NO nulidad de las cláusula de reclamación de posiciones deudoras

En la sección de hoy “No es tan malo el banco como lo pintan”,traemos la STS 3315/2019; ECLI:ES:TS:2019:3315, de 25/10/2019, rec 725/2017que resuelve sobre la nulidad de las cláusula de reclamación de posiciones deudoras.

De modo previo, dejar claro que la cláusula de reclamación de posiciones deudoras no es nula porque sí.

Sin acreditar los requisitos que exponemos tanto consumidor como banco no tendrán viabilidad en sus acciones.

 

Decisión de la Sala:

1.- La normativa bancaria sobre comisiones está constituida, básicamente, por la Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre, de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios, por la Circular 5/2012 del Banco de España de 27 de junio, a entidades de crédito y proveedores de servicio de pago, sobre transparencia de los servicios bancarios y responsabilidad en la concesión de préstamos, y por la Orden EHA/1608/2010, de 14 de junio, sobre transparencia de las condiciones y requisitos de información aplicables a los servicios de pago, que regula la transparencia de los servicios de pago sujetos a la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de servicios de pago.

2.- Conforme a esta normativa, para que las entidades puedan cobrar comisionesa sus clientes deben cumplirse dos requisitos:

1) que retribuyan un servicio real prestado al cliente; y

2) que los gastos del servicio se hayan realizado efectivamente.

Bajo estas dos premisas, las entidades bancarias no pueden cobrar por servicios que no hayan solicitado o aceptado los clientes, que deberán haber sido informados personalmente y por anticipado del importe que van a tener que pagar por ese servicio.

Según el Banco de España (Memoria del Servicio de Reclamaciones de 2009), la comisión por reclamación de posiciones deudoras compensa a la entidad por las gestiones efectivas realizadas para recuperar la deuda impagada por su cliente; debe estar recogida en el contrato; y para que sea acorde con las buenas prácticas bancarias debe reunir los siguientes requisitos mínimos:

  • el devengo de la comisión está vinculado a la existencia de gestiones efectivas de reclamación realizadas ante el cliente deudor;
  • la comisión no puede reiterarse en la reclamación de un mismo saldo por gestiones adicionales realizadas por la entidad con el mismo fin, ni siquiera cuando, en el caso de impago en el tiempo, este se prolonga en sucesivas liquidaciones;
  • su cuantía debe de ser única, no admitiéndose tarifas porcentuales;
  • no puede aplicarse de manera automática.

 

En definitiva, si el banco establece en el contrato estos requisitos mínimos y te reclama por tu canal interno o tu mail (esas gestiones tienen un coste) será válida y no abusiva.

Prescripción de la acción para exigir la responsabilidad patrimonial derivada de la declaración de nulidad de una licencia que conlleva la demolición

STS 3318/2019 ECLI:TS:2019:3318 de fecha 17-10-2019, rec 5924/2017

El Ayuntamiento declara la nulidad de una licencia. Si hay nulidad es que hubo licencia. Si hay nulidad la Ley esa nueva de procedimiento administrativo que hicieron hace unos año que poco cambia de la ley buena, la fetén, la que yo estudié en la carrera establece que pues si hay nulidad la administración tiene que pagar. Como me enseñó un gran jurista y maestro chicharrero, don Vicente Álvarez: You pay, you fly. You don´t pay, you don´t fly. Pues si lo haces mal, paga filliño, que no te duele que no sale de tu bolsillo sino de los impuestos de todos.

La sentencia dice:

A juicio de esta Sala el plazo de prescripción de la acción para exigir la responsabilidad patrimonial derivada de la declaración de nulidad de una licencia que conlleva la demolición de lo ilegalmente construido, debe situarse en el momento en que se dicta resolución judicial firme y ejecutivaque ordena la demolición de lo construido,pues, desde ese momento, queda concretado el daño, aún cuando la efectiva demolición se produzca con posterioridad. Dicha resolución judicial puede ser la sentencia firme que declara la nulidad de la licencia, pero también resulta posible que dicha resolución se dicte en el trámite de ejecución de la misma, como ocurre en el presente caso, en que por parte de la Sala de instancia se acordó la inejecución de la sentencia al amparo del art. 105.2 de la Ley de la jurisdicción; esto es, se consideró que el nuevo planeamiento legalizaba la construcción de la biblioteca, decisión que impedía su demolición, hasta que dicha resolución fue dejada sin efecto por sentencia de esta Sala de 17 de octubre de 2010, momento en el que, conforme a la doctrina que hemos dejado expuesta, se produce la resolución definitiva en el incidente de ejecuciónque ordena, con carácter firme, la demolición de lo ilícitamente construido, por lo que siendo ese el “dies a quo“, la reclamación formulada se encuentra planteada en plazo.

Además de lo anterior, me gusta esta distinción:

La distinción entre daños continuados y permanentesha sido desarrollada, fundamentalmente, por la jurisprudencia del ámbito Contencioso-administrativo.

Así, el Tribunal Supremo, en la sentencia de 26 de febrero de 2013, dictada en el recurso de casación número 367/2011 en relación con los daños derivados de una deficiente asistencia sanitaria, aclara las diferencias. El daño continuado <<no permite[n] conocer en el momento en el que se produce los efectos definitivos de una lesión y en los que, por tanto, el inicio del plazo para reclamar es aquél en el que ese conocimiento se alcance>>.

Mientras los daños permanentes <<aluden a lesiones irreversibles e incurables, aunque no intratables, cuyas secuelas resulten previsibles en su evolución y en su determinación, siendo, por tanto, cuantificables, por lo que los tratamientos paliativos o de rehabilitación ulteriores o encaminados a obtener una mejor calidad de vida, o a evitar eventuales complicaciones en la salud, o a obstaculizar la progresión de la enfermedad, no enervan la realidad de que el daño ya se manifestó con todo su alcance en un momento anterior>>.

Ahondando más en la caracterización de los daños permanentes, resulta de interés lo dicho por el Supremo en la sentencia de 31 de marzo de 2014 (recurso 4867/2011), en la que afirma, que <<la jurisprudencia ha considerado daños permanentes, caracterizados como aquellos en los que el acto generador de los mismos se agota en un momento concreto aun cuando sea inalterable y permanente en el tiempo el resultado lesivo>>.

Por su parte y en el orden civil la sentencia del Tribunal Supremo de 6 febrero 2006 indica: <<Asimismo, el Tribunal Supremo ha establecido el distingo entre daños continuados y daños permanentes, como pone de manifiesto la sentencia de 22 junio 1995, denominando daños permanentes a los que el acto generador de los mismos se agota en un momento concreto, aun cuando sea inalterable y permanente en el tiempo el resultado lesivo, en tanto que los segundos son aquéllos que en base a una unidad de acto se producen día a día de manera prolongada en el tiempo y sin solución de continuidad. En el caso de los daños definidos como permanentes, es evidente que producido el acto causante del resultado lesivo éste queda perfectamente determinado y puede ser evaluado o cuantificado de forma definitiva>>.

El artículo 1124 Ccivil … Ese gran desconocido.

Un cliente ha recibido una demanda de ejecución de títulos judiciales basada en una resolución del contrato que obliga al cumplimiento del contrato.

Si has llegado a este párrafo sin leer dos veces el anterior y pensar que estoy loco, tú y yo tenemos un problema porque somos las dos Españas jurídicas enfrentadas en las urnas.

A partir de ahora, con el siguiente texto, vuestras mentes van a ser manipuladas.

(NOTA: la resolución unilateral del contrato es válida en derecho español con una serie de matices que no vienen al caso)

 El artículo 1124 del CCiv establece que:

“La facultad de resolver las obligaciones se entiende implícita en las recíprocas, para el caso de que uno de los obligados no cumpliere lo que le incumbe. 


El perjudicado podrá escoger entre exigir el cumplimiento o la resolución de la obligación, con el resarcimiento de daños y abono de intereses en ambos casos.

 

También podrá pedir la resolución, aun después de haber optado por el cumplimiento, cuando éste resultare imposible


El Tribunal decretará la resolución que se reclame, a no haber causas justificadas que le autoricen para señalar plazo. 


Esto se entiende sin perjuicio de los derechos de terceros adquirentes, con arreglo a los artículos 1295 y 1298 y a las disposiciones de la Ley Hipotecaria”

El TS dice:

El artículo 1124 no constituye una verdadera condición, ya que no origina automáticamente la resolución desde la voluntad expresada en la relación contractual, sino que sólo integra a favor del acreedor, cuya prestación fue incumplida, la facultad de optar por la resolución, pues el mismo debe elegir expresamente entre la exigencia de cumplimiento o la resolución, sin que quepa el ejercicio simultáneo de ambas acciones(S.S. 29/7/1996), aunque sí el ejercicio de la de resolución (S.S. 8/5/1995). (S.T.S. 14/2/2007) –este corta y pega lo saqué un libro de Tirant-.

La cláusula discutida dice:

9.2- En caso de que el Arrendador Financiero opte por resolver el contrato se producirán todos y cada uno de los siguientes efectos:

El Arrendador financiero retendrá el importe de las cuotas vencidas y abonadaspor el usuario en concepto de rentas por el uso y disfrute de los bienes.

El Usuario abonará al Arrendador Financiero, en los mismos conceptos establecidos en la letra anterior, el importe impagado de las cuotas vencidas hasta la fecha de resoluciónque hubieran resultado impagadas y los correspondientes intereses de demora.

 El Usuario abonará al Arrendador financiero, en concepto de indemnización de daños y perjuicioscausados por el incumplimiento, una cuantía que las partes fijan libremente en este momento en elimporte equivalente a siete (7) cuotas.

 El arrendador financiero podrá optar entre las siguientes posibilidades:

  •  Exigir la devoluciónde los bienes, (…)

  • Exigir el cumplimiento del contrato y el consiguiente pago inmediato dela cantidad resultante de a) el importe de la suma de las cuotas pendientes de vencimientode contrato en el momento de la resolución; b) el importe del valor residual; c) los impuestos que correspondan sobre las partidas anteriores

 

Si el ejecutante quiere resolver, no hay problema, las consecuencias están pactadas:

  1. Retener cuotas pagadas.
  2. Obligar a abonar el importe de cuotas vencidas.
  3. Pago de daños y perjuicios expresamente pactados en el importe de 7 cuotas; y, lógicamente,
  4. Exigir la devolución de los bienes.

Lo que no puede ser por ser contrario a la ley es, a la vez que se declara la resolución por incumplimiento, -el contrato deja de existir y debemos pasar a determinar los efectos de dicha resolución si no hay oposición- es pedir su cumplimiento y el pago de todas las cuotas hasta la finalización del contrato con intereses e impuestos, incluidos el valor residual para que el ejecutado haga suyo los bienes.

En este caso, el ejercicio de la opción del cumplimiento del contrato, ex art 1124 CCivil, implica que el contrato sigue vivo, sus obligaciones vigentes, y solamente podría exigir los daños y perjuicio –tasados en 7 cuotas y los intereses-.

No debemos olvidar que el presente contrato es un arrendamiento financiero, no un préstamo en virtud del cual se entrega una cantidad de dinero y hay que devolverla en cuotas establecidas, con la existencia de una cláusula de vencimiento anticipado.

El arrendador financiero envió un burofax donde expresamente declara resuelto el contrato por incumplimiento del arrendatario para pasar a decir, en el siguiente párrafo del burofax, exigiendo el cumplimiento del contrato.

Ya está la oposición presentada. A ver que nos dicen.

DONA para que el IRPF te salga A DEVOLVER

Seguimos con la búsqueda del titular perfecto para un clickbait.

 

Hoy traigo la STS 407/2016, ECLI:ES:TS:2016:407 de 9-2-2016, rec 325/2015 porque fastidia un poco a la AEAT, porque ellos deben velar por la legalidad salga a pagar o a devolver pero, lamentablemente, eso no parece que sea así.

Llego a esta sentencia por la siguiente secuencia:

@pablogvazquezz tuitea el blog de NURIA PUEBLA AGRAMUNT, donde llego a la RTEAR Valencia 30-9-2019, que analiza Nuria mejor que yo en este post. De aquí llega @SergioMocholí , Iltre Notario de los muchos buenos que hay en tuiter que cita la sentencia que cortamos y pegamos.

Como es evidente, este blog no se nutre de mi trabajo porque eso va en contra del objetivo vital de vivir de tus padres hasta que pueda vivir de mi hijo y, durante, pues ir copiando ideas de gente brillante.

La STS nos dice:

Teniendo en cuenta ahora que el párrafo b) del apartado 3 del artículo 33 de la Ley del Impuesto sobre la renta de las personas físicas determina que “se estimará que no existe ganancia o pérdida patrimonial (…) con ocasión de transmisiones lucrativas por causa de muerte del contribuyente”, y negando en el caso que nos ocupa la existencia de una adquisición por negocio jurídico inter vivos, es de aplicación lo dispuesto en el indicado precepto, lo cual determina la estimación del recurso, debiendo anular tanto la liquidación provisional practicada por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas».

Regula el art. 33 de la LIRPF las ganancias y pérdidas patrimoniales, considerando el legislador que son ganancias o pérdidas patrimoniales las variaciones en el valor del patrimonio del contribuyente que se pongan de manifiesto con ocasión de cualquier alteración en la composición de aquel. Es de observar que, a pesar de los términos en los que se pronuncia la ley, cualquier transmisión de un bien o derecho a título gratuito supone para quien lo transmite una pérdida económica, lo que indica que estamos ante una construcción fiscal que difiere de la realidad económica resultante, en esta construcción que realiza el legislador, ajena a la realidad económica, quiere dejar sentado que no son ni ganancia ni pérdida patrimonial del transmitente, art. 33.3.b),«las transmisiones lucrativas por causa de muerte del contribuyente».

No contiene la normativa fiscal qué ha de entenderse por la citada expresión,por lo que para desentrañar su sentido ha de acudirse a la previsión que nos ofrece el art. 12.2 de la LGT , «En tanto no se definan por la normativa tributaria, los términos empleados en sus normas se entenderán conforme al sentido jurídico, técnico o usual, según proceda». En ausencia de una significación tributaria propia, las exigencias de legalidad y seguridad jurídica que imperan en esta materia, exigen que lo procedente sea que el interprete acuda para determinar su significado y alcance a la rama del Derecho de la que procede y es evidente que las transmisiones por causa de muerte o “mortis causa”, constituyen un concepto jurídico elaborado en el marco del Derecho

Teniendo en cuenta ahora que el párrafo b) del apartado 3 del artículo 33 de la Ley del Impuesto sobre la renta de las personas físicas determina que “se estimará que no existe ganancia o pérdida patrimonial (…) con ocasión de transmisiones lucrativas por causa de muerte del contribuyente”,y negando en el caso que nos ocupa la existencia de una adquisición por negocio jurídico inter vivos, es de aplicación lo dispuesto en el indicado precepto, lo cual determina la estimación del recurso, debiendo anular tanto la liquidación provisional practicada por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas».  (…)

Lo que dice Nuria en su blog que, repito, debéis de leer:

El TEAR valenciano resuelve que

“en caso de transmisión de un bien a título lucrativo, la salida del bien del patrimonio de la entidad no constituye una pérdida por su valor actual de mercado, pero puede generar tanto una ganancia como una pérdida por la diferencia entre ese valor y el de adquisición”.

“si en el patrimonio del sujeto pasivo, cuyo valor es 1.000, se dona un elemento (por ejemplo, un inmueble) que vale 100, automáticamente hay una disminución del valor del patrimonio, que se reduce a 900 (pérdida económica de 100); pero eso no significa que, a efectos del IRPF, exista una disminución patrimonial de 100: esto -y no otra cosa- es lo que quiere decir el precepto en cuestión; y ello no tiene nada que ver con que la salida de ese bien (por valor de 100) pueda haber generado un incremento de patrimonio de 60, si su valor de adquisición fue de 40, o una disminución de patrimonio de 15, si el bien se hubiese adquirido por el obligado tributario por un coste de 115”.

En estos momentos mi cabeza piensa:

 

Si un año tengo mucho ingreso en IRPF dono con bonificaciones altas (casi no pago) y me imputo una pérdida patrimonial (compré una casa en 2007 a 500.000 € y ahora tiene un valor real de 200.000 €) palmo 300.000 y me sale a devolver. Como, además, pierdo pasta y el TC me dice que no hay incremento del valor del terreno, pues es la planificación fiscal perfecta.

Muahhhhhajajajajajajajja (disclaimer: esta opinón no está fundada en derecho, no seáis cabezas locas que las inspecciones tributarias las carga el diablo)