A través de @GomezdeMercado llego a la STS 1421/2020; ECLI:TS:2020:1421, de 28-5-2020, rec 5751/2020 que admite el recurso de casación a estos efectos:
- La sección de admisión de esta Sala Tercera del Tribunal Supremo admitió el recurso de casación en auto de 14 de marzo de 2018, en que aprecia la concurrencia del interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia, enunciada en estos literales términos:
«[…] Determinar si se puede iniciar el procedimiento de apremio de una deuda tributaria, cuando haya transcurrido el plazo legalmente previsto para resolver el recurso de reposición interpuesto contra la liquidación de la que trae causa, sin haber recaído resolución expresa, con sustento en que la liquidación tributaria impugnada no fue suspendida.
Identificar como normas jurídicas que, en principio, serán objeto de interpretación: el artículo 38 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas , en relación con los artículo 161 y 224 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria […]».
De la motivación me quedo con esto:
Dicho en otras palabras, no se comprende bien que se apremie la deuda tributaria antes de resolverse de forma expresa el recurso de reposición que, teóricamente, podría dar al traste con el acto de cuya ejecución se trata; y, una vez, en su caso, desestimado explícitamente éste, cabría, entonces sí, dictar esa providencia de apremio, colocando así el carro y los bueyes -si se nos permite la expresión- en la posición funcionalmente adecuada. El mismo esfuerzo o despliegue de medios que se necesita para que la Administración dicte la providencia de apremio podría dedicarse a la tarea no tan ímproba ni irrealizable de resolver en tiempo y forma, o aun intempestivamente, el recurso de reposición, evitando así la persistente y recusable práctica del silencio negativo como alternativa u opción ilegítima al deber de resolver.
Como muchas veces ha reiterado este Tribunal Supremo, el deber jurídico de resolver las solicitudes, reclamaciones o recursos no es una invitación de la ley a la cortesía de los órganos administrativos, sino un estricto y riguroso deber legal que obliga a todos los poderes públicos, por exigencia constitucional ( arts. 9.1; 9.3; 103.1 y 106 CE), cuya inobservancia arrastra también el quebrantamiento del principio de buena administración, que no sólo juega en el terreno de los actos discrecionales ni en el de la transparencia, sino que, como presupuesto basal, exige que la Administración cumpla sus deberes y mandatos legales estrictos y no se ampare en su infracción -como aquí ha sucedido- para causar un innecesario perjuicio al interesado.
Expresado de otro modo, se conculca el principio jurídico, también emparentado con los anteriores, de que nadie se puede beneficiar de sus propias torpezas ( allegans turpitudinem propriam non auditur), lo que sucede en casos como el presente en que el incumplido deber de resolver sirve de fundamento a que se haya dictado un acto desfavorable-la ejecución del impugnado y no resuelto-, sin esperar a pronunciarse sobre su conformidad a derecho, cuando había sido puesta en tela de juicio en un recurso que la ley habilita, con una finalidad impugnatoria específica, en favor de los administrados.
Y resuelve:
1) La Administración,cuando pende ante ella un recurso o impugnación administrativa, potestativo u obligatorio, no puede dictar providencia de apremio sin resolver antes ese recurso de forma expresa, como es su deber, pues el silencio administrativo no es sino una mera ficción de acto a efectos de abrir frente a esa omisión las vías impugnatorias pertinentes en cada caso.
2) Además, no puede descartarse a priori la posibilidad de que, examinado tal recurso, que conlleva per se una pretensión de anulación del acto, fuera atendible lo que él se pide. De esa suerte, la Administración no puede ser premiada o favorecida cuando no contesta tempestivamente las reclamaciones o recursos, toda vez que la ejecutividad no es un valor absoluto, y uno de sus elementos de relativización es la existencia de acciones impugnatorias de las que la Administración no puede desentenderse.
¡Y AL CARALLO! No hay más.
ESTA ES UNA SENTENCIA DE SENTIDO COMÚN que es el menos común de los sentidos.
EL BLOG DE CORTA Y PEGA DE LUIS ABELEDO 
Gracias por la entrada. La verdad es que la resolución es de Perogrullo, ¿Como se puede dictar providencia de apremio sobre algo recurrido/impugnado? Es evidente que primero hay que resolver el recurso/impugnación y después, si se hace firme, ya llegará la hora de ir al apremio.
Hola, buenas tardes.
Gracias por leerme.
Tan claro no estaba. De hecho, llego a esta sentencia buscando por donde atacar a una providencia de apremio dictada contra un cliente sin haber resuelto el recurso de reposición previo.
Si te fijas, la última sentencia relevante en estos temas administrativo-tributario-procesal es que permiten iniciar el expediente sancionador antes de finalizar la comprobación/inspección. La lógica de la razón nos diría que ¿Cómo vas a empezar un expediente sancionador en contra del pp de presunción de inocencia cuando no existe un acto administrativo-tributario que resuelve que existe una infracción merecedora de sanción? Pues con la hacienda pública hemos topado.
Un cordial saludo