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Acción individual de responsabilidad de administradores

Después de una temporada sin publicar nada en el blog, tenemos por delante muchos corta y pega que leer.

El primero, pero no por ello más importante, es la STS de 3-3-2016, Resolución 131/2016, cendoj 28079110012016100123 , STS 959/2016 sobre la acción individual de responsabilidad.

Los hechos son que A compra a B dos viviendas con fecha de entrega determinada y realiza un pago a cuenta. B no cumple con la entrega y A demanda. Gana A la demanda.

B tuvo tres administradores durante el plazo temporal de la compra y demanda.

A demanda acumuladamente por acciones de acción individual de responsabilidad contra los tres administradores por no tener los avales previstos en la Ley 57/1968 y acción de responsabilidad por deudas al no haber disuelto la responsabilidad pese a concurrir causa legal.

6.- El juzgado de lo mercantil dictó sentencia en la que estimó la acción individual y desestimó la de responsabilidad por deudas; y condenó a los tres administradores codemandados a abonar a la actora 90.149,64€.

Recurren los administradores y la AP desestima la demanda, según dicen los Antecedentes de la STS:

“(i) Desestimó los motivos de oposición referidos a falta de legitimación pasiva y prescripción de la acción; (ii) La prestación por parte de la sociedad vendedora de las viviendas de las garantías y avales establecidos en el art. 1 de la Ley 57/1968, de 27 de julio , no cabe imputarla propiamente a los administradores sino a la sociedad, ya que era ésta la obligada a ingresar la cantidades anticipadas en una cuenta garantizada o a otorgar los avales, es decir, era la sociedad la única obligada. Es decir, el daño no derivaría directamente de un acto u omisión propia de los demandados sino de la sociedad.”

La sala entiende que la cuestión sujeta a discusión es “resolver si el incumplimiento por la sociedad demandada promotora de la obligación de garantizar al comprador las cantidades entregadas anticipadamente en caso de resolución del contrato de compraventa, exigida legalmente por la Ley 57/1968 y por la Disposición Adicional Primera de la Ley 23/1999 , constituye un incumplimiento que puede ser, además, imputable a los administradores para exigirles responsabilidad a título individual (ex art. 69 LRSL , arts. 133 y 135 LSA , actualmente arts. 236, 237 y 241 LSC), y si tal responsabilidad es solidaria con la sociedad» .

El TS condena a los administradores. Os lo adelante por si no queréis continuar la lectura. Los condena previo análisis de una serie de cuestiones:

  1. “la acción individual de responsabilidad, como modalidad de responsabilidad por ilícito orgánico , entendida como la contraída por los administradores en el desempeño de sus funciones del cargo, constituye un supuesto especial de responsabilidad extracontractual integrada en un marco societario, que cuenta con una regulación propia que la especializa respecto de la genérica prevista en el art. 1902 CC ( sentencias de esta Sala de 4 de marzo y 7 de mayo de 2004 y 6 de abril de 2006 , entre otras)”
  2. los administradores tienen la obligación de cumplir y respetar las normas legales que afectan a la actividad social o sectorial. “El cumplimiento de este deber objetivo de cuidado, que consiste en no dañar a los demás, exige emplear la diligencia de un ordenado empresario y cumplir los deberes impuestos por las leyes (art. 225.1 LSC) en relación con los terceros directamente afectados por su actuación. La infracción de este deber supone un incumplimiento de una obligación de la sociedad, que es imputable a los administradores, por negligencia, en el ejercicio de sus funciones en el cargo, en su actuación como órgano social.”
  3. El art. 241 LCS permite una acción individual contra los administradores, cuando en el ejercicio de sus funciones incumplen normas específicas que se imponen a su actividad social y tienden a proteger al más débil aunque del daño causado a terceros responde la sociedad, sin perjuicio de que ésta pueda repetir

Y, en el FD 2º, 5.- Esquematiza los requisitos de la acción individual de responsabilidad:

de acuerdo con la doctrina sentada por esta Sala en la sentencia antes indicada y las que en ella se citan ( SSTS 396/2013, de 20 de junio ; 15 de octubre de 2013 ; 395/2012, de 18 de junio ; 312/2010, de 1 de junio ; y 667/2009, de 23 de octubre , entre otras); que son:

  • incumplimiento de una norma, en concreto, la Ley 57/1968, debido al comportamiento omisivo de los administradores;
  • imputabilidad de tal conducta omisiva a los administradores, como órgano social;
  • que la conducta antijurídica, culposa o negligente, sea susceptible de producir un daño;
  • el daño que se infiere debe ser directo al tercero que contrata, en este caso, al acreedor, sin necesidad de lesionar los intereses de la sociedad; y
  • relación de causalidad entre la conducta contraria a la ley y el daño directo ocasionado al tercero.”

En el caso de la sentencia, “el incumplimiento de la obligación de garantizar la devolución de las cantidades ha producido un daño a la compradora, que, al optar, de acuerdo con el art. 3 de la Ley 57/1968 , entre la prórroga del contrato o su resolución con devolución de las cantidades anticipadas, no puede obtener la satisfacción de ésta última pretensión, al no hallarse garantizadas las sumas entregadas. El incumplimiento de una norma legal sectorial, de ius cogens, cuyo cumplimiento se impone como deber de diligencia del administrador, se conecta con el ámbito de sus funciones (arts. 225, 226, 236 y 241 LSC), por lo que le es directamente imputable”

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11 abril, 2016 · 9:00

Pensión de alimentos. Mínimo vital de un hijo mayor de edad.

Pensión de alimentos. Mínimo vital de un hijo mayor de edad.

El lector habitual de este blog, con buena memoria, recordará que temas similares que no idénticos de razonamiento ya fueron tratados en este blog.

Principio de proporcionalidad en la pensión de alimentos

DERECHO DE ALIMENTOS. ¿HASTA CUÁNDO TENGO QUE PAGAR A MI HIJO?

Hoy traemos parte de la cuadratura del círculo en la STS 4925/2015, Id Cendoj: 28079110012015100646, de 2-12-2015, por Seijas Quintana.

La sentencia aborda el mínimo vital que, esencialmente, es el importe mínimo de subsistencia que otorgan al menor en concepto de alimentos. El mínimo vital es establecido según las Audiencias Provinciales pero que el TS ya resolvió en el sentido que podría ser proporcional (post de principio de proporcionalidad en la pensión de alimentos)

El objeto de litigio lo delimita el DF Segundo: el recurso “cuestiona la existencia y alcance del mínimo vital de la pensión de alimentos al hijo mayor de edad con independencia de la situación económica del progenitor no conviviente y solicita la extinción o suspensión de la obligación de pago que no puede abonar” Estima el recurso.

La motivación:

La sentencias de esta Sala de 12 de febrero de 2015 señaló lo siguiente: “De inicio se ha de partir de la obligación legal que pesa sobre los progenitores, que está basada en un principio de solidaridad familiar y que tiene un fundamento constitucional en el artículo 39.1 y 3 CE , y que es de la de mayor contenido ético del ordenamiento jurídico ( SSTS 5 de octubre de 1993 y 8 de noviembre de 2013 ). De ahí, que se predique un tratamiento jurídico diferente según sean los hijos menores de edad, o no, pues al ser menores más que una obligación propiamente alimenticia lo que existen son deberes insoslayables inherentes a la filiación, que resultan incondicionales de inicio con independencia de la mayor o menor dificultad que se tenga para darle cumplimiento o del grado de reprochabilidad en su falta de atención”.

Por tanto, añade, “ante una situación de dificultad económica habrá de examinarse el caso concreto y revisar la Sala si se ha conculcado el juicio de proporcionalidad del artículo 146 del CC ( STS 16 de diciembre de 2014 )… lo normal será fijar siempre en supuestos de esta naturaleza un mínimo que contribuya a cubrir los gastos repercutibles más imprescindibles para la atención y cuidado del menor, y admitir sólo con carácter muy excepcional, con criterio restrictivo y temporal, la suspensión de la obligación, pues ante la más mínima presunción de ingresos, cualquiera que sea su origen y circunstancias, se habría de acudir a la solución que se predica como normal, aún a costa de una gran sacrificio del progenitor alimentante… El interés superior del menor se sustenta, entre otras cosas, en el derecho a ser alimentado y en la obligación de los titulares de la patria potestad de hacerlo “en todo caso”, conforme a las circunstancias económicas y necesidades de los hijos en cada momento, como dice el artículo 93 del Código Civil , y en proporción al caudal o medios de quien los da y a las necesidades de quien los recibe, de conformidad con el artículo 146 CC “.

No se niega, por tanto, que por imperativo constitucional, los padres tienen la obligación de prestar asistencia de todo orden a los hijos habidos dentro o fuera del matrimonio durante su minoría de edad y en los demás casos en que legalmente proceda, como dice el artículo 39 CC , y que conforme a tal mandato existe un deber de diligencia de los padres en orden a satisfacer las necesidades de sus hijos: en todo caso, tratándose de menores ( artículo 93 CC ), como consecuencia directa de la patria potestad, sin que ello signifique que en los casos en que realmente el obligado a prestarlos carezca de medios para, una vez atendidas sus necesidades más perentorias, cumplir su deber paterno, no pueda ser relevado, por causa de imposibilidad, del cumplimiento de esta obligación ( STS 5 de octubre 1993 ). Y, además, en los supuestos previstos en los artículos 142 y siguientes del CC , siendo los hijos mayores de edad, aunque su concreción pueda hacerse en el juicio matrimonial, siempre que se den los puestos previstos en el párrafo segundo del artículo 93, vivir en casa y carecer de recursos. En el primer caso – menores- los alimentos se prestan conforme “a las circunstancias económicas y necesidades económicas de los hijos en casa momento“. En el segundo – mayores- los alimentos son proporcionales “al caudal de quien los da y a las necesidades de quien los recibe” – artículo 146 CC – y se reducen a los alimentos que sean indispensables para el sustento, habitación, vestido y asistencia médica, conforme al artículo 142 CC

Nos quedamos con lo siguiente:

  • Hijos menores de edad: los alimentos se prestan conforme a las circunstancias económicas y necesidades económicas de los hijos en casa momento.
  • Hijos mayores de edad: – los alimentos son proporcionales al caudal de quien los da y a las necesidades de quien los recibe – artículo 146 CC – y se reducen a los alimentos que sean indispensables para el sustento, habitación, vestido y asistencia médica, conforme al artículo 142 CC

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15 diciembre, 2015 · 10:00

¿NOS HEMOS CARGADO LA IGUALDAD ENTRE PARTES PROCESALES EN LA LEC? OPOSICIÓN A LA EJECUCIÓN HIPOTECARIA

Este post pretende informar de una situación sin entrar a analizar otra cuestión que la estrictamente de igualdad de armas en un proceso civil. Se que es un tema que ya ha sido analizado por otros compañeros antes como Don Alfredo Herranz y como doña Veronica del Carpio.

El art 695.4 LEC ANTES de la reforma de  Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social

  1.  Contra el auto que ordene el sobreseimiento de la ejecución podrá interponerse recurso de apelación. Fuera de este caso, los autos que decidan la oposición a que se refiere este artículo no serán susceptibles de recurso alguno.

 

El art 695.4 LEC DESPUÉS de la reforma  Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social

  1.  Contra el auto que ordene el sobreseimiento de la ejecución o la inaplicación de una cláusula abusiva podrá interponerse recurso de apelación.

Fuera de estos casos, los autos que decidan la oposición a que se refiere este artículo no serán susceptibles de recurso alguno y sus efectos se circunscribirán exclusivamente al proceso de ejecución en que se dicten.

Pues bien, la modificación del articulo de una norma, la Ley 1/2013 para “proteger a los deudores hipotecarios” altera la igualdad de armas procesales de conformidad con el razonamiento realizado por el Juzgado de Primera Instancia n.º 7 de Avilés a través del planteamiento de una CUESTIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD.

Dicho Juzgado de Instancia fundamente aborda, ex art 35 LO 2/1979 del TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, la vulneración de los arts 14 y 24 de la CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA.

“Artículo 35

1. Cuando un Juez o Tribunal, de oficio o a instancia de parte, considere que una norma con rango de Ley aplicable al caso y de cuya validez dependa el fallo pueda ser contraria a la Constitución, planteará la cuestión al Tribunal Constitucional con sujeción a lo dispuesto en esta Ley.

  1.  El órgano judicial sólo podrá plantear la cuestión una vez concluso el procedimiento y dentro del plazo para dictar sentencia, o la resolución jurisdiccional que procediese, y deberá concretar la ley o norma con fuerza de ley cuya constitucionalidad se cuestiona, el precepto constitucional que se supone infringido y especificar o justificar en qué medida la decisión del proceso depende de la validez de la norma en cuestión. Antes de adoptar mediante auto su decisión definitiva, el órgano judicial oirá a las partes y al Ministerio Fiscal para que en el plazo común e improrrogable de 10 días puedan alegar lo que deseen sobre la pertinencia de plantear la cuestión de inconstitucionalidad, o sobre el fondo de ésta; seguidamente y sin más trámite, el juez resolverá en el plazo de tres días. Dicho auto no será susceptible de recurso de ninguna clase. No obstante, la cuestión de inconstitucionalidad podrá ser intentada de nuevo en las sucesivas instancias o grados en tanto no se llegue a sentencia firme.
  2.  El planteamiento de la cuestión de constitucionalidad originará la suspensión provisional de las actuaciones en el proceso judicial hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre su admisión. Producida ésta el proceso judicial permanecerá suspendido hasta que el Tribunal Constitucional resuelva definitivamente sobre la cuestión.”

Particulares a tener en cuenta en relación al art 695.4 LEC

  1. Puede ser a instancia de parte.
  2. Tiene que ser planteada antes de dictar una vez concluso el procedimiento y dentro del plazo para dictar el Auto.
  3.  Si se plantea suspenderá provisionalmente la actuación judicial.

Pues bien, como hemos expuesto, el Juzgado de Instancia n.º 7 dicta Auto que fundamenta y ACUERDA:

“Que se declare la inconstitucionalidad del art 695.4 párrafo segundo en relación con el art 695.1, 4º de la lec en la redacción dada por la Ley 1/2013 de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social en su capítulo III, artículo 7, punto 14, al privar al ejecutado de la posibilidad de recurrir la resolución que resuelva un incidente de oposición ante una ejecución dineraria garantizada con hipoteca por alegación de cláusulas abusivas, en aquellos casos en los que se desestime el motivo de oposición, siendo firme el fallo y no teniendo mas posibilidad legal de oponerse a la continuación de la ejecución, a diferencia de la posibilidad de recurso que siempre tiene el ejecutante para el caso que sí se estime el motivo de oposición y evitar la firmeza del fallo, por lo que se ha vulnerado los art 14 y 24 de la Constitución, al suponer un tratamiento discriminatorio y desigualitario entre las partes ante un mismo acto procesal en un mismo procedimiento”

Por lo tanto, no está de más pensar, como opción cuando nos toque en suerte una oposición a una ejecución hipotecaria, plantear una cuestión de inconstitucionalidad, así como quién no quiere la cosa, vamos.

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