ADMINISTRADOR DEL CAUDAL HEREDITARIO NOMBRADO POR UN TRIBUNAL

Hoy vamos a analizar los problemas del nombramiento por un tribunal del administrador del caudal hereditario, dentro de los procesos especiales de la LEC.

 El libro IV. De los procesos especiales, Título II De la división judicial de patrimonios, Capítulo I De la división de la herencia, Sección 2ª De la intervención del caudal hereditario Art 795. 2º,3º y 4º LEC

Todavía hay quien se remite a los antiguos juicios de testamentarias o derecho foral para fundamentar intentos de arrebatar administraciones de caudal hereditario.

Desde el año 2000 la LEC aborda de modo procesal y con unos requisitos específicos esta situación.

En primer lugar, el tribunal debe tomar la decisión en forma de Auto. No hay otra opción. “Hecho el inventario, determinará el tribunal, por medio de Auto(…)”. Cualquier otra forma que adopte la decisión podrá ser recurrida para solicitar esta solución formal.

En segundo lugar, El tribunal  “nombrará” –imperativo- “administrador al viudo o viuda y, en su defecto, al heredero o legatario de parte alícuota que tuviere mayor parte en la herencia”. Esta imposición, resultadista, está concebida en el sentido que el mejor administrador será quien tenga “más que perder” por ser el mayor interesado en el caudal hereditario y “quién más tenga que ganar” por una buena administración.

El art 795.2º LEC in fine: “A falta de éstos, o si no tuvieren, a juicio del tribunal, la capacidad necesaria para desempeñar el cargo, podrá el tribunal nombrar administrador a cualquiera de los herederos o legatarios de parte alícuota, si los hubiere, o a un tercero.”

A falta de éstos”. El legislador deja clara la intencionalidad y claridad del precepto. Deben ser nombrados el viudo o viuda y en su defecto el que tuviere mayor parte en la herencia. En el supuesto que no existieran, bien por haber fallecido, bien si no tuvieren capacidad, bien por no existir un heredero o legatario mayoritario, bien por no aceptar el cargo aquéllos; solamente, en caso de no ser posible el nombramiento de los anteriores se nombrará a cualquiera de los herederos o legatarios –administración individual, nunca solidaria o mancomunada- o a un tercero. El tercero puede ser una persona, física o jurídica, nombrada a través del Juzgado o un “hombre bueno” acordado por las partes.

¿Qué podemos entender por “capacidad necesaria”? En nuestra opinión no es poseer conocimientos técnicos especializados, ya que siempre podrá apoyarse en un asesoramiento profesional, sino que es tener capacidad suficiente para actuar en el tráfico jurídico como un ordenado o diligente padre de familia.

El nombramiento, que debe ser aceptado expresamente, exige caución bastante mediante consignación, aval o garantía de las admitidas habitualmente en derecho y que, en todo caso, será –imperativo, de nuevo- fijada por el tribunal.

Hay excepciones:

1)     El tribunal podrá dispensar de la caución al cónyuge viudo o al heredero designado administrador cuando tengan bienes suficientes para responder de los que se le entreguen.

2)     Los herederos y legatarios de parte alícuota podrán dispensar al administrador del deber de prestar caución.

Si no pudieran ser de aplicación estas excepciones de dispensa “la caución será proporcionada al interés en el caudal de los que no otorguen su relevación”.

“Se constituirá caución, en todo caso, respecto de la participación en la herencia de los menores o incapacitados que no tengan representante legal y de los ausentes a los que no se haya podido citar por ignorarse su paradero”. No hay lugar a duda, en este tema.

A modo de conclusión es importante señalar la imperativa prelación de personas que deben ser nombradas, la obligación de caución salvo excepciones y que no existe posibilidad de relevar o sustituir al administrador del caudal hereditario sin perjuicio de la responsabilidad en que pudiera incurrir en el momento de rendición de cuentas. Cuestión distinta es que el administrador del caudal muera, renuncie o pierda la capacidad necesaria. En ese caso, deberá nombrarse a otro administrador que deberá prestar caución bastante. Asunto éste que será objeto de estudio en otro post junto con la administración subalterna.

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RECEPTACIÓN CIVIL ¿QUÉ PASA SI TE BENEFICIAS DE LOS EFECTOS ECONÓMICOS DE UN DELITO QUE NO SABES QUE SE HA COMETIDO?

Art. 122 del CÓDIGO PENAL.- “El que por título lucrativo hubiere participado de los efectos de un delito o falta, está obligado a la restitución de la cosa o al resarcimiento del daño hasta la cuantía de su participación.”

Esta institución jurídica es la denominada receptación civil, un gran desconocido para el público general.

Hoy traigo a colación este precepto a cuenta de un asunto por todos conocido: imputamos, no imputamos, si no imputamos que pasa, etc.

La receptación civil, a grandes rasgos, consiste en que aquella persona que no ha intervenido en el delito como autor o cómplice y no puede ser responsable penal por receptación ni puede resultar obligado a la restitución penal de la cosa o al correspondiente resarcimiento si ha resultado beneficiado de los efectos del delito –ojo-si ese beneficio es obtenido a título lucrativo

La STS de la Sala 2ª de 15-7-2011 analiza los requisitos de la receptación civil.

“La responsabilidad civil por participación a título lucrativo en los efectos de un delito o falta tiene una entidad propia que la diferencia de otros orígenes de esa clase de responsabilidad.

Decíamos en la STS 57/2009 , citada por la STS num. 1394/2009, que el art. 122 del CP recoge el resarcimiento del perjuicio o daño patrimonial originado criminalmente al sujeto pasivo del delito en las adquisiciones a título lucrativo, como consecuencia de que nadie debe enriquecerse indebidamente en virtud de negocios jurídicos que se derivan de causa ilícita, y desarrolla la institución jurídica que ha adquirido carta de naturaleza con el nombre de receptación civil (cfr. SSTS 532/2000, 30 de marzo  59/1993, 21 de enero y 1257/1995, 15 de diciembre ).

 

Para ello es indispensable,

 1º) que exista una persona, física o jurídica que hubiere participado de los efectos de un delito o falta, en el sentido de haberse aprovechado de ellos por título lucrativo, por lo que quedan excluidas las adquisiciones en virtud de negocios no susceptibles de esta calificación jurídica;

  2º) el adquirente debe tener meramente conocimiento de la adquisición e ignorar la existencia de la comisión delictiva de donde provienen los efectos, a fin de impedir la aplicación del « crimen receptationis » en concepto de autor, cómplices y encubridor;

 3º) la valoración antijurídica de la transmisión de los objetos y su reivindicabilidad se ha de hacer de acuerdo con la normativa que regula el tráfico jurídico, y la determinación del resarcimiento se realizará por la cuantía de la participación (cfr. STS 532/2000, 30 de marzo y las que en ella se citan)”

PONDERACIÓN ENTRE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN Y LA INTIMIDAD PERSONAL Y EL DERECHO AL HONOR

España siempre ha tenido una cultura del sarcasmo, burla, chascarrillo, sátira o fina ironía. España es un país en donde Quevedo atacaba a Góngora y Góngora devolvía el golpe con un clásico soneto.

El acervo español tiene a gala su sátira, ironía, sarcasmo. ¿Quién no recuerda el soneto dedicado a una nariz?

Érase un hombre a una nariz pegado,
érase una nariz superlativa,
érase una nariz sayón y escriba,
érase un peje espada muy barbado.

Era un reloj de sol mal encarado,
érase una alquitara pensativa,
érase un elefante boca arriba,
era Ovidio Nasón más narizado.

Érase un espolón de una galera,
érase una pirámide de Egipto,
las doce Tribus de narices era.

Érase un naricísimo infinito,
muchísimo nariz, nariz tan fiera
que en la cara de Anás fuera delito

Pues en STS de 17-12-2013, STS 5879/2013 nuestro alto Tribunal aborda la penúltima de las cuestiones discrepantes sobre la ponderación entre la libertad de información y el derecho al honor y a la intimidad personal.

El supuesto de hecho a grandes rasgo es que una actriz realizó unas manifestaciones en el contexto de una presentación de una película pero no exclusiva sobre su trabajo sino que también abordó circunstancias personales. La publicación apostilla y no altera dichas declaraciones pero introduce una serie de comentarios digamos que mordaces. Dichos comentarios, al parecer, no fueron del agrado de la recurrente.

Así, la STS en su FD Cuarto, que transcribo íntegramente, aborda dicha ponderación desde un análisis profundo que pueda dar mucho juego en los actuales medios de comunicación.

Nuestro alto tribunal expone (la negrita y subrayado es nuestra):

 “A) El artículo 20.1.a ) y. d) CE , en relación con el artículo 53.2 CE , reconoce como derecho fundamental especialmente protegido mediante los recursos de amparo constitucional y judicial el derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción y el derecho a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión, y el artículo 18.1 CE reconoce con igual grado de protección el derecho al honor y a la intimidad personal.

 La libertad de información comprende la comunicación de hechos susceptibles de contraste con datos objetivos y tiene como titulares a los miembros de la colectividad y a los profesionales del periodismo.

 La libertad de información comprende la comunicación de hechos susceptibles de contraste con datos objetivos y tiene como titulares a los miembros de la colectividad y a los profesionales del periodismo.

 El artículo 7.7 LPDH define el derecho al honor en un sentido negativo, desde el punto de vista de considerar que hay intromisión por la imputación de hechos o la manifestación de juicios de valor a través de acciones o expresiones que de cualquier modo lesionen la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación. Doctrinalmente se ha definido como dignidad personal reflejada en la consideración de los demás y en el sentimiento de la propia persona.

 Como ha señalado reiteradamente el Tribunal Constitucional ( SSTC 180/1999, de 11 de octubre , FJ 4, 52/2002, de 25 de febrero, FJ 5 y 51/2008, de 14 de abril , FJ 3) el honor constituye un «concepto jurídico  normativo cuya precisión depende de las normas, valores e ideas sociales vigentes en cada momento». Este Tribunal ha definido su contenido afirmando que este derecho protege frente a atentados en la reputación personal entendida como la apreciación que los demás puedan tener de una persona, independientemente de sus deseos ( STC 14/2003, de 28 de enero , FJ 12), impidiendo la difusión de expresiones o mensajes insultantes, insidias infamantes o vejaciones que provoquen objetivamente el descrédito de aquella ( STC 216/2006, de 3 de julio , FJ 7).

 El reconocimiento del derecho a la intimidad personal y familiar tiene por objeto garantizar al individuo un ámbito reservado de su vida, vinculado con el respeto de su dignidad como persona ( artículo 10.1 CE ), frente a la acción y el conocimiento de los demás, sean estos poderes públicos o simples particulares, de suerte que atribuye a su titular el poder de resguardar ese ámbito reservado, no solo personal sino también familiar ( SSTC 231/1988, de 2 de diciembre , y 197/1991, de 17 de octubre ), frente a la divulgación del mismo por terceros y a la publicidad no querida ( SSTC 231/1988, de 2 de diciembre , 197/1991, de 17 de octubre y 115/2000, de 10 de mayo ), evitando así las intromisiones arbitrarias en la vida privada, censuradas por el artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos .

 El derecho al honor y a la intimidad personal y familiar, según reiterada jurisprudencia, se encuentra limitado por las libertades de expresión e información.

La limitación del derecho al honor y a la intimidad personal y familiar por la libertad de expresión o de información, tiene lugar cuando se produce un conflicto entre tales derechos, el cual debe ser resuelto mediante técnicas de ponderación constitucional, teniendo en cuenta las circunstancias del caso (respecto del derecho al honor, SSTS de 12 de noviembre de 2008, RC n.º 841/2005 , 19 de septiembre de 2008, RC n.º 2582/2002 , 5 de febrero de 2009, RC n.º 129/2005 , 19 de febrero de 2009, RC n.º 2625/2003 , 6 de julio de  2009, RC n.º 906/2006 , 4 de junio de 2009, RC n.º 2145/2005 , 10 de noviembre de 2010, RC n.º 731/2008 , 25 de enero de 2011, RC n.º 859/2008 ; respecto del derecho a la intimidad personal y familiar, SSTS 16 de enero de 2009, Pleno, RC n.º 1171/2002 , 15 de enero de 2009, RC n.º 773/2003 , 6 de noviembre de 2003,RC n.º 157/1998 ).

 Por ponderación se entiende, tras la constatación de la existencia de una colisión entre derechos, el examen de la intensidad y trascendencia con la que cada uno de ellos resulta afectado, con el fin de elaborar una regla que permita, dando preferencia a uno u otro, la resolución del caso mediante su subsunción en ella.

 

B) Cuando se trata de la libertad de información, la técnica de ponderación exige valorar, en primer término, el peso en abstracto de los respectivos derechos fundamentales que entran en colisión.

 Desde este punto de vista, la ponderación debe respetar la posición prevalente que ostenta el derecho a la libertad de información sobre el derecho al honor, a la intimidad personal y a la propia imagen por resultar esencial como garantía para la formación de una opinión pública libre, indispensable para el pluralismo político que exige el principio democrático ( STS 11 de marzo de 2009, RC n.º 1457/2006 ).

La protección constitucional de las libertades de información y de expresión alcanza un máximo nivel cuando la libertad es ejercitada por los profesionales de la información a través del vehículo institucionalizado de formación de la opinión pública que es la prensa, entendida en su más amplia acepción ( SSTC 105/1990, de 6 de junio , FJ 4, 29/2009, de 26 de enero , FJ 4). Este criterio jurisprudencial es hoy admitido expresamente por el artículo 11 CDFUE, el cual, al reconocer los derechos a la libertad de expresión y a recibir y comunicar información, hace una referencia específica al respeto a la libertad de los medios de comunicación y su pluralismo.

 

C) La técnica de ponderación exige valorar, en segundo término, el peso relativo de los respectivos derechos fundamentales que entran en colisión. Desde esta perspectiva:

 (i) La ponderación debe tener en cuenta si la información tiene relevancia pública o interés general en cuanto puede contribuir al debate en una sociedad democrática cuando se proyecta sobre personas que desempeñan un cargo público o una profesión de notoriedad o proyección pública ( STC 68/2008 ; SSTS 25 de octubre de 2000 , 14 de marzo de 2003, RC n.º 2313/1997 , 19 de julio de 2004, RC n.º 5106/2000 , 6 de julio de 2009, RC n.º 906/2006 ) o tienen una personalidad política y ejercen funciones oficiales o se trata, simplemente de satisfacer la curiosidad humana por conocer la vida de personas con notoriedad pública que no ejerzan tales funciones (SSTEDH 1991/51, Observer y Guardian, 2004/36, Plon, Von Hannover y Alemania, SSTC 115/2000 y 143/1999 y SSTS de 5 de abril de 1994 , 7 de diciembre de 1995 , 29 de diciembre de 1995 , 8 de julio de 2004 , 21 de abril de 2005 ). En suma, la relevancia pública o interés general de la noticia constituye un requisito para que pueda hacerse valer la prevalencia del derecho a la libertad de información y de expresión cuando las noticias comunicadas o las expresiones proferidas redunden en descrédito del afectado.

 (ii) La libertad de información, dado su objeto de puesta en conocimiento de hechos, cuando comporta la transmisión de noticias que redundan en descrédito de la persona, para que pueda prevalecer sobre el derecho al honor exige que la información cumpla el requisito de la veracidad, a diferencia de lo que ocurre con la libertad de expresión, que protege la emisión de opiniones. Por veracidad debe entenderse el resultado de una diligencia razonable por parte del informador para contrastar la noticia de acuerdo con pautas profesionales ajustándose a la circunstancias del caso aun cuando la información, con el paso del tiempo pueda más adelante ser desmentida o no resultar confirmada ( STC 139/2007 y 29/09 de 26 de enero FJ 5). Cabe el denominado reportaje neutral ( STC 76/2002 de 8 de abril ) el cual exige que las declaraciones recogidas sean por sí noticia y se pongan en boca de personas determinadas responsables de ellas y que el medio informativo sea mero trasmisor de tales declaraciones sin alterar la importancia que tengan en el conjunto de la noticia ni reelaborarlas o provocarlas; en este caso la veracidad exigible se limita a la verdad objetiva de la existencia de la declaración. Este requisito resulta de menor trascendencia cuando se afecta al derecho a la intimidad personal y a la propia imagen.

 (iii) Cuando la difusión de datos de carácter privado afecta no solo al personaje público, sino también a terceras personas, debe valorarse en qué medida la difusión de los datos relativos a estas está justificada por razón de su carácter accesorio en relación con el personaje público al que se refiere, la necesidad de su difusión para ofrecer la información de que se trate y la aceptación por el tercero de su relación con la persona afectada como personaje público.

 (iv) La prevalencia del derecho a la información sobre el derecho a la imagen es mayor que sobre el derecho a la intimidad, por cuanto en relación con la vida privada de las personas debe tenerse en cuenta el principio de proporcionalidad con el interés público en los aspectos de esta que se difunden y la forma en que tiene lugar la difusión ( STS 19 de marzo de 1990 ). Cuando la actividad informativa se quiere ejercer sobre ámbitos que pueden afectar a otros bienes constitucionales, como es la intimidad, es preciso, para que su proyección sea legítima, que lo informado resulte de interés público, pues solo entonces puede exigirse de aquellos a quienes afecta o perturba el contenido de la información que, pese a ello, la soporten, en aras, precisamente, del conocimiento general y difusión de hechos y situaciones que interesan a la comunidad por cuanto responde a la necesidad de preservar otros intereses constitucionalmente protegibles ( SSTC 156/2001, de 2 de julio ; 14/2003, de 28 de enero ). Tal relevancia comunitaria, y no la simple satisfacción de la curiosidad ajena, es lo único que puede justificar la exigencia de que se asuman aquellas perturbaciones o molestias ocasionadas por la difusión de una determinada noticia, y reside en tal criterio, por consiguiente, el elemento final de valoración para dirimir, en estos supuestos, el eventual conflicto entre las pretensiones de información y de reserva ( SSTC 171/1990, de 12 de noviembre , 20/1992, de 14 de febrero , 121/2002, de 20 de mayo y 185/2002 de 14 de octubre ). Habrá intromisión ilegítima en la intimidad si la medida adoptada no se revela necesaria para lograr el fin previsto, no resulta proporcionada o no respeta el contenido esencial del derecho ( STC 70/2009, de 23 de marzo ).

 (v) La ponderación entre los derechos en conflicto debe efectuarse teniendo en cuenta si la publicación de los datos de la vida privada está justificada por los usos sociales, o hay base para sostener que el afectado adoptó pautas de comportamiento en relación con su ámbito íntimo que permita entender que, con sus propios  actos, lo despojó total o parcialmente del carácter privado o doméstico ( STS de 6 de noviembre de 2003,RC nº. 157/1998 ).”

Remata la sentencia, antes del FALLO que, adelanto, declara no haber lugar a casación, explicando que, las SSTS de 29 de diciembre de 2010, RC n.º 1195/2008 y 30 de noviembre de 2011, RC n.º 2750/2004 ,entendieron que:

 «el tratamiento humorístico o sarcástico de los acontecimientos que interesan a la sociedad constituye una forma de comunicación y crítica de los mismos que está ligada al ejercicio del derecho a la libertad de expresión, como forma de comunicación de ideas u opiniones, e incluso a la libertad de información, en la medida en que el tratamiento humorístico puede constituir una forma de transmitir el conocimiento de determinados acontecimientos llamando la atención sobre los aspectos susceptibles de ser destacados mediante la ironía, el sarcasmo o la burla».

 

En definitiva, si Cide Hamete, en El Quijote hubiera apostillado la frase y realizado sus comentarios de los protagonistas de los libros de caballerías no hubiera sufrido “aquesta” ironía sobre su puntualidad como historiador:

  “…se introduce la sospecha de que por ser Cide Hamete historiador arábigo haya éste dejado en silencio las alabanzas de Don Quijote, faltando con ello a la puntualidad que deben guardar los historiadores.”

DERECHO DE INFORMACIÓN DE LOS ACCIONISTAS EN LA SOCIEDAD ANÓNIMA.

El derecho de información de los accionistas en las SA está regulado en el art 197 de la Ley de Sociedades de Capital –en adelante LSC.

Artículo 197 Derecho de información en la sociedad anónima

1. Los accionistas podrán solicitar de los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta.

Los administradores estarán obligados a facilitar la información por escrito hasta el día de la celebración de la junta general.

2. Durante la celebración de la junta general, los accionistas de la sociedad podrán solicitar verbalmente las informaciones o aclaraciones que consideren convenientes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día y, en caso de no ser posible satisfacer el derecho del accionista en ese momento, los administradores estarán obligados a facilitar esa información por escrito dentro de los siete días siguientes al de la terminación de la junta.

3. Los administradores estarán obligados a proporcionar la información solicitada al amparo de los dos apartados anteriores, salvo en los casos en que, a juicio del presidente, la publicidad de la información solicitada perjudique el interés social.

4No procederá la denegación de información cuando la solicitud esté apoyada por accionistas que representen, al menos, el veinticinco por ciento del capital social. Los estatutos podrán fijar un porcentaje menor, siempre que sea superior al cinco por ciento del capital social.

La reciente STS 4950/2013 de 19-9-2013, rec. 1643/2013, vista por el Pleno de la Sala Primera del TS, aclara significativamente el contenido del derecho de información así como los requisitos mínimos para exigirlo.

La STS, FV Sexto, nos explica en qué consisten los documentos obligados a facilitar al accionista:

“La sociedad está obligada a facilitar al accionista que lo solicite, de manera inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta (los que integran las cuentas anuales), así como, en su caso, el informe de gestión y el de los auditores de cuentas, y además este derecho del socio ha de ser mencionado expresamente en la convocatoria de la junta. Pero el derecho de información del socio, en su faceta de ejercicio por escrito y con carácter previo a la celebración de la junta, no queda limitado a obtener estos documentos. El socio puede necesitar conocer algunos datos contables sin los cuales no es  posible valorar la corrección de los datos globales recogidos en las cuentas anuales sometidas a aprobación y demás documentos complementarios. Tales datos globales son agregados de datos parciales, lo que justifica el interés del accionista por obtener información sobre estos. Y es legítimo que en ocasiones pida también conocer los documentos contables, en un sentido amplio, que incluye documentos bancarios y fiscales, que soportan tales datos y cifras e informan sobre aspectos relevantes de la marcha de la sociedad y la gestión de los administradores.”

Por otro lado, esta STS nos explica que, para decidir sobre la corrección del ejercicio de derecho de información del accionista, cuando se solicitan documentos contables en sentido amplio, se convoca la junta general de aprobación de las cuentas anuales y la censura de gestión social; la solicitud del accionista ha de cumplir una serie de requisitos

  1. La conexión con el objeto de la junta; a tales efectos ha de tomarse en consideración que el derecho de información puede ser instrumental del derecho de voto, pero tiene una naturaleza autónoma y puede servir también a otras finalidades, lo que explica que el art. 112.2 de la Ley de Sociedades Anónimas (actual art. 197.2 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital ) prevea en ciertos casos que la información sea facilitada por escrito dentro de los siete días siguientes al de la terminación de la junta. No es precisa una relación “directa y estrecha” entre la documentación solicitada y los asuntos del orden del día, debiendo estarse al juicio de pertinencia en el caso concreto ( sentencia de la Sala 1ª del Tribunal Supremo núm. 204/2011, de 21 de marzo, recurso núm. 2173/2007 ).
  2. La solicitud de documentación ha de ser realizada en el momento adecuado: si es por escrito, desde la convocatoria de la junta hasta el séptimo día anterior al previsto para su celebración.
  3. Que no perjudique los intereses sociales, si bien no procederá la denegación de la documentación cuando la solicitud esté apoyada por accionistas que representen, al menos, la cuarta parte del capital social.
  4. Que su ejercicio no se realice de forma no abusiva, objetiva o subjetivamente.

Normalmente la solicitud, a través de los órganos jurisdiccionales del ejercicio de este derecho, por parte de los socios, es la antesala de una acción de responsabilidad contra el administrador. Por eso, hay que prestar especial atención a en qué forma se solicita el ejercicio de este derecho ante la Junta General.