Archivo de la etiqueta: ABOGADOS TENERIFE

Notificaciones defectuosas y efectos en Derecho Administrativo. Comunicación por edictos como excepcional.

Notificaciones defectuosas y efectos en Derecho Administrativo. Comunicación por edictos como excepcional.

Te ponen una multa no te llega a casa y tus cuentas aparecen embargadas. Si me dieran un euro por cada vez que escucho esto sería millonario. Si me dieran dos por cada vez que compruebo que sí han sido notificados sería casi el doble de millonario.

El post de hoy viene a refrescar a quienes la conocéis o a mostrar un mundo de posibilidades a quienes desconocíais la Doctrina del TC y TS sobre el carácter excepcional de la notificación por edictos, notificaciones defectuosas y carencia de efectos interruptivos de la prescripción.

El artículo 48 del RD 391/1996 establece, en relación con el régimen jurídico aplicable a las notificaciones a practicar en el ámbito del procedimiento de revisión, que: “En el primer escrito que se presente en cada reclamación económico-administrativa, en cualquiera de sus instancias, habrá de expresarse necesariamente el domicilio en que deban hacerse las notificaciones, teniéndose por bien practicadas las que se verifiquen en dicho domicilio mientras no se haya acreditado en el expediente la sustitución de aquél por medio de escrito o de comparecencia personal suscrita por el interesado o apoderado.”

Bueno, hasta aquí lógico y normal. Lamentablemente la práctica del día a día nos dice que es corriente y habitual que notifiquen en un domicilio distinto al expuesto, ej: en el escrito se pide que se cite en el domicilio profesional del despacho y no lo hacen sino que notifican en el domicilio que le consta a la AEAT.

Bueno, pues la doctrina ser resume en:STS 5385/2015 de 16-12-2015, Sala de lo contencioso, Secc 2º, Id Cendoj 28079130022015100574:

“…la cuestión a resolver es si señalado un domicilio para notificaciones, el intento infructuoso en él, por cambio de domicilio, de la notificación por correo determina sin más y de forma automática la notificación edictal o, si por el contrario, ésta sólo procede utilizarla, no obstante no haberse comunicado el nuevo domicilio al órgano de reclamación, cuando no se haya podido practicar la notificación personal por los medios normales, y sea imposible conocer el domicilio del interesado.

Desde luego, el recurrente si hubiera extremado su diligencia, participando al TEAC su nuevo domicilio, no hubiera dado lugar a la notificación edictal. No obstante, ha de reconocerse que, esta Sala viene interpretando que la notificación edictal es residual, requiriendo el agotamiento previo de las otras modalidades que aseguren en mayor grado la recepción por el destinatario de la correspondiente notificación, así como que no conste el domicilio del interesado o se ignore su paradero ( sentencias de 10 de noviembre de 1993 , 23 de febrero de 1996 , 13 de marzo de 1997 y 21 de enero de 2003 , entre otras.

Esta misma orientación, en cuanto a la procedencia y validez de las notificaciones edictales, ha sido también seguida por el Tribunal Constitucional, al examinar actos de comunicación de los órganos jurisdiccionales.

De acuerdo con el Tribunal Constitucional la notificación por edictos tiene un carácter supletorio y excepcional, debiendo ser considerada como remedio último, siendo únicamente compatible con el artículo 24 de la Constitución , si existe la certeza o, al menos, la convicción razonable de la imposibilidad de localizar al demandado ( sentencias 48/82, 31 de mayo , 63/82, de 20 de octubre , y 53/03 de 24 de marzo , entre otras muchas), señalando, asímismo, que cuando los demandados están suficientemente identificados su derecho a la defensa no puede condicionarse al cumplimiento de la carga de leer a diario los Boletines Oficiales.

La sentencia recurrida no tuvo en cuenta esta doctrina, por lo que infringió la normativa reguladora de las notificaciones así como la doctrina jurisprudencial que la interpreta, por lo que procede estimar el recurso, y casar la sentencia, declarando, en su lugar, la improcedencia de la notificación edictal practicada, pues tuvo lugar, con sólo un intento fallido de la notificación postal y sin la realización de actividad alguna por el Tribunal para averiguar el domicilio del obligado, que fue conseguido fácilmente cuando se personó un agente tributario a notificar otra resolución para la ejecución del fallo del TEAC, dándose además la circunstancia que en este caso se comunicó a la Administración el cambio de domicilio de la sociedad, efectuándose también la inscripción en su momento en el Registro Mercantil de Barcelona, por lo que sin arduas y complejas indagaciones fácilmente se hubiera podido localizar al reclamante.

Ante la improcedencia de la notificación edictal, resulta innecesario pronunciarse sobre los defectos que se denuncian en relación a ella.(falta de publicación en el BOE, omisión de datos de la resolución en el anuncio publicado en el BOP de Barcelona, y falta de exposición del edicto en el tablón de la Secretaría del Tribunal), comportando aquella circunstancia que no pueda tenerse por practicada, en forma legal, la notificación de la resolución del TEAC, sino desde el momento en que la recepcionó efectivamente el 17 de abril de 1998 la entidad recurrente, lo que impide la extemporaneidad apreciada, dada la fecha de interposición del recurso jurisdiccional.”

Deja un comentario

11 enero, 2016 · 10:30

Registro Central de Delincuentes Sexuales.

Feliz Año nuevo y todas esas cosas.

Empezamos el año con un post de Delincuentes y Big Data. Algo divertido para quien le guste. Espero que el año que ahora comienza no os aburra este blog y que os sea propicio.

Aunque la norma es del año pasado y se publicó en el BOE del 30-12-2015, la traigo hoy porque estaba de vacaciones en Galicia, paraíso terrenal.

Registro Central de Delincuentes Sexuales.

La Ley 26/2015, de 28 de julio, de Modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, prevé en su disposición final decimoséptima que el Gobierno, a propuesta del Ministerio de Justicia, dictará en el plazo de seis meses desde la publicación de la citada ley, las disposiciones reglamentarias oportunas relativas a la organización del Registro Central de Delincuentes Sexuales en el Registro Central de Penados y en el Registro Central de Sentencias de Responsabilidad Penal de los Menores, integrándose en el sistema de registros de apoyo a la Administración de Justicia.

Este es el primer párrafo de la Exposición de Motivos, ­­­que ya no se llama Exposición de Motivos, ahora es I,del Real Decreto 1110/2015, de 11 de diciembre, por el que se regula el Registro Central de Delincuentes Sexuales.

Se inspira en el interés superior de la protección a la infancia y adolescencia.

Bueno, después, bla, bla, bla, bla, bla, bla…

Dos notas:

Art 3. Naturaleza y finalidad

Art 3.1- El Registro Central de Delincuentes Sexuales constituye un sistema de información, de carácter no público y gratuito, relativo a la identidad, perfil genético, penas y medidas de seguridad impuestas a aquellas personas condenadas en sentencia firme por cualquier delito contra la libertad e indemnidad sexuales o por trata de seres humanos con fines de explotación sexual, incluyendo la pornografía, regulados en el Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, con independencia de la edad de la víctima. Esta información se referirá a las condenas dictadas tanto en España como en otros países, en particular los Estados miembros de la Unión Europea y del Consejo de Europa.

Art 3.2.- La finalidad del Registro es contribuir a la protección de los menores contra la explotación y el abuso sexual, con independencia de quién sea el autor del delito, mediante el establecimiento de un mecanismo de prevención que permita conocer si quienes pretenden el acceso y ejercicio de profesiones, oficios y actividades que impliquen el contacto habitual con menores, carecen o no de condenas penales por los delitos a los que se refiere el apartado anterior.

Asimismo, el Registro tiene como fin facilitar la investigación y persecución de los delitos a que se refiere el presente real decreto con objeto de proteger a las víctimas menores de edad de la delincuencia sexual, introduciendo medidas eficaces que contribuyan a la identificación de sus autores y de cooperación con las autoridades judiciales y policiales de otros países, en particular con los Estados miembros de la Unión Europea y del Consejo de Europa.

Artículo 10. Cancelación de datos relativos a penas y medidas de seguridad impuestas en sentencia firme.

  1. Las inscripciones contenidas en el Registro Central de Delincuentes Sexuales se cancelarán de oficio, a instancia del titular de los datos o su representante legal si aquel fuera menor de edad o persona con la capacidad modificada judicialmente, o por comunicación del órgano judicial, en los siguientes supuestos:
  2. a) Cuando la víctima sea mayor de edad o si el condenado lo hubiera sido por hechos cometidos durante su minoría de edad, la cancelación se regirá por lo dispuesto en el capítulo VI del Real Decreto 95/2009, de 6 de febrero, en función de que las inscripciones tengan su origen en el Registro Central de Penados o en el Registro Central de Sentencias de Responsabilidad Penal de los Menores.
  3. b) Cuando la víctima fuera menor de edad y el condenado mayor de edad, la cancelación se realizará cuando haya transcurrido el plazo de treinta años, a contar desde el día en que se considere cumplida la pena de conformidad con el artículo 136 del Código Penal sin haber vuelto a delinquir. En este caso, la cancelación de los antecedentes penales que consten en la inscripción del Registro Central de Penados del que aquélla tiene su origen no conllevará la cancelación de esta información. Por otra parte, dicha información no podrá, por sí misma, servir de prueba para constatar la reincidencia.
  4. La cancelación de las inscripciones derivadas de sentencias dictadas por Jueces o Tribunales extranjeros que consten en el Registro Central de Delincuentes Sexuales, exigirá la previa comunicación en tal sentido por parte del Estado de condena.
  5. Una vez se produzca la cancelación de los antecedentes penales de los inscritos en el Registro Central de Delincuentes Sexuales y respecto de aquellas causas en las que constara el código identificador del perfil genético del condenado, el encargado del Registro comunicará tal circunstancia a la Base de Datos Nacional de ADN del Ministerio del Interior, a los efectos previstos en el artículo 9 de la Ley Orgánica 10/2007, de 8 de octubre, reguladora de la base de datos policial sobre identificadores obtenidos a partir del ADN.

Bueno, chavalada. Ya sabéis por lo que os pueden incluir en el registro y ccmo podéis cancelarlos.

El big data está en todos lados. Avisados estáis.

1 comentario

4 enero, 2016 · 20:42

Pensión de alimentos. Mínimo vital de un hijo mayor de edad.

Pensión de alimentos. Mínimo vital de un hijo mayor de edad.

El lector habitual de este blog, con buena memoria, recordará que temas similares que no idénticos de razonamiento ya fueron tratados en este blog.

Principio de proporcionalidad en la pensión de alimentos

DERECHO DE ALIMENTOS. ¿HASTA CUÁNDO TENGO QUE PAGAR A MI HIJO?

Hoy traemos parte de la cuadratura del círculo en la STS 4925/2015, Id Cendoj: 28079110012015100646, de 2-12-2015, por Seijas Quintana.

La sentencia aborda el mínimo vital que, esencialmente, es el importe mínimo de subsistencia que otorgan al menor en concepto de alimentos. El mínimo vital es establecido según las Audiencias Provinciales pero que el TS ya resolvió en el sentido que podría ser proporcional (post de principio de proporcionalidad en la pensión de alimentos)

El objeto de litigio lo delimita el DF Segundo: el recurso “cuestiona la existencia y alcance del mínimo vital de la pensión de alimentos al hijo mayor de edad con independencia de la situación económica del progenitor no conviviente y solicita la extinción o suspensión de la obligación de pago que no puede abonar” Estima el recurso.

La motivación:

La sentencias de esta Sala de 12 de febrero de 2015 señaló lo siguiente: “De inicio se ha de partir de la obligación legal que pesa sobre los progenitores, que está basada en un principio de solidaridad familiar y que tiene un fundamento constitucional en el artículo 39.1 y 3 CE , y que es de la de mayor contenido ético del ordenamiento jurídico ( SSTS 5 de octubre de 1993 y 8 de noviembre de 2013 ). De ahí, que se predique un tratamiento jurídico diferente según sean los hijos menores de edad, o no, pues al ser menores más que una obligación propiamente alimenticia lo que existen son deberes insoslayables inherentes a la filiación, que resultan incondicionales de inicio con independencia de la mayor o menor dificultad que se tenga para darle cumplimiento o del grado de reprochabilidad en su falta de atención”.

Por tanto, añade, “ante una situación de dificultad económica habrá de examinarse el caso concreto y revisar la Sala si se ha conculcado el juicio de proporcionalidad del artículo 146 del CC ( STS 16 de diciembre de 2014 )… lo normal será fijar siempre en supuestos de esta naturaleza un mínimo que contribuya a cubrir los gastos repercutibles más imprescindibles para la atención y cuidado del menor, y admitir sólo con carácter muy excepcional, con criterio restrictivo y temporal, la suspensión de la obligación, pues ante la más mínima presunción de ingresos, cualquiera que sea su origen y circunstancias, se habría de acudir a la solución que se predica como normal, aún a costa de una gran sacrificio del progenitor alimentante… El interés superior del menor se sustenta, entre otras cosas, en el derecho a ser alimentado y en la obligación de los titulares de la patria potestad de hacerlo “en todo caso”, conforme a las circunstancias económicas y necesidades de los hijos en cada momento, como dice el artículo 93 del Código Civil , y en proporción al caudal o medios de quien los da y a las necesidades de quien los recibe, de conformidad con el artículo 146 CC “.

No se niega, por tanto, que por imperativo constitucional, los padres tienen la obligación de prestar asistencia de todo orden a los hijos habidos dentro o fuera del matrimonio durante su minoría de edad y en los demás casos en que legalmente proceda, como dice el artículo 39 CC , y que conforme a tal mandato existe un deber de diligencia de los padres en orden a satisfacer las necesidades de sus hijos: en todo caso, tratándose de menores ( artículo 93 CC ), como consecuencia directa de la patria potestad, sin que ello signifique que en los casos en que realmente el obligado a prestarlos carezca de medios para, una vez atendidas sus necesidades más perentorias, cumplir su deber paterno, no pueda ser relevado, por causa de imposibilidad, del cumplimiento de esta obligación ( STS 5 de octubre 1993 ). Y, además, en los supuestos previstos en los artículos 142 y siguientes del CC , siendo los hijos mayores de edad, aunque su concreción pueda hacerse en el juicio matrimonial, siempre que se den los puestos previstos en el párrafo segundo del artículo 93, vivir en casa y carecer de recursos. En el primer caso – menores- los alimentos se prestan conforme “a las circunstancias económicas y necesidades económicas de los hijos en casa momento“. En el segundo – mayores- los alimentos son proporcionales “al caudal de quien los da y a las necesidades de quien los recibe” – artículo 146 CC – y se reducen a los alimentos que sean indispensables para el sustento, habitación, vestido y asistencia médica, conforme al artículo 142 CC

Nos quedamos con lo siguiente:

  • Hijos menores de edad: los alimentos se prestan conforme a las circunstancias económicas y necesidades económicas de los hijos en casa momento.
  • Hijos mayores de edad: – los alimentos son proporcionales al caudal de quien los da y a las necesidades de quien los recibe – artículo 146 CC – y se reducen a los alimentos que sean indispensables para el sustento, habitación, vestido y asistencia médica, conforme al artículo 142 CC

Deja un comentario

15 diciembre, 2015 · 10:00

Doctrina de Sala Pensión Compensatoria. Efectos de la separación prolongada de los cónyuges.

Doctrina de Sala Pensión Compensatoria. Efectos de la separación prolongada de los cónyuges.

STS 4929/2015, CENDOJ 28079110012015100650 , DE 1-12-2015, por Seijas Quintana que reproduce la Doctrina de Sala como doctrina Jurisprudencia, de STS de 18-3-2014:

“el desequilibrio que da lugar a la pensión compensatoria debe existir en el momento de la separación o del divorcio y los sucesos posteriores no pueden dar lugar al nacimiento de una pensión que no se acredita cuando ocurre la crisis matrimonial”, precisando la sentencia de 17 de diciembre de 2012 que, en principio, y salvo circunstancias muy concretas de vinculación económica entre los cónyuges, no existe desequilibrio económico en las situaciones prolongadas de ruptura conyugal. “Se entiende que cada uno de ellos ha dispuesto de medios propios de subsistencia y mal se puede argumentar por quien la solicita que la separación o divorcio es determinante para el de un empobrecimiento en su situación anterior en el matrimonio, situación que en el peor de los casos sería la misma, pero no agravada por la ruptura” ( Sentencia de 3 de junio de 2013 ). Lo que no es posible es instrumentalizar el juicio de divorcio para solicitar una prestación económica que se ha demostrado innecesaria para su sostenimiento, y perturbadora, si se quiere, del régimen de vida llevado hasta la fecha por uno y otro cónyuge hasta la formulación de la demanda por uno de ellos.

No es, por tanto, un problema de tiempo de separación, sino de las circunstancias se deben valorar en cada caso para ver si a la vista de un largo periodo de separación de hecho, sin petición económica alguna, cabe o no presumir la existencia de desequilibrio económico entre los cónyuges en el momento de la ruptura.

La sentencia de 30 de septiembre 2014 contempla una separación de cinco años que creó en la esposa “una situación consolidada de independencia económica y de autonomía patrimonial incompatible con la concepción de inestabilidad económica”. Es decir, se niega la pensión a partir de una presunción de no existencia de desequilibrio económico en el momento de la ruptura, que se destruye cuando, pese a una separación prolongada, los esposos han intercambiado ayudas económicas por parte de uno o de ambos o, cuando, como aquí sucede, no consta, como declara probado la sentencia, que “ambas partes hayan asumido vidas económicas independientes, por lo que el transcurso del tiempo no ha sido suficiente para entender inexistente el citado desequilibrio” ;

Conclusiones:

  • El desequilibrio debe existir en el momento de separación/divorcio.
  • Salvo circunstancias concretas de vinculación económica entre cónyuges –pienso en empleado-empleador- no existe desequilibrio en situaciones prolongadas de ruptura.
  • El divorcio después de una separación y una vida económicamente independiente no es una buena idea para obtener una prestación económica por un supuesto desequilibrio.

Deja un comentario

14 diciembre, 2015 · 10:00

Sistemas de toma de decisiones, responsabilidad de administradores y compliance penal.

Sistemas de toma de decisiones, responsabilidad de administradores y compliance penal.

La primera vez que escuché o leí a alguien tratar este tema desde este tema fue a Luis Cazorla en un programa formativo que organizó mi despacho, Legistel, con la Escuela de Negocios de las Islas Canarias allá por principios de noviembre y que Luis esbozó en un breve post.

Lo que yo entiendo como concepto fundamental de esta innovadora forma de ver esta nueva regulación es el concepto de la actuación de buena fe a efectos de diligencia del administración con la toma de decisiones regulada como procedimiento en si misma pues ya sabemos que lo que parece una buena decisión empresarial hoy quizás pasado mañana sea un desastre porque cae el petróleo o una ilógica y desastrosa decisión hoy es el pelotazo absoluto del mes que viene. Tal y como expone el Dr. Cazorla:

 

(…)programas de cumplimiento en el marco estrictamente mercantil, esto es, como elemento cuya aprobación ha de integrarse en el adecuado cumplimiento del deber de diligencia del ordenado empresario que el administrador social debe satisfacer, y cuya infracción podría dar lugar a acciones de responsabilidad frente a administradores sociales. En este sentido, me parece posible relacionar el artículo 31 bis del CP con los artículos 225 y 226 de la LSC, muy en particular, la protección de la discrecionalidad empresarial o business judgement rule a la que el artículo 226 de la LSC hace referencia. En dicho precepto en el marco de las decisiones estratégicas o de negocio, se protege la actuación de los administradores sociales cuando actúan de buena fe, informados, sin interés particular, y con sujeción a un procedimiento de toma de decisiones. Este proceso o procedimiento de toma de decisiones bien puede servir de nexo, entre el programa de cumplimiento penal con el deber de diligencia del administrador social en el plano normativo, más allá, de su lógica conexión teórica.

Este concepto creo que tendrá mucho recorrido. De hecho, el post de hoy surge porque leí ayer en el blog Almacén de Derecho por Adán Nieto y Patricia Pérez que adoptan el planteamiento similar al de Luis Cazorla, pero no tan preciso, al entender que:

“Cuando la falta de adopción o la adopción ineficaz de un programa de cumplimiento ocasiona daños a una compañía (imposición de multas, reclamaciones civiles, pérdidas de oportunidades de negocio…) puede afirmarse que los administradores han infringido sus deberes de diligencia en la gestión de la empresa social.”

Sin embargo, en este último trabajo no puedo compartir los criterios de los que parte cuando plantean inicialmente que:

La finalidad última del derecho penal cuando sanciona a las personas jurídicas es incitar  a sus dirigentes a que adopten un sistema de autorregulación interno que les lleve a prevenir, detectar y sancionar las infracciones de sus empleados y dirigentes. .  Como también todos sabemos, para que el derecho penal sea eficaz éste no puede actuar como una suerte de “llanero solitario”. Las armas del derecho penal, por muy temibles que parezcan, en realidad son un tigre de papel si no van acompañadas de otros controles sociales o jurídicos que empujen en la misma dirección

 (…)La asociación que existe actualmente entre responsabilidad penal (o sancionadora) de personas jurídicas y programas de cumplimiento quizás puede dar a entender que en este caso, al legislador se la ha ido la mano y ha utilizado la responsabilidad penal como prima ratio, sin ensayar antes otros medios de coacción, con idéntica finalidad..”

Como contrapunto a estas premisas de las que parten en este artículo. La realidad practica, como así nos expuso en el Programa Superior de Compliance de la ENIC, el Sr. Juan Antonio Frago, Fiscal, editor del blog, En Ocasiones Veo Reos, es que la Jurisdicción Penal actuará directamente contra la persona jurídica independientemente de si tiene implementado, con correcta ejecución, el sistema de cumplimiento normativo.

De hecho, como muchas gente preveía, a efectos de atenuación o exención de responsabilidad es una cuestión de valoración del juez de lo penal. Esto tiene una consecuencia muy evidente: la persona jurídica se sentará en el banquillo como acusado y ya veremos si las pruebas que se practiquen en el plenario permitirán desvirtuar la presunción de inocencia. Pero, en todo caso, la persona jurídica está allí sentada.

La finalidad del Derecho Penal más allá de construcciones teóricas, yo no soy académico, es castigar un comportamiento que pudiera ser constitutivo de delito. Si la persona jurídica no realiza acciones u omisiones que pudieran ser constitutivas de delito no necesitará atenuar ni eximir su responsabilidad. En este sentido, considero que el derecho penal es la guillotina y que los controles sociales y jurídicos es lo mínimo que debe existir.

La conclusión de del trabajo de almacén de derecho, al menos el que yo entiendo, es que:

“Quizás algún día nos ocuparemos con más detenimiento de la extrema importancia que tiene un buen análisis de riegos para excluir la responsabilidad penal de la persona jurídica, pero lo que ahora debemos acentuar es que realizar un correcto análisis de riesgos es presupuesto de la aplicación de la regla del juicio discrecional (business judgment rule) y, por consiguiente, de la exención de responsabilidad, si los administradores.”

 

En mi particular opinión, la cuestión no es realizar un correcto análisis de riesgos, más o menos extenso, no solo a la estructura de la mercantil y a aquellos operadores con los que tiene relación la misma, véase proveedores, clientes, colaboradores, etc. No olvidemos que en el 31 bis CP la exención y/o atenuación de la pena viene con la adopción Y ejecución eficaz del programa de cumplimiento.

Entiendo que la cuestión en este planteamiento será que la toma de decisiones sujetas a la discrecionalidad empresarial tenga un procedimiento previamente establecido para la toma de decisiones en su propio programa de cumplimiento normativo o, ¿por qué no?, en sus estatutos, que:

  •  a) Desde una óptica de un consultor pueda “positivizar” a través de una norma de soft law – estatutos o programa de cumplimiento- dichos procedimientos, de conformidad con el art 226.1 LSC in fine, cuando finaliza: “(…) y con arreglo a un procedimiento de decisión adecuado” y que, tal y como afirma Luis Cazorla, sea objetivización de la toma de decisiones sea lo que, desde una óptica mercantil, ampare, ex art 226 LSC, a los órganos de administración; y,
  • b) desde una óptica penal, esa toma de decisiones previamente establecida y conocida por cada uno de los cargos/puestos/órganos, según sus competencias y funciones en la organización, permita la acreditación del cumplimiento y eficaz ejecución de los programas de cumplimiento a efecto de su posterior acreditación ante un juzgado de lo penal.

 

Seguramente, de este tema podremos leer muchas monografías mejores que este post y, desde luego mejor fundamentadas.

Un post que trae su origen en un innovador planteamiento por primera vez expuesto por el académico Luis Cazorla en Tenerife. (Esto último es la cuña del fantástico Programa Superior de Compliance de la ENIC organizado por mi despacho, Legistel, que aporta, a través de sus magníficos ponentes, estas cosillas innovadoras al Derecho Mercantil patrio)

2 comentarios

5 diciembre, 2015 · 11:50

¡!!!El compliance penal ya estaaaaa aquiiiiiií!!!!!!

¡!!!El compliance penal ya estaaaaa aquiiiiiií!!!!!!

Señoras y Señores, Ladies and Gentleman, niños y niñas y señores del público.

Hoy tenemos la primicia del mundo mundial -salvo error u omisión de esta parte-.

La sentencia de corta y pega de hoy tiene el mismo interés que el primer video de you tube, el primer perfil de feisbú o el primer tweet. Dice el primer tweet de la CIA que “We can neither confirm nor deny that this is our first tweet”. Nosotros tampoco podemos confirmar ni desmentir que esta sea la primera sentencia pero el TS habla de –un OHHHHH de los lectores-:

modelo de responsabilidad por el hecho propio o una fórmula de heterorresponsabilidad

Pues bien, la STS 3813/2015, de 2-9-2015 ; Id Cendoj: 28079120012015100522 pivota sobre un delito de estafa y el TS (ojo spoiler de la sentencia: casa y absuelve a la empresa condenada por los efectos extensivos del art 903 LECRIM:

“Cuando sea recurrente uno de los procesados, la nueva sentencia aprovechará a los demás en lo que les fuere favorable, siempre que se encuentren en la misma situación que el recurrente y les sean aplicables los motivos alegados por los que se declare la casación de la sentencia. Nunca les perjudicará en lo que les fuere adverso”

A los efectos de este post da igual los hechos probados puesto que absuelve. También nos da igual la aplicación del efecto extensivo del recurso al ser favorable. Lo que importa es el ansia que percibimos del TS cuando afirma,, en su FJ3º que:

“3.- Este pronunciamiento ha de hacerse extensivo a la condena de la entidad XXXX, que también ha sido declarada autora, al amparo del art. 31 bis del CP de un delito de estafa.

La ausencia de un recurso formalizado por esta entidad, obliga a la Sala a no abordar el llamativo distanciamiento del FJ 4º de la sentencia recurrida respecto de las exigencias del principio de culpabilidad ( art. 5 CP ). Esta Sala todavía no ha tenido ocasión de pronunciarse acerca del fundamento de la responsabilidad de los entes colectivos, declarable al amparo del art. 31 bis del CP . Sin embargo, ya se opte por un modelo de responsabilidad por el hecho propio, ya por una fórmula de heterorresponsabilidad, parece evidente que cualquier pronunciamiento condenatorio de las personas jurídicas habrá de estar basado en los principios irrenunciables que informan el derecho penal.

El efecto extensivo que el art. 903 de la LECrim impone respecto de las decisiones favorables que se deriven de la interposición de un recurso de casación, sugiere importantes matices cuando la exoneración de la responsabilidad por vulneración del derecho a la presunción de inocencia se declara respecto de la persona física que ha actuado en nombre de la sociedad que ha resultado también condenada. En el presente caso, sin embargo, el laconismo de la sentencia de instancia respecto del fundamento de la responsabilidad criminal declarada en relación con la entidad XXXX, el silencio de los recurrentes y, sobre todo, la irrelevancia penal del hecho de referencia, conducen a declarar también extinguida toda responsabilidad criminal respecto de la sociedad receptora de las transferencias económicas que fueron abonadas por los querellantes.

¿Esto tiene alguna lectura más?:

  • NO hay pronunciamiento de la Sala que parece ansiosa por resolver.
  • ¿qué opción dice plantear? ¿hecho propio o heterorresponsabilidad?
  • Si la persona física ha sido absuelta la empresa porque el hecho no es considerado delito… ¿la persona jurídica debe ser absuelta también? “sugiere importantes matices cuando la exoneración de la responsabilidad por vulneración del derecho a la presunción de inocencia se declara respecto de la persona física que ha actuado en nombre de la sociedad que ha resultado también condenada.”

Deja un comentario

30 septiembre, 2015 · 8:47

¿Los Abogados somos sujetos obligados a la prevención del blanqueo de capitales?

La Ley 10/2010 de 28 de Abril de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, que transpone a la normativa Española la tercera Directiva 2005/60/CE de 26 de Octubre, desarrollada por Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, establece, entre las actividades sometidas a medidas de control, la de abogacía.

Si, amigos lectores que sois abogados, somos sujetos obligados a la prevención del blanqueo de capitales. ¿Qué no habéis hecho nada al respecto? Normal, lógico y comprensible.

Aunque muchos nos podamos quejar que el Consejo General de la Abogacía Española no haga nada por nosotros, creo que no es una apreciación correcta. El CGAE hace bastante por el colectivo pero, a veces, el colectivo no nos molestamos en leer lo que se publica en su web.

Hoy traigo el informe de medidas y recomendaciones para la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo realizado por la Comisión Especial para la Prevención del Blanqueo de Capitales. Hagamos caso y agradezcamos estos esfuerzos.

http://www.abogacia.es/wp-content/uploads/2012/06/RECOMENDACIONES-PBC-ABOGADOS-CGAE.pdf

Deja un comentario

Archivado bajo ABOGACIA, Blanqueo de capitales

El valor de la prueba de indicios como prueba de cargo.

El 18-2-2015 la Sala 2ª del TS dictó STS de las que vale la pena guardar porque podrás hacer un copia y pega toda la vida o, al menos, hasta que modifiquen una ley que le afecte o cambien el criterio (que suele ser algo habitual)

La STS 402/2015 de 18-2-2015 en su FD Tercero nos resume perfectamente con las referencias a las Sentencias han estudiado el valor como prueba de cargo la prueba de indicios para detallar sus características:

El valor como prueba de cargo de la prueba de indicios ha sido admitido tanto por el Tribunal Constitucional como por este Tribunal Supremo.

El Tribunal Constitucional ha sostenido desde sus primeras sentencias sobre la materia ( SSTC 174/1985 , 175/1985 , 24/1997 , 157/1998 , 189/1998 , 68/1998 , 220/1998 , 44/2000 y 117/2000 ) que a falta de prueba directa de cargo también la prueba indiciaria puede sustentar un pronunciamiento condenatorio, sin menoscabo del derecho a la presunción de inocencia.

En resoluciones más recientes ( SSTC 111/2008 , 109/2009 , 126/2011 , 128/2011 , 175/2012 y 15/2014 ) ha considerado como requisitos imprescindibles los siguientes:

A) El hecho o los hechos bases (o indicios) han de estar plenamente probados;

B) Los hechos constitutivos del delito deben deducirse precisamente de estos hechos base completamente probados;

C) Para que se pueda comprobar la razonabilidad de la inferencia es preciso, en primer lugar, que el órgano judicial exteriorice los hechos que están acreditados o indicios, y sobre todo que explique el razonamiento o engarce lógico entre los hechos base y los hechos consecuencia;

D) y, finalmente, que este razonamiento esté asentado en las reglas del criterio humano o en las reglas de la experiencia común o, en palabras de la STC 169/1989, de 16 de octubre , «en una comprensión razonable de la realidad normalmente vivida y apreciada conforme a criterios colectivos vigentes» ( SSTC 220/1998 , 124/2001 , 300/2005 , y 111/2008 ).

Sobre la naturaleza y estructuración de la prueba indiciaria tiene establecido el Tribunal Constitucional que el razonamiento o engarce lógico entre los hechos base y los hechos consecuencia ha de estar asentado en las reglas del criterio humano o en las reglas de la experiencia común o, en palabras de la STC 169/1989, de 16 de octubre , en una comprensión razonable de la realidad normalmente vivida y apreciada conforme a criterios colectivos vigentes ( SSTC 220/1998 , 124/2001 , 300/2005 y 111/2008 ).

El control de constitucionalidad de la racionalidad y solidez de la inferencia en que se sustenta la prueba indiciaria puede efectuarse tanto desde un doble canon: el de su lógica o cohesión, y el de su suficiencia o calidad concluyente. Con arreglo al primero la inferencia será irrazonable si los indicios acreditados descartan el hecho que se hace desprender de ellos o no llevan naturalmente a él. Desde el canon de su suficiencia o calidad concluyente no será razonable la inferencia cuando sea excesivamente abierta, débil o imprecisa. Son los órganos judiciales quienes, en virtud del principio de inmediación, tienen un conocimiento cabal, completo y obtenido con todas las garantías del acervo probatorio. Por ello se afirma que sólo se considera vulnerado el derecho a la presunción de inocencia en este ámbito de enjuiciamiento cuando la inferencia sea ilógica o tan abierta que en su seno quepa tal pluralidad de conclusiones alternativas que ninguna de ellas pueda darse por probada ( STC 229/2003 , 196/2007 , 111/2008 , 108/2009 , 109/2009 , 70/2010 y 126/2011 , entre otras).

Esta Sala tiene establecido de forma reiterada que la prueba indiciaria, indirecta o circunstancial presenta dos perspectivas relevantes para el control casacional. Desde el punto de vista formal, deben constar los indicios o hechos-base plenamente acreditados que permitan acceder mediante un juicio de inferencia al hecho-consecuencia; el razonamiento de inferencia también ha de ser debidamente explicitado en la sentencia. Desde una perspectiva material, el control casacional se contrae en la verificación de que existan varios indicios plenamente evidenciados, o uno de singular potencia acreditativa, de naturaleza inequívocamente incriminatoria, que no estén destruidos por contraindicios, que se refuercen entre sí y que permitan obtener un juicio de inferencia razonable, entendiendo tal razonabilidad como enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano (139/2009 de 24 de febrero; 322/2010 de 5 de abril; 208/2012 de 16 de marzo; 690/2013 de 24 de julio y 481/2014 de 3 de junio, entre otras).

Deja un comentario

Archivado bajo DERECHO PENAL, Valor de la prueba de indicios

LOOKBOOK para Abogados.

Este post es una reproducción de una colaboración con WWW.MARKETINGNIZE.COM

A clase debéis venir bien vestidos. No hay que venir en traje. Os recomiendo que no vengáis a clase ni a los exámenes con camisetas de equipos de futbol como esas del Milán, Milan o como se diga.

(Transcripción aproximada de la primera frase que escuché al entrar en la Facultad de Derecho de Santiago de Compostela)

Escrito este post a petición de una amiga tuitera y con posterioridad a la polémica creada por don José Ángel García Fernández en la un acto en el colegio de Abogados de La Coruña en el reparto del libro “Vademécum para abogados noveles; ed. Tirant lo Blanc, 2014.

La polémica surge, según la noticia publicada en La Voz de Galicia, a raíz de la protesta del colectivo coruñés de abogados “Iniciativa 542” que tildó de “sexista y trasnochada” la propuesta. Una divertida discusión en tuiter ha acabado en esto (si las discusiones no son distendidas y divertidas, mejor no uses tuiter).

He tenido acceso al libro y hay que poner los datos en lo que yo entiendo su contexto.

En primer lugar, el libro se llama “Vademécum para abogados noveles” y es eso, tal y como dice la RAE: un libro de poco volumen y de fácil manejo para consulta inmediata de nociones o informaciones fundamentales para abogados novatos. Abogados con una L en su toga. ¿Recordáis cuando erais así? ¡Pues eso! En sus páginas 109 y ss aborda la indumentaria del abogado.

No es una cuestión baladí recordar el Real Decreto de 24 de julio de 1982, que aprobó el Estatuto General de la Abogacía Española que regulaba que los Abogados actuarían ante los Tribunales con traje, corbata y zapatos negros, camisa blanca y vistiendo toga y, potestativamente, birrete, sin distintivos de ninguna clase.

El Real Decreto de 22 de junio de 2001, que aprobó el nuevo Estatuto General de la Abogacía Española, ex art 37.1, establece que “Los abogados comparecerán ante los Tribunales vistiendo toga y, potestativamente, birrete, sin distintivo de ninguna clase, salvo el colegial, y adecuarán su indumentaria a la dignidad y prestigio de la toga que visten y al respeto a la Justicia

Bueno, no he visto nunca a nadie utilizando un birrete así que me ahorraré no aburrirles con ello.

Respecto la toga, la RAE define la toga como: “Traje principal exterior y de ceremonia, que usan los magistrados, letrados, catedráticos, etc., encima del ordinario.”

Como premisa entiendo que no vamos a discutir sobre la toga con o sin distintivos. En donde vamos a polemizar es en la correcta adecuación de la indumentaria a la dignidad y prestigio de la toga que visten y al respeto de la justicia.

En el libro, la polémica surge no en las consideraciones de la indumentaria de los hombres sino de las mujeres. El consejo 4º es su detonante: “Las letradas han de desterrar de su entorno: el llevar botas vistiendo falda, así como los escotes profundos, las faltas demasiado cortas y abusar del perfume”.

Sin embargo, no parece que ofendan los consejos:

“Deben vestir de acuerdo con el tipo de cliente que tienen: no es lo mismo un abogado laboralista que el de una empresa multinacional. No obstante, el Abogado debe procurar vestir con suficiente formalidad, no sobrepasando la medida de su entorno”;

Los grandes despachos exigen traje para el hombre, no admitiéndose las combinaciones tipo blazer. Los únicos colores masculinos permitidos son el azul y los diferentes tonos de gris, quedando totalmente excluido el color marrón

El color marrón en un traje de caballero es ofensivo si o si. El diferenciar entre Abogado laboralista y empresa multinacional lo dejo a vuestra imaginación y sabio criterio.

Los consejos del libro tienen un antecedente en un breve análisis sobre qué es y qué no es aconsejable en el vestuario, tanto masculino como femenino.

En fin, convendréis conmigo que no es aconsejable que un Abogado lleve camisetas con publicidad aunque seas Abogado de la firma publicitaria. Convendréis conmigo que un tatuaje en el cuello de un Abogado, buena imagen, lo que se dice buena imagen no da salvo que seas el Abogado de ACDC o Extremoduro.

En mi opinión, el Abogado para adecuar la indumentaria a la dignidad entiendo que no debe llamar la atención. Con eso basta. Los que seguís mi tuiter conocéis mi poco cariño a las camisas blancas y mi afición a las azules pero más como un pequeño “cachondeo” que como una realidad.

Sin embargo, es cierto que, según el tipo de despacho –ubicación, tipo de cliente, etc-, la indumentaria no es igual y entiendo que la propia dinámica del día a día orientará al Abogado novel a saber ¿qué debo ponerme? No es lo mismo un pequeño despacho en un pueblo, que un despacho en una capital de provincia, que un Big Four.

Convendremos que, de modo genérico, el traje debe ser azul o gris, sin estridencias ni brillos, camisa azul o blanca, DE MANGA LARGA Y SIN BOTONES EN EL CUELLO, y corbata discreta; unos zapatos también discretos, según el criterio de cada cual pero conociendo que los mocasines (que a mi me gustan) son lo menos formal, luego puede entrar el monkstrap y luego el zapato con cordones sencillo y Oxford negros –lo más formal-; negros, color vino o un color marrón oscuro, discreto. Si ya queréis bordarlo con cinturón a juego (o que no desentone mucho). Los calcetines oscuros.

Bueno, pues no yo visto así. Soy más informal aunque llevo camisa, chaqueta y corbata. Lo que no visto son camisas con botones en el cuello y corbata y, por supuesto, no tengo ni una sola camisa de manga corta. Soy más de americana y chinos o pantalón de vestir. Cosas de la vida. La ventaja de ser tu propio jefe. No obstante, si tengo reunión voy de traje, como no puede ser de otra manera.

PD.- La toga no tiene regulado el color. ¿Os acordáis de Will Smith en El Principe de Bel Air? Will llevaba la chaqueta al revés porque le gustaban las flores del forro interior porque la norma del colegio obligaba a llevar esa chaqueta pero no el cómo.

¿Hay alguna regla o norma que impida vestir una toga de fantasía?

2 comentarios

Archivado bajo Sin categoría

CÓDIGOS JURÍDICOS COMENTADOS SIN COPYRIGHT. COMPARTE Y SE AGRADECIDO

CÓDIGOS JURÍDICOS COMENTADOS SIN COPYRIGHT

 Este post está inspirado en la web www.notariosyregistradores.com , wikipenal y tantos y tantos anónimos que comparten en las RRSS Sentencias, estudios, comentarios a los que yo, personalmente, agradezco su actitud y su esfuerzo.

Mucha gente me pregunta si twitter me sirve o me ha servido para algo. Suelo responder más o menos lo mismo. “Sin duda. Me ha servido para conocer gente con los mismos intereses profesionales que yo. Me ha servido para conocer gente con las mismas preocupaciones que yo y me ha servido para mejorar como abogado porque me permite aprender de la gente que comparte cosas.”

 

Yo soy joven, aunque no lo parezca. Cuando empecé en el Despacho estaban en el importante salto tecnológico del diskette al CD con Jurisprudencia. Hoy con dos clicks tengo todo aquello y más tanto en el CENDOJ como en las bases de datos privadas.

Hace un tiempo empecé en tuiter. Hoy leo las Sentencias más relevantes el mismo día que las reciben las partes y un par de semanas después me llega el aviso de la base de datos de que han sido incluidas en la misma como novedad.

Desde hace un tiempo, aunque no lo parezca, muchos profesionales están compartiendo sus esfuerzos por acercar a todo el mundo sus conocimientos.

He puesto dos ejemplos diferentes: WIKIPENAL –ojo la calidad de quién está detrás- y NOTARIOS Y REGISTRADORES –éstos son más populares y constantes y la calidad no tiene igual en la red-. Esta gente se esfuerza, voluntariamente, en compartir conocimientos hacia todos; hacen comentarios de las novedades legales, sentencias, resoluciones de la DGRN, hasta tienen un ranking abogados en internet (soy fan de los rankings).

 

Hace un tiempo tuve el honor de participar en un proyecto de la web notarios y registradores “Análisis de la ley 1/2013 de protección de deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social”. Ellos han hecho leyes comentadas “SIN COPYRIGHT” (sea un lector generoso y permita la licencia literaria)

El otro día leí un tuit de Fernando Díaz Marroquín en donde colgó un enlace a un fantástico trabajo a una LSC comentada y actualizada por él con ST y resoluciones de la DGRN. Lo primero que hice fue felicitar ese esfuerzo y, a continuación, pedir una copia (los que me leéis ya me conocéis, no puedo evitarlo).

 

A partir de ese momento vinieron dos ideas a mi cabeza:

a)    Hacer códigos comentados y actualizados con ST y resoluciones que os van llegando a través de alguna plataforma libre.

b)    Agradecer a todos aquellos que comparten su esfuerzo personal. No es fácil ser generosos con los demás y compartir lo que con tantas horas de trabajo que vosotros e laboráis artesanalmente.

 

En fin, cuando leamos a alguien que comparte recordemos que su esfuerzo está ahí y seguro que se siente satisfecho cuando lo felicitan por su trabajo y agradecen su esfuerzo. Recordando una frase que me decían en mi casa de pequeño: “ Es de bien nacido ser agradecido”

2 comentarios

Archivado bajo Sin categoría

CONVENIOS DE DOBLE IMPOSICIÓN TRIBUTARIA. PERSONAS FÍSICAS. (AVISO: EL POST ESTÁ DESACTUALIZADO. ES DE NORMATIVA DEL AÑO 2006)

Acabo de leer un tuit de Don Iñigo Coello de Portugal @icpmp .Este compañero tuitero creo que no tiene la repercusión que se merece aunque aborda desde una óptica diferente unos temas más que interesantes (además de su calidad como jurista) pero eso es otro tema.

En fin, el tuit aborda una información sobre la evasión fiscal a través de Irlanda y Holanda. Matiza que expasión desconoce que existen convenios de doble imposición.

Eso me recordó que en el año 2006, dentro de los Curso de Doctorado sobre Sistemas Tributarios Europeos, de la Universidad de Santiago de Compostela hice un pequeño análisis del tema.

El trabajo, hoy leído, es igual de malo que en aquella fecha. A pesar de eso, el recuerdo de una buena época puede más así que he decidirlo publicarlo en el Blog. RECORDAD QUE SON DATOS DESACTUALIZADOS.

 

 

 

CONVENIOS DE DOBLE IMPOSICIÓN TRIBUTARIA: PERSONAS FÍSICAS

 

 

1.- INTRODUCCIÓN

 

 

La globalización es, sin duda, un término difícil de definir pero que, en cualquier caso está definido por dos variables:

 

a)     Por un lado, una globalización financiera donde los avances tecnológicos que permiten la comunicación instantánea entre cualquier parte del mundo y la apertura de mercados que favorecen la importación y exportación mundial facilitan la interdependencia económica entre Estados.

b)    Por otro lado, un apertura de fronteras económicas donde existe un importante tránsito de capital humano.

 

            Este facilidad de intercambios comerciales como de capital humano sin tener que establecerse o hacerse nacional del estado receptor, al contrario de cómo ocurrió en las migraciones europeas del siglo pasado, favorece la posibilidad de que una misma persona, por una misma renta y por un mismo período impositivo pueda estar gravada en dos Estados distintos por impuestos similares: en el Estado donde se obtiene la renta y el Estado donde tiene la residencia fiscal el preceptor de la renta.

 

Así, por ejemplo, la LIRPF Art. 2.1 prevé que las personas que tengan su residencia habitual en España sean gravadas por la totalidad de la renta que obtengan ( criterio de renta mundial) con independencia del lugar en donde se hubiese producido y de cualquiera que sea la residencia del pagador. 

 

Esta situación permite que si la política fiscal del Estado residente del pagador obligue a la tributación de rentas obtenidas en ese Estado aun no siendo residente se produciría una situación de doble tributación.

 

Por ello, parece deseable que esta situación fiscal de sujetos que perciben rentas en países en los cuales no son residentes sea unificada.  Para lograr esta unificación diferentes organizaciones han trabajado creando convenios bilaterales e incluso convenios marco que sirvan de modelo para establecer una vía unidireccional de trabajo entre Estados de modo que existan unos principios comunes.

 

Una de esta organizaciones es la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) que ha creado sucesivos Modelos de Convenio que constituyen una base de armonización fiscal que han ido actualizando para adaptarlos a las necesidades de la economía mundial.   Estos convenios para evitar la doble imposición internacional (CDI) son tratados internacionales que contienen, en particular, medidas para evitar los supuestos de doble imposición.

 

 

 

2.- MODELOS DE CDI

 

Todos los CDI suscritos por España se configurar en los Modelos de CDI propuesto por la OCDE desde 1963 y sus actualizaciones si bien determinados Tratados pueden incorporar ocasionalmente aspectos procedentes del Modelo elaborado por la ONU.

 

Los CDI tienen tres bloques normativos fundamentales:

 

1)    Impuesto sobre la Renta y el Patrimonio.

2)    Impuesto sobre las rentas de la navegación marítima y aérea internacional.

3)    Impuesto sobre las herencias.

 

 

Por el volumen de convenios bilaterales existentes, por la amplitud de sus disposiciones y su práctica los CDI sobre Renta y Patrimonio son los más importantes.

 

3.- INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LOS CDI

 

En cuanto que todo CDI es un Tratado Internacional (todo acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por el Derecho Internacional, ya conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos comunes, cualquiera que sea su denominación particular[Convenio de Viena art. 2.1, a]) y, por tanto, norma internacional, deber ser interpretado de conformidad con las directrices establecidas por el Convenio de Viena sobre el Derecho de los Tratados, de 23 de Mayo de 1969, adhesión de España el 2 de mayo de 1972; en particular sus artículos 31 a 33 donde establecen los principios de buena fe y primacía del texto en los particulares de objeto y fin del Tratado.

 

No obstante, es importante destacar que el Modelo de Convenio de la OCDE (MCOCDE) no es vinculante oficialmente auque si lo es de modo oficioso, en el sentido de que los convenios bilaterales que firman los países respetan tanto en su estructura como en su contenido el esqueleto principal de dicho modelo de convenio.

 

4.- ÁMBITO JURÍDICO DE TRIBUTACIÓN DE LOS NO RESIDENTES.

 

Debemos diferenciar dos planos normativos: la normativa internacional y la legislación interna.

 

Respecto a la normativa internacional debemos indicar que existen tres formas de tratados en relación con el ámbito tributario español:

 

1.- CDI para prevenir la evasión fiscal, de carácter bilateral sobre las materias ya señaladas.

2.- Convenios bilaterales o multilaterales de los que España sea parte y afecten a este ámbito.

3.- Acuerdos suscritos con organismos internacionales que aun tratando de materias distintas contienen disposiciones que afectan al ámbito fiscal.

 

Por otro lado, la legislación interna española en materia de imposición a no residentes tributarios posee regulación para aquellos supuestos en los que el país de residencia del sujeto pasivo no posea convenio de doble imposición con España. Esta situación se regula a través del Impuesto de la Renta para No Residente (IRNR) y el Impuesto sobre el Patrimonio ( IP).

 

 

5.- ELIMINACIÓN DE LA DOBLE IMPOSICIÓN

 

Existen dos categorías de doble imposición internacional:

 

–       Económica: una renta es sometida a más de un gravamen diferente.

–       Jurídica: una renta de un sujeto pasivo es gravada por un mismo hecho imponible en dos países diferentes

 

La doble imposición jurídica es la fundamental y es la que se intenta evitar a través del establecimiento de los CDI. Puede aparecer, de modo general, en dos supuestos:

 

a)                  Conflicto de doble residencia: un contribuyente debe tributar en dos Estados por su renta mundial.

b)                  Conflicto entre Estado de residencia y el Estado de la fuente: un contribuyente debe tributar en un estado por ser residente y en otro Estado por se el Estado de donde proviene la renta.

 

El principal objetivo de estos convenios es evitar que se produzcan estos conflictos. Así a través de los convenios cada Estado abandona una parte de esa potestad inherente a su soberanía permitiendo atenuar los efectos de la doble imposición.

 

 

6.- ESTRUCTURA DEL MODELO DE CONVENIO DE LA OCDE

 

Está estructurado en siete capítulos desarrollados en 30 artículos:

 

–       Capítulo I ( arts 1 y 2): ámbito de aplicación.

–       Capítulo II (arts. 3 a5): definiciones generales.

–       Capítulo III, IV y V definen las competencias de cada Estado contratante y métodos para evitar la doble imposición.

–       Capítulos VI y VII contienen disposiciones acerca de disposiciones procedimentales o aspectos complementarios.

 

 

7.- ANÁLISIS DE MODELO DE CONVENIO DE LA OCDE EN RELACIÓN CON EL CONVENIO HISPANO- PORTUGUÉS

 

En este estudio intentaremos llevar a cabo un estudio de el convenio marco de la OCDE en relación con el convenio hispano portugués en un intento de estudiar un CDI como norma y con el particular de la peculiaridad portuguesa, en cuyo caso nos detendremos en su análisis.

 

a)    Ámbito de aplicación. El MC establece en su artículo 1 que:

 

El presente convenio se aplica a las personas que son residentes de uno o de los dos Estados contratantes

 

El término residente es la clave de este artículo ya que existe la preferencia del término de residente a efectos fiscales ( de acuerdo con la legislación interna de cada Estado) prefiriendo este término antes que otros como nacional o contribuyente.

 

b) Ámbito objetivo, el artículo 2 del MC:

 

El presente convenio se aplica a los impuestos sobre la renta y el patrimonio exigibles por cada uno de los Estados contratantes, de sus subdivisiones políticas o de sus entidades locales, cualquiera que sea el sistema de su exacción

En este precepto se delimita el ámbito objetivo de los convenios, delimita el sector tributario al que quedan adscritos los Estados contratantes. Además en el MC se define qué son los Impuestos de Renta y Patrimonio:

 

Se consideran impuestos sobre la renta y el patrimonio los que gravan la totalidad de la renta o del patrimonio los que gravan la totalidad de la renta o del patrimonio o cualquier parte de los mismos, incluidos los impuestos sobre las ganancias derivadas de la enajenación de bienes muebles o inmuebles, los impuestos sobre el importe total de los sueldos o salarios pagados por las empresas, así como los impuestso sobre las plusvalías.”

 

Incluso el MC complementa ésta definición concretando cuales son los impuestos vigentes en cada Estado:

 

Los impuestos actuales a los que se aplica este Convenio son, en particular:

a)    En el Estado A:……………………….

b)    En el Estado B:……………………….”

 

Además se incorpora una cláusula que permita la inclusión de nuevos tributos en caso de su creación en uno de los Estados contratantes con el único requisito de su notificación al final de año.

 

El Convenio se aplicará igualmente a los impuestos de naturaleza idéntica o análoga que se establezcan con posterioridad a la fecha de la firma del mismo, y que se añadan a los actuales o les sustituyan. Las autoridades competentes de los Estados contratantes se comunicarán mutuamente las modificaciones significativas que se hayan producido en sus respectivas legislaciones fiscales.”

 

Particularidades del Convenio Portugués (CP):

 

a)                   Respecto al sujeto activo: se incorpora la referencia a las subdivisiones políticas y administrativas.

b)                  Materia imponible: menciona exclusivamente la imposición sobre la renta aunque se entienden incluidos el IRPF, IS, IP y los impuestos locales sobre la renta.

c)                   Comunicación: no impone plazo para la comunicación.

 

c) Definiciones generales ( artículo 3)

 

CMOCDE:

 

1. A efectos del presente Convenio, a menos que de su contexto se infiera una interpretación diferente:

a)    el término persona comprende las personas físicas, las sociedades y cualquier otra agrupación de personas;

b)    el término sociedad significa cualquier persona jurídica o cualquier entidad que se considere persona jurídica a efectos impositivos;

c)     el término empresa se aplica al ejercicio de toda actividad empresarial o profesional o negocio;

d)    las expresiones empresa de un Estado contratante y empresa del otro Estado contratante significan, respectivamente, una empresa explotada por un residente de un Estado contratante y una empresa explotada por un residente del otro Estado contratante;

e)     la expresión tráfico internacional significa todo transporte efectuado por un buque o aeronave explotado por una empresa cuya sede de dirección efectiva esté situada en un Estado contratante, salvo cuando el buque o aeronave sea explotado únicamente entre puntos situados en el otro Estado contratante;

f)      la expresión autoridad competente significa:

i)               ( en el Estado A):……………,

ii)             (en el Estado B):…………….;

g)    el término nacional se aplica a:

i)               toda persona física que posea la nacionalidad de un Estado contratante;

ii)             toda persona jurídica, sociedad colectiva o asociación constituida conforme a la legislación vigente en un Estado contratante.

h)    La expresión actividad empresarial o profesional y el término negocio incluyen la ejecución de servicios profesionales y la realización de otras actividades de carácter independiente.

 

2. Para la aplicación del Convenio por un Estado contratante en un momento determinado, cualquier término o expresión no definida en el mismo tendrá, a menos que de su contexto se infiera un interpretación diferente, el significado que en ese momento le atribuya la legislación de ese Estado relativa a los impuestos que son objeto del Convenio, prevaleciendo el significado atribuido por la legislación fiscal sobre el que resultaría de otras ramas del Derecho de ese Estado.”

 

Sobre este precepto existe una tendencia a una interpretación extensiva de las competencias fiscales.

 

Particularidades del CP:

 

En esta fuente también bebe el CP ya que  detalla en su artículo 3 cual es su ámbito territorial de aplicación.

 

El término España significa significa el Estado español y, utilizado en sentido geográfico, designa el territorio del Estado español incluyendo las áreas exteriores a su mar territorial en las que, con arreglo al Derecho internacional y en virtud de su legislación interna, el Estado español puede ejercer jurisdicción o derechos de soberanía respecto del fondo marino, su subsuelo y aguas suprayacentes, y sus recursos naturales.

El término «Portugal» comprende el territorio de la República portuguesa situado en el continente europeo, los archipiélagos de Azores y de Madeira, el respectivo mar territorial así como otras zonas donde, de conformidad con la legislación portuguesa y el Derecho internacional, la República portuguesa tiene jurisdicción o derechos de soberanía respecto de la prospección, búsqueda y exploración de los recursos naturales del fondo marino, de su subsuelo y de las aguas suprayacentes. 

 

d)                  Residente ( artículo 4):

 

“1. A efectos del presente Convenio, la expresión “residente en un Estado contratante” significa toda persona que, en virtud de la legislación de ese Estado, esté sujeta a imposición en el mismo en razón de su domicilio, residencia, sede de dirección o cualquier otro criterio de naturaleza análoga, incluyendo también a ese Estado y a sus subdivisiones políticas o entidades locales. Esta expresión no incluye, sin embargo, a las personas que estén sujetas a imposición de ese Estado  exclusivamente por la renta que obtengan de fuentes situadas en el citado Estado o por el patrimonio situado en el mismo.”

 

Primero, la residencia se determina en virtud de la legislación interna de cada Estado contratante. En el caso español la residencia fiscal se regula en el artículo 9 de la LIRPF donde, grosso modo establece que se entenderá que una persona física tiene su residencia habitual en España cuando se de cualquiera de estas circunstancias:

a)     Permanencia en España más de 183 días durante el año natural.

b)    Que radique en España el núcleo principal o la base de sus actividades o intereses económicos, de forma directa o indirecta.

c)     Existe una presunción iuris tantum de residencia cuando resida en España el cónyuge no separado legalmente y los hijos menores que de él dependan.

 

Además existen unos supuestos especiales ya que tendrán consideración de contribuyentes las personas físicas de nacionalidad española, su cónyuge no separado legalmente e hijos menores que tengan residencia habitual en el extranjero, por su condición de:

 

a)     Miembro de Misiones diplomáticas españolas.

b)    Miembro de las Oficinas consulares españolas.

c)     Titulas de cargo o empleo del Estado español.

d)    Funcionarios en activo que ejerzan en el extranjero cargo o empleo oficial que no tenga carácter diplomático o consular.

 

Aunque presentan excepciones:

           

a)     cuando las personas relacionadas anteriormente no sean funcionarios públicos en activo o titulares de cargo o empleo oficial y tuvieran su residencia habitual en el extranjero con anterioridad a la adquisición de cualquiera de las circunstancias antes mencionadas.

b)    Cónyuges no separados legalmente o hijos menores de edad, cuando tuvieran su residencia habitual en el extranjero con anterioridad a la adquisición por el cónyuge, el padre o la madre, de las condiciones enumeradas anteriormente.

 

La residencia en los convenios.

 

En todos los CDI suscritos por España para definir la residencia se remite a la legislación interna de cada Estado.  Es por ello que puede surgir el problema de una doble residencia si en esas legislaciones internas se establecen criterios distintos para considerar como residente a una persona.

 

Para evitar esto los convenios establecen una serie de criterios para evitar que una persona se considere residente en los dos Estados. Estos criterios son los siguientes:

 

“2. Cuando en virtud de las disposiciones del apartado 1 una persona física sea residente de ambos Estados contratantes, su situación se resolverá de la siguiente manera:

1.- “Residente en el Estado en el que tenga una vivienda permanente a su disposición, si la tuviera en ambos Estados se considerará residente del Estado con el que mantenga relaciones personales y económicas más estrechas (centro de intereses vitales)”

2.- “Si no pudiera determinarse el Estado en el que dicha persona tiene el centro de sus intereses vitales, o si no tuviera una vivienda permanente a su disposición en ninguno de los Estados, se considerará residente del Estado contratante donde viva habitualmente.

Si viviera habitualmente en ambos Estados o no lo hiciera en ninguno de ellos, se considerará residente del Estado del que sea nacional.

Si fuera nacional de ambos Estados o no fuera de ninguno de ellos, las autoridades competentes de los dos Estados contratantes resolverán el caso de común acuerdo.

Cuando en virtud de las disposiciones del apartado 1 una persona que no sea una persona física sea residente de ambos Estados contratantes, se considerará residente del Estado en que se encuentre su sede de dirección efectiva.

 

Entendemos que debemos pararnos a analizar este precepto en relación a explicar el centro de intereses vitales.  Por intereses vitales podemos entender los lazos personales ( relaciones familiares y sociales, ocupaciones, actividades políticas, culturales o de otra índole) y económicos ( sede de negocios, lugar donde se administran los bienes, etc).  En caso en que no se pueda determinar la residencia con arreglo a los criterios mencionados atenderemos a la estancia habitual y a la nacionalidad.  Y, en su defecto, deberá resolverse de común acuerdo entre los Estados contratantes.

 

            Centro de intereses vitales sin duda es un concepto con más importancia de lo que a priori pueda parecer.  En primer lugar, porque estamos viviendo el establecimiento de un nuevo marco de convivencia que aglutina los fenómenos migratorios de los países con marcado carácter musulmán junto con la migración proveniente de países subsaharianos.

 

Sin duda nos encontraremos, en breve espacio de tiempo, con la dificultad de determinar ese centro de intereses vitales para esta nueva población ya que en la mayoría de los casos estos nuevos residentes se convierten en sujetos pasivos de  la hacienda nacional pero sus países de origen no son Estados contratantes de convenio alguno para evitar esta doble imposición ni, por otro lado, estos nuevos residentes permanecen legalmente tiempo suficiente para considerar que posean su centro de intereses vitales en el Estado fuente de renta.

 

Otra cuestión diferente y que plantea otro tipo de problema surge ante la apertura diplomática actual de aceptación de culturas de raíz musulmana ya que se comienzan a escuchar ecos solicitando la poligamia. 

 

Esta institución de origen musulmán todavía no reconocida oficialmente en Europa plantea la existencia de núcleos familiares de un hombre desposado con varias mujeres de cada una de las cuales puede o debe engendrar una prole.

 

Esto es algo que, sin duda, llevará a una revisión  en corto-medio plazo del concepto de intereses vitales ya que podría posibilitar la existencia de un sujeto pasivo de un Estado sin convenio, sin poder considerarse residente y sin poder delimitar cual es su centro de intereses vitales ya que en algún supuesto podría establecer diferentes núcleos familiares en diferentes estados.

 

Este problema ya afecta a Francia ya que su población musulmana aumenta vertiginosamente y aunque no se han planteado los problemas específicos de la determinación del centro de intereses vitales; si se ha planteado en otro plano tributario. Así, en su IRPF, ya se encuentran con la dificultad de establecer los beneficios fiscales para núcleos familiares de un hombre y varias mujeres con su correspondiente descendencia.

 

 

Peculiaridades CP:

 

Si en el MCOCDE “residente en un Estado contratante” se determina según la legislación interna de cada país contratante, el CP, entre otros, desarrolla este concepto delimitándolo de un modo más concreta ya que incluye una cláusula particular donde dispone que la expresión residente en un Estado contratante “no incluye a las personas que estén sujetas a imposición en este Estado exclusivamente por la renta que obtengan procedente de fuentes situadas en el citado Estado o por el patrimonio que posean en el mismo”, situación que atiende al supuesto de personas físicas, particularmente a los agentes diplomáticos y funcionarios consulares extranjeros que prestan servicio en un país extranjero.

 

8.- TRIBUTACIÓN DE LAS RENTAS AFECTADAS POR LOS CDI

 

En los artículos 6 a 21 del MCOCDE ( arts 6 a 22 CP) se recogen los criterios de tributación de rentas o patrimonio. De entre todos las clases de rentas sujetas a los CDI sólo entraremos a analizar los rendimientos de inmuebles y las ganancias patrimoniales que tengan como sujeto pasivo a una persona física.

 

A.- Rendimiento de inmuebles

 

a) Generalidades.

 

Artículo 6 CMOCDE:

 

“1. Los rendimientos que un residente de un Estado contratante obtenga de bienes inmuebles( incluidas las rentas de explotaciones agrícolas o forestales) situados en el otro Estado contratante pueden someterse a imposición en ese otro Estado.

 

2. La expresión “bienes inmuebles” tendrá el significado que le atribuya el derecho del Estado contratante en que los bienes estén situados.  Dicha expresión comprende en todo caso los accesorios, el ganado y el equipo utilizado en las explotaciones agrícolas y forestales, los derechos a los que se apliquen las disposiciones del derecho privado relativas a los bienes raíces, el usufructo de bienes inmuebles y de los derechos a percibir pagos variables o fijos por la explotación o la concesión de la explotación de yacimientos minerales, fuentes y otros recursos naturales; los buques, embarcaciones y aeronaves no se consideran bienes inmuebles.

 

3. Las disposiciones del apartado 1 son aplicables a los rendimientos derivados de la utilización directa, el arrendamiento o aparcería, así como de cualquier otra forma de explotación de los bienes inmuebles

 

4. Las disposiciones de los apartados 1 y 3 se aplicarán igualmente a las rentas derivadas de los bienes inmuebles de una empresa

 

La cuestión principal de este precepto es que posibilita la tributación compartida. Por un lado, el Estado fuente donde están los inmuebles y por otro el Estado de residencia de quien obtiene las rentas.  Y será el Estado de residencia el que deba establecer el método para evitar la doble imposición.  En este supuesto el Estado donde estén situados los inmuebles será el que tenga preferencia en el establecimiento del gravamen de las rentas que produzcan.

 

Peculiaridades del CP

 

En relación con el Convenio Hispano Portugués nos encontramos con que se existe un Protocolo firmado en Madrid del 25 de Octubre de 1995 que dispone:

 

En relación con el artículo 6, sus disposiciones se aplicarán igualmente a los rendimientos derivados de los bienes mobiliarios que, de acuerdo con el derecho fiscal del Estado contratante en que tales bienes estuvieren situados , sean asimilados a los rendimientos de bienes inmobiliarios.”

 

Así, nos encontramos con una extensión de las disposiciones relativas a las rentas inmobiliarias.

 

 

 

 

b) Rendimientos de inmuebles arrendados.

 

Como hemos visto, el Convenio nos remite a la legislación interna de cada Estado. En España se regula a través del Impuesto de la Renta de No Residentes. Este tributo no diferencia en la naturaleza jurídica de quien adquiere la renta. Cuando un inmueble sea propiedad de un matrimonio o de una comunidad de propietarios , cada comunero será considerado como un contribuyente independiente y deberán presentar declaraciones separadas.

 

No obstante, podrán efectuarse declaraciones de carácter colectivo en las que se pueden incluir varios devengos de rendimientos de un mismo contribuyente o de varios contribuyentes, producidos en un trimestre natural. En el caso de que la declaración colectiva contenga rendimientos de distintos contribuyentes, el presentador debe ser un representante común, un mismo responsable solidario de las deudas tributarias (pagador, depositario o gestor) de todos ellos o un mismo retenedor (en el supuesto de arrendamiento de locales a empresarios o profesionales

 

El rendimiento a declarar será la cantidad resultante de aplicar al valor catastral del inmueble, que figura en el recibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), los porcentajes siguientes:

  • Con carácter general, el 2 por 100.
  • En caso de inmuebles con valores catastrales revisados o modificados a partir del 1 de enero de 1994, el 1,1 por 100.

Este rendimiento se entiende devengado una vez al año, el día 31 de diciembre.

Se declarará la parte proporcional de dicho importe si no se ha sido propietario del inmueble durante todo el año o si durante algún período de tiempo ha estado arrendado.

 

c) Inmuebles no arrendados

 

Cuando el propietario es persona física, estudio que ahora nos ocupa, y sea utilizado o esté a disposición de su propietario; se prevé la sujeción a rentas imputadas, cuya cálculo procederá de conformidad por lo regulado en el artículo 87 de la LIRPF, son la excepción de si esa renta provenga de un bien rústico o solar urbano.

 

El cálculo se produce proporcionalmente al período del año en que el propietario haya mantenido la titularidad y conforme a dicha norma.

 

El tipo será del 25 %.

 

El devengo se producirá el 31 de diciembre de cada año.

 

Mención especial corresponde al aprovechamiento por turno de inmuebles (time- sharing) ya que la LIRPF en su artículo 87.3 no imputa renta inmobiliaria cuando estos derechos no alcanzan más de dos semanas al año.  Aunque ciertos CDI extienden a cuatro las semanas de aprovechamiento mínimo como sucede con  el Reino Unido.

 

 

B.- Ganancias Patrimoniales. Impuesto de la Renta de No Residentes.

 

Se recoge la regulación de estos ingresos en el artículo 13 de CMOCDE:

 

1. Las ganancias que un residente de un Estado contratante obtenga de la enajenación de bienes inmuebles, conforme se definen en el artículo 6, situados en le otro Estado contratante, pueden someterse a imposición en ese otro Estado.

 

“ 2. Las ganancias derivadas de la enajenación de bienes muebles que formen parte del activo de un establecimiento permanente que una empresa de un Estado contratante posea en el otro Estado contratante, o de bienes muebles que pertenezcan a una base fija que un residente de un Estado contratante posea en el otro Estado contratante para la presentación de trabajos independientes, comprendidas las ganancias derivadas de la enajenación de este establecimiento permanente( sólo o con el conjunto de la empresa) o de esta base fija, pueden someterse a imposición en este otro Estado.

3. Las ganancias derivadas de la enajenación de buques o aeronaves explotados en el tráfico internacional, de embarcaciones utilizadas en la navegación interior, o de bienes muebles afectos a la explotación de dichos buques, aeronaves o embarcaciones, pueden someterse a imposición en ese otro Estado.

 

4. Las ganancias derivadas de la enajenación de cualquier otro bien distinto de los mencionados en los párrafos 1, 2 y 3 sólo pueden someterse a imposición en el Estado contratante en que resida el transmitente.

 

Ganancia de capital son las ganancias que un residente obtenga por la enajenación de un bien. En este caso, enajenación sería la transmisión efectiva mediante venta, permuta, expropiación, aportación social, donación o transmisión por causa de muerte.

 

Todos los CDI siguen las siguientes directrices:

 

a)                    Las obtenidas por un residente en un Estado contratante pueden gravarse en el Estado donde se encuentren los bienes inmuebles enajenados.

b)                   Las derivadas de cualquier otro bien podrá gravarse en el Estado donde resida el transmitente.

 

Excepciones:

 

i)               Ganancias derivadas de la enajenación de bienes muebles que formen parte de un activo de un Establecimiento Permanente o base fija.

ii)             Los procedentes de la enajenación de buques, aeronaves, o embarcaciones explotadas en el tráfico internacional, sólo pueden someterse a imposición en el Estado donde esté situada la sede de dirección efectiva de la empresas.

 

 

En los supuestos a) y b) la doble imposición se produce en el primero de ellos, siendo el Estado de residencia el obligado a eliminarla por le método de exención o imputación.

 

Las plusvalías mobiliarias se gravan por un único Estado evitando así el riesgo de doble imposición.

 

Los CDI se limitan a establecer la potestad del gravamen de cada Estado sobre las ganancias patrimonial, siendo la legislación interna la que decida su conveniencia y su formulación. Por eso, aun cuando exista CDI, la tributación de ganancias patrimoniales por no residentes se hace de acuerdo con lo regulado por la LIRNR.

 

Impuesto de la Renta de No residentes

 

 

            El IRNR constituye un tributo de carácter directo que grava la renta obtenida en territorio español por las personas físicas o entidades no residentes en el mismo.  Su regulación se encuentra recogida en el Texto Refundido de la Ley del Impuesto, aprobado mediante el RDLeg. 5/04 (LIRNR), en vigor desde el 13/3/04.  La ley se encuentra desarrollada por un Reglamento aprobado por el RD 1776/04 (RIRNR), en vigor desde 6/8/04.   Los parámetros por los que se rige ya han sido mencionados pero a modo de recordatorio señalamos:

 

  • NO residencia fiscal,
  • Rentas obtenidas en territorio español,
  • Concurrencia establecimiento permanente o no y
  • CDI aplicable.

 

Las ganancias derivadas de la venta de inmuebles constituye una renta sometida a gravamen como consecuencia de dicha venta.  Con carácter general, las ganancias se determinarán por diferencia entre los valores de transmisión y de adquisición.

 

El valor de adquisición estará formado por el importe real por el que se adquirió el inmueble, al que se sumarán el importe de los gastos y tributos inherentes a la adquisición satisfechos por el ahora transmitente.  En función del año de adquisición a este valor se le aplicarán unos coeficientes correctores para facilitar la actualización de ese valor.

 

El valor de transmisión será el importe real por el que la enajenación se haya efectuado, minorando el importe de los gastos y tributos inherentes a la transmisión que haya sido por cuenta del vendedor.

 

Una excepción importante es aplicable a las personas físicas ya que si el inmueble fue adquirido con anterioridad del 31 de diciembre de 1994, la ganancia previamente hallada se reducirá  en un 11, 11% anual por cada año de permanencia en el patrimonio que exceda de dos.

 

 

Las ganancias patrimoniales tributan (LIRNR art. 24.4, 25.1, f) y DT Única), en general, por las normas del IRPF.

 

El devengo, se produce en el momento de la alteración patrimonial.

 

La base imponible será la diferencia entre el valor de adquisición del elemento patrimonial y su valor de transmisión.

 

En relación al caso de las personas físicas, que ahora analizamos, existe un criterio diferencial con las entidades.  Esta diferencia consiste en que si el inmueble fue adquirido con anterioridad al 31 de diciembre de 1994, la ganancia previamente hallada se reducirá en un 11, 11% anual por cada año de permanencia que exceda de dos.  A efectos de computar dicha permanencia , se tomará el número de años que median entre la fecha de adquisición y el 31 de diciembre de 1996, redondeadas por exceso. El importe de la ganancia sometida a gravamen puede determinarse aplicando la ganancia previamente calculada el siguiente porcentaje:

 

 

Años

Hasta 31/12/96

 

     1

 

    2

 

   3      

 

    4

 

 

   5

 

 

    6

 

 

    7

 

 

   8

 

 

   9

 

 

   10

 

Más de           10

 

 

Porcentaje  (%)

 

  100

 

 100

 

88,89

 

77,78

 

66,67

 

55,56

 

44,45

 

33,34

 

22,23

 

11,12

 

       0

 

 

            Una vez finalizada la determinación de la base debemos aplicar el tipo impositivo que para el caso que estamos estudiando, personas físicas, será del 35 %.

 

            Las ganancias patrimoniales mobiliarias están exentas del impuesto siempre que el sujeto pasivo sea residente de la Unión Europea.

 

            Retención a cuenta.   La persona que adquiere el inmueble, sea o no residente, está obligada a retener e ingresar en el Tesoro Público el 5% de la contraprestación acordada. Esta retención tiene para el vendedor ganancia derivada de la transmisión .  Si la cantidad retenida es superior a la cuota a ingresar se podrá obtener la devolución del exceso.

 

            El plazo es de un mes desde la fecha de transmisión del inmueble.

 

 

 

 

            Ejemplo.

 

            Doña C. S. Residente en Oporto, adquirió el 5 de junio de 1990, un piso en Santiago por importe de 70.000 €, soportando por dicha adquisición los siguientes gastos:

 

                       Impuesto sobre el Valor añadido (IVA)——————– 4.200 €

                       Notarios y Registro——————————————–   820 €

 

            El apartamento no ha estado nunca arrendado.

 

            El 1 de enero de 2004 vendió el apartamento por 120.000 €, abonando en concepto de Impuesto Municipal sobre Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana la cantidad de 3.500 €. Por su parte P.P., adquirente del inmueble, retuvo la cantidad de 6.000 €, importe equivalente al 5% del precio de venta.

 

            ¿Cómo Tributa?

 

Valor de transmisión: 120.000, 00 -3.500,00 €—————————————-116.500,00 €

Valor de adquisición: 70.000, 00 + 4.200, 00+840, 00 €—————————- 75.040, 00 €

Valor de adquisición actualizado: 75.040, 00 € x 1,1461º—————————-    86.003,34 €

Ganancia Patrimonial 116.500,00 –86.003,34 € ————————————–    30.496,66 €

Años de permanencia a 31 del 12 de 96 ————————————– 7 años

Ganancia patrimonial reducida 44,45 % de 30.496,66 €—————————–   13.555, 77 €

Tipo ———————– 35%

Cuota———————- 4.744, 52 €

Retención 5%———— 6.000, 00

Cuota diferencial ——- 4.744, 52 – 6.000 €——————–( – 1.255, 48 €)

 

º Coeficiente de actualización aplicable para transmisiones de bienes inmuebles adquiridos con anterioridad al 31 de diciembre de 1994 y realizadas durante el año 2004.

 

 

 

9.- SOLUCIONES: MÉTODOS PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN.

 

Se recoge la regulación de los métodos para evitar la doble imposición en los artículos 23 A y B del MCOCDE.

 

A) Método de Exención:

 

Artículo 23 A: “ 1. Cuando un residente de un Estado contratante obtenga rentas o posea elementos patrimoniales que, de acuerdo con lo dispuesto en el presente Convenio pueden someterse a imposición de otro Estado, el Estado mencionado en primer lugar dejará exentas tales rentas o elementos patrimoniales, sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 2 y 3.

 

2. Cuando un residente de un Estado contratante obtenga rentas que, de acuerdo con las disposiciones de los artículo 10 y 11, pueden someterse a imposición de otro Estado contratante, el Estado mencionado en primer lugar admitirá la deducción en el impuesto sobre las rentas de dicho residente de un importe igual al impuesto pagado en ese otro Estado. Sin embargo, dicha deducción no podrá exceder de la parte del impuesto, calculado antes de la deducción, correspondiente a las rentas obtenidas en ese otro Estado.

 

3. Cuando, de conformidad con cualquier disposición del Convenio, las rentas obtenidas  por un residente de un Estado contratante, o el patrimonio que posea, estén exentos de impuestos en ese Estado, dicho Estado podrá, sin embargo, tener en cuenta las rentas o el patrimonio exentos a efectos de calcular el importe del impuesto sobre el resto de las rentas o el patrimonio de dicho residente.

 

4. Lo dispuesto en el artículo 1 no es aplicable a la renta percibida o al patrimonio poseído por un residente de un Estado contratante cuando el dicho Estado contratante aplica las disposiciones del Convenio para exonerar de impuesto esa renta o esta fortuna o cuando aplica lo dispuesto por el apartado 2 de los artículo 10 y 11  a dicha renta.”

 

Este método consiste en que el Estado de residencia del preceptor de las rentas o del titular del patrimonio, deja exentas las rentas o patrimonio que tributarán en el estado fuente.

 

Tiene dos aplicaciones:

 

a)                     exención integra: el Estado de residencia deja exentas las rentas procedentes del extranjero.

b)                     Exención con progresividad: la renta obtenida en el Estado fuente no se grava en el Estado de residencia que no obstante lo tendrá en consideración en el momento de determinar el tipo de gravamen al resto de la renta.

 

Con este sistema se corrige la doble imposición al permanecer la renta exenta en uno de los Estados y sometiéndose a gravamen en el otro. En general la exención se aplica en el Estado de residencia del beneficiario y será el Estado de la fuente donde tribute en exclusiva la renta en él obtenida.

 

Inconvenientes, entre otros:

 

a)                      La determinación de importe de renta exenta en el Estado de residencia como consecuencia de deducciones o desgravaciones aplicadas en dicho Estado.

b)                     En las pérdidas, el Estado de residencia puede admitir o no las mismas.

c)                      Determinación del mínimo exento en el estado de residencia.

 

 

 

B) Método de Imputación.

 

Artículo 23 B: “1. Cuando un residente de un Estado contratante obtenga rentas o posea elementos patrimoniales que, de acuerdo con las disposiciones del presente Convenio, puedan someterse a imposición en el otro Estado contratante, el Estado mencionado en primer lugar admitirá

           

a)                   La deducción en el impuesto sobre las rentas de ese residente de un importe igual al impuesto sobre la renta pagado en ese otro Estado;

b)                   La deducción en el impuesto sobre el patrimonio de ese residente de un importe igual al impuesto sobre el patrimonio pagado en ese otro Estado.

 

En uno y otro caso, dicha deducción no podrá, sin embargo, exceder de la parte del impuesto sobre la renta o sobre el patrimonio, calculado antes de la deducción, correspondiente, según el caso, a las rentas o el patrimonio que pueden someterse a imposición en ese otro Estado.

 

2. Cuando, de conformidad con cualquier disposición del Convenio, las rentas obtenidas por un residente de un estado contratante o el patrimonio que posea estén exentos de imposición en ese Estado, dicho Estado podrá, sin embargo, tener en cuenta las rentas o el patrimonio exentos a efectos de calcular el importe sobre el resto de las rentas o el patrimonio de dicho residente

 

Este método consiste en que el Estado de residencia del preceptor de las rentas o patrimonio al calcular la base imponible tiene en cuenta el total de rentas y patrimonio pero deduce los impuestos ya satisfechos en el Estado fuente. Defienden este método los países exportadores de capital.

 

Al igual que en el método de exención, en el método de imputación puede aplicarse de dos formas:

 

a)                    Imputación integral: el Estado de residencia del contribuyente deduce los impuestos satisfechos en el otro estado sin limitación alguna.

b)                   Imputación ordinaria con deducción limitada: el Estado de residencia deduce los impuestos pero limita esta deducción a la porción del tributo que debería pagar si se hubiesen obtenido en el Estado de residencia del contribuyente.

 

 

Peculiaridades Convenio Hispano Portugués

 

 

Se regulan los métodos para eliminar la doble imposición en su artículo 23:

 

En el caso de un residente de España, la doble imposición se evitará, de acuerdo con las disposiciones aplicables de la legislación española (siempre que no contradigan los principios generales establecidos en este apartado), de la siguiente manera:

Cuando un residente de España obtenga rentas que, con arreglo a las disposiciones de este Convenio, puedan someterse a imposición en Portugal, España permitirá la deducción del impuesto sobre las rentas de ese residente de un importe igual al impuesto efectivamente pagado en Portugal.

Sin embargo, dicha deducción no podrá exceder de la parte del impuesto sobre la renta, calculado antes de la deducción, correspondiente a las rentas que pueden someterse a imposición en Portugal.

Cuando se trate de dividendos pagados por una sociedad residente de Portugal a una sociedad residente de España que detente directamente al menos el 25 por 100 del capital de la sociedad que paga los dividendos, para la determinación de la deducción se tomará en consideración, además del importe deducible con arreglo a la letra a) de este apartado, el impuesto efectivamente pagado por la sociedad mencionada en primer lugar respecto de los beneficios con cargo a los cuales se pagan los dividendos, en la cuantía correspondiente a tales dividendos, siempre que dicha cuantía se incluya, a estos efectos, en la base imponible de la sociedad que los percibe.

Dicha deducción, juntamente con la deducción aplicable respecto de los dividendos con arreglo a la letra a) de este apartado, no podrá exceder de la parte del impuesto sobre la renta, calculado antes de la deducción, correspondiente a las rentas sometidas a imposición en Portugal.

Para la aplicación de lo dispuesto en esta letra será necesario que la participación en la sociedad pagadora de los dividendos sea de al menos el 25 por 100 y se mantenga de forma ininterrumpida durante los dos años anteriores al día de pago de los dividendos.

En el caso de un residente de Portugal, la doble imposición se evitará, de acuerdo con las disposiciones aplicables de la legislación portuguesa (siempre que no afecten a los principios generales establecidos en este apartado), de la siguiente manera:

Cuando un residente de Portugal obtenga rentas que, con arreglo a las disposiciones de este Convenio, puedan someterse a imposición en España, Portugal permitirá la deducción del impuesto sobre las rentas de ese residente de un importe igual al impuesto pagado en España.

Dicha deducción no podrá, sin embargo, exceder de la parte del impuesto sobre la renta, calculado antes de la deducción, correspondiente a las rentas que puedan someterse a imposición en España.

Cuando una sociedad residente de Portugal perciba dividendos de una sociedad residente de España en la cual la primera detente directamente una participación de al menos el 25 por 100 del capital, Portugal deducirá, a efectos de determinar el beneficio imponible sujeto al impuesto sobre la renta de las personas jurídicas, el 95 por 100 de tales dividendos, incluidos en la base imponible, en los términos y con las condiciones establecidas en la legislación portuguesa.

Cuando con arreglo a cualquier disposición de este Convenio las rentas obtenidas por un residente de un Estado contratante, estén exentas de impuestos en ese Estado contratante, dicho Estado podrá, no obstante, tomar en consideración las rentas exentas para calcular el impuesto sobre el resto de las rentas de ese residente

 

En Portugal se aplica por lo tanto:

 

a)     la imputación limitadas para las rentas.

b)    Exención limitadas para dividendos matriz-filial.

 

En España:

 

a)     Imputación limitada para las rentas.

b)    Imputación de impuestos subyacentes para dividendos matriz filial.

 

  

10.- ÍNDICE

             1.- INTRODUCCIÓN.

             2.- MODELOS DE CDI.

             3.- INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LOS CDI.

             4.- ÁMBITO JURÍDICO DE TRIBUTACIÓN DE LOS NO RESIDENTES.

             5.- ELIMINACIÓN DE LA DOBLE IMPOSICIÓN.

             6.- ESTRUCTURA DEL MODELO DE CONVENIO DE LA OCDE.

             7.- ANÁLISIS DE MODELO DE CONVENIO DE LA OCDE EN RELACIÓN CON EL CONVENIO HISPANO PORTUGUÉS.

 a)    Ámbito de aplicación.

b)    Ámbito objetivo.

c)     Definiciones generales.

d)    Residente.

 8.- TRIBUTACIÓN DE LAS RENTAS AFECTADAS POR LOS CDI.

             A.- Rendimiento de inmuebles.

     

a)    Generalidades.

b)    Rendimientos de inmuebles arrendados.

c)     Inmuebles no arrendados

 

B.- Ganancias Patrimoniales. Impuesto de la renta de No Residentes.        

                       Ejemplo.

            9.- SOLUCIONES: MÉTODOS PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN.

                        A.- Método de exención.

                        B.- Método de Imputación.

 

            10.- ÍNDICE.

           

 

Deja un comentario

Archivado bajo Sin categoría

¿NOS HEMOS CARGADO LA IGUALDAD ENTRE PARTES PROCESALES EN LA LEC? OPOSICIÓN A LA EJECUCIÓN HIPOTECARIA

Este post pretende informar de una situación sin entrar a analizar otra cuestión que la estrictamente de igualdad de armas en un proceso civil. Se que es un tema que ya ha sido analizado por otros compañeros antes como Don Alfredo Herranz y como doña Veronica del Carpio.

El art 695.4 LEC ANTES de la reforma de  Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social

  1.  Contra el auto que ordene el sobreseimiento de la ejecución podrá interponerse recurso de apelación. Fuera de este caso, los autos que decidan la oposición a que se refiere este artículo no serán susceptibles de recurso alguno.

 

El art 695.4 LEC DESPUÉS de la reforma  Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social

  1.  Contra el auto que ordene el sobreseimiento de la ejecución o la inaplicación de una cláusula abusiva podrá interponerse recurso de apelación.

Fuera de estos casos, los autos que decidan la oposición a que se refiere este artículo no serán susceptibles de recurso alguno y sus efectos se circunscribirán exclusivamente al proceso de ejecución en que se dicten.

Pues bien, la modificación del articulo de una norma, la Ley 1/2013 para “proteger a los deudores hipotecarios” altera la igualdad de armas procesales de conformidad con el razonamiento realizado por el Juzgado de Primera Instancia n.º 7 de Avilés a través del planteamiento de una CUESTIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD.

Dicho Juzgado de Instancia fundamente aborda, ex art 35 LO 2/1979 del TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, la vulneración de los arts 14 y 24 de la CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA.

“Artículo 35

1. Cuando un Juez o Tribunal, de oficio o a instancia de parte, considere que una norma con rango de Ley aplicable al caso y de cuya validez dependa el fallo pueda ser contraria a la Constitución, planteará la cuestión al Tribunal Constitucional con sujeción a lo dispuesto en esta Ley.

  1.  El órgano judicial sólo podrá plantear la cuestión una vez concluso el procedimiento y dentro del plazo para dictar sentencia, o la resolución jurisdiccional que procediese, y deberá concretar la ley o norma con fuerza de ley cuya constitucionalidad se cuestiona, el precepto constitucional que se supone infringido y especificar o justificar en qué medida la decisión del proceso depende de la validez de la norma en cuestión. Antes de adoptar mediante auto su decisión definitiva, el órgano judicial oirá a las partes y al Ministerio Fiscal para que en el plazo común e improrrogable de 10 días puedan alegar lo que deseen sobre la pertinencia de plantear la cuestión de inconstitucionalidad, o sobre el fondo de ésta; seguidamente y sin más trámite, el juez resolverá en el plazo de tres días. Dicho auto no será susceptible de recurso de ninguna clase. No obstante, la cuestión de inconstitucionalidad podrá ser intentada de nuevo en las sucesivas instancias o grados en tanto no se llegue a sentencia firme.
  2.  El planteamiento de la cuestión de constitucionalidad originará la suspensión provisional de las actuaciones en el proceso judicial hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre su admisión. Producida ésta el proceso judicial permanecerá suspendido hasta que el Tribunal Constitucional resuelva definitivamente sobre la cuestión.”

Particulares a tener en cuenta en relación al art 695.4 LEC

  1. Puede ser a instancia de parte.
  2. Tiene que ser planteada antes de dictar una vez concluso el procedimiento y dentro del plazo para dictar el Auto.
  3.  Si se plantea suspenderá provisionalmente la actuación judicial.

Pues bien, como hemos expuesto, el Juzgado de Instancia n.º 7 dicta Auto que fundamenta y ACUERDA:

“Que se declare la inconstitucionalidad del art 695.4 párrafo segundo en relación con el art 695.1, 4º de la lec en la redacción dada por la Ley 1/2013 de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social en su capítulo III, artículo 7, punto 14, al privar al ejecutado de la posibilidad de recurrir la resolución que resuelva un incidente de oposición ante una ejecución dineraria garantizada con hipoteca por alegación de cláusulas abusivas, en aquellos casos en los que se desestime el motivo de oposición, siendo firme el fallo y no teniendo mas posibilidad legal de oponerse a la continuación de la ejecución, a diferencia de la posibilidad de recurso que siempre tiene el ejecutante para el caso que sí se estime el motivo de oposición y evitar la firmeza del fallo, por lo que se ha vulnerado los art 14 y 24 de la Constitución, al suponer un tratamiento discriminatorio y desigualitario entre las partes ante un mismo acto procesal en un mismo procedimiento”

Por lo tanto, no está de más pensar, como opción cuando nos toque en suerte una oposición a una ejecución hipotecaria, plantear una cuestión de inconstitucionalidad, así como quién no quiere la cosa, vamos.

Imagen

2 comentarios

Archivado bajo Sin categoría

LA CONFORMIDAD PENAL PARA DUMMIES. ASUNTO DELITO CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA. DOÑA ANA TORROJA

LA CONFORMIDAD PENAL PARA DUMMIES. ASUNTO DELITO CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA. DOÑA ANA TORROJA.

Como este post es para dummies permítanme, hoy, ciertas licencias literarias.

Doña Ana Torroja, ex cantante de Mecano, ha sido condenada como autora de delito contra la Hacienda Pública por haber eludido el pago de los correspondientes tributos en más de 120.000 € por ejercicio fiscal, concepto, etc.

El asunto del que trae causa este post, Ana Torroja affair, no es el delito en sí sino la conformidad.

 

LA CONFORMIDAD es una institución curiosa, desde su naturaleza jurídica y encuadre en el proceloso mundo del Derecho Penal Y Derecho Procesal Penal español, que consiste en una especie de justicia penal consensuada en donde el imputado o acusado, según el momento (para dummies), reconoce los hechos delictivos y  se aprovecha de una serie de ventajas; gracias al interés que hubo, en su momento, por cambiar la percepción de la lentitud de la justicia. (vid Exp. Motivos Ley 38/2002 en relación a la reforma de la LECrim)

Quienes no han pasado por un juzgado penal (suerte la suya) pensarán que es una justicia para ricos, que si robas una gallina te caen más años, etc; pero son cuestiones diferentes.

Hay que explicar que a) una cosa el delito que has cometido –en el caso de doña Ana Torroja, delito contra la Hacienda Pública-, (para el común de la gente: ¿quién no tiene un conocido que ha cometido un delito contra la seguridad del tráfico (ir borracho, vamos)?) y b) otra es la institución de la conformidad.

El tipo penal se establece en el CÓDIGO PENAL y la conformidad en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (una ley procesal).  Para entendernos, el código penal te dice qué puede ser delito y la LECrim te dice cuál es el camino para llegar a conocer si una persona ha cometido un delito y si debe ser condenado por ello.

Pues la conformidad es una parte del camino que permite a un imputado o acusado (según la altura de camino) para “CONFORMARSE” como ha hecho doña Ana Torroja.

Os voy a poner un ejemplo de dummies para que veáis como doña Ana Torroja no ha hecho nada que haga el resto del mundo:

El ejemplo típico del día a día en un Juzgado de guardia es un detenido por alcoholemia.

Está claro el asunto, atestado, diligencias de investigación correctas, todo correcto, citación para juicio, juicio rápido y CONFORMIDAD:

“-¿Se declara usted culpable? Si se conforma tendrá derecho a la reducción en un tercio, suspensión y sustitución por una pena de multa en vez de prisión y más ventajas que ni se imagina (normalmente si el fiscal es enrollado pide menos pena –habitualmente se negocia-)

-Si, me conformo y reconozco los hechos de los que se me acusan.

-Bueno, lo condeno a…”

(La conversación es una ficción. Los actores no han cometido ningún delito ni han sido enjuiciados por ello)

Pues esto, aunque un poco más complejo, es lo que ha hecho doña Ana Torroja al conformarse como tú, y tú, cuando habéis bebido de más en las fiestas patronales, os pilla la Guardia Civil en el control porque no habéis hecho caso al whassap de aviso y os citan el miércoles en el Juzgado de vuestro pueblo (en breve a la capital de provincia gracias a #GallardónDimisión)

Bueno, hasta aquí, amigos dummies, es lo que tenéis que saber de Derecho Penal y Procesal Penal.

1 comentario

Archivado bajo Sin categoría

TARJETA IKEA, VENTAJA EUROPA SA, EXTRAÑA GESTIÓN E INTERESES INFINITOS

TARJETA IKEA, VENTAJA EUROPA SA, EXTRAÑA GESTIÓN E INTERESES INFINITOS

Os voy a contar un curioso asunto.

ANTECEDENTES DE HECHO

Particular que va a IKEA a hacer una compra de una cuantía media-alta y le ofrecen un 10 % de descuento si la paga con la tarjeta IKEA.

El particular va a la zona en donde IKEA tiene personal identificado para hacer la tarjeta de fidelización, la solicita, hace la compra y la utiliza para alguna compra más. Desde junio de 2013 no vuelve a usar la tarjeta IKEA.

PROBLEMAS

Un día llaman un teleoperador llama a esta particular desde la centralita o recobro de una entidad financiera diciendo que debía una cuota y esa cuota le generaba un cargo por impago de 35 € mas la cuota de 24 € de su préstamo.

Este cliente, extrañado y enfadado, acude a IKEA y pide explicaciones.

Los problemas que se encuentra son:

1º.- IKEA no tiene su contrato se lo ha entregado a una entidad financiera y no le pueden facilitar copia.

2.º- IKEA no le puede facilitar los datos de las compras que ha realizado en IKEA.

3.º- La reclamación de consumo la tiene que dirigir contra VENTAJA EUROPA SA que no tiene nada que ver ni con IKEA ni con la financiera que le reclama el dinero.

4.º- El empleado que atiende en IKEA, formaliza la tarjeta IKEA  pero actúa en representación de VENTAJA EUROPA SA tampoco esta autorizado para entregarte el contrato que tu mantienes con VENTAJA EUROPA SA.

5.º- Ni VENTAJA EUROPA SA NI IKEA te facilitan los recibos de pago de las cuotas. Debe pedirlos vía fax o email a la entidad financiera.

6.º- La entidad financiera le envía unos recibos que parecen publicidades de IKEA pero, pese a que los ha solicitado, no le envían ni el contrato de la tarjeta IKEA, ni el contrato de préstamo, ni el contrato en que autoriza a ceder sus datos a VENTAJA EUROPA SA (que a estas alturas no sabemos que pinta en todo esto) ni el contrato en que cede VENTAJA EUROPA SA los datos a la financera; ni, por supuesto, los convenios marco entre estas mercantiles.

7.º- Por ese préstamo le cobran un TAE de casi el 27 % porque tampoco le han aclarado cuál es el tipo de interés que le están cobrando. De las 24 cuotas pagadas amortizó 125 € y pagó de intereses 451 € en cuotas fijas de 24 € y de un principal de 1.591,26 € debía todavía 1.465,03 €

 

CONCLUSIONES

1.º- Hay que reclamar a VENTAJA EUROPA SA porque lo impone la atención al cliente de IKEA.

2.º- IKEA tiene una tarjeta de la que no es responsable pero utiliza la atención al cliente, los logos y la publicidad para captar a un posible cliente despistado.

3.º- Los intereses son abusivos y el cliente no tenía ni idea que le estaban cobrando un préstamo. Pensaba que había contratado una tarjeta de fidelización con pago de cuota sin intereses.

Ojo avizor a todo el mundo con las compras, los descuentos y las tarjetas de fidelización que no es oro todo lo que reluce.

5 comentarios

Archivado bajo Sin categoría

CAMBIOS EN LA PRÁCTICA DE LA ABOGACÍA (II). ¿LA NECESIDAD DE UN DESPACHO FÍSICO BIEN UBICADO?. OTRAS POSIBILIDADES.

Este es el segundo post de una serie de ellos en los que intentaré plasmar lo que para mi, hoy, pueden ser futuros cambios en la práctica de la abogacía a nivel gestión de despacho. Los post están escritos desde la percepción subjetiva de quién trabaja en un despacho en un pueblo alejado de la ciudad, de la capital de provincia y de la cabeza de partido judicial; pero quiero creer que no lejos de la realidad.

Hay un tipo de abogacía que necesita un despacho físico céntrico, que permita un posicionamiento en una zona determinada y que de “glamour” (no lo entiendan como algo despectivo). En una charla de gestión, el relator nos explicaba lo que era la decoración y ambiente “DIEZ MIL” porque daba igual el asunto que llevases al despacho, lo mínimo para el estudio del asunto y asesoramiento eran diez mil euros. Seguramente sea cierto.

Pero hay otro tipo de abogacía, creo yo que mayoritaria, en la que el gasto fijo de “suelo y posición” no concede la “percepción diez mil”. Para ellos está pensado este post.

Antes el despacho físico era necesario porque la necesidad de consulta y apoyo obligaba a acudir a los libros de consulta, expediente, zonas, el lugar físico en donde te puede encontrar tu cliente.

Hoy en día, la LOPD te obliga a destruir o entregar expedientes o puedes consérvalos escaneados, los libros de consulta y la jurisprudencia los puedes tener on line (ver post anterior); la consultas de los clientes pueden hacerse vía hang out, skype, facetime, etc y , en cualquier caso, puedes alquilar salas de reunión en tu ciudad lo más cerca del cliente y facilitar este contacto personal. Hasta existen hoteles que te ofrecen una “tarjeta de club” para tener una tarifa plana de uso de salas y descuentos en comidas de trabajo.

En mi caso, tengo un humilde despacho en el pueblo en donde vivo y me desplazo a las oficinas de las empresas que asesoro, vamos, lo que llevan haciendo la mayoría de los asesores fiscales para ver las contabilidades (al menos los que yo conozco).

El otro día leí un artículo sobre la geolocalización del abogado y la transversalidad de los conocimientos de los abogados del futuro. Conozco, porque estoy metido en ellos, proyectos de geolocalización vía google maps, en donde el cliente puede buscar el abogado por zona y especialidad que más le interese.

Hoy las webs de consultas low cost están a la orden del día. Ya he visto webs que han abierto mercado con consultas por videoconferencia, el futuro ya es el presente y los despachos físicos permanente pasarán a la historia. Los despachos serán, en un futuro, un call center deslocalizado de secretaría telefónica, un teléfono y un ordenador con videoconferencia ¿o eso ya es hoy?

Deja un comentario

21 febrero, 2014 · 10:25