ABUSO DEL DERECHO. “INTERDICTO DE SUSPENSIÓN DE OBRA NUEVA en las SERVIDUMBRES DE LUCES Y VISTAS”.

ABUSO DEL DERECHO. “INTERDICTO DE SUSPENSIÓN DE OBRA NUEVA en las SERVIDUMBRES DE LUCES Y VISTAS”.

Hola, soy tu vecino y pido que pares la obra porque mi balcón está cerca de tu balcón y me quitas “las luces y vistas”.

Acabo de encontrar una sentencia fantástica y superdidactica en la AP de Burgos –magnificas morcillas-

STAP BURGOS 698/2016, ECLI ES:APBU:2016:698, DE 7-11-2016

Notas:

1.- caso no se vulnera el derecho de propiedad del actor ni la posesión sobre su propia finca, pues la obra litigiosa objeto de la suspensión se ejecuta en su totalidad dentro de los límites de la finca del actor, la señalada(…) , sin que exista extralimitación, o se realice invasión, por mínima que sea, del suelo, subsuelo o vuelo de la finca no NUM001 de la citada calle perteneciente al actor

2.- Tampoco cabe invocar la vulneración de un derecho real del que sea titular, o aparente titular, el actor, y en concreto el derecho de servidumbre de luces y vistas, en cuya vulneración fundamenta la sentencia de instancia para acordar la paralización de la obra, sobre la base que la edificación no respeta el retranqueo de tres metros impuesto por el art. 585 del Código Civil cuando existe dicha servidumbre. Pero en este caso el propio letrado del actor reconoció en la vista celebrada en segunda instancia que no ostenta derecho de servidumbre de luces y vistas que grave la finca del demandado y que le obligue a retranquearse tres metros conforme el citado precepto. Y ello no puede ser de otra forma pues ni siquiera desde el punto de vista indiciario o de la apariencia se puede considerar que exista tal derecho de servidumbre, dado que tal como señala con acierto la parte apelante en su escrito de recurso, estamos ante una servidumbre continua, aparente y negativa que sólo puede adquirirse en virtud de título y usucapión de veinte años computable desde que se realiza un acto obstativo( arts. 532 , 533 , 537 y 538 del Código Civil , y la jurisprudencia que interpreta tales preceptos y que por conocida es de innecesaria cita), siendo caso que ni se invoca título alguno que ampare tal servidumbre ni se alega la existencia de un actor obstativo que permita computar el tiempo de prescripción o usucapiónen los términos del art. 538 del CC . No puede por ello fundarse la suspensión de la obra nueva en la vulneración de lo dispuesto en el art. 585 del CC que impide al dueño del predio sirviente edificar a menos de tres metros de distancia desde la propiedad del predio dominante computada conforme el art. 583 del CC .

3.- Reconoce que las ventanas y huecos abiertos en el edifico que el demandado proyecta construir respetan las distancias previstas en el art. 582 del CC ,es decir los dos metros las que tienen vistas rectas y de sesenta centímetros las que tienen vistas oblicuas, en ambos casos computadas las distancias conforme el art. 583 del CC .

En definitiva la continuación y terminación de la obra litigiosa promovida por el demandado no conlleva vulneración del derecho de propiedad, posesión o derecho real que pueda invocar el actor como titular o incluso como titular aparente, y por ello cabe señalar que no conlleva un perjuicio patrimonial propiamente dicho, que es lo que se pretende evitar con la suspensión o paralización de la obra nueva

4.- reiterada jurisprudencia la vulneración de las normas urbanísticas o de los planes urbanísticos no tiene cabida en el ámbito de juicio verbal de suspensión de obra nueva, en el cual sólo pueden invocarse la lesión de derechos patrimoniales protegidos por las normas civiles, pues la vulneración de las normas urbanísticas de naturaleza administrativa y que operan como límites de la propiedad en la que se realiza la construcción, pero sin conferir derechos propiamente dichos a los dueños de los predios colindantes, debe invocare en el correspondiente ámbito administrativo, y en su caso en el contencioso administrativo, en el cual se podrá alegar que la obra carece de licencia, que tal licencia es contraria a la normativa vigente, o que la obra ejecutada no se ajusta a la licencia concedida, caso en el cual en dicho ámbito administrativo se podrán adoptar medidas para restaurar la legalidad urbanística vulnerada,paralizando las obras contrarias a la misma o incluso acordando la demolición de lo construido con infracción de la normativa. Y en tal sentido sólo cabe reiterar la jurisprudencia al respecto citada por la parte apelante en su escrito de recurso, pudiendo en especial citarse la Sentencia no 85/2016, de 19 de febrero de 2016 de la Sala Civil del Tribunal Supremo , referente a un juico sobre servidumbre de luces y vistas, y en la cual se señala que ” En realidad en el motivo se está denunciando la infracción de norma administrativa de carácter urbanístico, complementando la alegación con cita de normas civiles para justificar su interposición, planteando así una cuestión puramente administrativa que no corresponde resolver a la jurisdicción civil, a la que compete exclusivamente la declaración sobre los derechos de carácter privado y únicamente habrá de conocer de cuestiones no civiles cuando tengan carácter prejudicial no penal, esto es cuando resulte imposible pronunciarse sobre los derechos civiles en conflicto si no se aborda previamente la cuestión -ajena al orden civil- sobre la que se pronunciará en tal caso la jurisdicción civil “a los solos efectos perjudiciales y sin efecto alguno fuera del proceso”. No es este el caso ya que la resolución sobre la existencia de la servidumbre y su ejercicio corresponde a esta jurisdicción sin perjuicio de que, si el titular del predio sirviente entiende que se han ejecutado obras contrarias a la legalidad urbanística pueda conseguir su supresión o demolición mediante la correspondiente denuncia ante la Administración “. Asimismo ya la Sentencia de este Tribunal no 206/2014, de 12 de septiembre , señala que en el juico verbal de suspensión de obra nueva no puede invocarse la vulneración de normas urbanísticas o intereses públicos para fundar la paralización de la obra litigiosa, y que solamente cabe apreciar si s infringen normas civiles que suponen la vulneración de derechos patrimoniales como lo son la propiedad, la posesión o derechos reales.

5.- No todo perjuicio pude invocarse como fundamento para suspender una obra nueva, sino sólo aquellos perjuicios que son jurídicamente relevantes, en concreto los perjuicios que no existe la obligación jurídica de soportar, y los efectos reflejos o indirectos de una edificación no pueden invocase como perjuicios que uno no tiene la obligación de soportar, con la salvedad reiterada de las obras que vulneran derechos patrimoniales o la normativa urbanística, si bien en este caso la paralización debe acordarse en vía administrativa a salvo del supuesto referido del art. 49 del RDL 2/2008 . Igualmente no basta con invocar que la obra altea una situación de hecho preexistente, pues por principio toda obra supone tal alteración, y la posesión no se protege como simple hecho, sino como hecho con consecuencias jurídicas, es decir lo que se protege es el derecho a seguir poseyendo en el futuro, y tal derecho no existe cuando se invocan meros efectos reflejos de una obra.

ABUSO DEL DERECHO

Aunque me quede un corta y pega muy largo, este tipo de demandas causan unos daños evidentes para quien construye: suspenden plazos, alargan obras, etc.

Pues esto me lleva a una nota de un anuario del BOE, AQUÍ que en recopilación de jurisprudcncia incluye (tengo poco tiempo y hay palabras cortadas de fin de línea en el corta y pega, excentricidades de vagancia):

Abuso de derecho. Conducta procesal abusiva. Ejercicio abusivo del interdicto de obra nueva.–Con cita de la S de 31 de enero de 1992, dice la de 31 de julio de 1996 que «el proceso en sí es el ejercicio de un derecho constitucional a la tutela efectiva, que si no siempre ha de producir el éxito de la acción, no permite en modo alguno extraer o generalizar que el fracaso o abandono de una acción revele el carácter abusivo de un intento de ejercicio. La mera posibilidad jurídica de admitir un proceso tendente a obtener la reparación de los daños causados por otro proceso está admitida en la Ley Orgánica del Poder Judicial, en su artículo 11, en el Código Civil, artículo 7.1 y 2, cuando exigen respetar la buena fe y proscriben situaciones procesales constitutivas de abuso de derecho o fraude procesal. También lo admite la jurisprudencia (STS de 23 de noviembre de 1984). Pero la calificación de actuación abusiva ha de ser tomada con exquisito cuidado y riguroso análisis de la conducta procesal abusiva, para no coartar el ejercicio de acciones, así como con estricto estudio de las resoluciones procesales cuyo contenido puede ser esclarecedor. Cautelas que se reiteran en la S de 13 de octubre del mismo año 1992».

Después de referirse a los requisitos esenciales que configuran el abuso de derecho:

a)una actuación aparentemente correcta que indique una extralimitación y que por ello la ley deba privar de protección;

b) una actuación extralimitada que produzca efectos dañinos;

c) que dicha acción produzca una reacción del sujeto pasivo concretada en que pueda plantear una pretensión de cesación e indemnización, dice la S de 6 de febrero de 1999 que «dentro del área del concepto de abuso del derecho, existe un campo muy delimitado de actuación, como es el conocido doctrinalmente “abuso de derecho y derecho a litigar”, y que se puede definir como aquel aspecto del abuso de derecho relativo a determinar si incurre en responsabilidad aquella persona que dentro de una contienda judicial mantiene pretensiones manifestadamente indefinidas (sic) u orientadas a finalidades distintas a las naturales en la función social del proceso o del llamado “derecho a litigar”; en otro aspecto, es el de si el litigante a quien se ha producido daños como consecuencia de la actividad procesal la otra parte, está amparado por las reglas de la responsabilidad civil, de suerte que puede ejercitar la acción de responsabilidad contractual del artícu- lo 1902 CC contra el causante del perjuicio, esgrimiendo la existencia de una iusta causa litigandis. No se puede olvidar que el núcleo duro de la actual cues- tión judicial radica en el ejercicio de una acción interdictal de obra nueva por la parte, ahora recurrida, contra la parte, ahora recurrente, y en dicho proceso parte demandada. Además hay que resaltar que en juicio interdictal de obra nueva, aparte de acordarse la suspensión de la obra de forma inaudita parte y sin necesidad de aportar la pretensión ni siquiera prueba ni información testifical o documental, se puede instar o lograr la paralización de una obra, que puede producir importantes perjuicios para el dueño de la obra». En el supuesto contemplado por esta sentencia de 1999, no se dio lugar a la pretensión indemnizatoria aunque la demanda interdictal fue desestimada en ambas instancias porque «como muy bien se infiere de la sentencia recurrida en su fac- tum, en absoluto, ya que en dicho proceso sumario interdictal se ejerciera una pretensión patentemente temeraria o infundada».

En relación con la cuestión aquí debatida, dice la S de 15 de abril de 2003 que «la jurisprudencia se ha pronunciado en numerosas ocasiones sobre este tema». La S de 5 de junio de 1995 dice «la viabilidad de la petición de resarcimiento de daños y perjuicios causados por actuaciones judiciales, precisa que la parte que las puso en marcha haya actuado con actuación dañosa o al menos con manifiesta negligencia». Y añade: «los daños y perjuicios que acreditadamente sean consecuencia directa e inmediata del ejercicio de una acción interdictal de obra nueva, han de reputarse indemnizables en vía de reparación en los casos en que esta acción resulte ser claramente infundada y así se declare en la sentencia o al menos resulte de ella sin asomo de duda». Lo que reitera la de 3 de julio de 1997 al decir: «la evidencia de estarse ante una acción interdictal “clara o manifiestamente infundada” ha de extraerse necesariamente del contenido de la propia sentencia recaída en el juicio interdictal». La de 28 de marzo de 1998 recoge la doctrina sentada en la anterior de 27 de mayo de 1988 y dice: «dado el carácter excepcional de esta institu- ción y la exigencia de que en los supuestos en que se estime la existencia de abuso ha de ser patente la intención de perjudicar o la falta de finalidad seriegítima del sujeto, al lado de la situación objetiva de anormalidad o exceso en el ejercicio del derecho actuado (así, entre otras SS recientes, las de 31 de diciembre de 1985, 5 de abril y 9 de octubre de 1986 y 8 de julio y 17 de septiembre de 1987). Pero ello no excluye –sigue diciendo la sentencia que reseñamos– que, producidos y debidamente acreditados unos daños y perjuicios como consecuencia directa e inmediata del ejercicio de una acción interdictal de obra nueva que resulte claramente infundada y así se declare en la sentencia, la parte que ocasionó aquéllos deberá responder de los mismos procediendo a su reparación, por cuanto la indemnización de daños y perjui- cios en el ámbito civil ofrece un carácter reparador y no propiamente puniti- vo o sancionador». Y añade la de 26 de octubre de 1998: «La jurisprudencia de esta Sala ha tenido ocasión de decidir controversias análogas a las presentes, para estimarlas procedentes cuando se acredita una persistencia totalmente injustificada en mantener en suspenso las obras iniciadas».

  • Actuación dañosa
  • Manifiesta negligencia
  • Claramente infundada

Sobre abuso del derecho en otras vertientes, aquí os dejo links del fantástico blog de luis cazorla.

Validez de pacto prematrimonial de renuncia a pensión compensatoria

Llego a la sentencia de hoy vía twitter de @justitonotario y su blog  www.notariabierta.escon una entrada sobre el tema mucho mejor y más completa que la mía AQUÍ.

ROJ: STS 1925/209 de 30-5-2018 (mira, mi cumpleaños), rec 1933/2017.

Traigo la Sentencia por el tema de la nulidad de los pactos prematrimoniales y el orden público. No es que haga mucho familia (llevo sin firmar un divorcio que no sea de amigos de mutuo acuerdo lustros y mi salud y humor es mucho mejor).

La esposa renunció ante Notario a la pensión compensatoria.

Empieza el lío del divorcio y se ve que la buena señora cambio de opinión previo lío importante -porque la Sentencia tiene origen en un Juzgado de Violencia sobre la Mujer (curioso nombre propio)-.

El motivo de casación es:

Se denuncia infracción de lo dispuesto en los arts. 97 , 1328 y 1255 del Código Civil , en relación con el art. 90.2 del Código Civil y los arts. 24.1 y 39 de la Constitución Española , y aplicación indebida de la doctrina del Tribunal Supremo sobre la validez de los pactos prematrimoniales y los límites a los mismos, recogida en sentencia del Tribunal Supremo de la Sala 1.a de lo Civil, STS 392/2015, de 24 de junio, recurso 2392/2013 , resultando necesario que se declare infringida dicha doctrina conforme a la cual los pactos prematrimoniales no pueden resultar contrarios a la ley, la moral o al orden público ni causar perjuicio a terceros, entendiéndose que en determinadas circunstancias la renuncia a la pensión compensatoria contenida en los mismos puede resultar nula. En el presente caso, la renuncia de Dña. Gloria a la pensión compensatoria que realizó ante notario ha de considerarse nula por ser contraria a la ley, a la moral y al orden público.

El STS resuelve:

SEXTO .- Pactos prematrimoniales y orden público

 Debemos declarar que la formación, edad, escasa duración del matrimonio, ausencia de descendencia común, posibilitan un desenvolvimiento de ella que posibilitan un marco económico fluido, por lo que no consta alteración del orden público.

 Es más, los cursos desarrollados por Dña. Gloria , en España, en la Escuela Oficial de Idiomas, homologando su conocimiento del ruso y cursando estudios de español para extranjeros y de inglés, le facultan para una rápida inserción laboral que no hace aconsejable la fijación de una pensión compensatoria y por ello no puede entenderse cuestionado el orden público (1255 del C. Civil).

 Estos elementos de juicio permiten inferir que cuando se firmaron los pactos prematrimoniales, no se sometió a Dña. Gloria a una situación de previsible precariedad.

 SÉPTIMO .- Pactos prematrimoniales. Derecho a la libertad, dignidad e igualdad.

 De lo declarado probado no puede deducirse atentado alguno a la igualdad, libertad o dignidad de Dña. Gloria , por el hecho de firmar pactos prematrimoniales, dado que lejos de percibirse un sometimiento al esposo o predominio del marido, lo que se evidencia es una relación de confianza en el que la esposa resulta beneficiaria de prestaciones, se acoge a su hija, se firman los pactos con suficiente antelación con respecto al matrimonio, por lo que tampoco pueden considerarse sorpresivos y una relación matrimonial no extensa temporalmente pero tampoco fugaz.

 Por todo ello, la libertad, dignidad e igualdad de los cónyuges ha quedado preservada ( arts. 14 , 17 y 19 de la Constitución ).

En base a todo ello no puede entenderse infringida la doctrina jurisprudencial recogida en sentencia 392/2015, de 24 de junio, recurso núm. 2392/2013 .

RESUMEN:

  1. Los pactos prematimoniales con renuncia a la pensión compensatoria son válidos.
  2. Serán nulos dichos pactos cuando sean contrarios al orden público.
  3. La renuncia a pensión compensatoria no es contraria al orden público cuando hay un marco económico fluido de igualdad entre el matrimonio. Parámetros a considerar:
  • La formación de las partes sea alta.
  • Escasa duración del matrimonio
  • Ausencia de descendencia común
  • Rápida inserción laboral (si está trabajando ya no digamos).
  • Ausencia de previsible precariedad.

5. La antelación antes del matrimonio es importante. Con el razonamiento esos pactos en medio de matrimonio previa crisis y liquidación de gananciales igual no cuela.

Inicio cómputo plazo nulidad de swap

STS 2/2019, ECLI ES:TS:2019:2 de 8-1-2019, sobre consumación de swaps para inicio del cómputo del plazo.

REITERA que debe producirse en el momento del agotamiento, de la extinción del contrato.

“En el contrato de swap el cliente no recibe en un momento único y puntual una prestación esencial con la que se pueda identificar la consumación del contrato, a diferencia de lo que sucede en otros contratos de tracto sucesivo como el arrendamiento (respecto del cual, como sentó la sentencia 339/2016, de 24 de mayo, ese momento tiene lugar cuando el arrendador cede la cosa en condiciones de uso o goce pacífico, pues desde ese momento nace su obligación de devolver la finca al concluir el arriendo tal y como la recibió y es responsable de su deterioro o pérdida, del mismo modo que el arrendador queda obligado a mantener al arrendatario en el goce pacífico del arrendamiento por el tiempo del contrato).

“En los contratos de swaps o “cobertura de hipoteca” no hay consumación del contrato hasta que no se produce el agotamiento o la extinción de la relación contractual, por ser entonces cuando tiene lugar el cumplimiento de las prestaciones por ambas partes y la efectiva producción de las consecuencias económicas del contrato. Ello en atención a que en estos contratos no existen prestaciones fijas, sino liquidaciones variables a favor de uno u otro contratante en cada momento en función de la evolución de los tipos de interés. Así, en el caso que da lugar al presente recurso, el cliente recibía trimestralmente el euríbor fijado al principio de cada periodo trimestral a cambio de pagar anualmente un tipo fijo, excepto si el euríbor superaba determinado nivel o barrera, en cuyo caso el cliente pagaba el euríbor menos un diferencial fijado en un 0,10%. El resultado positivo o negativo de las liquidaciones dependía para cada período de liquidación y alcanzaron resultados diversos en cada uno de los años de vigencia del contrato, tal y como ha quedado reflejado en los antecedentes recogidos en el primer fundamento jurídico de esta sentencia”.

Por tanto, se mantiene como doctrina en supuestos de nulidad de contrato de permuta financiera (swap) por error, vicio, que el día inicial del cómputo de plazos de caducidad debe entenderse producido en el momento del agotamiento del contrato, de la extinción del swap.

REBUS SIC STANTIBUS. No hay que jugar con fuego que te puedes quemar

Hoy traemos al blog la STS 13/2019,  ECLI: ES:TS:2019:13, ROJ 28079110012019100010 de 9-1-2019 sobre la aplicación de la doctrina REBUS SIC STANTIBUS

La sentencia es bastante rollo, la verdad. Nos remite a la STS de Pleno de 17-1-2013, STS 820/2012 pero nos viene a decir:

Si has pactado/asumido el riesgo o debiste asumirlo porque era previsible no es posible apreciar alteración sobrevenida del cambio de circunstancias.

Os pongo un ejemplo. Dramatización (homenaje a los gemelos Diéguez):

  • Luisito, deja eso que se va a caer y, si se rompe, te voy a castigar y además te vas a quedar sin la nintendo.
  • (sonido de golpe de nintendo en el suelo)
  • Ya te dije que si hacías eso se iba a caer. Ahora te vas castigado y no hay más nintendo porque está rota.

Luisito estaba con el riesgo normal e inherente de jugar con la nintendo en una ventana.

Al no poder hablarse de alteración imprevisible cuando la misma se encuentra dentro de los riesgos normales del contrato ( sentencias 333/2014, de 30 de junio, y 64/2015, de 24 de febrero), no cabe aplicar la regla rebus sic stantibus. Como dijimos en la sentencia 477/2017, de 20 de julio:

“La sentencia 64/2015, de 24 de febrero , declara que de los sucesos imprevisibles que sirven para sustentar la aplicación de la cláusula rebus sic stantibus deben excluirse los riesgos que deriven de la naturaleza y sentido de la relación obligatoria contemplada en el contrato, esto es, el “riesgo normal” inherente o derivado del contrato. Y, como afirmamos en la sentencia 626/2013, de 29 de octubre, “para que sea aplicable esa técnica de resolución o revisión del contrato [la cláusula rebus sic stantibus] se exige, entre otras condiciones, como señaló la sentencia de 23 de abril de 1991, que la alteración de las circunstancias resulte imprevisible, lo que no acontece cuando la incertidumbre constituye la base determinante de la regulación contractual”

 

Tarjetas de crédito revolving. Los bancos tienen su razón.

En estas épocas de revolución social y cambio de paradigma el blog de corta y pega se desmelena y se atreve con algo que pocos conoceréis las tarjetas revolving.

Esencialmente -expuesto con mucha simplificación- una tarjeta revolving es una tarjeta de crédito con cuotas aplazadas para el pago del dinero utilizado a crédito (disculpadme, abogados de banco, por esta simplificación).

Tú, persona humana o jurídica, tienes una tarjeta de crédito “normal”, la usas y, al final de mes, pagas lo usado. En las tarjetas de crédito “revolving” vas pagando cuotas mientras vas usando y se liquidan intereses de lo usado. No usas, no hay intereses. Una especie de póliza de crédito en tarjeta y sin pasar por notario, si me permitís la licencia.

Muchas AP vienen determinando la usura por el tipo de interés que se aplica y por la falta de información de quien las ofrece: establecimientos adheridos para facilitar compras.

Lo que es más discutible en las STAP es la aplicación de la ley de la represión de la usura y la utilización de las tablas del banco de España para comparar a este tipo de productos con préstamos (Tipos de interés de préstamos y créditos a tarjetas y créditos al consumo  con pago aplazado) con los préstamos al consumo: no es lo mismo me compro un coche y lo pago a plazos que uso una tarjeta de crédito con pago aplazado en función de lo que compre, o una tarjeta de crédito donde pago todo a final de mes; para que me entendáis.

Hubo una famosa sentencia de pleno de 25-11-2015 respecto de la ley de la represión de la usura que dice que: que el interés con el que ha de realizarse la comparación es el “normal del dinero” y para establecer lo que se considera “interés normal” puede acudirse a las estadísticas que publica el Banco de España, que no será necesaria que concurran acumuladamente los requisitos objetivos y subjetivos del art. 1 LRU y que en lo que concierne a la desproporción con las circunstancias del caso, el mayor riesgo para el prestamista que pueda derivarse de ser menores las garantías concertadas, puede justificar, un interés superior.

Hoy cortamos y pegamos la STAP Madrid de 30-10-2018, ROJ SAP M 15049/2018, rec 628/2018, Secc 8ª. Dice la STAP Madrid:

No se acredita que el interés del préstamo sea notablemente superior al normal del dinero, entendiendo que el “interés normal del dinero” al que se refiere el art.1 LRU es el interés de mercado. El propio Azcarate sostenía que “l a normalidad de los intereses es el precio normal del mercado“. Y añadimos, el precio del mercado para el mismo producto.

La sentencia apelada concluye el carácter usurario del interés tras contrastarlo con la tabla extraída de la página web del Banco de España para operaciones similares (doc.7 demanda); calificación que esta Sala no comparte pues no puede equiparase el mercado de ” préstamos y créditos correspondientes a tarjeta de crédito de pago aplazado” con el de operaciones de ” préstamo y crédito al consumo“, sin que las estadísticas ofrecidas por el Banco de España hasta el año 2010 discriminen el tipo de interés de unas y otras operaciones. Es significativo, en cambio, que a partir del año 2010 en el que ya sí se publican los tipos medios de interés anuales (TEDR) de préstamos y créditos correspondientes a tarjeta de crédito de pago aplazado estos oscilen entre el 19,23 % y el 21,17%, una media diferencial aproximada de 10 puntos por encima de los tipos medios de interés de los préstamos y créditos al consumo para ese mismo periodo, lo que determina que, a falta de otras pruebas, y en una interpretación adecuada de los tipos publicados en las bases estadísticas de los años 2006 a 2009 se pueda colegir que la TAE pactada durante los años 2006 a 2009 del 18,9 % y 24,9 % no sea ni superior en el primer caso, ni notablemente superior, en el segundo, al normal del dinero.

De igual forma y respecto del TAE del periodo 2010 a 2016, que supera en 5 puntos aproximadamente al que figura como tipo “medio” anual, si bien es superior a este, no se advierte “notoriamente” superior, tanto porque las estadísticas solo publican el precio medio que se obtiene de una horquilla superior e inferior, como porque del resto de pruebas se constata que dicho interés era conforme al precio de mercado.Nótese que en este punto, la STS 15/11/2015 no impone como único criterio de comparación las estadísticas del Banco de España pues se limita a afirmar que “puede” acudirse a estas- “para establecer los que se considera “interés normal” puede acudirse a las estadísticas que publica el Banco de España, tomando como base la información que mensualmente tienen que facilitarle las entidades de crédito sobre los tipos de interés que aplican a diversas modalidades de operaciones activas y pasivas (créditos y préstamos personales hasta un año y hasta tres años, hipotecarios a más de tres años, cuentas corrientes, cuentas de ahorro, cesiones temporales, etc)”- , resultando que, en el presente, caso el tipo de mercado se acredita por el informe de ASNEF que se aportó en acto de audiencia previa y ratificó por escrito de 2 de octubre de 2017 en el que se refleja un TAE en los años 2008 a 2015 que alcanzan unos tipos máximos que oscilan entre el 21,42% ( tan solo un año) y el 24,56 %. Tampoco se deduce de la STS que el criterio de comparación sea, imperativamente, el del tipo de los créditos o préstamos al consumo, pues su decisión ha de enmarcarse tanto dentro del ámbito del recurso de casación ,como de la circunstancia de que a la fecha del contrato cuya nulidad se debatía, el año 2001, no solo no había estadísticas sobre las tarjetas de crédito, sino tampoco de los créditos y préstamos al consumo cuya génesis se sitúa en la Circular no 4/2002, de 25 de junio, del Banco de España a entidades de crédito sobre las estadísticas de los tipos de interés que se aplican a los depósitos y a los créditos frente a los hogares y las sociedades no financieras.

Desde lo anterior, podemos concluir que, en el presente caso, no se advierte una desproporción objetiva entre el precio normal del dinero, que es el “precio de mercado” (el mercado de las tarjetas de crédito sin garantías que no requieren la tenencia de una cuenta corriente en la entidad prestamista), y el precio pactado con el demandante,requisito objetivo para la prosperabilidad de la acción de nulidad, pues en otro caso ha de prevalecer la validez de los contratos aceptados voluntariamente al amparo del principio de autonomía de la voluntad, ( art. 1255 CC) y del de libertad de empresa en el marco de la economía de mercado, de raigambre constitucional ( art.38 CE). No basta con que el interés sea alto o “caro” el precio del dinero para calificar el contrato como usurario.

 

El objeto de estos pleitos es:

  1. Acreditar que el prestatario conocía correctamente el producto bancario.
  2. Acreditar que no un “uso inmoral” del prestamista.
  3. Que el interés del producto sea o no el interés normal del dinero.
  4. La cuestión jurídica de que el juez entienda – haga suyo este criterio- que el interés normal del dinero para un revolving sea el mismo producto, es decir, el TAE de otras revolving.
  5. El juez entienda que si el Banco de España hace una distinción y un criterio específico para las tarjetas de crédito con pago aplazado -revolving según el BdE, debe entender que son productos distintos que no puede equiparar. AQUÍ las tablas.

 

El criterio de esta sección de madrid, lo mantiene también la Secc 1 de la AP de Salamanca entre otras.

Entiendo que si el actor que solicita le devuelvan el dinero por intereses abusivos aporta las tablas del BdE para acreditar que el interés de su tarjeta de crédito con pago aplazado es superior a los tipos del crédito al consumo para comparar el “interés normal del dinero”,SSª no puede obviar que esa tabla hace una mención especial y especifica a las “revolving”.

Pues si el Banco de España establece clara, evidente, diferenciada, exclusiva y unívoca una estadística referida a la tarjeta de crédito revolving en virtud de la cual establece en interés normal ¿por qué aplicar otro tipo de “interés normal” que no es el establecido para esa tarjeta revolving? ¿Por qué el juzgador integra opretende integran conceptos que el regulador diferencia? ¿Para qué el regulador se esfuerza en establecer una categoría diferente en cumplimiento de la normativa europea al diferenciar las TAE de las tarjetas de crédito, mencionando las revolving expresamente, de otros créditos con plazo o término.? ¿Por qué ha hecho una categoría expresa con una nota (-b-) que decía que hasta junio de 2010 se incluía en el crédito al consumo hasta 1 año? ¿por qué, si el regulador quiso diferenciar estos productos en el año 2010 no aplica esa diferenciación el tribunal?

Este humilde cortapegador de sentencias, entiende que el juzgador valora erróneamente la prueba al considerar que las tablas estadísticas del banco de España al establecer el interés normal cuando no diferencia las categorías de créditos con tarjetas de créditos y que, en este caso concreto, una vez determinado que el contrato que une a las partes es un contrato de tarjeta revolving el interés normal del dinero debe para este tipo de contratos debe ser el establecido por las estadísticas del Banco de España que diferencian la categoría de tarjeta de crédito y, especifica y particularmente, las tarjetas revolving.

Si el texto resulta claro, el juzgador debería abstenerse de más indagaciones. In claris non fit interpretativo. Aunque no os lo creáis por lo claro de la exposición, muchas AP no dan la razón a los bancos.

 

 

 

 

 

La dación en pago a un tercero está exenta en el IRPF y en la Plusvalía. Corta y pega de una noticia.

La dación en pago a un tercero está exenta en el IRPF y en la Plusvalía. Corta y pega de una noticia.

En el más difícil todavía este blog se propone como uno de los múltiples objetivos para el año 2019 elevar a la categoría del arte el corta y pega y el gandulismo.

Os enlazo esta noticia de @elEconomistaes

https://www.eleconomista.es/legislacion/noticias/9619589/01/19/La-dacion-en-pago-a-un-tercero-esta-exenta-en-el-IRPF-y-en-la-Plusvalia.html

La noticia dice:

La dación en pago de la vivienda a un tercero, que no sea la entidad bancaria acreedora del crédito hipotecario, está exenta de tributación en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) -conocido popularmente como Plusvalía-.

Así, lo reconoce la Dirección General de Tributos (DGT) del Ministerio de Hacienda, en respuesta a una consulta vinculante, de 2 de octubre de 2018, en la que concluye que en la redacción literal de la exención permite sostener tal interpretación.

No he encontrado la consulta pero dejo en mi blog la idea por si alguien la encuentra. Me parece de un enorme interés práctico.