Abuso de derecho e impugnación de acuerdos sociales

Hoy traemos al blog la STS 418/2018, de 15-2-2018, rec 2600/2015, resolución 78/2018, Ponente: Saraza.

Esta sentencia tiene varias cosillas de interés, e igual ,la usaremos en dos o más post para crear más visitas al blog. No debe escapar al lector que este autor pretende ser un influencer del corta y pega para, después, pasar a instagram y abordar los horizontes soñados de todo influencia con fotos de comidas ricas, ricas y con fundamento -a las que sea invitado previamente-  y viajes varios por la car.. fotos de promoción y, llegado el momento, hasta recibir unos pingües ingresos por ello.

Al turrón del corta y pega. La STS nos deja estos detalles:

1.- Plazo de impugnación del acuerdo social

Remite a la Sentencia 73/2018, de 14 de febrero . En esta sentencia recordába que esta cuestión ha sido ya abordada por este tribunal en sus sentencias 873/2011, de 7 de diciembre , y 991/2011, de 7 de enero de 2012 , en las que declaró que «aunque el artículo 115.1 de la Ley de Sociedades Anónimas , aplicable para la decisión del recurso por razones temporales – hoy 204.1 de la Ley de Sociedades de Capital [anterior a la reforma de la Ley 31/2014]- silencia el “abuso de derecho” y el “abuso de poder”, Ello no constituye un obstáculo insuperable para la anulación de los acuerdos sociales en tales supuestos, ya que, a tenor del artículo 7 del Código Civil , son contrarios a la ley -en este sentido apuntan las sentencias de 10 de febrero de 1.992 , 1136/2008, de 10 de diciembre , y 770/2011 , de 10 de noviembre-

2.- Supuestos especiales y específicos de abuso de derecho.

Como los conflictos intrasocietarios, en los que la conducta está expresamente tipificada como causa de impugnación del acuerdo social. En tal caso, al supuesto no le es aplicable el régimen general del art. 7.2 del Código Civil sino que ha de estarse a lo previsto específicamente en la norma societaria.

Así ocurre, por ejemplo, con los acuerdos sociales que, en el régimen del art. 204 TRLSC anterior a la reforma operada por la Ley 31/2014, de 3 de diciembre , incurrían en un abuso de derecho que determinaba la lesión del interés social en beneficio de uno o varios socios o de terceros. Las sentencias 641/1997, de 10 de julio , y 1136/2008, de 10 de diciembre , con cita de la anterior sentencia de 10 de febrero de 1992 , afirmaron que «la lesión de los intereses de la sociedad en beneficio de uno o varios accionistas (que es una de las causas de impugnación contempladas en el precepto invocado) puede producirse mediante acuerdos sociales adoptados con la intervención de las circunstancias tipificadoras del abuso del derecho».

Estos supuestos estaban expresamente tipificados en el art. 204 TRLSC, anterior a la reforma de la Ley 31/2014, de 3 de diciembre , como acuerdos impugnables (apartado 1) y de carácter anulable (apartado 2), lo que determinaba un régimen específico de caducidad de la acción (art. 205.1 TRLSC) y legitimación (art. 206.2 TRLSC), en el que los terceros ajenos a la sociedad carecían de legitimación, diferente por tanto al de los acuerdos nulos, en los que el plazo de caducidad era mayor y la legitimación más amplia.

También supuestos en los que el abuso de derecho en que se ha incurrido al adoptar el acuerdo social no es reconducible a ese supuesto de acuerdo «lesivo» del interés social específicamente previsto en el art. 204.1 TRLSC, tanto antes como después de la reforma. Así ocurre cuando el abuso de derecho que supone la aprobación del acuerdo social no lesiona propiamente el interés social.

3.- Abuso de derecho

la causa de impugnación alegada ha de encuadrarse en el régimen general del art. 7.2 del Código Civil . Este precepto prevé, en primer lugar, que la ley no ampara el abuso de derecho, y, en segundo lugar, que tal abuso dará lugar a la correspondiente indemnización y a la adopción de las medidas judiciales o administrativas que impidan la persistencia en el abuso.

Este régimen supone que el acto constitutivo de un abuso de derecho es contrario al ordenamiento jurídico, y de ahí que no resulte amparado por la ley y que deban adoptarse las medidas judiciales o administrativas que impidan su persistencia y, en su caso, dará lugar a la correspondiente indemnización.

La expresión «que sean contrarios a la ley» que se contiene en el art. 204.1 TRLSC ha de entenderse como contrariedad al ordenamiento jurídico, por lo que es causa de nulidad que el acuerdo social haya sido adoptado en fraude de ley ( art. 6.4 del Código Civil ), de mala fe ( art. 7.1 del Código Civil ) o con abuso de derecho ( art. 7.2 del Código Civil ). Cuestión distinta es que estas cláusulas generales del ordenamiento jurídico hayan de aplicarse correctamente y no de una forma que las desnaturalice.

El acuerdo social constitutivo de un abuso de derecho que perjudica el interés legítimo de personas formalmente ajenas a la sociedad es un acuerdo «contrario a la ley» y, por tanto, nulo. Por tal razón, el plazo de ejercicio de la acción de impugnación es de un año.

 

 

Por lo tanto, el TS nos explica que acuerdos son contrarios a la ley:

1.- Acuerdo social adoptado en fraude de ley.

2.- Acuerdo social adoptado con mala fe.

3.- Acuerdo social adoptado con abuso del derecho. 

 

La buena fe del socio que impugna los acuerdos sociales en relación con un pacto parasocial.

La buena fe del socio que impugna los acuerdos sociales en relación con un pacto parasocial.

A formula demanda contra dos sociedades mercantiles: H e I solicitando la declaración de nulidad de los acuerdos

El juez de lo mercantil estima, la AP fue recurrida y el recurso estimado

Los hechos de la STS 659/2016 – ECLI:ES:TS:2016:659 Id Cendoj: 28079110012016100092 son, más o menos – la sentencia se extiende mas-:

En 1997, Fulano vendió en doc. Privado la nula propiedad de acciones de HIACRE a sus tres hijos. 1,2 y 3 pero se reservó el usufructo que el es la clave de bóveda del asunto.

« Don. FULANO como transmitente de la nuda propiedad de las acciones descritas se reserva el derecho de usufructo vitalicio de las mismas y tendrá todos los derechos inherentes a la condición de socio, especialmente derecho al voto, derecho a beneficios y los demás reconocidos por la Ley».

En 2001, FULANO vendió a sus hijos la nuda propiedad de las acciones de INVERDERVAL a 1, 2 y 3. Con el siguiente pacto:

 «D. FULANO , como transmitente de la nuda propiedad de las participaciones sociales descritas se reserva el derecho de usufructo vitalicio de las mismas y tendrá todos los derechos inherentes a la condición de socio, especialmente el derecho al voto, derecho a beneficios y los demás reconocidos por la Ley».

Ni una ni otra llevaron los pactos a los estatutos.

La cosa es que en los estatutos de INVERDERVAL dicen:

 «En caso de usufructo de participaciones, la cualidad de socio reside en el nudo propietario, pero el usufructuario tendrá derecho en todo caso a los dividendos acordados por la Sociedad durante el usufructo»

Hay Junta y jaleo. El abogado gana porque debe impugnar las mismas tanto en juzgado de lo mercantil como en la Audiencia. La Audiencia dice que no hay argumento para la nulidad después de estimar recurso.

El presente asunto nos muestra una situación curiosa del pacto omnilateral que es el pacto parasocial adoptado por todos los socios que los siguen siendo cuando se plantea el conflicto.

La curiosidad de esta sentencia es que los socios cumplieron el pacto que consistía en:

FULANO , al transmitir a sus hijos sus acciones en CDC Hiacre y sus participaciones sociales en Inverdeval, se reservó no solo el usufructo vitalicio sobre las mismas sino también el derecho de voto derivado de dichas acciones y participaciones sociales, y en el cómputo de votos para la aprobación de los acuerdos se tuvo en cuenta el voto emitido por FULANO.

No se discute la validez y eficacia de los pactos pero impugna los acuerdos porque los pactos no se trasladaron a los estatutos y el voto del usufructuario no estaba recogido allí y, una recogía en estatutos que el voto era del nudo propietario y otra no tenía previsión al respecto por lo que remitía a la LSA que establece que el derecho de voto corresponde al nudo propietario.

Tal previsión era de interés porque:

como consecuencia de la transmisión, los dos hijos resultaban titulares de la mitad de las acciones y de las participaciones sociales de una y otra sociedad, por lo que el derecho de voto reservado al padre sobre las acciones y participaciones cuya nuda propiedad transmitía le permitiría solucionar situaciones de bloqueo como la que efectivamente se produjo”

Dice la Sala, FD Décimo 9º que “En esas circunstancias, ha de entenderse que la impugnación formulada por el demandante es efectivamente contraria a la buena fe ( art. 7.1 del Código Civil ) y, como tal, no puede ser estimada.

Infringe las exigencias derivadas de la buena fe la conducta del socio que ha prestado su consentimiento en unos negocios jurídicos, de los que resultó una determinada distribución de las acciones y participaciones sociales, en los que obtuvo ventajas (la adquisición de la nuda propiedad de determinadas acciones y participaciones sociales) y en los que se acordó un determinado régimen para los derechos de voto asociados a esas acciones y participaciones (atribución al usufructuario de las acciones y participaciones sociales transmitidas), cuando impugna los acuerdos sociales aprobados en la junta en que se hizo uso de esos derechos de voto conforme a lo convenido.

Quienes, junto con el demandante, fueron parte este pacto parasocial omnilateral y constituyen el único sustrato personal de las sociedades, podían confiar legítimamente en que la conducta del demandante se ajustara a la reglamentación establecida en el pacto parasocial.

Dice en el DF UNDÉCIMO 2º que:

 Aunque la jurisprudencia de esta Sala, como se ha visto al resolver el motivo anterior, haya afirmado que los pactos parasociales no pueden servir como fundamento exclusivo de una impugnación de los acuerdos sociales adoptados en contradicción con tales pactos, cuando la situación es la inversa, esto es, cuando el acuerdo social ha dado cumplimiento al pacto parasocial, la intervención del socio en dicho pacto puede servir, junto con los demás datos concurrentes, como criterio para enjuiciar si la actuación del socio que impugna el acuerdo social respeta las exigencias de la buena fe.”

Por lo tanto,

  • Los acuerdos parasociales no sirven como fundamento exclusivo para impugnación de acuerdos sociales que los contradigan.
  • Cuando el acuerdo social da cumplimiento al pacto, si hay más circunstancias concurrentes, puede servir para considerar que el socio que impugna no tiene buena fe.