INADMISIBILIDAD GENERAL DE LAS SOLICITUDES DE APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO DE RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA

INADMISIBILIDAD GENERAL DE LAS SOLICITUDES DE APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO DE RETENCIONES E INGRESOS A CUENTA Y DEUDORES EN SITUACIÓN DE CONCURSO DE ACREEDORES.

Hoy vamos a informar de una preciosa instrucción de la AEAT, Departamento de Recaudación.

Instrucción 6/2013 del Departamento de Recaudación sobre gestión de aplazamientos y fraccionamientos de pago de retenciones e ingresos a cuenta y de deudores en situación de concurso de acreedores

 Las novedades significativas de la misma van a implicar en primer lugar, la inadmisibilidad, con carácter general, de las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento de retenciones e ingresos a cuenta. No obstante, y de acuerdo con la normativa vigente, excepcionalmente dichas solicitudes podrán ser objeto de concesión cuando de los datos obrantes en las bases de datos de  AEAT, y de los aportados por el interesado, quede suficientemente acreditado que la ejecución de su patrimonio pudiera:

  • afectar sustancialmente al mantenimiento de la capacidad productiva y el nivel de empleo de la actividad económica respectiva o,
  • producir grave quebranto para los intereses de la Hacienda Pública.

Por otra parte, y en cuanto a la tramitación de solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento en caso de concurso de acreedores, la referida Instrucción se limita a adecuar la misma a los mandatos específicos de la normativa concursal, declarando en términos generales la inadmisibilidad de las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento de las deudas concursales, como consecuencia directa de la propia vis atractiva del proceso concursal.

Respecto de los créditos contra la masa, y en consonancia de lo dispuesto en el artículo 65 de la Ley General Tributaria, y el artículo 84.2 de la Ley Concursal, se clarifica la obligación de pago de los mismos a su vencimiento, deviniendo las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento que sobre los mismos se presenten inadmisibles por imposibilidad legal. (texto de la nota de la AEAT)

 El enlace completo de las siete preciosas páginas es este: 

http://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Normativas/Normativa_reguladora_de_la_AEAT/Instrucciones/Instruccio_6_2013.pdf

 

Lo que no dice la nota informativa de la AEAT es que:

 a)    El contribuyente deber aportar un informe específico a fin de acreditar la concurrencia de las circunstancias excepcionales. Si digo que el 1 % de solicitudes las aceptarán seré un iluso.

 b)  El requisito de afectar sustancialmente al mantenimiento de la capacidad productiva y nivel de empleo de la actividad económica para conceder el aplazamiento o fraccionamiento. Este requisito puede derivar en una decisión arbitraria porque no existe  pauta o criterio previo a fin de ponderar este requisito. En la cabeza del Sr. Ministro debe vivir el silogismo si hay empleados es que hay negocio, si hay retenciones es que hay negocio; si hay negocio, recaudo.  Probablemente alegar esta excepción no sirva de teniendo en cuenta que hasta ahora, en otro tipo de expedientes de inspección no se consideraban que la AAPP fuera deudor a efectos de tensión de tesorería puesto que partimos de la premisa de que dichas AAPP son solventes.

 

En fin, es cierto que hay empresas que abusan de los aplazamientos o fraccionamientos para obtener financiación porque NO TIENEN POSIBILIDAD DE FINANCIACIÓN A TRAVÉS DE ENTIDADES FINANCIERAS, porque les deben las AAPP o porque estamos en CRISIS, pero esto no parece entenderlo el Sr. Ministro que debe pensar que una mentira dicha mil veces se convierte en verdad.

En definitiva, otro golpe más, al empresario y autónomo medio que ve como si no puede pagar las retenciones e ingresos a cuenta. Empresarios y autónomos que veían la solicitud de aplazamiento o fraccionamiento como último recurso y que, probablemente, pagará vía ejecutiva con un 20 % más de recargo porque verá rechazada su solicitud; pero que más da, si la balanza de pagos exterior es positiva.

PD.- Pero lo del IVA de caja es lo más, ¿no?

LA IMPORTANCIA DE LA COMUNICACIÓN NO VERBAL

Hoy voy a divagar sobre otro tema no jurídico pero que a mi me parece importante: la comunicación no verbal.

Hoy todo el mundo enfatiza la necesidad de la oratoria, como hablar en público, llegar al auditorio (sean diez, mil o una sola persona –un juez-). Los últimos libros que he leído de actuaciones en sala, ser un abogado más eficaz o cómo comunicar mejor hablan de cómo debes mirar al Juez cuando expones para saber si te está atendiendo o no y, en su caso, alterar el tono de voz para captar su atención en las alegaciones más importantes.

La comunicación no verbal consiste en el conjunto de mensajes emitidos a través de gestos, posturas, expresiones faciales o movimientos corporales. Los expertos, dentro de esta comunicación no verbal diferencian los factores asociados al lenguaje verbal de los factores asociados al comportamiento.  En los primeros, paralingüística, son considerados factores el tono, el ritmo, el volumen, los silencios o el timbre de voz.

En los factores asociados al comportamiento puede generalizar en tres factores: a) la imagen personal; b) la proxémica –proximidad- si dos personas se acercan mucho, poco, nada; zonas de confort personal; y c) la kinesia –gestos breves o movimientos generados por el cuerpo que completan el significado de aquello que estamos comunicando-, es decir, la expresión facial, la postura, la mirada o los gestos.

Si te pregunto, lector, si conoces la mirada de cabreo de tu pareja, estoy seguro que ahora la estás imaginando y sonriendo (o temblando); si te pregunto, lector, qué significan los brazos cruzados o hombros encogidos en un intercambio de palabras estoy seguro que estarás pensando en una discusión; en fin, la sonrisa o la carcajada, para qué preguntar.

En fin, todos tenemos gestos característicos de alegría, tristeza, enfado y ATENCIÓN O INTERÉS. Éstos últimos son en los que debemos fijarnos cuando estamos en una sala de vistas, en una reunión o en una negociación para poder mejorar nuestra posición o propuesta mediante la captación de la atención de nuestro auditorio.

Es muy difícil entender los principios básicos de la comunicación no verbal; cada acervo cultural tiene sus propios gestos o expresiones culturales, cada persona es un mundo; pero, si ves a tu madre con los brazos cruzados, cejas fruncidas, hombros encogido y dando golpes rápidos y continuos con el pie en el suelo sabes que estás en un buen lío sin que suelte una sola palabra.

ADMINISTRADOR DEL CAUDAL HEREDITARIO NOMBRADO POR UN TRIBUNAL

Hoy vamos a analizar los problemas del nombramiento por un tribunal del administrador del caudal hereditario, dentro de los procesos especiales de la LEC.

 El libro IV. De los procesos especiales, Título II De la división judicial de patrimonios, Capítulo I De la división de la herencia, Sección 2ª De la intervención del caudal hereditario Art 795. 2º,3º y 4º LEC

Todavía hay quien se remite a los antiguos juicios de testamentarias o derecho foral para fundamentar intentos de arrebatar administraciones de caudal hereditario.

Desde el año 2000 la LEC aborda de modo procesal y con unos requisitos específicos esta situación.

En primer lugar, el tribunal debe tomar la decisión en forma de Auto. No hay otra opción. “Hecho el inventario, determinará el tribunal, por medio de Auto(…)”. Cualquier otra forma que adopte la decisión podrá ser recurrida para solicitar esta solución formal.

En segundo lugar, El tribunal  “nombrará” –imperativo- “administrador al viudo o viuda y, en su defecto, al heredero o legatario de parte alícuota que tuviere mayor parte en la herencia”. Esta imposición, resultadista, está concebida en el sentido que el mejor administrador será quien tenga “más que perder” por ser el mayor interesado en el caudal hereditario y “quién más tenga que ganar” por una buena administración.

El art 795.2º LEC in fine: “A falta de éstos, o si no tuvieren, a juicio del tribunal, la capacidad necesaria para desempeñar el cargo, podrá el tribunal nombrar administrador a cualquiera de los herederos o legatarios de parte alícuota, si los hubiere, o a un tercero.”

A falta de éstos”. El legislador deja clara la intencionalidad y claridad del precepto. Deben ser nombrados el viudo o viuda y en su defecto el que tuviere mayor parte en la herencia. En el supuesto que no existieran, bien por haber fallecido, bien si no tuvieren capacidad, bien por no existir un heredero o legatario mayoritario, bien por no aceptar el cargo aquéllos; solamente, en caso de no ser posible el nombramiento de los anteriores se nombrará a cualquiera de los herederos o legatarios –administración individual, nunca solidaria o mancomunada- o a un tercero. El tercero puede ser una persona, física o jurídica, nombrada a través del Juzgado o un “hombre bueno” acordado por las partes.

¿Qué podemos entender por “capacidad necesaria”? En nuestra opinión no es poseer conocimientos técnicos especializados, ya que siempre podrá apoyarse en un asesoramiento profesional, sino que es tener capacidad suficiente para actuar en el tráfico jurídico como un ordenado o diligente padre de familia.

El nombramiento, que debe ser aceptado expresamente, exige caución bastante mediante consignación, aval o garantía de las admitidas habitualmente en derecho y que, en todo caso, será –imperativo, de nuevo- fijada por el tribunal.

Hay excepciones:

1)     El tribunal podrá dispensar de la caución al cónyuge viudo o al heredero designado administrador cuando tengan bienes suficientes para responder de los que se le entreguen.

2)     Los herederos y legatarios de parte alícuota podrán dispensar al administrador del deber de prestar caución.

Si no pudieran ser de aplicación estas excepciones de dispensa “la caución será proporcionada al interés en el caudal de los que no otorguen su relevación”.

“Se constituirá caución, en todo caso, respecto de la participación en la herencia de los menores o incapacitados que no tengan representante legal y de los ausentes a los que no se haya podido citar por ignorarse su paradero”. No hay lugar a duda, en este tema.

A modo de conclusión es importante señalar la imperativa prelación de personas que deben ser nombradas, la obligación de caución salvo excepciones y que no existe posibilidad de relevar o sustituir al administrador del caudal hereditario sin perjuicio de la responsabilidad en que pudiera incurrir en el momento de rendición de cuentas. Cuestión distinta es que el administrador del caudal muera, renuncie o pierda la capacidad necesaria. En ese caso, deberá nombrarse a otro administrador que deberá prestar caución bastante. Asunto éste que será objeto de estudio en otro post junto con la administración subalterna.

EL TERCIO DE MEJORA PARA LOS NIETOS “SALTANDO” A LOS HIJOS

Hoy traigo al blog una estupenda ST del TS de fecha 28-9-2005 cuyo ponente don José Ramón Ferrándiz Gabriel Fundamenta en una parte con remisión a la Ley de Toro, al Fuero Real y a la Ley de Bases de 11 de mayo de 1.888.

 En síntesis, sucesores del abuelo paterno (nietos) como herederos y, además, legatarios de cosa cierta, promueven demanda por unos herederos del cuaderno particional del Contador Partidor.

 Causante prelegó bienes a cuatro de sus seis hijos y a ocho nietos, hijos de los otros dos. Instituye herederos a doce legatarios (hijos por cabezas y nietos por estirpes y determina que sus otros dos hijos no reciban nada por haber obtenido en vida cantidades muy superiores a los derechos que pudieran corresponder en la herencia.

 El Contador consideró titulares de un derecho a reclamar legítima los cuatro  hijos instituidos herederos (además de legatarios). En ellas aquél declaró el derecho de cada  uno de los legitimarios a bienes en pago de la legítima estricta, a la cosa legada y a la parte de la  herencia que les correspondía como herederos.

 Cuatro de los ocho nietos del causante se opusieron a ese particular del cuaderno particional, por  entender que no era procedente reconocer a los legitimarios, en la sucesión mortis causa del  abuelo, un derecho a percibir legítima estricta con bienes relictos, añadido e independiente del  derecho a las cosas legadas y a la parte de la herencia que recibian como herederos.

 Por ello, en la demanda, pretendieron que las cantidades atribuidas a los legitimarios  “por su legítima estricta” se distribuyeran entre todos los herederos instituidos, ellos incluidos.

El Juzgado de Primera Instancia desestimó la demanda y denegó modificar las operaciones  impugnadas.

Las razones en que se fundamentó tal decisión fueron dos, según la argumentación  de la sentencia recurrida: el respeto a la voluntad del testador, que quiso diferenciar a sus hijos, por  haber ya recibido dos, uno de ellos padre de los actores, bienes de valor superior a sus legítimas; y  la afirmada imposibilidad legal de mejorar a quienes, como los nietos demandantes, no eran  legitimarios.

 

La STS de 29-8-2005 fundamenta:

 “CUARTO.- En el primero de los motivos los recurrentes denuncian la infracción del Código Civil, regulador de la mejora como una de las dos terceras partes de la legítima de que  pueden disponer el padre o la madre a favor de alguno o algunos de sus hijos o descendientes.

 La sentencia recurrida declaró que ese tercio de mejora solo podía corresponder a los legitimarios  y, por ello, no a los nietos demandantes, que no ostentaban tal condición. Los recurrentes se  manifiestan contrarios a esa interpretación, sosteniendo que en nuestro ordenamiento cabe la  posibilidad de que resulten mejorados los nietos viviendo los hijos.

 

También en este particular debe ser estimado el recurso, por los argumentos que siguen:

 1º) Si sólo se tratara de averiguar la voluntad del testador, argumento que es uno de los que sirven  de base a la decisión recurrida, no habría duda de que aquel quiso mejorar a sus ocho nietos, pese  a no ser legitimarios, pues les legó bienes disponiendo, de modo expreso, que los legados  recaerían en los tercios de mejora y libre disposición (artículo 828 del Código Civil y sentencias de 3 de junio de 1.976 y 7 de octubre de 2.004).

 2º) Aunque la mejora sea parte de la legítima (sentencias de 26 de diciembre de 1.989 y 22 de noviembre de 1.991) y el Código Civil no reconozca conjuntamente a los hijos y  descendientes derecho a reclamar esta última, es interpretado el Código Civil en el  sentido de admitir la posibilidad de que el abuelo mejore al nieto pese a vivir el hijo y, por lo tanto,  pese a no ser el mejorado legitimario de primer grado y, por ende, con derecho a reclamar legítima.

 La posibilidad de que el causante mejore a nietos viviendo los hijos, además de no contradecir  ninguno de los artículos del Código Civil de 1.851.

 

 La referida interpretación la ha admitido la jurisprudencia (sentencias de 19 de diciembre de 1.903, 18 de junio de 1.982 y 9 de mayo de 1.990). En particular, la de 19 de diciembre de 1.903 declaró la  validez de una cláusula testamentaria en que se mejoraba a los nietos viviendo el padre de los  mismos, con apoyo en el derecho tradicional de Castilla, hasta la publicación del vigente Código,  claramente consignado en la ley 18 de Toro. Según la referida sentencia esa norma resolvió las  dudas suscitadas entre los expositores y comentadores acerca del verdadero alcance e  interpretación de las leyes del… Fuero Real referente a la institución jurídica de las mejoras.

 En  resumen, declaró la facultad del abuelo de aplicar el tercio de mejora a favor de sus nietos, aun con  daño y menoscabo de la legitima de los hijos vivos, padres de éstos, sobre dos argumentos: (a) el  respeto que expresó la Ley de Bases de 11 de mayo de 1.888 al derecho anterior (la base 15, a  interpretar junto con la 16, se refería al mantenimiento en esencia de la legislación vigente); y (b) la  conveniencia de facilitar los medios para que el jefe de la familia pudiese atender a las necesidades  y conveniencias de ésta dentro de las restricciones que la institución de la legítima le imponía y  como compensación a su falta de libertad para testar, como no fuera del quinto de sus bienes.”

 

La moraleja de asunto es que a veces conocer la historia del derecho y origen de las instituciones jurídicas de este antiguo país puede hacerte ganar un pleito incluso en aquellos supuestos que todos, en nuestra cabeza, tenemos por más rígidos y estrictos.

LA IMPORTANCIA PRÁCTICA DEL PERITO.

En gran parte de los asuntos que entran a un Juzgado de Instancia el perito es más importante que el abogado.

No es ajeno a quién sigue este blog el hecho de que los mayores “litigadores” son las compañías aseguradoras. Éstas basan su éxito, técnicamente hablando, en la habilidad y experiencia de sus peritos.

Cuando sean necesarios conocimientos científicos, artísticos, técnicos o prácticos para valorar hechos o circunstancias relevantes en el asunto o adquirir certeza sobre ellos, las partes podrán aportar al proceso el dictamen de peritos que posean los conocimientos correspondientes o solicitar, en los casos previstos en esta ley, que se emita dictamen por perito designado por el tribunal.” Art 355 LEC.

El perito es la clave  del pleito. El perito es fundamental desde el momento de redacción de la demanda hasta su intervención en la vista cuando la naturaleza de los hechos implica la necesidad de una valoración técnica.

La vista se centrará en intentar acreditar lo que dice el perito -demandante- o en desacreditar y mostrar los errores de informe ante el tribunal -demandado-.

La importancia de la experiencia del perito en la vista en mostrar  seguridad, realizar respuestas rápidas, precisas y concreción en su exposición es lo que, en un alto porcentaje, hace que SSª falle en un sentido u otro.

Pensemos en un informe de daños -80 % de la actividad de los peritos en ámbito civil- el perito es quien determina el origen de los daños, la acción y omisión; quien establece el nexo causal entre el origen del daño y los efectos; la cuantificación de los daños causados. El abogado consignará las conclusiones del perito en la demanda y las defenderá como suyas en la vista.

Por eso es importante para un abogado confiar en su perito y saber que la importancia de éste tiene dos ámbitos igual de importantes, el informe previo y su defensa en Sala. Grandes informes periciales han resultado inútiles ante la incapacidad de su autor de defenderlo en Sala y viceversa.

 

GESTIÓN DE DESPACHOS DE ABOGADOS II. MIS PRIMEROS DÍAS

El 7 de enero de este año escribí un post sobre la gestión de despachos. Para matizar, son despachos pequeños. Mi despacho es pequeño así que es ilógico que hable de un despacho de 50 abogados.

En fin, voy a contar como lo llevo: regular.

En primer lugar, anotar las horas. La parte formal la tengo muy bien. Una tabla de excel con cliente/asunto, día y horas empleadas.

La parte material no me va tan bien. Cuando estoy trabajando en el despacho lo tengo controlado. Tengo mi reloj en el ordenador y me organizo muy bien, acabo y anoto mi tiempo de trabajo.

El problema son las salidas y las reuniones que no recuerdo calcular el tiempo ni apuntarlo. Esta semana he estado dos días y medio sin aparecer por el despacho: Juzgado por las mañanas, reuniones por las tardes y repaso de temas con el portátil en casa por la noche. Las horas del juzgado son fáciles, las de las reuniones más o menos pero, ¿los desplazamientos?

Tengo el despacho alejado de la zona de confort de mis clientes -mal posicionamiento- pero es un sitio tranquilo y en donde me gusta vivir y trabajar -bien, salud para mi- El problema es que si realizo un estudio objetivo de mi eficiencia pierdo mucho tiempo en desplazamientos (pero suelo aprovechar para llamar por teléfono en el coche); sin embargo, me olvido de anotarlo en mi tabla. Mal, muy mal.

En fin, de momento mis propósitos se van cumpliendo. Estoy adaptándome a la gestión interna por horas para calcular mi rentabilidad real y mi eficiencia, solamente me queda ordenar y anotar correctamente los desplazamientos para tener un cálculo aproximado.

Este tipo de gestión interna es difícil. Exige una regularidad, como en la Liga de Fútbol. No sirve empezar bien ganando todos los partidos si no hay regularidad.

RECEPTACIÓN CIVIL ¿QUÉ PASA SI TE BENEFICIAS DE LOS EFECTOS ECONÓMICOS DE UN DELITO QUE NO SABES QUE SE HA COMETIDO?

Art. 122 del CÓDIGO PENAL.- “El que por título lucrativo hubiere participado de los efectos de un delito o falta, está obligado a la restitución de la cosa o al resarcimiento del daño hasta la cuantía de su participación.”

Esta institución jurídica es la denominada receptación civil, un gran desconocido para el público general.

Hoy traigo a colación este precepto a cuenta de un asunto por todos conocido: imputamos, no imputamos, si no imputamos que pasa, etc.

La receptación civil, a grandes rasgos, consiste en que aquella persona que no ha intervenido en el delito como autor o cómplice y no puede ser responsable penal por receptación ni puede resultar obligado a la restitución penal de la cosa o al correspondiente resarcimiento si ha resultado beneficiado de los efectos del delito –ojo-si ese beneficio es obtenido a título lucrativo

La STS de la Sala 2ª de 15-7-2011 analiza los requisitos de la receptación civil.

“La responsabilidad civil por participación a título lucrativo en los efectos de un delito o falta tiene una entidad propia que la diferencia de otros orígenes de esa clase de responsabilidad.

Decíamos en la STS 57/2009 , citada por la STS num. 1394/2009, que el art. 122 del CP recoge el resarcimiento del perjuicio o daño patrimonial originado criminalmente al sujeto pasivo del delito en las adquisiciones a título lucrativo, como consecuencia de que nadie debe enriquecerse indebidamente en virtud de negocios jurídicos que se derivan de causa ilícita, y desarrolla la institución jurídica que ha adquirido carta de naturaleza con el nombre de receptación civil (cfr. SSTS 532/2000, 30 de marzo  59/1993, 21 de enero y 1257/1995, 15 de diciembre ).

 

Para ello es indispensable,

 1º) que exista una persona, física o jurídica que hubiere participado de los efectos de un delito o falta, en el sentido de haberse aprovechado de ellos por título lucrativo, por lo que quedan excluidas las adquisiciones en virtud de negocios no susceptibles de esta calificación jurídica;

  2º) el adquirente debe tener meramente conocimiento de la adquisición e ignorar la existencia de la comisión delictiva de donde provienen los efectos, a fin de impedir la aplicación del « crimen receptationis » en concepto de autor, cómplices y encubridor;

 3º) la valoración antijurídica de la transmisión de los objetos y su reivindicabilidad se ha de hacer de acuerdo con la normativa que regula el tráfico jurídico, y la determinación del resarcimiento se realizará por la cuantía de la participación (cfr. STS 532/2000, 30 de marzo y las que en ella se citan)”

GESTIÓN DE DESPACHOS DE ABOGADOS.

Hoy ha empezado mi nueva vida.

Uno de mis propósitos para el año 2014 es conocer mejor mi negocio, calcular costes y ajustar horas de trabajo.

¿Cómo lo voy a conseguir (o intentar)?

En primer lugar, tal y como comenté en el anterior post, tengo un contador de tiempo en el ordenador que programo por treinta minutos, por horas completas o, si entro en twitter, por 10-15 minutos.

 He encontrado una aplicación free llamada alinof timer, para mac; es un reloj con cuenta atrás y un sonido al final. Una tontería, lo se. Pero probadlo y me diréis. Si alguno conoce alguna aplicación, free o Premium, en donde se puedan contabilizar o facturar internamente las horas, poned un mensaje al post o un tuit.

En segundo lugar, voy a utilizar un calendario ad hoc para ir anotando las horas diarias dedicadas a los asuntos. He buscado modelos de hojas excell pero no he encontrado ninguna que me satisfaga (torpeza mía al buscar, seguro) así que voy a utilizar el calendario de mi ordenador, con la visión diaria. Es gratis, una ventaja.

En tercer lugar, voy a intentar cumplir los objetivos de horas, facturarlas internamente y ser organizado en la gestión de proyectos. Me cuesta mucho organizarme porque suelo dedicar muchas horas (sarna con gusto no pica, dice el refrán) que después no suelo repercutir al cliente. Este año intentaré cobrar lo que es justo y razonable (y poner una vela a Santa Rita para que me lo paguen, claro)

Si alguno de vosotros, abnegados lectores, conocéis aplicaciones que faciliten esta labor de organización; por favor, dejad un comentario.

 Os contaré dentro de un mes como me ha ido y si me ha servido de utilidad.

FALSEDAD DOCUMENTAL. Concepto de “documento mercantil”.

Iniciamos el año con algo serio.  Os presento un extracto de una sentencia que considero de interés.

Recurso: Casación no 1394/2011
Ponente: Sr. Martínez Arrieta
Sentencia: no 387/2011 de fecha 27/12/2011

«El núcleo de la disensión con la sentencia es la conceptuación de lo que deba entenderse por documento mercantil, dotado de una especial protección en el ordenamiento jurídico penal. Es tradicional la distinta conceptuación que la doctrina y la jurisprudencia han empleado para definir el documento continuado. Así, mientras en la doctrina ha considerado un concepto restringido de lo que deba entenderse por documento mercantil, para permitir la diferenciación entre el tipo de la falsedad y la estafa, o más concretamente el engaño documentado de la estafa, y guardar cierta relación de proporcionalidad con los otros documentos de especial protección en el tipo de las falsedades, los documentos públicos y los oficiales.

La jurisprudencia por el contrario, ha mantenido un concepto amplio del documento mercantil. Por tales se ha considerado todos aquellos documentos que expresan o recogen una operación de comercio (STS 417/2010, de 7 de mayo) y destinados a surtir efectos en el tráfico jurídico y que se refieran a contratos u obligaciones de naturaleza mercantil. Se trata de documentos que sean expresión de una operación comercial, que plasmen la creación, alteración o extinción de obligaciones de naturaleza mercantil, ya sean para cancelarlas, ya para acreditar derechos u obligaciones de carácter mercantil, y por tales ha de comprenderse no sólo los actos y negocios contenidos en el Código de comercio o en leyes mercantiles, sino también todos aquéllos que recojan una operación de comercio o tengan validez o eficacia para hacer constar derechos u obligaciones de tal carácter o sirvan para demostrarlas (STS 1196/2009 de 23 de noviembre).”

RANKING NAVIDEÑO DE ABOGADOS MÁS INFLUYENTES SEGÚN ÍNDICE KLOUT

Hola a todos y Feliz Navidad.

Debido al éxito del anterior post, y a un error por omisión de un destacado miembro del universo Klout, hoy vamos a realizar el

¡¡¡ ranking navideño del universo klout!!!!

El ranking de hoy se que va a generar mucha interacción en un día tan ocioso y distendido pero como es navidad y es bueno divertirse, vamos allá.

Además, debo pedir disculpas a Borja Adsuara @adsuara por no incluirlo a pesar de su espectacular klout de 65. Este ranking navideño tiene como una de sus múltiples intenciones el intentar corregir o subsanar mi imperdonable error

Invito a todos aquellos que teniendo un klout suficiente no estéis en la lista a que me localicéis por twitter y, si hay algún error, haremos otro post en fin de año.

En segundo lugar, aclarando algún acertado comentario en twitter, este índice otorga un número; no otorga influencia.

El klout mide el impacto de algunas redes sociales en función de los parámetros que unilateralmente establece. No quiere decir que los integrantes de la lista, más allá del rimbombante título del post, tengan una influencia real y directa en algo (algunos seguro que si); sino que, simplemente se adaptan a unos criterios serios y rigurosos.

Por último, explicar que es una dato diario y que por décimas puedes tener un índice u otros. Como la última vez he cerrado en 62 la lista, sin importar cuantos son, aunque han coincidido en catorce.

Son todos los que están pero no están todos los que son.

A fecha 24.12.2013 a las 12.14  en Canarias

  1. DAVID BRAVO.-                 72     @dbravo
  2. JOSE MUELAS.-                 70     @josemuelas
  3. CARLOS GUERRERO.-      70     @guerrerocg
  4. ROSA MANRUBIA.-            68     @RosaManrubia
  5. JESÚS P. LÓPEZ PELAZ    68     @jlpelaz
  6. BENJAMIN NICOLAU          66     @benjaminnicolau
  7. JOSEP JOVER                     65     @josepjover
  8. BORJA ADSUARA               65     @adsuara
  9. LUIS ABELEDO                   64     @luisabeledo
  10. DAVID MAEZTU                   64     @davidmaeztu
  11. ANDRES MARTÍNEZ            63    @andres_m_o
  12. JAVIER DE LA CUEVA         62    @jdelacueva
  13. VERONICA DEL CARPIO     62    @veronicadelcarp
  14. CARMEN ÁLVAREZ             62    @CarmenVarelaAlv

Espero que en estas entrañables fechas disculpen los errores, solamente soy un aficionado.

PROBLEMAS DE COBRO DE “LA DEPENDENCIA” EN CANARIAS. LA APLICACIÓN PRÁCTICA DE LA LEY DE DEPENDENCIA EN CANARIAS. IMPAGO A LOS DEPENDIENTES FALLECIDOS.

El Gobierno de Canarias no ha resuelto en plazo muchos expedientes de Dependencia.

Esta negligente actuación del Gobierno de Canarias ha provocado que existan dependientes cuya dependencia ha sida reconocida. Estas personas dependientes y sus cuidadores han fallecido sin que haya sido aprobado en Plan Individual de Atención (PIA), regulado en el Decreto 54/2008, de 24 de marzo.

El Gobierno de Canarias está aplicando el criterio, erróneo a nuestro entender, de que al haber fallecido sin haber firmado el PIA no ha consolidado el derecho y, por tanto, los herederos no tienen derecho al cobro de las cantidades que le correspondían por dicha dependencia.

Sin perjuicio de la reforma de mediados del 2012, la STSJ de Cantabria,  de 7 de febrero de 2011, entiende que: se consolidó por silencio positivo el derecho antes del fallecimiento del solicitante”

El Decreto 54/2008, de 24 de marzo por el que se regula el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del Sistema para la autonomía y Atención a la Dependencia de Canarias, para las personas cuyo grado de dependencia está reconocido y que fallecieron antes de junio de 2012, obliga a la Dirección General competente a dictar la resolución por la que se aprueba el Programa Individual de Atención. Art 12.

Por tanto, aunque el Gobierno de Canarias le diga que no tiene derecho a las cantidades del PIA por haber fallecido el dependiente debe estudiar su expediente con detenimiento porque puede ser que SI tenga derecho, como heredero, a esas cantidades.

OUTSOURCING ENTRE DESPACHOS DE ABOGADOS

Estoy desfasado, obsoleto, lo se. Pero creo en el outsourcing entre los despachos de abogados.

 En derecho anglosajón no es una figura tan extraña y creo que, en España, en despachos de cierta entidad, tampoco. A veces es un antiguo abogado, otras veces es por selección y otras, por amistad/contactos/networking.

 Hoy en día el coste en estructuras, que es un coste fijo, es enormemente perjudicial para las cuentas de resultados de las empresas y el outsourcing sigue siendo una solución.

 ¿Por qué reivindico en mi post el outsourcing? Porque lo práctico.

 Vivir y trabajar en Canarias tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Entre las cosas buenas está la climatología. Entre las malas está la doble insularidad que consiste, a grandes rasgos ,en que no sólo estamos alejados de la Península sino que entre islas el coste de desplazamiento es alto, sobre todo si pensamos en asuntos pequeños de poca cuantía.

 En mi caso tengo despachos con los que colaboro cuando tengo que remitir asuntos en los que el coste de desplazamiento o dietas son perjudiciales para mi cliente en Madrid, Barcelona, Galicia, Valencia o Valladolid.

 Pero al revés, y en mucha mayor medida, el despacho al que pertenezco tiene una línea de negocio que está basada en ahorrar costes a despachos de abogados que no están posicionados en Tenerife. Ellos gestionan el asunto y nosotros ejecutamos su estrategia jurídica en las islas.

Este planteamiento les permite ahorrar una gran cantidad de dinero y ser eficientes porque estos medianos y grandes despachos representan a empresas con implantación en todo el territorio nacional y deben dar una servicio a sus clientes en cualquier juzgado de España y, en muchos casos, el extranjero.

LAS DIFICULTADES DEL ABOGADO QUE NO SE VEN

El post de hoy no va sobre abogados ni clientes.

El post de hoy va sobre las dificultades de algunos compañeros para “ir tirando”.

En estos momentos estoy en una juzgado X, extrapolable a cualquier juzgado de España o cualquier colegio de abogados.

Muchos compañeros han tenido que hacer encaje de bolillos y ahora se ven libros en las casas y los despachos, ordenadores y bases de datos en el colegio.  Veo como se atienden a los clientes de modo continuo en dichas salas.

Lo que, en mi particular opinión, no se está comunicando al administrado (o justiciable), como ustedes prefieran, es que el sector de la abogacía, los que somos normales, los que no ganamos 300.000 o 400.000 € de media sin bajarnos del coche, lo está pasando mal, muy mal.

La reflexión es que no se está sabiendo explicar al ciudadano que las tasas nos afectan a nosotros,  pero también a ellos. Los recortes en justicia gratuita nos afectan a nosotros, pero mucho más a ellos.

Como conclusión, entiendo que  los que mandan deben estudiar ampliar canales y lineas de comunicación que puedan llegar al ciudadano y explicar que nuestras protestas son por nosotros pero también por ellos; porque sino acabaremos todos en las salas del colegio de abogados atendiendo al cliente porque no tendremos otro lugar donde cobijarnos… si los colegios profesionales aguantan (pero esa es una historia que abordaremos otro día)

TASACIÓN AD HOC. VALOR DE LIQUIDACIÓN O VENTA INMEDIATA.

Hoy voy a contar una experiencia profesional.

Lo he vivido, sabía como funcionaba y aún así me he sorprendido.

En un pasado cada día más lejano fui un abogado, tangencialmente, de banco (hoy es una especialidad mal vista). Explico esto para que, quién lea el post, sepa un poco de mi background.

Bueno… pues estaba en la reunión del típico promotor que va a entregar una promoción -sin más deudas que las hipotecarias, con un par de alquileres que pagan la comunidad de propietarios, etc

Allí estaba yo, tranquilo (no era mi primera vez en cualquiera de los dos lados)

La conversación, ficticia, es aproximada a la realidad:

– Banco : el valor de tasación es de *.* (cifra ridícula)

-YO: imposible! A un cliente, hace menos de 6 meses, le tasaron un local en esa zona por el doble. Me dice que la misma entidad de tasación establece dos precios del sueldo diferentes? Me enseña la tasación?

– Banco: Buenooooo…. es que no es política de la entidad entregar la tasación.

Buenooooo…. es que tampoco es una tasación en una valoración de liquidación o venta inmediata.

-Yo: Entonces por qué le dice al promotor que van a realizar dos tasaciones conforme las normas del Banco de España?

Venga, por ese precio tengo dos compradores que podrían estar interesados.

-Banco: Noooooo… los compradores que se subroguen en la deuda. Ese precio es solo si lo compra el banco.

Ya veis. Hoy he aprendido el concepto de “valor de liquidación o venta inmediata”. Si vendes al banco es inmediato si quieres que eliminen parte de la hipoteca…. noooooooo!!.

Mi pequeña reflexión:  Si el banco hace el siguiente negocio:

Deuda promotor sin intereses.-                        1.500 €

Valor de liquidación ofrecido.-                            790 €

Precio del bien según tasación BdE.-               1.600 €

¿Realmente pierden los bancos? ¿Declaran pérdidas por confusión de acreedor y deudor? ¿En el balance se incorpora el bien por el valor de tasación o por el valor de liquidación o venta inmediata?

La tasación ad hoc es posible. No os desaniméis

CÓMO LOS AYUNTAMIENTOS HAN COBRADO MAL EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS BIENES INMUEBLES

Consulta/Informe de la Dirección General de Tributos, de 18 de diciembre de 2012, sobre el cálculo de la base imponible del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana

Dirección General de Tributos

IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA (IIVTNU). Cálculo de la base imponible. Artículo 107 TRLRHL. Informe consulta emitido por la DGT a instancias del Ayuntamiento de Cuenca tras el dictado de 2 sentencias (de un JCA de Cuenca y del TSJ Castilla la Mancha) que plantean fórmula distinta para el cálculo de la base imponible. Significado del término «se aplicará el porcentaje anual» contenido el el artículo 107.4 TRLRHL. El recurrente de la liquidación practicada por el Ayuntamiento alegó que «aplicar» no es sinónimo de «multiplicar»; la terminología correcta sería «aplicar un porcentaje», que serían 2 operaciones: multiplicar por un cantidad y el resultado dividir por 100. Atendiendo al contexto, antecedentes legislativos y al sentido técnico usual, debe interpretarse en el sentido de que cuando el artículo 107.4 citado dispone que “sobre el valor del terreno en el momento del devengo (…) se aplicará el porcentaje anual que determine cada ayuntamiento (…)” debe multiplicarse el valor del terreno por la cifra del porcentaje aprobado por el Ayuntamiento para el período que comprenda el nº de años de incremento y el resultado, dividirlo por 100, y no cabe otra interpretación posible.

Se ha recibido escrito del Ayuntamiento de Cuenca en el que plantea la siguiente cuestión en relación con el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana:

De conformidad con lo establecido en el artículo 107 del TRLRHL (LA LEY 362/2004), la base imponible del IIVTNU está constituida por el incremento de valor de los terrenos puesto de manifiesto en el momento del devengo y experimentado a lo largo de un período máximo de 20 años.

Se han dictado dos sentencias (Sentencia nº 366/10, de 21 de septiembre de 2010 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Cuenca (LA LEY 327517/2010) y Sentencia nº 85, de 17 de abril de 2012, del TSJ de Castilla-La Mancha (LA LEY 49855/2012)), que plantean una fórmula distinta para el cálculo de la base imponible.

Se solicita pronunciamiento sobre la forma correcta del cálculo de la base imponible del IIVTNU.

En relación con el asunto mencionado, esta Subdirección General de Tributos Locales, en el ámbito de sus competencias, informa lo siguiente:

El Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) se regula en los artículos 104 (LA LEY 362/2004) a 110 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (LA LEY 362/2004) (TRLRHL), aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (LA LEY 362/2004).

El artículo 104 del TRLRHL (LA LEY 362/2004) en su apartado 1 establece:

“1. El Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana es un tributo directo que grava el incremento de valor que experimenten dichos terrenos y se ponga de manifiesto a consecuencia de la transmisión de la propiedad de los terrenos por cualquier título o de la constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce, limitativo del dominio, sobre los referidos terrenos.”

El artículo 107 del TRLRHL (LA LEY 362/2004) regula la base imponible delllVTNU, estableciendo:

“1. La base imponible de este impuesto está constituida por el incremento del valor de los terrenos, puesto de manifiesto en el momento del devengo y experimentado a lo largo de un período máximo de 20 años.

A efectos de la determinación de la base imponible, habrá de tenerse en cuenta el valor del terreno en el momento del devengo, de acuerdo con lo previsto en los apartados 2 y 3 de este artículo, y el porcentaje que corresponda en función de lo previsto en su apartado 4.

2. El valor del terreno en el momento del devengo resultará de lo establecido en las siguientes reglas:

a) En las transmisiones de terrenos, el valor de éstos en el momento del devengo será el que tengan determinado en dicho momento a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

No obstante, cunado dicho valor sea consecuencia de una ponencia de valores que no refleje modificaciones de planeamiento aprobadas con posterioridad a la aprobación de la citada ponencia, se podrá liquidar provisionalmente este impuesto con arreglo a aquel. En estos casos, en la liquidación definitiva se aplicará el valor de los terrenos una vez se haya obtenido conforme a los procedimientos de valoración colectiva que se instruyan, referido a la fecha del devengo. Cunado esta fecha no coincida con la de efectividad de los nuevos valores catastrales, éstos se corregirán aplicando los coeficientes de actualización que correspondan, establecidos al efecto en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado.

Cuando el terreno, aun siendo de naturaleza urbana o integrado en un bien inmueble de características especiales, en el momento del devengo del impuesto, no tenga determinado valor catastral en dicho momento, el ayuntamiento podrá practicar la liquidación cuando el referido valor catastral sea determinado, refiriendo dicho valor al momento del devengo.

b) En la constitución y transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio, los porcentajes anuales contenidos en el apartado 4 de este artículo se aplicarán sobre la parte del valor definido en el párrafo a) anterior que represente, respecto de aquel, el valor de los referidos derechos calculado mediante la aplicación de las normas fijadas a efectos del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

c) En la constitución o transmisión del derecho a elevar una o más plantas sobre un edificio o terreno, o del derecho a realizar la construcción bajo suelo sin implicar la existencia de un derecho real de superficie, los porcentajes anuales contenidos en el apartado 4 de este artículo se aplicarán sobre la parte del valor definido en el párrafo a) que represente, respecto de aquel, el módulo de proporcionalidad fijado en la escritura de transmisión o, en su defecto, el que resulte de establecer la proporción entre la superficie o volumen de las plantas a construir en vuelo o subsuelo y la total superficie o volumen edificados una vez construidas aquéllas.

d) En los supuestos de expropiaciones forzosas, los porcentajes anuales contenidos en el apartado 4 de este artículo se aplicarán sobre la parte del justiprecio que corresponda al valor del terreno, salvo que el valor definido en el párrafo a) del apartado 2 anterior fuese inferior, en cuyo caso prevalecerá este último sobre el justiprecio.

3. Cuando se modifiquen los valores catastrales como consecuencia de un procedimiento de valoración colectiva de carácter general, se tomará, como valor del terreno, o de la parte de éste que corresponda según las reglas contenidas en el apartado anterior, el importe que resulte de aplicar a los nuevos valores catastrales la reducción que en cada caso fijen los respectivos ayuntamientos. Dicha reducción se aplicará respecto de cada uno de los cinco primeros años de efectividad de los nuevos valores catastrales.

La reducción tendrá como límite mínimo el 40 por ciento y como límite máximo el 60 por ciento, aplicándose, en todo caso, en su límite máximo en los municipios cuyos ayuntamientos no fijen reducción alguna. Los ayuntamientos podrán fijar un tipo de reducción distinto para cada uno de los cinco años de aplicación de la reducción.

La reducción prevista en este apartado no será de aplicación a los supuestos en los que los valores catastrales resultantes del procedimiento de valoración colectiva a que aquél se refiere sean inferiores a los hasta entonces vigentes.

El valor catastral reducido en ningún caso podrá ser inferior al valor catastral del terreno antes del procedimiento de valoración colectiva.

4. Sobre el valor del terreno en el momento del devengo, derivado de lo dispuesto en los apartados 2 y 3 anteriores, se aplicará el porcentaje anual que determine cada ayuntamiento, sin que aquél pueda exceder de los límites siguientes:

a) Período de uno hasta cinco años: 3, 7.

b) Período de hasta 10 años: 3,5.

c) Período de hasta 15 años: 3,2.

d) Período de hasta 20 años: 3.

Para determinar el porcentaje, se aplicarán las reglas siguientes:

1.ª El incremento de valor de cada operación gravada por el impuesto se determinará con arreglo al porcentaje anual fijado por el ayuntamiento para el período que comprenda el número de años a lo largo de los cuales se haya puesto de manifiesto dicho incremento.

2.ª El porcentaje a aplicar sobre el valor del terreno en el momento del devengo será el resultante de multiplicar el porcentaje anual aplicable a cada caso concreto por el número de años a lo largo de los cuales se haya puesto de manifiesto el incremento del valor.

3.ª Para determinar el porcentaje anual aplicable a cada operación concreta conforme a la regla 1.ª y para determinar el número de años por los que se ha de multiplicar dicho porcentaje anual conforme a la regla 2.ª, sólo se considerarán los años completos que integren el período de puesta de manifiesto del incremento de valor, sin que a tales efectos puedan considerarse las fracciones de años de dicho período.

Los porcentajes anuales fijados en este apartado podrán ser modificados por las Leyes de Presupuestos Generales del Estado.”

En la regulación vigente no se encuentra la previsión de que la base imponible sea el incremento real del valor de los terrenos, sino que es el incremento que resulte de lo establecido en el propio precepto legal.

El incremento de valor viene dado por la aplicación sobre el valor del terreno, que es el valor a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), de unos porcentajes, que están en función del período durante el cual se ha generado dicho incremento. Se trata, por tanto, de un incremento de valor (base imponible) determinado objetivamente, sin atender a las circunstancias concretas de cada terreno. No hay una comparación entre unos valores inicial y final, o entre un valor de adquisición y enajenación.

El legislador, pudiendo escoger entre diversas fórmulas para determinar el incremento de valor del terreno, ha optado por la establecida en el artículo 107 del TRLRHL (LA LEY 362/2004).

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley (artículo 107.1, párrafo 2°), para la determinación del incremento de valor del terreno, deben tenerse en cuenta dos factores: uno, el valor del terreno en el momento del devengo; y dos, el porcentaje que corresponda aplicar sobre el mismo.

En cuanto al valor del terreno en el momento del devengo, con carácter general en las transmisiones de la propiedad, es el valor que tenga determinado en dicho momento a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (artículo 107.2 del TRLRHL (LA LEY 362/2004)).

En el mismo apartado 2 del artículo 107 se establecen reglas específicas para la determinación del valor del terreno en diversos supuestos: modificaciones no recogidas en las ponencias de valores, falta de determinación del valor catastral en el momento del devengo, constitución y transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio, expropiación forzosa.

Por tanto, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 107 del TRLRHL (LA LEY 362/2004), en los casos de transmisión de la propiedad de los terrenos, el valor del terreno a tener en cuenta para la determinación de la base imponible del impuesto es el valor que tenga determinado en el momento del devengo (que, de acuerdo con el artículo 109, es la fecha de la transmisión) a efectos del IBI, es decir, el valor catastral en la fecha de la transmisión de la propiedad.

La Ley sólo toma en consideración el valor catastral en el momento del devengo, no teniendo en cuenta otros valores, como puede ser el precio de la transmisión, el valor de mercado en dicho momento, cuál fue el valor catastral cuando se adquirió el terreno o su valor de adquisición.

La Ley no calcula el incremento de valor del terreno por diferencia entre el valor catastral en el momento de la transmisión y el valor catastral en el momento de la adquisición, sino que, como se ha indicado anteriormente, únicamente se toma el valor catastral del terreno en el momento de la transmisión, con lo cual es indiferente cuál ha sido el incremento real de los valores catastrales en el período de tiempo transcurrido entre la adquisición y la transmisión del terreno.

El apartado 3 del artículo 107 del TRLRHL (LA LEY 362/2004) establece una reducción del valor catastral en los supuestos de modificación de los valores catastrales como consecuencia de un procedimiento de valoración colectiva de carácter general.

Una vez determinado el valor del terreno en el momento del devengo, de acuerdo con lo dispuesto en los apartados 2 y 3 del artículo 107, el apartado 4 del mismo artículo señala que sobre dicho valor se aplicará el porcentaje anual que determine cada ayuntamiento con unos límites establecidos en la Ley en función del período de generación del incremento. A continuación, el apartado 4 contiene tres reglas para la determinación del porcentaje.

La cuestión planteada, y sobre la que se ha producido el litigio judicial, es el significado del término “se aplicará el porcentaje anual” contenido en el primer párrafo del apartado 4 del artículo 107.

El recurrente de la liquidación practicada por el Ayuntamiento alega que “aplicar” no es sinónimo de “multiplicar”. Lo que sucede es que la terminología correcta es “aplicar un porcentaje” y no “multiplicar por un porcentaje”, ya que “aplicar un porcentaje” implica no una, sino dos operaciones aritméticas: multiplicar la cantidad tomada como base por una cifra y el resultado dividirlo por 100. Así, aplicar el porcentaje del 20% a la cantidad de 1.000 euros implica multiplicar 1.000 por 20 y el resultado (20.000) dividirlo por 100, dando como resultado final 200 euros.

El artículo 12 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (LA LEY 1914/2003)(LGT), dedicado a la interpretación de las normas tributarias, dispone en sus apartados 1 y 2:

“1. Las normas tributarias se interpretarán con arreglo a lo dispuesto en el apartado 1 delartículo 3 del Código Civil (LA LEY 1/1889).

2. En tanto no se definan por la normativa tributaria, los términos empleados en sus normas se entenderán conforme a su sentido jurídico, técnico o usual, según proceda.”

El artículo 3.1 del Código Civil (LA LEY 1/1889) establece que:

“1. Las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos, y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquéllas.”

En la propia LGT, así como en otras normas tributarias reguladoras de diversos tributos, se emplea el término “aplicar un porcentaje” en el sentido indicado anteriormente.

Así, una vez definido el tipo de gravamen en el artículo 55 de la LGT como “la cifra, coeficiente o porcentaje que se aplica a la base liquidable para obtener como resultado la cuota íntegra”, el artículo 56 del mismo texto legal señala que la cuota íntegra se puede determinar aplicando el tipo de gravamen a la base liquidable. El mismo artículo define la cuota líquida como el resultado de aplicar sobre la cuota íntegra las deducciones, bonificaciones, adiciones o coeficientes previstos, en su caso, en la ley de cada tributo.

Si acudimos, por ejemplo, al texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo (LA LEY 388/2004), el artículo 29 establece que “se entenderá por cuota íntegra la cantidad resultante de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen”.

Está claro que a nadie se le ocurre otra cosa distinta para determinar la cuota íntegra del Impuesto sobre Sociedades que multiplicar la base imponible por 30 (en el caso de que corresponda el tipo general de gravamen) y el resultado dividirlo por 1 OO.

Del mismo modo, los artículos 90 (LA LEY 3625/1992) y 91 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre (LA LEY 3625/1992), del Impuesto sobre el Valor Añadido, también emplean el término “aplicar” el tipo impositivo a la base imponible para determinar la cuota del impuesto.

El propio TRLRHL (LA LEY 362/2004) utiliza en numerosas ocasiones el término “aplicar” un porcentaje a una determinada cantidad en el sentido de multiplicar la cantidad por una cifra y el resultado dividirlo por 100:

  •  El artículo 71 define la cuota íntegra del Impuesto sobre Bienes Inmuebles como “el resultado de aplicar a la base liquidable el tipo de gravamen a que se refiere el artículo siguiente” .
  •  El artículo 88, que regula las bonificaciones en el Impuesto sobre Actividades Económicas, señala que sobre la cuota del impuesto se aplicarán las diferentes bonificaciones enumeradas en el mismo.
  •  El artículo 102.2 define la cuota del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, como “el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen”.
  •  El artículo 108.2 define, para el mismo Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, la cuota íntegra como el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen.” El apartado 3 de este mismo artículo señala que “la cuota líquida del impuesto será el resultado de aplicar sobre la cuota íntegra, en su caso, la bonificación a que se refiere el apartado siguiente.”

Por tanto, si en todos los ejemplos anteriores “aplicar” el porcentaje de que se trate sobre una cantidad tomada como base, implica multiplicar dicha cantidad por una cifra y el resultado dividirlo por 100, no puede entenderse que el mismo término en el artículo 107.4 del TRLRHL (LA LEY 362/2004) pueda tener una interpretación distinta.

Atendiendo al contexto, los antecedentes legislativos, así como al sentido técnico y usual, hay que interpretar que, cuando el artículo 107.4 del TRLRHL (LA LEY 362/2004) dispone en su primer párrafo que “sobre el valor del terreno en el momento del devengo, derivado de lo dispuesto en los apartados 2 y 3 anteriores, se aplicará el porcentaje anual que determine cada ayuntamiento, sin que aquél pueda exceder de los límites siguientes”, implica necesariamente, y sin que la Ley permita otra interpretación posible, multiplicar el valor del terreno en el momento del devengo (que será en la generalidad de los casos el valor catastral del mismo en la fecha de la transmisión) por la cifra del porcentaje aprobado por el Ayuntamiento para el período que comprenda el número de años de incremento y el resultado de dicha multiplicación dividirlo por 100.