Archivo de la etiqueta: DERECHO PENAL

La presunción de inocencia y la prueba indiciaria en el proceso penal.

La presunción de inocencia y la prueba indiciaria en el proceso penal.

La presunción de inocencia fue tratado en este blog, aquí, con oportunidad de una preciosa STS de 5 de julio de 2013, STS 602/2013, ROJ STS 3786/2013. Hoy traemos a nuestra pequeña colección de sentencias la STS 1623/2015 de 17-4-2015, rec 10632/2014, ponente Manuel Marchena que hace un interesante análisis de la prueba indiciaria y que utilizaré con toda seguridad.

La STS expone un interesantísimo análisis de la prueba indiciaria:

“El desafío probatorio imponía una prueba directa o indiciaria que asociara cada una de los hechos de los que se derivaron los distintos focos incendiarios a una acción del acusado. Y es aquí donde la racionalidad de la valoración probatoria, pese al esfuerzo argumental de los Jueces de instancia, quiebra. Es cierto que la legitimidad de la prueba indiciaria está fuera de cualquier duda cuando se trata de afirmar su idoneidad para debilitar la presunción constitucional de inocencia. De hecho, el incendio propagado en el domicilio del recurrente está atribuido a éste a partir de una construcción valorativa que toma la prueba indiciaria como punto de partida.

El recelo respecto de la prueba indiciaria no es de ahora. Los aforismos plus valet quod in veritate est quam quod in opinione o probatio vincit praesumptionem, son la mejor muestra de la preocupación histórica por fijar garantías adicionales que disminuyan el riesgo inherente a la proclamación de unos hechos probados a partir de una mera articulación lógica de indicios. Y es que por indicio hemos de entender todo rastro, vestigio, huella, circunstancia y, en general, todo hecho conocido, o mejor dicho, debidamente comprobado, susceptible de llevarnos, por vía de inferencia, al conocimiento de otro hecho desconocido. Precisamente por ello, se ha dicho que más que una prueba estaríamos en presencia de un sistema o mecanismo intelectual para la fijación de los hechos, ciertamente relacionado con la prueba, pero que no se configura propiamente como un verdadero medio de prueba.

En cualquier caso, como queda dicho, la prueba indiciaria supone un proceso intelectual complejo que reconstruye un hecho concreto a partir de una recolección de indicios. Se trata, al fin y al cabo, de partir de la constatación de unos hechos mediatos para concluir otros inmediatos. Y como quiera que cuando se pone en marcha la cadena lógica, nos adentramos en el terreno de las incertidumbres, la necesidad de un plus argumentativo se justifica por sí sola. El juicio histórico y la fundamentación jurídica han de expresar, con reforzada técnica narrativa, la hilazón lógica de los indicios sobre los que se construye la condena. El proceso deductivo ha de quedar plasmado en toda su extensión, permitiendo así un control de la racionalidad del hilo discursivo mediante el que el órgano jurisdiccional afirma la condena. Ha de quedar al descubierto el juicio de inferencia como actividad intelectual que sirve de enlace a un hecho acreditado y su consecuencia lógica (cfr. SSTS 587/2014, 18 de julio ; 947/2007, 12 de noviembre y STS 456/2008, 8 de julio , entre otras).

Como precisa la STC 111/2008, 22 de septiembre , la jurisprudencia constitucional, desde la STC 174/1985, de 17 de diciembre , insiste en que a falta de prueba directa de cargo también la prueba indiciaria puede sustentar un pronunciamiento condenatorio, sin menoscabo del derecho a la presunción de inocencia, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

1) el hecho o los hechos base (o indicios) han de estar plenamente probados;

2) los hechos constitutivos del delito deben deducirse precisamente de estos hechos bases completamente probados;

3) para que se pueda controlar la razonabilidad de la inferencia es preciso, en primer lugar, que el órgano judicial exteriorice los hechos que están acreditados, o indicios, y sobre todo que explique el razonamiento o engarce lógico entre los hechos base y los hechos consecuencia;

4) y, finalmente, que este razonamiento esté asentado en las reglas del criterio humano o en las reglas de la experiencia común o, en palabras de las SSTC 169/1989, de 16 de octubre (F. 2), «en una comprensión razonable de la realidad normalmente vivida y apreciada conforme a los criterios colectivos vigentes» ( SSTC 220/1998, de 16 de noviembre, F. 4 ; 124/2001, de 4 de junio, F. 12 ; 300/2005, de 21 de noviembre , F. 3).

El control de constitucionalidad de la racionalidad y solidez de la inferencia en que se sustenta la prueba indiciaria puede efectuarse tanto desde el canon de su lógica o cohesión (de modo que será irrazonable si los indicios acreditados descartan el hecho que se hace desprender de ellos o no llevan naturalmente a él), como desde su suficiencia o calidad concluyente (no siendo, pues, razonable la inferencia cuando sea excesivamente abierta, débil o imprecisa), siendo los órganos judiciales quienes, en virtud del principio de inmediación, tienen un conocimiento cabal, completo y obtenido con todas las garantías del acervo probatorio. Por ello se afirma que sólo se considera vulnerado el derecho a la presunción de inocencia en este ámbito de enjuiciamiento «cuando la inferencia sea ilógica o tan abierta que en su seno quepa tal pluralidad de conclusiones alternativas que ninguna de ellas pueda darse por probada» ( STC 229/2003, de 18 de diciembre , F. 24).

(…)

Sin embargo, para proclamar probada la acción de cualquier delito -los imputados, en el presente caso, son especialmente graves-, no basta con una explicación intuitiva, con ofrecer un razonamiento que aúne los distintos episodios delictivos y les confiera una justificación unitaria. Esta Sala puede verse también asaltada por la misma perplejidad que produce la falta de lógica del comportamiento del acusado. Puede llegar a sospechar que los distintos incendios fueron originados por la misma mano. Incluso puede vislumbrar que algunos de los puntos oscuros que ofrece el relato de hechos probados proclamado en la instancia se explicarían mejor enlazando la secuencia de los cuatro incendios en idéntico móvil. Sin embargo, nuestra coincidencia en esa percepción sería una coincidencia puramente olfativa, ligada a presentimientos o vaticinios alejados de las exigencias constitucionales impuestas para la apreciación probatoria. La valoración de la prueba indiciaria, cuando se trata de atribuir la autoría de cuatro delitos distintos a una misma persona, no puede construirse a partir de un encadenamiento deductivo artificial que proyecte las evidencias probatorias del último de los delitos hacia los cometidos con anterioridad. Cuando se afirma un móvil de resentimiento que pudiera explicar lo inexplicable, no basta con referirse a un “… cierto clima de crispación entre los vecinos, por lo demás en general bien avenidos”. Y cuando se proclama la autoría de tres incendios, el órgano jurisdiccional decisorio no puede ver debilitada la presunción constitucional de inocencia por la aparición de una póliza de seguros en el patio del edificio o por una pregunta dirigida a un anticuario acerca de las posibilidades de restauración de uno de los espejos que se vio dañado.

Hemos dicho en otros precedentes que el Tribunal de instancia ha de construir el juicio de autoría con arreglo a un discurso argumental lógico, coherente, expresivo del grado de certeza exigido para fundamentar cualquier condena en el ámbito de la jurisdicción criminal. Y en la imputación jurisdiccional de un hecho criminal no valen, desde luego, las intuiciones valorativas ni la proclamación de presentimientos percibidos como reales. Lo contrario supondría alejar el proceso penal y, de modo especial, las técnicas de valoración probatoria, de su verdadero fundamento racional. En definitiva, la afirmación del juicio de autoría no puede hacerse depender de una persuasión interior, de una convicción marcadamente subjetiva y, como tal, ajena al contenido objetivo de las pruebas. Esta Sala sólo puede avalar un modelo racional de conocimiento y valoración probatoria en el que no tienen cabida las proclamaciones puramente intuitivas y, como tales, basadas en percepciones íntimas no enlazadas con el resultado objetivo de la actividad probatoria desplegada por las partes (cfr., entre otras muchas, SSTS 24/2015, 21 de enero ; 444/2011, 4 de mayo ; 249/2008, 11 de mayo ; 905/2013, 3 de diciembre y 231/2008, 28 de abril ).

Anuncios

Deja un comentario

Archivado bajo DERECHO PENAL. Prueba indiciaria. Presunción de inocencia

Valor de las declaraciones ante la policía. Declaraciones sin contradicción

A todos nos han dicho que nunca se declare en la policía, que siempre declaremos ante el juez. Nos han explicado en clase que las declaraciones de los detenidos deben ser ratificadas delante de un juez, que lo que no se hace delante de un juez no “vale” nada.

Pues la Sala de lo Penal, STS 814/2015, resolución 123/2015 reproduce en su FD Cuarto unos de esos fundamentos que vale la pena guardar bajo llave porque nos resuelve todas las dudas al respecto.

1o) el valor de las declaraciones prestadas en sede policial; y 2o) el valor de las declaraciones producidas sin contradicción procesal y sin que, por consiguiente, la defensa pueda interrogar a los testigos de cargo. Ambos aspectos son de esencial consideración en el caso de autos.

Respecto a las declaraciones en sede policial, entre otras muchas, la STC 68/2010, de 18 de octubre , despeja cualquier incógnita acerca del problema suscitado, esto es, la utilización como prueba de cargo de la declaración prestada en Comisaría y, por tanto, en ausencia de una contradicción e inmediación judicial efectivas. Recuerda el Tribunal Constitucional que, como regla general, sólo pueden considerarse pruebas que vinculen a los órganos de la justicia penal las practicadas en el juicio oral, pues el procedimiento probatorio ha de tener lugar necesariamente en el debate contradictorio que en forma oral se desarrolle ante el mismo Juez o Tribunal que ha de dictar sentencia; de manera que la convicción sobre los hechos enjuiciados se alcance en contacto directo con los medios de prueba aportados a tal fin por las partes (por todas, SSTC núm. 182/1989, de 3 de noviembre, F.2 ; 195/2002, de 28 de octubre, F. 2 ; 206/2003, de 1 de diciembre, F. 2 ; 1/2006, de 16 de enero, F. 4 ; 345/2006, de 11 de diciembre , F. 3, y muy recientemente la STC del Pleno de 28/02/2013 , especialmente F.F. 3, 4 y 5).

En suma, la posibilidad de tomar en cuenta declaraciones prestadas extramuros del juicio oral no alcanza a las declaraciones prestadas en sede policial. Sobre este aspecto ya se había pronunciado el Tribunal Constitucional en su conocida STC 31/1981 , señalando que «dicha declaración, al formar parte del atestado tiene, en principio, únicamente valor de denuncia, como señala el art. 297 de la LECrim » (F. 4), por lo que, considerado en sí mismo, el atestado se erige en «objeto» de prueba y no en «medio» de prueba, con el resultado de que los hechos que en él se afirman por funcionarios, testigos o imputados han de ser introducidos en el juicio oral a través de auténticos medios probatorios ( STC núm. 217/1989, de 21 de diciembre , F. 2; 303/1993, de 25 de octubre , F. 4; 79/1994, de 14 de marzo , F. 3; 22/2000, de 14 de febrero, F. 5 ; 188/2002, de 14 de octubre , F. 2).

La STC, Pleno, 165/2014, de 8 de octubre de 2014 , concluye del mismo modo: «Por tanto, las declaraciones obrantes en los atestados policiales no tienen valor probatorio de cargo. Singularmente, ni las declaraciones autoincriminatorias ni las heteroinculpatorias prestadas ante la policía pueden ser consideradas exponentes de prueba anticipada o de prueba preconstituida. Y no sólo porque su reproducción en el juicio oral no se revele en la mayor parte de los casos imposible o difícil sino, fundamentalmente, porque no se efectuaron en presencia de la autoridad judicial, que es la autoridad que, por estar institucionalmente dotada de independencia e imparcialidad, asegura la fidelidad del testimonio y su eventual eficacia probatoria».

Así, en el caso enjuiciado, la prueba de cargo no se practicó en momento alguno ante la autoridad judicial, sino en presencia exclusivamente policial.

Ahora examinemos, el valor de tal declaración sin la oportunidad de contradicción ni correlativa posibilidad por la defensa de interrogar a los testigos de cargo.

Y ello porque, con nuestra reciente Sentencia 632/2014, de 14 de octubre (citada en la STS 71/2015, de 4 de febrero ), hemos de convenir que « en ningún caso puede aceptarse que el carácter odioso de los hechos denunciados determine una degradación de las garantías propias del proceso penal y especialmente del derecho constitucional a la presunción de inocencia, que constituye un principio fundamental y presupuesto básico de todas las demás garantías del proceso».

Por ello, siendo la Constitución norma jurídica suprema de aplicación directa e inmediata (máxime en materia de derechos y garantías fundamentales) obliga a los distintos órganos de jurisdicción ordinaria a reinterpretar, conforme al principio de constitucionalidad de las normas jurídicas, los preceptos que afecten o puedan afectar a la tutela judicial efectiva del derecho constitucional a la presunción de inocencia, de modo que aquellos preceptos resulten compatibles con la Constitución. Se añade que la doctrina del Tribunal Constitucional y la de esta Sala imponen la exclusiva validez de las pruebas practicadas en el acto del juicio oral a los efectos de enervar la presunción constitucional de inocencia, pero admiten determinadas excepciones que, con carácter general, exigen el cumplimiento de una serie de presupuestos y requisitos.

En concreto, se condiciona la validez como prueba de cargo preconstituida de las declaraciones prestadas en fase sumarial al cumplimiento de una serie de presupuestos y requisitos, clasificados como:

  1. a) Materiales: que exista una causa legítima que impida reproducir la declaración en el juicio oral;
  2. b) Subjetivos: la necesaria intervención del Juez de Instrucción;
  3. c) Objetivos: que se garantice la posibilidad de contradicción, para lo cual ha de haber sido convocado el Abogado del imputado, a fin de que pueda participar en el interrogatorio sumarial del testigo; y
  4. d) Formales: la introducción del contenido de la declaración sumarial a través de la lectura del acta en que se documenta, conforme a lo ordenado por el art. 730 LECrim , o a través de los interrogatorios, lo que posibilita que su contenido acceda al debate procesal público y se someta a confrontación con las demás declaraciones de quienes sí intervinieron en el juicio oral. Asimismo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha declarado que la incorporación al proceso de declaraciones que han tenido lugar en fase de instrucción no lesiona en todo caso los derechos reconocidos en los párrafos 3 d ) y 1 del art. 6 CEDH , siempre que exista una causa legítima que impida la declaración en el juicio oral, y que se hayan respetado los derechos de defensa del acusado; esto es, siempre que se dé al acusado una ocasión adecuada y suficiente de contestar los testimonios de cargo e interrogar a su autor bien cuando se prestan, bien con posterioridad ( SSTEDH de 20 de noviembre de 1989, caso Kostovski ; 15 de junio de 1992, caso Lüdi ; 23 de abril de 1997, caso Van Mecheleny otros). Como el Tribunal de Estrasburgo ha declarado (STDH de 27 de febrero de 2001, caso Lucà), ” los derechos de defensa se restringen de forma incompatible con las garantías del art. 6o del Convenio cuando una condena se funda exclusivamente o de forma determinante en declaraciones hechas por una persona que el acusado no ha podido interrogar o hacer interrogar ni en la fase de instrucción ni durante el plenario”.

Esto es lo que ocurre en el caso enjuiciado, la principal prueba de cargo, los testigos que denunciaron las torturas objeto de este proceso, no acudieron al juicio oral, ni previamente fueron interrogados por ninguna autoridad judicial con asistencia de los letrados de las defensas que hubieran podido tener oportunidad de preguntar sobre los hechos que les acusaban. Siendo ello así, se han conculcado las garantías constitucionales y la prueba no puede tener valor probatorio alguno. Cualquiera que sea el grado de inferencia que pueda concederse a otros indicios, por lo demás, evanescentes, no pueden sustituir un testimonio posible y practicable a presencia de los jueces «a quo».

Estamos conformes, pues, con las razones expresadas en el voto particular discrepante, que llegó a la conclusión de que no había pruebas de cargo valorables, o las que se practicaron conducían directamente a la absolución al faltar una certeza completa de lo denunciado desde la perspectiva del derecho constitucional a la presunción de inocencia, exigida por el art. 24.2 de nuestra Carta Magna , que aquí se ha conculcado.

En conclusión, esta censura casacional tiene que ser estimada, y declarando la violación de tal derecho fundamental, casar la sentencia, y dictar nueva resolución judicial en la que se absuelva a los acusados de los cargos imputados, sin que proceda ya el estudio de los restantes reproches casacionales ni, por consiguiente, el recurso del Ministerio Fiscal.

 Al final que los abogados tengan que estar en las declaraciones y poder hacer preguntas va a ser una buena garantía, ¿no?

Deja un comentario

Archivado bajo DERECHO PENAL Valor de las declaraciones prestadas en sede policial. Las declaraciones en atestado tienen naturaleza de denuncias

El valor de la prueba de indicios como prueba de cargo.

El 18-2-2015 la Sala 2ª del TS dictó STS de las que vale la pena guardar porque podrás hacer un copia y pega toda la vida o, al menos, hasta que modifiquen una ley que le afecte o cambien el criterio (que suele ser algo habitual)

La STS 402/2015 de 18-2-2015 en su FD Tercero nos resume perfectamente con las referencias a las Sentencias han estudiado el valor como prueba de cargo la prueba de indicios para detallar sus características:

El valor como prueba de cargo de la prueba de indicios ha sido admitido tanto por el Tribunal Constitucional como por este Tribunal Supremo.

El Tribunal Constitucional ha sostenido desde sus primeras sentencias sobre la materia ( SSTC 174/1985 , 175/1985 , 24/1997 , 157/1998 , 189/1998 , 68/1998 , 220/1998 , 44/2000 y 117/2000 ) que a falta de prueba directa de cargo también la prueba indiciaria puede sustentar un pronunciamiento condenatorio, sin menoscabo del derecho a la presunción de inocencia.

En resoluciones más recientes ( SSTC 111/2008 , 109/2009 , 126/2011 , 128/2011 , 175/2012 y 15/2014 ) ha considerado como requisitos imprescindibles los siguientes:

A) El hecho o los hechos bases (o indicios) han de estar plenamente probados;

B) Los hechos constitutivos del delito deben deducirse precisamente de estos hechos base completamente probados;

C) Para que se pueda comprobar la razonabilidad de la inferencia es preciso, en primer lugar, que el órgano judicial exteriorice los hechos que están acreditados o indicios, y sobre todo que explique el razonamiento o engarce lógico entre los hechos base y los hechos consecuencia;

D) y, finalmente, que este razonamiento esté asentado en las reglas del criterio humano o en las reglas de la experiencia común o, en palabras de la STC 169/1989, de 16 de octubre , «en una comprensión razonable de la realidad normalmente vivida y apreciada conforme a criterios colectivos vigentes» ( SSTC 220/1998 , 124/2001 , 300/2005 , y 111/2008 ).

Sobre la naturaleza y estructuración de la prueba indiciaria tiene establecido el Tribunal Constitucional que el razonamiento o engarce lógico entre los hechos base y los hechos consecuencia ha de estar asentado en las reglas del criterio humano o en las reglas de la experiencia común o, en palabras de la STC 169/1989, de 16 de octubre , en una comprensión razonable de la realidad normalmente vivida y apreciada conforme a criterios colectivos vigentes ( SSTC 220/1998 , 124/2001 , 300/2005 y 111/2008 ).

El control de constitucionalidad de la racionalidad y solidez de la inferencia en que se sustenta la prueba indiciaria puede efectuarse tanto desde un doble canon: el de su lógica o cohesión, y el de su suficiencia o calidad concluyente. Con arreglo al primero la inferencia será irrazonable si los indicios acreditados descartan el hecho que se hace desprender de ellos o no llevan naturalmente a él. Desde el canon de su suficiencia o calidad concluyente no será razonable la inferencia cuando sea excesivamente abierta, débil o imprecisa. Son los órganos judiciales quienes, en virtud del principio de inmediación, tienen un conocimiento cabal, completo y obtenido con todas las garantías del acervo probatorio. Por ello se afirma que sólo se considera vulnerado el derecho a la presunción de inocencia en este ámbito de enjuiciamiento cuando la inferencia sea ilógica o tan abierta que en su seno quepa tal pluralidad de conclusiones alternativas que ninguna de ellas pueda darse por probada ( STC 229/2003 , 196/2007 , 111/2008 , 108/2009 , 109/2009 , 70/2010 y 126/2011 , entre otras).

Esta Sala tiene establecido de forma reiterada que la prueba indiciaria, indirecta o circunstancial presenta dos perspectivas relevantes para el control casacional. Desde el punto de vista formal, deben constar los indicios o hechos-base plenamente acreditados que permitan acceder mediante un juicio de inferencia al hecho-consecuencia; el razonamiento de inferencia también ha de ser debidamente explicitado en la sentencia. Desde una perspectiva material, el control casacional se contrae en la verificación de que existan varios indicios plenamente evidenciados, o uno de singular potencia acreditativa, de naturaleza inequívocamente incriminatoria, que no estén destruidos por contraindicios, que se refuercen entre sí y que permitan obtener un juicio de inferencia razonable, entendiendo tal razonabilidad como enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano (139/2009 de 24 de febrero; 322/2010 de 5 de abril; 208/2012 de 16 de marzo; 690/2013 de 24 de julio y 481/2014 de 3 de junio, entre otras).

Deja un comentario

Archivado bajo DERECHO PENAL, Valor de la prueba de indicios

La predeterminación del fallo en Derecho Procesal Penal.

La predeterminación del fallo en Derecho Procesal Penal.

La predeterminación del fallo , tiene establecido numerosa jurisprudencia de esta Sala que la predeterminación que se contempla y proscribe en el art. 851.1º de la LECr :

“Cuando en la sentencia no se exprese clara y terminantemente cuáles son los hechos que se consideren probados, o resulte manifiesta contradicción entre ellos, o se consignen como hechos probados conceptos que, por su carácter jurídico, impliquen la predeterminación del fallo.”

Por tanto, la predeterminación considerada a tales efectos es aquella que se produce exclusivamente por conceptos jurídicos que definen y dan nombre a la esencia del tipo penal aplicado, exigiéndose para su apreciación:

a) que se trate de expresiones técnico-jurídicas que definan o den nombre a la esencia del tipo aplicado;

b) que tales expresiones sean por lo general asequibles tan solo para los juristas o técnicos y no compartidas en el uso del lenguaje común o coloquial;

c) que tengan un valor causal apreciable respecto del fallo; y,

d)que, suprimidos tales conceptos jurídicos, quede el hecho histórico sin base alguna y carente de significado penal ( SSTS núm. 667/2000, de 12-4 ; 1121/2003, de 10-9 ; 401/2006, de 10-4 ; 755/2008, de 26-11 ; 131/2009, de 12-2 ; 381/2009, de 14-4 ; y 449/2012, de 30-5 , entre otras muchas).

De conformidad con el TS, no hay consignación de conceptos jurídicos predeterminantes cuando se relatan unos hechos susceptibles de ser calificados como delito, pues esta es precisamente la finalidad de la premisa menor del silogismo de la sentencia cuando la conclusión es un fallo condenatorio ( SSTS 152/2006, de 1-2 ; y 755/2008, de 26-11 ).

Por ello, en un cierto sentido los hechos probados tienen que predeterminar el fallo, pues el “factum” en cuanto integra la base de la calificación jurídica de los hechos enjuiciados es lógico que la predetermine, salvo manifiesta incongruencia, de ahí que deba relativizarse la vigencia de este vicio formal ( SSTS 429/2003 de 21-3 ; 249/204, de 26-2; 280/2004, de 8-3 ; 409/2004, de 24-3 ; 893/2005, de 6-7 ; 755/2008, de 26-11 ).

En la práctica, una cosa es que se contradiga la versión de los acusados y cuestionen las expresiones que emplee el juzgador en una Sentencia porque motivan la condena y otra es que presenten un carácter técnico jurídico definidor del tipo penal.

La STS 194/2013 de 7 de marzo, ROJ 1270/2013 es otra sentencia para guardar en el cajón de los recursos de Derecho Penal.

Deja un comentario

17 diciembre, 2014 · 11:00

INTRODUCCIÓN INDEBIDA DE LA DECLARACIÓN SUMARIAL DEL ACUSADO.

Hoy vamos a iniciar una serie de post cuya temática será el Derecho Penal.

El tema a tratar hoy es el ¿por qué no es tan bueno, a veces, declarar delante de un juez? Y si declaras en las Diligencias Previas, ¿debes completar la declaración en el plenario? No seré yo quien cuestiones la estrategia jurídica de cada cual porque tienen unos elementos de valoración sobre el asunto que yo no tengo.

El post está encaminado a conocer, al menos para mi, que tanto los testigos como los co-imputados si declaran en DP la lectura de esa declaración en el plenario servirá para dar reproducida su declaración y hará prueba. Es más, el Juzgador dispone de absoluta libertad para conceder mayor fiabilidad lo manifestado por los testigos en fase de instrucción, o incluso ante la policía o a lo manifestado en el plenario cuando se observan contradicciones en las respectivas declaraciones.

El supuesto de hecho es la alegación de la defensa de la vulneración de y a un proceso con todas las garantías, ex ar 24.2 CE, en relación con el art 714 y 730 LECrim, por introducción indebida de la declaración sumarial del acusado pese a que no silenció en estrictu sensu, ya que si contestó al interrogatorio de la defensa; pero el juzgador acordó en el acto del plenario la lectura de tal declaración instructora incluso con carácter previo a la declaración.

En STS de 4 de febrero de 1998 dice: “las contradicciones, retractaciones o correcciones sobre implicación de los acusados en los hechos en que se enjuician, frecuentes en las afirmaciones del sumario y las evacuadas en el acto del juicio oral, no significa la inexistencia de actividad probatoria, sino que pasa a ser un tema de apreciación probatoria, pudiendo el Tribunal sentenciador llevar a cabo una confrontación entre unas y otras formas y formar un juicio en conciencia sobre su respectiva veracidad, en los términos que autoriza el art 741 LECRIm.

 

Al respecto el TC en ST 1/2006, de 10 de enero, incide en que dicho Tribunal ha admitido también la posibilidad a través de las previsiones de los arts 714 y 730 LECRIm siempre que “el contenido de las diligencias practicadas en el sumario se reproduzcan en el juicio oral mediante la lectura pública del acta en que se documente, o introduciendo su contenido a través de los interrogatorios (STC 2/2002 de 14 de enero) pues de esta manera y ante la rectificación o retractación del testimonio operado en el acto del juicio oral (714 LECRIm) o ante la imposibilidad material de su reproducción (art 730 LECRIm) el resultado de las diligencias accede al debate procesal público ante el Tribunal cumpliendo la triple exigencia constitucional probatoria, publicidad, inmediación y contradicción STS 155/2002 de 22 de julio.”

En fin, seguro que hay mucho penalista que me llama la atención pero, a veces, que la primera declaración del imputado y/o testigo sea en el plenario puede evitar muchos problemas de incoherencia o contradicción entre los acusados cuando son macrocausas y permite una mejor organización de la defensa.

1 comentario

13 diciembre, 2014 · 13:52

ESTAFA PIRAMIDAL A LA ESPAÑOLA. BALDOMERA LARRA WETORET

El día de hoy, 19-6-2014, pasará a la historia por celebrar que tenemos un nuevo Rey, Felipe VI. Esta semana pasará a la historia porque la Selección Española de Fútbol ha llevado un varapalo después de haber sido más grande que la Armada Invencible de otro Rey llamado Felipe.

Por eso, como estamos en una semana histórica ( y me he comprado un libro nuevo: Los procesos célebres seguidos ante el Tribunal Supremo en sus doscientos años de historia” Imprenta Nacional de la Agencia Estatal Boletín General del Estado) voy a compartir una historia que me ha llamado la atención. Es la historia de doña Baldomera Larra Wetoret.

Doña Baldomera era hija de don Mariano José de Larra y debió de ser una persona ingeniosa para la época.

En fin, la buena de doña Baldomera fue una adelantada a su tiempo. Su marido, médico de la Casa Real pero afrancesado, tuvo que emigrar con la llegada de Alfonso XII. En aquél momento, sin dinero, acudió a los préstamos. La buena señora prometió que a quien le prestara una onza se la devolvería duplicada. Pues la señora cumplió. La avaricia rompe el saco y, al parecer, en el Madrid de la época rompieron cerca de 65.000 sacos de impositores.

La noticia fue difundida en la época. La Audiencia la condenó junto con su “contable”, que también había sido impositor, por un delito de Alzamiento de Bienes.

 

El TS los absolvió porque:

a)    Doña Baldomera no tenía capacidad legal para contratar y, por tanto, no podía existir una simulación de contrato ya que su condición de mujer, sin la autorización de su marido, no podía obligarse.

b)   Esta capacidad de obligarse impedía la existencia de acreedores y, por lo tanto, no estaba obligada a pagar.

 

Esta curiosa historia a mi modo de ver tiene interés por varias cuestiones:

1)   La estafa ponzi la inventó una mujer española allá por el año 1876.

2)   Los delitos fiscales no son un invento de nuestro tiempo.

3)   La consideración que hace el TS de la inexistencia de la capacidad para obligarse y, con ello, la existencia del “acreedor” me resulta interesante.

 

En fin, después de tanto tiempo de no actualizar el blog no digo nada nuevo. ¿Cómo está van las pensiones de la seguridad social?¡Qué cosas!

 

Imagen

Deja un comentario

Archivado bajo Sin categoría

MANUAL DE ESTILO EN SALA. DON DE LA OPORTUNIDAD Y PRINCIPIO DE PRUDENCIA

MANUAL DE ESTILO EN SALA. DON DE LA OPORTUNIDAD Y PRINCIPIO DE PRUDENCIA. 

Mi padrino en la Abogacía me enseño como comportarme en una Sala de Vistas. Además tengo tres o cuatro libros que compré –y leí- para aprender como comportarme.

Después de esta semana quemaré los libros y aprenderé a desaprender.

Esta semana he visto ,vía streaming, la vista del plenario del asunto Elpidio Silva y como me gusta la polémica más que a Mou (permítanme la licencia en semana de Champions) voy a meterme en un charco.

No se si la defensa estaba preparada así o no. Lo que si se es que me han comentado que se utiliza bastante este sistema para intentar suspender las vistas por parte de delincuentes habituales que a veces saben más que los abogados (soy poco habitual de las cosas de lo penal según que tipo de delitos y acusados). Se que el TS se ha pronunciado sobre el particular de la oportunidad de las renuncias y algún blog como el de José María de Pablo ha tratado el tema explicando porque la simple pérdida de confianza no es suficiente para renunciar y suspender (cosas de la buena fe procesal)

Lo que desde luego la experiencia me ha dado es que nunca, en mi corta vida profesional, apenas 10 años, he visto a un Tribunal con una cintura tan ancha con un acusado.

Parece evidente que el acusado pretendió su provocar su expulsión de la Sala y que el Tribunal no desea entrar en ese juego, supongo que por prudencia. Parece evidente que el acusado pretende una defensa fuera de la Sala y así parece que lo puede estar consiguiendo. Lo que no tengo tan claro es porque permiten que una ex consejera de Cajamadrid sea miembro del Tribunal (no pasa nada por decir que es incompatible para conocer y ya está, digo yo) y nombrar a otro miembro (ojo si sale la recusación y repetimos todo).

Mi reflexión es en el sentido de si el Tribunal, creo con buen criterio y prudencia, iba a permitir esas intervenciones, interrupciones e impertinencias del acusado para evitar la recurrente alegación de nulidad e indefensión por falta de abogado –suposición mía-; por qué no permitió oportunamente la renuncia, diez días para nombrar abogado y/o ofrecer uno de oficio y evitó el charco en el que parece se ha metido él solo (igual que yo con este post).

Por último,a mi una fuente solvente me ha dicho que la defensa no ha sido pensada en este sentido y que la renuncia fue real. No obstante,  si la defensa ha sido pensada, planteada y provocada así; ¿quiénes somos nosotros para discutirla?  LOS CAMINOS DEL DERECHO DE LA DEFENSA SON INESCRUTABLES. Si le sale bien ya se lo que voy recomendar.

 Imagen

2 comentarios

Archivado bajo Sin categoría

LA CONFORMIDAD PENAL PARA DUMMIES. ASUNTO DELITO CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA. DOÑA ANA TORROJA

LA CONFORMIDAD PENAL PARA DUMMIES. ASUNTO DELITO CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA. DOÑA ANA TORROJA.

Como este post es para dummies permítanme, hoy, ciertas licencias literarias.

Doña Ana Torroja, ex cantante de Mecano, ha sido condenada como autora de delito contra la Hacienda Pública por haber eludido el pago de los correspondientes tributos en más de 120.000 € por ejercicio fiscal, concepto, etc.

El asunto del que trae causa este post, Ana Torroja affair, no es el delito en sí sino la conformidad.

 

LA CONFORMIDAD es una institución curiosa, desde su naturaleza jurídica y encuadre en el proceloso mundo del Derecho Penal Y Derecho Procesal Penal español, que consiste en una especie de justicia penal consensuada en donde el imputado o acusado, según el momento (para dummies), reconoce los hechos delictivos y  se aprovecha de una serie de ventajas; gracias al interés que hubo, en su momento, por cambiar la percepción de la lentitud de la justicia. (vid Exp. Motivos Ley 38/2002 en relación a la reforma de la LECrim)

Quienes no han pasado por un juzgado penal (suerte la suya) pensarán que es una justicia para ricos, que si robas una gallina te caen más años, etc; pero son cuestiones diferentes.

Hay que explicar que a) una cosa el delito que has cometido –en el caso de doña Ana Torroja, delito contra la Hacienda Pública-, (para el común de la gente: ¿quién no tiene un conocido que ha cometido un delito contra la seguridad del tráfico (ir borracho, vamos)?) y b) otra es la institución de la conformidad.

El tipo penal se establece en el CÓDIGO PENAL y la conformidad en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (una ley procesal).  Para entendernos, el código penal te dice qué puede ser delito y la LECrim te dice cuál es el camino para llegar a conocer si una persona ha cometido un delito y si debe ser condenado por ello.

Pues la conformidad es una parte del camino que permite a un imputado o acusado (según la altura de camino) para “CONFORMARSE” como ha hecho doña Ana Torroja.

Os voy a poner un ejemplo de dummies para que veáis como doña Ana Torroja no ha hecho nada que haga el resto del mundo:

El ejemplo típico del día a día en un Juzgado de guardia es un detenido por alcoholemia.

Está claro el asunto, atestado, diligencias de investigación correctas, todo correcto, citación para juicio, juicio rápido y CONFORMIDAD:

“-¿Se declara usted culpable? Si se conforma tendrá derecho a la reducción en un tercio, suspensión y sustitución por una pena de multa en vez de prisión y más ventajas que ni se imagina (normalmente si el fiscal es enrollado pide menos pena –habitualmente se negocia-)

-Si, me conformo y reconozco los hechos de los que se me acusan.

-Bueno, lo condeno a…”

(La conversación es una ficción. Los actores no han cometido ningún delito ni han sido enjuiciados por ello)

Pues esto, aunque un poco más complejo, es lo que ha hecho doña Ana Torroja al conformarse como tú, y tú, cuando habéis bebido de más en las fiestas patronales, os pilla la Guardia Civil en el control porque no habéis hecho caso al whassap de aviso y os citan el miércoles en el Juzgado de vuestro pueblo (en breve a la capital de provincia gracias a #GallardónDimisión)

Bueno, hasta aquí, amigos dummies, es lo que tenéis que saber de Derecho Penal y Procesal Penal.

1 comentario

Archivado bajo Sin categoría

RECEPTACIÓN CIVIL ¿QUÉ PASA SI TE BENEFICIAS DE LOS EFECTOS ECONÓMICOS DE UN DELITO QUE NO SABES QUE SE HA COMETIDO?

Art. 122 del CÓDIGO PENAL.- “El que por título lucrativo hubiere participado de los efectos de un delito o falta, está obligado a la restitución de la cosa o al resarcimiento del daño hasta la cuantía de su participación.”

Esta institución jurídica es la denominada receptación civil, un gran desconocido para el público general.

Hoy traigo a colación este precepto a cuenta de un asunto por todos conocido: imputamos, no imputamos, si no imputamos que pasa, etc.

La receptación civil, a grandes rasgos, consiste en que aquella persona que no ha intervenido en el delito como autor o cómplice y no puede ser responsable penal por receptación ni puede resultar obligado a la restitución penal de la cosa o al correspondiente resarcimiento si ha resultado beneficiado de los efectos del delito –ojo-si ese beneficio es obtenido a título lucrativo

La STS de la Sala 2ª de 15-7-2011 analiza los requisitos de la receptación civil.

“La responsabilidad civil por participación a título lucrativo en los efectos de un delito o falta tiene una entidad propia que la diferencia de otros orígenes de esa clase de responsabilidad.

Decíamos en la STS 57/2009 , citada por la STS num. 1394/2009, que el art. 122 del CP recoge el resarcimiento del perjuicio o daño patrimonial originado criminalmente al sujeto pasivo del delito en las adquisiciones a título lucrativo, como consecuencia de que nadie debe enriquecerse indebidamente en virtud de negocios jurídicos que se derivan de causa ilícita, y desarrolla la institución jurídica que ha adquirido carta de naturaleza con el nombre de receptación civil (cfr. SSTS 532/2000, 30 de marzo  59/1993, 21 de enero y 1257/1995, 15 de diciembre ).

 

Para ello es indispensable,

 1º) que exista una persona, física o jurídica que hubiere participado de los efectos de un delito o falta, en el sentido de haberse aprovechado de ellos por título lucrativo, por lo que quedan excluidas las adquisiciones en virtud de negocios no susceptibles de esta calificación jurídica;

  2º) el adquirente debe tener meramente conocimiento de la adquisición e ignorar la existencia de la comisión delictiva de donde provienen los efectos, a fin de impedir la aplicación del « crimen receptationis » en concepto de autor, cómplices y encubridor;

 3º) la valoración antijurídica de la transmisión de los objetos y su reivindicabilidad se ha de hacer de acuerdo con la normativa que regula el tráfico jurídico, y la determinación del resarcimiento se realizará por la cuantía de la participación (cfr. STS 532/2000, 30 de marzo y las que en ella se citan)”

Deja un comentario

Archivado bajo Sin categoría