Minientradas

Empieza el curso del corta y pega con un bombazo en exclusiva que podréis haber leído previamente en todos los medios especializados y en algún otro que no tiene ni idea como as, marca o el blog de Cristóbal Soria.

El Pleno del TS ha hablado, STS 2761/2019 ECLI ES:TS:2019:2761, de 11-9-2019lo que va a ser otra revolución antes del tema IRPH:

Deben interpretarse conjuntamente la STJUE de 26 de marzo de 2019 y el ATJUE de 3 de julio de 2019 en el asunto C-486/16 , con la STJUE de 14 de marzo de 2013, caso C- 415/11 ( Aziz) , y con nuestra jurisprudencia, de tal manera que, siempre que se cumplan las condiciones mínimas establecidas en el art. 693.2 LEC (en la redacción dada por la Ley 1/2013), los tribunales deberán valorar, en el caso concreto, si el ejercicio de la facultad de vencimiento anticipado por parte del acreedor está justificado, en función de la esencialidad de la obligación incumplida, la gravedad del incumplimiento en relación con la cuantía y duración del contrato de préstamo y la posibilidad real del consumidor de evitar esta consecuencia.

Se trata de una interpretación casuística en la que habrá que ver cuántas mensualidades se han dejado de pagar en relación con la vida del contrato y las posibilidades de reacción del consumidor.

Y dentro de dicha interpretación, puede ser un elemento orientativo de primer orden comprobar si se cumplen o no los requisitos del art. 24 de la Ley 5/2019, de 15 de marzo , reguladora de los contratos de crédito inmobiliario (LCCI), puesto que la STJUE de 20 de septiembre de 2018, asunto C-51/2017( OTP Bank Nyrt ) permite que quepa la sustitución de una cláusula abusiva viciada de nulidad por una disposición imperativa de Derecho nacional aprobada con posterioridad (apartados 52 y 53 y conclusión segunda).

Así lo declara también el apartado 62 de la STJUE de 26 de marzo de 2019, aunque con referencia a la normativa anterior:

“62. Pues bien ,tal deterioro de la posición procesal de los consumidores afectados, en caso de recurrirse al procedimiento de ejecución ordinaria en lugar de seguir el cauce del procedimiento especial de ejecución hipotecaria, es pertinente a efectos de apreciar las consecuencias de la anulación de los contratos en cuestión y, según lo declarado en el apartado 59 de la presente sentencia, podría justificar por consiguiente, siempre que exponga a dichos consumidores a consecuencias especialmente perjudiciales, que los órganos jurisdiccionales remitentes sustituyeran las cláusulas abusivas por la versión del citado artículo 693, apartado 2, de la LEC posterior a la celebración de los contratos controvertidos en los litigios principales. No obstante, dado que las características de estos procedimientos de ejecución se enmarcan exclusivamente en la esfera del Derecho nacional, corresponde en exclusiva a los órganos jurisdiccionales remitentes llevar a cabo las comprobaciones y las comparaciones necesarias a tal efecto”.

Además, como se desprende de los apartados 48 y 49 del ATJUE de 3 de julio de 2019 (asunto C-486/16 ), el principio de efectividad del Derecho de la Unión no queda menoscabado porque, conforme al principio de autonomía procesal de los Estados miembros, una demanda de ejecución hipotecaria pueda sustentarse en la nueva redacción de una norma legal de carácter imperativo.

11.- Conforme a todo lo expuesto, procede aplicar las siguientes pautas u orientaciones jurisprudenciales a los procedimientos de ejecución hipotecaria en curso, en los que no se haya producido todavía la entrega de la posesión al adquirente:

1. Los procesos en que, con anterioridada la entrada en vigor de la Ley 1/2013, se dio por vencido el préstamo por aplicación de una cláusula contractual reputada nula, deberían ser sobreseídos sin más trámite.
2. Los procesos en que, con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 1/2013, se dio por vencido el préstamo por aplicación de una cláusula contractual reputada nula, y el incumplimiento del deudor no reúna los requisitos de gravedad y proporcionalidad antes expuestos, deberían ser igualmente sobreseídos.
3. Los procesos referidos en el apartado anterior, en que el incumplimiento del deudor revista la gravedad prevista en la LCCI, podrán continuar su tramitación.

En este blog ya dijimos en un post de 15-9-2015,

La sentencia estima nuestras pretensiones en una de las alegaciones con las que menos estoy de acuerdo. No creo que la cláusula de vencimiento anticipado no pueda integrarse. No es lógico que si un ejecutado deba un % de incumplimiento del total del contrato suficientemente relevante no quepa integrarse a través de un Auto o una Sentencia.

A efectos ilustrativos en todas mis oposiciones de ejecución hipotecaria (incluso antes de entrar en vigor la LCCI) razono -y solo una gran jueza de primera instancia de SC de Tenerife me ha dado la razón-:

En el presente caso, ha sido el impago de cuatro cuotas es lo que ha dado lugar al inicio de la presente ejecución. La suma impagada representa un porcentaje insuficiente para el ejercicio de la facultad de vencer anticipadamente el contrato; por tal motivo, debe declararse la nulidad de la estipulación y, en consecuencia, el sobreseimiento de la ejecución hipotecaria instada al amparo de una cláusula nula en virtud de las condiciones generales de contratación

Mi representada había pagado _____ cuotas de las _______previstas para todo el préstamo.

Mi representada solo incumplió en ______ cuotas hasta que vencieron anticipadamente el préstamo. Es decir:

• mi mandante había cumplido el 85 % del contrato.
• Mi mandante solamente incumplió el 3,33 % del contrato. 
Sin embargo, a pesar de haber pagado ______ € del préstamo por importe total de ________ €, e incumplido el 3,33% del contrato, el banco utiliza una cláusula nula como la del vencimiento anticipado contraria al art 693.2 LEC que establece que «podrá reclamarse la totalidad de lo adeudado por capital y por intereses si se hubiese convenido el vencimiento total en caso de falta de pago de, al menos, tres plazos mensuales sin cumplir el deudor su obligación de pago o un número de cuotas tal que suponga que el deudor ha incumplido su obligación por un plazo, al menos, equivalente a tres meses, y este convenio constase en la escritura de constitución y en el asiento respectivo».

En este sentido, además de la jurisprudencia pacifica, la ley 5/2019 de 15 de marzo que regula lo que ya venia siendo la interpretación de los tribunales, establece en su artículo 24:

• Artículo 24 Vencimiento anticipado
• En los contratos de préstamo cuyo prestatario, fiador o garante sea una persona física y que estén garantizados mediante hipoteca o por otra garantía real sobre bienes inmuebles de uso residencial o cuya finalidad sea adquirir o conservar derechos de propiedad sobre terrenos o inmuebles construidos o por construir para uso residencial el prestatario perderá el derecho al plazo y se producirá el vencimiento anticipado del contrato si concurren conjuntamente los siguientes requisitos:
• a) Que el prestatario se encuentre en mora en el pago de una parte del capital del préstamo o de los intereses.
• b) Que la cuantía de las cuotas vencidas y no satisfechas equivalgan al menos:
• Al tres por ciento de la cuantía del capital concedido, si la mora se produjera dentro de la primera mitad de la duración del préstamo. Se considerará cumplido este requisito cuando las cuotas vencidas y no satisfechas equivalgan al impago de doce plazos mensuales o un número de cuotas tal que suponga que el deudor ha incumplido su obligación por un plazo al menos equivalente a doce meses.
• Al siete por ciento de la cuantía del capital concedido, si la mora se produjera dentro de la segunda mitad de la duración del préstamo. Se considerará cumplido este requisito cuando las cuotas vencidas y no satisfechas equivalgan al impago de quince plazos mensuales o un número de cuotas tal que suponga que el deudor ha incumplido su obligación por un plazo al menos equivalente a quince meses.
• Que el prestamista haya requerido el pago al prestatario concediéndole un plazo de al menos un mes para su cumplimiento y advirtiéndole de que, de no ser atendido, reclamará el reembolso total adeudado del préstamo.
• Las reglas contenidas en este artículo no admitirán pacto en contrario.

En el presente caso, el incumplimiento en el momento del vencimiento anticipado suponen el 3,33% de contrato, las cuotas vencidas y no satisfechas son cuatro que corresponden a un importe de ________ € muy lejos del 7% del capital concedido que asciende a __________ € y cuyo 7% es _______ €.

Es la nueva moda, el nuevo nicho de mercado.

Reclamar la nulidad de los contratos de  tarjetas de crédito de precio aplazado -“revolving”- basándose en la nulidad del contrato, ex Ley Azcárate.

Para la aplicación de la Ley Azcárate, el actor debe acreditar:

• su situación angustiosa, inexperiencia o limitado de sus facultades mentales.
• Que se estipule un interés notablemente superior al del dinero y manifiestamente desproporcionado.

Sobre el interés normal del dinero lo hemos tratado AQUÍ y defiendo que los bancos tienen razón jurídica.

¿Sólo eso? NO.

Los derechos deben ejercitarse conforme a la buena fe. ¿La fe es aquello que nos decían del diligente padre de familia?

¿Sólo eso? NO

La realidad de las cosas es que particulares con más de quince/viente años de uso de revolving se vienen a dar cuenta ahora que celebraron un contrato donde la entidad bancaria no les entregó el contrato y eso les genera indefensión

En otros casos, son particulares que formalizaron el contrato con la vigencia del TRLDCU y no antes.

¿Sólo eso? NO

El particular se olvida que, conforme al TRLDCU el Artículo 68 Contenido y régimen del derecho de desistimiento

1. El derecho de desistimiento de un contrato es la facultad del consumidor y usuario de dejar sin efecto el contrato celebrado, notificándoselo así a la otra parte contratante en el plazo establecido para el ejercicio de ese derecho, sin necesidad de justificar su decisión y sin penalización de ninguna clase.

Serán nulas de pleno de derecho las cláusulas que impongan al consumidor y usuario una penalización por el ejercicio de su derecho de desistimiento.

2. El consumidor tendrá derecho a desistir del contrato en los supuestos previstos legal o reglamentariamente y cuando así se le reconozca en la oferta, promoción publicidad o en el propio contrato.

3. El derecho de desistimiento atribuido legalmente al consumidor y usuario se regirá en primer término por las disposiciones legales que lo establezcan en cada caso y en su defecto por lo dispuesto en este Título.

¿Sólo eso? NO

Las demandas que he podido leer piden la nulidad por falta de control de transparencia porque no entendían lo que habían firmado.

Conclusiones.

1. Este tipo de contratos, cuando afectan a un consumidor, tienen una legislación especial aplicable en relación al TRLDCU en paralelo a la Ley Hipotecaria que es donde parecen inspirarse.
2. En contra de la práctica sobre los contratos de préstamo con garantía hipotecaria, este tipo de contratos, existe la posibilidad de derechos de desistimiento.
3. Este derecho de desistimiento en relación con la buena fe opera, en palabras de JOAQUIN JOSÉ NOVAL LAMAS, “como un seguro del consumidor frente al riesgo de averiguar tras la entrega que el producto o servicio no vale realmente el precio que se ha pagado”. Es decir, un elemento de evitar el “engaño” o “la compra en caliente”.
4. En mi opinión, es de compleja justificación, que un diligente padre de familia que obre con buena fe adquiera un servicio financiero, llegue a casa, lea con más tranquilidad el contrato y, si no lo entiende porque no es “transparente” no ejercite este derecho de desistimiento.

En palabras de mi padre y de mi abuela: nadie da duros a cuatro pesetas y si no entiendes algo no lo firmes.

PD.- Recomiendo el libro de NOVAL LAMAS, AQUí.

Hoy no hago corta y pega. OHHHHHH, gritan de dolor las masas enfurecidas.

Hoy planteo interactividad del lector y así me ahorro, en caso de que me den palos, la búsqueda de jurisprudencia.

Hoy voy a una vista donde reclaman a un cliente, persona jurídica,unas supuestas rentas –que no debe- y me lo plantearon como un verbal por reclamación de cantidad por especialidad de rentas debidas.

En la oposición planteo que es una cuestión compleja porque el actor da por supuesto que el importe de la renta es el que él dice y yo digo que no.

Nos dan traslado de DO:

En cumplimiento de lo dispuesto en el Art 438 de la LEC y solicitada por ambas partes en sus escritos, acuerdo señalar la celebración del juicio, para el día 2 de abril de 2019, a las 12:00h, con las advertencias y prevencioneslegales contenidas en los artículos 440 y siguientesde la L.E.C., estos son:

 1.- Se informa a las partes de la posibilidad de recurrir a una negociación para intentar solucionar el conflicto, incluido el recurso a una mediación, en cuyo caso éstas indicarán en la vista su decisión al respecto y las razones de la misma.

 2.- No se suspenderá por inasistencia del demandado y se advertirá a los litigantes que han de concurrir con los medios de prueba de que intenten valerse, con la prevención de que si no asistieren y se propusiere y admitiere su declaración,podrán considerarse admitidos los hechosdel interrogatorio conforme a lo dispuesto en el artículo 304. Asimismo, se previeneal demandante y demandado de lo dispuesto en el artículo 442, para el caso de que no comparecieren a la vista.

 3.- En el plazo de los cinco díassiguientes a la notificación de la presente resolución, deben indicar las personas que, por no poderlas presentar ellas mismas, han de ser citadas por el secretario judicial a la vistapara que declaren en calidad de parte, testigos o peritos. A tal fin, facilitarán todos los datos y circunstancias precisos para llevar a cabo la citación. En el mismo plazo de cinco días podrán las partes pedir respuestas escritas a cargo de personas jurídicas o entidades públicas, por los trámites establecidos en el artículo 381.

¿Qué hago? Pedir vista y solicitar que acuda la actora porque voy a solicitar su declaración.

Ahora viene el turrón:

El actor pide interrogatorio de parte y yo digo que no está, que no se indicó que su declaración no se pidió.

He aquí que SSª entiende que el representante de la persona jurídica debía estar presente y tras un arduo debate jurídico, la brillante pero no convincente posición de SSª se impone con una desestimación de un recurso de reposición y un resignado protesto a efecto de apelación.

NOTA: yo estoy apoderado por todas las personas jurídicas que llevo como representante en el poder a pleitos para evitar estas gracietas.

 

¿Qué dicen esos artículos?

Artículo 304. Incomparecencia y admisión tácita de los hechos.

Si la parte citada para el interrogatorio no compareciere al juicio, el tribunal podrá considerar reconocidos los hechos en que dicha parte hubiese intervenidopersonalmentey cuya fijación como ciertos le sea enteramente perjudicial, además de imponerle la multa a que se refiere el apartado cuarto del artículo 292 de la presente Ley.

 En la citación se apercibirá al interesado que, en caso de incomparecencia injustificada, se producirá el efecto señalado en el párrafo anterior.

Artículo 301. Concepto y sujetos del interrogatorio de las partes.

1. Cada parte podrá solicitar del tribunal el interrogatorio de las demás sobre hechos y circunstancias de los que tengan noticia y que guarden relación con el objeto del juicio. Un colitigante podrá solicitar el interrogatorio de otro colitigante siempre y cuando exista en el proceso oposición o conflicto de intereses entre ambos.
2. Cuando la parte legitimada, actuante en el juicio, no sea el sujeto de la relación jurídica controvertida o el titular del derecho en cuya virtud se acciona, se podrá solicitar el interrogatorio de dicho sujeto o titular.

 Artículo 309. Interrogatorio de persona jurídica o de entidad sin personalidad jurídica.

Cuando la parte declarante sea una persona jurídica o ente sin personalidad, y su representante en juicio no hubiera intervenido en los hechos controvertidosen el proceso, habrá de alegar tal circunstancia en la audiencia previa al juicio, y deberá facilitar la identidad de la persona que intervinoen nombre de la persona jurídica o entidad interrogada, para que sea citada al juicio.

Artículo 440. Citación para la vista.

 En la citación se hará constar que la vista no se suspenderá por inasistenciadel demandado y se advertirá a los litigantes que han de concurrir con los medios de prueba de que intenten valerse, con la prevención de que si no asistieren y se propusiere y admitiere su declaración, podrán considerarse admitidos los hechos del interrogatorio conforme a lo dispuesto en el artículo 304.Asimismo, se prevendrá al demandante y demandado de lo dispuesto en el artículo 442, para el caso de que no comparecieren a la vista.

La citación indicará también a las partes que, en el plazo de los cinco días siguientes a la recepción de la citación, deben indicar las personas que, por no poderlas presentar ellas mismas, han de ser citadas por el Letrado de la Administración de Justicia a la vista para que declaren en calidad de parte, testigos o peritos.A tal fin, facilitarán todos los datos y circunstancias precisos para llevar a cabo la citación. En el mismo plazo de cinco días podrán las partes pedir respuestas escritas a cargo de personas jurídicaso entidades públicas, por los trámites establecidos en el artículo 381.

Artículo 442. Inasistencia de las partes a la vista.

1. Si el demandante no asistiese a la vista, y el demandado no alegare interés legítimo en la continuación del proceso para que se dicte sentencia sobre el fondo, se tendrá en el acto por desistido a aquél de la demanda, se le impondrán las costas causadas y se le condenará a indemnizar al demandado comparecido, si éste lo solicitare y acreditare los daños y perjuicios sufridos.

 Artículo 381. Respuestas escritas a cargo de personas jurídicas y entidades públicas.

1. Cuando, sobre hechos relevantes para el proceso, sea pertinente que informen personas jurídicasy entidades públicas en cuanto tales, por referirse esos hechos a su actividad, sin que quepa o sea necesario individualizar en personas físicas determinadas el conocimiento de lo que para el proceso interese, la parte a quien convenga esta prueba podrá proponer que la persona jurídica o entidad, a requerimiento del tribunal, responda por escrito sobre los hechos en los diez días anteriores al juicio o a la vista.
2. En la proposición de prueba a que se refiere el apartado anterior se expresarán con precisión los extremos sobre los que ha de versar la declaración o informe escrito. Las demás partes podrán alegar lo que consideren conveniente y, en concreto, si desean que se adicionen otros extremos a la petición de declaración escrita o se rectifiquen o complementen los que hubiere expresado el proponente de la prueba.

 

Pues bien, la exposición de motivos de la Ley 42/2015 de 5 de octubre que reforma la LEC dice:

Entre las modificaciones operadas debe destacarse la introducción de la contestación escrita, que deberá presentarse en el plazo de diez días, la mitad del establecido para el procedimiento ordinario, generalizando con ello la previsión que ya se recogía para determinados procedimientos especiales, lo que ha comportado la adecuación de todos los preceptos relacionados con el trámite del juicio verbal y de los procesos cuya regulación se remite al mismo, incluida la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje. Igual relevancia debe atribuirse a la regulación, en aquellos supuestos en que resulte procedente, del trámite de conclusiones en el juicio verbal, así como del régimen de recursos de las resoluciones sobre prueba. Del mismo modo, siempre que el tribunal lo considere pertinente, se otorga a las partes la posibilidad de renunciar a la celebración del trámite de vista y se exige que se anuncie con antelación la proposición de la prueba del interrogatorio de la parte.

 

Dirá el amable lector: Luis tiene razón hay que avisar la proposición de prueba del interrogatorio de parte con antelación… creo que sí. Por los siguientes motivos:

1. Lo dice expresamente la exposición de motivos. Es decir, si hay una duda de interpretación en la aplicación de la norma y la exposición de motivos te orienta de cómo el legislador quiere que se aplique pues igual está bien hacerle caso.

2. El art 440. 1 dice los efectos de no acudir a la vista es que no se suspenderá y se podrán (potestativo) considerar admitidos los hechos del interrogatorio. No discutimos los efectos de no asistir, sin perjuicio de los matices que expondré.

3. El art 440.1 nos explica como se debe citar a la parte –que menciona expresamente diferenciándola de testigo y perito-. La parte que no pueda presentarla ella misma. ¿Qué entiendo que quiere decir? Hombre, pues yo a mi parte la puedo traer a la vista voluntariamente, deberá ser el contrario quien me la cite expresamente. Pues dice: que facilitar los datos para la citación: el domicilio que consta en la demanda o través de su procurador, puesto que es como si notificase personalmente. Solución práctica. Solicito la vista y quiero que venga la parte contraria para interrogatorio, sin perjuicio de su admisión en el momento de la vista.

4. ¿Por qué llego a esta conclusión de la citación por escrito? Porque lo dice expresamente la exposición de motivos.

BONUS TRACK: MI VISTA.

Yo era persona jurídica, el Dte pidió interrogatorio de representante procesal. No han pedido interrogatorio de representante legal, ni de persona que conociera del asunto, ni respuestas escritas, ni art 381 ni gaitas.  Y aun así me han dicho que no tenía razón en mis alegaciones y me he venido con un disgusto para casa.

El TC y los consumidores bancarios. Relación de AMOR CONSTITUCIONAL

Llega a mis manos la STC 31/2019 de 28 de febrero, para hacer un corta y pega.

En el escrito presentado por la recurrente el 29 de mayo de 2017, obrante en las actuaciones, se solicitaba la nulidad, ex artículo 227.2 LEC, de la cláusula de vencimiento anticipado contenida en la cláusula sexta bis del contrato de préstamo hipotecario y, subsidiariamente, la suspensión de la ejecución en curso. Se ponían de manifiesto “hechos nuevos jurídicamente relevantes” para entender necesaria la prosecución del procedimiento en virtud del artículo 564 LEC. En concreto, se hacía referencia a la STJUE de 26 de enero de 2017, asunto Banco Primus, S.A. y Jesús Gutiérrez García, C-421/14, así como al auto de 8 de febrero de 2017, por el que la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo había planteado cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia preguntando acerca de la citada cláusula.

En el escrito se hace referencia a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, principalmente la derivada de su Sentencia de 26 de enero de 2017 (C-421/14, asunto Banco Primus, S.A. v. Jesús Gutiérrez García), a la que dedica la alegación cuarta, para interesar la declaración de nulidad de la citada cláusula —cláusula sexta bis de la escritura de préstamo hipotecario—, y, subsidiariamente, dado que no ha sido lanzada de la vivienda que ocupa, la suspensión del proceso hasta que por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se resuelva la cuestión prejudicial suscitada por la Sala Primera del Tribunal Supremo por auto de 8 de febrero de 2017. Sobre la petición de suspensión, pone de manifiesto cómo, en la práctica, el planteamiento de la cuestión prejudicial ha supuesto la paralización de los procesos hipotecarios pendientes, y cómo, por acuerdo no jurisdiccional de la Audiencia Provincial de Madrid, se han paralizado todos aquellos en los que, no habiendo sido archivados, exista una vinculación con la cláusula de vencimiento anticipado. Se añade que “al tratarse de una cláusula nula, su impugnación, con arreglo a la doctrina general, no está sujeta a plazo, ni puede aducirse que se pudo invocar antes”, señalando al respecto que la acción de nulidad es imprescriptible, como así lo afirma la jurisprudencia constitucional.

En los FD dice el TC

Doctrina constitucional. Resuelto el óbice procesal, procede entrar en el examen de la cuestión de fondo. Para ello es necesario comenzar remitiéndonos a lo dicho en la STC 232/2015, de 5 de noviembre.

En la citada sentencia de Pleno se afirmó, con los argumentos allí expuestos, a los que nos remitimos, que: (i) a este Tribunal “corresponde […] velar por el respeto del principio de primacía del Derecho de la Unión cuando […] exista una interpretación auténtica efectuada por el propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea” [FJ 5 c)], (ii) el desconocimiento y preterición de una norma de Derecho de la Unión, tal y como ha sido interpretada por el Tribunal de Justicia, “puede suponer una ‘selección irrazonable y arbitraria de una norma aplicable al proceso’, lo cual puede dar lugar a una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (STC 145/2012, de 2 de julio, FFJJ 5 y 6)” [FJ 5 c)], y (iii) prescindir por “propia, autónoma y exclusiva decisión” del órgano judicial, de la interpretación de un precepto de una norma europea impuesta y señalada por el órgano competente para hacerlo con carácter vinculante, es decir el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, vulnera el principio de primacía del Derecho de la Unión Europea [FJ 6 b)].

Expuesto lo anterior, el Pleno resalta, en su fundamento jurídico 6, la “importancia capital” que tienen dos circunstancias del caso que le llevaron a considerar que se había producido una lesión del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) en aquel asunto: (i) la existencia de un pronunciamiento del Tribunal de Justicia previo a la deliberación y fallo del procedimiento en el que se estima incumplida la interpretación auténtica de una norma de Derecho de la Unión efectuada por el citado Tribunal , y (ii) que esa jurisprudencia europea había sido introducida y formaba parte del objeto del debate.

El FD 7 recoge:

Pues bien, a la luz de lo expuesto, el órgano judicial debió admitir el incidente y conocer de la posible abusividad de la cláusula en atención a lo dispuesto en la sentencia Banco Primus, o, de haber considerado que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se mostraba incompleta o no resolvía en su totalidad la cuestión planteada, o tenía dudas sobre su aplicación a la resolución del litigio por ser la norma enjuiciada la disposición transitoria cuarta de la Ley 1/2013 y no el artículo 556.1 LEC, plantear la cuestión prejudicial ante al Tribunal de Justicia, al ser el competente para resolver sobre la aplicabilidad del Derecho de la Unión. Sin embargo, ni admitió el incidente ni tampoco planteó cuestión prejudicial al apreciar que no concurrían los requisitos del artículo 267 TFUE.

Respecto al primer requisito, es decir, a la pendencia del asunto, basta subrayar que la propia STJUE de 26 de enero de 2017 afirmó, en relación con las dudas de admisibilidad presentadas a las cuestiones prejudiciales, que “a la luz de la legislación nacional presentada por el órgano jurisdiccional remitente, el procedimiento de ejecución hipotecaria en cuestión no ha concluido y continúa hasta que el inmueble se ponga en posesión del adquirente, tal como confirmó el Gobierno español en sus observaciones escritas” (apartado 32), añadiendo que “la disposición transitoria cuarta de la Ley 1/2013 establece que dicha disposición es aplicable ‘a todo procedimiento ejecutivo que no haya culminado con la puesta en posesión del inmueble al adquirente’” (apartado 32). Por su parte, en lo que atañe al requisito de la firmeza de la resolución, es decir que esta no sea susceptible de recurso posterior, igualmente hay que afirmar que en el asunto que estamos valorando, la resolución era firme, y prueba de ello es que la providencia impugnada instruía expresamente acerca de que no era susceptible de recurso alguno por ser el incidente de nulidad indebido y extemporáneo (art. 228.1 LEC). El hecho de que, como se advierte en la providencia, existiera pendiente una cuestión prejudicial planteada por la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, mediante auto de 8 de febrero de 2017, no permite llegar a una interpretación distinta, pues ha de tenerse en consideración que dicha cuestión prejudicial se ha planteado por cuestiones relacionadas con la valoración del carácter abusivo de la cláusula de vencimiento anticipado y no sobre la posibilidad de su control tras haberse dictado resolución firme, que era sobre lo que se debía haber decidido tras el planteamiento del incidente de nulidad.

Conclusión. En definitiva, el Juzgado de Primera Instancia núm. 32 de Madrid, al no atenerse a la interpretación de la Directiva 93/13 que había sido realizada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la sentencia de 26 de enero de 2017, no haber entrado a analizar la posible nulidad de la cláusula contractual de vencimiento anticipado objeto del incidente de nulidad, ni haber planteado cuestión prejudicial de haberse encontrado en alguno de los supuestos ya descritos en el fundamento jurídico séptimo de esta sentencia:

• infringió el citado principio de primacía del Derecho de la Unión al prescindir por su propia, autónoma y exclusiva decisión, de la interpretación impuesta y señalada por el órgano competente para hacerlo con carácter vinculante:;
• incurrió, por ello, en una interpretación irrazonable y arbitraria de una norma aplicada al proceso y
• consiguientemente, vulneró, de este modo, el derecho a la tutela judicial efectiva de la recurrente (art. 24.1 CE).

Por ello es procedente el otorgamiento del amparo, con declaración de la nulidad de la resolución que lo ha vulnerado y retroacción de las actuaciones al momento procesal oportuno a fin de que el órgano judicial, con plenitud de jurisdicción, dicte una nueva resolución respetuosa con el derecho fundamental reconocido.