Obligación de buscar el tipo y el importe del crédito que mejor se adapten a las necesidades del consumidor. TJUE

En el corta y pega de hoy viajamos a la vieja europa que es lo más moderno que existe para el consumidor y usuario a pesar de la tendencia a la autodestrucción de este supraestado padre y vigilante; lo que en ciertos países llaman GUACHIMAN (hombre que mira)

La STJU de 6 de junio de 2019, ECLI:EU:C:2019:467, asunto C-58/18, dice:

El derecho nacional del asunto imponeal prestamistarenunciar a celebrar el contrato de créditoen caso de que no pueda considerar razonablementeque el consumidor, teniendo en cuenta su situación económica y personal, estará en condiciones de devolver el crédito conforme al contrato, no puede contravenir el objetivo del artículo 8, apartado 1, de la Directiva 2008/48 ni poner en entredicho la responsabilidad de principio del consumidor de velar por sus propios intereses

Ese concepto jurídico indeterminado: razonablemente, es lo más para tumbar imperios.

El asunto va así:

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 5, apartado 6, de la Directiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008, relativa a los contratos de crédito al consumo y por la que se deroga la Directiva 87/102/CEE del Consejo (DO 2008, L 133, p. 66; corrección de errores en DO 2009, L 207, p. 14; DO 2010, L 199, p. 40; DO 2011, L 234, p. 46, y DO 2015, L 36, p. 15).

El artículo 5 de esta Directiva, titulado «Información precontractual», dispone lo siguiente en su apartado 6:

«Los Estados miembros velarán por que los prestamistas y, cuando proceda, los intermediarios de crédito faciliten al consumidor las explicaciones adecuadas para que este pueda evaluar si el contrato de crédito propuesto se ajusta a sus necesidades y a su situación financiera, si fuera preciso explicando la información precontractual que se facilitará conforme a lo dispuesto en el apartado 1, las características esenciales de los productos propuestos y los efectos específicos que pueden tener sobre el consumidor, incluidas las consecuencias en caso de impago por parte del consumidor. Los Estados miembros podrán adaptar el modo de prestación de esta asistencia y su alcance, así como la identidad de la parte que se hará cargo de ella, a las circunstancias particulares de la situación en que se ofrece el contrato de crédito, la persona a quien se ofrece y el tipo de crédito ofrecido.»

El artículo 8 de dicha Directiva, titulado «Obligación de evaluar la solvencia del consumidor», establece en su apartado 1:

«Los Estados miembros velarán por que, antes de que se celebre el contrato de crédito, el prestamista evalúe la solvencia del consumidor, sobre la base de una información suficiente, facilitada en su caso por el consumidor y, cuando proceda, basándose en la consulta de la base de datos pertinente. Los Estados miembros cuya legislación exija que los prestamistas evalúen la solvencia del consumidor sobre la base de una consulta de la base de datos pertinente deben poder mantener esta obligación.»

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Primera) declara:

El artículo 5, apartado 6, de la Directiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008, relativa a los contratos de crédito al consumo y por la que se deroga la Directiva 87/102/CEE del Consejo, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa nacional como la controvertida en el litigio principal, que impone a los prestamistas o a los intermediarios de crédito la obligación de buscar, entre los contratos de crédito que ofrecen habitualmente, el tipo y el importe del crédito que mejor se adapten a las necesidades del consumidor, teniendo en cuenta la situación económica de este en la fecha de la celebración del contrato y la finalidad del crédito. 

 El artículo 5, apartado 6, y el artículo 8, apartado 1, de la Directiva 2008/48 deben interpretarse en el sentido de queno se oponen auna normativa nacional como la controvertida en el litigio principal, que obliga al prestamista a renunciar a celebrar el contrato de crédito si no puede estimar razonablemente, al término del examen de la solvencia del consumidor,que este estará en condiciones de cumplir las obligaciones derivadas del contrato previsto.

 

Yo he visto demandas con base en el  derecho fundamental a la igualdad por no otorgar prestamos a consumidores porque la solvencia no era la esperada. Esto es lo que me parece un filón para los pleitos de derecho de consumo:

Los Estados miembros velarán por que, antes de que se celebre el contrato de crédito, el prestamista evalúe la solvencia del consumidor, sobre la base de una información suficiente, facilitada en su caso por el consumidor y, cuando proceda, basándose en la consulta de la base de datos pertinente.

¿Quién tendrá la carga de la prueba de que se ha evaluado la solvencia y, ante la duda de la información otorgada al consumidor, ha consultado?

 

 

 

STJUE préstamo multividisa.

Hoy traemos al corta y pega la STJUE C118/2017, de 14-3-2019 sobre riesgo del tipo de cambio e cláusulas de préstamos denominados en divisas.

¡En Hungría también cuecen habas!

Préstamo multidivisa en Hungria. Dice la STJUE en un extracto que me apetece copiar:

El 24 de mayo de 2007, la Sra. Dunai celebró con el banco un contrato de préstamo denominado en francos suizos (CHF), mientras que, según lo estipulado en ese mismo contrato, el préstamo debía ponerse a disposición en forintos húngaros (HUF), al tipo de cambio CHF‑HUF basado en el tipo de compra aplicado por el banco ese día, lo que implicaba el desembolso de un importe de 14 734 000 HUF, ascendiendo a 115 573 CHF el correspondiente importe del préstamo en francos suizos. Se pactó asimismo en ese contrato que las cuotas de devolución del préstamo debían pagarse asimismo en forintos húngaros, si bien, a estos efectos, el tipo de cambio aplicable era el tipo de venta fijado por el banco.

El riesgo del tipo de cambio asociado a la fluctuación del tipo de cambio de las divisas en cuestión, que se materializó en una depreciación del forinto húngaro con respecto al franco suizo, recaía sobre la Sra. Dunai.

El artículo 6, apartado 1, de la referida Directiva dispone lo siguiente:

«Los Estados miembros establecerán que no vincularán al consumidor, en las condiciones estipuladas por sus derechos nacionales, las cláusulas abusivas que figuren en un contrato celebrado entre este y un profesional y dispondrán que el contrato siga siendo obligatorio para las partes en los mismos términos, si este puede subsistir sin las cláusulas abusivas.»

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Tercera) declara:

1)      El artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, debe interpretarse en el sentido de que:

–        no se opone auna legislación nacional que impide al juez que conoce del asunto estimar una pretensión de anulación de un contrato de préstamo basada en el carácter abusivo de una cláusula relativa al diferencial de tipos de cambio, como la controvertida en el litigio principal, siempre que la apreciación del carácter abusivo de tal cláusula permita restablecer la situación de hecho y de Derecho en la que se encontraría el consumidor de no haber existido tal cláusula abusiva;

–        se opone a una legislación nacional que impide al juez que conoce del asunto, en circunstancias como las que concurren en el litigio principal, estimar una pretensión de anulación de un contrato de préstamo basada en el carácter abusivo de una cláusula relativa al riesgo del tipo de cambio, cuando se aprecie su carácter abusivo y la imposibilidad de que el contrato subsista sin ella.

En definitiva, integración del contrato que fue la pregunta que me cayó en el parcial de segundo de carrera en derecho civil.

Gracias, Antonia. Siempre recordaré lo bien que me trataste como alumno.

MALA FE en las cláusulas abusivas por parte de los “bancos”. Enriquecimiento injusto

MALA FE en las cláusulas abusivas por parte de los “bancos”.

Vamos al último post del año porque he leído la sentencia después de un sábado y un domingo trabajando como un chino en el ferrocarril del lejano oeste. A ver si el post lo lee @jmira que lo tengo engañado y se cree, igual con razón, que trabajo menos que la chaqueta de un guardia.

Bueno, al turrón, que estamos en fechas.

La sentencia del corta y pega de hoy es la STS de PLENO 725/2018, DE 19-12; ROJ STS 4236/2018.

 

Decisión de la Sala:

(…) una vez declarada la abusividad de la cláusula que atribuye exclusivamente al consumidor el abono de los gastos generados por el contrato de préstamo hipotecario y su subsiguiente nulidad (art. 8.2 LCGC y 83 TRLGCU), hay que decidir cómo ha de distribuirse entre las partes el pago de tales gastos. Es decir, decretada la nulidad de la cláusula y su expulsión del contrato, habrá de actuarse como si nunca se hubiera incluido en el contrato, debiendo afrontar cada uno de los gastos discutidos la parte a cuyo cargo corresponde, según nuestro ordenamiento jurídico.

3.-El efecto restitutorio derivado del art. 6.1 de la Directiva 93/13 no es directamente reconducible al art. 1303 CC cuando se trata de la cláusula de gastos, en tanto que no son abonos hechos por el consumidor al banco que éste deba devolver (como intereses o comisiones), sino pagos hechos por el consumidor a terceros (notario, registrador de la propiedad, gestoría, tasador, etc.), en virtud de la imposición contenida en la cláusula abusiva. No obstante, como el art. 6.1 de la Directiva 93/13 exige el restablecimiento de la situación de hecho y de Derecho en la que se encontraría el consumidor de no haber existido dicha cláusula, debe imponerse a la entidad prestamista el abono al consumidor de las cantidades, o parte de ellas, que le hubieran correspondido pagar de no haber mediado la estipulación abusiva. En palabras de las sentencias 147/2018 y 148/2018, ambas de 15 de marzo, anulada la condición general, debe acordarse que el profesional retribuya al consumidor por las cantidades indebidamente abonadas

(…)

Aunque en nuestro Derecho nacional no existe una previsión específica que se ajuste a esta obligación de restablecimiento de la situación jurídica y económica del consumidor, ya que el art. 1303 CC presupone la existencia de prestaciones recíprocas, nos encontraríamos ante una situación asimilable a la del enriquecimiento injusto, en tanto que el banco se habría lucrado indebidamente al ahorrarse unos costes que legalmente le hubiera correspondido asumir y que, mediante la cláusula abusiva, desplazó al consumidor. Puesto que la figura del enriquecimiento sin causa, injusto o injustificado tiene como función corregir un desplazamiento o ventaja patrimonial mediante una actuación indirecta: no se elimina o anula la transacción que ha generado el desplazamiento patrimonial (el pago al notario, al gestor, etc.), pero se obliga al que ha obtenido la ventaja a entregar una cantidad de dinero al que, correlativamente, se ha empobrecido.

Y también tiene similitudes analógicas con el pago de lo indebido, en los términos de los arts. 1895 y 1896 CC, en cuanto que el consumidor habría hecho un pago indebido y la entidad prestamista, aunque no hubiera recibido directamente dicho pago, se habría beneficiado del mismo, puesto que, al haberlo asumido indebidamente el prestatario, se ahorró el pago de todo o parte de lo que le correspondía.

(…)

De lo que se trata es de la compensación o retribución al consumidor por un gasto que asumió en exclusiva y que, total o parcialmente, correspondía al profesional, pero que no recibió éste, sino que se pagó a terceros.

En consecuencia, para dar efectividad al tan mencionado art. 6.1 de la Directiva, en lo que respecta a los intereses que han de devengar las cantidades que debe percibir el consumidor, resulta aplicable analógicamente el art. 1896 CC, puesto que la calificación de la cláusula como abusiva es equiparable a la mala fe del predisponente. Conforme a dicho precepto, cuando haya de restituirse una cantidad de dinero deberá abonarse el interés legal desde el momento en que se recibió el pago indebido-en este caso, se produjo el beneficio indebido- ( sentencia 727/1991, de 22 de octubre). A su vez, la sentencia 331/1959, de 20 de mayo, declaró, en un supuesto de pago de lo indebido con mala fe del beneficiado, que la deuda de éste se incrementa con el interés legal desde la recepción, así como que la regla específica de intereses del art. 1896 CC excluye, “por su especialidad e incompatibilidad”, la general de los arts. 1101 y 1108 CC (preceptos considerados aplicables por la sentencia recurrida)

¿Sanciones a quien imponga cláusulas abusivas a sabiendas? ¿por qué no?

En mi blog de corta y pega, hoy traigo al aburrido lector una sentencia a la que llego después de un tuit de @mundoedmundo que, sorprendentemente, es una cuenta muy poco seguida si tenemos en cuenta la calidad de su contenido. De hecho, si después de conocer esto lo vais a seguir, haced algo de investigación sobre este interesantísimo juez.

La STJUE de 21-12-2016, asunto C119/15; viene siendo más de lo mismo sobre las cláusulas abusivas pero que aporta un nuevo matiz.

Antes de nada hemos de explicar que es un asunto que tiene origen en una cuestión prejudicial de Polonia (ojo, que Polonia no es una provincia española sino que es un país más allá de Alemania, (que no es una de las islas pitiusas).

A lo que aquí me interesa. Allá en Polonia parecen tener un registro público de cláusulas abusivas, párrafos 33 -35:

 

A este respecto, procede señalar que de los documentos obrantes en autos y, en particular, de las observaciones del Gobierno polaco se desprende que los medios desplegados por el Derecho polaco, especialmente el mantenimiento de un registro nacional de cláusulas de condiciones generales declaradas ilícitas, tienen por objeto responder del mejor modo posible a las obligaciones de protección de los consumidores previstas por las Directivas 93/13 y 2009/22.

 

Según la descripción del órgano jurisdiccional remitente, ese registro persigue tres objetivos, con la finalidad de aumentar la efectividad de la prohibición de utilizar cláusulas contractuales abusivas.

 

Primeramente, dicho registro, que es de carácter público y, por tanto, puede ser consultado por cualquier consumidor y por cualquier profesional, pretende paliar la facilidad de difusión y reproducción de cláusulas declaradas ilícitas por parte de profesionales distintos de aquellos que se hallan en el origen de la inscripción de tales cláusulas en el registro de que se trata. A continuación, ese registro contribuye a la transparencia del sistema de protección de los consumidores establecido por el Derecho polaco y, en consecuencia, a la seguridad jurídica que de ello se deriva. Por último, dicho registro refuerza el buen funcionamiento del sistema jurisdiccional nacional, al evitar la multiplicación de procedimientos jurídicos relativos a cláusulas de condiciones generales análogas, utilizadas por esos otros profesionales.

 

Pues resulta que esta buena gente polaca ha creado un registro y le ha metido una multa a un “profesional” espabilado:

debido a la utilización de una cláusula considerada abusiva es indudablemente un medio dirigido a que cese esa utilización, dicho medio debe no obstante respetar el principio de proporcionalidad. Así, los Estados miembros han de garantizar a todo profesional que estime que la multa que se le ha impuesto no responde al mencionado principio general del Derecho de la Unión la posibilidad de interponer un recurso a efectos de impugnar el importe de esa multa.”

 

El TJUE resuelve que:

El artículo 6, apartado 1, y el artículo 7 de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, en relación con los artículos 1 y 2 de la Directiva 2009/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa a las acciones de cesación en materia de protección de los intereses de los consumidores, y a la luz del artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a que la utilización de cláusulas de condiciones generales cuyo contenido sea equivalente al de cláusulas declaradas ilícitas mediante una resolución jurisdiccional firme e inscritas en un registro nacional de cláusulas de condiciones generales declaradas ilícitas se considere, en relación con un profesional que no participó en el procedimiento que desembocó en la inscripción de esas cláusulas en dicho registro, como un comportamiento ilícito, a condición, lo cual corresponde comprobar al órgano jurisdiccional remitente, de que ese profesional goce de un derecho a la tutela judicial efectiva que le permita recurrir tanto contra la resolución que admita la equivalencia de las cláusulas comparadas en lo que atañe a la cuestión de si, habida cuenta del conjunto de circunstancias pertinentes propias de cada caso, tales cláusulas son materialmente idénticas, atendiendo en particular a sus efectos en detrimento de los consumidores, como contra la resolución que fije, en su caso, el importe de la multa impuesta.

 

El artículo 267 TFUE, párrafo tercero, debe interpretarse en el sentido de que un órgano jurisdiccional como el tribunal remitente, cuyas decisiones dictadas en el marco de un litigio como el del asunto principal pueden ser objeto de un recurso de casación, no puede calificarse de «órgano jurisdiccional cuyas decisiones no son susceptibles de ulterior recurso judicial de Derecho interno.

 

 

En lo que yo entiendo, la norma interna del país puede imponer sanciones a un profesional que use las cláusulas abusivas inscritas en un registro público.

NULIDAD POR ABUSIVA DE LA CLÁUSULA DE VENCIMIENTO ANTICIPADO.

NULIDAD POR ABUSIVA DE LA CLÁUSULA DE VENCIMIENTO ANTICIPADO.

El post de hoy es sobre un asunto del despacho en donde en una ejecución hipotecaria nos hemos opuesto por múltiples motivos y han estimado la oposición declarando nula por abusiva la cláusula de vencimiento anticipado.

EL Auto menciona a la Sala Tercera de la AP de SC de Tenerife en Auto de 21-11-2013, rollo 468/2013 que sostiene que:

la ley prevé para las cláusulas abusivas la sanción de su no aplicación determinando bieneS que no se despache ejecución, bien que la ejecución se despache sin la aplicación de las consecuencias de la citada cláusula, y para los intereses de demora una adaptación de los mismo a tres veces el interés legal…” “…De forma que si la cláusula es abusiva, solo procede su no aplicación sin que quepa integrar la misma mediante la aplicación del tipo de interés máximo establecido (…)”

El juez de primera instancia, extrapola este razonamiento a la cláusula de vencimiento anticipado que declara nula por abusiva, estima la oposición, archiva la ejecución hipotecaria e impone las costas.

La sentencia estima nuestras pretensiones en una de las alegaciones con las que menos estoy de acuerdo. No creo que la cláusula de vencimiento anticipado no pueda integrarse. No es lógico que si un ejecutado deba un % de incumplimiento del total del contrato suficientemente relevante no quepa integrarse a través de un Auto o una Sentencia.

Por otro lado, entiendo que el Juzgado me tendría que haber dado la razón (estimar mis pretensiones para los puristas) en alegaciones, para mi tan obvias como: ¿cómo narices no me estimas una excepción de legitimación activa cuando me ejecuta una hipoteca una persona jurídica que no es titular de la misma en el Registro de la Propiedad ni acreditas que hayas cedido el crédito?

Algún día deberíamos tratar lo que a mi juicio son errores de los jueces -por falta de tiempo para el estudio y sobrecarga de trabajo- en Derecho Hipotecario y Registral.

IMPOSIBILIDAD DE INTEGRACIÓN DE LA CLÁUSULA QUE FIJA LOS INTERESES MORATORIOS.

IMPOSIBILIDAD DE INTEGRACIÓN DE LA CLÁUSULA QUE FIJA LOS INTERESES MORATORIOS. NOVEDADES EN EJECUCIÓN HIPOTECARIA. AAP SC de Tenerife de 16-3-2015, rec apelación 689/2014

En este Auto, la AP de Tenerife resuelve en apelación una serie de cuestiones de una oposición a ejecución hipotecaria y posterior apelación. Ente estas cuestiones quiero destacar la orientación que dan en la AP Tenerife a la integración de la cláusula que fija los intereses moratorios.

El Auto de referencia expone que:

“debe llevar a la conclusión de que si un órgano judicial nacional aprecia una determinada cláusula contenida en un contrato celebrado entre un profesional y un consumidor es abusiva y, por tanto, nula de pleno derecho, dicho tribunal no puede moderar la cláusula, modificando su contenido ni integrar, en definitiva, el contrato dando a la cláusula nula un contenido acorde con la equidad y a debido equilibrio entre las recíprocas prestaciones, pues según la legislación de la Unión Europea y la interpretación que de la misma realiza el Tribunal de Justicia, tal transgresión, dada su gravedad, no permite su integración en el marco de la relación contractual en su conjunto, siendo sancionada con su ineficacia absoluta, pues acudir a mecanismos supletorios de la voluntad de los contratantes, como señala el previsto en el art 1108 del Código Civil equivaldría a modificar el contenido de la cláusula, sin que sea análogo el supuesto de omisión del pacto de un interés de demora a aquel que en su inclusión en el contrato se realiza con carácter marcadamente abusivo en perjuicio del consumidor. Actuación que no puede ser suplida con una intervención integradora por el órgano judicial sino sancionado con la ineficacia absoluta por abusividad”

Esta parte es la buena y sorprendente de un Auto que no cita la Jurisprudencia reciente del TSJUE y se remite a la STTSJUE 14-6-2012.

La parte mala del Auto es que el criterio de la AP Tenerife pese a que se puso en su conocimiento numerosas cláusulas que otros tribunales han declarado abusivas y, por tanto, nulas entiende que (por todas las cláusulas citadas):

“debe ser desestimado el referido a la renuncia a la demandada a ser notificada de la cesión del crédito hipotecario, pues de acuerdo con lo expuesto, la referida renuncia en nada afecta a la determinación de la cantidad por la que se despacha la ejecución, de forma que no puede ser declarada abusiva en este tipo de procedimiento de ejecución por no afectar ni al despacho de la ejecución ni a la cantidad por la que se ha despachado.”

La Audiencia de Tenerife exige que este tipo de cláusulas pese a poder –o deber- ser consideradas abusivas de oficio deba ser procesalmente reclamada su nulidad a través del procedimiento ad hoc. Esta situación implica que el ejecutado, persona que no puede pagar las mensualidades, deba presentar demanda –en este caso reconvencional- para que bajo un mismo número de autos se ventilen ambos asuntos cuando, de oficio o a instancia de parte y en cualquier momento del procedimiento el tribunal podrá declarar nulas las cláusulas que tengan un carácter abusivo.

En fin, no integramos las cláusulas de intereses moratorias abusivas y continuamos la ejecución hipotecaria sin el sobreseimiento de la ejecución. Esta última parte no se suele contar. Una lástima porque cuando llegan al despacho los ejecutados vienen convencidos de que la cláusula abusiva de intereses moratorios va a solucionar todos sus problemas y va a evitar que pierdan su casa por las deudas.

Cláusula abusiva: pago del incremento del valor de terreno de naturaleza urbana por el comprador

Este post es una reproducción del artículo publicado el día 13-2-2014 en http://www.legaltoday.com. Aquí

La AP de Oviedo decidió plantear una cuestión prejudicial que tiene por objeto la interpretación del art 3.1 de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con los consumidores (DO L 95, en lo sucesivo Directiva).

En síntesis, la consulta fue ante una cláusula contractual por la que “se repercute al consumidor el pago de una cantidad cuyo abono corresponde por ley al profesional ¿el desequilibrio al que se refiere el art 3.1 de la Directiva (…) debe interpretarse en el sentido de que se produce por el solo hecho de repercutir al consumidor una obligación de pago que corresponde por ley al profesional? O el hecho de que la Directiva exija que el desequilibrio sea importante ¿supone que se requiere además una repercusión económica significativa para el consumidor en relación con el importe total de la operación?”

Para analizar este supuesto debemos tener en consideración que la Directiva, en el art 3.1 únicamente afecta a la aplicación de cláusulas contenidas en un contrato entre profesional y consumidor que no se hayan negociado individualmente.

En relación al pago de la Impuesto por Incremento del valor de terrenos de naturaleza urbana la conocida popularmente como “Plusvalía”, la ST dice que es fundamental para el consumidor disponer, antes de la celebración del contrato, de la información sobre las condiciones contractuales y las consecuencias de dicha celebración.

A este respecto, dentro del supuesto sometido a interpretación, señala la ST que esa “obligación tiene, como efecto, transferir al consumidor, en calidad de adquirente, una deuda fiscal que, según la legislación nacional aplicable incumbe al profesional“; de tal modo, que mientras “el profesional se beneficia de este incremento de valor que bien que vente, el consumidor debe pagar no solo el precio de venta” sino también debe pagar “un impuesto cuya base es esa “plusvalía””. Un interesante matiz al que apunta la Sentencia es que “importe de ese impuesto no se conoce en la fecha de celebración del contrato, sino que sólo se liquida a posteriori por la autoridad competente, lo que, de ser así, implicaría una incertidumbre del consumidor sobre el alcance del compromiso asumido” -indeterminación-.

La ratio iuris del Tribunal finaliza centrándose la cuestión relevante: el concepto “desequilibrio importante“.

Declara el Tribunal de Justicia (Sala Primera) que el art 3.1 Directiva “debe interpretarse en el sentido de que:

La existencia de un desequilibrio importante no requiere necesariamente que los costes puestos a cargo del consumidor por una cláusula contractual tengan una incidencia económica importante para éste en relación con el importe de la operación de que se trata, sino que pueden resultar del solo hecho de una lesión suficientemente grave de la situación jurídica en la que ese consumidor se encuentra, como parte del contra, en virtud de las disposiciones nacionales aplicables, ya sea en forma de una restricción del contenido de los derechos que, según estas disposiciones, le confiere ese contrato, o bien de un obstáculo al ejercicio de éstos, o también de que se le imponga una obligación adicional no prevista por las normas nacionales.

Incumbe al tribunal remitente, para apreciar la posible existencia de un desequilibrio importante, tener en cuenta la naturaleza del bien o del servicio del que sea objeto del contrato, considerando todas las circunstancias concurrentes en el momento de la celebración del contrato, así como todas las demás cláusulas de éste”

En mi particular opinión el desequilibrio del consumidor podría resolverse incluyendo  la cantidad exacta a abonar por la “plusvalía”, a efectos de ofrecer una certidumbre al comprador. Es lógico que, si conocemos la cuota de la “plusvalía” -se puede calcular previamente-, pudiéramos introducir una cláusula moderadora y, en el supuesto en que la deuda tributaria fuese mayor, que el vendedor compense en dinero esa diferencia.

Sin perjuicio de fórmulas razonables para solventar esta situación me gustaría realizar tres reflexiones:

  • La especial consideración que muestran los tribunales con los consumidores que, en una compra tan importante como una vivienda, no se asesoran y con posterioridad reclaman la nulidad, por abusivas, de ciertas cláusulas; y,
  • una segunda cuestión y es que, recordemos, nadie obliga al consumidor a la compra de una vivienda pudiendo optar por no aceptar las condiciones y no comprar;
  • que no sea un tribunal nacional quien resuelva o interprete las normas nacionales y remita a normas comunitarias para determinar si las cláusulas son o no son abusivas.