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Penal. Infracción de ley por haber concurrido error en la apreciación de la prueba

Infracción de ley por haber concurrido error en la apreciación de la prueba, ex art 849.2º LECrim.

Todos los abogados alegamos lo mismo. No porque no tengamos ideas diferentes sino porque en muchos momentos no hay nada que decir e intentamos que “suene la flauta.”

Esta situación se repite cuando alegamos infracción de ley por entender que existe un error en la apreciación de la prueba. Para que exista este tipo de infracción deben concurrir los siguientes requisitos:

  • Que haya en los autos una verdadera prueba documental y no de otra clase (testifical, pericial, confesión), es decir que sea un documento propiamente dicho el que acredite el dato de hecho contrario a aquello que ha fijado como probado la Audiencia, y no una prueba de otra clase, por más que esté documentada en la causa.
  • Que este documento acredite la equivocación del Juzgador, esto es, que en los hechos probados de la Sentencia recurrida aparezca como tal un elemento fáctico en contradicción con aquello que el documento, por su propia condición y contenido, es capaz de acreditar;
  • Que, a su vez, ese dato que el documento acredite no se encuentre en contradicción con otros elementos de prueba, porque la Ley no concede preferencia a ninguna prueba determinada sobre otra igualo diferente, sino que cuando existen varias sobre el mismo punto, el Tribunal, que conoció de la causa en la instancia, habiendo presidido la práctica de todas ellas, y habiendo escuchado las alegaciones de las partes, tiene facultades para, sopesando unas y otras, apreciar su resultado con la libertad de criterio que le reconoce el art. 741 de la Lecrim ;
  • Por último, es necesario que el dato de hecho contradictorio así acreditado sea importante, en cuanto que tenga virtualidad para modificar alguno de los pronunciamientos del fallo, pues si afecta a elementos fácticos que carezcan de tal virtualidad, el motivo no puede prosperar, porque, como reiteradamente tiene dicho esta Sala, el recurso se da contra el fallo y no contra los argumentos, de hecho o de derecho, que no tienen aptitud para modificarlo.

Para dar fuerza a vuestros argumentos podréis cita las Sentencias de 23 de marzo de 2012, núm. 209/2012 y 28 de febrero de 2013, núm. 128/2013 y la reciente STS 3520/2015 de 27 de julio de 2015.

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11 septiembre, 2015 · 10:00

ESTAFA PIRAMIDAL A LA ESPAÑOLA. BALDOMERA LARRA WETORET

El día de hoy, 19-6-2014, pasará a la historia por celebrar que tenemos un nuevo Rey, Felipe VI. Esta semana pasará a la historia porque la Selección Española de Fútbol ha llevado un varapalo después de haber sido más grande que la Armada Invencible de otro Rey llamado Felipe.

Por eso, como estamos en una semana histórica ( y me he comprado un libro nuevo: Los procesos célebres seguidos ante el Tribunal Supremo en sus doscientos años de historia” Imprenta Nacional de la Agencia Estatal Boletín General del Estado) voy a compartir una historia que me ha llamado la atención. Es la historia de doña Baldomera Larra Wetoret.

Doña Baldomera era hija de don Mariano José de Larra y debió de ser una persona ingeniosa para la época.

En fin, la buena de doña Baldomera fue una adelantada a su tiempo. Su marido, médico de la Casa Real pero afrancesado, tuvo que emigrar con la llegada de Alfonso XII. En aquél momento, sin dinero, acudió a los préstamos. La buena señora prometió que a quien le prestara una onza se la devolvería duplicada. Pues la señora cumplió. La avaricia rompe el saco y, al parecer, en el Madrid de la época rompieron cerca de 65.000 sacos de impositores.

La noticia fue difundida en la época. La Audiencia la condenó junto con su “contable”, que también había sido impositor, por un delito de Alzamiento de Bienes.

 

El TS los absolvió porque:

a)    Doña Baldomera no tenía capacidad legal para contratar y, por tanto, no podía existir una simulación de contrato ya que su condición de mujer, sin la autorización de su marido, no podía obligarse.

b)   Esta capacidad de obligarse impedía la existencia de acreedores y, por lo tanto, no estaba obligada a pagar.

 

Esta curiosa historia a mi modo de ver tiene interés por varias cuestiones:

1)   La estafa ponzi la inventó una mujer española allá por el año 1876.

2)   Los delitos fiscales no son un invento de nuestro tiempo.

3)   La consideración que hace el TS de la inexistencia de la capacidad para obligarse y, con ello, la existencia del “acreedor” me resulta interesante.

 

En fin, después de tanto tiempo de no actualizar el blog no digo nada nuevo. ¿Cómo está van las pensiones de la seguridad social?¡Qué cosas!

 

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FALSEDAD DOCUMENTAL. Concepto de “documento mercantil”.

Iniciamos el año con algo serio.  Os presento un extracto de una sentencia que considero de interés.

Recurso: Casación no 1394/2011
Ponente: Sr. Martínez Arrieta
Sentencia: no 387/2011 de fecha 27/12/2011

«El núcleo de la disensión con la sentencia es la conceptuación de lo que deba entenderse por documento mercantil, dotado de una especial protección en el ordenamiento jurídico penal. Es tradicional la distinta conceptuación que la doctrina y la jurisprudencia han empleado para definir el documento continuado. Así, mientras en la doctrina ha considerado un concepto restringido de lo que deba entenderse por documento mercantil, para permitir la diferenciación entre el tipo de la falsedad y la estafa, o más concretamente el engaño documentado de la estafa, y guardar cierta relación de proporcionalidad con los otros documentos de especial protección en el tipo de las falsedades, los documentos públicos y los oficiales.

La jurisprudencia por el contrario, ha mantenido un concepto amplio del documento mercantil. Por tales se ha considerado todos aquellos documentos que expresan o recogen una operación de comercio (STS 417/2010, de 7 de mayo) y destinados a surtir efectos en el tráfico jurídico y que se refieran a contratos u obligaciones de naturaleza mercantil. Se trata de documentos que sean expresión de una operación comercial, que plasmen la creación, alteración o extinción de obligaciones de naturaleza mercantil, ya sean para cancelarlas, ya para acreditar derechos u obligaciones de carácter mercantil, y por tales ha de comprenderse no sólo los actos y negocios contenidos en el Código de comercio o en leyes mercantiles, sino también todos aquéllos que recojan una operación de comercio o tengan validez o eficacia para hacer constar derechos u obligaciones de tal carácter o sirvan para demostrarlas (STS 1196/2009 de 23 de noviembre).”

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