Modificación de Textos Definitivos en un concurso por el inicio de un expediente de derivación de responsabilidad.

Ya que @leogance me anima y me lee en Domingo pues le voy a dar una alegría para el cuerpo. Dos post en un solo día.

El planteamiento de este no es un corta y pega que tanta fama mundial nos ha dado.

SUPUESTO DE HECHO

Concurso en fase de liquidación. Con los Textos Definitivos presentados y se inicia un expediente de derivación de responsabilidad y reclamación de deuda. En nuestro supuesto real, la resolución de la AAPP remite al reglamento de recaudación.

He aquí que después de abrir la fase de liquidación y con los TTDD presentados, una administración pública no acreedora del concursado decide iniciar un expediente de declaración de responsabilidad solidaria y reclamación de deuda contra la concursada.

MOMENTO PRECLUSIVO DEL ART 97 BIS LCo.

 

El TS fija la siguiente doctrina jurisprudencial sobre la interpretación del apartado 1 del art. 97bis LC:

«i) El límite temporal previsto en el art. 97bis.1 LC para solicitar la modificación de la lista definitiva de acreedores al amparo del art. 97.3 LC, varía según se esté en fase de cumplimiento del convenio o de liquidación.


ii) Cuando la modificación se solicita durante la fase de liquidación, con independencia de que haya venido o no precedida de una aprobación judicial de convenio, el límite temporal aplicable es el propio de la liquidación: la presentación de cualquiera de los dos informes previstos en el art. 152.2 LC y el art. 176bis.1 LC.

iii) Frustrado el convenio y abierta la fase de liquidación, sobre la posterior petición de modificación de la lista de acreedores sólo resulta oponible el límite temporal previsto en el art. 97.bis.1 LC para la liquidación». (STS nº 652/2016, de 4 de noviembre 

FALTA DE IMPUGNACIÓN DE LOS TTDD. Consecuencias y excepciones.

Como hemos expuesto, los TTDD fueron aprobados al no haber sido impugnados.

De conformidad con el art 97 LCo los acreedores no podrán plantear pretensiones de modificación fuera de los supuestos del arte 97.3 y 97.4 LCo.

El art 97.3,4º LCo establece los supuestos que permiten la modificación de los TTDD:

  1. El texto definitivo de la lista de acreedores, además de en los demás supuestos previstos en esta ley, podrá modificarse en los casos siguientes:

 (…)

2.º Cuando después de presentado el informe inicial a que se refiere el artículo 74 o el texto definitivo de la lista de acreedores, se inicie un procedimiento administrativo de comprobación o inspección del que pueda resultar créditos de Derecho Público de las Administraciones públicas y sus organismos públicos.

3.º Cuando después de presentado el informe inicial a que se refiere el artículo 74 o el texto definitivo de la lista de acreedores, se inicie un proceso penal o laboral que pueda suponer el reconocimiento de un crédito concursal.

4.º (…), se hubiera cumplido la condición o contingencia previsto los créditos hubieran sido reconocidos o confirmados por acto administrativo, por laudo o por resolución procesal firme o susceptible de ejecución provisional con arreglo a su naturaleza o cuantía.

En consecuencia, es posible la modificación de los TTDD después de presentados (y, en este concurso, aprobados), cuando:

  1. Se inicie un procedimiento administrativo de comprobación o inspección que entendemos que no es el presente supuesto.
  2. Se inicie un proceso penal o laboral que no es el presente supuesto.
  3. Se hubiera cumplido la condición o contingencia prevista/hubieran sido confirmados por acto administrativo/resolución procesal firme/resolución procesal susceptible de ejecución provisional que tampoco es el supuesto

El art 97 bis. 1 LCo impone al acreedor a comunicar el crédito con “justificación de la modificación pretendida y la concurrencia de las circunstancias previstas (…)”.

El art 96.bis. 3 LCo establece otro posibilidad: “Si dentro del plazo de diez días siguientesa la puesta de manifiesto de los TTDD se formula oposición (…)”. Entendemos que tampoco se ajusta al presente concurso a efectos de comunicación tardía del crédito por lo que no debe ser de aplicación.

Hay dos supuestos de modificación de los TTDD que entendemos que tiene varios requisitos acumulativos:

  1. Iniciar un procedimiento administrativo después de presentados los TTDD. Se cumple este requisito.
  2. Que el procedimiento administrativo tenga una finalidad de comprobación o inspección.

En este punto es donde no entendemos encaje a efectos de la modificación de los TTDD.

Si la propia resolución de la administración se fundamenta en un procedimiento de declaración de responsabilidad solidaria y derivación de la deuda entendemos, sin perjuicio de mejor opinión en derecho, se debe enmarcar en un procedimiento de recaudación. Así, la propia resolución remite a los artículos 62 y ss, del reglamento general de recaudación en  virtud de los cuales se regula el procedimiento de reclamación de deudas e impugnacióncontra las resoluciones de las AAPP

En consecuencia, entendemos el supuesto que nos ocupa, la modificación de unos TTDD por comunicación de un procedimiento de declaración de responsabilidad solidaria y derivación de la deuda por parte de la AAPP no se ajusta a los supuestos regulados por el art 97 LCo al considerar que este tipo de expediente no tiene finalidad de comprobación o inspección sino de recaudación.

Descartamos la aplicación del art 96.bis.1 LCo en relación con el art 97.3.2ª, puesto que expresamente regula como plazo de comunicación del crédito “posterior” : (…) concluido el plazo de impugnación hasta lapresentación de los TTDD (…)”

SENTENCIA DE PLENO sobre cláusulas de vencimiento anticipado

Después de una temporada disfrutando de las mieles del éxito a la vista de que hasta el presidente del Senado se dedica a “fusilar” textos… lo que no es otra cosa que la tendencia que marca este blog, hoy traemos el corta y pega de la Sentencia del PLENO de 11-9-2019, STS 2761/2019 ECLI: ES:TS:2019:2761, rec 1752/2014:

La Sentencia de Pleno concluye:

11.- Conforme a todo lo expuesto, procede aplicar las siguientes pautas u orientaciones jurisprudenciales a los procedimientos de ejecución hipotecaria en curso, en los que no se haya producido todavía la entrega de la posesión al adquirente:

  1. Los procesos en que, con anterioridad a laentrada en vigor de la Ley 1/2013, se dio por vencido el préstamo por aplicación de una cláusula contractual reputada nula, deberían ser sobreseídos sin más trámite.
  2. Los procesos en que, con posterioridad a laentrada en vigor de la Ley 1/2013, se dio por vencido el préstamo por aplicación de una cláusula contractual reputada nula, y el incumplimiento del deudor no reúna los requisitos de gravedad y proporcionalidad antes expuestos, deberían ser igualmente sobreseídos.
  3. Los procesos referidos en el apartado anterior, en que el incumplimiento del deudor revista la gravedad prevista en la LCCI,podrán continuar su tramitación.
  4. Los autos de sobreseimiento dictados conforme a los apartados a) y b) anteriores no surtirán efecto de cosa juzgadarespecto de una nueva demanda ejecutiva basada, no en el vencimiento anticipado por previsión contractual, sino en la aplicación de disposiciones legales ( ATJUE de 3 de julio de 2019, asunto C-486/16 ). Solución que no pugna con el art. 552.3 LEC , puesto que no se trata de un segundo despacho de ejecución con fundamento en el mismo título, sino de ejecuciones basadas en diferentes títulos (el contrato, en el primer caso, y la ley en el segundo).
  5. Debe entenderse que las disposiciones legales mencionadas en el apartado anterior son las contenidas en la Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario, pese a que las resoluciones del TJUE se refieran expresamente al art. 693.2 LEC en la redacción dada por la Ley 1/2013 y pueda haber alguna discordancia con la disposición transitoria primera 4a de la Ley 5/2019 . Y ello, porque:

El art. 693.2 LEC , en su redacción anterior a la Ley 5/2019, era una norma de Derecho dispositivo, mientras que el art. 24 LCCI, al que ahora se remite, es imperativa.

La disposición transitoria primera 4a LCCI, fruto de una enmienda transaccional en el Congreso y una enmienda en el Senado, optó por la retroactividad limitada para evitar que una sentencia del TJUE contraria al informe del Abogado General en la cuestión prejudicial que había presentado esta sala, pudiera hacer directamente aplicable el 693.2 LEC en su anterior redacción. Por lo que sería contradictorio que la voluntad del legislador se volviera en contra del consumidor, cuando lo que se pretendió es protegerlo más allá de lo previsto en el art. 693.2 LEC anterior a la reforma.