Nulidad de cláusula por abusiva de obtener segundas copias con eficacia ejecutiva.

Hoy no traigo corta y pega (intuyo los resoplidos de sorpresa). Lamento decepcionar al abnegado lector y prometo no repetir esto mucho más. Hoy transcribo una cuestión que, por avatares vitales, me ha llegado (me lo han chivado y lo escribo para no olvidarme).

Cláusula que puede ser nula por abusiva: cláusulas que autoricen a la obtención de segundas copias con eficacia ejecutiva

Aquí el comentario que encontré de CESCO,   aquí uno de Soraya Callejo Carrión

Bien la idea es la siguiente:

El Artículo 233 del Decreto 2 junio de 1944, por el que se aprueba con carácter definitivo el Reglamento de la Organización y Régimen del Notariado, dice:

 

A los efectos del artículo 517.2.4.º de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, se considera título ejecutivo aquella copia que el interesado solicite que se le expida con tal carácter. Expedida dicha copia el notario insertará mediante nota en la matriz su fecha de expedición e interesado que la pidió. En todo caso, en la copia de toda escritura que contenga obligación exigible en juicio, deberá hacerse constar si se expide o no con eficacia ejecutiva y, en su caso y de tener este carácter, que con anterioridad no se le ha expedido copia con eficacia ejecutiva.

 

Expedida una copia con eficacia ejecutiva sólo podrá obtener nueva copia con tal eficacia el mismo interesado con sujeción a lo dispuesto en el artículo 517.2.4.º de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

El art 517.2. 4.º LEC DICE:

Las escrituras públicas, con tal que sea primera copia; o si es segunda que esté dada en virtud de mandamiento judicial y con citación de la persona a quien deba perjudicar, o de su causante, o que se expida con la conformidad de todas las partes.

“Esto es mal” para el ejecutado (a veces consumidor a veces no) porque, sin saberlo, permite que el acceso a un procedimiento ejecutivo cuando debería tener un procedimiento ordinario y, en consecuencia, una preciosa excepción para oponer porque nadie nos hemos fijado en esta posible cláusula nula por abusiva.

 

Es decir, si el banco (pongamos en nuestra historia novelada para mejor comprensión del lector este personaje) quiere ejecutar una hipoteca debe tener su copia con eficacia ejecutiva (el original) si lo extravía o lo pierde, no puede solicitar otra nueva copia salvo que esté pactado en el contrato. El consumidor, (otro personaje de este cuento) no tiene ni idea de la diferencia entre título ejecutivo o segunda copia sin esta naturaleza, autorizando esto facilita la ejecución de la deuda por un procedimiento ejecutivo con una serie de ventajas que no tendrían por que ser tales por lo que, si no supera la doble transparencia, debería ser considerada nula por abusiva.

 

Yo voy al II Congreso de Sociedades de Málaga. ¿Y tú?

Yo voy a ir a este Congreso. A partir de esta afirmación me saco un post de la chistera como si de un hat trick se tratase. Saldré de mi retiro espiritual en las islas afortunadas para ir a un lugar de un clima gélido e inhóspito: Málaga.

El día 1 y 2 de febrero de 2018, en Málaga, se celebrará el II Congreso Nacional de Derecho de Sociedades. Lamentablemente, no pude ir al I Congreso por motivos profesionales.

Una de las múltiples circunstancias por las que creo que es una oportunidad única es por la magnifica selección de temas en las mesas y sobre todo de los ponentes.

Si el congreso fuese un concierto de música yo creo que podría ser Woodstock en el 69 o el Live Aid del 85 en Wembley por el nivelazo que hay.

Aunque quien me lea piense en un Hippie de los 60 o en un Punk londinense con la Ley de Sociedades de Capital de Fernando Díaz Marroquín ( @fdomq ) preparada para que me la firmen los ponentes… nada más lejos de la realidad (o no).

Espero con enorme y jurídico interés la mesa sobre el art 348 bis y, aunque parezca broma, espero con enorme curiosidad la mesa sobre el deber de lealtad no solo por un concepto mercantil sino por ver los límites que puedan ser traspasados y, (aunque no lo mencione el programa), donde comenzarían a ver los ponentes un ilícito penal del “reciente” art 252 del Código Penal redactado por la LO 1/2015, de 30 de marzo y del que no hay mucha “constancia” (al menos que no sepa).

En fin, es una de esas oportunidades únicas que se nos presentan a quienes intentamos aprender con muchísimo esfuerzo, cada día, sobre estos temas y que debemos agradecer la gran labor del comité organizador

 

 

 

 

Levantamiento del velo

Volviendo a nuestra sección derecho mercantil para todos y todas, hoy traemos una sentencia algo pasada de moda en estos mundos vivarachos y de extraordinario dinamismo de hoy día.

Les queremos presentar la STS 4177/2016 de 29-9-2016 que trata el tema del levantamiento del velo.

Para quien no haya tratado con este tema, el levantamiento es una construcción jurisprudencial que permite a juzgador penetrar en el sustrato de las sociedades para percibir su auténtica realidad y poder así averiguar si la autonomía patrimonial consustancial a la personalidad jurídica es o no utilizada como una ficción con uso fraudulento o abusivo con el propositivo de perjudicar a tercero, lo que abre un gran abanico de posibilidades como el incumplimiento contractual, aparentar insolvencia, sustraer bienes de la ejecución forzosa, soslayar o hacer prevalecer ciertos derechos o eludir la responsabilidad contractual o extracontractual

La sentencia estima la casación con referencia a un contrato de suministro. El FD 3, dice:

Con carácter previo, interesa precisar las contundentes alegaciones de la recurrente en torno a la aplicación excepcional y extraordinaria que, a su juicio, definen o caracterizan a esta figura. En este sentido, debe tenerse en cuenta lo declarado por esta Sala en su sentencia núm. 101/2015, del 9 de marzo , que respecto declara:

«[…] En efecto, en estos casos, en donde la doctrina del levantamiento del velo opera con una finalidad concorde a los remedios tendentes a facilitar la efectividad o cobro del derecho de crédito, interesa señalar que las anteriores notas de excepcionalidad y aplicación restrictiva, fuera de un contexto de interpretación estricta o literal de las mismas, refieren, más bien, la necesaria aplicación prudente y moderada que debe acompañar a esta figura. De forma que la excepcionalidad así entendida resulta observada, en estos supuestos, cuando la aplicación de la doctrina del levantamiento del velo responda, a su vez, al carácter subsidiario con que operan estos remedios tendentes a facilitar el cobro del derecho de crédito, esto es, cuando la parte actora y acreedora no disponga de otra acción o recurso específico al respecto para hacer efectivo el cobro de su derecho de crédito ( STS de 7 de septiembre de 2012, núm. 510/2012 ). Todo ello, como más adelante se expone, sin perjuicio de los propios presupuestos de aplicación de esta figura que determinan, con su fundamento primario a la cabeza, que en los casos en que concurran resulte ajustado a Derecho trascender el principio de la eficacia relativa de los contratos ( artículo 1257 del Código Civil ) en orden a la legítima protección del derecho de crédito».

Centrados en la aplicación prudente de esta figura, de acuerdo con la acreditación de las circunstancias que pongan en evidencia el abuso de la personalidad de la sociedad, debe tenerse en cuenta lo declarado por esta Sala en la sentencia núm. 326/2012, de 30 de mayo , que a los efectos que aquí interesan, precisa lo siguiente:

«[…] Estas circunstancias pueden ser muy variadas, lo que ha dado lugar en la práctica a una tipología de supuestos muy amplia que justificarían el levantamiento del velo, sin que tampoco constituyan numerus clausus . En cualquier caso, no pueden mezclarse un tipo de supuestos con otro, pues en la práctica cada una de ellos requiere sus propios presupuestos además, pueden conllevar distintas consecuencias. Por ejemplo, no es lo mismo la confusión de patrimonio y de personalidades, habitualmente entre sociedades dé un mismo grupo o entre la sociedad y sus socios, que los casos de sucesión empresarial o de empleo abusivo de la personalidad jurídica de la sociedad por quien la controla para defraudar a terceros.

»De ahí que, para advertir la procedencia en este caso del levantamiento del velo, sea preciso un análisis de los motivos invocados en la demanda y de las circunstancias que concurren acreditadas en la sentencia».

Pues tenemos varias cosas claras:

  • Es una construcción jurisprudencial.
  • No hay numerus clausus. A mayores ocurrencias de brillantes abogados, mismo resultado.
  • Es excepcional y, como cualquier excepción, de aplicación restrictiva.
  • Pretende evitar el “fraude” en la utilización del principio general de autonomía patrimonial de la personalidad jurídica.
  • Tiene que haber una ficción con un uso fraudulento o abusivo. Esto me resulta curioso porque, en mi particular criterio, no creo que sean elementos alternativos. Pero tampoco el corta y pega me da para más.

 

Quizás algún día los lectores de este blog se animen y comenten alguna cosilla.

 

Aprovechamiento por turno de bienes inmuebles. Sentencias de interés

En la sección local de hoy, en una doble pirueta mortal con tirabuzón del corta y pega, el más difícil todavía, traemos la SAP de Tenerife de 23-6-2017, rec 420/2017, ECLI: ES:APTF:2017:847, en donde aborda un problema muy de aquí sobre el aprovechamiento por turnos de bienes inmuebles.

Esta sentencia hace una remisión -dicho en términos de defensa- a la STS 167/2017 de 20-1-2017 sobre mismo demandado.

Son unas sentencias extensas pero si alguien tiene un asunto de esta naturaleza son una verdadera maravilla para guiarse.

PD.- La foto esta sacada del Heraldo. Espero no cabrear a Juan Tamaríz. Chararanarannnnn

 

 

 

 

Falta de presentación al cobro de las cuotas del préstamo. Posibles efectos.

Hoy, en la sección local de nuestro corta y pega, traemos a colación la STAP de Tenerife de 23-6-2017, rec 766/2016, sobre el vencimiento anticipado del un préstamo al consumo de un coche.

Los hechos sintetizados son estos:

  • A contrata un préstamo para la compra a B.
  • A no paga a B y B vence con dos cuotas impagadas el préstamo.
  • B demanda a A.
  • El juzgado de instancia dice que no cabe vencimiento anticipado y desestima.

La Audiencia dice:

Tiene razón la sentencia de instancia cuando señala que al no haberse acreditado la falta de presentación al cobro de las cuotas del préstamo, no concurre causa para dar por vencido el contrato de préstamo; sin embargo, debe tenerse en cuenta que si bien la demanda que inicia el juicio monitorio señala que se ha dado por vencido anticipadamente el contrato en el mes de noviembre de 2014, es decir, más de dos años después de que el actor dejara de pasar al cobro las cuotas, y que en ese periodo de tiempo la actora no cumplió con la obligación contractual de presentar la cuotas al cobro, no podemos obviar que nos encontramos en un juicio ordinario en el que, cuando se interpone la demanda el uno de septiembre de 2015, el contrato ya había vencido según resulta de la documentación que acompaña al mismo, en concreto, el plan de amortización del préstamo que señala que la última cuota que debía abonar la demandada era la del mes de junio de 2015, es decir, que cuando se interpone la demanda de juicio ordinario, no es que se haya procedido al vencimiento anticipado del contrato, es que en esa fecha ha expirado el plazo contractual previsto para la devolución del mismo mediante las cuotas que el propio contrato especifica.

La sentencia de instancia debería ser confirmada si nos encontráramos ante el ejercicio de una acción ejecutiva de títulos no judiciales o si tomáramos como referencia la fecha de interposición del juicio monitorio, pero si tenemos en cuenta que nos encontramos en un juicio ordinario declarativo en el que se pide el cumplimiento por la prestataria de la parte del contrato que falta por abonar, y que esa petición se efectúa mediante la presentación de la demanda de juicio ordinario cuando ya ha transcurrido el plazo previsto para la devolución del préstamo, debemos convenir que no puede hablarse de vencimiento anticipado del contrato cuando el último plazo que debía abonar la demandada vencía tres meses antes de la presentación de la demandada, momento en que ya deja de tener relevancia si la actora presentó al cobro las cuotas, reconocido como es por la demandada el impago de la mismas.

Cuestiones:

  • No haber acreditado la presentación al cobro de las cuotas nos puede dar una oportunidad de jorobar a un acreedor, a ojos de la AP Tenerife. ¿En el propio contrato no se obligan al pago mensual?
  • Si no pagas durante más de dos años, ¿qué esperas Jeremías? Los milagros a Lourdes.

El peligro de los telepredicadores.

El peligro de los telepredicadores.

El post de hoy no va a ser el habitual corta y pega. Espero que los miles del fans del blog no se cabreen en masa y vayan a otros blogs de corta y pega. Hoy voy a hablar del peligro de los telepredicadores a la hora de que ciertos clientes influenciables tomen decisiones.

Debo aclarar que estoy en el turno de oficio en derecho civil desde hace muchos años. Es en el único que entré y me mantengo.

En este ámbito he visto un poco de todo. Sobre todo en la época de tantos cambios con las primeras sentencias de TJUE y el tema de cláusulas abusivas y derecho hipotecario.

Pues bien, el peligro de los telepredicadores viene por la actitud que adoptan algunos cliente creyendo en la bondad infinita de las informaciones parciales de la televisión. Clientes que les hacen creer que la nulidad de las cláusulas abusivas implica que no iban (van) a pagar un duro del dinero que recibieron o que tienen una posición de fuerza en una negociación porque su habilidoso abogado ha conseguido que lleven varios (más de 5) años sin pagar un euro utilizando su inmueble con total normalidad.

He visto como, al amparo de: “escuché en la radio que eso se podía hacer”, pretenden poner en jaque a un acreedor dispuesto a perdonar deudas de muchos miles de euros, intereses y costas por recibir un inmueble en buenas condiciones, con la peregrina argumentación quiero pagar pero no me dan la oportunidad de tener una renta de supervivencia.

He visto como, al amparo de: “ví en la tele que le habían parado un desahucio y que tuvieron que dejarles vivir allí” no quieren cerrar acuerdos muy beneficiosos porque no le han contado el final de la historia que suele acabar con una comisión judicial, la policía y un LAJ echando a la gente del inmueble sin casa, sin dinero y con las mismas deudas.

No hagan caso a los telepredicadores. Si la vida/justicia les da una nueva oportunidad en la vida aprovéchenla. Nadie está libre de que en un momento de su vida le vaya mal la salud, los negocios o su vida personal. Todos podemos estar/entrar en una crisis pero si les hacen caso a los telepredicadores no habrá una nueva oportunidad.

Soy autónomo. ¿Me puedo deducir casa y comida?

Entró en vigor hace unos días la Ley 6/2017, de 24 de octubre, de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo.

Tampoco es que este blog tenga muchas referencias a este tipo de cosas pero como diría @leogance todo lo que sea pelear contra el Sheriff de Nothingam es bueno. No recuerdo de quien era una cita que decía algo así como que todo contribuyente tiene la obligación -que no el derecho- de pagar lo menos posible a la hacienda pública dentro de la legalidad vigente. Pues eso.

Pues el artículo 11 de la ley regula la “Deducibilidad en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de los gastos de suministros de la vivienda parcialmente afecta a la actividad económica y de los gastos de manutención incurridos en el desarrollo de la actividad

Se modifica la regla 5.ª del apartado 2 del artículo 30 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, que queda redactada de la siguiente forma:

«5.ª Tendrán la consideración de gasto deducible para la determinación del rendimiento neto en estimación directa:

  • a) Las primas de seguro de enfermedad satisfechas por el contribuyente en la parte correspondiente a su propia cobertura y a la de su cónyuge e hijos menores de veinticinco años que convivan con él. El límite máximo de deducción será de 500 euros por cada una de las personas señaladas anteriormente o de 1.500 euros por cada una de ellas con discapacidad.
  • b) En los casos en que el contribuyente afecte parcialmente su vivienda habitual al desarrollo de la actividad económica, los gastos de suministros de dicha vivienda, tales como agua, gas, electricidad, telefonía e Internet, en el porcentaje resultante de aplicar el 30 por ciento a la proporción existente entre los metros cuadrados de la vivienda destinados a la actividad respecto a su superficie total, salvo que se pruebe un porcentaje superior o inferior.
  • c) Los gastos de manutención del propio contribuyente incurridos en el desarrollo de la actividad económica, siempre que se produzcan en establecimientos de restauración y hostelería y se abonen utilizando cualquier medio electrónico de pago, con los límites cuantitativos establecidos reglamentariamente para las dietas y asignaciones para gastos normales de manutención de los trabajadores.»”

A mi me interesa el último párrafo porque M. Á., un amíguete jubilado que era inspector de hacienda, siempre me dice que no ponga nunca el recibo de las comidas que me van a cascar los recargos e intereses correspondientes porque eso no es deducible.

Pues para deducir los gastos de manutención hay que cumplir los siguientes requisitos:

  1. Incurrido en desarrollo de la actividad económica. Pues aquí ya tenemos un concepto jurídico indeterminado porque he visto inspecciones en donde discuten el leasing de un coche a un autónomo que tiene que conducir una hora hasta llegar a su oficina bajo la contundente argumentación de: pues vaya en autobús que eso si se deduce.
  2. Que se produzcan en establecimientos de restauración y hotelería. Bien. Eso es bueno. Pero mejor no vayas a un “super” en Londres que el bocadillo frío de allí no deduce.
  3. Se abonen utilizando cualquier medio electrónico de pago. Bien. Lo veo bien. Ahora que no vengan los bares a decir que menos de 6 euros no cobran en tarjeta.
  4. Limites cuantitativos reglamentariamente para dietas. Esto es lógico y razonable. Guiski, ostras y percebes te los pagas tú.

Lo malo es la entrada en vigor. A partir del 1 enero de 2018. Hasta entonces le seguiré haciendo caso a M.A. y no meteré la factura del bocadillo y el refresco que suele ser mi comida por la semana

Disposición final decimotercera Entrada en vigor

La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», a excepción de:

a) Los artículos 1, 3, 4 y 11 y las disposiciones finales primera, segunda, tercera y novena, que entrarán en vigor el día 1 de enero de 2018.

b) La disposición final cuarta, que entrará en vigor el día primero del segundo mes natural siguiente a la entrada en vigor de la disposición final segunda.

Atribución del uso de la vivienda familiar a los hijos.

Atribución del uso de la vivienda familiar a los hijos.

El corta y pega de hoy es la primera sentencia que me sale en el CENDOJ.

Evidentemente no soy un tipo especialmente trabajador y esta sentencia se sale de la temática mercantilista del corta y pega que había tomado el blog.

Más allá de mi concepto de esfuerzo, la verdad es que la sentencia es muy clara en un tema muy actual y, sobre todo, porque aborda la existencia de dos hijas de dos madres diferentes.

Es la STS de 17-10-2017, rec 1687/2016, 3732/2017, de Seijas Quintana, que suele ser muy claro.

La sentencia 660/2014, de 28 de noviembre recuerda, y como tal reitera, que es doctrina de esta sala que:

«la atribución del uso de la vivienda familiar a los hijos menores de edad es una manifestación del principio del interés del menor, que no puede ser limitada por el Juez, salvo lo establecido en el art. 96 CC ». Esta doctrina ha sido aplicada en sentencias anteriores, como la 236/2011, de 14 abril , 257/2012, de 26 abril y 499/2012 de 13 de julio .

Reitera también, con cita de la sentencia 426/2013, de 17 de junio que:

«El interés del menor es la suma de distintos factores que tienen que ver no solo con las circunstancias personales de sus progenitores y las necesidades afectivas de los hijos tras la ruptura, de lo que es corolario lógico y natural la guarda y custodia compartida, sino con otras circunstancias personales, familiares, materiales, sociales y culturales que deben ser objeto de valoración para evitar en lo posible un factor de riesgo para la estabilidad del niño, y que a la postre van a condicionar el mantenimiento de un status sino similar si parecido al que disfrutaba hasta ese momento y esto se consigue no solo con el hecho de mantenerlos en el mismo ambiente que proporciona la vivienda familiar, sino con una respuesta adecuada de sus padres a los problemas económicos que resultan de la separación o del divorcio para hacer frente tanto a los gastos que comporta una doble ubicación de los progenitores, como a los alimentos presentes y futuros».

Lo que pretende el artículo 96 del CC al atribuir la vivienda al progenitor con quien los hijos conviven es evitar que a la separación de los padres que amenaza su bienestar se sume la pérdida de la vivienda en la qué han convivido hasta el momento de la ruptura de sus padres con evidente repercusión en su crecimiento, desarrollo y nivel de relaciones.

Y no se infringe por lo siguiente:

1.- El artículo 96 del Código Civil no contempla la situación familiar que deriva del interés de dos hijas de madres diferentes por mantenerse en la misma casa, que es además propiedad de los padres de uno de ellos, lo que pone en evidencia una vez más la necesidad de un cambio legislativo que se adapte a estas nuevas realidades. La aplicación analógica que ha hecho la sentencia, incardinando la medida de uso en el párrafo 2.o y no en el 1.o del artículo 96, es correcta: solo en caso de pluralidad de hijos y custodia dividida se concede normativamente al juez la decisión de atribuir el uso de la vivienda familiar a uno y otro progenitor en la que ha existido una convivencia estable.

2.- Es cierto que el padre de Victoria no tiene atribuida la custodia de esta hija, hermana de vínculo sencillo de Zaira , que no es parte en este litigio. Es, sin embargo, hecho probado de la sentencia que la vivienda litigiosa ha constituido la residencia familiar estable de ambas niñas, su lugar de encuentro, durante periodos amplios, pese a no ser propiedad de ninguno de los progenitores, lo que ha permitido no solo una efectiva comunicación entre las hermanas de vínculo sencillo, sino cumplimentar una de las indicaciones en las que el Código Civil objetiva el interés del menor: procurar «no separar a los hermanos» (artículo 92.5 ).

Que las hijas sean de progenitoras distintas no debe dar lugar a que esta unión entre ambas quede desfavorecida mediante la atribución del uso a la parte recurrente a través del párrafo 1.o del artículo 96 del Código Civil , por ser la progenitora en cuya compañía queda la hija. No haciéndolo, se consigue mantener el encuentro entre Victoria y Zaira en la vivienda que fue de las dos puesto que si el uso se atribuye a Zaira y su madre, bajo cuya custodia queda, se vería desplazada la otra hija menor del padre y «desfavorecidas ambas en sus necesidades de convivencia con el progenitor que tienen en común», lo que no es conforme con el interés familiar preferente y necesitado de mayor protección al entorpecer «el desarrollo vital común de las hijas, custodia y comunicación entre ellas» en los periodos de convivencia con el padre.

3.- Hay, además, otras circunstancias que impiden esta atribución del uso. Con reiteración ha dicho esta Sala que hay dos factores que eliminan el rigor de la norma cuando no existe acuerdo previo entre los cónyuges: uno, el carácter no familiar de la vivienda sobre la que se establece la medida, entendiendo que una cosa es el uso que se hace de la misma vigente la relación matrimonial y otra distinta que ese uso permita calificarla de familiar si no sirve a los fines del matrimonio porque los cónyuges no cumplen con el derecho y deber propio de la relación. Otro, que el hijo no precise de la vivienda por encontrarse satisfechas las necesidades de habitación a través de otros medios; solución que requiere que la vivienda alternativa sea idónea para satisfacer el interés prevalente del menor, como así aparece recogido en el artículo ( sentencias 671/2012, de 5 de noviembre , 426/2013, de 17 de junio ).

4.- Existe en este caso otra vivienda en la misma zona, que constituyó el domicilio de la recurrente antes de iniciarse la convivencia con el demandado, propiedad familiar, y de la que no niega que pueda utilizarla, ni opone razones para considerarla inadecuada; vivienda con «suficiente dotación de servicios y que satisface las necesidades de escolarización y desarrollo social de menores de corta edad, como ocurre con la vivienda que se debate ubicada en la CALLE000 . De modo que el uso de la vivienda que era familiar no tiene más sentido que se conceda a dicha parte, porque no se aprecia en ello un interés familiar preferente y necesitado de mayor protección».

5.- La sentencia 695/2011, de 10 de octubre estableció la doctrina siguiente: «El juez puede atribuir el uso de una vivienda que no sea la que se está ocupando en concepto de vivienda familiar cuando el inmueble que se está utilizando pertenezca a terceras personas en orden a proteger el interés de los menores y ello siempre que la residencia que se atribuya sea adecuada para satisfacer las necesidades de los hijos».

Pues bien, la vivienda que fue familiar de esta segunda relación es propiedad de los padres del demandado, por lo que atribuir su uso a la hija y a la madre que ostenta la guarda y custodia, «corre el riesgo de resultar inútil, puesto que sus propietarios pueden recuperarla mediante el ejercicio de la acción de desahucio por precario…Ello perjudicaría a la menor, cuyo interés es el que debe presidir la atribución de la vivienda» ( sentencias 695/2011, de 10 de octubre ; 596/2015, de 30 de octubre , 279/2016, de 28 de abril ).