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¿Límites a las competencias del MF en las Diligencias de Investigación?

 

Creo que no hay ningún abogado que no haya tenido sus más y sus menos en algún momento de su vida profesional con unas Diligencias de Investigación del MF y la actuación de las FFCCSS cumplimiento instrucciones en las mismas. Personalmente recuerdo unas en donde mi futuro cliente, futuro imputado, se encuentra con la Guardia Civil en su finca haciendo mediciones sin un secretario ni abogado. O otra donde en las Diligencias de Investigación, el mismo cuerpo además de informes con visitas había incluido el interrogatorio en casa de un supuesto testigo para, después, presentar dichas declaraciones como prueba. En fin, batallitas del abuelo.

Hoy traigo el corta pega de la STS 980/2016, rec casación 1498/2016 de 11-1-2017 que confirma la STAP de Barcelona, Sección Sexta, que, a su vez, entiende que:

La prueba (o parte de ella) propuesta por el MF es nula por:

() incumplimiento de las normas que regulan el interrogatorio practicado por el Ministerio Fiscal, al amparo del art. 773.2 de la LECrim . Estima que esa vulneración, consistente en la no lectura de los derechos que asistían al agente de policía local que fue interrogado en dependencias de la Fiscalía de Mataró, asociada a la elaboración de un cuerpo de escritura sin asistencia jurídica, ha generado una indefensión material que debe conducir necesariamente a la expulsión de esa prueba del acervo probatorio ofrecido por el Ministerio Público a la consideración del tribunal sentenciador. Además, las diligencias del Fiscal no son potencialmente idóneas para generar actos de prueba preconstituida o anticipada. Con cita de las Circulares de la Fiscalía General del Estado 4/2013 y 1/1989, concluye la “… declaración de nulidad del cuerpo de escritura confeccionado, por no haberse respetado las normas esenciales del procedimiento y haberse causado efectiva indefensión, arts. 238.3 y 4LOPJ “”.

La sentencia analiza, brevemente, la situación de las diligencias de investigación que puede realizar el MF para concluir en el caso concreto en donde la actuación preliminar del MF fue intensa, extensa y exhaustiva; señalando:

()el expediente tramitado por el Ministerio Fiscal estaba integrado por algo más que un breve trámite encaminado al mínimo acopio documental indispensable para resolver lo procedente. ()

La STS se detiene en el análisis de lo que considera el problema que subyace:

De lo que se trata es de responder al interrogante acerca de si el estándar constitucional de garantías para el investigado penal ha de modularse, admitiendo incluso su relajación, en función del modelo de investigación en el que se desarrolle la práctica de aquellas diligencias. Y ya anticipamos que ni la LECrim, ni la Ley 50/1981, 30 de diciembre, por la que se aprueba el EOMF, ni, en fin, las circulares e instrucciones dictadas para lograr la uniformidad en la actuación de los Fiscales, avalan esa convencional e interesada división entre las garantías del preinvestigado cuando comparece ante el Fiscal y las garantías del investigado cuando es llamado ante la autoridad judicial. La Sala no puede identificarse con el criterio que late en el recurso del Ministerio Público, según el cual, cuando la investigación se dirige por el Fiscal las garantías constitucionales se difuminan y devienen renunciables. Ya encierra una extravagancia legislativa que nuestro sistema admita la posibilidad de que el ciudadano al que se impute un delito sea sometido a una investigación inicial de naturaleza preparatoria ( arts. 5 del EOMF y 773.2 LECrim ) de una segunda etapa, también de naturaleza preparatoria ( arts. 299 y 771.1 LECrim ). Cuando lo preparatorio precede a lo preparatorio , no resulta fácil encontrar justificada esa doble secuencia sobre la que se construye la fase de investigación del hecho imputado. Está claro, sin embargo, que las dudas para explicar nuestra singularidad no pueden resolverse degradando funcionalmente el primer escalón de la actuación del Estado -eso es, no otra cosa, lo que define la prefase de investigación desarrollada por el Fiscal-, de suerte que el ciudadano pueda ser despojado del irrenunciable cuadro de garantías que le asisten cuando es llamado para responder de algún hecho de significación penal y que le es indiciariamente atribuido.

Tampoco podemos coincidir con la línea argumental que inspira el recurso del Fiscal, conforme a la cual, la presencia de Letrado en el interrogatorio al que fue sometido el agente denunciado era perfectamente prescindible al no hallarse éste detenido. No es eso lo que prescribe el apartado 2 del art. 5 del EOMF. En él no sólo se exige la asistencia de Letrado en el acto del interrogatorio, sino que se proclama el derecho de defensa como uno de los principios que han de informar la práctica de esas diligencias: “… todas las diligencias que el Ministerio Fiscal practique o que se lleven a cabo bajo su dirección gozarán de presunción de autenticidad. […] Los principios de contradicción, proporcionalidad y defensa inspirarán la práctica de esas diligencias. […] A tal fin, el Fiscal recibirá declaración al sospechoso, quien habrá de estar asistido de letrado y podrá tomar conocimiento del contenido de las diligencias practicadas”. En la misma línea, el art. 773.2 de la LECrim establece que ” el Ministerio Fiscal podrá hacer comparecer ante sí a cualquier personaen los términos establecidos en la ley para la citación judicial, a fin de recibirle declaración, en la cual se observarán las mismas garantías señaladas en esta Ley para la prestada ante el Juez o Tribunal”. Y las garantías asociadas al derecho de defensa están expresamente anunciadas en el art. 118 de la LECrim , encabezado por una locución cuyo olvido aleja al proceso penal de sus principios informadores: ” toda persona a quien se atribuya un hecho punible podrá ejercitar el derecho de defensa”. No existen, pues, otras limitaciones que las expresamente fijadas en ese mismo precepto, cuya literalidad no prescinde del Fiscal cuando menciona a los sujetos públicos destinatarios de ese recordatorio: ” el derecho de defensa comprende la asistencia letrada de un abogado de libre designación o, en su defecto, de un abogado de oficio, con el que podrá comunicarse y entrevistarse reservadamente, incluso antes de que se le reciba declaración por la policía, el fiscal o la autoridad judicial (…) y que estaré presente en todas sus declaraciones así como en las diligencias de reconocimiento, careos y reconstrucción de hechos” ( art. 118.2, 2o LECrim ) .

Así lo ha entendido también la Fiscalía General del Estado. En la Circular núm. 1/1989 -de la que se hace eco la sentencia de instancia-, cuando se ocupa de ” La fase preprocesal del proceso, en especial la investigación por el Fiscal” , razona en los siguientes términos: “… en cuanto a la forma de los actos, deberán observarse en ellos las garantías legales, en especial en el interrogatorio del imputado, al que habrá de informársele de los derechos que le concede el artículo 24 de la Constitución y que deberá hacerse en presencia de un Letrado (art. 785.1), para lo cual el artículo 785.5 prevé que los Colegios de Abogados remitirán una copia de la lista de colegiados ejercientes del turno de oficio al Fiscal, lista que los Sres. Fiscales deberán, en otro caso, reclamar”.

De forma más reciente, la Directiva (UE) 2016/343, relativa al derecho a la presunción de inocencia, cuya eficacia exige como presupuesto el adecuado ejercicio del derecho de defensa, extiende su aplicación “… a las personas físicas que sean sospechosas o acusadas en procesos penales”. Y declara aplicable sus previsiones – ya transpuestas en la reforma 5/2015, 27 de abril- “… a todas las fases del proceso penal, desde el momento en que una persona es sospechosa o acusada de haber cometido una infracción penal, o una presunta infracción penal, hasta que adquiera firmeza la resolución final sobre si la persona ha cometido o no la infracción penal en cuestión ” (art. 2).

En definitiva, sean cuales fueren las dificultades para la correcta catalogación de esas diligencias de investigación del Fiscal -preliminares, preprocesales, preparatorias-, lo cierto es que esa etiqueta nunca puede concebirse como una excusa para despojar al ciudadano de las garantías y límites que nuestro sistema constitucional impone a la actividad investigadora de los poderes públicos, tanto si se trata de un sospechoso llamado por el Fiscal u otro ciudadano que, sin haber sido llamado, llega a tener conocimiento de que está siendo investigado por el Ministerio Público.

Una práctica que se distancia de esa elemental idea contribuye a la degradación de nuestro sistema procesal

La STS concluye, FD 3:

()La ausencia de Letrado durante el desarrollo de todas y cada una de esas diligencias -singularmente, las de carácter personal- y, sobre todo, su naturaleza ajena al genuino concepto de acto procesal, impiden ver en ese dictamen de los expertos una fuente de prueba susceptible de integrarse en el material valorable por el órgano decisorio.

Acaso convenga insistir en que su falta de virtualidad probatoria no se vincula tan solo al debate acerca de la necesidad, la conveniencia o la renunciabilidad de la asistencia letrada en el momento de la confección del cuerpo de escritura que sirvió de base para la elaboración del informe pericial. La limitación de sus efectos está relacionada con la imposibilidad de alterar el valor de esas diligencias, que agotan su funcionalidad cuando sirven de respaldo a la decisión del Fiscal de archivar la denuncia o promover el ejercicio de las acciones penales que estime pertinentes. Las diligencias de investigación practicadas por el Ministerio Público al amparo de los arts. 5 del EOMF y 773.2 de la LECrim , no pueden aspirar a transmutar su naturaleza y convertirse en actos de prueba. Lo impide el concepto mismo de acto procesal, íntimamente ligado a los principios constitucionales que informan el ejercicio de la genuina función jurisdiccional.

Esa limitación funcional, sin embargo, no puede ser utilizada como excusa para prescindir de la asistencia letrada o para diluir la vigencia de los principios de contradicción y proporcionalidad. Por más que la naturaleza de esas diligencias sea puramente instrumental y por más que se ciñan a preparar lo preparatorio -la decisión del Fiscal sobre el ejercicio de la acción penal prepara la actividad del Juez encaminada a preparar el juicio oral-, la investigación a un ciudadano sospechoso de haber cometido un delito sólo puede explicarse como expresión del poder del Estado y, como tal, ha de ajustarse a los límites definidos por nuestro sistema contitucionales.

Amiguetes del MF que me leéis. Hay que actuar con un poco más de garante del procedimiento y menos de abogado del diablo acusando por todo y que … ya decidirá el juez. Esta proporcionalidad, sensatez y mesura haría que pudierais ser quien dirija la instrucción. Pero eso es materia para otro post.

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19 enero, 2017 · 16:08

¿Cómo evitar una condena por ir borracho con un coche?

¿Cómo evitar una condena por ir borracho con un coche?

Este sugerente encabezamiento no es el bálsamo de fierabrás para evitar todas las condenas del mundo cuando vas mamado con un piojo, te metes en un accidente, o te para un control.

En estos casos, la recomendación es sométete al control. No desobedezcas a la Guardia Civil y confórmate ante el Juez.

Sin embargo, hay otras veces, que no es ni tan claro ni tan fácil que te puedan condenar cuando te pillan borracho con un coche al lado, metido en el coche, etc.

El art 379.2 CP dice:

2. Con las mismas penas será castigado el que condujere un vehículo de motor o ciclomotor bajo la influencia de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o de bebidas alcohólicas. En todo caso será condenado con dichas penas el que condujere con una tasa de alcohol en aire espirado superior a 0,60 miligramos por litro o con una tasa de alcohol en sangre superior a 1,2 gramos por litro.

En consecuencia, la acusación tiene que acreditar dos elementos: que condujere y que la conducción fuera bajo la influencia de (…).

Al final del post os incluyo enlaces a alguna noticia curiosa sobre el tema. Sobre todo, recuerdo un asunto que leí sobre una persona que tuvo un accidente y luego se fue rápidamente a beber 4 whiskys de golpe al bar justo de al lado. Absuelto.

Hoy traigo a este blog un asunto llevado magníficamente por un compañero de despacho, Antonio Pedreira Hernández.

La Sentencia de 7-10-2016, dictada por el Juzgado de lo Penal 6 de SC de Tenerife, absuelve a los defendidos de mi compañero.

La acusación estaba fundamentada en unos hechos que el MF encuadró en delito contra la seguridad vial del 379.2 CP.

La defensa se opuso.

Esencialmente, Los hechos probados son que el acusado bebió vino por la mañana cuando estaba vendimiando. En un momento del día llevó a otra persona al centro de salud por una caída. Después fueron a un bar y bebieron durante una hora. Según los testigos whisky, según el acusado vino.

El relato de la acusación tenia otros componentes: la acusación afirmó que desde el centro de salud llamaron a la guardia civil porque el acusado tuvo una discusión y notaron que estaban “un poquito mamados” (licencia literaria del redactor del blog). Después de esta llamada, la GC hizo una búsqueda y encontraron el vehículo del acusado y al mismo en la puerta del bar. Ante esta situación decidieron someterle a la prueba de alcoholemia –dos veces-. Evidentemente, dio positivo en ambas.

Los agentes afirmaron que solo tardaron cinco minutos en localizar el bar desde la recepción de la llamada pero no vieron conducir al acusado.

Los testigos afirmaron que llevaban bebiendo una hora.

El elemento clave de la valoración de la prueba, tal y como sostuvo Antonio, es que no se acredita a) que hayan visto al acusado conducir; b) que la llamada desde el centro de salud fuera hecha inmediatamente después de atender al acusado.

En consecuencia, y como elemento evidente, si nadie vio al acusado conducir ES IMPOSIBLE QUE EL ALCOHOL HAYA INFLUIDO EN LA CONDUCCIÓN.…. Eso si, iba como algo bebido tirando a bebido como un piojo pero respetando el CP.

Esta sentencia me recuerda a alguna otra que leí hace un tiempo aquí, aquí y aquí.

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12 octubre, 2016 · 11:49

Registro Central de Delincuentes Sexuales.

Feliz Año nuevo y todas esas cosas.

Empezamos el año con un post de Delincuentes y Big Data. Algo divertido para quien le guste. Espero que el año que ahora comienza no os aburra este blog y que os sea propicio.

Aunque la norma es del año pasado y se publicó en el BOE del 30-12-2015, la traigo hoy porque estaba de vacaciones en Galicia, paraíso terrenal.

Registro Central de Delincuentes Sexuales.

La Ley 26/2015, de 28 de julio, de Modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, prevé en su disposición final decimoséptima que el Gobierno, a propuesta del Ministerio de Justicia, dictará en el plazo de seis meses desde la publicación de la citada ley, las disposiciones reglamentarias oportunas relativas a la organización del Registro Central de Delincuentes Sexuales en el Registro Central de Penados y en el Registro Central de Sentencias de Responsabilidad Penal de los Menores, integrándose en el sistema de registros de apoyo a la Administración de Justicia.

Este es el primer párrafo de la Exposición de Motivos, ­­­que ya no se llama Exposición de Motivos, ahora es I,del Real Decreto 1110/2015, de 11 de diciembre, por el que se regula el Registro Central de Delincuentes Sexuales.

Se inspira en el interés superior de la protección a la infancia y adolescencia.

Bueno, después, bla, bla, bla, bla, bla, bla…

Dos notas:

Art 3. Naturaleza y finalidad

Art 3.1- El Registro Central de Delincuentes Sexuales constituye un sistema de información, de carácter no público y gratuito, relativo a la identidad, perfil genético, penas y medidas de seguridad impuestas a aquellas personas condenadas en sentencia firme por cualquier delito contra la libertad e indemnidad sexuales o por trata de seres humanos con fines de explotación sexual, incluyendo la pornografía, regulados en el Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, con independencia de la edad de la víctima. Esta información se referirá a las condenas dictadas tanto en España como en otros países, en particular los Estados miembros de la Unión Europea y del Consejo de Europa.

Art 3.2.- La finalidad del Registro es contribuir a la protección de los menores contra la explotación y el abuso sexual, con independencia de quién sea el autor del delito, mediante el establecimiento de un mecanismo de prevención que permita conocer si quienes pretenden el acceso y ejercicio de profesiones, oficios y actividades que impliquen el contacto habitual con menores, carecen o no de condenas penales por los delitos a los que se refiere el apartado anterior.

Asimismo, el Registro tiene como fin facilitar la investigación y persecución de los delitos a que se refiere el presente real decreto con objeto de proteger a las víctimas menores de edad de la delincuencia sexual, introduciendo medidas eficaces que contribuyan a la identificación de sus autores y de cooperación con las autoridades judiciales y policiales de otros países, en particular con los Estados miembros de la Unión Europea y del Consejo de Europa.

Artículo 10. Cancelación de datos relativos a penas y medidas de seguridad impuestas en sentencia firme.

  1. Las inscripciones contenidas en el Registro Central de Delincuentes Sexuales se cancelarán de oficio, a instancia del titular de los datos o su representante legal si aquel fuera menor de edad o persona con la capacidad modificada judicialmente, o por comunicación del órgano judicial, en los siguientes supuestos:
  2. a) Cuando la víctima sea mayor de edad o si el condenado lo hubiera sido por hechos cometidos durante su minoría de edad, la cancelación se regirá por lo dispuesto en el capítulo VI del Real Decreto 95/2009, de 6 de febrero, en función de que las inscripciones tengan su origen en el Registro Central de Penados o en el Registro Central de Sentencias de Responsabilidad Penal de los Menores.
  3. b) Cuando la víctima fuera menor de edad y el condenado mayor de edad, la cancelación se realizará cuando haya transcurrido el plazo de treinta años, a contar desde el día en que se considere cumplida la pena de conformidad con el artículo 136 del Código Penal sin haber vuelto a delinquir. En este caso, la cancelación de los antecedentes penales que consten en la inscripción del Registro Central de Penados del que aquélla tiene su origen no conllevará la cancelación de esta información. Por otra parte, dicha información no podrá, por sí misma, servir de prueba para constatar la reincidencia.
  4. La cancelación de las inscripciones derivadas de sentencias dictadas por Jueces o Tribunales extranjeros que consten en el Registro Central de Delincuentes Sexuales, exigirá la previa comunicación en tal sentido por parte del Estado de condena.
  5. Una vez se produzca la cancelación de los antecedentes penales de los inscritos en el Registro Central de Delincuentes Sexuales y respecto de aquellas causas en las que constara el código identificador del perfil genético del condenado, el encargado del Registro comunicará tal circunstancia a la Base de Datos Nacional de ADN del Ministerio del Interior, a los efectos previstos en el artículo 9 de la Ley Orgánica 10/2007, de 8 de octubre, reguladora de la base de datos policial sobre identificadores obtenidos a partir del ADN.

Bueno, chavalada. Ya sabéis por lo que os pueden incluir en el registro y ccmo podéis cancelarlos.

El big data está en todos lados. Avisados estáis.

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4 enero, 2016 · 20:42

Reforma del Código Penal. Quienes no facilitan la relación de bienes en ejecución o ésta es incompleta o mendaz

REFORMA DEL CÓDIGO PENAL (II). COMPLIANCE PENAL. Todos a la cárcel por no facilitar relación de bienes en las ejecuciones judiciales o administrativas

 Bienvenidos a un nuevo post del blog donde vamos a ver cómo podemos saturar más los juzgados de instrucción condenando a la mitad del mundo conocido. No digo yo que no sea necesario algún susto algún caradura pero de verdad hay que plantearse si este código penal estuviera vigente en algún país sin gestión de marketing internacional estarían todos los defensores de los derechos humanos alarmados como, quizás, esté yo.

El nuevo art 258 CP introduce el delito de impedir o dificultar el cobro del acreedor pero a la hora de no presentar la lista de bienes o bien, esta sea incompleta o mendaz.

Artículo

ACTUAL  

REFORMA

Art 258 CP

El responsable de cualquier hecho delictivo que, con posterioridad a su comisión, y con la finalidad de eludir el cumplimiento de las responsabilidades civiles dimanantes del mismo, realizare actos de disposición o contrajere obligaciones que disminuyan su patrimonio, haciéndose total o parcialmente insolvente, será castigado con la pena de prisión de uno a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses.

«1. Será castigado con una pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a dieciocho meses quien, en un procedimiento de ejecución judicial o administrativo, presente a la autoridad o funcionario encargados de la ejecución una relación de bienes o patrimonio incompleta o mendaz, y con ello dilate, dificulte o impida la satisfacción del acreedor.

La relación de bienes o patrimonio se considerará incompleta cuando el deudor ejecutado utilice o disfrute de bienes de titularidad de terceros y no aporte justificación suficiente del derecho que ampara dicho disfrute y de las condiciones a que está sujeto.

2. La misma pena se impondrá cuando el deudor, requerido para ello, deje de facilitar la relación de bienes o patrimonio a que se refiere el apartado anterior.

3. Los delitos a que se refiere este artículo no serán perseguibles si el autor, antes de que la autoridad o funcionario hubieran descubierto el carácter mendaz o incompleto de la declaración presentada, compareciera ante ellos y presentara una declaración de bienes o patrimonio veraz y completa.»

Seguro que pensaréis que soy un loco o un burro pero lo primero que me llama la atención es la comparación con el artículo 589 LEC:

“Artículo 589 Manifestación de bienes del ejecutado

  1. Salvo que el ejecutante señale bienes cuyo embargo estime suficiente para el fin de la ejecución, el Secretario judicial requerirá, mediante diligencia de ordenación, de oficio al ejecutado para que manifieste relacionadamente bienes y derechos suficientes para cubrir la cuantía de la ejecución, con expresión, en su caso, de cargas y gravámenes, así como, en el caso de inmuebles, si están ocupados, por qué personas y con qué título.
  2. El requerimiento al ejecutado para la manifestación de sus bienes se hará con apercibimiento de las sanciones que pueden imponérsele, cuando menos por desobediencia grave, en caso de que no presente la relación de sus bienes, incluya en ella bienes que no sean suyos, excluya bienes propios susceptibles de embargo o no desvele las cargas y gravámenes que sobre ellos pesaren.

(…)

En mi caso particular no recuerdo ningún ejecutado que haya presentado voluntariamente  la lista de bienes. Hay que ir al PNJ para averiguar sus sus bienes “localizables”. Ahora me pregunto: ¿el Secretario advertirá que si no presenta una lista o esta es incompleta o mendaz y dilata, dificulta o impida la satisfacción de deudor puede ser castigado con una pena de prisión?

¿Vamos a meter a todas las ejecuciones por la vía penal? ¿Los condenados en vía civil en rebeldía están cometiendo este delito cuando se ejecuta? ¿Si se notifica por tablón de anuncios y no se presenta la lista de bienes?

¿O quizá la idea del legislador sea que se impongan penas de multa a todo hijo de vecino y recaudar más?

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Reforma del código penal. Administración desleal y apropiación indebida de 31 de marzo de 2015

  En este post vamos a ver la reforma de los artículos 252 a 254 del Código Penal de 31 de marzo de 2015

Artículo

ANTES reforma

DESPUÉS reforma

252

Serán castigados con las penas del artículo 249 ó 250, en su caso, los que en perjuicio de otro se apropiaren o distrajeren dinero, efectos, valores o cualquier otra cosa mueble o activo patrimonial que hayan recibido en depósito, comisión o administración, o por otro título que produzca obligación de entregarlos o devolverlos, o negaren haberlos recibido, cuando la cuantía de lo apropiado exceda de cuatrocientos euros. Dicha pena se impondrá en su mitad superior en el caso de depósito necesario o miserable.

«1. Serán punibles con las penas del artículo 249 o, en su caso, con las del artículo 250, los que teniendo facultades para administrar un patrimonio ajeno, emanadas de la ley, encomendadas por la autoridad o asumidas mediante un negocio jurídico, las infrinjan excediéndose en el ejercicio de las mismas y, de esa manera, causen un perjuicio al patrimonio administrado.

2. Si la cuantía del perjuicio patrimonial no excediere de 400 euros, se impondrá una pena de multa de uno a tres meses.»

253

Serán castigados con la pena de multa de tres a seis meses los que, con ánimo de lucro, se apropiaren de cosa perdida o de dueño desconocido, siempre que en ambos casos el valor de lo apropiado exceda de 400 euros. Si se tratara de cosas de valor artístico, histórico, cultural o científico, la pena será de prisión de seis meses a dos años.

«1. Serán castigados con las penas del artículo 249 o, en su caso, del artículo 250, salvo que ya estuvieran castigados con una pena más grave en otro precepto de este Código, los que, en perjuicio de otro, se apropiaren para sí o para un tercero, de dinero, efectos, valores o cualquier otra cosa mueble, que hubieran recibido en depósito, comisión, o custodia, o que les hubieran sido confiados en virtud de cualquier otro título que produzca la obligación de entregarlos o devolverlos, o negaren haberlos recibido.

2. Si la cuantía de lo apropiado no excediere de 400 euros, se impondrá una pena de multa de uno a tres meses.»

254

Será castigado con la pena de multa de tres a seis meses el que, habiendo recibido indebidamente, por error del transmitente, dinero o alguna otra cosa mueble, niegue haberla recibido o, comprobado el error, no proceda a su devolución, siempre que la cuantía de lo recibido exceda de 400 euros.

«1. Quien, fuera de los supuestos del artículo anterior, se apropiare de una cosa mueble ajena, será castigado con una pena de multa de tres a seis meses. Si se tratara de cosas de valor artístico, histórico, cultural o científico, la pena será de prisión de seis meses a dos años.

2. Si la cuantía de lo apropiado no excediere de 400 euros, se impondrá una pena de multa de uno a dos meses.»

La primera novedad es que se modifica la rúbrica de la Sección 2ª del Capitulo VI del Título XIII del Libro II, que pasa denominarse “De la administración desleal” y que comprenderá solamente el artículo 252 CP.

Se añade una Sección 2.a bis al Capítulo VI del Título XIII del Libro II, con la rúbrica «De la apropiación indebida», que comprenderá los artículos 253 y 254.

De este modo se delimita claramente la administración desleal de la apropiación indebida puesto que, en la práctica, se venían calificando de manera alternativa en las conclusiones finales.

De este modo, la administración desleal se convierte en un delito patrimonial del que puede ser víctima todas las personas, físicas y jurídicas, y no solamente las sociedades.

Es curioso los efectos que puede desplegar el art 252 cuando refiere como hecho típico el administrar un patrimonio ajeno, emanadas de la ley, encomendadas por la autoridad” que nos lleva a pensar en una eventual malversación de fondos públicos como forma de administración desleal y “las infrinjan excediéndose en el ejercicio”.

Los arts 253 y 254 CP diferencian de quien recibe las cosas en depósito, comisión custodia, etc de quien, ex art 254 CP, fuera de los supuestos del art 253 se apropiare de cosa ajena. Diferenciando de sobre si la recepción de la cosa es basada en una relación de confianza, tenga el origen que sea, de quien no tiene esa relación de confianza.

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La prevaricación vista a través de un par de sentencias

Uno de los delitos de moda es la Prevaricación tanto en su versión genérica, ex art 404 o 405 CP; como en la versión estrella que es el artículo 320 CP de prevaricación urbanística u otras como la prevaricación judicial , ex art 446 o 447. CP

En febrero del 2015 el TS ha dictado dos ST, una STS 817/2015, resolución 152/2015 de 24-2; y otra la STS 440/2015, resolución 62/2015 de 17-2;

 Me interesa para el post la primera. Alcaldía que promueve una oferta de empleo público y se enreda la cosa un poco.

La STS 18/2014, de 23 de enero , con cita de otras muchas, el delito de prevaricación tutela el correcto ejercicio de la función pública de acuerdo con los parámetros constitucionales que orientan su actuación:

1) el servicio prioritario a los intereses generales;

2) el sometimiento pleno a la ley y al derecho; y

3) la absoluta objetividad en el cumplimiento de sus fines ( art. 103 CE ).

Por ello, la sanción de la prevaricación garantiza el debido respeto, en el ámbito de la función pública, al principio de legalidad como fundamento básico de un Estado social y democrático de derecho, frente a ilegalidades severas y dolosas. El delito de prevaricación, por otro lado, no trata de sustituir a la jurisdicción contencioso- administrativa en su labor genérica de control del sometimiento de la actuación administrativa a la ley y al derecho, sino de sancionar supuestos-límite, en los que la posición de superioridad que proporciona el ejercicio de la función pública se utiliza para imponer arbitrariamente el mero capricho de la autoridad o funcionario, perjudicando al ciudadano afectado (o a los intereses generales de la Administración Pública, eliminando arbitrariamente la libre competencia) en un injustificado ejercicio de abuso de poder. En este sentido, no es la mera ilegalidad sino la arbitrariedad lo que se sanciona.

Asimismo, una Jurisprudencia reiterada de la Sala -SSTS 1021/2013, de 26 de noviembre y 743/2013, de 11 de octubre , con referencia de otras- ha señalado que, para apreciar la existencia de un delito de prevaricación será necesario:

– en primer lugar, una resolución dictada por autoridad o funcionario en asunto administrativo;

– en segundo lugar, que sea objetivamente contraria al Derecho, es decir, ilegal;

– en tercer lugar, que esa contradicción con el derecho o ilegalidad, que puede manifestarse en la falta absoluta de competencia, en la omisión de trámites esenciales del procedimiento o en el propio contenido sustancial de la resolución, sea de tal entidad que no pueda ser explicada con una argumentación técnico- jurídica mínimamente razonable;

– en cuarto lugar, que ocasione un resultado materialmente injusto

– y, en quinto lugar, que la resolución sea dictada con la finalidad de hacer efectiva la voluntad particular de la autoridad o funcionario y con el conocimiento de actuar en contra del derecho.

Debemos traer a colación la STS 497/2012 DE 4-6-2012:

“Aunque ya se han hecho anteriores referencias a ello, conviene, por último, insistir en que la omisión del procedimiento legalmente establecido ha sido considerada como una de las razones que pueden dar lugar a la calificación delictiva de los hechos, porque las pautas establecidas para la tramitación del procedimiento a seguir en cada caso tienen como función alejar los peligros de la arbitrariedad y la contradicción con el derecho (STS núm. 2340/2001, de 10 de diciembre). El procedimiento administrativo tiene la doble finalidad de servir de garantía de los derechos individuales, de orden de la administración, y de justicia y acierto en sus resoluciones. El procedimiento tiene una finalidad general orientada a someter la actuación administrativa a determinadas formas que permitan su comprobación y control formal, y otra de mayor trascendencia dirigida a establecer determinados controles sobre el fondo de la actuación de que se trate. Ambas deben ser observadas en la actividad administrativa, pudiendo dar lugar en caso contrario a la nulidad o a la anulabilidad (arts. 53.1, 62 y 63 de la Ley 30/1992).

                      

Sin embargo, no se puede identificar de un modo automático la omisión del procedimiento con la calificación de los hechos como delito de prevaricación. Así, es posible una nulidad de pleno derecho sin que la resolución sea constitutiva de delito. El art. 63.2 de la Ley 30/1992, en el ámbito administrativo, dispone que el defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados. En general, pues, la mera omisión de los requisitos puramente formales no supondrá por sí misma la arbitrariedad e injusticia de la resolución. En este sentido, las ya citadas SSTS núm. 2340/2001, de 10 de diciembre, o núm. 76/2002, de 25 de enero, no se refieren a la omisión de cualquier trámite, sino de los esenciales del procedimiento.” Pág 225 del cuaderno de jurisprudencia elaborado por el gabinete técnico de la Sala Segunda.

Decía la Sala de lo Penal, en su STS 787/2013, de 23 de octubre , en la misma línea interpretativa que otras muchas, que el concepto de resolución administrativa no está sujeto a un rígido esquema formal, admitiendo incluso la existencia de actos verbales, sin perjuicio de su constancia escrita cuando ello resulte necesario. Por resolución ha de entenderse cualquier acto administrativo que suponga una declaración de voluntad de contenido decisorio, que afecte a los derechos de los administrados o a la colectividad en general, bien sea de forma expresa o tácita, escrita u oral, con exclusión de los actos políticos o de gobierno así como los denominados actos de trámite (vgr los informes, consultas, dictámenes o diligencias) que instrumentan y ordenan el procedimiento para hacer viable la resolución definitiva.”

Respecto de la arbitrariedad, en la STS 743/2013, de 11 de octubre , “que tal condición aparece cuando la resolución, en el aspecto en que se manifiesta su contradicción con el Derecho, no es sostenible mediante ningún método aceptable de interpretación de la ley, o cuando falta una fundamentación jurídica razonable distinta de la voluntad de su autor o cuando la resolución adoptada -desde el punto de vista objetivo- no resulta cubierta por ninguna interpretación de la ley basada en cánones interpretativos admitidos. Cuando así ocurre, se pone de manifiesto que la autoridad o funcionario, a través de la resolución que dicta, no actúa el Derecho, orientado al funcionamiento de la Administración Pública conforme a las previsiones constitucionales, sino que hace efectiva su voluntad, sin fundamento técnico-jurídico aceptable. Cuando se trata de infracciones del procedimiento, decíamos en la STS 743/2013, de 11 de octubre , que la jurisprudencia ha resaltado que los trámites de los que se prescinde, bien porque en absoluto se incumplen o bien porque son sustituidos por otros mediante los cuales, aparentando su cumplimiento, en realidad, se soslaya su finalidad, han de ser esenciales.

En este sentido, como recordábamos en la STS 18/2014, de 13 de enero , conviene resaltar que la omisión del procedimiento legalmente establecido ha sido considerada como una de las razones que pueden dar lugar a la calificación delictiva de los hechos, porque las pautas establecidas para la tramitación del procedimiento a seguir en cada caso tienen la función de alejar los peligros de la arbitrariedad y la contradicción con el Derecho. Así, se ha dicho que el procedimiento administrativo tiene la doble finalidad de servir de garantía de los derechos individuales y de garantía de orden de la Administración y de justicia y acierto en sus resoluciones.

En esta misma línea, respecto a la importancia del procedimiento administrativo, añadía la STS 743/2013, de 11 de octubre , que el mismo, por un lado, tiene una finalidad general orientada a someter la actuación administrativa a determinadas formas que permitan su comprobación y control formal, y por otro, una finalidad de mayor trascendencia, dirigida a establecer determinados controles sobre el fondo de la actuación de que se trate. Ambas deben ser observadas en la actividad administrativa. Así, se podrá apreciar la existencia de una resolución arbitraria cuando omitir las exigencias procedimentales suponga principalmente la elusión de los controles que el propio procedimiento establece sobre el fondo del asunto; pues en esos casos la actuación de la autoridad o funcionario no se limita a suprimir el control formal de su actuación administrativa, sino que con su forma irregular de proceder elimina los mecanismos que se establecen, precisamente, para asegurar que su decisión se sujeta a los fines que la ley establece para la actuación administrativa concreta, en la que adopta su resolución.

La citada STS 815/2014, de 24 de noviembre , remitiéndose a otras anteriores, como la STS 331/2003, de 5 de marzo , precisa que no es suficiente en el delito de prevaricación la contradicción con el Derecho, sino que para que una acción sea calificada como delictiva será preciso algo más, que permita diferenciar las meras ilegalidades administrativas y las conductas constitutivas de infracción penal. Este plus viene concretado legalmente en la exigencia de que se trate de una resolución injusta y arbitraria. E incluso esta Sala Casacional se ha referido a veces con los términos de que se necesita una contradicción patente y grosera ( STS de 1 de abril de 1996, núm. 171/1996 ), o de resoluciones que desbordan la legalidad de un modo evidente, flagrante y clamoroso ( STS de 16-5-1992, núm. 773/1992 y de 20 de abril de 1995) o de una desviación o torcimiento del derecho de tal manera grosera, clara y evidente que sea de apreciar el plus de antijuridicidad que requiere el tipo penal ( STS núm. 1095/1993, de 10 de mayo ). Esto es precisamente lo que ocurre en este caso, en que es patente la desviación del Decreto.

En definitiva, como señala la STS 733/2014, de 28 de octubre , se dice que se ejerce arbitrariamente el poder cuando la autoridad o el funcionario dictan una resolución que no es efecto de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico sino, pura y simplemente, producto de su voluntad, convertida irrazonablemente en aparente fuente de normatividad. Cuando se actúa de este modo y el resultado es una injusticia, es decir, una lesión de un derecho o del interés colectivo, se realiza el tipo objetivo de la prevaricación administrativa ( SSTS de 23-5-1998 ; 4-12-1998 ; 766/1999, de 18 mayo ; y 2340/2001 , de 10 de diciembre).

La STS 815/2014, de 24 de noviembre , dice, citando la STS 766/1999, de 18 mayo , que el elemento subjetivo del delito de prevaricación administrativa viene legalmente expresado con la locución “a sabiendas». Se comete el delito de prevaricación previsto en el artículo 404 del Código Penal cuando la autoridad o funcionario, teniendo plena conciencia de que resuelve al margen del ordenamiento jurídico y de que ocasiona un resultado materialmente injusto, actúa de tal modo porque quiere este resultado y antepone el contenido de su voluntad a cualquier otro razonamiento o consideración. Bien entendido que, como se indica en la Sentencia de 29-10-1998 , a la que también se remite, la intención dolosa o el conocimiento de la ilegalidad no cabe deducirla de consideraciones más o menos fundadas, sino que necesariamente debe estar apoyada por una prueba evidente que no deje duda alguna sobre este dato anímico. Es, pues, precisa la clara conciencia de la ilegalidad o de la arbitrariedad que se ha cometido

La realidad es que la prevaricación es un delito complicado y complejo. En un delito de gran repercusión social. Pero, en mi humilde opinión, hemos perdido un poco el norte criminalizando conductas que, pese a poder ser actos nulos de pleno derecho   (además de ser nulos exigen la efectiva existencia de una indefensión), no merecen reproche penal.

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El valor de la prueba de indicios como prueba de cargo.

El 18-2-2015 la Sala 2ª del TS dictó STS de las que vale la pena guardar porque podrás hacer un copia y pega toda la vida o, al menos, hasta que modifiquen una ley que le afecte o cambien el criterio (que suele ser algo habitual)

La STS 402/2015 de 18-2-2015 en su FD Tercero nos resume perfectamente con las referencias a las Sentencias han estudiado el valor como prueba de cargo la prueba de indicios para detallar sus características:

El valor como prueba de cargo de la prueba de indicios ha sido admitido tanto por el Tribunal Constitucional como por este Tribunal Supremo.

El Tribunal Constitucional ha sostenido desde sus primeras sentencias sobre la materia ( SSTC 174/1985 , 175/1985 , 24/1997 , 157/1998 , 189/1998 , 68/1998 , 220/1998 , 44/2000 y 117/2000 ) que a falta de prueba directa de cargo también la prueba indiciaria puede sustentar un pronunciamiento condenatorio, sin menoscabo del derecho a la presunción de inocencia.

En resoluciones más recientes ( SSTC 111/2008 , 109/2009 , 126/2011 , 128/2011 , 175/2012 y 15/2014 ) ha considerado como requisitos imprescindibles los siguientes:

A) El hecho o los hechos bases (o indicios) han de estar plenamente probados;

B) Los hechos constitutivos del delito deben deducirse precisamente de estos hechos base completamente probados;

C) Para que se pueda comprobar la razonabilidad de la inferencia es preciso, en primer lugar, que el órgano judicial exteriorice los hechos que están acreditados o indicios, y sobre todo que explique el razonamiento o engarce lógico entre los hechos base y los hechos consecuencia;

D) y, finalmente, que este razonamiento esté asentado en las reglas del criterio humano o en las reglas de la experiencia común o, en palabras de la STC 169/1989, de 16 de octubre , «en una comprensión razonable de la realidad normalmente vivida y apreciada conforme a criterios colectivos vigentes» ( SSTC 220/1998 , 124/2001 , 300/2005 , y 111/2008 ).

Sobre la naturaleza y estructuración de la prueba indiciaria tiene establecido el Tribunal Constitucional que el razonamiento o engarce lógico entre los hechos base y los hechos consecuencia ha de estar asentado en las reglas del criterio humano o en las reglas de la experiencia común o, en palabras de la STC 169/1989, de 16 de octubre , en una comprensión razonable de la realidad normalmente vivida y apreciada conforme a criterios colectivos vigentes ( SSTC 220/1998 , 124/2001 , 300/2005 y 111/2008 ).

El control de constitucionalidad de la racionalidad y solidez de la inferencia en que se sustenta la prueba indiciaria puede efectuarse tanto desde un doble canon: el de su lógica o cohesión, y el de su suficiencia o calidad concluyente. Con arreglo al primero la inferencia será irrazonable si los indicios acreditados descartan el hecho que se hace desprender de ellos o no llevan naturalmente a él. Desde el canon de su suficiencia o calidad concluyente no será razonable la inferencia cuando sea excesivamente abierta, débil o imprecisa. Son los órganos judiciales quienes, en virtud del principio de inmediación, tienen un conocimiento cabal, completo y obtenido con todas las garantías del acervo probatorio. Por ello se afirma que sólo se considera vulnerado el derecho a la presunción de inocencia en este ámbito de enjuiciamiento cuando la inferencia sea ilógica o tan abierta que en su seno quepa tal pluralidad de conclusiones alternativas que ninguna de ellas pueda darse por probada ( STC 229/2003 , 196/2007 , 111/2008 , 108/2009 , 109/2009 , 70/2010 y 126/2011 , entre otras).

Esta Sala tiene establecido de forma reiterada que la prueba indiciaria, indirecta o circunstancial presenta dos perspectivas relevantes para el control casacional. Desde el punto de vista formal, deben constar los indicios o hechos-base plenamente acreditados que permitan acceder mediante un juicio de inferencia al hecho-consecuencia; el razonamiento de inferencia también ha de ser debidamente explicitado en la sentencia. Desde una perspectiva material, el control casacional se contrae en la verificación de que existan varios indicios plenamente evidenciados, o uno de singular potencia acreditativa, de naturaleza inequívocamente incriminatoria, que no estén destruidos por contraindicios, que se refuercen entre sí y que permitan obtener un juicio de inferencia razonable, entendiendo tal razonabilidad como enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano (139/2009 de 24 de febrero; 322/2010 de 5 de abril; 208/2012 de 16 de marzo; 690/2013 de 24 de julio y 481/2014 de 3 de junio, entre otras).

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Delitos graves no lo son los penados con más de 5 años de prisión a efectos de la Ley 25/2007

El mundo virtual no es virtual. Se que parece una perogrullada pero es que hay la gente no lo entiende. Las opiniones que se vierten en RRSS, webs y foros son como las que viertes en la vida real pero con la realidad de que es con publicidad y muchos testigos.

Pues si en redes, webs y foros viertes (o vierten) comentarios que pueden ser constitutivos de injurias y calumnias en la vida real pues debemos entender que, en tanto que el mundo virtual es real pues el injuriado y calumniado se puede querellar y comenzar un proceloso y abigarrado procedimiento judicial.

Algunos tribunales entienden que para la averiguación de estos hechos no se podía acudir a la investigación tecnológica porque venía impedido por la Ley 25/2007, de 18-10-2007 que solo autorizaría tal tipo de investigación en caso de delitos graves. Este concepto de delito grave ha sido analizada por la AP de Madrid, Secc 4ª en la resolución de 25-2-2015 ROJ: AAP M 7/2015, Cendoj 28079370042015200001 entiende que:

“En esa obligada interpretación y en atención a la jurisprudencial constitucional, de la que ya hemos hecho cita anteriormente, entendemos que los “delitos graves” a que se refiere la Ley 25/2007 no son exclusivamente los delitos castigados con pena superior a cinco años, sino que también han de incluirse en tal expresión aquellos otros delitos castigados con pena inferior y que, por tanto, tienen la calificación legal de “delitos menos graves”, pero que merezcan la consideración de graves en atención a otros parámetros, tales como la importancia del bien jurídico protegido, la trascendencia social de los efectos que el delito genera o la inexistencia de medios alternativos, menos gravosos, que permitan su investigación y esclarecimiento. En este punto no puede desconocerse que los efectos socialmente nocivos de determinados hechos delictivos pueden verse incrementados exponencialmente desde el momento en que se alcanza la convicción social de su impunidad, con el consiguiente fracaso de los fines preventivos que su tipificación penal persigue.

Conviene destacar que una interpretación de la Ley 25/2007 como la que se propugna en la resolución cuestionada impediría la investigación tecnológica del delito de posesión, producción, venta o difusión de material pornográfico en que se hayan utilizado menores de edad, previsto en el artículo 189.1.b) del Código Penal , al estar castigado con pena menos grave, o de cualquier delito de amenazas, así como del delito de favorecimiento de la prostitución de menores de edad previsto en el artículo 187.1. del Código Penal ; delitos que, frecuentemente, utilizan las redes de comunicación para su comisión.”

En conclusión, hay una vía para entender que los “delitos graves” a los que se refiere la Ley 25/2007 son los que puedan tener una pena inferior a 5 años pero que aglutinen otros parámetros como:

  1. La importancia del bien jurídico protegido.
  2. La trascendencia social de los efectos del delito.
  3. La inexistencia de medios alternativos, menos gravosos que permitan su investigación o esclarecimiento. Esta característica o parámetro es la que me suscita más interés por el concepto abierto de medio alternativo o menos gravoso. ¿qué consideramos como medio alternativo, menos gravoso?

 

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AUTO DE APERTURA DE JUICIO ORAL CONTRA LA INFANTA. CASO NOOS

Desde el blog os intentamos mantener actualizados en la medida de nuestras posibilidades.

Hoy no nos ha tocado la lotería así que lo importante es tener salud.

Por cortesía de EL PAÍS tenemos el auto de apertura de juicio oral de la Infanta en este enlace.

http://ep00.epimg.net/descargables/2014/12/22/da026e6f99beec9aee0c4e027cc21909.pdf

 

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22 diciembre, 2014 · 11:34

La predeterminación del fallo en Derecho Procesal Penal.

La predeterminación del fallo en Derecho Procesal Penal.

La predeterminación del fallo , tiene establecido numerosa jurisprudencia de esta Sala que la predeterminación que se contempla y proscribe en el art. 851.1º de la LECr :

“Cuando en la sentencia no se exprese clara y terminantemente cuáles son los hechos que se consideren probados, o resulte manifiesta contradicción entre ellos, o se consignen como hechos probados conceptos que, por su carácter jurídico, impliquen la predeterminación del fallo.”

Por tanto, la predeterminación considerada a tales efectos es aquella que se produce exclusivamente por conceptos jurídicos que definen y dan nombre a la esencia del tipo penal aplicado, exigiéndose para su apreciación:

a) que se trate de expresiones técnico-jurídicas que definan o den nombre a la esencia del tipo aplicado;

b) que tales expresiones sean por lo general asequibles tan solo para los juristas o técnicos y no compartidas en el uso del lenguaje común o coloquial;

c) que tengan un valor causal apreciable respecto del fallo; y,

d)que, suprimidos tales conceptos jurídicos, quede el hecho histórico sin base alguna y carente de significado penal ( SSTS núm. 667/2000, de 12-4 ; 1121/2003, de 10-9 ; 401/2006, de 10-4 ; 755/2008, de 26-11 ; 131/2009, de 12-2 ; 381/2009, de 14-4 ; y 449/2012, de 30-5 , entre otras muchas).

De conformidad con el TS, no hay consignación de conceptos jurídicos predeterminantes cuando se relatan unos hechos susceptibles de ser calificados como delito, pues esta es precisamente la finalidad de la premisa menor del silogismo de la sentencia cuando la conclusión es un fallo condenatorio ( SSTS 152/2006, de 1-2 ; y 755/2008, de 26-11 ).

Por ello, en un cierto sentido los hechos probados tienen que predeterminar el fallo, pues el “factum” en cuanto integra la base de la calificación jurídica de los hechos enjuiciados es lógico que la predetermine, salvo manifiesta incongruencia, de ahí que deba relativizarse la vigencia de este vicio formal ( SSTS 429/2003 de 21-3 ; 249/204, de 26-2; 280/2004, de 8-3 ; 409/2004, de 24-3 ; 893/2005, de 6-7 ; 755/2008, de 26-11 ).

En la práctica, una cosa es que se contradiga la versión de los acusados y cuestionen las expresiones que emplee el juzgador en una Sentencia porque motivan la condena y otra es que presenten un carácter técnico jurídico definidor del tipo penal.

La STS 194/2013 de 7 de marzo, ROJ 1270/2013 es otra sentencia para guardar en el cajón de los recursos de Derecho Penal.

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17 diciembre, 2014 · 11:00

DERECHO A LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA EN

Todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario.

Esta frase está grabada a fuego en el imaginario del individuo medio español. Realmente no es así porque según en que cuestión tributaria y/o administrativa cambia la cosa, pero esa es otra historia.

Sin perjuicio de lo anterior la presunción de inocencia también debe imperar cuando un tribunal de instancia conoce de un recurso pero con -no se si llamarlo límite- de que un tribunal ha conocido de modo previo y ha dictado sentencia bajo la inmediación de la práctica de la prueba en el plenario.

Esta situación de “conflicto” la aborda de un modo muy didáctico, y con una remisión profusa a otras resoluciones, la STS 602/2013, de 5 de julio, de la Sala de lo Penal, Sección 1, ROJ STS 3786/2013, cuando dice:

La doctrina del Tribunal Constitucional ha delimitado el contenido de la garantía de presunción de inocencia señalando como elementos del mismo:

1o) que exista una mínima actividad probatoria ;

2o) la exigencia de validez en los medios de prueba que justifican la conclusión probatoria ratificando la imputación de la acusación. Así́ pues la convicción del Juzgador debe atenerse al método legalmente establecido para obtenerla, lo que ocurre si los medios de prueba pueden ser considerados válidos y el debate se somete a las condiciones de contradicción, igualdad y publicidad;

3o) que de la misma quepa inferir razonablemente los hechos y la participación del acusado en los mismos. Y eso en relación a los elementos esenciales del delito, tanto objetivos como subjetivos, y, entre ellos, a la participación del acusado;

4o) la motivación del iter que ha conducido de las pruebas al relato de hechos probados de signo incriminatorio;

5o) a falta de prueba directa, la prueba de cargo sobre la concurrencia de los elementos objetivos y subjetivos del delito puede ser indiciaria , siempre que se parta de hechos plenamente probados y que los hechos constitutivos de delito se deduzcan de esos indicios a través de un proceso mental razonado y acorde con las reglas del criterio humano.

Así lo han recordado las Sentencias Tribunal Constitucional n 22/2013 de 31 de enero , citando la doctrina que arranca ya de la STC no 31/1981 de 28 de julio y la STC no 142/2012 de 2 de julio que recuerda la sentencia Tribunal Constitucional no 128/2011 .

Tal general doctrina ha de completarse con alguna precisión de esos no del todo determinados parámetros del canon constitucional. Al efecto decíamos en nuestra Sentencia no 592/12 de 11 de junio:

a) Así, en cuanto al control de la razonabilidad de la motivación con la que se pretende justificar, más que demostrar, la conclusión probatoria, hemos resaltado que, más que a la convicción subjetiva del juzgador, ha de acreditarse que pueda asumirse objetivamente la veracidad de las afirmaciones de la imputación . Para predicar tal objetividad debe constatarse la inexistencia de vacío probatorio , porque se haya practicado medios de prueba que hayan aportado un contenido incriminador. Pero, además, la revisión de la valoración hecha por el juzgador de instancia de tales medios y contenidos debe permitir predicar de la acusación una veracidad que se justifique por adecuación al canon de coherencia lógica que excluya la mendacidad de la imputación, partiendo de proposiciones tenidas por una generalidad indiscutidamente por premisas correctas .

b) Aunque aquella objetividad no implique exigencia de que las conclusiones sean absolutamente incuestionables, sí que se estimará que no concurre cuando existen alternativas razonables a la hipótesis que justificó la condena. Y éstas concurren cuando, aún no acreditando sin más la falsedad de la imputación, las objeciones a ésta se fundan en motivos que para la generalidad susciten dudas razonables sobre la veracidad de la acusación, más allá́ de la inevitable mera posibilidad de dudar, nunca excluible.

Suele decirse que no corresponde a este Tribunal seleccionar entre inferencias o conclusiones valorativas alternativas. Y que la de instancia debe ratificarse si es razonable. Incluso si lo fuere la alternativa. Sin embargo esa hipótesis resulta conceptualmente imposible desde la perspectiva de la garantía constitucional. Porque si la hipótesis alternativa a la imputación es razonable, las objeciones a la afirmación acusadora lo son también. Y entonces falta la certeza objetiva. El Tribunal, cualquiera que sea su convicción subjetiva, está en ese caso obligado constitucionalmente a dudar.

Puede decirse, finalmente, que, cuando existe una duda objetiva , debe actuarse el efecto garantista de la presunción constitucional, con la subsiguiente absolución del acusado.

Sin que aquella duda sea parangonable tampoco a la duda subjetiva del juzgador, que puede asaltarle pese al colmado probatorio que justificaría la condena. Esta duda también debe acarrear la absolución, pero fuera ya del marco normativo de exigencias contenidas en el derecho fundamental a la presunción de inocencia. Y

c) El control de la inferencia en el caso de prueba indiciaria implica la constatación de que el hecho o los hechos bases (o indicios) están plenamente probados y los hechos constitutivos del delito deben deducirse precisamente de estos hechos bases completamente probados.

La razonabilidad de esta inferencia exige, a su vez, que se adecue al canon de su lógica o coherencia , siendo irrazonable cuando los indicios constatados excluyan el hecho que de ellos se hace derivar o no conduzcan naturalmente a él, y también al canon de la suficiencia o carácter concluyente , excluyéndose la razonabilidad por el carácter excesivamente abierto, débil o indeterminado de la inferencia ( STC no 117/2007 ).

El control de la motivación ha de valorar si el razonamiento expuesto en la resolución recurrida está asentado en las reglas del criterio humano o en las reglas de la experiencia común o, “en una comprensión razonable de la realidad normalmente vivida y apreciada conforme a los criterios colectivos vigentes”.

( Sentencias TS núms. 762/12 de 26 septiembre , 638/12 de 16 de julio y 648/12 de 17 de julio , reiterando lo dicho en la núm. 542/12 de 21 de junio, resolviendo el recurso no 1358/2011 y SSTS núms. 122/2012 de 22 de febrero , 103/12 y 99/12 de 27 de febrero , 1342/11 de 14 de diciembre , 1370/11 y 1432/11 de 16 de diciembre , 1385/11 de 22 de diciembre , 1270/2011 de 21 de noviembre , 1276/11 de 28 e noviembre , 1198/11 de 16 de noviembre , 1192/2011 de 16 de noviembre , 1159/11 de 7 de noviembre ).

Sin duda está es una sentencia que todos podríamos tener en un cajón de la mesa de trabajo para orientar y fundamentar el Derecho a la presunción de inocencia.

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INTRODUCCIÓN INDEBIDA DE LA DECLARACIÓN SUMARIAL DEL ACUSADO.

Hoy vamos a iniciar una serie de post cuya temática será el Derecho Penal.

El tema a tratar hoy es el ¿por qué no es tan bueno, a veces, declarar delante de un juez? Y si declaras en las Diligencias Previas, ¿debes completar la declaración en el plenario? No seré yo quien cuestiones la estrategia jurídica de cada cual porque tienen unos elementos de valoración sobre el asunto que yo no tengo.

El post está encaminado a conocer, al menos para mi, que tanto los testigos como los co-imputados si declaran en DP la lectura de esa declaración en el plenario servirá para dar reproducida su declaración y hará prueba. Es más, el Juzgador dispone de absoluta libertad para conceder mayor fiabilidad lo manifestado por los testigos en fase de instrucción, o incluso ante la policía o a lo manifestado en el plenario cuando se observan contradicciones en las respectivas declaraciones.

El supuesto de hecho es la alegación de la defensa de la vulneración de y a un proceso con todas las garantías, ex ar 24.2 CE, en relación con el art 714 y 730 LECrim, por introducción indebida de la declaración sumarial del acusado pese a que no silenció en estrictu sensu, ya que si contestó al interrogatorio de la defensa; pero el juzgador acordó en el acto del plenario la lectura de tal declaración instructora incluso con carácter previo a la declaración.

En STS de 4 de febrero de 1998 dice: “las contradicciones, retractaciones o correcciones sobre implicación de los acusados en los hechos en que se enjuician, frecuentes en las afirmaciones del sumario y las evacuadas en el acto del juicio oral, no significa la inexistencia de actividad probatoria, sino que pasa a ser un tema de apreciación probatoria, pudiendo el Tribunal sentenciador llevar a cabo una confrontación entre unas y otras formas y formar un juicio en conciencia sobre su respectiva veracidad, en los términos que autoriza el art 741 LECRIm.

 

Al respecto el TC en ST 1/2006, de 10 de enero, incide en que dicho Tribunal ha admitido también la posibilidad a través de las previsiones de los arts 714 y 730 LECRIm siempre que “el contenido de las diligencias practicadas en el sumario se reproduzcan en el juicio oral mediante la lectura pública del acta en que se documente, o introduciendo su contenido a través de los interrogatorios (STC 2/2002 de 14 de enero) pues de esta manera y ante la rectificación o retractación del testimonio operado en el acto del juicio oral (714 LECRIm) o ante la imposibilidad material de su reproducción (art 730 LECRIm) el resultado de las diligencias accede al debate procesal público ante el Tribunal cumpliendo la triple exigencia constitucional probatoria, publicidad, inmediación y contradicción STS 155/2002 de 22 de julio.”

En fin, seguro que hay mucho penalista que me llama la atención pero, a veces, que la primera declaración del imputado y/o testigo sea en el plenario puede evitar muchos problemas de incoherencia o contradicción entre los acusados cuando son macrocausas y permite una mejor organización de la defensa.

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13 diciembre, 2014 · 13:52

ENLACE AUTO JUEZ RUZ PIEZA SEPARADA DP 275.08 ÉPOCA I 1999 2005.

Auto de Juez Ruz de transformación de Diligencias Previas en Procedimiento Abreviado de las DP 275/08, Pieza Separada DP 275/2008, ÉPOCA I: 1999-2005

Fuente.- Elmundo.es

Os enlazo con el post de 11-1-2014 sobre receptación civil o beneficiarios económicos de delitos cometidos por terceros.

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26 noviembre, 2014 · 16:40

COMPLIANCE PENAL. EL FC BARCELONA Y EL CASO NEYMAR.

“El Barça estudia un plan antifraude para minimizar el caso Neymar”

Con este sugerente titular, el día 28.3.2014, Expansión Jurídico informaba de la hipótesis de que el FC Barcelona, por causa del “Caso Neymar”, prepare  “un plan de medidas eficaces para prevenir y descubrir los delitos que en el futuro pudieran cometerse con los medios o bajo la cobertura de la persona jurídica“. Es decir, el FC Barcelona va a preparar un plan de “Corporate Compliance Penal”

En segundo lugar, curiosamente, el día 23 de marzo de 2014, en este blog abordamos el tema en el post titulado “LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS. LA INSEGURIDAD JURÍDICA.”

En ese post abordamos la INDETERMINACIÓN normativa del compliance penal en España, la ausencia de regulación y la indefensión del imputado ante qué entenderá el juez como “medidas eficaces para prevenir y descubrir los delitos que en el futuro pudieran cometerse con los medios o bajo la cobertura de la persona jurídica” ¿Entenderán los tribunales que el programa de compliance penal SON TODAS LAS MEDIDAS EFICACES o solamente una medida eficaz?

En este blog también avanzamos que “El FC Barcelona, al parecer, será el pionero ante el gran público de la responsabilidad penal de las empresas, el programa de compliance penal y el altavoz de este área del derecho.

En tercer lugar, el 24 de marzo de 2014, Lawyerpress publicó la siguiente noticia “AENOR lanza un modelo de gestión que minimiza el riesgo penal de las empresas. La noticia informa de cómo “El modelo de AENOR acredita que las organizaciones han implantado un sistema de gestión eficaz para la prevención de delitos. Éste se basa en el ciclo de mejora continua e incluye no sólo elementos para la vigilancia y control, sino también requisitos orientados a la gestión y planificación, así como al análisis periódico y la mejora del mismo.” La pregunta es: ¿un Tribunal entenderá que la acreditación de AENOR es una medica eficaz?

En esta tendencia es futuro imperativo para las empresas, emprendedores, start up o cómo queráis llamar a aquellas personas a las que el Código de Comercio se le ocurrió llamar comerciantes (vaya cosas tiene nuestro, al parecer, el vetusto Código de Comercio).

El Derecho Comparado entiende los programas de compliance penal como medida eficaz; pero, en España, ¿qué entenderán los tribunales como medidas eficaces a efectos de la joven institución jurídica de la responsabilidad penal de empresas?

Por último, ¿las “medidas eficaces” deben ser suficientes para la prevención?. Si son eficaces y aun así se delinque, ¿qué hacemos?, ¿los gatekeepers se “comerán el marrón”?

Indudablemente, las medidas eficaces empezarán con los programas de compliance penal; los haga AENOR, Cuatrecasas o cualquier despacho de abogados. Eso sí, implanten los programas de prevención de responsabilidad penal de las personas jurídicas. El corporate compliance penal es importante, es necesario y será imperativa su existencia.

En fin, acordaos de la Ley Orgánica de Protección de Datos, porqueeee … ésta la cumplís, ¿no?

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LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS. LA INSEGURIDAD JURÍDICA.

LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS, LA INEXISTENCIA DE SEGURIDAD JURÍDICA. PROGRAMAS DE CORPORATE COMPLIANCE PENAL EN TENERIFE

En España la seguridad jurídica brilla por su ausencia (en mi particular y tendenciosa opinión que nace de mi hartazgo de estudiar modificaciones a las modificaciones de las modificaciones de lo legislado hace menos de un año).

Soy un abogado en Tenerife que intenta dar un servicio razonablemente diligente a quien solicita de mi asesoramiento. Para intentar dar asesoramiento jurídico en Tenerife me preparo, estudio, leo, comparto opiniones para aprender y, si es un tema novedoso, suelo realizar formación on line y off line.

Llevo mucho tiempo intentando entender, aprender y obtener unos mínimos conocimientos en corporate compliance penal y no hay manera. La indeterminación en España es tal que, aparentemente, ninguna norma explica como debemos prevenir estos asuntos.

Existen cursos para abogados de empresa (lo soy para algunas) de dos días. Probablemente insuficiente. Los libros de corporate compliance penal están contados con las manos. Me he leído muchos y diferentes. He llegado a la siguiente conclusión: como alguna empresas cometa algún “delito” –en el sentido coloquial del término- las van a crujir. Bueno, a las empresas que asesoro como abogado en Tenerife quizá no.

En España la responsabilidad penal de la empresa está indeterminada porque no sabemos a qué atenernos. Estamos en manos del juzgador, al que vamos a ciegas. No hay referencias, requisitos específicos, no hay elementos concretos en los que nos podamos apoyar para una defensa razonable cuando una empresa sea imputada por la comisión de un hecho que pueda ser considerado delictivo, entendido en un significado popular del término.

La redacción de este post no es muy técnica ya que lo escribo con la esperanza de que alguno de sus lectores sea un prudente y diligente empresario. Vigilad, prevenid y estableced vuestros programas de compliance penal.

La realidad española contrasta con el actual Derecho Comparado. En particular, con la regulación alemana e italiana, muy claras y duras. Europa debe armonizar la normativa de Derecho Compliance Penal. Las empresas no pueden arriesgarse a estar en Europa y que sus responsables en España puedan cometer delitos (no todos tienen porque ser dolosos) y pensar que se aplicará la indeterminada regulación española. Para muestra, un botón: Responsables de una cadena de electrodomésticos que han sido condenados en Alemania solicitar ventajas personales para admitir productos en los lineales de dicha cadena; o médicos que aceptaban regalos de los laboratorios farmacéuticos (si, en Alemania parece que es delito).

Dentro del asesoramiento que ofrecemos intentamos implementar el programa de compliance penal. Es difícil. La PYME española es reacia por su coste y por el esfuerzo que supone. Además, realmente, para que se aplique la atenuante del art 31.bis 4, d) del CP solo exigen “Haber establecido, antes del comienzo del juicio oral, medidas eficaces para prevenir y descubrir los delitos que en el futuro pudieran cometerse con los medios o bajo la cobertura de la persona jurídica”. Esto significa que desde la imputación a la apertura del juicio oral se podría implementar.

No obstante, entendemos que la implementación, de modo previo, a la previsible reforma del Código Penal para la concienciación de los gatekeepers internos: los compliance officers o los vigilantes de la prevención del riesgo penal allanarán la inminente problemática de responsabilidad penal de la empresa. Implementamos esta propuesta para prevenir e ir adaptando la filosofía de la empresa a la prevención de los delitos que le pueden “rodear”.

Abogados de empresa de Tenerife y de España. Preparaos para la era compliance penal o nos/os van a crujir. La revolución comenzará por el fútbol. El FC Barcelona, al parecer, será el pionero ante el gran público de la responsabilidad penal de las empresas, el programa de compliance penal y el altavoz de este área del derecho.

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foto obtenida de www.medciencia.com

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