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La condición de consumidor en los contratos con doble finalidad.

En el corta y pega de hoy traemos la STS 1385/2017, ID Cendoj 28079110012017100225 , de fecha 5-4-2017 que analiza la condición de consumidor en los contratos con doble finalidad.

El 14-9-2015, ya llovió, ya. En este blog hicimos el corta y pega de la  STJUE de 3 de septiembre de 2015, asunto C-110/14, AQUÍ. Pues que cosas, un par de años después el TS aplica el mismo razonamiento en un asunto similar, al menos es el primero que leo.

CUARTO.- La condición de consumidor en los contratos con doble finalidad.

1.- Sobre esta noción de consumidor, el problema que se plantea en este caso es si cabe considerar como tal a quien destina el bien o servicio a fines mixtos, es decir, a satisfacer necesidades personales, pero también a actividades comerciales o profesionales. Ni el art. 1 LGDCU ni el actual art. 3 TRLGDCU contemplan específicamente este supuesto, por lo que la doctrina y la denominada jurisprudencia menor han considerado que son posibles varias soluciones: que el contratante siempre es consumidor (pues a veces usa el bien o servicio para fines personales); que nunca lo es (ya que lo usa para fines profesionales); o que lo será o no en atención al uso preponderante o principal.

2.- La Directiva 2011/83/UE, de 25 de octubre de 2011, sobre los derechos de los consumidores, que modificó las Directivas 93/13/CEE y 1999/44/CE, tampoco aborda expresamente este problema en su articulado. Pero en su considerando 17 aclara que, en el caso de los contratos con doble finalidad, si el contrato se celebra con un objeto en parte relacionado y en parte no relacionado con la actividad comercial de la persona y el objeto comercial es tan limitado que no predomina en el contexto general del contrato, dicha persona deberá ser considerada como consumidor.

Ante la ausencia de una norma expresa en nuestro Derecho nacional, resulta adecuado seguir el criterio interpretativo establecido en ese considerando de la Directiva, que además ha sido desarrollado por la jurisprudencia comunitaria. Así, en la STJCE de 20 de enero de 2005 (asunto C-464/01 ) se consideró que el contratante es consumidor si el destino comercial es marginal en comparación con el destino privado; es decir, no basta con que se actúe principalmente en un ámbito ajeno a la actividad comercial, sino que es preciso que el uso o destino profesional sea mínimo («insignificante en el contexto global de la operación de que se trate», en palabras textuales de la sentencia).

A su vez, la STJUE de 3 de septiembre de 2015 (asunto C-110/14 ) estableció:

«El artículo 2, letra b), de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993 , sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, debe interpretarse en el sentido de que una persona física que ejerce la abogacía y celebra con un banco un contrato de crédito, sin que en él se precise el destino del crédito, puede considerarse «consumidor» con arreglo a la citada disposición cuando dicho contrato no esté vinculado a la actividad profesional del referido abogado. Carece de pertinencia al respecto el hecho de que el crédito nacido de tal contrato esté garantizado mediante una hipoteca contratada por dicha persona en su condición de representante de su bufete de abogado, la cual grava bienes destinados al ejercicio de la actividad profesional de esa persona, como un inmueble perteneciente al citado bufete».

En esta sentencia, el TJUE recuerda que, conforme al Derecho de la Unión, es consumidor toda persona física que, en los contratos regulados por la Directiva 93/13 /CEE, actúa con un propósito ajeno a su actividad profesional, y que como tal consumidor, se encuentra en una situación de inferioridad respecto al profesional, idea que sustenta el sistema de protección establecido por la norma comunitaria. Y, al efecto de determinar la condición de consumidor del contratante, en el sentido de dicha Directiva, aclara el TJUE que el juez nacional debe tener en cuenta todas las circunstancias del caso susceptibles de demostrar con qué finalidad se adquiere el bien o el servicio objeto del contrato considerado y, en particular, la naturaleza de dicho bien o de dicho servicio.

Y el ATJUE de 19 de noviembre de 2015 (caso Tarcãu), en su apartado 27, recalcó:

«A este respecto, procede recordar que el concepto de «consumidor», en el sentido del artículo 2, letra b), de la Directiva 93/13 tiene un carácter objetivo (véase la sentencia Costea, C-110/14 , EU:C:2015:538 , apartado 21). Debe apreciarse según un criterio funcional, consistente en evaluar si la relación contractual de que se trata se inscribe en el marco de actividades ajenas al ejercicio de una profesión».

3.- En fin, para determinar si una persona puede ser considerada consumidor a los efectos de la Directiva 93/13/CEE y del TRLGCU, en aquellas circunstancias en las que existan indicios de que un contrato persigue una doble finalidad, de tal forma que no resulte claramente que dicho contrato se ha llevado a cabo de manera exclusiva con un propósito ya sea personal, ya sea profesional, el criterio del objeto predominante ofrece una herramienta para determinar, a través de un examen de la globalidad de las circunstancias que rodean al contrato -más allá de un criterio puramente cuantitativo- y de la apreciación de la prueba practicada, la medida en que los propósitos profesionales o no profesionales predominan en relación con un contrato en particular. De manera que, cuando no resulte acreditado claramente que un contrato se ha llevado a cabo de manera exclusiva con un propósito ya sea personal, ya sea profesional, el contratante en cuestión deberá ser considerado como consumidor si el objeto profesional no predomina en el contexto general del contrato, en atención a la globalidad de las circunstancias y a la apreciación de la prueba.

Pues el criterio a tomar en consideración por el Tribunal deberá -o debería ser- sobre el objeto predominante. Algo enormemente difícil en casos en donde la planta de abajo, por ejemplo, es un ultramarinos de toda la vida; y la planta superior es la vivienda habitual.

 

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22 mayo, 2017 · 11:01

Doctrina de Sala Pensión Compensatoria. Efectos de la separación prolongada de los cónyuges.

Doctrina de Sala Pensión Compensatoria. Efectos de la separación prolongada de los cónyuges.

STS 4929/2015, CENDOJ 28079110012015100650 , DE 1-12-2015, por Seijas Quintana que reproduce la Doctrina de Sala como doctrina Jurisprudencia, de STS de 18-3-2014:

“el desequilibrio que da lugar a la pensión compensatoria debe existir en el momento de la separación o del divorcio y los sucesos posteriores no pueden dar lugar al nacimiento de una pensión que no se acredita cuando ocurre la crisis matrimonial”, precisando la sentencia de 17 de diciembre de 2012 que, en principio, y salvo circunstancias muy concretas de vinculación económica entre los cónyuges, no existe desequilibrio económico en las situaciones prolongadas de ruptura conyugal. “Se entiende que cada uno de ellos ha dispuesto de medios propios de subsistencia y mal se puede argumentar por quien la solicita que la separación o divorcio es determinante para el de un empobrecimiento en su situación anterior en el matrimonio, situación que en el peor de los casos sería la misma, pero no agravada por la ruptura” ( Sentencia de 3 de junio de 2013 ). Lo que no es posible es instrumentalizar el juicio de divorcio para solicitar una prestación económica que se ha demostrado innecesaria para su sostenimiento, y perturbadora, si se quiere, del régimen de vida llevado hasta la fecha por uno y otro cónyuge hasta la formulación de la demanda por uno de ellos.

No es, por tanto, un problema de tiempo de separación, sino de las circunstancias se deben valorar en cada caso para ver si a la vista de un largo periodo de separación de hecho, sin petición económica alguna, cabe o no presumir la existencia de desequilibrio económico entre los cónyuges en el momento de la ruptura.

La sentencia de 30 de septiembre 2014 contempla una separación de cinco años que creó en la esposa “una situación consolidada de independencia económica y de autonomía patrimonial incompatible con la concepción de inestabilidad económica”. Es decir, se niega la pensión a partir de una presunción de no existencia de desequilibrio económico en el momento de la ruptura, que se destruye cuando, pese a una separación prolongada, los esposos han intercambiado ayudas económicas por parte de uno o de ambos o, cuando, como aquí sucede, no consta, como declara probado la sentencia, que “ambas partes hayan asumido vidas económicas independientes, por lo que el transcurso del tiempo no ha sido suficiente para entender inexistente el citado desequilibrio” ;

Conclusiones:

  • El desequilibrio debe existir en el momento de separación/divorcio.
  • Salvo circunstancias concretas de vinculación económica entre cónyuges –pienso en empleado-empleador- no existe desequilibrio en situaciones prolongadas de ruptura.
  • El divorcio después de una separación y una vida económicamente independiente no es una buena idea para obtener una prestación económica por un supuesto desequilibrio.

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14 diciembre, 2015 · 10:00

Intereses Abusivos. TAE desproporcionado. Ley Azcárate de 1908

STS 628/2015, REC 2341/2013 de 25-11-2015

La gracia de esta Sentencia es la aplicación de una norma de 1908 conocida como Ley Azcárate de la represión de la Usura. Algo que creo que todos hemos conocido en la carrera y que casi todo el mundo conoce de su vigencia. Creo que es el nombre que es pegadizo.

Bien, Mateo y Banco Sygma acuerdan realizar un contrato de “préstamo personal revolving Medatis Banco Sigma”. Si, todo esto es un nombre de un contrato en virtud del cual un particular puede disponer, a través de llamadas telefónicas o uso de una tarjeta de Banco Sygma de un dinero tomado a crédito (aunque sea denominado préstamo –las cosas son las que son y no como las titulamos)

El tipo de interés era un 24,6 TAE y el interés de demora, el resultante de incrementar el interés remuneratorio en 4,5 puntos porcentuales. Sobre el TAE recomiendo esta entrada del blog de Nacho San Martín, AQUÍ.

El prestatario pasa de pagar y va disponiendo con libertad del dinero que se va gastando, entendemos que a gusto.

Entre pitos, flautas, comisiones por disposición, cargos periódicos, intereses y primas de seguros (esto último es curioso) en julio de 2011 Sygma presenta demandad de cantidad por importe de 12.269, 40 €

Esto llega al TS que admite a tramite y, ojo spoiler, estima recurso de casación y desestiman demanda de Sygma, estimando el recurso de apelación (punto2.1 del fallo).

El FD Tercero aborda dos cosas que me parecen de interés:

(…) Infringido el primer párrafo delart. 1 de la Ley de 23 julio 1908 de Represión de la Usura, que establece: « [s]erá nulo todo contrato de préstamo en que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso o en condiciones tales que resulte aquél leonino, habiendo motivos para estimar que ha sido aceptado por el prestatario a causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales» .

 

 

(…)en concreto suart. 1, puesto que elart. 9 establece: « [l]o dispuesto por esta Ley se aplicará a toda operación sustancialmente equivalente a un préstamo de dinero, cualesquiera que sean la forma que revista el contrato y la garantía que para su cumplimiento se haya ofrecido» .

 

La flexibilidad de la regulación contenida en la Ley de Represión de la Usura ha permitido que la jurisprudencia haya ido adaptando su aplicación a las diversas circunstancias sociales y económicas. En el caso objeto del recurso, la citada normativa ha de ser aplicada a una operación crediticia que, por sus características, puede ser encuadrada en el ámbito del crédito al consumo

 

En el FD Tercero 2, la STS nos refiere al 315 del CdCo sobre la libertad de tasa de interés que ancla con las limitaciones que establece “Orden Ministerial de 17 de enero de 1981, vigente cuando se concertó el contrato entre las partes, y actualmente el art. 4.1 Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre, de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios.”

 

Mientras que el interés de demora fijado en una cláusula no negociada en un contrato concertado con un consumidor puede ser objeto de control de contenido y ser declarado abusivo si supone una indemnización desproporcionadamente alta al consumidor que no cumpla con sus obligaciones, como declaramos en lassentencias núm. 265/2015, de 22 de abril, y469/2015, de 8 de septiembre, la normativa sobre cláusulas abusivas en contratos concertados con consumidores no permite el control del carácter “abusivo” del tipo de interés remuneratorio en tanto que la cláusula en que se establece tal interés regula un elemento esencial del contrato, como es el precio del servicio, siempre que cumpla el requisito de transparencia, que es fundamental para asegurar, en primer lugar, que la prestación del consentimiento se ha realizado por el consumidor con pleno conocimiento de la carga onerosa que la concertación de la operación de crédito le supone y, en segundo lugar, que ha podido comparar las distintas ofertas de las entidades de crédito para elegir, entre ellas, la que le resulta más favorable.

 

En este marco, la Ley de Represión de la Usura se configura como un límite a la autonomía negocial delart. 1255 del Código Civilaplicable a los préstamos, y, en general, a cualesquiera operación de crédito « sustancialmente equivalente » al préstamo. Así lo ha declaradoesta Sala en anteriores sentencias, como las núm. 406/2012, de 18 de junio,113/2013, de 22 de febrero, y677/2014, de 2 de diciembre.

 

(…) Por tanto, y en lo que al caso objeto del recurso interesa, para que la operación crediticia pueda ser considerada usuraria, basta con que se den los requisitos previstos en el primer inciso del art. 1 de la ley, esto es, « que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso », sin que sea exigible que, acumuladamente, se exija « que ha sido aceptado por el prestatario a causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales».

 

Cuando en SSTS núm. 406/2012, de 18 de junio, y 677/2014 de 2 de diciembre, exponíamos los criterios de “unidad” y “sistematización” que debían informar la aplicación de la Ley de Represión de la Usura, nos referíamos a que la ineficacia a que daba lugar el carácter usurario del préstamo tenía el mismo alcance y naturaleza en cualquiera de los supuestos en que el préstamo puede ser calificado de usurario, que se proyecta unitariamente sobre la validez misma del contrato celebrado. Pero no se retornaba a una jurisprudencia dejada atrás hace más de setenta años, que exigía, para que el préstamo pudiera ser considerado usurario, la concurrencia de todos los requisitos objetivos y subjetivos previstos en el párrafo primero del art. 1 de la Ley.

Por tanto, dos cuestiones a recordar:

  1. El préstamo debe ser notablemente superior al interés normal del dinero.
  2. Manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso.
  3. No contrates créditos por teléfono que lo barato sale caro (menos en este caso, claro)

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3 diciembre, 2015 · 15:52

CONSUMIDORES, USUARIOS Y LA ENTREGA DE VEHÍCULOS COMO PAGO DE LA DEUDA PENDIENTE IMPAGADA.

CONSUMIDORES, USUARIOS Y LA ENTREGA DE VEHÍCULOS COMO PAGO DE LA DEUDA PENDIENTE IMPAGADA.

Todos los blogs y post se centran en los consumidores y usuarios de las hipotecas y nos olvidamos de los préstamos personales para la compra del coche.

El post va a tratar de la práctica de lo que pasa no de la teoría que debería pasar cuando entregamos el coche para liquidar la deuda.

A.- Entregamos el coche a cambio de cancelar la deuda. Ningún problema. Está claro.

B.- Entregamos el coche, reconocemos la existencia de una deuda y autorizamos a la prestamista a vender el coche en nuestro nombre. Aquí si que hay problemas.

Iremos por partes.

Normalmente los contratos de préstamo para la compra de un coche habitualmente incluyen cláusulas de este tipo:

La tasación del bien para que sirva de tipo, en su caso, a la subasta. También podrá fijarse una tabla o índice referencial que permita calcular el valor del bien a los efectos de lo señalado en el artículo 16”; en relación con el art 16.2 c) Incumplimiento del deudor:

“Si el deudor no pagase, pero voluntariamente hiciera entrega de los bienes adquiridos a plazos, se procederá a su enajenación en pública subasta, con intervención de Notario o Corredor de Comercio colegiado, según sus respectivas competencias.

En la subasta se seguirán, en cuanto fuesen de aplicación, las reglas establecidas en el artículo 1.872 del Código Civil y disposiciones complementarias, así como las normas reguladoras de la actividad profesional de Notarios y Corredores de Comercio. En la primera subasta servirá como tipo el valor fijado a tal efecto por las partes en el contrato.

No obstante lo dispuesto en los párrafos anteriores, el acreedor podrá optar por la adjudicación de los bienes para pago de la deuda sin necesidad de acudir a la pública subasta. En tal caso, será de aplicación lo dispuesto en la letra e) de este apartado.

Esto no se cumple. Lo normal es que se entregue el coche para que lo vendan en su nombre. Es decir, no se pacta el precio/valor del vehículo que reducirá o eliminará la deuda, lo normal en estos contratos es que incluya una cláusula de estilo en este sentido:

En caso de no haberse pactado un procedimiento para el cálculo de la depreciación del bien, el acreedor deberá acreditarla en el correspondiente proceso declarativo”. Art 16.2 e) LVBM

Lo que realmente sucede es que firme un documento de mandato en que:

“El importe de la venta se aplicará, una vez realizado el mismo, hasta donde alcance, a la mayor deuda que mantengo con ustedes una vez descontadas las cargas, multas, impuestos y reparaciones que existan o deban realizarse en el vehículo”

Entiendo que este supuesto es un contrato de mandato con facultad de enajenación a través del mandato expreso. Por el contrato de mandato se obliga a una persona a prestar algún servicio o hacer alguna cosa por cuenta o encargo de otra, ex art 1709 C.Civil; en relación con el art 1713 “para transigir, enajenar, hipotecar o ejecutar cualquier otro acto de riguroso dominio, se necesita mandato expreso” STS 6-3-2001 (RJ 2001,3973)

Esto debemos ponerlo en relación, tal y como se hizo en el acto de la vista, con el art 1726 CCiv: “El mandatario es responsable, no solo del dolo, sino también de la culpa(…)”

Esta situación aplicado al supuesto concreto es:

1.- El deudor entrega el vehículo para que lo vendan en su nombre y satisfacer todo o parte de su deuda.

2.- El mandatario vende a un precio a un tercero que se dedica a la venta de los coches.

3.- El tercero lo vende por precio superior.

 En mi opinión, si la deuda no se satisficiese, el deudor podría reclamar por la existencia de daños y perjuicios al mandatario que se comprometió a la venda por el precio máximo posible de mercado.

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