LA STS 4103/2022, REC 6926/20, DE 10-11-22, VELA TORRES

La práctica nos lleva a ver una serie de prácticas dignas de un inglés del siglo  XVI con una vela pirata en su embarcación. Creo que he visto un abogado apellidado Drake con una demanda del siguiente tenor (dramatización):

Hechos

  1. Mi cliente es consumidor.
  2. La cláusula es nula a pesar de que la financiera ha cumplido todas las obligaciones legales de información, he recibido mail, un pin por SMS y he tenido que superar veinte pantallas con scrolldown para lectura de documentación.
  3. Hemos requerido y no me han hecho caso.

Oposición: el señor tiene tres contratos, correctamente firmandos, con refinanciación y modificación de condiciones, con firma digital, etc. Existe novación, etc.

Sentencia estimatoria con costas del primer contrato (este es otro tema que un día habría que tratar pero estamos en dramatización, no se piensen que esto es verdad).

Y al poco tiempo te llega la ejecución:

Me da la nulidad de la cláusula, del contrato y de los  3 contratos posteriores con refinación que tienen origen en este pero que no se han valorado en juicio.

La sentencia de hoy nos explica el art 222 y el 400 LEC (éste último muy importante y poco considerado):

A) Esta Sala ha declarado que el artículo 400.2 LEC está en relación de subordinación respecto a la norma contenida en el artículo 400.1 LEC, de forma que solo se justifica su aplicación para apreciar litispendencia o los efectos de la cosa juzgada material cuando entre los dos procesos -atendiendo a las demandas de uno y otro- se hayan formulado las mismas pretensiones. Es en tal caso cuando no cabe iniciar válidamente un segundo proceso para solicitar lo mismo que en el proceso anterior con apoyo en distintos hechos o diferentes fundamentos jurídicos, pues la LEC obliga a estimar la excepción de litispendencia -si el primer proceso se halla pendiente- o la de cosa juzgada -si en el primer proceso ha recaído sentencia dotada de efectos de cosa juzgada material ( SSTS 25 de 25 de junio de 2009, RIPC n.o 2534 / 2004, 10 de marzo de 2011, RIP n.o 1998/2007). […]. 

«La identidad de la acción no depende del fundamento jurídico de la pretensión, sino de la identidad de la causa petendi [causa de pedir], es decir, del conjunto de hechos esenciales para el logro de la consecuencia jurídica pretendida por la parte actora ( STS 7 de noviembre de 2007, RC n.o 5781/2000, 16 de junio de 2010, RIP n.o 397/2007, 28 de junio de 2010, RIP n.o 1146/2006). […]. 

«Este ha sido el criterio seguido por esta Sala, bajo la regulación de la LEC 1881, cuando, adelantándose a la previsión que hoy contiene el artículo 400.2 LEC, ha rechazado por contravenir el principio de cosa juzgada, el ejercicio de acciones fundadas en hechos o fundamentos jurídicos que hubieran podido ser alegados contrael demandado en un proceso anterior, siempre que los nuevos hechos o fundamentos se alegaran en sustento de una misma acción». 

La sentencia 189/2011, de 30 marzo, resume así los requisitos de aplicación del art. 400 LEC: 

«el artículo 400 persigue que el actor haga valer en el proceso todas las causas de pedir de la pretensión deducida. Por ello, el complejo supuesto que condiciona la aplicación de la sanción que el mismo establece se integra (a) por la realidad de dos demandas – sentencia 452/2010, de 7 de octubre -; (b) por ser diferentes las causas de pedir alegadas en ellas, lo que puede deberse tanto a que lo sean sus elementos fácticos -‘diferentes hechos’-, como normativos -‘distintos fundamentos o títulos jurídicos’-; (c) por haber podido ser alegada en la primera demanda la causa de pedir, en cualquiera de los aspectos de su doble vertiente, que fue reservada para el proceso ulterior – ‘resulten conocidos o puedan invocarse’-; y (d) por haberse pedido lo mismo en las dos demandas». 

2.3.- En la sentencia 768/2013, de 5 de diciembre, declaramos que el art. 400 LEC ha de interpretarse en el sentido de que no pueden ejercitarse acciones posteriores basadas en distintos hechos, fundamentos o títulos jurídicos cuando lo que se pide es lo mismo y cuando tales fundamentos, fácticos y jurídicos, pudieron ser alegados en la primera demanda (lo que tampoco supone que el litigante tenga obligación de formular en una misma demanda todas las pretensiones que en relación a unos mismos hechos tenga contra el demandado). 

3.- De la mencionada sentencia 331/2022, de 27 de abril, se desprende, como idea general, que la preclusión se justifica en la medida en que «no es admisible una multiplicación injustificada de litigios sobre cuestiones que puedan solventarse en uno solo». De hecho, afirma que, conforme a los arts. 400, 222 y 219 LEC, en la relación entre una demanda previa de declaración de responsabilidad contractual y una demanda posterior de condena al pago de la indemnización resultante de dicha responsabilidad, «tendría sentido apreciar la preclusión, pues no es admisible […] promover dos pleitos cuando el interés del demandante pueda satisfacerse por completo en uno solo». Y solo cabría excepcionar dicha regla cuando concurran circunstancias especiales que, por generar una incertidumbre sobre la responsabilidad del demandado, justificaran un interés legítimo en obtener un previo pronunciamiento declarativo en un primer procedimiento. 

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