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DERECHO A LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA EN

Todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario.

Esta frase está grabada a fuego en el imaginario del individuo medio español. Realmente no es así porque según en que cuestión tributaria y/o administrativa cambia la cosa, pero esa es otra historia.

Sin perjuicio de lo anterior la presunción de inocencia también debe imperar cuando un tribunal de instancia conoce de un recurso pero con -no se si llamarlo límite- de que un tribunal ha conocido de modo previo y ha dictado sentencia bajo la inmediación de la práctica de la prueba en el plenario.

Esta situación de “conflicto” la aborda de un modo muy didáctico, y con una remisión profusa a otras resoluciones, la STS 602/2013, de 5 de julio, de la Sala de lo Penal, Sección 1, ROJ STS 3786/2013, cuando dice:

La doctrina del Tribunal Constitucional ha delimitado el contenido de la garantía de presunción de inocencia señalando como elementos del mismo:

1o) que exista una mínima actividad probatoria ;

2o) la exigencia de validez en los medios de prueba que justifican la conclusión probatoria ratificando la imputación de la acusación. Así́ pues la convicción del Juzgador debe atenerse al método legalmente establecido para obtenerla, lo que ocurre si los medios de prueba pueden ser considerados válidos y el debate se somete a las condiciones de contradicción, igualdad y publicidad;

3o) que de la misma quepa inferir razonablemente los hechos y la participación del acusado en los mismos. Y eso en relación a los elementos esenciales del delito, tanto objetivos como subjetivos, y, entre ellos, a la participación del acusado;

4o) la motivación del iter que ha conducido de las pruebas al relato de hechos probados de signo incriminatorio;

5o) a falta de prueba directa, la prueba de cargo sobre la concurrencia de los elementos objetivos y subjetivos del delito puede ser indiciaria , siempre que se parta de hechos plenamente probados y que los hechos constitutivos de delito se deduzcan de esos indicios a través de un proceso mental razonado y acorde con las reglas del criterio humano.

Así lo han recordado las Sentencias Tribunal Constitucional n 22/2013 de 31 de enero , citando la doctrina que arranca ya de la STC no 31/1981 de 28 de julio y la STC no 142/2012 de 2 de julio que recuerda la sentencia Tribunal Constitucional no 128/2011 .

Tal general doctrina ha de completarse con alguna precisión de esos no del todo determinados parámetros del canon constitucional. Al efecto decíamos en nuestra Sentencia no 592/12 de 11 de junio:

a) Así, en cuanto al control de la razonabilidad de la motivación con la que se pretende justificar, más que demostrar, la conclusión probatoria, hemos resaltado que, más que a la convicción subjetiva del juzgador, ha de acreditarse que pueda asumirse objetivamente la veracidad de las afirmaciones de la imputación . Para predicar tal objetividad debe constatarse la inexistencia de vacío probatorio , porque se haya practicado medios de prueba que hayan aportado un contenido incriminador. Pero, además, la revisión de la valoración hecha por el juzgador de instancia de tales medios y contenidos debe permitir predicar de la acusación una veracidad que se justifique por adecuación al canon de coherencia lógica que excluya la mendacidad de la imputación, partiendo de proposiciones tenidas por una generalidad indiscutidamente por premisas correctas .

b) Aunque aquella objetividad no implique exigencia de que las conclusiones sean absolutamente incuestionables, sí que se estimará que no concurre cuando existen alternativas razonables a la hipótesis que justificó la condena. Y éstas concurren cuando, aún no acreditando sin más la falsedad de la imputación, las objeciones a ésta se fundan en motivos que para la generalidad susciten dudas razonables sobre la veracidad de la acusación, más allá́ de la inevitable mera posibilidad de dudar, nunca excluible.

Suele decirse que no corresponde a este Tribunal seleccionar entre inferencias o conclusiones valorativas alternativas. Y que la de instancia debe ratificarse si es razonable. Incluso si lo fuere la alternativa. Sin embargo esa hipótesis resulta conceptualmente imposible desde la perspectiva de la garantía constitucional. Porque si la hipótesis alternativa a la imputación es razonable, las objeciones a la afirmación acusadora lo son también. Y entonces falta la certeza objetiva. El Tribunal, cualquiera que sea su convicción subjetiva, está en ese caso obligado constitucionalmente a dudar.

Puede decirse, finalmente, que, cuando existe una duda objetiva , debe actuarse el efecto garantista de la presunción constitucional, con la subsiguiente absolución del acusado.

Sin que aquella duda sea parangonable tampoco a la duda subjetiva del juzgador, que puede asaltarle pese al colmado probatorio que justificaría la condena. Esta duda también debe acarrear la absolución, pero fuera ya del marco normativo de exigencias contenidas en el derecho fundamental a la presunción de inocencia. Y

c) El control de la inferencia en el caso de prueba indiciaria implica la constatación de que el hecho o los hechos bases (o indicios) están plenamente probados y los hechos constitutivos del delito deben deducirse precisamente de estos hechos bases completamente probados.

La razonabilidad de esta inferencia exige, a su vez, que se adecue al canon de su lógica o coherencia , siendo irrazonable cuando los indicios constatados excluyan el hecho que de ellos se hace derivar o no conduzcan naturalmente a él, y también al canon de la suficiencia o carácter concluyente , excluyéndose la razonabilidad por el carácter excesivamente abierto, débil o indeterminado de la inferencia ( STC no 117/2007 ).

El control de la motivación ha de valorar si el razonamiento expuesto en la resolución recurrida está asentado en las reglas del criterio humano o en las reglas de la experiencia común o, “en una comprensión razonable de la realidad normalmente vivida y apreciada conforme a los criterios colectivos vigentes”.

( Sentencias TS núms. 762/12 de 26 septiembre , 638/12 de 16 de julio y 648/12 de 17 de julio , reiterando lo dicho en la núm. 542/12 de 21 de junio, resolviendo el recurso no 1358/2011 y SSTS núms. 122/2012 de 22 de febrero , 103/12 y 99/12 de 27 de febrero , 1342/11 de 14 de diciembre , 1370/11 y 1432/11 de 16 de diciembre , 1385/11 de 22 de diciembre , 1270/2011 de 21 de noviembre , 1276/11 de 28 e noviembre , 1198/11 de 16 de noviembre , 1192/2011 de 16 de noviembre , 1159/11 de 7 de noviembre ).

Sin duda está es una sentencia que todos podríamos tener en un cajón de la mesa de trabajo para orientar y fundamentar el Derecho a la presunción de inocencia.

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¿INDEMNIZACIÓN CON IVA Y BENEFICIO INDUSTRIAL?

El supuesto de hecho es una condena que trae origen en una reclamación de una indemnización en la que se incluye el IVA y el 19 % de beneficio industrial.

La cuestión planteada es si la indemnización debe incluir el IVA y el beneficio industrial.

La STS de 21 de octubre de 2014, Sala 1ª,Ponente Salas Carceler, resolución 558/2014, recurso 2247/2014, declara haber lugar al recurso de casación y razona en el siguiente sentido:

“La sentencia impugnada, ante las distintas soluciones que se han adoptado por las Audiencias Provinciales para tales casos, opta por excluir dichos conceptos y por ello estima parcialmente el recurso de apelación.

Dicha cuestión ya ha sido abordada por esta Sala en reciente sentencia núm. 347/2014, de 26 junio (Recurso núm. 1688/2012 ). En ella se dice que la indemnización de daños y perjuicios no devenga IVA según lo previsto en el artículo 78.3.1o de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre , reguladora del impuesto sobre el valor añadido, pero no es lo mismo la aplicación del impuesto a una indemnización que la inclusión en la misma de lo que el perjudicado ha de pagar por ello a un tercero que realiza el servicio de que se trata, pues en tal caso el IVA va comprendido necesariamente en la propia indemnización de daños y perjuicios ya que, de no ser así, la misma no sería íntegra como requiere el artículo 1101 y concordantes del Código Civil ; y se añade que efectivamente al tratarse de la reparación de unos vicios o defectos constructivos, el importe de la indemnización debe fijarse teniendo en cuenta el importe total que el perjudicado debe abonar para la reparación de los vicios y defectos constructivos, sin que en este caso se pueda plantear el posible enriquecimiento injusto de la comunidad de propietarios; en cuanto dicha comunidad, carente de personalidad jurídica, no es sujeto pasivo del impuesto y por tanto no puede compensar en declaración tributaria lo abonado.

Los mismos razonamientos cabe aplicar a la cantidad establecida por beneficio industrial, por cuanto lo indemnizable ha de ser la cantidad que finalmente habría de satisfacer el perjudicado si procediera a la reparación de los daños, pues esa es la prestación debida al mismo por el responsable de tales daños, sin consideración a la actuación posterior de dicha parte perjudicada que podrá optar por llevar a cabo o no la reparación en las condiciones que estime oportunas. “

La moraleja de esta sentencia es que la avaricia rompe el saco y en este saco volaron las costas por avaricioso.

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15 noviembre, 2014 · 19:14

NULIDAD DE LICENCIAS, SERVIDUMBRE DE VISTAS, RESPONSABILIDADES VARIAS Y OTROS DETALLES.

El post de hoy es de servidumbres de luces y vistas. Si, después de tantos años, después de Castanes y otros libros y manuales el 3-10-2014 sale una recentísima STS que nos remite al art 582 y 584 de nuestro añejo Código Civil.

El supuesto de hecho es, mutatis mutandi, un edificio que cede unos metros para que se construya una vía peatonal de uso público que se declare de dominio público y así poder tener fachada a vía pública y así abrir ventanas y huecos en la fachada. Esos metros y esa vía pública existen en el PGOU.

Hay una serie de vicisitudes, incluido paralización de obra, que nos lleva a la sentencia; STS 3854/2014, REC 2328/2012, RESOLUCIÓN 518/2014:

El recurso de casación que ha interpuesto la demandante en la instancia xxxx promotora de la construcción del EDIFICIO001 ” cuya obra ha sido suspendida por la sentencia firme mencionada de interdicto de obra nueva, contiene, como se ha dicho, dos motivos, ambos con similar contenido.

 El primero de ellos alega la infracción de los artículos 584 y 582 del Código civil y de la jurisprudencia que cita.

 Estos artículos disponen las distancias entre obras, como límite -aunque el Código civil las denomina servidumbres legales- al derecho de propiedad. Conviene advertir que esto se corresponde al segundo inciso del apartado primero del suplico de la demanda, pero no al resto de los pedimentos, pese a lo cual en el suplico del presente recurso de casación se interesa la estimación de todos los pedimentos y también es de recordar que la sentencia del interdicto acuerda la suspensión de la obra, uno de cuyos motivos, solamente uno, es el tema de las distancias.

 El artículo 582 del Código civil dispone, con carácter general, este límite al derecho de propiedad:

 No se puede abrir ventanas con vistas rectas, ni balcones u otros voladizos semejantes, sobre la finca del vecino, si no hay dos metros de distancia entre la pared en que se construyan y dicha propiedad. Tampoco pueden tenerse vistas de costado u oblicuas sobre la misma propiedad, si no hay 60 centímetros de distancia..

 Y el 584 constituye una excepción al anterior:

 Lo dispuesto en el artículo 582 no es aplicable a los edificios separados por una vía pública.

 En el presente caso, la parte demandante mantiene que no se le puede aplicar las distancias del primero de estos artículos, porque su edificio está separado del contrario por una vía pública; lo decisivo es el concepto de vía pública. Este es un concepto jurídico, no es de mero hecho.

 La sentencia del Juzgado de 1a Instancia, confirmada por la Audiencia Provincial en grado de apelación, declara -pronunciamiento firme, consentido por ambas partes- que la franja de terreno de autos, que es la discutida y que se plantea en este motivo de apelación

 “está destinada a zonas de aparcamiento y desahogo de aquel edificio” ( EDIFICIO000 ) y “se encuentra incluido en el plan general de ordenación urbana de Nerja” y la calificación -es importante- es “de terrenos de dominio público destinados a la viales peatonales y áreas libres públicas quedando pendiente la transmisión al Ayuntamiento de la titularidad dominical sobre la referida franja de terreno en tanto en cuanto no se haga efectivo la gestión del referido planeamiento” .

  

Es preciso traer a colación la sentencia de esta Sala del 24 diciembre 1996 que declara rotundamente que la inclusión en un plan de urbanismo no convierte terrenos de propiedad privada destinados a viales en dominio público, sino a través del acta de entrega y aceptación. Dice así:

 

La inclusión en un plan general de ordenación de un terreno de propiedad privada como destinado a viales y la obligación … no determinan por sí solas la conversión en dominio público municipal de esos terrenos, sino que es necesario para ello que esa cesión gratuita de viales, establecida en los sistemas de actuación urbanística se lleve a cabo con arreglo a las normas de procedimiento aplicables, normas que son de inexcusable observancia, debiendo señalarse que la cesión, como cumplimiento de esa obligación impuesta a los propietarios de suelo urbano por la legislación urbanística, se produce con la correspondiente acta de entrega y recepción, que produce la transmisión al Ayuntamiento de la titularidad dominical.

 

Lo cual -tanto la sentencia firme de este proceso como la transcrita de esta Sala- lleva a la conclusión de que la vía que es discutible, franja de terreno entre los EDIFICIO000 ” y ” EDIFICIO001 ” puede ser utilizada por el público, pero no tiene el concepto jurídico de vía pública; es un paso de hecho, propiedad de la comunidad demandada ( EDIFICIO000 “), pero no es vía pública.

 

Se mantiene -como no podía ser menos- la declaración del fallo de las sentencias del Juzgado y de la Audiencia Provincial de Málaga sobre el actual dominio privado del terreno por la comunidad, aunque incluida en un plan urbanístico, pero es dominio privado sin perjuicio de la transmisión del mismo al Ayuntamiento, en su día y si procede, tal como también declara con carácter general la sentencia dictada de esta Sala.

 

En consecuencia, no es vía pública en el sentido jurídico que aquí interesa, aunque puede ser un paso tolerado, una situación de hecho, pero el dominio privado se ha declarado en sentencia firme y al tiempo de la demanda no se había producido la transmisión dominical al Ayuntamiento “

Lo curioso de esta sentencia, a mi modo de ver, es:

1.-º La cada vez más común transversalidad de aplicación del Derecho puesto que entra tangencialmente en conceptos jurídicos administrativos.

2.-º La importancia de la correcta formalización de los convenios urbanísticos.

3.º- La importancia del título y modo en nuestro ordenamiento jurídico en relación a la transmisión de la propiedad a través del negocio jurídico que sea.

4.º- Pese que no entra directamente a conocer, la posible responsabilidad del Ayuntamiento, puesto que desde instancia razonan que : “Se trata de determinar si dicha franja de terreno es de propiedad particular del EDIFICIO000 como figura en el Registro de la Propiedad, o si, por el contrario, es una calle pública, como calle peatonal de uso público según consta en el ordenamiento urbanístico desde las normas subsidiarias hasta el actual Plan General de Ordenación Urbana y que por la inactividad del Ayuntamiento no fue objeto de cesión previa a la concesión de la correspondiente licencia de obras a favor de la Comunidad Cervantes.”

5.º- La nulidad de la licencia, de las cédulas, etc con la responsabilidad que ello conlleva ex art 102 LRJPAC.

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CONSUMIDORES, USUARIOS Y LA ENTREGA DE VEHÍCULOS COMO PAGO DE LA DEUDA PENDIENTE IMPAGADA.

CONSUMIDORES, USUARIOS Y LA ENTREGA DE VEHÍCULOS COMO PAGO DE LA DEUDA PENDIENTE IMPAGADA.

Todos los blogs y post se centran en los consumidores y usuarios de las hipotecas y nos olvidamos de los préstamos personales para la compra del coche.

El post va a tratar de la práctica de lo que pasa no de la teoría que debería pasar cuando entregamos el coche para liquidar la deuda.

A.- Entregamos el coche a cambio de cancelar la deuda. Ningún problema. Está claro.

B.- Entregamos el coche, reconocemos la existencia de una deuda y autorizamos a la prestamista a vender el coche en nuestro nombre. Aquí si que hay problemas.

Iremos por partes.

Normalmente los contratos de préstamo para la compra de un coche habitualmente incluyen cláusulas de este tipo:

La tasación del bien para que sirva de tipo, en su caso, a la subasta. También podrá fijarse una tabla o índice referencial que permita calcular el valor del bien a los efectos de lo señalado en el artículo 16”; en relación con el art 16.2 c) Incumplimiento del deudor:

“Si el deudor no pagase, pero voluntariamente hiciera entrega de los bienes adquiridos a plazos, se procederá a su enajenación en pública subasta, con intervención de Notario o Corredor de Comercio colegiado, según sus respectivas competencias.

En la subasta se seguirán, en cuanto fuesen de aplicación, las reglas establecidas en el artículo 1.872 del Código Civil y disposiciones complementarias, así como las normas reguladoras de la actividad profesional de Notarios y Corredores de Comercio. En la primera subasta servirá como tipo el valor fijado a tal efecto por las partes en el contrato.

No obstante lo dispuesto en los párrafos anteriores, el acreedor podrá optar por la adjudicación de los bienes para pago de la deuda sin necesidad de acudir a la pública subasta. En tal caso, será de aplicación lo dispuesto en la letra e) de este apartado.

Esto no se cumple. Lo normal es que se entregue el coche para que lo vendan en su nombre. Es decir, no se pacta el precio/valor del vehículo que reducirá o eliminará la deuda, lo normal en estos contratos es que incluya una cláusula de estilo en este sentido:

En caso de no haberse pactado un procedimiento para el cálculo de la depreciación del bien, el acreedor deberá acreditarla en el correspondiente proceso declarativo”. Art 16.2 e) LVBM

Lo que realmente sucede es que firme un documento de mandato en que:

“El importe de la venta se aplicará, una vez realizado el mismo, hasta donde alcance, a la mayor deuda que mantengo con ustedes una vez descontadas las cargas, multas, impuestos y reparaciones que existan o deban realizarse en el vehículo”

Entiendo que este supuesto es un contrato de mandato con facultad de enajenación a través del mandato expreso. Por el contrato de mandato se obliga a una persona a prestar algún servicio o hacer alguna cosa por cuenta o encargo de otra, ex art 1709 C.Civil; en relación con el art 1713 “para transigir, enajenar, hipotecar o ejecutar cualquier otro acto de riguroso dominio, se necesita mandato expreso” STS 6-3-2001 (RJ 2001,3973)

Esto debemos ponerlo en relación, tal y como se hizo en el acto de la vista, con el art 1726 CCiv: “El mandatario es responsable, no solo del dolo, sino también de la culpa(…)”

Esta situación aplicado al supuesto concreto es:

1.- El deudor entrega el vehículo para que lo vendan en su nombre y satisfacer todo o parte de su deuda.

2.- El mandatario vende a un precio a un tercero que se dedica a la venta de los coches.

3.- El tercero lo vende por precio superior.

 En mi opinión, si la deuda no se satisficiese, el deudor podría reclamar por la existencia de daños y perjuicios al mandatario que se comprometió a la venda por el precio máximo posible de mercado.

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¿EL MARKETING FAGOCITA AL ABOGADO O HAY ALGÚN ABOGADO SIN MARKETING DETRÁS?

¿EL MARKETING FAGOCITA AL ABOGADO O HAY ALGÚN ABOGADO SIN MARKETING DETRÁS?

Koons refinó sus pasos convirtiéndose en el primer artista plástico que contrataba a un relaciones públicas para darse a conocer en los ochenta, inaugurando una nueva etapa en el arte contemporáneo en la que el marketing ha fagocitado al talentoEsta frase es un extracto de una noticia que leí ayer, aquí.

“Koons” es Jeff Koons el artista vivo más caro del mundo.

Del extracto de la noticia me quedo con otra parte que el autor no tuvo a bien subrayar: “refinó sus pasos convirtiéndose en el primer artista plástico que contrataba a un relaciones públicas para darse a conocer”

 

Mi conclusión subjetiva, tendenciosa y sobre la superficialidad de un texto de una noticia de la que no conozco ni origen ni fuentes es: no inauguró nueva etapa en el arte (que también) sino que fue el pionero en cómo mostrar su arte.

 

Mutatis Mutandi (que para eso digo que estudié en una Facultad de Derecho) los abogados debemos mostrar nuestro arte, nuestra ciencia, nuestro expertise (que dicen ahora) para eso necesitamos el arte de mostrar, de darnos a conocer, de “presumir” de nuestros logros y conocimientos.

El abogado siempre ha necesitado del marketing pero no se llamaba así y no estaba profesionalizado.

Hoy nos hace falta porque la diferenciación es como el agua y la comida. No podremos vivir sin diferenciarnos. Para eso, si puedes mejor contratar a un buen cocinero que prepare lo que determine un nutricionista y tú médico ¿qué mejor?

Si yo tuviera un despacho en Madrid, Barcelona, Bilbao, Zaragoza o Santiago de Compostela no tengáis duda que reservaría gran parte de mi presupuesto para contratar a un Profesional de Marketing Jurídico porque saber y ganar pleitos no es nada. Hay que poder comunicar, transmitir, gritar por un altavoz y mostrar qué sabes y qué ganas los pleitos… o no?

 

PD.- ¿Te gusta el arte contemporáneo? ¿Comprarías una obra de Koons? ¿Disfrutarías de una obra de Koons? ¿Te gustaría tener para tú uso propio una obra del artista vivo más caro?

 

 

 

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¿TE HAN COBRADO EL IBI COMO URBANO POR SUELO URBANIZABLE? RECURRE!!!

Volvemos en el blog al proceloso y abigarrado mundo del Derecho después de unos post que se han alejado ligeramente del camino.

He conocido una curiosa Sentencia de fecha 30-5-2014 dictada por la Sección 2ª de la Sala de lo Contencioso; rec 2362/2013 Ponente Excmo. Sr. Don Emilio Frías Ponce.

Esencialmente los hechos se circunscriben a que en Extremadura se hace una nueva valoración colectiva parcial del municipio de Badajoz que valora la finca de los recurrentes en 4.300.000 € aproximadamente.

La controversia nace en la consideración de la finca como urbano a efectos catastrales pese a que el PGOU de Badajoz lo considera como urbanizable.

“La Sala de Instancia aceptó el motivo de la nulidad de la valoración por cuanto la finca, pese a estar dentro del perímetro que delimita el suelo urbano de Badajoz era de naturaleza rústica por tratarse de un suelo urbanizable sin haberse iniciado el proceso de urbanización al no estar aprobado el instrumento de desarrollo

 

El Tribunal, después de analizar la normativa concluye que:

 “sólo pueden considerarse urbanos a efectos catastrales los inmuebles considerados en el Plan General como urbanizables cuando el desarrollo de su actividad de ejecución no dependa de la aprobación del instrumento urbanístico que tiene por finalidad su ordenación detallada” La negrita y subrayado son nuestros.

 El FD SEXTO.- (…)hay que entender que el legislador catastral quiso diferenciar entre suelo de expansión inmediata donde el plan delimita y programa actuaciones sin necesidad de posteriores tramites de ordenación, de aquel otro que, que aunque sectorizado carece de tal programación y cuyo desarrollo urbanístico queda pospuesto para el futuro, por lo que a efectos catastrales sólo pueden considerarse suelos de naturaleza urbana el suelo urbanizable sectorizado ordenado así como el suelo sectorizado no ordenado a partir del momento de aprobación del instrumento urbanístico que establezca las determinaciones para su desarrollo. Antes de ese momento el suelo tendrá, como dice la sentencia recurrida, el carácter de rústico.

 

Si no se aceptara esta interpretación, perdería de sentido el último inciso del precepto, cuando dice que << los demás suelos de este tipo a partir del momento de aprobación del instrumento urbanístico que establezca las determinaciones para su desarrollo>>, porque este momento no puede ser el momento de sectorización o delimitación del terreno urbanizable, si éste se disocia del momento de aprobación del instrumento urbanístico de desarrollo.

 

No podemos olvidar que el propio TRLCI, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo ,afirma en su Exposición de Motivos que el Catastro es un órgano de naturaleza tributaria, siendo su razón de ser la de servir para la gestión de diversas figuras tributarias de los tres niveles territoriales de la Hacienda Publica, y así lo ha reconocido expresamente el Tribunal Constitucional en su sentencia 233/1999, de 16 de diciembre , en la que refleja que la organización del Catastro, justamente por tratarse de una institución comúne indispensable para la gestión de los impuestos estatales más relevantes, es una competencia que ha de encardinarse, sin lugar a dudas, en la de Hacienda General del artículo 149.1.14 de la Constitución , y que la información catastral estará al servicio de los principios de generalidad y justicia tributaria de asignación equitativa de los recursos públicos.

 

Por ello, no puede desconocerse que el régimen jurídico del derecho de propiedad configurado por la norma urbanística incide sobre la regulación tributaria y, en concreto, en la formación del Catastro y en cómo se determina el valor catastral de cada una de las parcelas que se incluyen en ese registro. De esta interrelación deriva la necesidad de que, por un lado, la descripción catastral atienda, entre otras cosas, a las características físicas, económicas y jurídicas de los bienes, a su uso o destino, a la clase de cultivo o su aprovechamiento (art. 3 del TRLCI)) y, por otro lado, que la determinación del valor catastral tenga en cuenta, entre otros criterios, la localización del inmueble o las circunstancias urbanísticas que afectan al suelo (art. 23 del mismo texto), proclamando, por su parte, el art. 11 la obligatoriedad de incorporar los bienes inmuebles en el Catastro, así como las alteraciones de sus características con el designio de que la descripción catastral de los inmuebles afectados concuerde con la realidad.

 

FD SÉPTIMO.- Es cierto que la Ley 8/2007, de 28 de mayo, del Suelo, supuso un cambio en la configuración del derecho de propiedad, al reconocer lo que ella denomina dos situaciones básicas, el suelo rural y el suelo urbanizado, terminando así la diferenciación establecida por la Ley 6/1998, de 13 de abril, que distinguía entre suelo urbanizable o no urbanizable, urbano y el suelo de los municipios donde no existía planeamiento, y que los efectos de este cambio se circunscriben a las valoraciones a efectos de expropiación forzosa, venta o sustitución forzosa y responsabilidad patrimonial.

 

Sin embargo, si se desconectan completamente ambas normativas nos podemos encontrar con valores muy diferentes, consecuencia de métodos de valoración distintos, de suerte que un mismo bien inmueble tenga un valor sustancialmente distinto según el sector normativo de que se trate, fiscal o urbanístico, no siendo fácil justificar que a efectos fiscales se otorgue al inmueble un valor muy superior al que deriva del TRLS, obligando al contribuyente a soportar en diversos tributos una carga fiscal superior, mientras que resulta comparativamente infravalorado a efectos reparcelatorios, expropiatorios y de responsabilidad patrimonial.

Por otra parte, como para calcular el valor catastral se debe tomar como referencia el valor de mercado, sin que en ningún caso aquel pueda superar a este último (art. 23.2 del TRLCI) si las ponencias de valores no reconocen la realidad urbanística, podríamos encontrarnos con inmuebles urbanizables sectorizados no ordenados con valor catastral superior al del mercado, con posible vulneración del principio de capacidad económica, que no permite valorar tributariamente un inmueble por encima de su valor de mercado, porque se estaría gravando una riqueza ficticia o inexistente.

 En consecuencia, teniendo en cuenta que las Comunidades Autónomas pueden precisar la noción de suelo urbanizable en sus respectivos ámbitos territoriales, y que los Ayuntamientos son competentes para acometer aquellas recalificaciones que estimen necesarias, la homogeneidad en la hermeneútica de los designios del artículo 7 del TRLCI exige acudir, en caso de duda, a los criterios dimanantes del TRLS, evitando las incoherencias generadas por la concurrencia de dos regulaciones tan distintas sobre una misma realidad fáctica.

Como expuso el Tribunal Constitucional, primero en su sentencia 61/1997 de 20 de marzo , con ocasión de la inconstitucionalidad planteada respecto al Texto Refundido de la Ley del Suelo de 1992, y después en su sentencia 164/2001 de 11 de Julio , con ocasión de la inconstitucionalidad planteada frente a la Ley 6/1998 de 13 de abril, del Régimen del Suelo y de Valoraciones, el derecho fundamental de propiedad reconocido en el articulo 33 de la Constitución se conforma por su régimen jurídico y el régimen de valoración del suelo, y que tales condiciones son las reguladas en la Ley del suelo estatal, ejerciendo dicha norma una vinculación respecto del resto de normas que inciden, de uno u otro modo, en ciertos aspectos de la propiedad del suelo.

Frente a lo expuesto, de indiscutible alcance general, no cabe invocar el art. 30.2 c) del TRLCI, que admite, dentro del procedimiento simplificado de valoración colectiva un mecanismo especifico de valoración en los casos de cambiar el suelo de naturaleza por modificación del planeamiento al incluirlos en ámbitos delimitados, cuando en este caso ni siquiera se trataba de un procedimiento simplificado de valoración colectiva, sino de una valoración colectiva de carácter parcial.”

 

De esta interesantísima Sentencia me quedo con:

a)    una realidad: las administraciones públicas cobran indebidamente por todo y luego vete a recurrir;

b)    unas consecuencias:

  1. Que podríamos intentar alegar que la administración establezca el valor catastral en el valor a efectos reparcelatorios, expropiatorios y de responsabilidad patrimonial aunque no sea el valor de mercado.
  2. Que el valor catastral debe reconocer la realidad urbanística puesto que de otro modo está gravando una riqueza ficticia o inexistente por vulneración del principio de capacidad económica en relación al valor del mercado.
  3. Que las valoraciones colectivas siguen generando muchos problemas por el abuso que implica y la arbitrariedad de imponer un supuesto valor de mercado.
  4. Que si los contribuyentes podrán, si están en plazo, solicitar devolución por ingresos indebidos no solo por este motivo sino por las míticas “PLUSVALÍAS MUNICIPALES” que han venido imponiendo la tributación del aumento de valor del suelo urbano en estos suelos urbanizables.

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ESTAFA PIRAMIDAL A LA ESPAÑOLA. BALDOMERA LARRA WETORET

El día de hoy, 19-6-2014, pasará a la historia por celebrar que tenemos un nuevo Rey, Felipe VI. Esta semana pasará a la historia porque la Selección Española de Fútbol ha llevado un varapalo después de haber sido más grande que la Armada Invencible de otro Rey llamado Felipe.

Por eso, como estamos en una semana histórica ( y me he comprado un libro nuevo: Los procesos célebres seguidos ante el Tribunal Supremo en sus doscientos años de historia” Imprenta Nacional de la Agencia Estatal Boletín General del Estado) voy a compartir una historia que me ha llamado la atención. Es la historia de doña Baldomera Larra Wetoret.

Doña Baldomera era hija de don Mariano José de Larra y debió de ser una persona ingeniosa para la época.

En fin, la buena de doña Baldomera fue una adelantada a su tiempo. Su marido, médico de la Casa Real pero afrancesado, tuvo que emigrar con la llegada de Alfonso XII. En aquél momento, sin dinero, acudió a los préstamos. La buena señora prometió que a quien le prestara una onza se la devolvería duplicada. Pues la señora cumplió. La avaricia rompe el saco y, al parecer, en el Madrid de la época rompieron cerca de 65.000 sacos de impositores.

La noticia fue difundida en la época. La Audiencia la condenó junto con su “contable”, que también había sido impositor, por un delito de Alzamiento de Bienes.

 

El TS los absolvió porque:

a)    Doña Baldomera no tenía capacidad legal para contratar y, por tanto, no podía existir una simulación de contrato ya que su condición de mujer, sin la autorización de su marido, no podía obligarse.

b)   Esta capacidad de obligarse impedía la existencia de acreedores y, por lo tanto, no estaba obligada a pagar.

 

Esta curiosa historia a mi modo de ver tiene interés por varias cuestiones:

1)   La estafa ponzi la inventó una mujer española allá por el año 1876.

2)   Los delitos fiscales no son un invento de nuestro tiempo.

3)   La consideración que hace el TS de la inexistencia de la capacidad para obligarse y, con ello, la existencia del “acreedor” me resulta interesante.

 

En fin, después de tanto tiempo de no actualizar el blog no digo nada nuevo. ¿Cómo está van las pensiones de la seguridad social?¡Qué cosas!

 

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CÓDIGOS JURÍDICOS COMENTADOS SIN COPYRIGHT. COMPARTE Y SE AGRADECIDO

CÓDIGOS JURÍDICOS COMENTADOS SIN COPYRIGHT

 Este post está inspirado en la web www.notariosyregistradores.com , wikipenal y tantos y tantos anónimos que comparten en las RRSS Sentencias, estudios, comentarios a los que yo, personalmente, agradezco su actitud y su esfuerzo.

Mucha gente me pregunta si twitter me sirve o me ha servido para algo. Suelo responder más o menos lo mismo. “Sin duda. Me ha servido para conocer gente con los mismos intereses profesionales que yo. Me ha servido para conocer gente con las mismas preocupaciones que yo y me ha servido para mejorar como abogado porque me permite aprender de la gente que comparte cosas.”

 

Yo soy joven, aunque no lo parezca. Cuando empecé en el Despacho estaban en el importante salto tecnológico del diskette al CD con Jurisprudencia. Hoy con dos clicks tengo todo aquello y más tanto en el CENDOJ como en las bases de datos privadas.

Hace un tiempo empecé en tuiter. Hoy leo las Sentencias más relevantes el mismo día que las reciben las partes y un par de semanas después me llega el aviso de la base de datos de que han sido incluidas en la misma como novedad.

Desde hace un tiempo, aunque no lo parezca, muchos profesionales están compartiendo sus esfuerzos por acercar a todo el mundo sus conocimientos.

He puesto dos ejemplos diferentes: WIKIPENAL –ojo la calidad de quién está detrás- y NOTARIOS Y REGISTRADORES –éstos son más populares y constantes y la calidad no tiene igual en la red-. Esta gente se esfuerza, voluntariamente, en compartir conocimientos hacia todos; hacen comentarios de las novedades legales, sentencias, resoluciones de la DGRN, hasta tienen un ranking abogados en internet (soy fan de los rankings).

 

Hace un tiempo tuve el honor de participar en un proyecto de la web notarios y registradores “Análisis de la ley 1/2013 de protección de deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social”. Ellos han hecho leyes comentadas “SIN COPYRIGHT” (sea un lector generoso y permita la licencia literaria)

El otro día leí un tuit de Fernando Díaz Marroquín en donde colgó un enlace a un fantástico trabajo a una LSC comentada y actualizada por él con ST y resoluciones de la DGRN. Lo primero que hice fue felicitar ese esfuerzo y, a continuación, pedir una copia (los que me leéis ya me conocéis, no puedo evitarlo).

 

A partir de ese momento vinieron dos ideas a mi cabeza:

a)    Hacer códigos comentados y actualizados con ST y resoluciones que os van llegando a través de alguna plataforma libre.

b)    Agradecer a todos aquellos que comparten su esfuerzo personal. No es fácil ser generosos con los demás y compartir lo que con tantas horas de trabajo que vosotros e laboráis artesanalmente.

 

En fin, cuando leamos a alguien que comparte recordemos que su esfuerzo está ahí y seguro que se siente satisfecho cuando lo felicitan por su trabajo y agradecen su esfuerzo. Recordando una frase que me decían en mi casa de pequeño: “ Es de bien nacido ser agradecido”

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LA IMPORTANCIA DE LAS RELACIONES FAMILIARES EN LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS EN RELACIÓN CON LA NULIDAD DE LOS ACUERDOS.

LA IMPORTANCIA DE LAS RELACIONES FAMILIARES EN LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS EN RELACIÓN CON LA NULIDAD DE LOS ACUERDOS.

Hace un tiempo hice un breve post sobre el derecho de información ex art 197 LSC en relación con el art 272.2 LSC.

Hoy vamos a tratar la impugnación de los acuerdos sociales en relación con el incumplimiento de este derecho, el requisito de las relaciones familiares y las SOCIEDADES ANÓNIMAS. No, no he perdido el juicio (chiste jurídico).

Uno de los elementos que debe utilizar un Tribunal para ponderar la solicitud de nulidad de acuerdos sociales por infracción del derecho de información de los socios en una sociedad anónima es la existencia de características fácticas que le puedan otorgar un carácter cerrado.

La SA es una forma mercantil cuya naturaleza jurídica no la excluye de ser una sociedad familiar. Un ejemplo, Ticio y Cayo, hermanos, constituyen una SL, les va bien e introducen como socio capitalista para expandirse a Sempronio. Para darle cabida, y que Sempronio encuentre la inversión atractiva, modifican estatutos y se transforman en SA.

La mercantil es transformada  en una SA, con un CS de  60 % Ticio, un 24 % Cayo un 16%. Fallece Ticio y entran en la Junta sus hijos y viuda en partes iguales. El tío Ticio no se llevan bien con su cuñada y sobrinos, vaya usted a saber porqué, y se queda sólo porque Sempronio y los herederos de Ticio gestionan a su gusto la SA. La mayoría incumple porque no entrega la información que requiere el minoritario, ex art 197 LSC.

Este carácter cerrado, con dificultad para desinvertir, relacionado directamente porque una SA tiene carácter familiar (a las juntas acuden 4 familiares de 5 accionistas, peleados entre ellos), es uno de los múltiples elementos que deberá valorar el Tribunal para entender si el derecho de información es excesivo puesto que, en nuestro caso, es evidente el carácter familiar y cerrado de la mercantil, por muy SA que sea.

En otro sentido, si quieres solicitar una nulidad de acuerdos por incumplimiento de derecho de información en una SA intenten dejar claro y acreditar las tensiones familiares internas existentes en la Junta General, por si acaso.

Recomiendo sobre este tema la STS 531/2013, dictado por el Pleno de la Sala de lo Civil.

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CONVENIOS DE DOBLE IMPOSICIÓN TRIBUTARIA. PERSONAS FÍSICAS. (AVISO: EL POST ESTÁ DESACTUALIZADO. ES DE NORMATIVA DEL AÑO 2006)

Acabo de leer un tuit de Don Iñigo Coello de Portugal @icpmp .Este compañero tuitero creo que no tiene la repercusión que se merece aunque aborda desde una óptica diferente unos temas más que interesantes (además de su calidad como jurista) pero eso es otro tema.

En fin, el tuit aborda una información sobre la evasión fiscal a través de Irlanda y Holanda. Matiza que expasión desconoce que existen convenios de doble imposición.

Eso me recordó que en el año 2006, dentro de los Curso de Doctorado sobre Sistemas Tributarios Europeos, de la Universidad de Santiago de Compostela hice un pequeño análisis del tema.

El trabajo, hoy leído, es igual de malo que en aquella fecha. A pesar de eso, el recuerdo de una buena época puede más así que he decidirlo publicarlo en el Blog. RECORDAD QUE SON DATOS DESACTUALIZADOS.

 

 

 

CONVENIOS DE DOBLE IMPOSICIÓN TRIBUTARIA: PERSONAS FÍSICAS

 

 

1.- INTRODUCCIÓN

 

 

La globalización es, sin duda, un término difícil de definir pero que, en cualquier caso está definido por dos variables:

 

a)     Por un lado, una globalización financiera donde los avances tecnológicos que permiten la comunicación instantánea entre cualquier parte del mundo y la apertura de mercados que favorecen la importación y exportación mundial facilitan la interdependencia económica entre Estados.

b)    Por otro lado, un apertura de fronteras económicas donde existe un importante tránsito de capital humano.

 

            Este facilidad de intercambios comerciales como de capital humano sin tener que establecerse o hacerse nacional del estado receptor, al contrario de cómo ocurrió en las migraciones europeas del siglo pasado, favorece la posibilidad de que una misma persona, por una misma renta y por un mismo período impositivo pueda estar gravada en dos Estados distintos por impuestos similares: en el Estado donde se obtiene la renta y el Estado donde tiene la residencia fiscal el preceptor de la renta.

 

Así, por ejemplo, la LIRPF Art. 2.1 prevé que las personas que tengan su residencia habitual en España sean gravadas por la totalidad de la renta que obtengan ( criterio de renta mundial) con independencia del lugar en donde se hubiese producido y de cualquiera que sea la residencia del pagador. 

 

Esta situación permite que si la política fiscal del Estado residente del pagador obligue a la tributación de rentas obtenidas en ese Estado aun no siendo residente se produciría una situación de doble tributación.

 

Por ello, parece deseable que esta situación fiscal de sujetos que perciben rentas en países en los cuales no son residentes sea unificada.  Para lograr esta unificación diferentes organizaciones han trabajado creando convenios bilaterales e incluso convenios marco que sirvan de modelo para establecer una vía unidireccional de trabajo entre Estados de modo que existan unos principios comunes.

 

Una de esta organizaciones es la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) que ha creado sucesivos Modelos de Convenio que constituyen una base de armonización fiscal que han ido actualizando para adaptarlos a las necesidades de la economía mundial.   Estos convenios para evitar la doble imposición internacional (CDI) son tratados internacionales que contienen, en particular, medidas para evitar los supuestos de doble imposición.

 

 

 

2.- MODELOS DE CDI

 

Todos los CDI suscritos por España se configurar en los Modelos de CDI propuesto por la OCDE desde 1963 y sus actualizaciones si bien determinados Tratados pueden incorporar ocasionalmente aspectos procedentes del Modelo elaborado por la ONU.

 

Los CDI tienen tres bloques normativos fundamentales:

 

1)    Impuesto sobre la Renta y el Patrimonio.

2)    Impuesto sobre las rentas de la navegación marítima y aérea internacional.

3)    Impuesto sobre las herencias.

 

 

Por el volumen de convenios bilaterales existentes, por la amplitud de sus disposiciones y su práctica los CDI sobre Renta y Patrimonio son los más importantes.

 

3.- INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LOS CDI

 

En cuanto que todo CDI es un Tratado Internacional (todo acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por el Derecho Internacional, ya conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos comunes, cualquiera que sea su denominación particular[Convenio de Viena art. 2.1, a]) y, por tanto, norma internacional, deber ser interpretado de conformidad con las directrices establecidas por el Convenio de Viena sobre el Derecho de los Tratados, de 23 de Mayo de 1969, adhesión de España el 2 de mayo de 1972; en particular sus artículos 31 a 33 donde establecen los principios de buena fe y primacía del texto en los particulares de objeto y fin del Tratado.

 

No obstante, es importante destacar que el Modelo de Convenio de la OCDE (MCOCDE) no es vinculante oficialmente auque si lo es de modo oficioso, en el sentido de que los convenios bilaterales que firman los países respetan tanto en su estructura como en su contenido el esqueleto principal de dicho modelo de convenio.

 

4.- ÁMBITO JURÍDICO DE TRIBUTACIÓN DE LOS NO RESIDENTES.

 

Debemos diferenciar dos planos normativos: la normativa internacional y la legislación interna.

 

Respecto a la normativa internacional debemos indicar que existen tres formas de tratados en relación con el ámbito tributario español:

 

1.- CDI para prevenir la evasión fiscal, de carácter bilateral sobre las materias ya señaladas.

2.- Convenios bilaterales o multilaterales de los que España sea parte y afecten a este ámbito.

3.- Acuerdos suscritos con organismos internacionales que aun tratando de materias distintas contienen disposiciones que afectan al ámbito fiscal.

 

Por otro lado, la legislación interna española en materia de imposición a no residentes tributarios posee regulación para aquellos supuestos en los que el país de residencia del sujeto pasivo no posea convenio de doble imposición con España. Esta situación se regula a través del Impuesto de la Renta para No Residente (IRNR) y el Impuesto sobre el Patrimonio ( IP).

 

 

5.- ELIMINACIÓN DE LA DOBLE IMPOSICIÓN

 

Existen dos categorías de doble imposición internacional:

 

–       Económica: una renta es sometida a más de un gravamen diferente.

–       Jurídica: una renta de un sujeto pasivo es gravada por un mismo hecho imponible en dos países diferentes

 

La doble imposición jurídica es la fundamental y es la que se intenta evitar a través del establecimiento de los CDI. Puede aparecer, de modo general, en dos supuestos:

 

a)                  Conflicto de doble residencia: un contribuyente debe tributar en dos Estados por su renta mundial.

b)                  Conflicto entre Estado de residencia y el Estado de la fuente: un contribuyente debe tributar en un estado por ser residente y en otro Estado por se el Estado de donde proviene la renta.

 

El principal objetivo de estos convenios es evitar que se produzcan estos conflictos. Así a través de los convenios cada Estado abandona una parte de esa potestad inherente a su soberanía permitiendo atenuar los efectos de la doble imposición.

 

 

6.- ESTRUCTURA DEL MODELO DE CONVENIO DE LA OCDE

 

Está estructurado en siete capítulos desarrollados en 30 artículos:

 

–       Capítulo I ( arts 1 y 2): ámbito de aplicación.

–       Capítulo II (arts. 3 a5): definiciones generales.

–       Capítulo III, IV y V definen las competencias de cada Estado contratante y métodos para evitar la doble imposición.

–       Capítulos VI y VII contienen disposiciones acerca de disposiciones procedimentales o aspectos complementarios.

 

 

7.- ANÁLISIS DE MODELO DE CONVENIO DE LA OCDE EN RELACIÓN CON EL CONVENIO HISPANO- PORTUGUÉS

 

En este estudio intentaremos llevar a cabo un estudio de el convenio marco de la OCDE en relación con el convenio hispano portugués en un intento de estudiar un CDI como norma y con el particular de la peculiaridad portuguesa, en cuyo caso nos detendremos en su análisis.

 

a)    Ámbito de aplicación. El MC establece en su artículo 1 que:

 

El presente convenio se aplica a las personas que son residentes de uno o de los dos Estados contratantes

 

El término residente es la clave de este artículo ya que existe la preferencia del término de residente a efectos fiscales ( de acuerdo con la legislación interna de cada Estado) prefiriendo este término antes que otros como nacional o contribuyente.

 

b) Ámbito objetivo, el artículo 2 del MC:

 

El presente convenio se aplica a los impuestos sobre la renta y el patrimonio exigibles por cada uno de los Estados contratantes, de sus subdivisiones políticas o de sus entidades locales, cualquiera que sea el sistema de su exacción

En este precepto se delimita el ámbito objetivo de los convenios, delimita el sector tributario al que quedan adscritos los Estados contratantes. Además en el MC se define qué son los Impuestos de Renta y Patrimonio:

 

Se consideran impuestos sobre la renta y el patrimonio los que gravan la totalidad de la renta o del patrimonio los que gravan la totalidad de la renta o del patrimonio o cualquier parte de los mismos, incluidos los impuestos sobre las ganancias derivadas de la enajenación de bienes muebles o inmuebles, los impuestos sobre el importe total de los sueldos o salarios pagados por las empresas, así como los impuestso sobre las plusvalías.”

 

Incluso el MC complementa ésta definición concretando cuales son los impuestos vigentes en cada Estado:

 

Los impuestos actuales a los que se aplica este Convenio son, en particular:

a)    En el Estado A:……………………….

b)    En el Estado B:……………………….”

 

Además se incorpora una cláusula que permita la inclusión de nuevos tributos en caso de su creación en uno de los Estados contratantes con el único requisito de su notificación al final de año.

 

El Convenio se aplicará igualmente a los impuestos de naturaleza idéntica o análoga que se establezcan con posterioridad a la fecha de la firma del mismo, y que se añadan a los actuales o les sustituyan. Las autoridades competentes de los Estados contratantes se comunicarán mutuamente las modificaciones significativas que se hayan producido en sus respectivas legislaciones fiscales.”

 

Particularidades del Convenio Portugués (CP):

 

a)                   Respecto al sujeto activo: se incorpora la referencia a las subdivisiones políticas y administrativas.

b)                  Materia imponible: menciona exclusivamente la imposición sobre la renta aunque se entienden incluidos el IRPF, IS, IP y los impuestos locales sobre la renta.

c)                   Comunicación: no impone plazo para la comunicación.

 

c) Definiciones generales ( artículo 3)

 

CMOCDE:

 

1. A efectos del presente Convenio, a menos que de su contexto se infiera una interpretación diferente:

a)    el término persona comprende las personas físicas, las sociedades y cualquier otra agrupación de personas;

b)    el término sociedad significa cualquier persona jurídica o cualquier entidad que se considere persona jurídica a efectos impositivos;

c)     el término empresa se aplica al ejercicio de toda actividad empresarial o profesional o negocio;

d)    las expresiones empresa de un Estado contratante y empresa del otro Estado contratante significan, respectivamente, una empresa explotada por un residente de un Estado contratante y una empresa explotada por un residente del otro Estado contratante;

e)     la expresión tráfico internacional significa todo transporte efectuado por un buque o aeronave explotado por una empresa cuya sede de dirección efectiva esté situada en un Estado contratante, salvo cuando el buque o aeronave sea explotado únicamente entre puntos situados en el otro Estado contratante;

f)      la expresión autoridad competente significa:

i)               ( en el Estado A):……………,

ii)             (en el Estado B):…………….;

g)    el término nacional se aplica a:

i)               toda persona física que posea la nacionalidad de un Estado contratante;

ii)             toda persona jurídica, sociedad colectiva o asociación constituida conforme a la legislación vigente en un Estado contratante.

h)    La expresión actividad empresarial o profesional y el término negocio incluyen la ejecución de servicios profesionales y la realización de otras actividades de carácter independiente.

 

2. Para la aplicación del Convenio por un Estado contratante en un momento determinado, cualquier término o expresión no definida en el mismo tendrá, a menos que de su contexto se infiera un interpretación diferente, el significado que en ese momento le atribuya la legislación de ese Estado relativa a los impuestos que son objeto del Convenio, prevaleciendo el significado atribuido por la legislación fiscal sobre el que resultaría de otras ramas del Derecho de ese Estado.”

 

Sobre este precepto existe una tendencia a una interpretación extensiva de las competencias fiscales.

 

Particularidades del CP:

 

En esta fuente también bebe el CP ya que  detalla en su artículo 3 cual es su ámbito territorial de aplicación.

 

El término España significa significa el Estado español y, utilizado en sentido geográfico, designa el territorio del Estado español incluyendo las áreas exteriores a su mar territorial en las que, con arreglo al Derecho internacional y en virtud de su legislación interna, el Estado español puede ejercer jurisdicción o derechos de soberanía respecto del fondo marino, su subsuelo y aguas suprayacentes, y sus recursos naturales.

El término «Portugal» comprende el territorio de la República portuguesa situado en el continente europeo, los archipiélagos de Azores y de Madeira, el respectivo mar territorial así como otras zonas donde, de conformidad con la legislación portuguesa y el Derecho internacional, la República portuguesa tiene jurisdicción o derechos de soberanía respecto de la prospección, búsqueda y exploración de los recursos naturales del fondo marino, de su subsuelo y de las aguas suprayacentes. 

 

d)                  Residente ( artículo 4):

 

“1. A efectos del presente Convenio, la expresión “residente en un Estado contratante” significa toda persona que, en virtud de la legislación de ese Estado, esté sujeta a imposición en el mismo en razón de su domicilio, residencia, sede de dirección o cualquier otro criterio de naturaleza análoga, incluyendo también a ese Estado y a sus subdivisiones políticas o entidades locales. Esta expresión no incluye, sin embargo, a las personas que estén sujetas a imposición de ese Estado  exclusivamente por la renta que obtengan de fuentes situadas en el citado Estado o por el patrimonio situado en el mismo.”

 

Primero, la residencia se determina en virtud de la legislación interna de cada Estado contratante. En el caso español la residencia fiscal se regula en el artículo 9 de la LIRPF donde, grosso modo establece que se entenderá que una persona física tiene su residencia habitual en España cuando se de cualquiera de estas circunstancias:

a)     Permanencia en España más de 183 días durante el año natural.

b)    Que radique en España el núcleo principal o la base de sus actividades o intereses económicos, de forma directa o indirecta.

c)     Existe una presunción iuris tantum de residencia cuando resida en España el cónyuge no separado legalmente y los hijos menores que de él dependan.

 

Además existen unos supuestos especiales ya que tendrán consideración de contribuyentes las personas físicas de nacionalidad española, su cónyuge no separado legalmente e hijos menores que tengan residencia habitual en el extranjero, por su condición de:

 

a)     Miembro de Misiones diplomáticas españolas.

b)    Miembro de las Oficinas consulares españolas.

c)     Titulas de cargo o empleo del Estado español.

d)    Funcionarios en activo que ejerzan en el extranjero cargo o empleo oficial que no tenga carácter diplomático o consular.

 

Aunque presentan excepciones:

           

a)     cuando las personas relacionadas anteriormente no sean funcionarios públicos en activo o titulares de cargo o empleo oficial y tuvieran su residencia habitual en el extranjero con anterioridad a la adquisición de cualquiera de las circunstancias antes mencionadas.

b)    Cónyuges no separados legalmente o hijos menores de edad, cuando tuvieran su residencia habitual en el extranjero con anterioridad a la adquisición por el cónyuge, el padre o la madre, de las condiciones enumeradas anteriormente.

 

La residencia en los convenios.

 

En todos los CDI suscritos por España para definir la residencia se remite a la legislación interna de cada Estado.  Es por ello que puede surgir el problema de una doble residencia si en esas legislaciones internas se establecen criterios distintos para considerar como residente a una persona.

 

Para evitar esto los convenios establecen una serie de criterios para evitar que una persona se considere residente en los dos Estados. Estos criterios son los siguientes:

 

“2. Cuando en virtud de las disposiciones del apartado 1 una persona física sea residente de ambos Estados contratantes, su situación se resolverá de la siguiente manera:

1.- “Residente en el Estado en el que tenga una vivienda permanente a su disposición, si la tuviera en ambos Estados se considerará residente del Estado con el que mantenga relaciones personales y económicas más estrechas (centro de intereses vitales)”

2.- “Si no pudiera determinarse el Estado en el que dicha persona tiene el centro de sus intereses vitales, o si no tuviera una vivienda permanente a su disposición en ninguno de los Estados, se considerará residente del Estado contratante donde viva habitualmente.

Si viviera habitualmente en ambos Estados o no lo hiciera en ninguno de ellos, se considerará residente del Estado del que sea nacional.

Si fuera nacional de ambos Estados o no fuera de ninguno de ellos, las autoridades competentes de los dos Estados contratantes resolverán el caso de común acuerdo.

Cuando en virtud de las disposiciones del apartado 1 una persona que no sea una persona física sea residente de ambos Estados contratantes, se considerará residente del Estado en que se encuentre su sede de dirección efectiva.

 

Entendemos que debemos pararnos a analizar este precepto en relación a explicar el centro de intereses vitales.  Por intereses vitales podemos entender los lazos personales ( relaciones familiares y sociales, ocupaciones, actividades políticas, culturales o de otra índole) y económicos ( sede de negocios, lugar donde se administran los bienes, etc).  En caso en que no se pueda determinar la residencia con arreglo a los criterios mencionados atenderemos a la estancia habitual y a la nacionalidad.  Y, en su defecto, deberá resolverse de común acuerdo entre los Estados contratantes.

 

            Centro de intereses vitales sin duda es un concepto con más importancia de lo que a priori pueda parecer.  En primer lugar, porque estamos viviendo el establecimiento de un nuevo marco de convivencia que aglutina los fenómenos migratorios de los países con marcado carácter musulmán junto con la migración proveniente de países subsaharianos.

 

Sin duda nos encontraremos, en breve espacio de tiempo, con la dificultad de determinar ese centro de intereses vitales para esta nueva población ya que en la mayoría de los casos estos nuevos residentes se convierten en sujetos pasivos de  la hacienda nacional pero sus países de origen no son Estados contratantes de convenio alguno para evitar esta doble imposición ni, por otro lado, estos nuevos residentes permanecen legalmente tiempo suficiente para considerar que posean su centro de intereses vitales en el Estado fuente de renta.

 

Otra cuestión diferente y que plantea otro tipo de problema surge ante la apertura diplomática actual de aceptación de culturas de raíz musulmana ya que se comienzan a escuchar ecos solicitando la poligamia. 

 

Esta institución de origen musulmán todavía no reconocida oficialmente en Europa plantea la existencia de núcleos familiares de un hombre desposado con varias mujeres de cada una de las cuales puede o debe engendrar una prole.

 

Esto es algo que, sin duda, llevará a una revisión  en corto-medio plazo del concepto de intereses vitales ya que podría posibilitar la existencia de un sujeto pasivo de un Estado sin convenio, sin poder considerarse residente y sin poder delimitar cual es su centro de intereses vitales ya que en algún supuesto podría establecer diferentes núcleos familiares en diferentes estados.

 

Este problema ya afecta a Francia ya que su población musulmana aumenta vertiginosamente y aunque no se han planteado los problemas específicos de la determinación del centro de intereses vitales; si se ha planteado en otro plano tributario. Así, en su IRPF, ya se encuentran con la dificultad de establecer los beneficios fiscales para núcleos familiares de un hombre y varias mujeres con su correspondiente descendencia.

 

 

Peculiaridades CP:

 

Si en el MCOCDE “residente en un Estado contratante” se determina según la legislación interna de cada país contratante, el CP, entre otros, desarrolla este concepto delimitándolo de un modo más concreta ya que incluye una cláusula particular donde dispone que la expresión residente en un Estado contratante “no incluye a las personas que estén sujetas a imposición en este Estado exclusivamente por la renta que obtengan procedente de fuentes situadas en el citado Estado o por el patrimonio que posean en el mismo”, situación que atiende al supuesto de personas físicas, particularmente a los agentes diplomáticos y funcionarios consulares extranjeros que prestan servicio en un país extranjero.

 

8.- TRIBUTACIÓN DE LAS RENTAS AFECTADAS POR LOS CDI

 

En los artículos 6 a 21 del MCOCDE ( arts 6 a 22 CP) se recogen los criterios de tributación de rentas o patrimonio. De entre todos las clases de rentas sujetas a los CDI sólo entraremos a analizar los rendimientos de inmuebles y las ganancias patrimoniales que tengan como sujeto pasivo a una persona física.

 

A.- Rendimiento de inmuebles

 

a) Generalidades.

 

Artículo 6 CMOCDE:

 

“1. Los rendimientos que un residente de un Estado contratante obtenga de bienes inmuebles( incluidas las rentas de explotaciones agrícolas o forestales) situados en el otro Estado contratante pueden someterse a imposición en ese otro Estado.

 

2. La expresión “bienes inmuebles” tendrá el significado que le atribuya el derecho del Estado contratante en que los bienes estén situados.  Dicha expresión comprende en todo caso los accesorios, el ganado y el equipo utilizado en las explotaciones agrícolas y forestales, los derechos a los que se apliquen las disposiciones del derecho privado relativas a los bienes raíces, el usufructo de bienes inmuebles y de los derechos a percibir pagos variables o fijos por la explotación o la concesión de la explotación de yacimientos minerales, fuentes y otros recursos naturales; los buques, embarcaciones y aeronaves no se consideran bienes inmuebles.

 

3. Las disposiciones del apartado 1 son aplicables a los rendimientos derivados de la utilización directa, el arrendamiento o aparcería, así como de cualquier otra forma de explotación de los bienes inmuebles

 

4. Las disposiciones de los apartados 1 y 3 se aplicarán igualmente a las rentas derivadas de los bienes inmuebles de una empresa

 

La cuestión principal de este precepto es que posibilita la tributación compartida. Por un lado, el Estado fuente donde están los inmuebles y por otro el Estado de residencia de quien obtiene las rentas.  Y será el Estado de residencia el que deba establecer el método para evitar la doble imposición.  En este supuesto el Estado donde estén situados los inmuebles será el que tenga preferencia en el establecimiento del gravamen de las rentas que produzcan.

 

Peculiaridades del CP

 

En relación con el Convenio Hispano Portugués nos encontramos con que se existe un Protocolo firmado en Madrid del 25 de Octubre de 1995 que dispone:

 

En relación con el artículo 6, sus disposiciones se aplicarán igualmente a los rendimientos derivados de los bienes mobiliarios que, de acuerdo con el derecho fiscal del Estado contratante en que tales bienes estuvieren situados , sean asimilados a los rendimientos de bienes inmobiliarios.”

 

Así, nos encontramos con una extensión de las disposiciones relativas a las rentas inmobiliarias.

 

 

 

 

b) Rendimientos de inmuebles arrendados.

 

Como hemos visto, el Convenio nos remite a la legislación interna de cada Estado. En España se regula a través del Impuesto de la Renta de No Residentes. Este tributo no diferencia en la naturaleza jurídica de quien adquiere la renta. Cuando un inmueble sea propiedad de un matrimonio o de una comunidad de propietarios , cada comunero será considerado como un contribuyente independiente y deberán presentar declaraciones separadas.

 

No obstante, podrán efectuarse declaraciones de carácter colectivo en las que se pueden incluir varios devengos de rendimientos de un mismo contribuyente o de varios contribuyentes, producidos en un trimestre natural. En el caso de que la declaración colectiva contenga rendimientos de distintos contribuyentes, el presentador debe ser un representante común, un mismo responsable solidario de las deudas tributarias (pagador, depositario o gestor) de todos ellos o un mismo retenedor (en el supuesto de arrendamiento de locales a empresarios o profesionales

 

El rendimiento a declarar será la cantidad resultante de aplicar al valor catastral del inmueble, que figura en el recibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), los porcentajes siguientes:

  • Con carácter general, el 2 por 100.
  • En caso de inmuebles con valores catastrales revisados o modificados a partir del 1 de enero de 1994, el 1,1 por 100.

Este rendimiento se entiende devengado una vez al año, el día 31 de diciembre.

Se declarará la parte proporcional de dicho importe si no se ha sido propietario del inmueble durante todo el año o si durante algún período de tiempo ha estado arrendado.

 

c) Inmuebles no arrendados

 

Cuando el propietario es persona física, estudio que ahora nos ocupa, y sea utilizado o esté a disposición de su propietario; se prevé la sujeción a rentas imputadas, cuya cálculo procederá de conformidad por lo regulado en el artículo 87 de la LIRPF, son la excepción de si esa renta provenga de un bien rústico o solar urbano.

 

El cálculo se produce proporcionalmente al período del año en que el propietario haya mantenido la titularidad y conforme a dicha norma.

 

El tipo será del 25 %.

 

El devengo se producirá el 31 de diciembre de cada año.

 

Mención especial corresponde al aprovechamiento por turno de inmuebles (time- sharing) ya que la LIRPF en su artículo 87.3 no imputa renta inmobiliaria cuando estos derechos no alcanzan más de dos semanas al año.  Aunque ciertos CDI extienden a cuatro las semanas de aprovechamiento mínimo como sucede con  el Reino Unido.

 

 

B.- Ganancias Patrimoniales. Impuesto de la Renta de No Residentes.

 

Se recoge la regulación de estos ingresos en el artículo 13 de CMOCDE:

 

1. Las ganancias que un residente de un Estado contratante obtenga de la enajenación de bienes inmuebles, conforme se definen en el artículo 6, situados en le otro Estado contratante, pueden someterse a imposición en ese otro Estado.

 

“ 2. Las ganancias derivadas de la enajenación de bienes muebles que formen parte del activo de un establecimiento permanente que una empresa de un Estado contratante posea en el otro Estado contratante, o de bienes muebles que pertenezcan a una base fija que un residente de un Estado contratante posea en el otro Estado contratante para la presentación de trabajos independientes, comprendidas las ganancias derivadas de la enajenación de este establecimiento permanente( sólo o con el conjunto de la empresa) o de esta base fija, pueden someterse a imposición en este otro Estado.

3. Las ganancias derivadas de la enajenación de buques o aeronaves explotados en el tráfico internacional, de embarcaciones utilizadas en la navegación interior, o de bienes muebles afectos a la explotación de dichos buques, aeronaves o embarcaciones, pueden someterse a imposición en ese otro Estado.

 

4. Las ganancias derivadas de la enajenación de cualquier otro bien distinto de los mencionados en los párrafos 1, 2 y 3 sólo pueden someterse a imposición en el Estado contratante en que resida el transmitente.

 

Ganancia de capital son las ganancias que un residente obtenga por la enajenación de un bien. En este caso, enajenación sería la transmisión efectiva mediante venta, permuta, expropiación, aportación social, donación o transmisión por causa de muerte.

 

Todos los CDI siguen las siguientes directrices:

 

a)                    Las obtenidas por un residente en un Estado contratante pueden gravarse en el Estado donde se encuentren los bienes inmuebles enajenados.

b)                   Las derivadas de cualquier otro bien podrá gravarse en el Estado donde resida el transmitente.

 

Excepciones:

 

i)               Ganancias derivadas de la enajenación de bienes muebles que formen parte de un activo de un Establecimiento Permanente o base fija.

ii)             Los procedentes de la enajenación de buques, aeronaves, o embarcaciones explotadas en el tráfico internacional, sólo pueden someterse a imposición en el Estado donde esté situada la sede de dirección efectiva de la empresas.

 

 

En los supuestos a) y b) la doble imposición se produce en el primero de ellos, siendo el Estado de residencia el obligado a eliminarla por le método de exención o imputación.

 

Las plusvalías mobiliarias se gravan por un único Estado evitando así el riesgo de doble imposición.

 

Los CDI se limitan a establecer la potestad del gravamen de cada Estado sobre las ganancias patrimonial, siendo la legislación interna la que decida su conveniencia y su formulación. Por eso, aun cuando exista CDI, la tributación de ganancias patrimoniales por no residentes se hace de acuerdo con lo regulado por la LIRNR.

 

Impuesto de la Renta de No residentes

 

 

            El IRNR constituye un tributo de carácter directo que grava la renta obtenida en territorio español por las personas físicas o entidades no residentes en el mismo.  Su regulación se encuentra recogida en el Texto Refundido de la Ley del Impuesto, aprobado mediante el RDLeg. 5/04 (LIRNR), en vigor desde el 13/3/04.  La ley se encuentra desarrollada por un Reglamento aprobado por el RD 1776/04 (RIRNR), en vigor desde 6/8/04.   Los parámetros por los que se rige ya han sido mencionados pero a modo de recordatorio señalamos:

 

  • NO residencia fiscal,
  • Rentas obtenidas en territorio español,
  • Concurrencia establecimiento permanente o no y
  • CDI aplicable.

 

Las ganancias derivadas de la venta de inmuebles constituye una renta sometida a gravamen como consecuencia de dicha venta.  Con carácter general, las ganancias se determinarán por diferencia entre los valores de transmisión y de adquisición.

 

El valor de adquisición estará formado por el importe real por el que se adquirió el inmueble, al que se sumarán el importe de los gastos y tributos inherentes a la adquisición satisfechos por el ahora transmitente.  En función del año de adquisición a este valor se le aplicarán unos coeficientes correctores para facilitar la actualización de ese valor.

 

El valor de transmisión será el importe real por el que la enajenación se haya efectuado, minorando el importe de los gastos y tributos inherentes a la transmisión que haya sido por cuenta del vendedor.

 

Una excepción importante es aplicable a las personas físicas ya que si el inmueble fue adquirido con anterioridad del 31 de diciembre de 1994, la ganancia previamente hallada se reducirá  en un 11, 11% anual por cada año de permanencia en el patrimonio que exceda de dos.

 

 

Las ganancias patrimoniales tributan (LIRNR art. 24.4, 25.1, f) y DT Única), en general, por las normas del IRPF.

 

El devengo, se produce en el momento de la alteración patrimonial.

 

La base imponible será la diferencia entre el valor de adquisición del elemento patrimonial y su valor de transmisión.

 

En relación al caso de las personas físicas, que ahora analizamos, existe un criterio diferencial con las entidades.  Esta diferencia consiste en que si el inmueble fue adquirido con anterioridad al 31 de diciembre de 1994, la ganancia previamente hallada se reducirá en un 11, 11% anual por cada año de permanencia que exceda de dos.  A efectos de computar dicha permanencia , se tomará el número de años que median entre la fecha de adquisición y el 31 de diciembre de 1996, redondeadas por exceso. El importe de la ganancia sometida a gravamen puede determinarse aplicando la ganancia previamente calculada el siguiente porcentaje:

 

 

Años

Hasta 31/12/96

 

     1

 

    2

 

   3      

 

    4

 

 

   5

 

 

    6

 

 

    7

 

 

   8

 

 

   9

 

 

   10

 

Más de           10

 

 

Porcentaje  (%)

 

  100

 

 100

 

88,89

 

77,78

 

66,67

 

55,56

 

44,45

 

33,34

 

22,23

 

11,12

 

       0

 

 

            Una vez finalizada la determinación de la base debemos aplicar el tipo impositivo que para el caso que estamos estudiando, personas físicas, será del 35 %.

 

            Las ganancias patrimoniales mobiliarias están exentas del impuesto siempre que el sujeto pasivo sea residente de la Unión Europea.

 

            Retención a cuenta.   La persona que adquiere el inmueble, sea o no residente, está obligada a retener e ingresar en el Tesoro Público el 5% de la contraprestación acordada. Esta retención tiene para el vendedor ganancia derivada de la transmisión .  Si la cantidad retenida es superior a la cuota a ingresar se podrá obtener la devolución del exceso.

 

            El plazo es de un mes desde la fecha de transmisión del inmueble.

 

 

 

 

            Ejemplo.

 

            Doña C. S. Residente en Oporto, adquirió el 5 de junio de 1990, un piso en Santiago por importe de 70.000 €, soportando por dicha adquisición los siguientes gastos:

 

                       Impuesto sobre el Valor añadido (IVA)——————– 4.200 €

                       Notarios y Registro——————————————–   820 €

 

            El apartamento no ha estado nunca arrendado.

 

            El 1 de enero de 2004 vendió el apartamento por 120.000 €, abonando en concepto de Impuesto Municipal sobre Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana la cantidad de 3.500 €. Por su parte P.P., adquirente del inmueble, retuvo la cantidad de 6.000 €, importe equivalente al 5% del precio de venta.

 

            ¿Cómo Tributa?

 

Valor de transmisión: 120.000, 00 -3.500,00 €—————————————-116.500,00 €

Valor de adquisición: 70.000, 00 + 4.200, 00+840, 00 €—————————- 75.040, 00 €

Valor de adquisición actualizado: 75.040, 00 € x 1,1461º—————————-    86.003,34 €

Ganancia Patrimonial 116.500,00 –86.003,34 € ————————————–    30.496,66 €

Años de permanencia a 31 del 12 de 96 ————————————– 7 años

Ganancia patrimonial reducida 44,45 % de 30.496,66 €—————————–   13.555, 77 €

Tipo ———————– 35%

Cuota———————- 4.744, 52 €

Retención 5%———— 6.000, 00

Cuota diferencial ——- 4.744, 52 – 6.000 €——————–( – 1.255, 48 €)

 

º Coeficiente de actualización aplicable para transmisiones de bienes inmuebles adquiridos con anterioridad al 31 de diciembre de 1994 y realizadas durante el año 2004.

 

 

 

9.- SOLUCIONES: MÉTODOS PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN.

 

Se recoge la regulación de los métodos para evitar la doble imposición en los artículos 23 A y B del MCOCDE.

 

A) Método de Exención:

 

Artículo 23 A: “ 1. Cuando un residente de un Estado contratante obtenga rentas o posea elementos patrimoniales que, de acuerdo con lo dispuesto en el presente Convenio pueden someterse a imposición de otro Estado, el Estado mencionado en primer lugar dejará exentas tales rentas o elementos patrimoniales, sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 2 y 3.

 

2. Cuando un residente de un Estado contratante obtenga rentas que, de acuerdo con las disposiciones de los artículo 10 y 11, pueden someterse a imposición de otro Estado contratante, el Estado mencionado en primer lugar admitirá la deducción en el impuesto sobre las rentas de dicho residente de un importe igual al impuesto pagado en ese otro Estado. Sin embargo, dicha deducción no podrá exceder de la parte del impuesto, calculado antes de la deducción, correspondiente a las rentas obtenidas en ese otro Estado.

 

3. Cuando, de conformidad con cualquier disposición del Convenio, las rentas obtenidas  por un residente de un Estado contratante, o el patrimonio que posea, estén exentos de impuestos en ese Estado, dicho Estado podrá, sin embargo, tener en cuenta las rentas o el patrimonio exentos a efectos de calcular el importe del impuesto sobre el resto de las rentas o el patrimonio de dicho residente.

 

4. Lo dispuesto en el artículo 1 no es aplicable a la renta percibida o al patrimonio poseído por un residente de un Estado contratante cuando el dicho Estado contratante aplica las disposiciones del Convenio para exonerar de impuesto esa renta o esta fortuna o cuando aplica lo dispuesto por el apartado 2 de los artículo 10 y 11  a dicha renta.”

 

Este método consiste en que el Estado de residencia del preceptor de las rentas o del titular del patrimonio, deja exentas las rentas o patrimonio que tributarán en el estado fuente.

 

Tiene dos aplicaciones:

 

a)                     exención integra: el Estado de residencia deja exentas las rentas procedentes del extranjero.

b)                     Exención con progresividad: la renta obtenida en el Estado fuente no se grava en el Estado de residencia que no obstante lo tendrá en consideración en el momento de determinar el tipo de gravamen al resto de la renta.

 

Con este sistema se corrige la doble imposición al permanecer la renta exenta en uno de los Estados y sometiéndose a gravamen en el otro. En general la exención se aplica en el Estado de residencia del beneficiario y será el Estado de la fuente donde tribute en exclusiva la renta en él obtenida.

 

Inconvenientes, entre otros:

 

a)                      La determinación de importe de renta exenta en el Estado de residencia como consecuencia de deducciones o desgravaciones aplicadas en dicho Estado.

b)                     En las pérdidas, el Estado de residencia puede admitir o no las mismas.

c)                      Determinación del mínimo exento en el estado de residencia.

 

 

 

B) Método de Imputación.

 

Artículo 23 B: “1. Cuando un residente de un Estado contratante obtenga rentas o posea elementos patrimoniales que, de acuerdo con las disposiciones del presente Convenio, puedan someterse a imposición en el otro Estado contratante, el Estado mencionado en primer lugar admitirá

           

a)                   La deducción en el impuesto sobre las rentas de ese residente de un importe igual al impuesto sobre la renta pagado en ese otro Estado;

b)                   La deducción en el impuesto sobre el patrimonio de ese residente de un importe igual al impuesto sobre el patrimonio pagado en ese otro Estado.

 

En uno y otro caso, dicha deducción no podrá, sin embargo, exceder de la parte del impuesto sobre la renta o sobre el patrimonio, calculado antes de la deducción, correspondiente, según el caso, a las rentas o el patrimonio que pueden someterse a imposición en ese otro Estado.

 

2. Cuando, de conformidad con cualquier disposición del Convenio, las rentas obtenidas por un residente de un estado contratante o el patrimonio que posea estén exentos de imposición en ese Estado, dicho Estado podrá, sin embargo, tener en cuenta las rentas o el patrimonio exentos a efectos de calcular el importe sobre el resto de las rentas o el patrimonio de dicho residente

 

Este método consiste en que el Estado de residencia del preceptor de las rentas o patrimonio al calcular la base imponible tiene en cuenta el total de rentas y patrimonio pero deduce los impuestos ya satisfechos en el Estado fuente. Defienden este método los países exportadores de capital.

 

Al igual que en el método de exención, en el método de imputación puede aplicarse de dos formas:

 

a)                    Imputación integral: el Estado de residencia del contribuyente deduce los impuestos satisfechos en el otro estado sin limitación alguna.

b)                   Imputación ordinaria con deducción limitada: el Estado de residencia deduce los impuestos pero limita esta deducción a la porción del tributo que debería pagar si se hubiesen obtenido en el Estado de residencia del contribuyente.

 

 

Peculiaridades Convenio Hispano Portugués

 

 

Se regulan los métodos para eliminar la doble imposición en su artículo 23:

 

En el caso de un residente de España, la doble imposición se evitará, de acuerdo con las disposiciones aplicables de la legislación española (siempre que no contradigan los principios generales establecidos en este apartado), de la siguiente manera:

Cuando un residente de España obtenga rentas que, con arreglo a las disposiciones de este Convenio, puedan someterse a imposición en Portugal, España permitirá la deducción del impuesto sobre las rentas de ese residente de un importe igual al impuesto efectivamente pagado en Portugal.

Sin embargo, dicha deducción no podrá exceder de la parte del impuesto sobre la renta, calculado antes de la deducción, correspondiente a las rentas que pueden someterse a imposición en Portugal.

Cuando se trate de dividendos pagados por una sociedad residente de Portugal a una sociedad residente de España que detente directamente al menos el 25 por 100 del capital de la sociedad que paga los dividendos, para la determinación de la deducción se tomará en consideración, además del importe deducible con arreglo a la letra a) de este apartado, el impuesto efectivamente pagado por la sociedad mencionada en primer lugar respecto de los beneficios con cargo a los cuales se pagan los dividendos, en la cuantía correspondiente a tales dividendos, siempre que dicha cuantía se incluya, a estos efectos, en la base imponible de la sociedad que los percibe.

Dicha deducción, juntamente con la deducción aplicable respecto de los dividendos con arreglo a la letra a) de este apartado, no podrá exceder de la parte del impuesto sobre la renta, calculado antes de la deducción, correspondiente a las rentas sometidas a imposición en Portugal.

Para la aplicación de lo dispuesto en esta letra será necesario que la participación en la sociedad pagadora de los dividendos sea de al menos el 25 por 100 y se mantenga de forma ininterrumpida durante los dos años anteriores al día de pago de los dividendos.

En el caso de un residente de Portugal, la doble imposición se evitará, de acuerdo con las disposiciones aplicables de la legislación portuguesa (siempre que no afecten a los principios generales establecidos en este apartado), de la siguiente manera:

Cuando un residente de Portugal obtenga rentas que, con arreglo a las disposiciones de este Convenio, puedan someterse a imposición en España, Portugal permitirá la deducción del impuesto sobre las rentas de ese residente de un importe igual al impuesto pagado en España.

Dicha deducción no podrá, sin embargo, exceder de la parte del impuesto sobre la renta, calculado antes de la deducción, correspondiente a las rentas que puedan someterse a imposición en España.

Cuando una sociedad residente de Portugal perciba dividendos de una sociedad residente de España en la cual la primera detente directamente una participación de al menos el 25 por 100 del capital, Portugal deducirá, a efectos de determinar el beneficio imponible sujeto al impuesto sobre la renta de las personas jurídicas, el 95 por 100 de tales dividendos, incluidos en la base imponible, en los términos y con las condiciones establecidas en la legislación portuguesa.

Cuando con arreglo a cualquier disposición de este Convenio las rentas obtenidas por un residente de un Estado contratante, estén exentas de impuestos en ese Estado contratante, dicho Estado podrá, no obstante, tomar en consideración las rentas exentas para calcular el impuesto sobre el resto de las rentas de ese residente

 

En Portugal se aplica por lo tanto:

 

a)     la imputación limitadas para las rentas.

b)    Exención limitadas para dividendos matriz-filial.

 

En España:

 

a)     Imputación limitada para las rentas.

b)    Imputación de impuestos subyacentes para dividendos matriz filial.

 

  

10.- ÍNDICE

             1.- INTRODUCCIÓN.

             2.- MODELOS DE CDI.

             3.- INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LOS CDI.

             4.- ÁMBITO JURÍDICO DE TRIBUTACIÓN DE LOS NO RESIDENTES.

             5.- ELIMINACIÓN DE LA DOBLE IMPOSICIÓN.

             6.- ESTRUCTURA DEL MODELO DE CONVENIO DE LA OCDE.

             7.- ANÁLISIS DE MODELO DE CONVENIO DE LA OCDE EN RELACIÓN CON EL CONVENIO HISPANO PORTUGUÉS.

 a)    Ámbito de aplicación.

b)    Ámbito objetivo.

c)     Definiciones generales.

d)    Residente.

 8.- TRIBUTACIÓN DE LAS RENTAS AFECTADAS POR LOS CDI.

             A.- Rendimiento de inmuebles.

     

a)    Generalidades.

b)    Rendimientos de inmuebles arrendados.

c)     Inmuebles no arrendados

 

B.- Ganancias Patrimoniales. Impuesto de la renta de No Residentes.        

                       Ejemplo.

            9.- SOLUCIONES: MÉTODOS PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN.

                        A.- Método de exención.

                        B.- Método de Imputación.

 

            10.- ÍNDICE.

           

 

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MODERNIZACIÓN DEL LENGUAJE JURÍDICO. MAL DEL ABOGADO. GRAMÁTICA ESPAÑOLA.

MODERNIZACIÓN DEL LENGUAJE JURÍDICO. MAL DEL ABOGADO. GRAMÁTICA ESPAÑOLA.

Hoy he leído un tuit de @AlfilAbogados al que no le falta razón: “Preocupante en el mundo jurídico, donde todo está inventado: Cuando el inglés usurpa la riqueza léxica del español” al que le apostillé “Creo que debemos empezar a pensar que hay español más allá del océano y que adaptar la lengua a su uso es permitir que viva

Este tuit me ha inspirado el tema del post. Ese tuit y el hecho de que me haya descargado –legalmente- la Gramática de la Lengua Española para el iPad y repasar estas “tonterías de la gramática”.

Tengo constancia de la existencia de comités y grupos de trabajo que se esfuerzan en acercar el lenguaje jurídico a “las masas no jurídicas”. Incluso creo que llegué a leer un informe sobre este particular.

Yo escribo mal. Es una realidad. Me intento esforzar pero mi poso de gallego y mi “mal de abogado” impiden el desarrollo de una redacción coherente y fluida.

Mi mal de abogado es compartido con muchos compañeros, jueces y LEGISLADOR al emplear una farragosa redacción que, unida a una falta de respeto por la correcta puntuación, hace imposible una lectura correcta y sencilla de los textos jurídicos.

El lenguaje jurídico, al igual que el lenguaje de cualquier ciencia, es técnico. Esas cosas no se pueden o no se deberían cambiar. Sin embargo, podemos redactar de un modo sencillo recordando que SUJETO+VERBO+PREDICADO es una apuesta a caballo ganador para la redacción de cualquier escrito jurídico. Podemos redactar puntuando el texto correctamente y podemos utilizar los puntos –aparte y seguidos- para facilitar la lectura y permitir la reflexión de lo leído en un párrafo.

Muchos recuerdan con añoranza los buenos redactores de normas que existían hace más de un siglo y cuya redacción se utiliza hoy en día. Muchos recuerdan a la familia de los redactores de normas actuales cuando tratan de entender y aplicar lo que dice una norma. Este es un artículo de un Anexo relativo a los conceptos fundamentales de una norma jurídica de cierto uso:

“3.5. Obra mayor.

Se incluyen en todo caso en esta categoría las obras de construcción y edificación de técnica compleja y cierta entidad constructiva y económica que suponga alteración de volumen, del uso objetivo de las instalaciones y servicios de uso común o del número de viviendas y locales, o del número de plazas alojativas turísticas o afecte al diseño exterior, a la cimentación, a la estructura o las condiciones de habitabilidad o seguridad de las construcciones, los edificios y las instalaciones de todas clases.

Se incluyen también en esta categoría, por extensión y a los efectos del régimen de intervención administrativa mediante licencia urbanística, las parcelaciones urbanísticas, los cierres de muro de fábrica de cualquier clase, las intervenciones en edificios catalogados por el planeamiento, los grandes movimientos de tierras y la tala masiva de arbolado.”

¿Qué interpretáis en este sencillo concepto jurídico aclaratorio?

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MANUAL DE ESTILO EN SALA. DON DE LA OPORTUNIDAD Y PRINCIPIO DE PRUDENCIA

MANUAL DE ESTILO EN SALA. DON DE LA OPORTUNIDAD Y PRINCIPIO DE PRUDENCIA. 

Mi padrino en la Abogacía me enseño como comportarme en una Sala de Vistas. Además tengo tres o cuatro libros que compré –y leí- para aprender como comportarme.

Después de esta semana quemaré los libros y aprenderé a desaprender.

Esta semana he visto ,vía streaming, la vista del plenario del asunto Elpidio Silva y como me gusta la polémica más que a Mou (permítanme la licencia en semana de Champions) voy a meterme en un charco.

No se si la defensa estaba preparada así o no. Lo que si se es que me han comentado que se utiliza bastante este sistema para intentar suspender las vistas por parte de delincuentes habituales que a veces saben más que los abogados (soy poco habitual de las cosas de lo penal según que tipo de delitos y acusados). Se que el TS se ha pronunciado sobre el particular de la oportunidad de las renuncias y algún blog como el de José María de Pablo ha tratado el tema explicando porque la simple pérdida de confianza no es suficiente para renunciar y suspender (cosas de la buena fe procesal)

Lo que desde luego la experiencia me ha dado es que nunca, en mi corta vida profesional, apenas 10 años, he visto a un Tribunal con una cintura tan ancha con un acusado.

Parece evidente que el acusado pretendió su provocar su expulsión de la Sala y que el Tribunal no desea entrar en ese juego, supongo que por prudencia. Parece evidente que el acusado pretende una defensa fuera de la Sala y así parece que lo puede estar consiguiendo. Lo que no tengo tan claro es porque permiten que una ex consejera de Cajamadrid sea miembro del Tribunal (no pasa nada por decir que es incompatible para conocer y ya está, digo yo) y nombrar a otro miembro (ojo si sale la recusación y repetimos todo).

Mi reflexión es en el sentido de si el Tribunal, creo con buen criterio y prudencia, iba a permitir esas intervenciones, interrupciones e impertinencias del acusado para evitar la recurrente alegación de nulidad e indefensión por falta de abogado –suposición mía-; por qué no permitió oportunamente la renuncia, diez días para nombrar abogado y/o ofrecer uno de oficio y evitó el charco en el que parece se ha metido él solo (igual que yo con este post).

Por último,a mi una fuente solvente me ha dicho que la defensa no ha sido pensada en este sentido y que la renuncia fue real. No obstante,  si la defensa ha sido pensada, planteada y provocada así; ¿quiénes somos nosotros para discutirla?  LOS CAMINOS DEL DERECHO DE LA DEFENSA SON INESCRUTABLES. Si le sale bien ya se lo que voy recomendar.

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¿NOS HEMOS CARGADO LA IGUALDAD ENTRE PARTES PROCESALES EN LA LEC? OPOSICIÓN A LA EJECUCIÓN HIPOTECARIA

Este post pretende informar de una situación sin entrar a analizar otra cuestión que la estrictamente de igualdad de armas en un proceso civil. Se que es un tema que ya ha sido analizado por otros compañeros antes como Don Alfredo Herranz y como doña Veronica del Carpio.

El art 695.4 LEC ANTES de la reforma de  Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social

  1.  Contra el auto que ordene el sobreseimiento de la ejecución podrá interponerse recurso de apelación. Fuera de este caso, los autos que decidan la oposición a que se refiere este artículo no serán susceptibles de recurso alguno.

 

El art 695.4 LEC DESPUÉS de la reforma  Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social

  1.  Contra el auto que ordene el sobreseimiento de la ejecución o la inaplicación de una cláusula abusiva podrá interponerse recurso de apelación.

Fuera de estos casos, los autos que decidan la oposición a que se refiere este artículo no serán susceptibles de recurso alguno y sus efectos se circunscribirán exclusivamente al proceso de ejecución en que se dicten.

Pues bien, la modificación del articulo de una norma, la Ley 1/2013 para “proteger a los deudores hipotecarios” altera la igualdad de armas procesales de conformidad con el razonamiento realizado por el Juzgado de Primera Instancia n.º 7 de Avilés a través del planteamiento de una CUESTIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD.

Dicho Juzgado de Instancia fundamente aborda, ex art 35 LO 2/1979 del TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, la vulneración de los arts 14 y 24 de la CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA.

“Artículo 35

1. Cuando un Juez o Tribunal, de oficio o a instancia de parte, considere que una norma con rango de Ley aplicable al caso y de cuya validez dependa el fallo pueda ser contraria a la Constitución, planteará la cuestión al Tribunal Constitucional con sujeción a lo dispuesto en esta Ley.

  1.  El órgano judicial sólo podrá plantear la cuestión una vez concluso el procedimiento y dentro del plazo para dictar sentencia, o la resolución jurisdiccional que procediese, y deberá concretar la ley o norma con fuerza de ley cuya constitucionalidad se cuestiona, el precepto constitucional que se supone infringido y especificar o justificar en qué medida la decisión del proceso depende de la validez de la norma en cuestión. Antes de adoptar mediante auto su decisión definitiva, el órgano judicial oirá a las partes y al Ministerio Fiscal para que en el plazo común e improrrogable de 10 días puedan alegar lo que deseen sobre la pertinencia de plantear la cuestión de inconstitucionalidad, o sobre el fondo de ésta; seguidamente y sin más trámite, el juez resolverá en el plazo de tres días. Dicho auto no será susceptible de recurso de ninguna clase. No obstante, la cuestión de inconstitucionalidad podrá ser intentada de nuevo en las sucesivas instancias o grados en tanto no se llegue a sentencia firme.
  2.  El planteamiento de la cuestión de constitucionalidad originará la suspensión provisional de las actuaciones en el proceso judicial hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre su admisión. Producida ésta el proceso judicial permanecerá suspendido hasta que el Tribunal Constitucional resuelva definitivamente sobre la cuestión.”

Particulares a tener en cuenta en relación al art 695.4 LEC

  1. Puede ser a instancia de parte.
  2. Tiene que ser planteada antes de dictar una vez concluso el procedimiento y dentro del plazo para dictar el Auto.
  3.  Si se plantea suspenderá provisionalmente la actuación judicial.

Pues bien, como hemos expuesto, el Juzgado de Instancia n.º 7 dicta Auto que fundamenta y ACUERDA:

“Que se declare la inconstitucionalidad del art 695.4 párrafo segundo en relación con el art 695.1, 4º de la lec en la redacción dada por la Ley 1/2013 de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social en su capítulo III, artículo 7, punto 14, al privar al ejecutado de la posibilidad de recurrir la resolución que resuelva un incidente de oposición ante una ejecución dineraria garantizada con hipoteca por alegación de cláusulas abusivas, en aquellos casos en los que se desestime el motivo de oposición, siendo firme el fallo y no teniendo mas posibilidad legal de oponerse a la continuación de la ejecución, a diferencia de la posibilidad de recurso que siempre tiene el ejecutante para el caso que sí se estime el motivo de oposición y evitar la firmeza del fallo, por lo que se ha vulnerado los art 14 y 24 de la Constitución, al suponer un tratamiento discriminatorio y desigualitario entre las partes ante un mismo acto procesal en un mismo procedimiento”

Por lo tanto, no está de más pensar, como opción cuando nos toque en suerte una oposición a una ejecución hipotecaria, plantear una cuestión de inconstitucionalidad, así como quién no quiere la cosa, vamos.

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EL ERROR JUDICIAL EXISTE. Resolución administrativa de pensión de jubilación por incapacidad. Dies a quo de Acción Extracontractual art 1902 CCiv, Arts 292 y 293 LOPJ

EL ERROR JUDICIAL EXISTE. DÍA INICIAL PARA EL CÓMPUTO DEL PLAZO DE UN AÑO, ex art 1902 CC y arts 292 y  293 LOPJ.

Este post trae origen en la STS 1230/2014, dictada por la Secc 1, de la Sala de lo Civil del TS, Resolución 196/2014, por el ponente Sr. Seijas Quintana.

 

El supuesto de hecho consiste en que un funcionario de correos (en adelante ACTOR) tiene un accidente causado por un perro durante su jornada laboral.

 El actor interpone acción, ex art 1902 CCiv, contra el dueño del can. El momento en que interpone la acción es desde que la administración dicta resolución administrativa que reconoce su pensión por jubilación de incapacidad (se denomina así en este ámbito subjetivo) que trae origen en el ataque del perro que le causó una caída de la moto mientras trabajaba y las consiguientes lesiones. (causa, nexo, daños).

El Juzgador de Instancia así como la Audiencia Provincial entienden que el plazo para interponer dicha acción aquiliana prescribió puesto que transcurrió más de un año desde el momento en que el agraviado conoció el informe médico que fue determinante para obtener su pensión por jubilación de incapacidad.

El actor interpone demanda por error judicial contra la SAP Valencia, secc 11, de 30-9-2011 al entender que existe un error judicial “”al entender como fecha de inicio de la prescripción, actio nata, la del alta médica con estabilización de sus secuelas, y no la del día en que se produjo la resolución administrativa en que se reconoce su pensión por jubilación por incapacidad (el actor se trataba de funcionario de Correos y tal es la denominación legal de su pensión de incapacidad)”, en contra de la doctrina reiterada de esta Sala relativa a que “el plazo de prescripción no comienza a correr hasta que sea firme la resolución administrativa declaratoria o denegatoria del efecto invalidante ( SSTS 11 de febrero 2011 , 24 de mayo de 2010 y 7 de octubre de 2009 , entre las más recientes)”. 

La STS de 2-4-2014, que estamos analizando, en primer lugar, expone qué entiende por error judicial “«(e)l error judicial, fuente del derecho a obtener una indemnización que reconoce a los perjudicados el artículo 121 de la CE , ha de tener la gravedad que implícitamente exige el artículo 292.3 de la LOPJ (pues en él se establece que la mera revocación o anulación de las resoluciones judiciales no presupone por sí sola derecho a la indemnización) y que la jurisprudencia reclama ( SSTS de25 de enero de 2006, EJ núm. 32/2004 , 4 de abril de 2006, EJ núm. 1/2004 , 31 de enero de 2006, EJ núm. 11/2005 , 27 de marzo de 2006, EJ núm. 13/2005 , 13 de diciembre de 2007, EJ núm. 20/2006 , 7de mayo de 2007, EJ núm. 10/2005 y 12 de diciembre de 2007, EJ núm. 35/2004 ), en consonancia con el carácter extraordinario de una institución mediante la que se ordena el resarcimiento por el Estado de los daños causados por una sentencia dictada en el ejercicio de la función jurisdiccional con fuerza de cosa juzgada.

<Por ello, de acuerdo con nuestra jurisprudencia, el error judicial debe circunscribirse a las decisiones de hecho o de Derecho que carecen manifiestamente de justificación ( SSTS de 26 de noviembre de 1996 y 8 de mayo de 2006 ), pues admitir otros supuestos de error implicaría utilizar el trámite para reproducir el debate sobre las pretensiones planteadas cual si se tratara de una nueva instancia o de un recurso en detrimento de la fuerza de cosa juzgada de las decisiones judiciales y de la independencia reconocida a los tribunales>.

La solicitud de declaración de error judicial, en suma, exige no solamente que se demuestre el desacierto de la resolución contra la que aquélla se dirige, sino que ésta sea manifiestamente contraria al ordenamiento jurídico o haya sido dictada con arbitrariedad.

»El procedimiento de error judicial no permite, por consiguiente, reproducir el debate propio de la instancia ( SSTS de 4 de abril de 2006, EJ núm. 1/2004 y 7 de mayo de 2007, EJ núm. 10/2005 ), ni instar una revisión total del procedimiento de instancia ( STS de 31 de febrero de 2006, EJ núm. 11/2005 ), ni discutir sobre el acierto o desacierto del tribunal de instancia en la interpretación de las normas aplicadas o en la valoración de la prueba ( SSTS de 25 de enero de 2006, EJ núm. 32/2004 , 27 de marzo de 2006, EJ núm. 13/2005 , 22 de diciembre de 2006, EJ núm. 16/2005 , y 7 de julio de 2010, EJ núm. 7/2008 )».”

En este supuesto el TS entiende que ha existido error judicial porque “es jurisprudencia constante de esta Sala que en los casos de lesiones con secuelas el plazo de prescripción de la acción de responsabilidad civil por culpa extracontractual no comienza a correr hasta la estabilización de las secuelas, e incluso puede retrasarse más aún cuando, seguido expediente para determinar la repercusión de las lesiones en la capacidad laboral del perjudicado, este no se conforma con la resolución administrativa correspondiente ( SSTS 11-2-2011 en recurso num. 1418/07 , 5-7-2011 en recurso num. 2174/07 y 19-11-2011 en recurso num. 1331/07 , con cita en todas ellas de muchas otras anteriores).”

 

Esta sentencia expone como abordar la solución para una sentencia comúnmente denominada ilógica y evidencia que muchos abogados no conocíamos esta posibilidad para abordar la vía del error judicial, ex art 292 y 293 LOPJ como elemento vertebrador -objeto de Litis- para, sin necesitar entrar en el fondo del asunto vía casación e incluyendo una indemnización a cargo del Estado.

 

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TARJETA IKEA, VENTAJA EUROPA SA, EXTRAÑA GESTIÓN E INTERESES INFINITOS

TARJETA IKEA, VENTAJA EUROPA SA, EXTRAÑA GESTIÓN E INTERESES INFINITOS

Os voy a contar un curioso asunto.

ANTECEDENTES DE HECHO

Particular que va a IKEA a hacer una compra de una cuantía media-alta y le ofrecen un 10 % de descuento si la paga con la tarjeta IKEA.

El particular va a la zona en donde IKEA tiene personal identificado para hacer la tarjeta de fidelización, la solicita, hace la compra y la utiliza para alguna compra más. Desde junio de 2013 no vuelve a usar la tarjeta IKEA.

PROBLEMAS

Un día llaman un teleoperador llama a esta particular desde la centralita o recobro de una entidad financiera diciendo que debía una cuota y esa cuota le generaba un cargo por impago de 35 € mas la cuota de 24 € de su préstamo.

Este cliente, extrañado y enfadado, acude a IKEA y pide explicaciones.

Los problemas que se encuentra son:

1º.- IKEA no tiene su contrato se lo ha entregado a una entidad financiera y no le pueden facilitar copia.

2.º- IKEA no le puede facilitar los datos de las compras que ha realizado en IKEA.

3.º- La reclamación de consumo la tiene que dirigir contra VENTAJA EUROPA SA que no tiene nada que ver ni con IKEA ni con la financiera que le reclama el dinero.

4.º- El empleado que atiende en IKEA, formaliza la tarjeta IKEA  pero actúa en representación de VENTAJA EUROPA SA tampoco esta autorizado para entregarte el contrato que tu mantienes con VENTAJA EUROPA SA.

5.º- Ni VENTAJA EUROPA SA NI IKEA te facilitan los recibos de pago de las cuotas. Debe pedirlos vía fax o email a la entidad financiera.

6.º- La entidad financiera le envía unos recibos que parecen publicidades de IKEA pero, pese a que los ha solicitado, no le envían ni el contrato de la tarjeta IKEA, ni el contrato de préstamo, ni el contrato en que autoriza a ceder sus datos a VENTAJA EUROPA SA (que a estas alturas no sabemos que pinta en todo esto) ni el contrato en que cede VENTAJA EUROPA SA los datos a la financera; ni, por supuesto, los convenios marco entre estas mercantiles.

7.º- Por ese préstamo le cobran un TAE de casi el 27 % porque tampoco le han aclarado cuál es el tipo de interés que le están cobrando. De las 24 cuotas pagadas amortizó 125 € y pagó de intereses 451 € en cuotas fijas de 24 € y de un principal de 1.591,26 € debía todavía 1.465,03 €

 

CONCLUSIONES

1.º- Hay que reclamar a VENTAJA EUROPA SA porque lo impone la atención al cliente de IKEA.

2.º- IKEA tiene una tarjeta de la que no es responsable pero utiliza la atención al cliente, los logos y la publicidad para captar a un posible cliente despistado.

3.º- Los intereses son abusivos y el cliente no tenía ni idea que le estaban cobrando un préstamo. Pensaba que había contratado una tarjeta de fidelización con pago de cuota sin intereses.

Ojo avizor a todo el mundo con las compras, los descuentos y las tarjetas de fidelización que no es oro todo lo que reluce.

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