STS 597/2022, ECLI:ES:TS:2022:597 de 17-2-2022, rec 5631/2019 Ponente Díez-Picazo Giménez, Secc 4ª Sala de lo Contencioso, Sentencia 202/2022

Gracias a @juanjoGFxx por abrirme la luz con el descubrimiento de esta sentencia. Una persona brillante a quien le prestan poca atención las masas tuiteras.

Bien podría ser un asunto protagonizado por Pierce Brosnam hace diez o quince años sobre un cuadro y un robo en un museo pero esto es España y un asunto en el contencioso-administrativo así que es otro tostón habitual de los líos de la administración socialcomunista, que diría Federico, que quiere quedarse con todo sin pagar un duro. Ojo, Federico y Brosnam en una peli de cuadros de valor incalculable.

A lo que aquí importa.

  1. Lo que se pide

Ordenando la retroacción de actuaciones al momento previo al dictado de la sentencia por el TSJ de Madrid para que se dicte nueva sentencia ajustada a Derecho previa valoración de las pruebas periciales propuestas y admitidas en pie de igualdad y conforme a las reglas de la sana crítica o a través de nueva prueba pericial dirimente consistente en informe de la institución o entidad cultural independiente que se entienda oportuna, que deberá ser valorada conjuntamente con los informes periciales de la parte actora y de la Administración demandada, en condiciones de igualdad y objetividad y previa audiencia de las partes, de acuerdo con las reglas de la sana critica 

  • Lo que se razona:

Con su escrito de demanda, por lo que ahora importa, aportó dos dictámenes periciales de sendas expertas en la obra de Raimundo : doña Encarna y doña Eugenia . Ambos dictámenes concluyen que los méritos del cuadro son innegables, mas no excepcionales en el contexto de la obra del artista. Conviene también señalar que, entre otros argumentos, el escrito de demanda cuestionó la objetividad de los arriba mencionados dictámenes periciales de 2007, por provenir de expertos que ocupan puestos cuya designación corresponde a la Administración del Estado; es decir, que son directa o indirectamente dependientes de ésta 

  • Lo que alega el maaaaaal:

La sentencia ahora impugnada desestima el recurso contencioso-administrativo, debiendo destacarse que a la hora de valorar todo el material probatorio otorga mayor peso al que procede de la Administración. Ello lo justifica por la «mayor objetividad e imparcialidad» de los expertos de ésta, sin llegar a hacer un análisis detallado de los argumentos recogidos en todos y cada uno de los informes y dictámenes recogidos en las actuaciones. 

  • Viene el procesal civil para impartir legalidad

tales informes y dictámenes serán subsumibles dentro del medio de prueba oficialmente denominado «dictamen de peritos» en tanto en cuanto reúnan las características que al mismo atribuye el art. 335 de la Ley de Enjuiciamiento Civil: que «sean necesarios conocimientos científicos, artísticos, técnicos o prácticos para valorar hechos o circunstancias relevantes en el asunto o adquirir certeza sobre ellos» y que las personas llamadas como peritos «posean los conocimientos correspondientes». En pocas palabras, se trata de que la acreditación de un hecho requiera de conocimientos especializados. 

  • El turrón

no tiene sentido decir que el informe o dictamen goza de imparcialidad y, por ello, merece un plus de credibilidad: quien es parte no es imparcial. 

  • No todos somos iguales:

no todos los expertos al servicio de la Administración se encuentran en una misma situación de dependencia con respecto al órgano administrativo llamado a decidir. Por mucha que sea la capacitación técnica o científica de la concreta persona, no es lo mismo un funcionario inserto en la estructura jerárquica de la Administración activa que alguien que -aun habiendo sido designado para el cargo por una autoridad administrativa- trabaja en entidades u organismos dotados de cierta autonomía con respecto a la Administración activa. 

recisar y ponderar, en cada caso concreto, el mayor o menor grado de dependencia del experto con respecto al órgano administrativo llamado a decidir 

  • El acabose. Hay informes de técnicos que no pueden ser considerados como prueba pericial

seguramente hay supuestos en que los informes de origen funcionarial, aun habiendo sido elaborados por auténticos técnicos, no pueden ser considerados como prueba pericial. Ello ocurre destacadamente cuando las partes no tienen ocasión de pedir explicaciones o aclaraciones ( arts. 346 y 347 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y art. 60 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa). Dichos informes no tendrán más valor que el que tengan como documentos administrativos, y como tales habrán de ser valorados. 

CONCLUSIONES

  1. Hay que preguntar si el técnico es dependiente o no. Es funcionario o no.
  2. Si no acuden a la vista cuando son solicitados, no valen los informes
  3. Se acabó despreciar informes de peritos competentes en favor de «técnicos» puestos por el «Ayuntamiento» sin formación (expresión coloquial que no tiene nada que ver con este tema).

El otro día tuvimos un tema en el despacho de urbanismo y procedimiento sancionador en el que el único técnico de la administración que informaba era un biólogo, que reconoció no tener conocimiento en urbanismo y que era interino. ¿Qué más poco imparcial que un interino que si no informa «bien» se lo pueden cargar en un tema jurídico de urbanismo siendo biólogo de profesión?

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