Dies a quo. Elementos fácticos y jurídicos idóneos para fundar una situación de aptitud plena para litigar.

 

Alude al principio de tutela judicial efectiva en su vertiente de acceso a la jurisdicción y sostiene, con referencia a la sentencia núm. 544/2015 , que

“El día inicial para el ejercicio de la acción es aquel en que puede ejercitarse, según el principio actio nondum nata praescribitur [la acción que todavía no ha nacido no puede prescribir] ( SSTS de 27 de febrero de 2004 ; 24 de mayo de 2010 ; 12 de diciembre 2011 ). Este principio exige, para que la prescripción comience a correr en su contra, que la parte que propone el ejercicio de la acción disponga de los elementos fácticos y jurídicos idóneos para fundar una situación de aptitud plena para litigar “.

Esta aptitud plena para litigar, disponiendo de los elementos fácticos y jurídicos idóneos para sostener la acción, no ha concurrido en los ahora recurrentes hasta tanto, con carácter definitivo, la Administración ha dado una respuesta final y cierta a la cuestión referida a la identidad del posible responsable del suceso, lo que lleva a concluir que las actuaciones judiciales anteriores al presente pleito se han producido en el vacío y que únicamente cuando la Administración precisó definitivamente el lugar de donde se entiende que procedía el animal causante del accidente “se ha podido ejercitar” la acción en los términos previstos en el artículo 1969 CC .

Como esta sala tiene declarado, entre otras, en sentencias núm. 491/2018, de 14 de septiembre , y 780/2012, de 18 diciembre , en los supuestos en que no se entró a conocer en la instancia sobre la pretensión formulada por considerar que la misma lo había sido extemporáneamente (por prescripción o por caducidad),

“se ha acordado la remisión al tribunal “a quo” para que dicte sentencia resolviendo sobre tales pretensiones. Cabe citar en este sentido la sentencia dictada por el Pleno de la Sala de fecha 29 abril 2009 (Recurso 325/06 ) la cual afirma que lo procedente es “devolver las actuaciones al tribunal de apelación para que dicte nueva sentencia en la que, no pudiendo tener ya la acción civil por extinguida ni caducada, se pronuncie sobre todas las demás cuestiones planteadas (…) en primer lugar, porque esta posibilidad de que haya de dictarse una segunda sentencia de apelación tras la estimación de un recurso de casación, y no de un recurso extraordinario por infracción procesal, no aparece excluida en el texto del citado art. 487.2 LEC , que para los recursos de casación de los números 1o y 2o del apdo. 2 de su art. 477 se limita a disponer que la sentencia del órgano de casación “confirmará o casará, en todo en parte, la sentencia recurrida”; y en segundo lugar, pero como razón principal, porque otra solución distinta traería consigo que la casi totalidad del asunto quedara privada de la segunda instancia y esta Sala, desnaturalizando su función de órgano de casación y mediante un procedimiento no adecuado a la revisión total de los problemas procesales y probatorios del litigio, tuviera que proceder a una nueva valoración conjunta de la prueba””.

Control de trasparencia en subrogaciones hipotecarias

STS 389/2019 ECLI: ES:TS:2019:389, DE 14-2-2019 día de los enamorados, de Orduña:

Deber de transparencia, como ha declarado esta sala, entre otras, en la STS 38/2018, de 24 de enero , que la entidad bancaria debe cumplir, aunque se haya operado la subrogación por parte del cliente en el préstamo otorgado inicialmente al promotor.

Control de transparencia que también, como ha declarado reiteradas veces esta sala, entre otras STS 593/2017, de 7 de noviembre , no puede ser reconducido al mero control de la incorporación de la cláusula predispuesta. Del mismo modo que el deber de poner a disposición del cliente la información relativa a la existencia de la cláusula suelo y su incidencia en la determinación del interés, en un contrato de préstamo hipotecario con interés variable, no puede quedar reducido a que el prestatario pueda acceder a la minuta de la escritura en que se instrumenta el contrato, dentro de los tres días previos a su firma ( STS 614/2017, de 16 de noviembre ).

El corta y pega de hoy no tiene mayor ciencia que reproducir la doctrina pacífica del TS donde ya da un poco igual todo sobre la diligencia del padre de familia, del ordenado empresario y todo.

Digo yo que alguien debería declarar nulo todas estas cláusulas, compensar al consumidor y liberar a juzgados de todo esto.

¡El tercero hipotecario existe! ¡Aleluya!

STS 299/2019, ECLI:ES:TS:2019:299 DE 5-2-2019, Salas Carceler.

Hoy traigo al blog una sentencia fantástica que afecta a unos amigos.

La realidad de las cosas fue empresa que tiene una deuda se cobra con una dación en pago de un casoplón tipo Pablo Iglesias, con una hipoteca que siguen pagando mis amigos  y un okupa que es administrador de una empresa deudora.

La dación en pago se inscribe correctamente en el registro de la propiedad.

Los problemas comienzan cuando el ocupa cuando le piden que abandone la vivienda se opone diciendo que tiene un contrato verbal con el cedente y la AP de Tenerife se lía resolviendo en apelación que hay preferencia del pacto verbal antes que del tercero hipotecario.

Dice la Sentencia:

Se denuncia en dicho motivo la infracción de lo dispuesto en los artículos 1473 y 606 CC y de los artículos 32 y 34 de la Ley Hipotecaria , relativos a la protección que ha de dispensarse al adquirente a non domino en el caso de venta de cosa ajena.

En la propia demanda ya reconocían los demandantes que el chalet aparece inscrito en el Registro de la Propiedad a favor de Riromel S.L. (inscripción 11.a) desde el 18 de noviembre de 2010, en que tuvo acceso a dicha oficina la escritura pública de dación en pago realizada por la entidad Congelados Agora S.L. a Riromel S.L., la cual había sido otorgada en fecha 4 de agosto de 2010. En dicha escritura de dación en pago se hacía constar la existencia en el chalet de poseedores en precario, lo que dio lugar a un proceso de desahucio por tal causa iniciado por Congelados Agora S.L., en el que se produjo la sustitución procesal a favor de Riromel S.L. y se declaró la existencia de una situación compleja que debía ser dilucidada en otra clase de juicio.

Por tanto la primera cuestión a resolver ha de ser si Riromel S.L. reúne las condiciones de tercero hipotecario ( artículo 34 LH ), lo que haría inatacable el dominio adquirido e inscrito en el Registro de la Propiedad, sin perjuicio de los derechos o reclamaciones que puedan hacerse efectivos por los demandantes contra aquellos que, por su actuación, hubieran propiciado en su perjuicio dicha adquisición del dominio con carácter inatacable.

La sentencia de esta sala núm. 511/2010, de 20 junio , reiterando los argumentos de la anterior de 5 marzo 2007, afirma lo siguiente:

“La doctrina sobre el artículo 34 de Ley Hipotecaria que procede dejar sentada comprende dos extremos: primero, que este precepto ampara las adquisiciones a non domino precisamente porque salva el defecto de titularidad o de poder de disposición del transmitente que, según el Registro, aparezca con facultades para transmitir la finca, tal y como se ha mantenido muy mayoritariamente por esta Sala; y segundo, que el mismo artículo no supone necesariamente una transmisión intermedia que se anule o resuelva por causas que no consten en el Registro, ya que la primera parte de su párrafo primero goza de sustantividad propia para amparar a quien de buena fe adquiera a título oneroso del titular registral y a continuación inscriba su derecho, sin necesidad de que se anule o resuelva el de su propio transmitente. Cuya doctrina ha sido reiterada por las sentencias de 16 y 20 del mismo mes y año y por las de 5 de mayo de 2008 y 23 de abril de 2010 “.

No cabe duda de que la dación en pago queda encuadrada en lo dispuesto por el artículo 34 LH dado su carácter oneroso, ya que mediante ella se declara extinguido un crédito mediante la transmisión de un determinado bien al titular de dicho crédito, quedando extinguido el mismo.

Sentado lo anterior, es lo cierto que de lo actuado se desprende la concurrencia en Riromel S.L. de las condiciones exigidas para ser considerado tercero hipotecario protegido por la inscripción registral, ya que adquiere el chalet, a título oneroso, de quien figura en el Registro de la Propiedad con facultades para transmitir el dominio y, a su vez, lo inscribe a su favor; sin que conste que falte en su actuación la buena fe que, en todo caso, se presume, sin perjuicio de la calificación que hubiera de merecer la actuación de la parte que realizó la dación en pago.

Cesión de créditos litigiosos y retracto legal del Código Civil de toda la vida.

Recordando a Juan Manuel de Prada en un programa de cine en una televisión diferente en referencia a su programa decía algo así como: Bienvenidos a este oasis en el páramo intelectual que es la televisión en España. Pues yo cito a @R_Gamez que a veces, que luego se le sube a la cabeza, es uno de esos oasis en esta basura que se están convirtiendo las redes sociales.

Pues el mérito de la sentencia objeto de nuestro corta y pega es de él.

ROJ SJPI 25/2018, ECLI: ES:JPI:2018:25, DE 14-5-2018, REC 557/2017

SPOILER: en el código civil hay retractos legales.

La sentencia de hoy trata de una cosa muy particular que yo planteé ante la AP de Tenerife con un éxito incierto.

Básicamente es oponerme a una demanda de reclamación de cantidad en una cesión de créditos en donde la nueva compañía compra una cartera para cobrar. Desde el momento en que demanda para el cobro, tenemos la figura del retracto legal para que , en el plazo máximo de 9 días, pagando el precio que abonó la cesionaria, “recuperemos nuestro crédito”.

 La sentencia desarrolla, muy correctamente y de modo muy didáctico los tres conceptos que pululan sobre esta cuestión:

  • ¿Qué es un crédito litigioso?
  • ¿Cómo opera la caducidad de los 9 días?
  • ¿Cuándo debemos entender venta global en relación a cesión en bloque en proceso de ordenación y reestructuración de sociedades de crédito –pensado para el sareb- o venta conjunta o agrupada de una multiplicidad diferenciada de créditos singularizados e individuales, identificados con un precio particular y concretable para cada uno de ellos?

La sentencia declara el retracto legal. Olé por el abogado.

Veremos qué pasa en la Audiencia.

 

Aquí tenéis una entrada de interés del blog de Luis Cazorla:

http://luiscazorla.com/2014/12/la-cesion-de-contratos-y-el-necesario-consentimiento-del-cedido/