Nulidad de acuerdos que acuerdan transacción por nulidad de cláusulas abusivas

La sentencia de 26-3-2019 del TJUE, asuntos acumulados C70/17 y C179/17  en relación con el asunto C486/16 derivan en la STS de Pleno 463/2019­­ recuerda que considera preferible tener en cuenta la ley 5/2019 de 15 de marzo  pues es NORMA IMPERATIVA MÁS BENEFICIOSA PARA EL CONSUMIDOR.

Estos efectos, entre otros, como muy bien señala la entrada de 12-9-2019 del blog de notarios y registradores:

Procesos en curso:

El TS da las siguientes orientaciones jurisprudenciales para los procedimientos de ejecución hipotecaria en curso:

1ª.- No ha de haberse producido todavía la entrega de la posesión al adquirente.

2ª.- Préstamos vencidos antes del 15 de mayo de 2013. Si se los dío por vencidos antes de la entrada en vigor de la Ley 1/2013por aplicación de una cláusula contractual reputada nula, deberían ser sobreseídos sin más trámite.

3ª.-.-Préstamos vencidos tras el 15 de mayo de 2013. Si se los dío por vencidos tras la entrada en vigor de la Ley 1/2013 por aplicación de una cláusula contractual reputada nula:

  • si el incumplimiento del deudor no reúne los requisitos de gravedad y proporcionalidad exigidos por la jurisprudencia, teniendo en cuenta como criterio orientador el art. 24 LCCI, deberían ser igualmente sobreseídos.
  • si el incumplimiento del deudor reviste la gravedad prevista en la LCCI, podrán continuar su tramitación.

4ª.- El sobreseimiento de los procesos no impedirá una nueva demanda ejecutiva basada, no en el vencimiento anticipado por previsión contractual, sino en la aplicación de criterios legales (los de la LCCI, que es una disposición imperativa, frente a la redacción anterior del art. 693.2 LEC).

En la vida real nos encontramos con acuerdos firmados por clientes sin asesoramiento (o con él puesto más vale acuerdo de rebaja de deuda que ciento volando) en virtud de los cuales, los ejecutados renuncian a:

  • “cualquier acción procesal que tenga por objeto o produzca efecto de impedir o dificultar la normal marcha del procedimiento hasta su finalización”
  • “desistiendo de cualquier oposición, apelación o procedimiento que tenga instando en relación con el procedimiento mencionado y solicitan la no imposición de costas.”

Pues tenemos una norma imperativa por un lado y un acuerdo de renuncia a derechos por otra…. ¿what wins?

Próximamente en sus juzgados de primera instancia.

ERROR EN EL CONSENTIMIENTO PORQUE NO ENTIENDO LA TAE EN LOS CRÉDITOS AL CONSUMO

El nuevo nicho de mercado de los abogados está siendo otra vez -si no lo ha sido siempre- las reclamaciones contra los intereses del crédito al consumo.

Esas demandas siempre introducen el concepto de la TAE abusiva e ininteligible, sobre todo la ecuación que la calcula,  para el consumidor que la dota de una falta de transparencia absoluta.

Yo no se resolver la ecuación. Os miento, no me he puesto a intentar resolverla. Pero creo que no debería influir en considerar nulo por falta de transparencia un contrato de préstamo al consumo.

Me explico:

  1. La TAE está regulada en el Anexo I de la Ley 16/2011 de 24 de junio de crédito al consumo a la que nos remitimos. Es decir, la TAE está regulada por ley (ojo esos puristas que me leéis que los anexos no son ley).
  2. Si es una ley o hay una norma que regula su cálculo podremos discutir la validez o “transparencia” de aquellos conceptos pactado en el contrato que debemos insertar en la ecuación.
  3. Si el código civil dice algo acerca de que el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento, la ecuación de la TAE y su cálculo  es una operación matemática no sujeta a la voluntad de las partes.

 

CONCLUSIÓN

Cada vez que decimos que la TAE es abusiva porque no es transparente porque no han explicado la ecuación al consumidor la temperatura del océano sube un grado. 

Contribuya contra el cambio climático y no pongamos estas cosas en las demandas.

 

Aquí la transcripción del anexo:

ANEXO

I.- Ecuación de base que traduce la equivalencia de las disposiciones del crédito, por una parte, y de los reembolsos y pagos, por otra

La ecuación de base, que define la tasa anual equivalente (TAE), expresa la equivalencia anual entre, por un lado, la suma de los valores actualizados de las disposiciones del crédito y, por otro, la suma de los valores actualizados de los importes de los reembolsos y pagos de gastos, es decir:

m     m’  
Σ Ck (1 + X)-tk = Σ D (1 + X)-s
k=1     ℓ = 1  

Donde:

– X es la TAE.

– m es el número de orden de la última disposición del crédito.

– k es el número de orden de una operación de disposición de crédito, por lo que 1 ≤ k ≤ m.

– Ck es el importe de la disposición número k.

– tk es el intervalo de tiempo, expresado en años y fracciones de año, entre la fecha de la primera operación de disposición y la fecha de cada una de las disposiciones siguientes, de modo que t1 = 0.

– m’ es el número de orden del último reembolso o pago de gastos.

– ℓ es el número de orden de un reembolso o pago de gastos.

– D es el importe de un reembolso o pago de gastos.

– s es el intervalo de tiempo, expresado en años y fracciones de año, entre la fecha de la primera disposición y la de cada reembolso o pago de gastos.

Observaciones:

a) Las sumas abonadas por cada una de las partes en diferentes momentos no son necesariamente iguales ni se abonan necesariamente a intervalos iguales.

b) la fecha inicial es la de la primera disposición de fondos.

c) Los intervalos entre las fechas utilizadas en los cálculos se expresarán en años o fracciones de año. Un año tiene 365 días (en el caso de los años bisiestos, 366), 52 semanas o doce meses normalizados. Un mes normalizado tiene 30,41666 días (es decir, 365/12), con independencia de que el año sea bisiesto o no.

d) El resultado del cálculo se expresará con una precisión de un decimal como mínimo. Si la cifra del decimal siguiente es superior o igual a 5, el primer decimal se redondeará a la cifra superior.

e) Se puede reformular la ecuación utilizando solamente un sumatorio y empleando la noción de flujos (A1), que serán positivos o negativos, es decir, respectivamente pagados o percibidos en los periodos 1 a k, y expresados en años, a saber:

Donde S es el saldo de los flujos actualizados, cuyo valor será nulo si se quiere conservar la equivalencia de los flujos.

II. Supuestos adicionales para calcular la tasa anual equivalente.

Los supuestos adicionales para calcular la tasa anual equivalente serán los siguientes:

a) Si un contrato de crédito da al consumidor libertad de disposición de fondos, se considerará que el consumidor ha dispuesto del importe total del crédito inmediata y totalmente;

b) Si un contrato de crédito establece diferentes formas de disposición de fondos con diferentes tasas o tipos deudores, se considerará que se ha dispuesto del importe total del crédito al más alto de los tipos deudores y con las tasas más elevadas aplicadas a la categoría de transacción más comúnmente utilizada en ese tipo de contrato de crédito;

c) Si un contrato de crédito da al consumidor libertad de disposición de fondos en general, pero impone, entre las diferentes formas de disposición, una limitación respecto del importe y del período de tiempo, se considerará que se ha dispuesto del importe del crédito en la fecha más temprana prevista en el contrato de crédito y con arreglo a dichos límites de disposición de fondos;

d) En el caso de un crédito en forma de posibilidad de descubierto, se considerará que se ha dispuesto del importe total del crédito en su totalidad y por toda la duración del contrato de crédito. Si la duración de la posibilidad de descubierto no se conoce, la tasa anual equivalente se calculará basándose en el supuesto de que la duración del crédito es de tres meses;

e) En el caso de un contrato de crédito de duración indefinida que no sea en forma de posibilidad de descubierto, se presumirá:

  • 1.º Que el crédito se concede por un período de un año a partir de la fecha de la disposición de fondos inicial y que el pago final hecho por el consumidor liquida el saldo de capital, intereses y otros gastos, en su caso,
  • 2.º Que el consumidor devuelve el crédito en doce plazos mensuales iguales, a partir de un mes después de la fecha de la disposición de fondos inicial; no obstante, en caso de que el capital tenga que ser reembolsado en su totalidad en un pago único, dentro de cada período de pago, se presumirá que se producen disposiciones y reembolsos sucesivos de todo el capital por parte del consumidor a lo largo del período de un año; los intereses y otros gastos se aplicarán de conformidad con estas disposiciones y reembolsos de capital y conforme a lo establecido en el contrato de crédito.

A los efectos del presente punto, se considerará contrato de crédito de duración indefinida un contrato de crédito que no tiene duración fija e incluye créditos que deben reembolsarse en su totalidad dentro o después de un período, pero que, una vez devueltos, vuelven a estar disponibles para una nueva disposición de fondos;

f) En el caso de contratos de crédito distintos de los créditos en forma de posibilidad de descubierto y de duración indefinida contemplados en los supuestos de las letras d) y e):

1.º Si no pueden determinarse la fecha o el importe de un reembolso de capital que debe efectuar el consumidor, se presumirá que el reembolso se hace en la fecha más temprana prevista en el contrato de crédito y conforme al importe más bajo establecido en el mismo,

2.º Si no se conoce la fecha de celebración del contrato de crédito, se presumirá que la fecha de la disposición inicial es la fecha que tenga como resultado el intervalo más corto entre esa fecha y la del primer pago que deba hacer el consumidor;

g) Cuando no puedan determinarse la fecha o el importe de un pago que debe efectuar el consumidor conforme al contrato de crédito o a los supuestos establecidos en las letras d), e) o f), se presumirá que el pago se hace con arreglo a las fechas y condiciones exigidas por el prestamista y, cuando estas sean desconocidas:

1.º Los gastos de intereses se pagarán junto con los reembolsos de capital,

2.º Los gastos distintos de los intereses expresados como una suma única se pagarán en la fecha de celebración del contrato de crédito,

3.º Los gastos distintos de los intereses expresados como varios pagos se pagarán a intervalos regulares, comenzando en la fecha del primer reembolso de capital y, si el importe de tales pagos no se conoce, se presumirá que tienen importes iguales,

4.º El pago final liquidará el saldo de capital, intereses y otros gastos, en su caso;

h) Si todavía no se ha acordado el límite máximo aplicable al crédito, se presumirá que es de 1.500,00 euros;

i) Si durante un período o por un importe limitados se proponen diferentes tipos deudores y tasas, se considerará que el tipo deudor y las tasas corresponden al tipo más alto de toda la duración del contrato de crédito;

j) En los contratos de crédito al consumo en los que se haya convenido un tipo deudor fijo en relación con el período inicial, finalizado el cual se determina un nuevo tipo deudor, que se ajusta periódicamente con arreglo a un indicador convenido, el cálculo de la tasa anual equivalente partirá del supuesto de que, al final del período de tipo deudor fijo, el tipo deudor es el mismo que en el momento de calcularse la tasa anual equivalente, en función del valor del indicador convenido en ese momento.

 

NO nulidad de las cláusula de reclamación de posiciones deudoras

En la sección de hoy “No es tan malo el banco como lo pintan”,traemos la STS 3315/2019; ECLI:ES:TS:2019:3315, de 25/10/2019, rec 725/2017que resuelve sobre la nulidad de las cláusula de reclamación de posiciones deudoras.

De modo previo, dejar claro que la cláusula de reclamación de posiciones deudoras no es nula porque sí.

Sin acreditar los requisitos que exponemos tanto consumidor como banco no tendrán viabilidad en sus acciones.

 

Decisión de la Sala:

1.- La normativa bancaria sobre comisiones está constituida, básicamente, por la Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre, de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios, por la Circular 5/2012 del Banco de España de 27 de junio, a entidades de crédito y proveedores de servicio de pago, sobre transparencia de los servicios bancarios y responsabilidad en la concesión de préstamos, y por la Orden EHA/1608/2010, de 14 de junio, sobre transparencia de las condiciones y requisitos de información aplicables a los servicios de pago, que regula la transparencia de los servicios de pago sujetos a la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de servicios de pago.

2.- Conforme a esta normativa, para que las entidades puedan cobrar comisionesa sus clientes deben cumplirse dos requisitos:

1) que retribuyan un servicio real prestado al cliente; y

2) que los gastos del servicio se hayan realizado efectivamente.

Bajo estas dos premisas, las entidades bancarias no pueden cobrar por servicios que no hayan solicitado o aceptado los clientes, que deberán haber sido informados personalmente y por anticipado del importe que van a tener que pagar por ese servicio.

Según el Banco de España (Memoria del Servicio de Reclamaciones de 2009), la comisión por reclamación de posiciones deudoras compensa a la entidad por las gestiones efectivas realizadas para recuperar la deuda impagada por su cliente; debe estar recogida en el contrato; y para que sea acorde con las buenas prácticas bancarias debe reunir los siguientes requisitos mínimos:

  • el devengo de la comisión está vinculado a la existencia de gestiones efectivas de reclamación realizadas ante el cliente deudor;
  • la comisión no puede reiterarse en la reclamación de un mismo saldo por gestiones adicionales realizadas por la entidad con el mismo fin, ni siquiera cuando, en el caso de impago en el tiempo, este se prolonga en sucesivas liquidaciones;
  • su cuantía debe de ser única, no admitiéndose tarifas porcentuales;
  • no puede aplicarse de manera automática.

 

En definitiva, si el banco establece en el contrato estos requisitos mínimos y te reclama por tu canal interno o tu mail (esas gestiones tienen un coste) será válida y no abusiva.

El artículo 1124 Ccivil … Ese gran desconocido.

Un cliente ha recibido una demanda de ejecución de títulos judiciales basada en una resolución del contrato que obliga al cumplimiento del contrato.

Si has llegado a este párrafo sin leer dos veces el anterior y pensar que estoy loco, tú y yo tenemos un problema porque somos las dos Españas jurídicas enfrentadas en las urnas.

A partir de ahora, con el siguiente texto, vuestras mentes van a ser manipuladas.

(NOTA: la resolución unilateral del contrato es válida en derecho español con una serie de matices que no vienen al caso)

 El artículo 1124 del CCiv establece que:

“La facultad de resolver las obligaciones se entiende implícita en las recíprocas, para el caso de que uno de los obligados no cumpliere lo que le incumbe. 


El perjudicado podrá escoger entre exigir el cumplimiento o la resolución de la obligación, con el resarcimiento de daños y abono de intereses en ambos casos.

 

También podrá pedir la resolución, aun después de haber optado por el cumplimiento, cuando éste resultare imposible


El Tribunal decretará la resolución que se reclame, a no haber causas justificadas que le autoricen para señalar plazo. 


Esto se entiende sin perjuicio de los derechos de terceros adquirentes, con arreglo a los artículos 1295 y 1298 y a las disposiciones de la Ley Hipotecaria”

El TS dice:

El artículo 1124 no constituye una verdadera condición, ya que no origina automáticamente la resolución desde la voluntad expresada en la relación contractual, sino que sólo integra a favor del acreedor, cuya prestación fue incumplida, la facultad de optar por la resolución, pues el mismo debe elegir expresamente entre la exigencia de cumplimiento o la resolución, sin que quepa el ejercicio simultáneo de ambas acciones(S.S. 29/7/1996), aunque sí el ejercicio de la de resolución (S.S. 8/5/1995). (S.T.S. 14/2/2007) –este corta y pega lo saqué un libro de Tirant-.

La cláusula discutida dice:

9.2- En caso de que el Arrendador Financiero opte por resolver el contrato se producirán todos y cada uno de los siguientes efectos:

El Arrendador financiero retendrá el importe de las cuotas vencidas y abonadaspor el usuario en concepto de rentas por el uso y disfrute de los bienes.

El Usuario abonará al Arrendador Financiero, en los mismos conceptos establecidos en la letra anterior, el importe impagado de las cuotas vencidas hasta la fecha de resoluciónque hubieran resultado impagadas y los correspondientes intereses de demora.

 El Usuario abonará al Arrendador financiero, en concepto de indemnización de daños y perjuicioscausados por el incumplimiento, una cuantía que las partes fijan libremente en este momento en elimporte equivalente a siete (7) cuotas.

 El arrendador financiero podrá optar entre las siguientes posibilidades:

  •  Exigir la devoluciónde los bienes, (…)

  • Exigir el cumplimiento del contrato y el consiguiente pago inmediato dela cantidad resultante de a) el importe de la suma de las cuotas pendientes de vencimientode contrato en el momento de la resolución; b) el importe del valor residual; c) los impuestos que correspondan sobre las partidas anteriores

 

Si el ejecutante quiere resolver, no hay problema, las consecuencias están pactadas:

  1. Retener cuotas pagadas.
  2. Obligar a abonar el importe de cuotas vencidas.
  3. Pago de daños y perjuicios expresamente pactados en el importe de 7 cuotas; y, lógicamente,
  4. Exigir la devolución de los bienes.

Lo que no puede ser por ser contrario a la ley es, a la vez que se declara la resolución por incumplimiento, -el contrato deja de existir y debemos pasar a determinar los efectos de dicha resolución si no hay oposición- es pedir su cumplimiento y el pago de todas las cuotas hasta la finalización del contrato con intereses e impuestos, incluidos el valor residual para que el ejecutado haga suyo los bienes.

En este caso, el ejercicio de la opción del cumplimiento del contrato, ex art 1124 CCivil, implica que el contrato sigue vivo, sus obligaciones vigentes, y solamente podría exigir los daños y perjuicio –tasados en 7 cuotas y los intereses-.

No debemos olvidar que el presente contrato es un arrendamiento financiero, no un préstamo en virtud del cual se entrega una cantidad de dinero y hay que devolverla en cuotas establecidas, con la existencia de una cláusula de vencimiento anticipado.

El arrendador financiero envió un burofax donde expresamente declara resuelto el contrato por incumplimiento del arrendatario para pasar a decir, en el siguiente párrafo del burofax, exigiendo el cumplimiento del contrato.

Ya está la oposición presentada. A ver que nos dicen.

El silencio, la contratación entre ausentes, la buena fe y la maldad de los abogados de los bancos

Habéis picado con otro titular tendencioso para obtener visitas a porrillo. Mi recomendación es que no sigas leyendo.

La historia comienza recordando que la crisis azotó a los abogados de bancos allá por 2010. Mucho antes, en mi tierna infancia jurídica, fui abogado externo del Banco Pastor (aquello sí que era vida) en Santiago de Compostela.En 2016 me vine a vivir a Tenerife (aquí lo dejo por si necesitáis un abogado serio, honesto y que cobra mucho menos de lo que se merece sin ser low cost) para vivir mucho mejor.

Bueno, pues para quien no conozca el tema, hubo una restructuración en la forma de remuneración de los abogados -que asisten a las vistas en los juzgados- y que muchos miráis con cierta maldad, -como miraría un CDR a Albert Rivera-, (por suerte, la mayoría entendemos que los que tienen problemas –jurídicos o no- son los clientes entre ellos).

Bueno, al turrón, que diría mi amigo Emilio:

STS 3011/2019 de 1-10-2019, rec 3281/2016, resolución 507/2019.

Es una discusión casi pornográfica para algunos: “banco vs abogado de banco” …. Miguel, tú sabes que miguel eres, (para el lector que me siguen en twitter no penséis en los gemelos que no son).

Resumen: Las partes pactan unos honorarios antes de la crisis y otros post-crisis, o eso parece. El banco, siempre malvado… o no, le envía un mail y considera que al no contestarlo el abogado acepta tácitamente.

Este redactor del post entiende que el banco se agarrá al principio general del derecho “el que calla otorga” y el abogado se agarra al brocardo jurídico justinianeo: “quien calla no dice nada”. Ahora veremos quien tiene razón:

EL FD 10º: Consentimiento tácito. Valor del Silencio.

El recurrente denuncia la infracción del art. 1262 CC , en relación con el art. 1091 CC , en cuanto regulan el consentimiento contractual.

El art. 1262 CC considera existente el consentimiento en los contratos cuando concurren la oferta y la aceptación sobre la cosa y la causa.Cuando se trata de contratación entre ausentes, como ocurre cuando las partes no tratan personalmente sino por otro medio, como en este caso el correo electrónico, el propio art. 1262 CC establece en su segundo párrafo que “hay consentimiento desde que el oferente conoce la aceptación o desde que, habiéndosela remitido el aceptante, no pueda ignorarla sin faltar a la buena fe”.Y el párrafo siguiente apostilla queen los contratos celebrados mediante dispositivos automáticos hay consentimiento desde que se manifiesta la aceptación”.

No obstante, ninguna de tales previsiones exige que la aceptación se preste de forma expresa.

2.- Esta sala ha declarado que el conocimiento no equivale a consentimiento, así como que debe distinguirse el silencio con efectos de consentimiento del consentimiento tácito.

Consentimiento tácito es el que deriva de actos concluyentes que, sin consistir en una expresa manifestación de voluntad, permiten reconocerla indubitadamente. Así, la sentencia 257/1986, de 28 de abril , indicó que:

“[l]a declaración de voluntad generadora del negocio jurídico no es necesario que sea explícita y directa, pero es imprescindible que la tácita se derive de actos inequívocos que la revelen sin que quepa atribuirle otro significado, cuya valoración corresponde al arbitrio de los Tribunales según las circunstancias que concurran en cada caso“.

El silencio no supone genéricamente una declaración, pues, aunque no puede ser indiferente para el Derecho, corresponde estar a los hechos concretos para decidir si cabe ser apreciado como consentimiento tácito, esto es, como manifestación de una determinada voluntad. De manera que el problema no está tanto en decidir si el silencio puede ser expresión de consentimiento, como en determinar en qué condiciones puede ser interpretado como tácita manifestación de ese consentimiento ( sentencias 135/2012, de 29 febrero ; 171/2013, de 6 marzo ; y 540/2016, de 14 de septiembre ).

Para que el silencio tenga relevancia a efectos de consentimiento, requiere la concurrencia de dos factores ( sentencia 483/2004, de 9 de junio): uno, de carácter subjetivo, implica que el silente tenga conocimiento de los hechos que motivan la posibilidad de contestación; otro, de carácter objetivo, exige que el silente tenga obligación de contestar, o, cuando menos, fuera natural y normal que manifestase su disentimiento, si no quería aprobar los hechos o propuestas de la otra parte.

3.- Con carácter general, cuando en el marco de una relación jurídica preexistente una de las partes lleva a cabo un acto concreto que debería obtener una respuesta de la otra, bien aceptándolo bien rechazándolo,si esta última, pudiendo y debiendo manifestarse, guarda silencio, debe considerarse, en aras de la buena fe, que ha consentido ( sentencias 842/2004, de 15 de julio ; 799/2006, de 20 de julio ; y 848/2010, de 27 de diciembre ).

En la sentencia 772/2009, de 7 de diciembre , con cita de otras muchas, declaramos que el silencio tiene la significación jurídica de consentimiento o de conformidad cuando se puede y debe hablar ( qui siluit quum loqui et debuit et potuit consentire videtur ) y hay obligación de responder cuando entre las partes existe una relación de negocios, así como cuando resulta lo normal y natural conforme a los usos generales del tráfico y la buena fe.

Y es que, en tales supuestos, con la comunicación de la discrepancia, se evita que la otra parte pueda formarse una convicción equivocada, derivada del silencio del otro, con daño para su patrimonio.

Máxime si, como ocurrió en el caso, después de que el comitente cambiara las condiciones de pago, el letrado siguiera realizando los servicios jurídicos para dicho principal.

4.- En este caso, las partes mantenían relaciones profesionales desde hacía más de quince años, era habitual que hubiera reuniones y comunicaciones internas sobre la estrategia a seguir respecto de los procedimientos judiciales y su consiguiente repercusión en los honorarios a cobrar por los letrados, y no podía ignorarse un correo electrónico del jefe de la asesoría jurídica que establecía un nuevo sistema de facturación y cobro. Consta que el recurrente tuvo conocimiento de dicho correo, por lo que, si no lo contestó, era conforme a la buena fe contractual que la otra parte considerase que no se oponía al nuevo sistema, ya que lo lógico era, que se si oponía, lo hubiera manifestado expresamente mediante contestación al correo electrónico.

Que el recurrente, pese a todo, siguiera facturando conforme a lo pactado anteriormente no quiere decir que no hubiera consentido tácitamente, sino que incumplió lo establecido. Entre otras cosas, porque una declaración expresa de disconformidad hubiera situado la relación en otro ámbito, puesto que la Caja podría haberse planteado mantener sus servicios en las antiguas condiciones o prescindir de ellos dada su falta de conformidad.

En consecuencia:

  1. Hay un principio jurídico para gobernarlos a todos: In claris non fit interpretatio.
  2. El que calla no dice nada, salvo que lleves 15 años con una relación jurídica determinada.  Cuando te anuncian que cambian las condiciones esenciales no te calles como un cura en un confesionario.
  3. La ciencia jurídica moderna lleva desde unos años aumentando, todavía más, la importancia de un concepto jurídico indeterminado como la buena fe como clave de bóveda decisorio.
  4. Si os llega un mail así, contestad, al menos: “tengo que preguntarle a mi mujer/marido” y así tendréis una excusa creíble.

SENTENCIA DE PLENO sobre cláusulas de vencimiento anticipado

Después de una temporada disfrutando de las mieles del éxito a la vista de que hasta el presidente del Senado se dedica a “fusilar” textos… lo que no es otra cosa que la tendencia que marca este blog, hoy traemos el corta y pega de la Sentencia del PLENO de 11-9-2019, STS 2761/2019 ECLI: ES:TS:2019:2761, rec 1752/2014:

La Sentencia de Pleno concluye:

11.- Conforme a todo lo expuesto, procede aplicar las siguientes pautas u orientaciones jurisprudenciales a los procedimientos de ejecución hipotecaria en curso, en los que no se haya producido todavía la entrega de la posesión al adquirente:

  1. Los procesos en que, con anterioridad a laentrada en vigor de la Ley 1/2013, se dio por vencido el préstamo por aplicación de una cláusula contractual reputada nula, deberían ser sobreseídos sin más trámite.
  2. Los procesos en que, con posterioridad a laentrada en vigor de la Ley 1/2013, se dio por vencido el préstamo por aplicación de una cláusula contractual reputada nula, y el incumplimiento del deudor no reúna los requisitos de gravedad y proporcionalidad antes expuestos, deberían ser igualmente sobreseídos.
  3. Los procesos referidos en el apartado anterior, en que el incumplimiento del deudor revista la gravedad prevista en la LCCI,podrán continuar su tramitación.
  4. Los autos de sobreseimiento dictados conforme a los apartados a) y b) anteriores no surtirán efecto de cosa juzgadarespecto de una nueva demanda ejecutiva basada, no en el vencimiento anticipado por previsión contractual, sino en la aplicación de disposiciones legales ( ATJUE de 3 de julio de 2019, asunto C-486/16 ). Solución que no pugna con el art. 552.3 LEC , puesto que no se trata de un segundo despacho de ejecución con fundamento en el mismo título, sino de ejecuciones basadas en diferentes títulos (el contrato, en el primer caso, y la ley en el segundo).
  5. Debe entenderse que las disposiciones legales mencionadas en el apartado anterior son las contenidas en la Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario, pese a que las resoluciones del TJUE se refieran expresamente al art. 693.2 LEC en la redacción dada por la Ley 1/2013 y pueda haber alguna discordancia con la disposición transitoria primera 4a de la Ley 5/2019 . Y ello, porque:

El art. 693.2 LEC , en su redacción anterior a la Ley 5/2019, era una norma de Derecho dispositivo, mientras que el art. 24 LCCI, al que ahora se remite, es imperativa.

La disposición transitoria primera 4a LCCI, fruto de una enmienda transaccional en el Congreso y una enmienda en el Senado, optó por la retroactividad limitada para evitar que una sentencia del TJUE contraria al informe del Abogado General en la cuestión prejudicial que había presentado esta sala, pudiera hacer directamente aplicable el 693.2 LEC en su anterior redacción. Por lo que sería contradictorio que la voluntad del legislador se volviera en contra del consumidor, cuando lo que se pretendió es protegerlo más allá de lo previsto en el art. 693.2 LEC anterior a la reforma.

Obligación de buscar el tipo y el importe del crédito que mejor se adapten a las necesidades del consumidor. TJUE

En el corta y pega de hoy viajamos a la vieja europa que es lo más moderno que existe para el consumidor y usuario a pesar de la tendencia a la autodestrucción de este supraestado padre y vigilante; lo que en ciertos países llaman GUACHIMAN (hombre que mira)

La STJU de 6 de junio de 2019, ECLI:EU:C:2019:467, asunto C-58/18, dice:

El derecho nacional del asunto imponeal prestamistarenunciar a celebrar el contrato de créditoen caso de que no pueda considerar razonablementeque el consumidor, teniendo en cuenta su situación económica y personal, estará en condiciones de devolver el crédito conforme al contrato, no puede contravenir el objetivo del artículo 8, apartado 1, de la Directiva 2008/48 ni poner en entredicho la responsabilidad de principio del consumidor de velar por sus propios intereses

Ese concepto jurídico indeterminado: razonablemente, es lo más para tumbar imperios.

El asunto va así:

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 5, apartado 6, de la Directiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008, relativa a los contratos de crédito al consumo y por la que se deroga la Directiva 87/102/CEE del Consejo (DO 2008, L 133, p. 66; corrección de errores en DO 2009, L 207, p. 14; DO 2010, L 199, p. 40; DO 2011, L 234, p. 46, y DO 2015, L 36, p. 15).

El artículo 5 de esta Directiva, titulado «Información precontractual», dispone lo siguiente en su apartado 6:

«Los Estados miembros velarán por que los prestamistas y, cuando proceda, los intermediarios de crédito faciliten al consumidor las explicaciones adecuadas para que este pueda evaluar si el contrato de crédito propuesto se ajusta a sus necesidades y a su situación financiera, si fuera preciso explicando la información precontractual que se facilitará conforme a lo dispuesto en el apartado 1, las características esenciales de los productos propuestos y los efectos específicos que pueden tener sobre el consumidor, incluidas las consecuencias en caso de impago por parte del consumidor. Los Estados miembros podrán adaptar el modo de prestación de esta asistencia y su alcance, así como la identidad de la parte que se hará cargo de ella, a las circunstancias particulares de la situación en que se ofrece el contrato de crédito, la persona a quien se ofrece y el tipo de crédito ofrecido.»

El artículo 8 de dicha Directiva, titulado «Obligación de evaluar la solvencia del consumidor», establece en su apartado 1:

«Los Estados miembros velarán por que, antes de que se celebre el contrato de crédito, el prestamista evalúe la solvencia del consumidor, sobre la base de una información suficiente, facilitada en su caso por el consumidor y, cuando proceda, basándose en la consulta de la base de datos pertinente. Los Estados miembros cuya legislación exija que los prestamistas evalúen la solvencia del consumidor sobre la base de una consulta de la base de datos pertinente deben poder mantener esta obligación.»

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Primera) declara:

El artículo 5, apartado 6, de la Directiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008, relativa a los contratos de crédito al consumo y por la que se deroga la Directiva 87/102/CEE del Consejo, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa nacional como la controvertida en el litigio principal, que impone a los prestamistas o a los intermediarios de crédito la obligación de buscar, entre los contratos de crédito que ofrecen habitualmente, el tipo y el importe del crédito que mejor se adapten a las necesidades del consumidor, teniendo en cuenta la situación económica de este en la fecha de la celebración del contrato y la finalidad del crédito. 

 El artículo 5, apartado 6, y el artículo 8, apartado 1, de la Directiva 2008/48 deben interpretarse en el sentido de queno se oponen auna normativa nacional como la controvertida en el litigio principal, que obliga al prestamista a renunciar a celebrar el contrato de crédito si no puede estimar razonablemente, al término del examen de la solvencia del consumidor,que este estará en condiciones de cumplir las obligaciones derivadas del contrato previsto.

 

Yo he visto demandas con base en el  derecho fundamental a la igualdad por no otorgar prestamos a consumidores porque la solvencia no era la esperada. Esto es lo que me parece un filón para los pleitos de derecho de consumo:

Los Estados miembros velarán por que, antes de que se celebre el contrato de crédito, el prestamista evalúe la solvencia del consumidor, sobre la base de una información suficiente, facilitada en su caso por el consumidor y, cuando proceda, basándose en la consulta de la base de datos pertinente.

¿Quién tendrá la carga de la prueba de que se ha evaluado la solvencia y, ante la duda de la información otorgada al consumidor, ha consultado?

 

 

 

DAÑOS Y PERJUICIOS POR RETRASO EN LA ENTREGA DEL EQUIPAJE.

DAÑOS Y PERJUICIOS POR RETRASO EN LA ENTREGA DEL EQUIPAJE.

Esto iba YO –momento egocentrista- a un torneo deportivo infantil con Luisito (que viene siendo mi hijo) allende de los mares (vivo en Tenerife así que cualquier cosa es allende) cuando una compañía aérea, VUELING, perdió el equipaje deportivo de mi hijo.

Quizás de ser otra cosa no hubiera mencionado al compañía pero los 24 minutos de reloj que esperé para ser atendido por su centralita, después de múltiples intentos de 5-10 minutos, hicieron del tema un asunto más que personal. Lo remató  la contestación de su servicio de información que fue no informar, ni explicar, ni ser claro sobre cuando entregarían el material.

Bueno, he aquí que estamos el día de un torneo internacional, sin material deportivo y me veo en la obligación de comprar uno nuevo porque no sabíamos si iba a llegar o no y no había posibilidad de alquilarlo.

El material llegó dos días después de finalizar el evento.

Yo –otra vez yo- presento demanda contra la compañía no por el retraso en la entrega de material sino en los daños y perjuicios causados que se concretan en tener que comprar el material deportivo al niño.

Hoy me notifican sentencia estimatoria con costas (que bueno soy como abogado – a veces-)

La sentencia es una maravilla.  No porque me de la razón sino por lo bien explicada y estructurada que está. Después de analizar la normativa aplicable, la mención de sentencias del TJUE y alguna de AP, concreta  el asunto:

Por lo tanto, en modo alguno se puede superar el límite máximo previsto en el Convenio. Ahora bien, la cuantía indemnizatoria procedente, si bien no puede superar el límite, sí que puede determinarse con arreglo a los perjuicios efectivamente sufridos, siempre que estos estén acreditados.

Sentado lo anterior, el límite máximo establecido por el Convenio equivale a 1.131 DEG, o lo que es lo mismo, 1.396,69 euros. En el caso de autos, no se reclama esa cantidad, sino exclusivamente _______ euros.  (fui prudente, solo pedí lo que me costó sustituir el material, la avaricia rompe el saco)

La entidad VUELING se opone a tal cuantificación ofreciendo exclusivamente 100 euros al entender que la parte actora recibió la maleta con tan solo 3 días de retraso, por lo que considera que la actora no puede reclamar como si nunca hubiese recibido la maleta.

El razonamiento de VUELING no se comparte, dado que el actor ha acreditado una serie de desembolsos que no hubiera realizado para el caso de que la demandada hubiera verificado oportunamente su obligación de entregar la maleta a tiempo. Como se ha visto, la necesidad de contar con el equipamiento era esencial, pues el hijo del actor participaba en un campeonato ____, que se celebró antes de que VUELING cumpliera con su obligación. Sin dicho equipamiento se hubiera frustrado el viaje realizado y las expectativas del menor. Además, existen desperfectos en el equipaje del actor, que igualmente deben ser resarcidos.

Se trata de auténticos perjuicios, pues son desembolsos provocados por el cumplimiento defectuoso de la entidad demandada. Estos perjuicios son en realidad daños que deben ser resarcidos, al estar oportunamente acreditados, estimarse proporcionados y también razonables.

Diferencia la sentencia, acertadamente, que una cosa es la indemnización con los derechos de Giro por retrasos/cancelaciones etc  y otra cosa es por daños y perjuicios causados que tendrán su límite, en ambos casos, en límite máximo establecido en el convenio de Montreal.

 

Muchas gracias a todos aquellos que nos animasteis en aquellas fechas, con mención especial a los hermanos Diéguez, que me enviaron documentación de asuntos sobre el tema -que no usé porque soy abogado Topérrimo y porque venía el texto en comic sans- (nooooo, son fake news, algo se usó).

Referencia: ST Mercantil 1 SC de Tenerife.

JV 768/2018 de 6 de mayo de 2019.

Conclusión:

  1. Presentar siempre el parte de incidencia PIR con resguardo de la tarjeta de embarque (importantísimo ambos).
  2. Guardar facturas y recibos de todo.
  3. ¿Contratar a los Diéguez como abogados? …. Noooooooo. Contratadme a mi que tengo que pagarle la educación a Luisito.

Intereses moratorios y Ley de Represión de la usura.

Corta y pega de la STS 700/2019, de 5-3-2019, rec 1582/2016, ECLI: ES:TS:2019:700

Movidón con un banco. Pobre particular que no sabe lo que firma.

De esta sentencia me quedo con los siguiente:

1.- El art. 319.3 LEC indica que:

“En materia de usura, los tribunales resolverán en cada caso formando libremente su convicción sin vinculación a lo establecido en el apartado primero de este artículo”.

El precepto, trasunto del derogado art. 2 de la Ley de 23 de julio de 1908 , de nulidad de los contratos de préstamos usurarios (en adelante, Ley de Usura), se fundamenta en la naturaleza propia de la usura, en muchos casos clandestina, y, por tanto, difícil de detectar.

Por ello, sujetar al juzgador a la interpretación taxativa general de los documentos notariales, supondría dificultar, cuando no impedir, la exacta averiguación de los elementos que configuran la usura.

2.- Pero esto no quiere decir que el art. 319.3 LEC imponga una regla de la carga de la prueba que favorece al prestatario. Lo que establece dicho precepto es que, en materia de usura, los documentos públicos dotados de mayor fuerza probatoria en el párrafo primero del artículo no escapan a la posibilidad de ser desvirtuados por otros medios probatorios, y ello precisamente para proteger a los que hayan podido ser víctimas de contratos usurarios documentados públicamente. En palabras de la sentencia de esta sala 135/2003, de 21 de febrero (referidas al derogado art. 2 de la Ley de Usura ), se trata de una norma “que atribuía a los tribunales amplísimas facultades de apreciación probatoria” (en el mismo sentido, sentencias 268/1997, de 31 de marzo , y 753/2001, de 12 de julio ).

En definitiva, se posibilita a los tribunales que formen una convicción por el conjunto de las pruebas practicadas, sin verse sujetos a la relativa prevalencia probatoria que se concede a la documental pública

CUARTO.- Primer motivo de casación. Aplicación de la Ley de Usura a los intereses moratorios Planteamiento :

Decisión de la Sala :

1.- Como regla general, la jurisprudencia de esta sala, representada, verbigracia, por las sentencias 869/2001, de 2 de octubre ; 430/2009, de 4 de junio ; y 709/2011, de 26 de octubre , considera que, dada la distinta naturaleza de los intereses remuneratorios y los moratorios, a éstos últimos no se les debe aplicar la Ley de Usura, pues cuando en ella se habla de intereses se hace referencia a los retributivos, ya que hay que contar con el carácter bilateral de la obligación y la equitativa equivalencia de las prestaciones de los sujetos de una relación jurídica que es bilateral, onerosa y conmutativa, en la que el interés remuneratorio es el precio del préstamo ( sentencia 44/2019, de 23 de enero ). Mientras que los intereses moratorios sancionan un incumplimiento del deudor jurídicamente censurable, y su aplicación tanto sirve para reparar, sin la complicación de una prueba exhaustiva y completa, el daño que el acreedor ha recibido, como para constituir un estímulo que impulse al deudor al cumplimiento voluntario, ante la gravedad del perjuicio que le producirían el impago o la mora.

.- No obstante, en algún caso ( sentencias 422/2002, de 7 de mayo , y 677/2014, de 2 de diciembre ), también se han reputado usurarios los intereses moratorios, pero no aisladamente considerados, sino como un dato más entre un conjunto de circunstancias que conducen a calificar como usurario el contrato de préstamo en sí: la simulación de la cantidad entregada, el plazo de devolución del préstamo, el anticipo del pago de los intereses remuneratorios, el tipo de tales intereses remuneratorios, etc.

QUINTO.- Condición de consumidor

Decisión de la Sala :
1.- Aunque no se aclara en el motivo, ni tampoco se aclaró en el acto de la vista, parece que se pretende la declaración de abusividad de la cláusula de intereses moratorios.

Pues bien, en el mejor de los casos para la parte recurrente, es decir, que se considerase que el préstamo litigioso fue una operación de consumo, y que se determinara que el interés moratorio es abusivo, la consecuencia no sería nunca la nulidad del contrato, como se postula en la demanda, sino solamente la nulidad de la cláusula en cuestión.

 

RESUMEN

  1. Los pleitos no se ganan porque sí sino porque se acredita a través de la carga de la prueba los hechos alegados y su aplicación en derecho. El prestatario no gana solo con presentarse al partido.
  2. A los intereses moratorios no se les debe aplicar la Ley de la Usura porque sancionan un incumplimiento del deudor jurídicamente censurable, y su aplicación tanto sirve para reparar, sin la complicación de una prueba exhaustiva y completa, el daño que el acreedor ha recibido.
  3. La nulidad del contrato se podrá solicitar cuando hay falta de consentimiento, objeto o causa no cuando una cláusula es nula.
  4. Hay que estudiar más la integración de los contratos y menos jugar al Fornite.

STJUE préstamo multividisa.

Hoy traemos al corta y pega la STJUE C118/2017, de 14-3-2019 sobre riesgo del tipo de cambio e cláusulas de préstamos denominados en divisas.

¡En Hungría también cuecen habas!

Préstamo multidivisa en Hungria. Dice la STJUE en un extracto que me apetece copiar:

El 24 de mayo de 2007, la Sra. Dunai celebró con el banco un contrato de préstamo denominado en francos suizos (CHF), mientras que, según lo estipulado en ese mismo contrato, el préstamo debía ponerse a disposición en forintos húngaros (HUF), al tipo de cambio CHF‑HUF basado en el tipo de compra aplicado por el banco ese día, lo que implicaba el desembolso de un importe de 14 734 000 HUF, ascendiendo a 115 573 CHF el correspondiente importe del préstamo en francos suizos. Se pactó asimismo en ese contrato que las cuotas de devolución del préstamo debían pagarse asimismo en forintos húngaros, si bien, a estos efectos, el tipo de cambio aplicable era el tipo de venta fijado por el banco.

El riesgo del tipo de cambio asociado a la fluctuación del tipo de cambio de las divisas en cuestión, que se materializó en una depreciación del forinto húngaro con respecto al franco suizo, recaía sobre la Sra. Dunai.

El artículo 6, apartado 1, de la referida Directiva dispone lo siguiente:

«Los Estados miembros establecerán que no vincularán al consumidor, en las condiciones estipuladas por sus derechos nacionales, las cláusulas abusivas que figuren en un contrato celebrado entre este y un profesional y dispondrán que el contrato siga siendo obligatorio para las partes en los mismos términos, si este puede subsistir sin las cláusulas abusivas.»

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Tercera) declara:

1)      El artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, debe interpretarse en el sentido de que:

–        no se opone auna legislación nacional que impide al juez que conoce del asunto estimar una pretensión de anulación de un contrato de préstamo basada en el carácter abusivo de una cláusula relativa al diferencial de tipos de cambio, como la controvertida en el litigio principal, siempre que la apreciación del carácter abusivo de tal cláusula permita restablecer la situación de hecho y de Derecho en la que se encontraría el consumidor de no haber existido tal cláusula abusiva;

–        se opone a una legislación nacional que impide al juez que conoce del asunto, en circunstancias como las que concurren en el litigio principal, estimar una pretensión de anulación de un contrato de préstamo basada en el carácter abusivo de una cláusula relativa al riesgo del tipo de cambio, cuando se aprecie su carácter abusivo y la imposibilidad de que el contrato subsista sin ella.

En definitiva, integración del contrato que fue la pregunta que me cayó en el parcial de segundo de carrera en derecho civil.

Gracias, Antonia. Siempre recordaré lo bien que me trataste como alumno.

Comunidad de Propietarios. Derecho de información contable para emitir el voto en las juntas.

Como es carnaval voy a hacer un corta y pega de un asunto mío o no… para que aparentar que tengo algo de trabajo y no vivo de mi belleza personal y encanto como influencer.

Esto le va a encantar a @emiliogude

Lío en la comunidad de propietarios.

Mis clientes son propietarios de una serie de apartamentos turísticos gestionados por una compañía (en Canarias existe regulación especial que no vamos a explicar) que asume los gastos de administración, gestión y mantenimiento del complejo.

La Comunidad de Propietarios no tiene otra cosa más allá que el gestor, las cartas y los sellos en su contabilidad.

Pero he aquí que el presupuesto para gastos de la comunidad de propietarios asciende a una cantidad importantísima que puede coincidir con los gastos de explotación del complejo y cuyos soportes contables son contra la compañía que gestiona y no contra la Cpropietarios.

Votamos en contra e impugnamos los acuerdos de la comunidad:

  1. En Instancia perdemos la primera batalla. El Juzgado dice que no existe un derecho de información en la LPH al estilo del TRLSC –que yo planteo- y que el art 16 LPH:

Aparte de lo dicho, lo cierto es que no existe un precepto específico en la LPH que permita considerar que cada comunero puede recabar toda la documentación que avala las cuentas a aprobar con carácter previo a la junta, ya que el artículo 16 LPH se limita a indicar que se deberá recoger el orden del día, y si bien ciertamente el voto ha de emitirse con conocimiento de causa, lo cual implica saber qué se vota, no por ello resulta exigible el que se entreguen anticipadamente todos los soportes contables a cada comunero que lo pida, ya que aparte de que ello podría suponer el colapso de comunidades en que diversos comuneros pidiesen copia de tal documentación, no indica expresamente la LPH que tal información haya de ser precisamente antes de la junta, a diferencia de lo que ocurre por ejemplo con el artículo 112 de la LSA, el cual, por otro lado, lo que indica es la posibilidad de recabar explicaciones o informes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, lo cual incluso resulta más limitado que el derecho a recabar copia de todo documento que avale las distintas partidas contables de las cuentas.

De tal manera ni aún con la existencia de preceptos como los indicados que de forma expresa establecen la existencia del derecho de información para las sociedades mercantiles, es éste tan amplio como para permitir que cada socio recabe tener pleno conocimiento de la contabilidad con carácter previo a la junta, de tal manera que con mayor razón cabe entender que así será con respecto a la LPH.

 

  1. La AP estima mi recurso:

El derecho a la información viene regulado en al art. 16 de la Ley de Propiedad Horizontal. En tal sentido dicha obligación ha sido concretada jurisprudencialmente y como señala la STS de 10 de noviembre de 2004, “…En efecto, la jurisprudencia de esta Sala exige que en el orden del día se consignen los asuntos a tratar en la Junta, para que puedan llegar a conocimiento de los interesados, porque de otra forma, siendo la asistencia meramente voluntaria, sería fácil prescindir de la voluntad de determinados propietarios. Por ello no es admisible con carácter general la adopción de acuerdos que no estén en el orden del día, ni tan siquiera bajo el epígrafe de ruegos y preguntas, por considerarse sorpresivo para la buena fe de los propietarios”. Ello implica que existe una cierta flexibilidad en el planteamiento del orden del día, de tal manera que se considerará suficiente el mismo siempre que reúna su finalidad última, esto es, informar a los comuneros de las materias a tratar y no sorprender a ningún propietario con un acuerdo no previsible”.

Cierto es que dichos preceptos no establecen la necesidad de incluir información complementaria al señalamiento de los asuntos a tratar, pero tampoco el artículo 16.2 de la Ley de Propiedad Horizontal así lo indica, pese a lo cual es indudable que el orden del día debe contener información suficiente para que los comuneros conozcan que se va a debatir y puedan sopesar mínimamente el sentido de su voto.

Sin embargo difícilmente puede un comunero sopesar el sentido de su voto sino sabe en que se ha gastado un presupuesto que en le caso de autos es bastante elevado xxx €. Para poder estar conforme con las cuentas de dos ejercicios es necesario poder examinar la documentación contable, documentación a la que el propietaria ha de tener acceso, sino no puede conformar su voluntad en un sentido o en otro, normalmente en las convocatorias se ofrece a los propietarios que tuviesen alguna duda o precisasen aclaración, que se pusiesen en contacto con la oficina del administrador en la que ponían a su disposición los justificantes correspondientes.

Así, es doctrina jurisprudencial reiterada, seguida entre las más recientes por la STS de 18 de marzo de 2010 y 28 de junio de 2011 y las que en ella se citan, que “(…) ni del espíritu del artículo 15 de la Ley sobre Propiedad Horizontal , en su texto vigente, , puede entenderse que existe un auténtico derecho de información a favor de los copropietarios, como ocurre en el ámbito de las sociedades anónimas,no bastando con hacer constar las materias a tratar en la Junta que se convoca, siendo necesaria la exposición previa de todos los datos o medios de conocimiento precisos para la participación y, en su caso, deliberación de los interesados.

  1. La CP recurre en casación. Recurso que es inadmitido:

(…) Elude o soslaya, de esta forma, la parte recurrente que la sentencia de la Sala de apelación, tras examinar la prueba practicada, concluye que la comunidad de propietarios se limitó a facilitar a los demandantes la información del orden del día, sin proporcionar el conocimiento necesario de los asuntos que lo integraban, teniendo en cuenta quedifícilmente puede un comunero sopesar el sentido de su voto sino sabe en que se has gastado un presupuesto, que en el supuesto de autos era bastante elevado (xxx euros), por lo que normalmente se ofrece en las convocatorias la posibilidad de ponerse en contacto con la oficina del administrador para poner a su disposición de los justificantes correspondientes

Así, que, abnegados lectores. Sabed que cuando no os quieran enseñar los soportes documentales de las contabilidades y presupuestos de las comunidades de propietarios podréis decir: ¡Váyase, Sr. Cuesta!

Control de trasparencia en subrogaciones hipotecarias

STS 389/2019 ECLI: ES:TS:2019:389, DE 14-2-2019 día de los enamorados, de Orduña:

Deber de transparencia, como ha declarado esta sala, entre otras, en la STS 38/2018, de 24 de enero , que la entidad bancaria debe cumplir, aunque se haya operado la subrogación por parte del cliente en el préstamo otorgado inicialmente al promotor.

Control de transparencia que también, como ha declarado reiteradas veces esta sala, entre otras STS 593/2017, de 7 de noviembre , no puede ser reconducido al mero control de la incorporación de la cláusula predispuesta. Del mismo modo que el deber de poner a disposición del cliente la información relativa a la existencia de la cláusula suelo y su incidencia en la determinación del interés, en un contrato de préstamo hipotecario con interés variable, no puede quedar reducido a que el prestatario pueda acceder a la minuta de la escritura en que se instrumenta el contrato, dentro de los tres días previos a su firma ( STS 614/2017, de 16 de noviembre ).

El corta y pega de hoy no tiene mayor ciencia que reproducir la doctrina pacífica del TS donde ya da un poco igual todo sobre la diligencia del padre de familia, del ordenado empresario y todo.

Digo yo que alguien debería declarar nulo todas estas cláusulas, compensar al consumidor y liberar a juzgados de todo esto.

¡El tercero hipotecario existe! ¡Aleluya!

STS 299/2019, ECLI:ES:TS:2019:299 DE 5-2-2019, Salas Carceler.

Hoy traigo al blog una sentencia fantástica que afecta a unos amigos.

La realidad de las cosas fue empresa que tiene una deuda se cobra con una dación en pago de un casoplón tipo Pablo Iglesias, con una hipoteca que siguen pagando mis amigos  y un okupa que es administrador de una empresa deudora.

La dación en pago se inscribe correctamente en el registro de la propiedad.

Los problemas comienzan cuando el ocupa cuando le piden que abandone la vivienda se opone diciendo que tiene un contrato verbal con el cedente y la AP de Tenerife se lía resolviendo en apelación que hay preferencia del pacto verbal antes que del tercero hipotecario.

Dice la Sentencia:

Se denuncia en dicho motivo la infracción de lo dispuesto en los artículos 1473 y 606 CC y de los artículos 32 y 34 de la Ley Hipotecaria , relativos a la protección que ha de dispensarse al adquirente a non domino en el caso de venta de cosa ajena.

En la propia demanda ya reconocían los demandantes que el chalet aparece inscrito en el Registro de la Propiedad a favor de Riromel S.L. (inscripción 11.a) desde el 18 de noviembre de 2010, en que tuvo acceso a dicha oficina la escritura pública de dación en pago realizada por la entidad Congelados Agora S.L. a Riromel S.L., la cual había sido otorgada en fecha 4 de agosto de 2010. En dicha escritura de dación en pago se hacía constar la existencia en el chalet de poseedores en precario, lo que dio lugar a un proceso de desahucio por tal causa iniciado por Congelados Agora S.L., en el que se produjo la sustitución procesal a favor de Riromel S.L. y se declaró la existencia de una situación compleja que debía ser dilucidada en otra clase de juicio.

Por tanto la primera cuestión a resolver ha de ser si Riromel S.L. reúne las condiciones de tercero hipotecario ( artículo 34 LH ), lo que haría inatacable el dominio adquirido e inscrito en el Registro de la Propiedad, sin perjuicio de los derechos o reclamaciones que puedan hacerse efectivos por los demandantes contra aquellos que, por su actuación, hubieran propiciado en su perjuicio dicha adquisición del dominio con carácter inatacable.

La sentencia de esta sala núm. 511/2010, de 20 junio , reiterando los argumentos de la anterior de 5 marzo 2007, afirma lo siguiente:

“La doctrina sobre el artículo 34 de Ley Hipotecaria que procede dejar sentada comprende dos extremos: primero, que este precepto ampara las adquisiciones a non domino precisamente porque salva el defecto de titularidad o de poder de disposición del transmitente que, según el Registro, aparezca con facultades para transmitir la finca, tal y como se ha mantenido muy mayoritariamente por esta Sala; y segundo, que el mismo artículo no supone necesariamente una transmisión intermedia que se anule o resuelva por causas que no consten en el Registro, ya que la primera parte de su párrafo primero goza de sustantividad propia para amparar a quien de buena fe adquiera a título oneroso del titular registral y a continuación inscriba su derecho, sin necesidad de que se anule o resuelva el de su propio transmitente. Cuya doctrina ha sido reiterada por las sentencias de 16 y 20 del mismo mes y año y por las de 5 de mayo de 2008 y 23 de abril de 2010 “.

No cabe duda de que la dación en pago queda encuadrada en lo dispuesto por el artículo 34 LH dado su carácter oneroso, ya que mediante ella se declara extinguido un crédito mediante la transmisión de un determinado bien al titular de dicho crédito, quedando extinguido el mismo.

Sentado lo anterior, es lo cierto que de lo actuado se desprende la concurrencia en Riromel S.L. de las condiciones exigidas para ser considerado tercero hipotecario protegido por la inscripción registral, ya que adquiere el chalet, a título oneroso, de quien figura en el Registro de la Propiedad con facultades para transmitir el dominio y, a su vez, lo inscribe a su favor; sin que conste que falte en su actuación la buena fe que, en todo caso, se presume, sin perjuicio de la calificación que hubiera de merecer la actuación de la parte que realizó la dación en pago.

Cesión de créditos litigiosos y retracto legal del Código Civil de toda la vida.

Recordando a Juan Manuel de Prada en un programa de cine en una televisión diferente en referencia a su programa decía algo así como: Bienvenidos a este oasis en el páramo intelectual que es la televisión en España. Pues yo cito a @R_Gamez que a veces, que luego se le sube a la cabeza, es uno de esos oasis en esta basura que se están convirtiendo las redes sociales.

Pues el mérito de la sentencia objeto de nuestro corta y pega es de él.

ROJ SJPI 25/2018, ECLI: ES:JPI:2018:25, DE 14-5-2018, REC 557/2017

SPOILER: en el código civil hay retractos legales.

La sentencia de hoy trata de una cosa muy particular que yo planteé ante la AP de Tenerife con un éxito incierto.

Básicamente es oponerme a una demanda de reclamación de cantidad en una cesión de créditos en donde la nueva compañía compra una cartera para cobrar. Desde el momento en que demanda para el cobro, tenemos la figura del retracto legal para que , en el plazo máximo de 9 días, pagando el precio que abonó la cesionaria, “recuperemos nuestro crédito”.

 La sentencia desarrolla, muy correctamente y de modo muy didáctico los tres conceptos que pululan sobre esta cuestión:

  • ¿Qué es un crédito litigioso?
  • ¿Cómo opera la caducidad de los 9 días?
  • ¿Cuándo debemos entender venta global en relación a cesión en bloque en proceso de ordenación y reestructuración de sociedades de crédito –pensado para el sareb- o venta conjunta o agrupada de una multiplicidad diferenciada de créditos singularizados e individuales, identificados con un precio particular y concretable para cada uno de ellos?

La sentencia declara el retracto legal. Olé por el abogado.

Veremos qué pasa en la Audiencia.

 

Aquí tenéis una entrada de interés del blog de Luis Cazorla:

http://luiscazorla.com/2014/12/la-cesion-de-contratos-y-el-necesario-consentimiento-del-cedido/

 

ABUSO DEL DERECHO. “INTERDICTO DE SUSPENSIÓN DE OBRA NUEVA en las SERVIDUMBRES DE LUCES Y VISTAS”.

ABUSO DEL DERECHO. “INTERDICTO DE SUSPENSIÓN DE OBRA NUEVA en las SERVIDUMBRES DE LUCES Y VISTAS”.

Hola, soy tu vecino y pido que pares la obra porque mi balcón está cerca de tu balcón y me quitas “las luces y vistas”.

Acabo de encontrar una sentencia fantástica y superdidactica en la AP de Burgos –magnificas morcillas-

STAP BURGOS 698/2016, ECLI ES:APBU:2016:698, DE 7-11-2016

Notas:

1.- caso no se vulnera el derecho de propiedad del actor ni la posesión sobre su propia finca, pues la obra litigiosa objeto de la suspensión se ejecuta en su totalidad dentro de los límites de la finca del actor, la señalada(…) , sin que exista extralimitación, o se realice invasión, por mínima que sea, del suelo, subsuelo o vuelo de la finca no NUM001 de la citada calle perteneciente al actor

2.- Tampoco cabe invocar la vulneración de un derecho real del que sea titular, o aparente titular, el actor, y en concreto el derecho de servidumbre de luces y vistas, en cuya vulneración fundamenta la sentencia de instancia para acordar la paralización de la obra, sobre la base que la edificación no respeta el retranqueo de tres metros impuesto por el art. 585 del Código Civil cuando existe dicha servidumbre. Pero en este caso el propio letrado del actor reconoció en la vista celebrada en segunda instancia que no ostenta derecho de servidumbre de luces y vistas que grave la finca del demandado y que le obligue a retranquearse tres metros conforme el citado precepto. Y ello no puede ser de otra forma pues ni siquiera desde el punto de vista indiciario o de la apariencia se puede considerar que exista tal derecho de servidumbre, dado que tal como señala con acierto la parte apelante en su escrito de recurso, estamos ante una servidumbre continua, aparente y negativa que sólo puede adquirirse en virtud de título y usucapión de veinte años computable desde que se realiza un acto obstativo( arts. 532 , 533 , 537 y 538 del Código Civil , y la jurisprudencia que interpreta tales preceptos y que por conocida es de innecesaria cita), siendo caso que ni se invoca título alguno que ampare tal servidumbre ni se alega la existencia de un actor obstativo que permita computar el tiempo de prescripción o usucapiónen los términos del art. 538 del CC . No puede por ello fundarse la suspensión de la obra nueva en la vulneración de lo dispuesto en el art. 585 del CC que impide al dueño del predio sirviente edificar a menos de tres metros de distancia desde la propiedad del predio dominante computada conforme el art. 583 del CC .

3.- Reconoce que las ventanas y huecos abiertos en el edifico que el demandado proyecta construir respetan las distancias previstas en el art. 582 del CC ,es decir los dos metros las que tienen vistas rectas y de sesenta centímetros las que tienen vistas oblicuas, en ambos casos computadas las distancias conforme el art. 583 del CC .

En definitiva la continuación y terminación de la obra litigiosa promovida por el demandado no conlleva vulneración del derecho de propiedad, posesión o derecho real que pueda invocar el actor como titular o incluso como titular aparente, y por ello cabe señalar que no conlleva un perjuicio patrimonial propiamente dicho, que es lo que se pretende evitar con la suspensión o paralización de la obra nueva

4.- reiterada jurisprudencia la vulneración de las normas urbanísticas o de los planes urbanísticos no tiene cabida en el ámbito de juicio verbal de suspensión de obra nueva, en el cual sólo pueden invocarse la lesión de derechos patrimoniales protegidos por las normas civiles, pues la vulneración de las normas urbanísticas de naturaleza administrativa y que operan como límites de la propiedad en la que se realiza la construcción, pero sin conferir derechos propiamente dichos a los dueños de los predios colindantes, debe invocare en el correspondiente ámbito administrativo, y en su caso en el contencioso administrativo, en el cual se podrá alegar que la obra carece de licencia, que tal licencia es contraria a la normativa vigente, o que la obra ejecutada no se ajusta a la licencia concedida, caso en el cual en dicho ámbito administrativo se podrán adoptar medidas para restaurar la legalidad urbanística vulnerada,paralizando las obras contrarias a la misma o incluso acordando la demolición de lo construido con infracción de la normativa. Y en tal sentido sólo cabe reiterar la jurisprudencia al respecto citada por la parte apelante en su escrito de recurso, pudiendo en especial citarse la Sentencia no 85/2016, de 19 de febrero de 2016 de la Sala Civil del Tribunal Supremo , referente a un juico sobre servidumbre de luces y vistas, y en la cual se señala que ” En realidad en el motivo se está denunciando la infracción de norma administrativa de carácter urbanístico, complementando la alegación con cita de normas civiles para justificar su interposición, planteando así una cuestión puramente administrativa que no corresponde resolver a la jurisdicción civil, a la que compete exclusivamente la declaración sobre los derechos de carácter privado y únicamente habrá de conocer de cuestiones no civiles cuando tengan carácter prejudicial no penal, esto es cuando resulte imposible pronunciarse sobre los derechos civiles en conflicto si no se aborda previamente la cuestión -ajena al orden civil- sobre la que se pronunciará en tal caso la jurisdicción civil “a los solos efectos perjudiciales y sin efecto alguno fuera del proceso”. No es este el caso ya que la resolución sobre la existencia de la servidumbre y su ejercicio corresponde a esta jurisdicción sin perjuicio de que, si el titular del predio sirviente entiende que se han ejecutado obras contrarias a la legalidad urbanística pueda conseguir su supresión o demolición mediante la correspondiente denuncia ante la Administración “. Asimismo ya la Sentencia de este Tribunal no 206/2014, de 12 de septiembre , señala que en el juico verbal de suspensión de obra nueva no puede invocarse la vulneración de normas urbanísticas o intereses públicos para fundar la paralización de la obra litigiosa, y que solamente cabe apreciar si s infringen normas civiles que suponen la vulneración de derechos patrimoniales como lo son la propiedad, la posesión o derechos reales.

5.- No todo perjuicio pude invocarse como fundamento para suspender una obra nueva, sino sólo aquellos perjuicios que son jurídicamente relevantes, en concreto los perjuicios que no existe la obligación jurídica de soportar, y los efectos reflejos o indirectos de una edificación no pueden invocase como perjuicios que uno no tiene la obligación de soportar, con la salvedad reiterada de las obras que vulneran derechos patrimoniales o la normativa urbanística, si bien en este caso la paralización debe acordarse en vía administrativa a salvo del supuesto referido del art. 49 del RDL 2/2008 . Igualmente no basta con invocar que la obra altea una situación de hecho preexistente, pues por principio toda obra supone tal alteración, y la posesión no se protege como simple hecho, sino como hecho con consecuencias jurídicas, es decir lo que se protege es el derecho a seguir poseyendo en el futuro, y tal derecho no existe cuando se invocan meros efectos reflejos de una obra.

ABUSO DEL DERECHO

Aunque me quede un corta y pega muy largo, este tipo de demandas causan unos daños evidentes para quien construye: suspenden plazos, alargan obras, etc.

Pues esto me lleva a una nota de un anuario del BOE, AQUÍ que en recopilación de jurisprudcncia incluye (tengo poco tiempo y hay palabras cortadas de fin de línea en el corta y pega, excentricidades de vagancia):

Abuso de derecho. Conducta procesal abusiva. Ejercicio abusivo del interdicto de obra nueva.–Con cita de la S de 31 de enero de 1992, dice la de 31 de julio de 1996 que «el proceso en sí es el ejercicio de un derecho constitucional a la tutela efectiva, que si no siempre ha de producir el éxito de la acción, no permite en modo alguno extraer o generalizar que el fracaso o abandono de una acción revele el carácter abusivo de un intento de ejercicio. La mera posibilidad jurídica de admitir un proceso tendente a obtener la reparación de los daños causados por otro proceso está admitida en la Ley Orgánica del Poder Judicial, en su artículo 11, en el Código Civil, artículo 7.1 y 2, cuando exigen respetar la buena fe y proscriben situaciones procesales constitutivas de abuso de derecho o fraude procesal. También lo admite la jurisprudencia (STS de 23 de noviembre de 1984). Pero la calificación de actuación abusiva ha de ser tomada con exquisito cuidado y riguroso análisis de la conducta procesal abusiva, para no coartar el ejercicio de acciones, así como con estricto estudio de las resoluciones procesales cuyo contenido puede ser esclarecedor. Cautelas que se reiteran en la S de 13 de octubre del mismo año 1992».

Después de referirse a los requisitos esenciales que configuran el abuso de derecho:

a)una actuación aparentemente correcta que indique una extralimitación y que por ello la ley deba privar de protección;

b) una actuación extralimitada que produzca efectos dañinos;

c) que dicha acción produzca una reacción del sujeto pasivo concretada en que pueda plantear una pretensión de cesación e indemnización, dice la S de 6 de febrero de 1999 que «dentro del área del concepto de abuso del derecho, existe un campo muy delimitado de actuación, como es el conocido doctrinalmente “abuso de derecho y derecho a litigar”, y que se puede definir como aquel aspecto del abuso de derecho relativo a determinar si incurre en responsabilidad aquella persona que dentro de una contienda judicial mantiene pretensiones manifestadamente indefinidas (sic) u orientadas a finalidades distintas a las naturales en la función social del proceso o del llamado “derecho a litigar”; en otro aspecto, es el de si el litigante a quien se ha producido daños como consecuencia de la actividad procesal la otra parte, está amparado por las reglas de la responsabilidad civil, de suerte que puede ejercitar la acción de responsabilidad contractual del artícu- lo 1902 CC contra el causante del perjuicio, esgrimiendo la existencia de una iusta causa litigandis. No se puede olvidar que el núcleo duro de la actual cues- tión judicial radica en el ejercicio de una acción interdictal de obra nueva por la parte, ahora recurrida, contra la parte, ahora recurrente, y en dicho proceso parte demandada. Además hay que resaltar que en juicio interdictal de obra nueva, aparte de acordarse la suspensión de la obra de forma inaudita parte y sin necesidad de aportar la pretensión ni siquiera prueba ni información testifical o documental, se puede instar o lograr la paralización de una obra, que puede producir importantes perjuicios para el dueño de la obra». En el supuesto contemplado por esta sentencia de 1999, no se dio lugar a la pretensión indemnizatoria aunque la demanda interdictal fue desestimada en ambas instancias porque «como muy bien se infiere de la sentencia recurrida en su fac- tum, en absoluto, ya que en dicho proceso sumario interdictal se ejerciera una pretensión patentemente temeraria o infundada».

En relación con la cuestión aquí debatida, dice la S de 15 de abril de 2003 que «la jurisprudencia se ha pronunciado en numerosas ocasiones sobre este tema». La S de 5 de junio de 1995 dice «la viabilidad de la petición de resarcimiento de daños y perjuicios causados por actuaciones judiciales, precisa que la parte que las puso en marcha haya actuado con actuación dañosa o al menos con manifiesta negligencia». Y añade: «los daños y perjuicios que acreditadamente sean consecuencia directa e inmediata del ejercicio de una acción interdictal de obra nueva, han de reputarse indemnizables en vía de reparación en los casos en que esta acción resulte ser claramente infundada y así se declare en la sentencia o al menos resulte de ella sin asomo de duda». Lo que reitera la de 3 de julio de 1997 al decir: «la evidencia de estarse ante una acción interdictal “clara o manifiestamente infundada” ha de extraerse necesariamente del contenido de la propia sentencia recaída en el juicio interdictal». La de 28 de marzo de 1998 recoge la doctrina sentada en la anterior de 27 de mayo de 1988 y dice: «dado el carácter excepcional de esta institu- ción y la exigencia de que en los supuestos en que se estime la existencia de abuso ha de ser patente la intención de perjudicar o la falta de finalidad seriegítima del sujeto, al lado de la situación objetiva de anormalidad o exceso en el ejercicio del derecho actuado (así, entre otras SS recientes, las de 31 de diciembre de 1985, 5 de abril y 9 de octubre de 1986 y 8 de julio y 17 de septiembre de 1987). Pero ello no excluye –sigue diciendo la sentencia que reseñamos– que, producidos y debidamente acreditados unos daños y perjuicios como consecuencia directa e inmediata del ejercicio de una acción interdictal de obra nueva que resulte claramente infundada y así se declare en la sentencia, la parte que ocasionó aquéllos deberá responder de los mismos procediendo a su reparación, por cuanto la indemnización de daños y perjui- cios en el ámbito civil ofrece un carácter reparador y no propiamente puniti- vo o sancionador». Y añade la de 26 de octubre de 1998: «La jurisprudencia de esta Sala ha tenido ocasión de decidir controversias análogas a las presentes, para estimarlas procedentes cuando se acredita una persistencia totalmente injustificada en mantener en suspenso las obras iniciadas».

  • Actuación dañosa
  • Manifiesta negligencia
  • Claramente infundada

Sobre abuso del derecho en otras vertientes, aquí os dejo links del fantástico blog de luis cazorla.