo o referencial, como también sucede con el artículo 16.3 de la Ley 3/1991 de Competencia desleal, de 10 de enero.

En el presente caso, esto es en lo que acontece pues ambas instancias, de acuerdo con la naturaleza y ejecución del contrato de distribución llevado a cabo, particularmente de su duración indefinida, de su carácter de exclusiva y su prolongada ejecución, consideran una anualidad como periodo razonable y ajustado para valorar el plazo de preaviso que debió ser aplicado por el empresario o concedente

A mis efectos, es interesante:

  1. No cabe aplicación de la LCA de modo directo. Es importante por la carga de la prueba. Hay que probar el importe del daño, su origen, su nexo causal. Y para eso entiendo lógico y razonable aportar un informe pericial económico.
  1. Tiene un carácter orientativo. Ojo a la facultad moderadora del juez.
  1. Señala no solo la LCA sino también la Ley de Competencia Desleal. Estoy seguro que es culpa de mi falta de conocimientos pero no he visto esta referencia por ahí.
  1. Considera una anualidad como período razonable ya no la media de los últimos cinco años. Esto en un contexto de caídas de ventas y crisis es muy relevante a efectos prácticos.

La segunda STS, de 27-7-2016

3. Por la fundamentación que a continuación se expone, el motivo planteado debe ser estimado.
Con relación a la indemnización por clientela en el contrato de distribución esta Sala, entre otras, en su

sentencia núm. 273/2015 de 27 de mayo , tiene declarado lo siguiente:

»[…]La jurisprudencia de esta Sala se halla contenida en la sentencia de Pleno 1392/2007, de 15 de enero de 2008 : «en los casos de extinción de un contrato de concesión o distribución, la compensación por clientela y la aplicación analógica de la idea inspiradora del art. 28 LCA no pueden obedecer a criterios miméticos o de automatismo. Lejos de ello, como la jurisprudencia viene reiterando sin fisuras, el demandante que pretenda aquella compensación habrá de probar la efectiva aportación de clientela y su potencial aprovechamiento por el concedente, del mismo modo que corresponderá a los tribunales ponderar todas las circunstancias del caso, como en especial sería la integración o no del concesionario en una red comercial que aproxime significativamente su posición a la del agente». En sentencias posteriores nos hemos hecho eco de esta doctrina, sin perjuicio de su aplicación al caso concreto ( Sentencias 239/2010, de 30 de abril ; 457/2010, de 12 de julio ; y 149/2011, de 3 de marzo ).

»En realidad, como afirmamos en la Sentencia 569/2013, de 8 de octubre , «lo que puede justificar la compensación no es la discutida semejanza entre el contrato de agencia y el de distribución, cuyas diferencias han sido expuestas por esta Sala en otras ocasiones (Sentencias 897/2008, de 15 de octubre ; y 88/2010, de 10 de marzo ), sino que el propio contrato obligue a considerar como “activo común” la clientela creada o acrecentada gracias al esfuerzo del distribuidor y no exista previsión contractual sobre su liquidación».

»En cualquier caso, […] en esta jurisprudencia se afirma que el demandante que pretenda esta indemnización por clientela debe probar la efectiva aportación de clientela y su potencial aprovechamiento por el concedente ( Sentencias 652/2008, de 9 de julio ; 904/2008, de 15 de octubre ; 28/2009, de 21 de enero ; y 560/2012, de 2 de octubre ).

»Esta última exigencia responde a la idea de que, como se ha afirmado en otras ocasiones, no cabe presumir que la relación de distribución haya tenido que generar por sí una aportación de clientela a favor del comitente y que, con la resolución del contrato, esta clientela vaya a seguir siendo aprovechada por dicho comitente. De ahí que se imponga la acreditación de estos dos presupuestos fácticos necesarios para que pueda surgir el derecho del distribuidor a una indemnización por clientela».

En el presente caso, como se desprende del contenido de la sentencia recurrida, la Audiencia, de forma incorrecta, concede la indemnización por clientela solicitada sin que haya quedado justificada la efectiva aportación de la misma por el distribuidor y su potencial aprovechamiento por el concedente, por lo que el motivo debe ser estimado.

Mi IBI, mi tesoro. Repercusión proporcional del IBI.

Hoy es 3 de agosto de 2016.

Esto lo leeréis el 1-9-2016.

La bomba informativa salió el 28 de junio de 2016.

Este blog tiene poco de adelantado a su tiempo.

La STS 2886/2016 – ECLI:ES:TS:2016:2886 Id Cendoj: 28079110012016100398 rec 2100/2014 estudia la repercusión del IBI y la sala entiende que:

Esta Sala entiende que:

1.- El tenor de la normativa fiscal referida es claro en cuanto al sujeto pasivo del impuesto y esto nadie lo discute, por lo que el abono del mismo corresponde en este caso a los demandantes, que fueron también vendedores y titulares a 1 de enero de 2009 (año de la venta).

2.- No se pactó expresamente la repercusión del impuesto.

3.- La venta se efectuó libre de cargas y gravámenes.

4.- Cuando el art. 63.2 LHL establece que «Lo dispuesto en el apartado anterior será de aplicación sin perjuicio de la facultad del sujeto pasivo de repercutir la carga tributaria soportada conforme a las normas de derecho común», debe entenderse que el sujeto pasivo del impuesto, en este caso la vendedora, puede repercutirlo, sin necesidad de pacto.

El tenor del art. 63.2 LHL advierte de la posibilidad de repercusión, sin sujetarlo a pacto que lo permita, limitándose el precepto a establecer que el reparto del importe del impuesto se hará conforme a las normas de derecho común, que no son otras, en este caso, que las de la compraventa ( art. 1445 y siguientes del C. Civil ), en virtud de las cuales la compradora debe considerarse propietaria desde el momento de la entrega el 16 de marzo de 2009 ( art. 609 del C. Civil ).

Sin perjuicio de ello, las partes podrán pactar la imposibilidad de la repercusión.

Por ello la regla general, en caso de ausencia de pacto en contrario, será que el vendedor que abone el IBI podrá repercutirlo sobre el comprador, en proporción al tiempo en que cada una de las partes haya ostentado la titularidad dominical y por el tiempo que lo sea.

Bien, dos cosas con las que me quedo:

  • Cabe pacto en contrario. En este sentido es de interés señalar que el TJUE estableció la nulidad de la cláusula que se pactaba el pago de la plusvalía por un consumidor. Aquí os dejo una cosilla que escribí para legaltoday en su momento. Ojo a los promotores listillos.
  • La regla general es la proporción del tiempo en la titularidad dominical durante ese año.
  • El no cambiar a efectos de la administración pública el titular del bien, ej: modelo 902-N catastro, no afecta a que surja un crédito a favor del vendedor que sigue abonando el IBI.
  • El titular a efectos administrativos deberá pagar y luego repetir.