Archivo de la categoría: DERECHO PROCESAL CIVIL

El error judicial. Doctrina de Sala actualizada.

El error judicial. Doctrina de Sala actualizada.

En este blog hemos analizado el error judicial en un post de 12-4-2014, AQUÍ.

Hoy os mostramos un corta y pega de lo más reciente de STS 1797/16, ECLI:ES:TS:2016:1797 , de 29, abril de 2016, recurso 1/2015, resolución 281.

FD 2º:

1.- Jurisprudencia sobre el error judicial . Debemos partir de la jurisprudencia consolidada de esta Sala sobre el error judicial:

«(E)l error judicial, fuente del derecho a obtener una indemnización que reconoce a los perjudicados el artículo 121 CE , ha de tener la gravedad que implícitamente exige el artículo 292.3 LOPJ (pues en él se establece que la mera revocación o anulación de las resoluciones judiciales no presupone por sí sola derecho a la indemnización) y que la jurisprudencia reclama ( SSTS de 25 de enero de 2006, EJ n.o 32/2004 , 4 de abril de 2006, EJ n.o 1/2004 , 31 de enero de 2006, EJ n.o 11/2005 , 27 de marzo de 2006, EJ n.o 13/2005 , 13 de diciembre de 2007, EJ n.o 20/2006 , 7 de mayo de 2007, EJ n.o 10/2005 y 12 de diciembre de 2007, EJ n.o 35/2004 ), en consonancia con el carácter extraordinario de una institución mediante la que se ordena el resarcimiento por el Estado de los daños causados por una sentencia dictada en el ejercicio de la función jurisdiccional con fuerza de cosa juzgada.

»Por ello, de acuerdo con nuestra jurisprudencia, el error judicial debe circunscribirse a las decisiones de hecho o de Derecho que carecen manifiestamente de justificación ( SSTS de 26 de noviembre de 1996 y 8 de mayo de 2006 ), pues admitir otros supuestos de error implicaría utilizar el trámite para reproducir el debate sobre las pretensiones planteadas cual si se tratara de una nueva instancia o de un recurso en detrimento de la fuerza de cosa juzgada de las decisiones judiciales y de la independencia reconocida a los tribunales.

»La solicitud de declaración de error judicial, en suma, exige no solamente que se demuestre el desacierto de la resolución contra la que aquélla se dirige, sino que ésta sea manifiestamente contraria al ordenamiento jurídico o haya sido dictada con arbitrariedad» [ Sentencia 654/2013, de 24 de octubre , que cita otra anterior de 2 de marzo de 2011 (EJ no 17/2009)].

(…)

El error judicial no es una instancia en la que pueda revisarse un previo enjuiciamiento. El error judicial, para que lo sea a los efectos del art. 293 LOPJ , debe ser algo manifiestamente contrario al ordenamiento jurídico o que conste dictado con evidente arbitrariedad. Y nada de ello ocurre en el presente caso.

(…)

Según la jurisprudencia de esta Sala, «(e)sta exigencia se explica por la necesidad de agotar todos los medios que permiten que se dicte una sentencia ajustada a derecho antes de acudir a un remedio excepcional y subsidiario como es el de la declaración de error judicial, que no permite que el justiciable obtenga la sentencia correcta y vea satisfecho su derecho con cargo a quien debe serlo, la parte contraria en el litigio, sino que constituye un requisito para que dicho justiciable reclame una indemnización con cargo a las arcas públicas» ( Sentencias 830/2013, de 14 de enero de 2014 , y 47/2014, de 12 de febrero ).

En un supuesto como el presente, en que el error judicial denunciado se habría cometido en una sentencia contra la que no cabe recurso alguno, hemos venido entendiendo que antes de la demanda de error judicial debía haberse agotado la vía judicial previa mediante el incidente de nulidad de actuaciones:

«el incidente de nulidad de actuaciones, aunque no sea propiamente un recurso, es un mecanismo de singular idoneidad que no cabe omitir, aunque dentro de su ámbito o alcance, en la previsión del art. 293.1.f) LOPJ . Y aunque la relevancia del medio de impugnación se manifiesta especialmente como mecanismo de agotamiento de la vía judicial previa en relación con la naturaleza subsidiaria del recurso de amparo (por todas, STC 32/2010, del 8 de julio ), ello no obsta a su singular idoneidad en otras perspectivas, siempre en orden a restablecer eventuales vulneraciones de derechos fundamentales (por todas, STC 43/2010, de 26 de julio ), y a su carácter de exigencia previa inexcusable antes de acudir a vías de reparación excepcional de derechos, entre ellos la que aquí se enjuicia de error judicial» ( Sentencias 650/2010, de 27 de octubre , y 47/2014, de 12 de febrero ).

No consta que, con carácter previo a la interposición de la demanda, se hubiera instando la nulidad de actuaciones, lo que constituye otra razón para, como alegan la Abogacía del Estado y el Ministerio Fiscal, la desestimación de la demanda.

Así que no solo hay que ganar una demanda por error judicial sino que también hay que “instar” una nulidad de actuaciones con lo que ello significa.

 

3 comentarios

9 mayo, 2016 · 19:13

Doctrina de la Sala 1ª del TS sobre el Recurso extraordinario por infracción procesal.

Hoy os traemos un resumen sobre la doctrina de la Sala 1ª del TS sobre el Recurso extraordinario por infracción procesal. No lo voy a entrecomillar para poder apreciar las propias comillas del TS. El post de hoy es la madre de todos los copy and paste (así suena más molón). Yo aporto el énfasis en negrita y subrayado.

La STS 975/2016 – ECLI:ES:TS:2016:975 Id Cendoj: 28079110012016100134 , de 10-3-2016, remite a la STS de 22-1-2015, rec 1249/2013 que dice:

  1. a) En nuestro sistema el procedimiento civil sigue el modelo de la doble instancia y ulteriores recursos extraordinarios. El examen pleno del material fáctico objeto del proceso, y de la actividad probatoria que ha servido para considerar probados determinados hechos controvertidos, corresponde a los tribunales de primera instancia y de apelación. La admisión del recurso extraordinario por infracción procesal no da paso a una tercera instancia en la que fuera de los supuestos excepcionales se pueda volver a exponer toda la complejidad fáctica del litigio, pretendiendo su reinterpretación por el tribunal de casación y el replanteamiento general de la revisión de la valoración de la prueba, ya que esta es función de las instancias y las mismas se agotan en la apelación. Por esa razón, ninguno de los motivos que en relación cerrada enumera el artículo 469 de la Ley de Enjuiciamiento Civil se refiere a la revisión de la base fáctica y la valoración de la prueba ( STS 4 de septiembre de 2014, Ro. 2733/2012 ). Solo cabe su revisión cuando conculque el artículo 24.1 de la Constitución Española por incurrir en error de hecho palmario, irracionalidad o arbitrariedad.
  2. b) Es por ello que constituye doctrina de esta Sala (SSTS de 8 de abril de 2014, Rc. 1581/2012 ; 18 de febrero de 2013, Rc. 1287 y 4 de enero de 2013, Rc. 1261/2010 entre las más recientes) que « la restrictiva doctrina desarrollada durante la vigencia de la LEC 1881 sobre el control en casación de la valoración arbitraria o ilógica de la prueba, mantiene su vigencia, si bien ahora dentro del ámbito del recurso extraordinario y, en esta línea, se ha venido admitiendo con carácter excepcional, la impugnación de la prueba ( Sentencias de fechas 28 de noviembre de 2007 , 16 de marzo de 2007 , 29 de septiembre de 2006 , 28 de julio de 2006 , 23 de junio de 2006 , 16 de junio de 2006 , 12 de mayo de 2006 , 9 de mayo de 2005 , 29 de abril de 2005 y 8 de abril de 2005 , entre las más recientes), indicando que la valoración de la prueba corresponde en principio a la Sala de instancia, debiéndose reducir su examen en esta sede a problemas de infracción, en concreto de una regla de valoración, al error patente y a la interdicción de la arbitrariedad o irrazonabilidad (Sentencias del Tribunal Constitucional 63/1984, 91/1990, 81/1995, 142/1999, 144/2003, 192/2003; y de esta Sala de 24 de febrero y 24 de Julio de 2000 y 15 de marzo de 2002 entre otras muchas)».

Descendiendo a respuestas singulares viene declarando la jurisprudencia, en síntesis, lo siguiente: ( STS 25 de junio de 2014; Rc. 3013/2012 ):

  • que no es posible atacar la valoración conjunta de la prueba, o lo que es igual, que la parte no puede pretender una nueva valoración conjunta distinta a la del tribunal de instancia a quien corresponde esta función soberana ( SSTS de 13 de noviembre de 2013, Rc. n.o 2123/2011 ; 8 de octubre de 2013, Rc. 778/2011 ; 30 de junio de 2009, Rc. 1889/2006 y 29 de septiembre de 2009, Rc. 1417/2005 );
  • tampoco puede atacar esa valoración conjunta mediante la impugnación de pruebas concretas ni pretender que se dé prioridad a un concreto medio probatorio para obtener conclusiones interesadas, contrarias a las objetivas y desinteresadas del órgano jurisdiccional ( SSTS de 11 de diciembre de 2013, Rc. 1853/2011 ; 14 de noviembre de 2013, Rc. 1770/2010 ; 13 de noviembre de 2013, Rc. 2123/2011 y 15 de noviembre de 2010, Rc. 610/2007 , que cita las de 17 de diciembre de 1994, Rc. 1618/1992 ; 16 de mayo de 1995 , Rc. 696/1992 ; 31 de mayo de 1994 , Rc. n.o 2840/1991 ; 22 de julio de 2003, Rc. 32845/1997 ; 25 de noviembre de 2005, Rc.1560/1999 ) pues « el hecho de que no se tomen en consideración determinados elementos de prueba relevantes a juicio de la parte actora carece de trascendencia y no significa que no hayan sido debidamente valorados por la sentencia impugnada, sin que las exigencias de motivación obliguen a expresar este juicio ( STS de 8 de julio de 2009, RC n.o 13 / 2004 ) a no ser que se ponga de manifiesto la arbitrariedad o error manifiesto» ( SSTS de 15 de noviembre de 2010, Rc. no 610/2007 y 26 de marzo de 2012, Rc no 1185/2009 ).

En esta sentencia se aprecia error en la valoración de la prueba en la Sentencia recurrido, con la siguiente motivación:

«Como recoge la sentencia 243/2013, de 18 de abril, el Tribunal Constitucional , en su labor de interpretación delartículo 24 de la Constitución Española , ha elaborado la doctrina del error patente en la valoración de la prueba, destacando su directa relación con los aspectos fácticos del supuesto litigioso. Así, en las sentencias 55/2001, de 26 de febrero , 29/2005, de 14 de febrero , y 211/2009, de 26 de noviembre , en la que destacó que “concurre error patente en aquellos supuestos en que las resoluciones judiciales parten de un presupuesto fáctico que se manifiesta erróneo a la luz de un medio de prueba incorporado válidamente a las actuaciones cuyo contenido no hubiera sido tomado en consideración “. En la mencionada número 55/2001, de 26 de febrero, el Tribunal identificó los requisitos de necesaria concurrencia para que quepa hablar de una vulneración de la tutela judicial efectiva por la causa que estamos examinando y se refirió, en particular, a que el error debe ser patente, es decir, “inmediatamente verificable de forma incontrovertible a partir de las actuaciones judiciales, por haberse llegado a una conclusión absurda o contraria a los principios elementales de la lógica y de la experiencia “.

Por ello no todos los errores sobre valoración de la prueba tienen relevancia constitucional, sino que como recoge la sentencia de nuestra Sala de 28 de junio 2012 es necesario que concurran como requisitos los siguientes:

  1. que se trate de un error fáctico, – material o de hecho -, es decir, sobre las bases fácticas que han servido para sustentar la decisión; y
  2. que sea patente, manifiesto, evidente o notorio, lo que se complementa con el hecho de que sea inmediatamente verificable de forma incontrovertible a partir de las actuaciones judiciales.»

Deja un comentario

12 abril, 2016 · 10:00

Denegación de prueba como infracción procesal. Sentencia para conservar

Hoy os aporto este precioso extracto de una sentencia sobre en qué medida la denegación de la prueba puede justificar un recurso extraordinario por infracción procesal. Contenida en STS845/2010 de 10 de diciembre, reproducida en STS 560/2012, de 2 de octubre:

Tal y como ha señalado esta Sala (por todas, STS de 23 de marzo de 2010, RC n. 1335/2006 (RJ 2010, 3922) ) el derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes para la defensa reconocido en el artículo 24.2 CE ( RCL 1978, 2836 ) , implica, según la jurisprudencia constitucional, que este derecho garantiza a las partes la posibilidad de impulsar una actividad probatoria acorde con sus intereses ( SSTC 173/2000, de 26 de junio ( RTC 2000, 173 ) , FJ 3 , 131/1995, de 11 de septiembre(RTC1995,131),FJ2y1/2004,de14deenero(RTC2004,1),F2).

 

El alcance de este derecho está sujeto a una delimitación de diverso sentido, a la que se ha referido esta Sala en la STS de 22 de febrero de 2006, RC n. 2355/1999 (RJ 2006, 901) , y que se resume en las siguientes características:

 

  • El art. 24.2CE , que se refiere a la utilización de los medios de prueba «pertinentes», implica que su reconocimiento no ampara un hipotético derecho a llevar a cabo una actividad probatoria ilimitada, en virtud de la cual las partes estarían facultadas para exigir cualesquiera pruebas que tengan a bien proponer, sino que atribuye sólo el derecho a la admisión y práctica de las que sean pertinentes, entendiendo por tales aquellas pruebas que tengan una relación con el thema decidendi [supuesto que debe decidirse] ( SSTC 147/2002, de 15 de junio (RTC2002,147),FJ4;70/2002,de3deabril(RTC2002,70),FJ5;165/2001,de16dejulio(RTC2001,165),FJ2a);y96/2000,de10deabril(RTC2000,96 ) , FJ 2]), pues lo contrario significaría que se pudiese alargar indebidamente el proceso o se discutiesen cuestiones ajenas a su finalidad ( AATC 96/1981, de 30 de septiembre ( RTC 1981, 96 ) , FJ 2 ; 460/1983, de 13 de octubre ( RTC 1983, 460 ) , FJ 6 ; y 569/1983, de 23 de noviembre , FJ 6), vulnerándose así el derecho de las otras partes a obtener un proceso sin dilaciones indebidas reconocido también en el art. 24.2CE ( STC 17/1984, 7 de febrero ( RTC 1984, 17 ) , FJ 4 ).

 

  • Tratándose de un derecho de configuración legal, la garantía que incorpora ha de realizarse en el marco legal establecido en el ordenamiento jurídico respecto a su ejercicio ( SSTC 173/2000, de 26 de junio, FJ 3 , y 167/1988, de 27 de septiembre ( RTC 1988, 167 ) , FJ 2). Es preciso, por un lado, que la parte legitimada haya solicitado la prueba en la forma y momento legalmente establecido y que el medio de prueba esté autorizado por el ordenamiento ( STC 236/2002, de 9 de diciembre ( RTC 2002, 236 ) , FJ 4 ; 147/2002, de 15 de junio , FJ 4 ; 165/2001, de16dejulio,FJ2;y96/2000,de10deabril,FJ2).

 

  • Es exigible que se acredite por la parte recurrente, a quien corresponde la carga procesal correspondiente, la existencia de una indefensión constitucionalmente relevante [por todas, STC 157/2000, de 12 de junio ( RTC 2000, 157 ) , FJ 2 c)]; cosa que se traduce en la necesidad de demostrar que la actividad probatoria que no fue admitida o practicada era decisiva en términos de defensa ( STC 147/2002, de 15 de julio ( RTC 2002, 147 ) , FJ 4 ), esto es, que hubiera podido tener una influencia decisiva en la resolución del pleito ( STC 70/2002, de 3 de abril , FJ 5 ), al ser susceptible de alterar el fallo en favor del recurrente ( STC 116/1983, de7dediciembre(RTC1983,116),FJ3)”.

2 comentarios

21 febrero, 2016 · 10:49

NULIDAD DE LAS ACTUACIONES POR IMPOSIBILIDAD DE ESCUCHAR EL AUDIO DE LA VISTA.

NULIDAD DE LAS ACTUACIONES POR IMPOSIBILIDAD DE ESCUCHAR EL AUDIO DE LA VISTA.

Hay juzgados de primera y juzgados de segunda. En los de primera hay una especie de servidor que una vez acabada la vista esperas un tiempo, insertas una memora flash en pen drive y obtienes una copia de la vista. En los de segunda hay que subir, pedirlo por escrito y te lo dan en un cd.

Esto es relevante porque a veces (el 100% de ellas en mi caso) cuando hay un recurso veo de nuevo la vista –hace tiempo que perdí la vergüenza de verme hablando cosas sin sentido- y desde la prueba practicada armo parte del recurso cuando no todo.

Pero, muchas veces las vistas no se escuchan bien. Antes estaba el acta del Sr Secretario pero ahora ya no están. ¿Qué pasa si no se pueden escuchar total o parcialmente?

Esto lo solucionamos aquí en casa, en la AP de Tenerife, SAP TF 1710/2014, STAP 237/2014 de 2-5-2014, del siguiente modo:

(…)la apelante insta la nulidad del juicio (por cierto, sin citar precepto o jurisprudencia alguna) toda vez que no resulta posible repasar las declaraciones de tal Contador- Partidor al estar deficientemente grabado el acto del juicio en el soporte informático. Concretamente al no poderse oír las declaraciones, pues falla el “audio” de la grabación, que es el elemento clave, pues la grabación de imágenes resulta marginal o prescindible.

 

Sobre la nulidad de actuaciones ( art. 238 LOPJ y 225 y ss. LECv.) es de indicar que la doctrina es, en general, renuente a su imposicion, dada la dilacion procesal que conlleva, tanto la de orden constitucional (STCo. 22-20-90), como la ordinaria ( STS 2-10-09 ).

 

Pero, por excepción, en el caso de autos se hace preciso adoptar la siempre lamentable, pero aquí inevitable nulidad de actuaciones, pues concurren los dos requisitos legales: de un lado, la infracción de preceptos procesales, concretamente la de los arts. 146, 147, 382 y 383 de la LECv. que imponen el levantamiento del acta del juicio por el Secretario o su grabación en soporte informático, que se ha de entender audible porque de lo contrario no hay utilidad alguna en el acta (el fallo en el visionado de las imágenes, en cambio, no parece relevante, como ya se dijo, salvo que hayan habido incidencias especiales); de otro lado, la indefensión efectiva, porque no es posible articular el recurso sin conocer las manifestaciones del contador- partidor sobre los errores aritméticos de distribución del haber hereditario, que, según la recurrente, reconoció en e acto del juicio. Por lo demás, este es el criterio mayoritario de las AAPP cuando el contenido del acta es relevante ( SAP Salamanca 3-12-04 , entre otras).

 

Por tanto, se debe decretar la nulidad de actuaciones para que las declaraciones del contador-.partidor queden reflejadas, si bien no parece preciso anular el acto del juicio, sino sólo la Sentencia, pues esta declaración podrá efectuarse por el más sencillo instrumento procesal de la Diligencia Final de los arts. 435 y 436 LECv., en la que tienen trámite de alegaciones las partes, además de intervenir en ella, con lo que la nulidad de actuaciones de reduce a lo imprescindible.

 

En consecuencia:

La nulidad de actuaciones es una excepción y que el tribunal que lo aplique va a ser siempre reticente.

Requisitos:

Infracción procesal cuando:

No hay levantamiento del acta.

Es inaudible todo o parte que sea necesaria y relevante para el objeto del pleito.

Indefensión efectiva.

1 comentario

1 febrero, 2016 · 10:00

La actio nata en responsabilidad por daño por lesiones

La actio nata en responsabilidad por daño por lesiones

La Sentencia de hoy Roj: STS 5144/2015 – ECLI:ES:TS:2015:5144 Id Cendoj: 28079110012015100659, de 30-11-2015, que básicamente expone que Fulanita demando a Meganito –seguro- y en instancia gana el seguro por prescripción.

Bla, bla, bla y llegamos al Supremo discutiendo el momento de inicio del cómputo del plazo.

Esta Sala de forma reiterada viene declarando que para el inicio del cómputo de la acción destinada a reclamar una indemnización de daños y perjuicios, en su caso, se habrá de estar a la firmeza de la declaración administrativa de incapacidad ( art. 1969 C. Civil ), momento desde el que el perjudicado conoce con exactitud las consecuencias de sus secuelas ( sentencia de 20 de septiembre de 2011, rec. nº 792/2008 ), lo que se precisa para valorar las interacciones con la capacidad laboral, en orden al respeto del principio de indemnidad ( sentencia de 22 de julio de 2008, rec. nº 430 de 2002 ).

En la sentencia recurrida se declara que pudo ejercitarse la acción desde que se declaró administrativamente la incapacidad por el INSS, el 21 de febrero de 2008, pues en la posterior impugnación ante la jurisdicción social se aceptaba que la incapacidad era permanente y total, pero pretendía que se declarase que procedía de accidente profesional. En la sentencia impugnada se razonaba que ello podría tener consecuencias sobre la pensión pero no sobre la cuantía que se concediese en este procedimiento en base al baremo que determina la valoración de las lesiones. Por el contrario, el recurrente entiende que en la sentencia de la Sala de lo Social del TSJA de Andalucía, antes citada, se determinaba que el origen de las secuelas es profesional, es decir, procedente del accidente “in itinere”.

La mencionada sentencia de la Sala de lo Social declara que al actor se le reconoció una incapacidad permanente total cualificada derivada de enfermedad común por padecer síndrome de latigazo cervical sobre raquis degenerativo, cervicobraquialgia bilateral, lumbociática derecha, listesis L4-L5 y protusiones L1-L2 y L5- S1, y lo que da lugar a la declaración de incapacidad permanente son dos padecimientos de columna, por un lado la cervical, y, por otro, la lumbar, y presentando síndrome de latigazo cervical sobre raquis degenerativo y cervicobraquialgia bilateral, ya hubiese dado lugar a la declaración de incapacidad permanente total para su profesión de peón de albañil, porque es indudable que los requerimientos físicos y de continuos movimientos y sobreesfuerzos del raquis cervical son incompatibles con los padecimientos que presenta, y por ello es de aplicación la doctrina reiterada de que si se había trabajado con normalidad y se desencadena o sale de su estado latente, se agrava o se agudiza la enfermedad en el trabajo o como consecuencia del mismo, ha de considerarse accidente de trabajo en interpretación del artículo 115.2.f) de la Ley General de la Seguridad Social , como señaló el Tribunal Supremo en sentencias de 7 de marzo de 1.989 , 21 de enero de 1.991, y esta Sala de lo Social de Sevilla en sentencias de 28 de marzo de 2.000 , 11 de junio de 2.001 , 17 de enero de 2.003 , 26 de febrero de 2.004 y 25 de febrero de 2.005 , sin que el hecho de que presentase un raquis degenerativo sea suficiente para desligar el accidente sufrido con las residuales que generan la incapacidad, sin que pueda decirse que los padecimientos lumbares son superiores a los cervicales, y que por ello ya debe declararse derivada de enfermedad común, porque, además de que, como dijimos, los padecimientos cervicales son suficientes para dar lugar a una incapacidad permanente, dada la profesión del actor, de la lumbociática derecha y de la listesis L4-L5 no existen imágenes definitivas de sufrimiento radicular, según la resonancia magnética de noviembre de 2.007 que consta en el hecho probado noveno, y la espondilolistesis L4-L5 es de grado I, e incluso en marzo de 2.008 el TAC de columna lumbosacra que se realiza referido a la L4, no evidencia espondilisis, por lo que aunque la incapacidad es el resultado del conjunto de todos los padecimientos del actor, lo cierto es que la imposibilidad para trabajar ha devenido a raíz del accidente sufrido, y los padecimientos que le han quedado, sobre todo los cervicales, se desencadenaron o salieron de su estado latente como consecuencia del accidente, ya que no consta padecimiento ni baja alguna anterior, lo que es suficiente, en aplicación de la doctrina antedicha, para estimar el recurso y declarar que la incapacidad permanente total cualificada que tiene concedida el actor deriva de accidente de trabajo. Del anterior párrafo se deduce que la interposición de la demanda ante la jurisdicción social tenía una influencia determinante en la resolución del litigio y en la valoración de las secuelas. No en vano la demandada al contestar la demanda, pese a la declaración administrativa de incapacidad permanente total, pretende que se declare la parcial por la existencia de enfermedades degenerativas previas, concretando el valor de la incapacidad en 2.000 euros

En conclusión, la sentencia recurrida infringe la doctrina jurisprudencial dado que la “firmeza” de la declaración administrativa de incapacidad era precisa para la exacta determinación de las consecuencias lesivas en orden a la baremación de las mismas, no habiendo quedado cerrado el tema tras la resolución del INSS de 21 de febrero de 2008. Se ratifica la doctrina jurisprudencial emanada, entre otras, de las citadas sentencias de 20 de septiembre de 2011 y 2 de julio de 2008 , en el sentido de que para el inicio del cómputo de la acción destinada a reclamar una indemnización de daños y perjuicios, en su caso, se habrá de estar a la firmeza de la declaración administrativa de incapacidad, momento desde el que el perjudicado conoce con exactitud las consecuencias de sus secuelas.

Deja un comentario

22 diciembre, 2015 · 10:10

El nuevo procedimiento declarativo verbal.

El nuevo procedimiento declarativo verbal.

MODIFICACIONES DE LA LEC por la LEY 42/2015, de 5 de octubre.

Hoy recordamos uno de los horrores del año para los que no tenemos tiempo para estudiar si queremos sacar el trabajo, disfrutar de nuestras familia y además vivir que es una cosa muy saludable.

Hoy traemos aquí en mi intento y esfuerzo de ir estudiando las cosas la ley 42/2015 de 5 octubre de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil

Si, aunque no lo creáis se modificó y entró en vigor el 7 de octubre – Oh sorpresa-. Aquí os dejo un fantástico cuadro comparativo a cargo del ICAM. Y no me seáis pájaros que algunos ya lo tuvisteis que sufrir al recibir del juzgado la obligación del presentar el escrito de contestación.

Una de los procedimientos que cambia es el procedimiento declarativo verbal y no cambia poco. Cambia mucho, mucho. Solo voy a incluir aquí lo que me parece más llamativo. El lector habitual

1.- El art 437 Forma de la demanda. Acumulación Objetiva y Subjetiva.

Lo que más llama la atención es el 437.1 LEC que cambia la naturaleza del procedimiento (llamadme exagerado) pero de la demanda sucinta pasamos al la demanda con contenido y forma propios del juicio ordinario.

No van a admitir acumulación objetiva de acciones a salvo de una serie de excepciones que no voy a detallar.

2.- El art 438 LEC. Admisión de la demanda y contestación. Reconvención.

La contestación es por escrito en un plazo máximo de diez días. Cambio brutal. Si no comparecen en plazo será declarado en rebeldía. Directamente.

El demandado deberá pronunciarse, necesariamente, sobre la pertinencia de la celebración de la vista en el escrito de contestación.

El demandante a los tres días desde el traslado de la contestación.

¿Cómo lo pedimos?: pues por otrosí, entendiendo.

¿qué pasa si no lo pedimos? Pues a saber. Cómo cada juzgado es un mundo pues va a ser lo de siempre.

En teoría:

  • partimos que si la demandada pide vista, pues hay vista.
  • Si la demandada no pide vista y el actor no dice nada en esos tres días será el juez.
  • El juez cuando le venga en gana.

Pues más o menos esto es todo lo relevante. Hay más cosas pero son más de matices. Ojo en todo caso a la prohibición de acumulación de acciones con sus excepciones.

Deja un comentario

17 diciembre, 2015 · 9:42

EL BUROFAX NO ES RECOGIDO. LA NOTIFICACIÓN ES VÁLIDA. PRINCIPIO DE AUTORRESPONSABILIDAD

EL BUROFAX NO ES RECOGIDO. LA NOTIFICACIÓN ES VÁLIDA. PRINCIPIO DE AUTORRESPONSABILIDAD

Este es un gran problema con una difícil solución. No es lo mismo una notificación administrativa que una civil, etc.

La Sentencia de hoy solo va a servir a aquellos que ejercitáis acciones en Tenerife porque hoy nos miramos el ombligo y traemos la STAP de Tenerife 482/2012 de 3-12-2012 (desconozco si hay algo más reciente) Rollo, 519/2012.

Todos nos hemos mirado unos a otros en el despacho y dicho: el muy cab… dejó el burofax en correos ¿ahora qué? ¿vale, no vale? ¿entendemos que está requerido?

He visto de todo en varias AP, no encontré nada en el TS –si alguien tiene que la comparta-. En Tenerife tengo esta que entiende que:

“(…)la actora remitió el 9 de octubre de 2009, con anterioridad a la declaración del concurso, dos burofax, uno dirigido al domicilio de la entidad concursada que figura en el contrato, y el otro a una segunda dirección, en la que también desarrollaba la actividad, en los que le hacía saber su voluntad de resolver el contrato de incumplimiento reiterado de las obligaciones de pago de las cantidades adeudadas y le instaba a la devolución de la maquinaria suministrada para su distribución (cuya dominio se reservaba en el contrato hasta el completo pago); además, remitió la misma comunicación mediante correo electrónico a la dirección y dominio de la sociedad ( DIRECCION000 ), inserta en un archivo PDF adjunto al correo remitido. Se ha aportado testimonio notarial de la certificación de Correos en la que se resena la imposición de los burofax con tales direcciones y del correo electrónico en soporte papel del documento telemático, sin que este haya sido impugnado en su autenticidad..

 Sobre esta base, la Sala entiende que la comunicación de la resolución surtió sus efectos y debe partirse de su recepción por la concursada; en efecto, la copia (en soporte papel) del documento electrónico pone de manifiesto la realidad del correo remitido a un dominio de dicha entidad (“retrac”), lo que es expresivo que debió de ser conocido por esta. Ello no hace sino corroborar la eficacia de los burofax en función del principio o criterio de la autorresponsabilidad ( sentencias del Tribunal Supremo de 28 de Mayo de 1976 y 29 de Septiembre de 1981 , por ejemplo), en virtud del cual debe considerarse recibida la comunicación, aún en el supuesto de falta de recepción material del documento, si es emitida oportunamente la declaración por el requirente sin que llegue a conocimiento del destinatario por causas imputables a éste, siendo una de esas causas la de no poner en conocimiento del acreedor el cambio de domicilio en relación con el señalado en el contrato, criterio ya recogido por esta Sección en sentencias anteriores (sentencias de 22 de octubre de 2008 y 19 de noviembre de 2001 o la más reciente de 31 de enero de 2012 ).”

Conclusión:

NO RECOGER NOTIFICACIONES ES MAL.

7 comentarios

19 noviembre, 2015 · 20:43

¿El TS puede interpretar los contratos en casación?. Valoración de la prueba.

En la STS 2583/2013 de 16-6-2015 del siempre interesante ponente Salas Carceler, me encontré con un estupendo párrafo sobre la doctrina de la Sala sobre imposibilidad de la interpretación de los contratos por la Sala. En este sentido entiendo, quizá erróneamente, que los tribunales de instancia a los que refiere la Sala son Instancia  y Audiencias Provinciales.

La interpretación de los contratos ha de quedar fijada en la instancia y esta Sala ha reiterado que no cabe combatirla en casación salvo en los supuestos de notorio apartamiento de las normas que la disciplinan o que se haya efectuado de modo ilógico. La sentencia de esta Sala núm. 681/2014 de, 19 noviembre , recuerda que «constituye doctrina consolidada que la interpretación de los contratos es función de los tribunales de instancia, de tal manera que la realizada por estos ha de prevalecer y no puede ser revisada en casación en la medida en que se ajuste a los hechos considerados probados por aquella en el ejercicio de su función exclusiva de valoración de la prueba, salvo cuando se demuestre su carácter manifiestamente ilógico, irracional o arbitrario, sin que haya lugar a considerar infringidas las normas legales sobre interpretación de los contratos cuando, lejos de combatirse una labor hermenéutica abiertamente contraria a lo dispuesto en dichas normas o al derecho a la tutela judicial efectiva -por prescindir de las reglas de la lógica racional en la sentencia de las premisas, en la elaboración de las inferencias o en la obtención de las conclusiones-, el recurrente se limita en su recurso a justificar el desacierto de la apreciación -inherente a la labor interpretativa- realizada por el tribunal de instancia, con exclusivo propósito de sustituir una hipotética interpretación dudosa por sus propias conclusiones al respecto ya que también se ha dicho reiteradamente por la jurisprudencia que lo discutible no es lo oportuno o conveniente, sino la ilegalidad, arbitrariedad o contradicción del raciocinio lógico, siendo así que en estos casos deberá prevalecer el criterio del tribunal de instancia por no darse esa abierta contradicción aunque la interpretación acogida en la sentencia no sea la única posible, o pudiera caber alguna duda razonable acerca de su acierto o sobre su absoluta exactitud ( SSTS, entre las más recientes, la de 5 de mayo de 2010 [ RC n.o 699/2005 ], 1 de octubre de 201 [ Rc no 633/2006 ] y 16 de marzo de 2011[ Rc n.o 200/2007 ])»”

Deja un comentario

5 octubre, 2015 · 10:00

NULIDAD POR ABUSIVA DE LA CLÁUSULA DE VENCIMIENTO ANTICIPADO.

NULIDAD POR ABUSIVA DE LA CLÁUSULA DE VENCIMIENTO ANTICIPADO.

El post de hoy es sobre un asunto del despacho en donde en una ejecución hipotecaria nos hemos opuesto por múltiples motivos y han estimado la oposición declarando nula por abusiva la cláusula de vencimiento anticipado.

EL Auto menciona a la Sala Tercera de la AP de SC de Tenerife en Auto de 21-11-2013, rollo 468/2013 que sostiene que:

la ley prevé para las cláusulas abusivas la sanción de su no aplicación determinando bieneS que no se despache ejecución, bien que la ejecución se despache sin la aplicación de las consecuencias de la citada cláusula, y para los intereses de demora una adaptación de los mismo a tres veces el interés legal…” “…De forma que si la cláusula es abusiva, solo procede su no aplicación sin que quepa integrar la misma mediante la aplicación del tipo de interés máximo establecido (…)”

El juez de primera instancia, extrapola este razonamiento a la cláusula de vencimiento anticipado que declara nula por abusiva, estima la oposición, archiva la ejecución hipotecaria e impone las costas.

La sentencia estima nuestras pretensiones en una de las alegaciones con las que menos estoy de acuerdo. No creo que la cláusula de vencimiento anticipado no pueda integrarse. No es lógico que si un ejecutado deba un % de incumplimiento del total del contrato suficientemente relevante no quepa integrarse a través de un Auto o una Sentencia.

Por otro lado, entiendo que el Juzgado me tendría que haber dado la razón (estimar mis pretensiones para los puristas) en alegaciones, para mi tan obvias como: ¿cómo narices no me estimas una excepción de legitimación activa cuando me ejecuta una hipoteca una persona jurídica que no es titular de la misma en el Registro de la Propiedad ni acreditas que hayas cedido el crédito?

Algún día deberíamos tratar lo que a mi juicio son errores de los jueces -por falta de tiempo para el estudio y sobrecarga de trabajo- en Derecho Hipotecario y Registral.

Deja un comentario

15 septiembre, 2015 · 18:00

DDFF y carga de la prueba. Sentencias arbitrarias. Valoración del daño moral.

Como es bastante habitual el CENDOJ nos priva de un resumen en alguna sentencia más que interesante no por extraordinaria o novedosa sino por la claridad de alguno de sus fundamentos de Derecho.

 La STS 166/2015 de 17-3-2015, Sala 1ª, Rec. 2552/2012 sobre DDFF a la propia imagen y la intimidad: indemnización de daños y perjuicios.

Famosa es pillada en topless. Revistas publican y ganan un dinerillo. La famosa se enfada y demanda a la SL responsable suplica que la demandada publique encabezamiento y fallo de ST en dos diario de tirada nacional, resarcir por daños por importe de 100.000 €; ordene la entrega de originales para su destrucción, retirada de las fotos, retirada de todos los ejemplares de la revista, prohibición de reutilización de las fotos y costas.

La Sentencia es interesante en dos sentidos:

A.- Estimación por infracción procesal.

En materia de derechos fundamentales, cuando existen indicios de la vulneración de un derecho fundamental, la carga de la prueba se desplaza hacia la parte demandada. Esta Sala, en STS de 5 de marzo de 2002 (rec. núm. 2196/2008 ) consideró, en un proceso cuyo objeto era la protección civil del derecho fundamental a la intimidad personal y familiar en el ámbito del propio domicilio, que «la interpretación del art. 217 LEC debe acomodarse, conforme al art. 10.2 de la Constitución , al Convenio de Roma de 1950 para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales según viene siendo interpretado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (en adelante TEDH) […]» y que si « conforme al apdo. 7 del art. 217 LEC no puede exigirse a ningún litigante una prueba que vaya más allá de cualquier posibilidad razonable, menos aún podrá exigírsele cuando con ello se menoscabe o dificulte la tutela de un derecho fundamental hasta el punto de dejarle indefenso […]».

B.- Arbitrariedad de la Sentencia.

El recurso de casación se funda en infracción del artículo 9.3 de la Ley Orgánica 1/1982 por la arbitrariedad de la sentencia al no haber tenido en cuenta los parámetros legales en la cuantificación de la indemnización y haber basado su decisión en la equidad, en contra de lo que establece el art. 3.2 CC .

Constituye doctrina constante de esta Sala (entre las más recientes, SSTS de 10 de febrero de 2014, rec. no 2298/2011 , y 22 de enero de 2014, rec. no 1305/2011 ) que la fijación de la cuantía de las indemnizaciones por resarcimiento de daños morales en este tipo de procedimientos es competencia de los tribunales de instancia, cuya decisión al respecto ha de respetarse en casación salvo que «no se hubiera atenido a los criterios que establece el art. 9.3 LO 1/82 » ( STS de 17 de julio de 2014, rec. no 1588/2008 , con cita de las SSTS 21 de noviembre 2008 en rec. no 1131/06 , 6 de marzo de 2013 en rec. no 868/11 , 24 de febrero de 2014 en rec. no 229/11 y 28 de mayo de 2014 en rec. 2122/07 ).”

(…)

“El artículo 9.3 de la Ley Orgánica 1/1982 en su redacción aplicable al caso, anterior a la reforma introducida por la Ley Orgánica 5/2010, establecía que « [l]a existencia de perjuicio se presumirá siempre que se acredite la intromisión ilegítima. La indemnización se extenderá al daño moral que se valorará atendiendo a las circunstancias del caso y a la gravedad de la lesión efectivamente producida, para lo que se tendrá en cuenta en su caso, la difusión o audiencia del medio a través del que se haya producido. También se valorará el beneficio que haya obtenido el causante de la lesión como consecuencia de la misma».

Esta Sala ha declarado en STS 5 de junio de 2014, rec. no 3303/2012 , que dada la presunción iuris et de iure , esto es, no susceptible de prueba en contrario, de existencia de perjuicio indemnizable, el hecho de que la valoración del daño moral no pueda obtenerse de una prueba objetiva no excusa ni imposibilita legalmente a los tribunales para fijar su cuantificación, «a cuyo efecto ha de tenerse en cuenta y ponderar las circunstancias concurrentes en cada caso (sentencias de esta sala núm. 964/2000, de 19 de octubre, y núm. 12/2014, de 22 de enero)». Se trata por tanto «de una valoración estimativa, que en el caso de daños morales derivados de la vulneración de un derecho fundamental del art. 18.1 de la Constitución , ha de atender a los parámetros previstos en el art. 9.3 de la Ley Orgánica 1/1982 , de acuerdo con la incidencia que en cada caso tengan las circunstancias relevantes para la aplicación de tales parámetros, utilizando criterios de prudente arbitrio».

Pues bien, recordemos que:

  1. La sentencias basadas en decisiones de equidad son arbitrarias.
  2. La carga de la prueba en demandas basadas en DDFF se invierte y se desplaza a la demandada.
  3. Se presume la existencia de los daños siempre que se acredite una intromisión ilegítima.
  4. La indemnización se extiende al daño moral y gravedad de la lesión. A tal efecto debemos tener en cuenta: difusión, audiencia y beneficio del causante de la lesión.
  5. Aunque no exista prueba objetiva,, la valoración del daño moral puede ser cuantificada por los tribunales.
  6. El tribunal al que le corresponde cuantificar es el de primera instancia.

Deja un comentario

Archivado bajo DDFF y carga de la prueba. Sentencias arbitrarias. Valoración del daño moral., DERECHO PROCESAL CIVIL

Sentencias incongruentes. Incongruencia ultra petita, extra petita y citra petita

Hoy me encuentro con una estupenda STS de 18-2-2013 que detalla la doctrina de la Sala y del TC en relación a las sentencias incongruentes y a las clases de incongruencias.

El Tribunal Constitucional ha resumido la doctrina constitucional sobre la incongruencia, en la sentencia 9/1998, de 13 de enero:

Desde la perspectiva constitucional, este Tribunal ha venido declarando reiteradamente que para que la incongruencia por exceso adquiera relevancia constitucional y pueda ser constitutiva de una lesión del derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 24.1 de la Constitución Española, se requiere que la desviación o el desajuste entre el fallo judicial y los términos en que las partes hayan formulado sus pretensiones, por conceder más de lo pedido (ultra petitum) o algo distinto de lo pedido (extra petitum), suponga una modificación sustancial del objeto procesal, con la consiguiente indefensión y sustracción a las partes del verdadero debate contradictorio, produciéndose un fallo extraño o las respectivas pretensiones de las partes”.

Tal como dicen las Sentencias de 18 de noviembre de 1996, 29 de mayo de 1997, 28 de octubre de 1997, 5 de noviembre de 1997, 11 de febrero de 1998 y 10 de marzo de 1998: “es doctrina jurisprudencial reiterada la que proclama que para decretar si una sentencia es incongruente o no, ha de atenderse a si concede más de lo pedido (“ultra petita”), o se pronuncia sobre determinados extremos al margen de lo suplicado por las partes (“extra petita”) y también si se dejan incontestadas y sin resolver algunas de las pretensiones sostenidas por las partes (“citra petita”), siempre y cuando el silencio judicial no puede razonablemente interpretarse como desestimación tácita. Se exige para ello un proceso comparativo entre el suplico integrado en el escrito de demanda y, en su caso, de contestación y la parte resolutiva de las sentencias que deciden el pleito. También puede apreciarse vicio de incongruencia en aquellas sentencias que prescinden de la causa de pedir y fallan conforme a otra distinta, al causar indudable indefensión, que no ampara el principio ‘iura novit curia’ “.

2 comentarios

Archivado bajo DERECHO PROCESAL CIVIL

Valoración de la prueba en Apelación y Casación.

Valoración de la prueba en Apelación y Casación.

Todos hemos formulado recurso de apelación con base en alegaciones más o menos peregrinas que acomodan a otra alegación principal. Muchos hemos discrepado vehementemente con la decisión de un Juez de Instancia por no estar de acuerdo. Más allá de nuestros cabreos, filias y fobias la realidad es que la valoración de la prueba es una competencia del tribunal de instancia.

La STS 4443/2104, rec 490/2013, Resolución 589/2014, de 3-11-2014 expone la doctrina de Sala con bastante claridad en general y centrándose la valoración de un informe pericial y su conexión con la motivación de la sentencia.

Según consolidada jurisprudencia de esta Sala (STS de 8 de abril de 2014, RC no 1581/2012 , con cita de las SSTS de 18 de febrero de 2013, RC 1287/2010 y 4 de enero de 2013, RC 1261/2010 , entre las más recientes) la valoración de la prueba corresponde en principio a la Sala de instancia, debiéndose reducir su examen en esta sede a problemas de infracción en concreto de una regla de valoración, al error patente y a la interdicción de la arbitrariedad o irrazonabilidad; de forma que procede la revisión probatoria:

  1. a) cuando se ha incurrido en un error patente, ostensible o notorio;
  2. b) cuando se extraigan conclusiones contrarias a la racionalidad, absurdas o que conculquen los más elementales criterios de la lógica o se adopten criterios desorbitados o irracionales;
  3. c) cuando se tergiversen las conclusiones periciales de forma ostensible, o se falsee de forma arbitraria sus dictados, o se aparte del propio contexto o expresividad del contenido pericia; y
  4. d) cuando se efectúen apreciaciones arbitrarias; sin que le sea factible al recurrente, en los casos de valoración conjunta de la prueba, desarticularla para ofrecer sus propias conclusiones o deducciones.

En línea con lo anterior, se encuentra igualmente consolidada la doctrina que declara ( STS de 8 de abril de 2014, RC no 1581/2012 ):

a) que la valoración de la prueba y la motivación de la sentencia son dos cuestiones diversas que no pueden tratarse conjuntamente ni mezclarse ( STS 3 de noviembre de 2009, RC n.º 1459/2005 y 25 de noviembre de 2010, RC n.º 305/2007 ) de tal forma que el cauce del ordinal 4º del art. 469.1 LEC , siendo el único idóneo para denunciar una incorrecta valoración probatoria y para pretender su revisión, no lo es, por el contrario, cuando lo que en realidad se cuestiona es una falta de motivación de la valoración probatoria o una mera apariencia de motivación que la vicie de arbitrariedad, que ha de denunciarse al amparo del ordinal 2.º del art. 469.1 y con fundamento en la infracción del art. 218.2 LEC ( STS de 8 de julio de 2009, RC 693/2005 ; 28 de septiembre de 2012, RC 1825/2009 ); y

b) que el hecho de que en la sentencia impugnada no se tome en consideración determinado o determinados elementos de prueba, relevantes a juicio de la recurrente, carece de trascendencia en relación con el cumplimiento del requisito de motivación y es suficiente que el tribunal razone sobre aquellos elementos a partir de los cuales obtiene sus conclusiones, sin necesidad de que se refiera de manera exhaustiva a todos los medios de prueba obrantes en los autos ( STS de 8 de julio de 2009 , RC n.o 13 / 2004 y 25 de noviembre de 2010, RC n.º 305/2007 ).

Asimismo, la STS de 8 de abril de 2013, RC no 1291/2010 afirma que «Las pruebas periciales son de estimación discrecional según las reglas de la sana crítica, hasta el punto de que los jueces pueden prescindir de ellas ( SSTS 139/2006, de 9 de febrero ; 124/2006, de 22 de febrero ) y solo es posible su revisión en el recurso extraordinario por infracción procesal cuando se tergiversen las conclusiones periciales de forma ostensible o se efectúen apreciaciones arbitrarias o contrarias a las reglas de la común experiencia ( STS 309/2005, de 29 de abril )».

4 comentarios

Archivado bajo DERECHO PROCESAL CIVIL, Valoración de la prueba en Apelación y Casación.

Justicia rogada, principio de congruencia, integración del suplico de la demanda y modificaciones admisibles

Hoy volvemos a la senda del Derecho de Consumidores y Usuarios -pero no del todo-

Como está de moda zurrarle a Cristiano Ronaldo hoy traemos una sentencia que estima las pretensiones por unas inversiones hechas por la entidad financiera a la que prestaba su imagen.

La STS 5531/2014 del 30-12-2014, Sala 1ª, Ponente Sancho Gargallo, aborda una cuestión de preferentes con un pequeño lío procesal entre la justicia rogada y lo que se deduce de la exposición de la demanda.

Pues a mi de la Sentencia me gusta el lío procesal y “pasamos” del fondo del asunto. Gana el consumidor, nada que no sorprenda.

El suplico de la demanda, dice la ST, “sólo se pide que se declare el incumplimiento por el banco de las obligaciones que derivaban de la gestión de cartera de los demandantes, y de las obligaciones de diligencia, lealtad e información en la comisión mercantil encomendada por los demandantes, consistente en la venta asesorada de los valores objeto de la demanda; y la condena al banco a restituir a los demandantes el capital invertido en su integridad (145.332,40 euros). Alternativamente, respecto de este último pedimento de condena, se solicitaba la condena del banco a subrogarse en el producto de inversión ofrecido y contratado por los demandantes, abonándoles el capital invertido en su integridad, más el interés legal”

En la audiencia previa, la magistrada integró el suplico de la demanda con lo manifestado en los fundamentos de derecho y entendió que la acción ejercitada con carácter principal era la de nulidad por error vicio en el consentimiento de los demandantes compradores, con la obligación del banco de devolver ese capital invertido, a cambio de restituirle las acciones compradas. Y, subsidiariamente, entendió ejercitada la acción de responsabilidad por incumplimiento contractual.

En su sentencia, el juzgado de primera instancia aprecia el error vicio en la suscripción Consecuentemente, declara la nulidad del contrato y condena al banco a restituir a los demandantes una suma consistente en el importe de la inversión menos los intereses cobrados durante la vigencia del contrato, más los intereses legales devengados por esta suma desde la fecha de la sentencia.

Apela el banco y la AP estima parcialmente el recurso de apelación:

“(…)deja sin efecto la declaración de nulidad del contrato por error vicio, al entender que el juzgado había infringido la prohibición contenida en el art. 412 LEC

-Artículo 412 Prohibición del cambio de demanda y modificaciones admisibles 1. Establecido lo que sea objeto del proceso en la demanda, en la contestación y, en su caso, en la reconvención, las partes no podrán alterarlo posteriormente.-,

 (…) por excederse de las facultades que le concede el art. 424 LEC:

 Artículo 424 Actividad y resolución en caso de demanda defectuosa

  1. Si el demandado alegare en la contestación a la demanda la falta de claridad o precisión de ésta en la determinación de las partes o en las pretensiones deducidas, o si el actor adujere en la audiencia esos mismos defectos en la contestación o en la reconvención, o si, de oficio, el tribunal apreciare unos u otros, admitirá en el acto de la audiencia las aclaraciones o precisiones oportunas.
  1. En caso de no formularse aclaraciones y precisiones, el tribunal sólo decretará el sobreseimiento del pleito si no fuese en absoluto posible determinar en qué consisten las pretensiones del actor, o, en su caso, del demandado en la reconvención, o frente a qué sujetos jurídicos se formulan las pretensiones.-

La audiencia entiende que el juzgado no se había limitado a promover una aclaración o precisión del suplico de la demanda, sino que consideró ejercitada una acción que no había llegado a serlo.

Los demandantes, consumidores, formulan recurso de casación por infracción procesal. “En el desarrollo del motivo se razona que la audiencia ha entendido no deducida la acción de nulidad por error vicio, a pesar de que se mencionaba en la demanda y de que la magistrada de primera instancia aclaró en la audiencia previa que debía entenderse por ejercitada la acción de nulidad, aunque en el suplico no se hiciera expresa mención a ella.

Además de que los hechos y las razones que justificarían la nulidad aparecían en la demanda, el recurso insiste en que no se ocasionó indefensión a la otra parte, que pudo defenderse frente a esta pretensión.”

Frente a la sentencia de apelación, los demandantes formulan recurso extraordinario por infracción procesal, sobre la base de un solo motivo, y recurso de casación, que también se articula en un solo motivo.

Recurso extraordinario por infracción procesal

“Formulación del motivo . El motivo se ampara en el ordinal 3o del art. 469.1 LEC , por infracción de las normas legales que rigen los actos y garantías del proceso, y en concreto el art. 424 LEC y la jurisprudencia que lo interpreta.

En el desarrollo del motivo se razona que la audiencia ha entendido no deducida la acción de nulidad por error vicio, a pesar de que se mencionaba en la demanda y de que la magistrada de primera instancia aclaró en la audiencia previa que debía entenderse por ejercitada la acción de nulidad, aunque en el suplico no se hiciera expresa mención a ella.

Además de que los hechos y las razones que justificarían la nulidad aparecían en la demanda, el recurso insiste en que no se ocasionó indefensión a la otra parte, que pudo defenderse frente a esta pretensión.

Procede desestimar el motivo por las razones que exponemos a continuación.

“7. Desestimación del motivo . La congruencia de la sentencia viene marcada por lo solicitado (petitum) , que debe especificarse con claridad en el suplico de la demanda, y la causa petendi , los hechos y las razones por las que se pide.

En la demanda que dio inicio al presente procedimiento, el suplico se limita a pedir la declaración de incumplimiento contractual y la indemnización del perjuicio causado, consistente en la restitución de la inversión realizada con la compra de las acciones preferentes.

En el apartado de hechos de la demanda, después de relatar la relación existente entre las partes (hecho primero) y la inversión realizada por los demandantes siguiendo el asesoramiento de la demandada (hecho segundo), se hace expresa mención al “incumplimiento por la entidad demandada de la gestión encomendada” por los demandantes (hecho tercero). A continuación, la demanda relata como reaccionaron los demandantes cuando conocieron a finales de 2009 que, como consecuencia de la insolvencia de Landsbanki, habían perdido casi toda su inversión (hechos cuarto y quinto). Esto es: la lectura de los hechos está centrada en la acción de incumplimiento contractual.

En el apartado de fundamentos de derecho, en el VII, dedicado al fondo del asunto, se contienen alegaciones sobre: las características del producto suscrito (primero); la clasificación de clientes que ostentaban los demandantes (segundo); el incumplimiento por la entidad demandada de su deber de informar a los demandantes (tercero); el error en el consentimiento en que habían incurrido los demandantes (cuarto); el incumplimiento de las obligaciones que se derivan de la gestión de carteras de valores (quinto); y las consecuencias de la actuación de la demandada, que debían ser la restitución del capital invertido, sobre la base del art. 264 Ccom (sexto).

En este contexto, la omisión en el suplico de la demanda de una expresa referencia a que se declarara la nulidad del contrato de suscripción de las acciones preferentes y se condenara al banco a la restitución del capital invertido en las preferentes, no es un simple error susceptible de aclaración, en el sentido de entenderse incluido en la demanda, en el trámite del art. 424 LEC . Este precepto permite, ante la falta de claridad o precisión de la demanda o de la contestación, en relación con las pretensiones deducidas, que las partes realicen las aclaraciones y precisiones necesarias, y que el juez, a continuación, acuerde «el sobreseimiento si fuese en absoluto posible determinar en qué consisten las pretensiones del actor o, en su caso, del demandado en la reconvención». Se trata de aclaraciones y precisiones para poder determinar con claridad qué se solicita y por qué razones, pero no admite este trámite una ampliación del suplico.

El suplico de la demanda contiene una pretensión clara y consiguiente a lo alegado en los hechos y en los fundamentos de derecho: que se declare el incumplimiento por parte del banco de las obligaciones que derivaban de la gestión de la cartera de valores de los demandantes y de los deberes de diligencia, lealtad e información en la comisión recibida sobre la compra de valores; y se condene al banco a restituir el importe perdido de la inversión. La referencia al error vicio, que sin duda se encuentra en uno de los apartados de los fundamentos de derecho, no se tradujo en ninguna petición de declaración de nulidad y de condena a la restitución de prestaciones, por las razones que sean.

No cabía, al amparo del art. 424 LEC , integrar el suplico de la demanda como lo hizo el juzgado, razón por la cual, la decisión de la audiencia de tener por no ejercitada esa pretensión de nulidad es correcta, y no sólo no infringe el art. 424 LEC , sino que lo aplica correctamente.

Como vemos el actor salió bien parado de todo este lío procesal pero recordando el refrán cuidado con lo que se pide porque, a veces, te lo pueden conceder… o no.

Hoy volvemos a la senda del Derecho de Consumidores y Usuarios. Como está de moda zurrarle a Cristiano Ronaldo hoy traemos una sentencia que estima las pretensiones por unas inversiones hechas por la entidad financiera a la que prestaba su imagen.

La STS 5531/2014 del 30-12-2014, Sala 1ª, Ponente Sancho Gargallo, aborda una cuestión de preferentes con un pequeño lío procesal entre la justicia rogada y lo que se deduce de la exposición de la demanda.

Pues a mi de la Sentencia me gusta el lío procesal y “pasamos” del fondo del asunto. Gana el consumidor, nada que no sorprenda.

El suplico de la demanda, dice la ST, “sólo se pide que se declare el incumplimiento por el banco de las obligaciones que derivaban de la gestión de cartera de los demandantes, y de las obligaciones de diligencia, lealtad e información en la comisión mercantil encomendada por los demandantes, consistente en la venta asesorada de los valores objeto de la demanda; y la condena al banco a restituir a los demandantes el capital invertido en su integridad (145.332,40 euros). Alternativamente, respecto de este último pedimento de condena, se solicitaba la condena del banco a subrogarse en el producto de inversión ofrecido y contratado por los demandantes, abonándoles el capital invertido en su integridad, más el interés legal”

En la audiencia previa, la magistrada integró el suplico de la demanda con lo manifestado en los fundamentos de derecho y entendió que la acción ejercitada con carácter principal era la de nulidad por error vicio en el consentimiento de los demandantes compradores, con la obligación del banco de devolver ese capital invertido, a cambio de restituirle las acciones compradas. Y, subsidiariamente, entendió ejercitada la acción de responsabilidad por incumplimiento contractual.

En su sentencia, el juzgado de primera instancia aprecia el error vicio en la suscripción Consecuentemente, declara la nulidad del contrato y condena al banco a restituir a los demandantes una suma consistente en el importe de la inversión menos los intereses cobrados durante la vigencia del contrato, más los intereses legales devengados por esta suma desde la fecha de la sentencia.

Apela el banco y la AP estima parcialmente el recurso de apelación:

“(…)deja sin efecto la declaración de nulidad del contrato por error vicio, al entender que el juzgado había infringido la prohibición contenida en el art. 412 LEC

-Artículo 412 Prohibición del cambio de demanda y modificaciones admisibles 1. Establecido lo que sea objeto del proceso en la demanda, en la contestación y, en su caso, en la reconvención, las partes no podrán alterarlo posteriormente.-,

(…) por excederse de las facultades que le concede el art. 424 LEC:

Artículo 424 Actividad y resolución en caso de demanda defectuosa

 

  1. Si el demandado alegare en la contestación a la demanda la falta de claridad o precisión de ésta en la determinación de las partes o en las pretensiones deducidas, o si el actor adujere en la audiencia esos mismos defectos en la contestación o en la reconvención, o si, de oficio, el tribunal apreciare unos u otros, admitirá en el acto de la audiencia las aclaraciones o precisiones oportunas.

 

  1. En caso de no formularse aclaraciones y precisiones, el tribunal sólo decretará el sobreseimiento del pleito si no fuese en absoluto posible determinar en qué consisten las pretensiones del actor, o, en su caso, del demandado en la reconvención, o frente a qué sujetos jurídicos se formulan las pretensiones.-

La audiencia entiende que el juzgado no se había limitado a promover una aclaración o precisión del suplico de la demanda, sino que consideró ejercitada una acción que no había llegado a serlo.

Los demandantes, consumidores, formulan recurso de casación por infracción procesal. “En el desarrollo del motivo se razona que la audiencia ha entendido no deducida la acción de nulidad por error vicio, a pesar de que se mencionaba en la demanda y de que la magistrada de primera instancia aclaró en la audiencia previa que debía entenderse por ejercitada la acción de nulidad, aunque en el suplico no se hiciera expresa mención a ella.

Además de que los hechos y las razones que justificarían la nulidad aparecían en la demanda, el recurso insiste en que no se ocasionó indefensión a la otra parte, que pudo defenderse frente a esta pretensión.”

Frente a la sentencia de apelación, los demandantes formulan recurso extraordinario por infracción procesal, sobre la base de un solo motivo, y recurso de casación, que también se articula en un solo motivo.

Recurso extraordinario por infracción procesal

“Formulación del motivo . El motivo se ampara en el ordinal 3o del art. 469.1 LEC , por infracción de las normas legales que rigen los actos y garantías del proceso, y en concreto el art. 424 LEC y la jurisprudencia que lo interpreta.

En el desarrollo del motivo se razona que la audiencia ha entendido no deducida la acción de nulidad por error vicio, a pesar de que se mencionaba en la demanda y de que la magistrada de primera instancia aclaró en la audiencia previa que debía entenderse por ejercitada la acción de nulidad, aunque en el suplico no se hiciera expresa mención a ella.

Además de que los hechos y las razones que justificarían la nulidad aparecían en la demanda, el recurso insiste en que no se ocasionó indefensión a la otra parte, que pudo defenderse frente a esta pretensión.

Procede desestimar el motivo por las razones que exponemos a continuación.

“7. Desestimación del motivo . La congruencia de la sentencia viene marcada por lo solicitado (petitum) , que debe especificarse con claridad en el suplico de la demanda, y la causa petendi , los hechos y las razones por las que se pide.

En la demanda que dio inicio al presente procedimiento, el suplico se limita a pedir la declaración de incumplimiento contractual y la indemnización del perjuicio causado, consistente en la restitución de la inversión realizada con la compra de las acciones preferentes.

En el apartado de hechos de la demanda, después de relatar la relación existente entre las partes (hecho primero) y la inversión realizada por los demandantes siguiendo el asesoramiento de la demandada (hecho segundo), se hace expresa mención al “incumplimiento por la entidad demandada de la gestión encomendada” por los demandantes (hecho tercero). A continuación, la demanda relata como reaccionaron los demandantes cuando conocieron a finales de 2009 que, como consecuencia de la insolvencia de Landsbanki, habían perdido casi toda su inversión (hechos cuarto y quinto). Esto es: la lectura de los hechos está centrada en la acción de incumplimiento contractual.

En el apartado de fundamentos de derecho, en el VII, dedicado al fondo del asunto, se contienen alegaciones sobre: las características del producto suscrito (primero); la clasificación de clientes que ostentaban los demandantes (segundo); el incumplimiento por la entidad demandada de su deber de informar a los demandantes (tercero); el error en el consentimiento en que habían incurrido los demandantes (cuarto); el incumplimiento de las obligaciones que se derivan de la gestión de carteras de valores (quinto); y las consecuencias de la actuación de la demandada, que debían ser la restitución del capital invertido, sobre la base del art. 264 Ccom (sexto).

En este contexto, la omisión en el suplico de la demanda de una expresa referencia a que se declarara la nulidad del contrato de suscripción de las acciones preferentes y se condenara al banco a la restitución del capital invertido en las preferentes, no es un simple error susceptible de aclaración, en el sentido de entenderse incluido en la demanda, en el trámite del art. 424 LEC . Este precepto permite, ante la falta de claridad o precisión de la demanda o de la contestación, en relación con las pretensiones deducidas, que las partes realicen las aclaraciones y precisiones necesarias, y que el juez, a continuación, acuerde «el sobreseimiento si fuese en absoluto posible determinar en qué consisten las pretensiones del actor o, en su caso, del demandado en la reconvención». Se trata de aclaraciones y precisiones para poder determinar con claridad qué se solicita y por qué razones, pero no admite este trámite una ampliación del suplico.

El suplico de la demanda contiene una pretensión clara y consiguiente a lo alegado en los hechos y en los fundamentos de derecho: que se declare el incumplimiento por parte del banco de las obligaciones que derivaban de la gestión de la cartera de valores de los demandantes y de los deberes de diligencia, lealtad e información en la comisión recibida sobre la compra de valores; y se condene al banco a restituir el importe perdido de la inversión. La referencia al error vicio, que sin duda se encuentra en uno de los apartados de los fundamentos de derecho, no se tradujo en ninguna petición de declaración de nulidad y de condena a la restitución de prestaciones, por las razones que sean.

No cabía, al amparo del art. 424 LEC , integrar el suplico de la demanda como lo hizo el juzgado, razón por la cual, la decisión de la audiencia de tener por no ejercitada esa pretensión de nulidad es correcta, y no sólo no infringe el art. 424 LEC , sino que lo aplica correctamente.

Como vemos el actor salió bien parado de todo este lío procesal pero recordando el refrán cuidado con lo que se pide porque, a veces, te lo pueden conceder… o no.

2 comentarios

Archivado bajo DERECHO PROCESAL CIVIL