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Entrada y Registro. A propósito del “Asunto Rato”

Esta semana el tema estrella es Rodrigo Rato y su espectacular, cinematográfico y en riguro directo registro. Con la brevedad de un post estos podrían ser los artículos de la LECrim de más interés. Recomiendo, si queréis ampliar la lectura de este artículo de don Oscar Daniel Ludeña Benítez, en www.notificasjuridicas.com

A estas alturas de la tv movie de Rato todos sabemos que el Juez o Tribunal podrá decretar la entrada y registro, de día o de noche, si la urgencia lo hiciere necesario pero siempre con el consentimiento del interesado o, a falta de consentimiento en virtud de auto motivado que se notificará al interesado inmediatamente o dentro de las 24 h de haberse dictado.

¿Qué es prestar consentimiento? Permitir ejecutar los actos de entrada y registro sin invocar la inviolabilidad del art 6 de la Constitución.

a.- Hay consentimiento

En los casos de entrada y registro con consentimiento del titular no es necesaria la presencia del Secretario Judicial. Existiendo el consentimiento del morador en la entrada y registro, la ausencia de secretario judicial y de la correspondiente acta no afecta ni constituye violación del derecho constitucional a la inviolabilidad del domicilio, sin invalidar la diligencia ni generar su nulidad, pero priva del valor de prueba anticipada con plenos efectos en el juicio oral, pues la ausencia de la fe pública legalmente exigida le priva de autenticidad y valor probatorio (STS. 183/2005 de 18.2), pero como diligencia policial puede incorporarse al juicio oral mediante un medio probatorio aceptable en derecho, por ejemplo la declaración testifical de los agentes intervinientes o testigos presenciales debidamente practicada en el juicio con todas las garantías de la contradicción e inmediación (STS 63/2000, 726/2000 y STC 303/93), no impidiendo en nada que mediante otros medios de prueba complementarios se evidencie la ocupación de los efectos intervenidos en el domicilio registrado con autorización y consentimiento de su titular. [STS 362/2011, de 6 de mayo

b.-No hay consentimiento. Requisitos fundamentales (art 569 LEcrim):

  • En presencia del interesado o de la persona que legítimamente lo represente. Lo importante no es quien es el propietario sino el morador cuya intimidad será violentada. Pensemos que interesado e imputado no tienen que ser la misma persona.
  • Si no lo encontrasen o no quisiera concurrir ni nombrar representante se practicará con un familiar mayor de edad.
  • Si no lo hubiere con dos testigos del mismo pueblo. La no presencia testigos (que sustituyen la presencia del interesado) convertiría la diligencia en un acto procesal irregular por su realización sin observancia de la disciplina de garantía que previene la Ley Procesal, pero no será una actuación con vulneración de derechos fundamentales, pues la inviolabilidad del domicilio aparece correctamente enervado mediante la autorización judicial. En su realización se habrían omitido las prevenciones legales previstas para afirmar la corrección de la diligencia, lo que la convertiría en irregular y, por lo tanto ineficaz por sí sola, para la acreditación del hecho que pudiera resultar de la injerencia, pero no empecería que los hechos pudieran acreditarse con otras pruebas que acreditasen la realidad del resultado de la diligencia. [STS 261/2006, de 14 de marzo
  • SIEMPRE en presencia del Secretario del Juzgado o del servicio de guardia que levantará acta del resultado, diligencia, incidencias y que deberá ser firmada por todos los asistentes aunque podrá ser sustituido en la forma prevista en la LOPJ. La ausencia del Secretario Judicial provocará la nulidad de la diligencia.La STS de 12-4-2006, núm. 408/2006 ha destacado que la presencia del Secretario Judicial tiene una triple finalidad: como garantía de legalidad, asegura el cumplimiento de los requisitos legales; como garantía de autenticidad, se robustece de certeza lo ocurrido en el registro y se garantiza la realidad de los hallazgos descubiertos, y como garantía judicial, en la medida que el Secretario forma parte integrante del órgano jurisdiccional autorizante de la diligencia, se garantiza que la intromisión al derecho fundamental se realizó dentro de los limites. El Tribunal Constitucional y ha sido reiteradamente recogido en sentencia de esta Sala que la ausencia de Secretario Judicial en la diligencia de entrada y registro no afecta al derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio cuando ha precedido la correspondiente resolución que lo autoriza. Cuestión distinta es la trascendencia que en el orden procesal puede tener la ausencia del Secretario Judicial en tal diligencia. Y es asimismo reiterada jurisprudencia de esta Sala, que el registro efectuado sin intervención del Secretario Judicial es procesalmente nulo, careciendo de operatividad y total falta de virtualidad a efectos probatorios si bien ello no empece a que merced a otros medios de prueba se evidencie la existencia real de los efectos que se dicen intervenidos y hallados en el domicilio registrado. [STS 381/2010, de 27 de abril (Tol 1847071)]dispuestos en la resolución judicial (STS 1189/2003, de 23-9). [STS 381/2010, de 27 de abril

  1. Otras circunstancias a tener en cuenta.

  • La presencia de un Letrado en la entrada y registro no es, una exigencia derivada de la Ley Procesal Penal, que no regula ese derecho pues no hay norma alguna que establezca esa asistencia en los registros domiciliarios (en este sentido SSTS. 1133/2001, 314/2002, 697/2003, 429/2004, 922/2005), ni es una exigencia constitucional en la medida que los derechos fundamentales en juego aparecen protegidos con la disciplina de garantía que para la diligencia previene la Ley Procesal Penal (STS de 17 de abril de 2002)
  • Es necesario, asimismo, según reiterada jurisprudencia (por ej.: 14.11.2003) cuando se procede a un registro domiciliario y el afectado por tal diligencia se halle detenido, es que en ese registro se encuentre presente el propio imputado. No cabe proceder al mencionado registro dejando al detenido en las dependencias policiales. (STS 262/2006, de 14 de marzo)
  • La falta de notificación al interesado es una irregularidad procesal sin trascendencia constitucional. Lo relevante con trascendencia constitucional es sólo la autorización judicial, ya que el requisito de la notificación al interesado es exigencia de derecho procesal sin alcance constitucional. Sólo en el caso de que el interesado esté a disposición judicial en situación de detenido, será precisa inexcusablemente, además, su presencia ya que la diligencia de registro dada su naturaleza es irrepetible. [STS 947/2006, de 26 de septiembre

Esto es, con la brevedad obligada en un post, algunas de las cuestiones prácticas que suscita el registro más mediático de los últimos tiempos.

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La predeterminación del fallo en Derecho Procesal Penal.

La predeterminación del fallo en Derecho Procesal Penal.

La predeterminación del fallo , tiene establecido numerosa jurisprudencia de esta Sala que la predeterminación que se contempla y proscribe en el art. 851.1º de la LECr :

“Cuando en la sentencia no se exprese clara y terminantemente cuáles son los hechos que se consideren probados, o resulte manifiesta contradicción entre ellos, o se consignen como hechos probados conceptos que, por su carácter jurídico, impliquen la predeterminación del fallo.”

Por tanto, la predeterminación considerada a tales efectos es aquella que se produce exclusivamente por conceptos jurídicos que definen y dan nombre a la esencia del tipo penal aplicado, exigiéndose para su apreciación:

a) que se trate de expresiones técnico-jurídicas que definan o den nombre a la esencia del tipo aplicado;

b) que tales expresiones sean por lo general asequibles tan solo para los juristas o técnicos y no compartidas en el uso del lenguaje común o coloquial;

c) que tengan un valor causal apreciable respecto del fallo; y,

d)que, suprimidos tales conceptos jurídicos, quede el hecho histórico sin base alguna y carente de significado penal ( SSTS núm. 667/2000, de 12-4 ; 1121/2003, de 10-9 ; 401/2006, de 10-4 ; 755/2008, de 26-11 ; 131/2009, de 12-2 ; 381/2009, de 14-4 ; y 449/2012, de 30-5 , entre otras muchas).

De conformidad con el TS, no hay consignación de conceptos jurídicos predeterminantes cuando se relatan unos hechos susceptibles de ser calificados como delito, pues esta es precisamente la finalidad de la premisa menor del silogismo de la sentencia cuando la conclusión es un fallo condenatorio ( SSTS 152/2006, de 1-2 ; y 755/2008, de 26-11 ).

Por ello, en un cierto sentido los hechos probados tienen que predeterminar el fallo, pues el “factum” en cuanto integra la base de la calificación jurídica de los hechos enjuiciados es lógico que la predetermine, salvo manifiesta incongruencia, de ahí que deba relativizarse la vigencia de este vicio formal ( SSTS 429/2003 de 21-3 ; 249/204, de 26-2; 280/2004, de 8-3 ; 409/2004, de 24-3 ; 893/2005, de 6-7 ; 755/2008, de 26-11 ).

En la práctica, una cosa es que se contradiga la versión de los acusados y cuestionen las expresiones que emplee el juzgador en una Sentencia porque motivan la condena y otra es que presenten un carácter técnico jurídico definidor del tipo penal.

La STS 194/2013 de 7 de marzo, ROJ 1270/2013 es otra sentencia para guardar en el cajón de los recursos de Derecho Penal.

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17 diciembre, 2014 · 11:00

MANUAL DE ESTILO EN SALA. DON DE LA OPORTUNIDAD Y PRINCIPIO DE PRUDENCIA

MANUAL DE ESTILO EN SALA. DON DE LA OPORTUNIDAD Y PRINCIPIO DE PRUDENCIA. 

Mi padrino en la Abogacía me enseño como comportarme en una Sala de Vistas. Además tengo tres o cuatro libros que compré –y leí- para aprender como comportarme.

Después de esta semana quemaré los libros y aprenderé a desaprender.

Esta semana he visto ,vía streaming, la vista del plenario del asunto Elpidio Silva y como me gusta la polémica más que a Mou (permítanme la licencia en semana de Champions) voy a meterme en un charco.

No se si la defensa estaba preparada así o no. Lo que si se es que me han comentado que se utiliza bastante este sistema para intentar suspender las vistas por parte de delincuentes habituales que a veces saben más que los abogados (soy poco habitual de las cosas de lo penal según que tipo de delitos y acusados). Se que el TS se ha pronunciado sobre el particular de la oportunidad de las renuncias y algún blog como el de José María de Pablo ha tratado el tema explicando porque la simple pérdida de confianza no es suficiente para renunciar y suspender (cosas de la buena fe procesal)

Lo que desde luego la experiencia me ha dado es que nunca, en mi corta vida profesional, apenas 10 años, he visto a un Tribunal con una cintura tan ancha con un acusado.

Parece evidente que el acusado pretendió su provocar su expulsión de la Sala y que el Tribunal no desea entrar en ese juego, supongo que por prudencia. Parece evidente que el acusado pretende una defensa fuera de la Sala y así parece que lo puede estar consiguiendo. Lo que no tengo tan claro es porque permiten que una ex consejera de Cajamadrid sea miembro del Tribunal (no pasa nada por decir que es incompatible para conocer y ya está, digo yo) y nombrar a otro miembro (ojo si sale la recusación y repetimos todo).

Mi reflexión es en el sentido de si el Tribunal, creo con buen criterio y prudencia, iba a permitir esas intervenciones, interrupciones e impertinencias del acusado para evitar la recurrente alegación de nulidad e indefensión por falta de abogado –suposición mía-; por qué no permitió oportunamente la renuncia, diez días para nombrar abogado y/o ofrecer uno de oficio y evitó el charco en el que parece se ha metido él solo (igual que yo con este post).

Por último,a mi una fuente solvente me ha dicho que la defensa no ha sido pensada en este sentido y que la renuncia fue real. No obstante,  si la defensa ha sido pensada, planteada y provocada así; ¿quiénes somos nosotros para discutirla?  LOS CAMINOS DEL DERECHO DE LA DEFENSA SON INESCRUTABLES. Si le sale bien ya se lo que voy recomendar.

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