Archivo de la categoría: DERECHO ADMINISTRATIVO

Los cigarrillos electrónicos. ¿Dónde puedo fumar?

Los cigarrillos electrónicos. Una nueva realidad 2.0

 

No acabamos agosto y ya nos hemos puesto en marcha para algunas cosas.

Un cliente y, sin embargo, amigo, me hace una consulta de esas divertidas porque no hay ser humano que encuentre (la jodi) la norma que regula una serie de prohibiciones.

Bueno, pues después de una lista de Spotify, y media mañana de un 25 de agosto de 2017 (viernes) creo haber encontrado una respuesta.

 

 

La consulta de mi amigo estaba centrada en si estaba permitido usar dispositivos susceptibles de liberación de nicotina y productos similares en bares, restaurantes y demás establecimientos de restauración cerrados.

 

Pues entiendo que si. Quizás me equivoque.

 

La respuesta la encontré en la Disposición adicional duodécima de la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco. Disposición adicional duodécima introducida por el número Dos de la disposición final duodécima de la Ley 3/2014, 27 marzo, por la que se modifica el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por el RD Leg 1/2007, 16 noviembre («B.O.E.» 28 marzo). Las disposiciones de la citada Ley serán de aplicación a los contratos con los consumidores y usuarios celebrados a partir de 13 junio de 2014.Vigencia: 29 marzo 2014 Efectos / Aplicación: 13 junio 2014.

¡Qué había que encontrarla, eh! Ojo.

Artículo 6. Limitaciones al consumo de los productos del tabaco.
El consumo de productos del tabaco deberá hacerse exclusivamente en aquellos lugares o espacios en los que no esté prohibido.

Disposición adicional duodécima Consumo y venta a menores de dispositivos susceptibles de liberación de nicotina y productos similares

Uno. El consumo de dispositivos susceptibles de liberación de nicotina y productos similares queda sometido a las mismas previsiones establecidas para el consumo del tabaco que se recogen en el artículo 6, así como a las contempladas en los apartados 2 y 3 del artículo 3.

Dos. Se prohíbe el consumo de dichos dispositivos, en:

  1. a) los centros y dependencias de las Administraciones públicas y entidades de derecho público.
  1. b) los centros, servicios y establecimientos sanitarios, así como en los espacios al aire libre o cubiertos, comprendidos en sus recintos.
  1. c) en los centros docentes y formativos, salvo en los espacios al aire libre de los centros universitarios y de los exclusivamente dedicados a la formación de adultos, siempre que no sean accesos inmediatos a los edificios y aceras circundantes.
  1. d) en los medios de transporte público urbano e interurbano, medios de transporte ferroviario, y marítimo, así como en aeronaves de compañías españolas o vuelos compartidos con compañías extranjeras.
  1. e) en los recintos de los parques infantiles y áreas o zonas de juego para la infancia, entendiendo por tales los espacios al aire libre acotados que contengan equipamiento o acondicionamiento destinados específicamente para el juego y esparcimiento de menores.

Tres. El consumo de dispositivos susceptibles de liberación de nicotina y productos similares queda sometido a las mismas previsiones establecidas para el consumo del tabaco que se recogen en las disposiciones adicionales sexta, segundo párrafo; octava y décima de esta ley, resultando de aplicación a dicho consumo las infracciones contempladas en las letras a) y d) del apartado 2 y letras a) b) c) y 1) del apartado 3 del art. 19, siendo el régimen sancionador el concordante para las mismas previsto en el Capítulo V.

NOTA MIA: Estas previsiones de las disposiciones sexta, octava y décima se refieren a centros penitenciarios, la octava a psiquiátricos y la decima a centros de mayores o discapacidad.

Cuatro. En los centros o dependencias en los que existe prohibición legal de consumo de dispositivos susceptibles de liberación de nicotina y productos similares deberán colocarse en su entrada, en lugar visible, carteles que anuncien esta prohibición y los lugares, en los que, en su caso, se encuentren las zonas habilitadas para su consumo. Estos carteles estarán redactados en castellano y en la lengua cooficial con las exigencias requeridas por las normas autonómicas correspondientes.

Si estas prohibiciones las comparamos con las prohibiciones a fumar el tabaco normal nos encontramos con las siguientes,

Artículo 7. Prohibición de fumar.
Se prohíbe fumar, además de en aquellos lugares o espacios definidos en la normativa de las Comunidades Autónomas, en:
a) Centros de trabajo públicos y privados, salvo en los espacios al aire libre.
b) Centros y dependencias de las Administraciones públicas y entidades de Derecho público.
c) Centros, servicios o establecimientos sanitarios, así como en los espacios al aire libre o cubiertos, comprendidos en sus recintos.
d) Centros docentes y formativos, salvo en los espacios al aire libre de los centros universitarios y de los exclusivamente dedicados a la formación de adultos, siempre que no sean accesos inmediatos a los edificios o aceras circundantes.
e) Instalaciones deportivas y lugares donde se desarrollen espectáculos públicos, siempre que no sean al aire libre.
f) Zonas destinadas a la atención directa al público.
g) Centros comerciales, incluyendo grandes superficies y galerías, salvo en los espacios al aire libre.
h) Centros de atención social.
i) Centros de ocio o esparcimiento, salvo en los espacios al aire libre.
j) Centros culturales, salas de lectura, exposición, biblioteca, conferencias y museos.
k) Salas de fiesta, establecimientos de juego o de uso público en general, salvo en los espacios al aire libre.
l) Áreas o establecimientos donde se elaboren, transformen, preparen, degusten o vendan alimentos.
m) Ascensores y elevadores.
n) Cabinas telefónicas, recintos de los cajeros automáticos y otros espacios cerrados de uso público de reducido tamaño. Se entiende por espacio de uso público de reducido tamaño aquel que no ocupe una extensión superior a cinco metros cuadrados.
ñ) Estaciones de autobuses, salvo en los espacios que se encuentren al aire libre, vehículos o medios de transporte colectivo urbano e interurbano, vehículos de transporte de empresa, taxis, ambulancias, funiculares y teleféricos.
o) Todos los espacios del transporte suburbano (vagones, andenes, pasillos, escaleras, estaciones, etc.), salvo en los espacios que se encuentren por completo al aire libre.
p) Estaciones, puertos y medios de transporte ferroviario y marítimo, salvo en los espacios al aire libre.
q) Aeropuertos, salvo en los espacios que se encuentren al aire libre, aeronaves con origen y destino en territorio nacional y en todos los vuelos de compañías aéreas españolas, incluidos aquellos compartidos con vuelos de compañías extranjeras.
r) Estaciones de servicio y similares.
s) Cualquier otro lugar en el que, por mandato de esta Ley o de otra norma o por decisión de su titular, se prohíba fumar.
t) Hoteles, hostales y establecimientos análogos, salvo en los espacios al aire libre. No obstante, podrán habilitarse habitaciones fijas para fumadores, siempre que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 8.
u) Bares, restaurantes y demás establecimientos de restauración cerrados.
v) Salas de teatro, cine y otros espectáculos públicos que se realizan en espacios cerrados.
w) Recintos de los parques infantiles y áreas o zonas de juego para la infancia, entendiendo por tales los espacios al aire libre acotados que contengan equipamiento o acondicionamientos destinados específicamente para el juego y esparcimiento de menores.
x) En todos los demás espacios cerrados de uso público o colectivo.

 

Anuncios

Deja un comentario

Archivado bajo Cigarrillo electrónico. Vapear, Sin categoría

Responsabilidad del Estado por daños causados por una resolución judicial

Responsabilidad del Estado por daños causados por una resolución judicial.

Si os interesa el tema os recomiendo el comentario monográfico de Gabriel Doménech Pascual, profesor de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de Valencia, AQUÍ. que es un trabajo como debe ser y no un corta y pega como mis post.

Los errores judiciales existen. Hay procedimientos establecidos para ello. En este blog hemos tratado el error judicial aquí y aquí

«El error judicial, fuente del derecho a obtener una indemnización que reconoce a los perjudicados el artículo 121 CE , ha de tener la gravedad que implícitamente exige el artículo 292.3 LOPJ (pues en él se establece que la mera revocación o anulación de las resoluciones judiciales no presupone por sí sola derecho a la indemnización) y que la jurisprudencia reclama ( SSTS de 25 de enero de 2006, EJ n.o 32/2004 , 4 de abril de 2006, EJ n.o 1/2004 , 31 de enero de 2006, EJ n.o 11/2005 , 27 de marzo de 2006, EJ n.o 13/2005 , 13 de diciembre de 2007, EJ n.o 20/2006 , 7 de mayo de 2007, EJ n.o 10/2005 y 12 de diciembre de 2007, EJ n.o 35/2004 ), en consonancia con el carácter extraordinario de una institución mediante la que se ordena el resarcimiento por el Estado de los daños causados por una sentencia dictada en el ejercicio de la función jurisdiccional con fuerza de cosa juzgada”

 El post de hoy no tiene que ver con este error, en mi opinión, sino que yo lo oriento más hacia una responsabilidad patrimonial de las AAPP aunque esté muy cogida por los pelos al tratarse de un tema cuyo origen es una resolución judicial. Las resoluciones judiciales como todo el mundo sabe tienen una situación especial que deriva, en síntesis, de su independencia.

La STJUE de 28-7-2016, asunto C-168/15 sobre «Procedimiento prejudicial — Protección de los consumidores — Directiva 93/13/CEE — Cláusulas abusivas en los contratos celebrados con los consumidores — Contrato de préstamo que contiene una cláusula abusiva — Ejecución forzosa de un laudo arbitral dictado en aplicación de esa cláusula — Responsabilidad de un Estado miembro por los daños causados a los particulares como consecuencia de violaciones del Derecho de la Unión imputables a un órgano jurisdiccional nacional — Requisitos de generación de la responsabilidad — Existencia de una violación suficientemente caracterizada del Derecho de la Unión»

Sólo puede generarse la responsabilidad de un Estado miembro por los daños causados a los particulares por una violación del Derecho de la Unión provocada por una resolución de un órgano jurisdiccional nacional cuando esta resolución proceda de un órgano jurisdiccional de ese Estado miembro que resuelva en última instancia, extremo éste que el órgano jurisdiccional remitente debe comprobar en lo que respecta al litigio principal. Si ese fuera el caso, una resolución de ese órgano jurisdiccional nacional que resuelve en última instancia únicamente puede constituir una violación suficientemente caracterizada del Derecho de la Unión, de la que pueda derivarse tal responsabilidad, cuando, mediante esa resolución, dicho órgano jurisdiccional ha infringido manifiestamente el Derecho aplicable, o en caso de que esta violación se haya producido a pesar de existir una jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia en la materia.

No cabe considerar que un órgano jurisdiccional nacional que, antes de la sentencia de 4 de junio de 2009, Pannon GSM (C‑243/08, EU:C:2009:350), en el marco de un procedimiento de ejecución forzosa de un laudo arbitral que estimó una pretensión de condena al pago de créditos en virtud de una cláusula contractual que debe considerarse abusiva, en el sentido de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, se abstuvo de apreciar de oficio el carácter abusivo de esa cláusula, a pesar de que disponía de los elementos de hecho y de Derecho necesarios para ello, ha inobservado manifiestamente la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en la materia y, por lo tanto, ha cometido una violación suficientemente caracterizada del Derecho de la Unión.

Las reglas relativas a la reparación de un daño causado por una violación del Derecho de la Unión, como las referidas a la evaluación de ese daño o a la articulación entre una demanda por la que se solicita la reparación de tal daño y las demás vías de recurso que puedan estar disponibles, quedan determinadas por el Derecho nacional de cada Estado miembro, siempre que se respeten los principios de equivalencia y de efectividad.

En resumen, es posible que una resolución judicial pueda general una responsabilidad por parte del Estado si se dan las siguientes condiciones:

  1. La resolución debe ser dictada por un órgano jurisdiccional nacional.
  2. Resuelva en última instancia
  3. Contener una infracción manifiesta del derecho aplicable o que esta violación de la norma se produzca a pesar de existir jurisprudencia reiterada.
  4. El procedimiento para solicitar la reparación del daño debe realizarse a través del procedimiento en el ordenamiento jurídico nacional.

Deja un comentario

27 septiembre, 2016 · 15:29

URBANISMO. Pista interior de uso agrícola. Suelo agrícola potencialmente cultivable.

El post de hoy hace referencia a la Sentencia del TSJ de Canarias, de fecha 26 de julio de 2016, en un asunto en donde he tenido el privilegio de participar junto a otros abogados y, sin embargo, amigos, y la fortuna de que la Sala haya entendido y estimado nuestra posición. No hay enlaces en las BBDD.

Sin entrar en otros detalles, voy a exponer dos acertadas conclusiones de la Sala sobre la compleja y abigarrada normativa urbanística que existe en cada una de las islas. En este particular, Tenerife.

El problema surge en la existencia de diferentes criterios entre la Administración Municipal y el Cabildo Insular en la interpretación de las normas de ordenación del suelo.

En el post voy a analizar dos cuestiones novedosas:

  • Pista interior de uso agrícola.
  • Concepto de “potencialmente cultivable”.

1.- Pista interior de uso agrícola.

La Sala, fundamentada sobre la opinión de un perito urbanista de gran prestigio que depuso en el acto del plenario, entiende que la pista interior de uso agrícola son pistas que no tienen desarrollo fuera de la parcela agraria en la que se construyó. Estas pistas carecen de los inconvenientes de otras pistas, es decir, no producen conflictos entre el uso público o privado de las mismas y el reparto de los costes de mantenimiento es privado, siendo además necesarias para el paso de vehículos de tracción mecánica.

Parecerá un concepto sencillo pero no había una definición expresa hasta ahora, más allá de una breve remisión al PIOT de La Gomera que no determinaba ciertos conceptos.

Este tipo de pistas agrícolas, según los PGOU (habrá que estar a cada uno), pueden ser de nueva creación.

2.- Terreno potencialmente cultivable.

Aunque parezca sencillo, no lo es.

El Cabildo Insular de Tenerife tiene (o tenía) como criterio que las actuaciones en suelo rustico agrícola deben ser rentables. )¿Según la opinión de quién? Eso es otro asunto. Aunque yo no lo comparta, no es un criterio tan disparatado si uno conoce el mundo rural -y a más de uno le habrá salvado de darse un tortazo económico de impresión.- Así lo afirman en sus informes (al menos en los que he tenido la oportunidad de leer). De no ser rentables, informa negativamente a las actuaciones solicitadas (veremos que pasa con la nueva Ley del Suelo que se está pergeñando.) denegando actuaciones porque las entienden antieconómicas.

La Sala resuelve, acertadamente en mi subjetiva opinión, que el suelo es agrícola o no esté o no cultivado. Entiende que la parcela tenga clasificación de agraria significa que puede ser cultivada en cualquier momento. Es decir, “que aun estando cultivada en poco más de un diez por ciento no significa que no pueda realizarse en un futuro.” En este sentido solo uno de los peritos que declararon por parte del Cabildo, afirmó que aunque la explotación no es viable por el terreno si el propietario quiere gastarse el dinero, lo hará. Esto último, implica un cambio de criterio interno en el Cabildo Insular puesto que, como expongo en este post, esto no era la práctica ordinaria.

En definitiva, antes a esta sentencia el Cabildo denegaba la actuación si no lo veía rentable, según sus criterios, para el administrado unido a que era una actuación en un lugar en donde no estaba cultivado.

Después de la sentencia entiendo que debería considerar, a estos efectos, el concepto administrativo de que si cumplen el requisito de ser suelo agrícola y es solicitado no se puede denegar con base a unos criterios de rentabilidad internos del cabildo.

 

Deja un comentario

12 septiembre, 2016 · 10:55

El enriquecimiento injusto de una administración pública.

El enriquecimiento injusto de una administración pública.

Esto del enriquecimiento injusto es algo muy curioso que hemos tratado en este blog desde una perspectiva civil AQUÍ y AQUÍ

Hoy traemos al blog una STSJ de Canarias de lo más sencillo –que no simple- para abordar el tema y que entiendo es ejemplo de pleitos ilógicos que la administración obliga a los administrados a emprender.

Una empresa gana un concurso para la ejecución de una carretera. Hay que modificar sobre la marcha el proyecto y la administración obliga a ejecutar obras no contratadas, previstas ni encomendadas. Además de esto la Administración no recibe las obras y obliga a la empresa de construcción al mantenimiento de las mismas, incluida la seguridad de la vía. Es decir, los propios de una carretera en funcionamiento suponen su vigilancia las 24 horas del día, siete días a la semana, con personal y medios a disposición por motivo de emergencias surgías y mantenimiento de su seguridad, dado que el Cabildo Insular no recibió la obras hasta julio de 2011.

El TSJ de Canarias, STSJ ICAN 3193/2015, CENDOJ 38038330012015100516 ventila la motivación del pleito de una manera muy sencilla pero clara:

Los trabajos de mantenimiento y vigilancia, por lo tanto, constan encargados por persona revestida de efectiva potestad para ello, estando acreditada su realización, informados favorablemente por el director facultativo, habiendo sido presupuestados conforme a precios del proyecto original.

Este hecho supone que su ejecución ha supuesto un beneficio o enriquecimiento a costa de la actora, sin que exista razón que ampare a la Administración a negarse e su pago ( sentencias del Tribunal Supremo de 27 de diciembre de 1999 , de 9 de noviembre de 1999 , de 15 de octubre de 1999 , de 15 de marzo de 1999 y de 11 de julio de 1997 , entre otras), sin perjuicio de las repeticiones del pago que considere procede accionar, o posibles responsabilidades del personal a su servicio, si ha ello hubiere lugar.”

Deja un comentario

19 enero, 2016 · 10:25

¿Qué es el principio de congruencia?

¿Qué es el principio de congruencia?

Lo curioso es que normalmente conocemos el principio de congruencia por el vicio de incongruencia, como hemos visto AQUÍ. En ese post lo veíamos desde una STS de la Sala de los Civil. Hoy lo vemos desde una STS de la Sala de lo Contencioso, Secc7, para ser exactos.

El Tribunal Constitucional ha dicho que la incongruencia consiste en la ausencia de respuesta a las pretensiones de las partes, es decir un desajuste entre el fallo judicial y los términos en que las partes formulan sus pretensiones ( STC 36/2006, de 13 de febrero ).

La citada doctrina distingue entre lo que son meras alegaciones formuladas por las partes en defensa de sus pretensiones y las pretensiones en sí mismas consideradas ( STC 189/2001, 24 de septiembre ). Son sólo estas últimas las que exigen una respuesta congruente ya que no es preciso una respuesta explícita y pormenorizada de todas las cuestiones planteadas no sustanciales ( STC 51/2010, de 4 de octubre , FJ 3o.), salvo que estemos ante una alegación fundamental planteada oportunamente por las partes ( STC 24/2010, 27 abril FJ 4o) en que no cabría la respuesta conjunta y global. E insiste en que es una categoría legal y doctrinal cuyos contornos no corresponde determinar al citado máximo intérprete constitucional ( STC 8/2004, de 9 febrero ). Cabe, además, una respuesta de forma tácita o implícita obtenida del conjunto de razonamientos ( STC 29/2008, de 20 de febrero ). No cabe un desajuste entre el fallo y las pretensiones de las partes que contravenga los razonamientos expuestos para decidir ( STC 114/2003 de 16 de junio ). Si se desatiende un aspecto con posible incidencia en el fallo puede darse lugar a una denegación de justicia ( STC 24/2010, de 27 de abril , FJ4).

Para el TS, por todas STS 1348/2015, cendoj 28079130072015100084, STS de 23-3-2015 de la Sala de lo contencioso, secc 7, es:

  1. a) Se incurre en el vicio de incongruencia tanto cuando la sentencia omite resolver sobre alguna de las pretensiones y cuestiones planteadas en la demanda ( STS de 8 de julio de 2008 , rec. casación 6217/2005, STS 25 de febrero de 2008, rec casación 3541/2004 , STS 23 de marzo de 2011, recurso de casación 2302/2009 ), es decir la incongruencia omisiva o por defecto que conculca el art. 67 LJCA que obliga a decidir sobre todas las cuestiones controvertidas en el proceso; como cuando resuelve sobre pretensiones no formuladas, o sea incongruencia positiva o por exceso ( sentencias de 24 de mayo de 2010, rec casación 6182/2006 , sentencia de 23 de diciembre de 2010, rec casación 4247/2006 ).
  2. b) El principio de congruencia no se vulnera por el hecho de que los Tribunales basen sus fallos en fundamentos jurídicos distintos de los aducidos por las partes ( STS 17 de julio de 2003, rec. casación 7943/2000 ). En consecuencia el principio “iura novit curia” faculta al órgano jurisdiccional a eludir los razonamientos jurídicos de las partes siempre que no altera la pretensión ni el objeto de discusión.
  3. c) Es suficiente con que la sentencia se pronuncie categóricamente sobre las pretensiones formuladas ( STS 3 de noviembre de 2003, rec. casación 5581/2000 ). Cabe, por ello, una respuesta global o genérica, en atención al supuesto preciso, sin atender a las alegaciones concretas no sustanciales.
  4. d) No incurre en incongruencia la sentencia que otorga menos de lo pedido, razonando porqué no se concede el exceso ( STS 3 de julio de 2007, rec. casación 3865/2003 ).
  5. e) No cabe acoger un fundamento que no se refleje en la decisión ya que la conclusión debe ser el resultado de las premisas establecidas ( Sentencias de 27 de enero de 1996, rec. de casación 1311/1993 ).
  6. f) Es necesario que los argumentos empleados guarden coherencia lógica y razonable con la parte dispositiva o fallo, para no generar incoherencia interna que de lugar a contradicción entre el fallo de la sentencia y los fundamentos que justifican su decisión ( STS 23 de abril de 2003 , rec. de casación 3505/1997, STS 29 de mayo de 2007 , rec. casación 8158/2003). Contradicción entre fallo de la resolución y su fundamentación reputada por el Tribunal Constitucional defecto de motivación lesivo del derecho a la tutela judicial efectiva y no vicio de incongruencia ( STC 127/2008, de 27 de octubre , FJ2), si bien este Tribunal (STS 4 de noviembre de 2009, recurso de casación 582/2008 , FJ4o) reputa incongruencia interna la contradicción entre lo que se razona y lo que se decide derivada de error evidente en la redacción de un párrafo caracterizado por recaer sobre la circunstancia de la que depende la decisión del proceso.

La importancia de juzgar dentro del límite de las pretensiones formuladas por las partes y de las alegaciones deducidas para fundamentar el recurso y la oposición se encuentra plasmado en el art. 33 LJCA 1998 en relación con el art. 65.2 de la misma norma . Obliga a someter a las partes los nuevos motivos susceptibles de fundar el recurso o la oposición en que pretenda fundar su resolución. Disposiciones una y otra encaminadas a preservar el principio de contradicción como eje esencial del proceso y evitar, por ende, la incongruencia por exceso.

Deja un comentario

18 enero, 2016 · 10:08

Notificaciones defectuosas y efectos en Derecho Administrativo. Comunicación por edictos como excepcional.

Notificaciones defectuosas y efectos en Derecho Administrativo. Comunicación por edictos como excepcional.

Te ponen una multa no te llega a casa y tus cuentas aparecen embargadas. Si me dieran un euro por cada vez que escucho esto sería millonario. Si me dieran dos por cada vez que compruebo que sí han sido notificados sería casi el doble de millonario.

El post de hoy viene a refrescar a quienes la conocéis o a mostrar un mundo de posibilidades a quienes desconocíais la Doctrina del TC y TS sobre el carácter excepcional de la notificación por edictos, notificaciones defectuosas y carencia de efectos interruptivos de la prescripción.

El artículo 48 del RD 391/1996 establece, en relación con el régimen jurídico aplicable a las notificaciones a practicar en el ámbito del procedimiento de revisión, que: “En el primer escrito que se presente en cada reclamación económico-administrativa, en cualquiera de sus instancias, habrá de expresarse necesariamente el domicilio en que deban hacerse las notificaciones, teniéndose por bien practicadas las que se verifiquen en dicho domicilio mientras no se haya acreditado en el expediente la sustitución de aquél por medio de escrito o de comparecencia personal suscrita por el interesado o apoderado.”

Bueno, hasta aquí lógico y normal. Lamentablemente la práctica del día a día nos dice que es corriente y habitual que notifiquen en un domicilio distinto al expuesto, ej: en el escrito se pide que se cite en el domicilio profesional del despacho y no lo hacen sino que notifican en el domicilio que le consta a la AEAT.

Bueno, pues la doctrina ser resume en:STS 5385/2015 de 16-12-2015, Sala de lo contencioso, Secc 2º, Id Cendoj 28079130022015100574:

“…la cuestión a resolver es si señalado un domicilio para notificaciones, el intento infructuoso en él, por cambio de domicilio, de la notificación por correo determina sin más y de forma automática la notificación edictal o, si por el contrario, ésta sólo procede utilizarla, no obstante no haberse comunicado el nuevo domicilio al órgano de reclamación, cuando no se haya podido practicar la notificación personal por los medios normales, y sea imposible conocer el domicilio del interesado.

Desde luego, el recurrente si hubiera extremado su diligencia, participando al TEAC su nuevo domicilio, no hubiera dado lugar a la notificación edictal. No obstante, ha de reconocerse que, esta Sala viene interpretando que la notificación edictal es residual, requiriendo el agotamiento previo de las otras modalidades que aseguren en mayor grado la recepción por el destinatario de la correspondiente notificación, así como que no conste el domicilio del interesado o se ignore su paradero ( sentencias de 10 de noviembre de 1993 , 23 de febrero de 1996 , 13 de marzo de 1997 y 21 de enero de 2003 , entre otras.

Esta misma orientación, en cuanto a la procedencia y validez de las notificaciones edictales, ha sido también seguida por el Tribunal Constitucional, al examinar actos de comunicación de los órganos jurisdiccionales.

De acuerdo con el Tribunal Constitucional la notificación por edictos tiene un carácter supletorio y excepcional, debiendo ser considerada como remedio último, siendo únicamente compatible con el artículo 24 de la Constitución , si existe la certeza o, al menos, la convicción razonable de la imposibilidad de localizar al demandado ( sentencias 48/82, 31 de mayo , 63/82, de 20 de octubre , y 53/03 de 24 de marzo , entre otras muchas), señalando, asímismo, que cuando los demandados están suficientemente identificados su derecho a la defensa no puede condicionarse al cumplimiento de la carga de leer a diario los Boletines Oficiales.

La sentencia recurrida no tuvo en cuenta esta doctrina, por lo que infringió la normativa reguladora de las notificaciones así como la doctrina jurisprudencial que la interpreta, por lo que procede estimar el recurso, y casar la sentencia, declarando, en su lugar, la improcedencia de la notificación edictal practicada, pues tuvo lugar, con sólo un intento fallido de la notificación postal y sin la realización de actividad alguna por el Tribunal para averiguar el domicilio del obligado, que fue conseguido fácilmente cuando se personó un agente tributario a notificar otra resolución para la ejecución del fallo del TEAC, dándose además la circunstancia que en este caso se comunicó a la Administración el cambio de domicilio de la sociedad, efectuándose también la inscripción en su momento en el Registro Mercantil de Barcelona, por lo que sin arduas y complejas indagaciones fácilmente se hubiera podido localizar al reclamante.

Ante la improcedencia de la notificación edictal, resulta innecesario pronunciarse sobre los defectos que se denuncian en relación a ella.(falta de publicación en el BOE, omisión de datos de la resolución en el anuncio publicado en el BOP de Barcelona, y falta de exposición del edicto en el tablón de la Secretaría del Tribunal), comportando aquella circunstancia que no pueda tenerse por practicada, en forma legal, la notificación de la resolución del TEAC, sino desde el momento en que la recepcionó efectivamente el 17 de abril de 1998 la entidad recurrente, lo que impide la extemporaneidad apreciada, dada la fecha de interposición del recurso jurisdiccional.”

Deja un comentario

11 enero, 2016 · 10:30

Presupuestos de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas.

Presupuestos de la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas.

Recientemente recibí una satisfactoria sentencia sobre responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas cuya motivación, en su FD SEGUNDO, paso a reproducir porque concreta estupendamente los presupuestos para que nazca esta acción en contra a las AAPP. Espero que os sirva de ayuda

La responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, proclamada en el artículo 106 de la Constitución y cuya regulación se contiene en los artículos 139 y siguientes de la Ley 30/1992, según ha venido matizando reiterada jurisprudencia, queda configurada por la acreditación de los siguientes requisitos:

  1. La efectiva realidad de un daño evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas, que no tengan obligación de soportarlo.
  2. El daño o lesión patrimonial sufrido sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos en una relación directa o inmediata de causa a efecto, sin intervención extraña que pudiera anular o descartar el nexo causal.
  3. Que no se haya producido en ningún caso por fuerza mayor, siendo preciso, asimismo,
  4. Que la acción de responsabilidad se produzca dentro del plazo de un año, que habrá de empezar a contarse desde que pueda ejercitarse por conocerse en sus dimensiones fácticas y jurídicas el alcance de los perjuicios producidos.

En este sentido el Tribunal Supremo (sentencia de 28 de octubre de 1998, en la que se citan las de 14 de mayo, 4 de junio, 2 de julio, 27 de septiembre, 7 de noviembre y 19 de noviembre de 1994, 11, 25 y 28 de febrero de 1995 y 1 de abril de 1995) la responsabilidad patrimonial de la Administración “se configura como una responsabilidad objetiva o por el resultado en la que es indiferente que la actuación administrativa haya sido normal o anormal, bastando para declararla que como consecuencia directa de aquélla, se haya producido un daño efectivo, evaluable económicamente e individualizado. Esta fundamental característica impone que no sólo no es menester demostrar para exigir aquella responsabilidad que los titulares o gestores de la actividad que ha generado un daño han actuado con dolo o culpa, sino que ni siquiera es necesario probar que el servicio publico se ha desenvuelto de manera anómala, pues los preceptos constitucionales y legales que componen el régimen jurídico aplicable extienden la obligación de indemnizar a los casos de funcionamiento normal de los servicios públicos. Debe, pues, concluirse, que para que el daño concreto producido por el funcionamiento del servicio a uno o varios particulares sea antijurídico basta con que el riesgo inherente a su utilización haya rebasado los límites impuestos por los estándares de seguridad exigibles conforme a la conciencia social. No existirá entonces deber alguno del perjudicado de soportar el menoscabo y, consiguientemente, la obligación de resarcir el daño o perjuicio causado por la actividad administrativa será a ella imputable“.

El Tribunal Supremo concibe la responsabilidad patrimonial como puramente objetiva o de resultado, siendo lo único relevante y exigible que se deba al funcionamiento de la administración. Si bien, resulta indispensable, asimismo, que concurra una relación de causa a efecto entre el actuar administrativo y el daño provocado; pues como señala la sentencia del Tribunal Supremo de 13 de noviembre de 1997: “Aún cuando la responsabilidad de la Administración ha sido calificada por la jurisprudencia de esta Sala como un supuesto de responsabilidad objetiva, no lo es menos que ello no convierte a la Administración en un responsable de todos los resultados lesivos que puedan producirse por el simple uso de instalaciones publicas, sino que, es necesario que esos daños sean consecuencia directa e inmediata del funcionamiento normal o anormal de aquélla“.

Lo dicho. Espero que os sea útil.

Deja un comentario

21 septiembre, 2015 · 12:00

Doctrina del TC de la extraordinaria y urgente necesidad. STC de 5 de febrero de 2015.

Ayer publiqué un post titulado “Chapuzas e improvisación. A propósito del RDL 1/2015. “El de las tasas”. Hoy me enviaron una interesante STC de 5 de febrero de 2015 que ha sido publicado, mira tu que cosas, hoy; con dos votos particulares.

Por mi falta de conocimientos en la materia no quiero suplantar gente competente en la materia pero la ignorancia es atrevida.

La STC resuelve el recurso de inconstitucionalidad que presentó el PSOE contra el Real Decreto-ley 6/2013, de 22 de marzo, de protección a los titulares de determinados productos de ahorro e inversión y otras medidas de carácter financiero.

El FJ 1 explica que la impugnación se dirige contra la totalidad del RDley al no concurrir el requisito de “extraordinaria y urgente necesidad”.

El TC resume su doctrina consolidada al respecto:

(…) según el art. 86.1 CE, habilita al Gobierno para dictar la legislación de urgencia que se manifiesta a través de la figura del decreto-ley. Dicho presupuesto habilitante, «no es, en modo alguno, una cláusula o expresión vacía de significado dentro de la cual el lógico margen de apreciación política del Gobierno se mueva libremente sin restricción alguna, sino, por el contrario, la constatación de un límite jurídico a la actuación mediante decretos-leyes», razón por la cual, este Tribunal puede, «en supuestos de uso abusivo o arbitrario, rechazar la definición que los órganos políticos hagan de una situación determinada como de `extraordinaria y urgente necesidad ́ y, en consecuencia, declarar la inconstitucionalidad por inexistencia del presupuesto habilitante» (SSTC 100/2012, de 8 de mayo, FJ 8; 237/2012, de 13 de diciembre, FJ 4; y 39/2013, de 14 de febrero, FJ 5, entre otras).

La apreciación de la concurrencia de la extraordinaria y urgente necesidad constituye un juicio político que corresponde efectuar al Gobierno (titular constitucional de la potestad legislativa de urgencia) y al Congreso (titular de la potestad de convalidar, derogar o tramitar el texto como proyecto de ley). El Tribunal controla que ese juicio político no desborde los límites de lo manifiestamente razonable, pero «el control jurídico de este requisito no debe suplantar a los órganos constitucionales que intervienen en la aprobación y convalidación de los Reales Decretos-Leyes» (SSTC 332/2005, de 15 de diciembre, FJ 5 y 1/2012, de 13 de enero, FJ 6), por lo que la fiscalización de este órgano constitucional es «un control externo, en el sentido de que debe verificar, pero no sustituir, el juicio político o de oportunidad que corresponde al Gobierno» (STC 182/1997, de 28 de octubre, FJ 3).

Este control externo que al Tribunal corresponde realizar se concreta en los siguientes aspectos: en primer lugar, comprobar «que la definición por los órganos políticos de una situación de extraordinaria y urgente necesidad sea explícita y razonada», y, además «que exista una conexión de sentido o relación de adecuación entre la situación definida que constituye el presupuesto y las medidas que en el Decreto- Ley se adoptan (STC 29/1982, de 31 de mayo, FJ 3), de manera que estas últimas guarden una relación directa o de congruencia con la situación que se trata de afrontar» (STC 182/1997, de 28 de octubre, FJ 3).

En cuanto al primero de estos aspectos –la definición de la situación de urgencia–, nuestra doctrina ha precisado que no es necesario que tal definición expresa de la extraordinaria y urgente necesidad haya de contenerse siempre en el propio Real Decreto-ley, sino que tal presupuesto cabe deducirlo igualmente de una pluralidad de elementos. A este respecto, conviene recordar que el examen de la concurrencia del citado presupuesto habilitante de la «extraordinaria y urgente necesidad» siempre se ha de llevar a cabo mediante la valoración conjunta de todos aquellos factores que determinaron al Gobierno a dictar la disposición legal excepcional y que son, básicamente, los que quedan reflejados en la exposición de motivos de la norma, a lo largo del debate parlamentario de convalidación, y en el propio expediente de elaboración de la misma (SSTC 29/1982, de 31 de mayo, FJ 4; 182/1997, de 28 de octubre, FJ 4; 11/2002, de 17 de enero, FJ 4; y 137/2003, de 3 de julio, FJ 3).

En cuanto a la segunda dimensión del presupuesto habilitante de la legislación de urgencia –conexión de sentido entre la situación de necesidad definida y las medidas que en el Real Decreto-ley se adoptan–, nuestra doctrina ha afirmado un doble criterio o perspectiva para valorar su existencia: el contenido, por un lado, y la estructura, por otro, de las disposiciones incluidas en el Real Decreto-ley controvertido. Así, ya en la STC 9/1982, de 31 de mayo, FJ 3, excluimos a este respecto aquellas disposiciones «que, por su contenido y de manera evidente, no guarden relación alguna, directa ni indirecta, con la situación que se trata de afrontar ni, muy especialmente, aquéllas que, por su estructura misma, independientemente de su contenido, no modifican de manera instantánea la situación jurídica existente» (STC 39/2013, de 14 de febrero, FJ 9).

Conviene recordar, asimismo, que la doctrina de este Tribunal ha venido admitiendo la aptitud del decreto-ley para atender lo que hemos denominado como «coyunturas económicas problemáticas», entre ellas, «la apreciación de la urgencia hecha por el Gobierno en casos de modificaciones tributarias que afectaban a las haciendas locales (STC 6/1983, de 4 de febrero), de situación de riesgo de desestabilización del orden financiero (STC 111/1983, de 2 de diciembre), de adopción de planes de reconversión industrial (STC 29/1986, de 20 de febrero), de medidas de reforma administrativa adoptadas tras la llegada al poder de un nuevo Gobierno (STC 60/1986, de 20 de mayo), de modificaciones normativas en relación con la concesión de autorizaciones para instalación o traslado de empresas (STC 23/1993, de 21 de enero), de medidas tributarias de saneamiento del déficit público (STC 182/1997, de 28 de octubre) o, en fin, de necesidad de estimular el mercado del automóvil (STC 137/2003, de 3 de Julio)» (STC 68/2007, de 28 de marzo, FJ 6). Hemos considerado asimismo que «la necesidad de consolidar el crecimiento de la actividad económica permite también al Gobierno el recurso al decreto-ley como instrumento normativo adecuado para adoptar medidas de política económica general fundamentadas en garantizar la permanencia en el tiempo de una preexistente fase de expansión económica, lo que habrá de valorarse en atención a las circunstancias que concurran en cada caso concreto» (STC 137/2011, de 14 de septiembre, FJ 6).

En definitiva, «la necesidad justificadora de los Decretos-leyes no se puede entender como una necesidad absoluta que suponga un peligro grave para el sistema constitucional o para el orden público entendido como normal ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas y normal funcionamiento de los servicios públicos, sino que hay que entenderlo con mayor amplitud como necesidad relativa respecto de situaciones concretas de los objetivos gubernamentales que, por razones difíciles de prever, requieren una acción normativa inmediata en un plazo más breve que el requerido por la vía normal o por el procedimiento de urgencia para la tramitación parlamentaria de las leyes» (STC 6/1983, FJ 5).”

La STC, esencialmente y desde la óptica de que esto es un post de un blog, justifica la desestimación del recurso en los siguientes particulares:

  • Tiene por objeto atender a “una coyuntura económica problemática”.
  • Las descripción de la extraordinaria y urgente necesidad no es una fórmula ritual o genérica.
  • El recurso se basa en la discrepancia respecto de las medidas adoptadas en la norma impugnada.
  • No importa que la regulación exceda lo que podría considerarse un mero cambio organizativo.

Hay dos votos particulares, uno del don Luis Ignacio Ortega Álvarez y otro de don Fernando Valdés Dal-Re.

El primero, que se remite al voto del segundo, discrepa, grosso modo, un tema en:

  • No considera necesario y RDL para la creación de una norma con rango de reglamentario.
  • Entiende que la creación ex novo de un órgano con funciones ejecutivas no presenta una conexión suficiente para ser colada vía RDL.

Don Fernando Valdés expone:“Mi disentimiento se traduce, precisamente, en relación con la aplicación que el parecer mayoritario efectúa del primero de los escrutinios de necesario empleo para verificar la concurrencia de la extraordinaria y urgente necesidad en relación con el único precepto legal contestado. En todo caso, una exacta inteligencia de los razonamientos conducentes a fundamentar con la obligada consistencia jurídico-constitucional la violación denunciada por la recurrente y rechazada por la presente resolución pide, como preliminar útil, efectuar dos observaciones.”

“(…)con la exposición de motivos de la norma impugnada, el escrutinio que la Sentencia lleva a cabo respecto de esta segunda fuente ya no incurre en la denunciada doble confusión. Y no lo hace por una sencilla razón; a saber: por cuanto la totalidad de las argumentaciones suministradas por el Sr. Ministro y ahí reproducidas constituye una simple narración de los objetivos perseguidos con el dictado de la norma de urgencia así como de las medidas que la propia norma incorpora a su articulado.

A una mera manifestación de objetivos responden, de manera ejemplar, los dos primeros párrafos que se traen a colación, en los que el interviniente en el debate parlamentario asigna a la norma que presenta, entre otras, las siguientes finalidades: i) avanzar («dar un paso más») en el conjunto de iniciativas adoptadas por el Gobierno «para proteger a los pequeños ahorradores que han sufrido la mala comercialización de unos productos de inversión de gran complejidad»; ii) buscar fórmulas que compatibilicen la compensación a los afectados por esa comercialización con la normativa comunitaria de ayudas al estado, los planes de reestructuración y resolución de las entidades financieras, aprobados por la Comisión Europea; iii) respetar el «principio de reducir el coste para el contribuyente» y, por último, iv) impulsar «unos procedimientos de arbitraje para dirimir las controversias derivadas de la comercialización de participaciones preferentes y deuda subordinada», procedimientos éstos que, a su juicio, ofrecen «una vía rápida, eficaz y menos costosa» que los judiciales.”

Después del rollo del copia y pega, si habéis llegado hasta aquí es que tenéis un verdadero interés y seguro que os habéis leído la exposición del motivos del RDL 1/2015.

Hoy leí criticas feroces a la exposición de motivos. Un amigo –profesor universitario- la definió como la peor exposición de motivos que había leído nunca.

Por cuestiones de tiempo y practica leo pocas exposiciones de motivos. Pero claro, está es “la de las tasas” y me sorprenden un par de cosas:

1.- Si estamos justificando en la Exposición de Motivos la extraordinaria y urgente necesidad sacar a colación a Manresa y su crítica al Código Civil en relación a la Ley de las Partidas y los 750 años de éstas… hombreeeeeee.

Si a esto le añadimos expresiones gloriosas como: “Es preciso que el legislador huya siempre de toda tentación demagógica que a la larga pueda volverse en contra de aquellos a quienes pretende beneficiar

2.- Si tenemos en cuenta las diferentes y abundantes reformas concursales…. Hombreeeee

3.- Si tenemos en cuenta que el 1 de enero de 2015 entró en vigor una reforma de la LSC; hombreeee

4.- Pero la justificación de la urgencia de las tasas es para reírse por no llorar:

“La utilización del real decreto-ley responde, por tanto, a la urgencia detectada, otorgando inmediatez a la consecución de un doble objetivo: poner fin a una situación que había generado un enorme rechazo social y, al tiempo, eliminar un elemento de retraimiento en el acceso a los Tribunales en un contexto de previsible aumento de movimientos económicos entre los distintos operadores jurídicos”

Deja un comentario

Archivado bajo DERECHO ADMINISTRATIVO, DERECHO CONSTITUCIONAL

Tasación de costas e IVA. Problemas en el Contencioso-Administrativo

TASACIÓN DE COSTAS E IVA. PROBLEMAS EN EL CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

Esta semana, por suerte, he “ganado” un pleito con costas. Es un pleito especial porque es un recurso contencioso administrativo ante el TSJ de Canarias (si, querido y sufridor lector, es cierto). En realidad nuestro cliente había obtenido un pronunciamiento favorable en vía administrativa. Este fue recurrido por los servicios jurídicos del Gobierno de Canarias pero el pronunciamiento fue mantenido por el TSJ.

No he venido a hablar de mi libro pero tangencialmente le afecta.

La realidad es que la Sala Primera y Tercera de nuestro tribunal tiene opiniones diferentes sobre un mismo tema –vid comentarios-. En este asunto, en particular, tiene un post interesante contencioso.es.

Yo había leído el post de contencioso y buscando sobre el tema en encontré esta STS, Sala 3ª, Secc 2 de 20-1-2011 y no he encontrado ninguna otra más reciente. (probablemente imputable a mi vagancia de viernes por la tarde).

En fin, el STS dice lo siguiente,

“Ciertamente, esta Sala viene entendiendo que ” la tasación de costas alcanza exclusivamente a los honorarios del Letrado y derechos y suplidos de los Procuradores, siendo ajena a la misma toda cuestión relativa a la procedencia o no de la repercusión del Impuesto sobre el Valor Añadido ” [ Sentencia de 18 de junio de 2003 (incidente del rec. cas. 4978/1997), FD Primero]; criterio reiterado por la Sala en posteriores Sentencias en las que señala expresamente que ” es indebida la inclusión del IVA en la tasación de costas que, por tanto, habrá de excluirse de la misma ” [ Sentencia de 16 de febrero de 2004 (rec. cas. núm. 3427/1998), FD Tercero; Sentencia de 30 de noviembre de 2005 (rec. cas. núm. 3027/1999), FD Primero; Sentencia de 14 de diciembre de 2006 (rec. cas. núm. 2083 / 2003), FD Segundo].

La misma doctrina se contiene en los Autos de 11 de febrero de 2009 (rec. cas. núm. 3196/2005), de 7 de noviembre de 2007 (rec. cas. núm. 691/1999), o de 7 de junio de 2006 (rec. cas. núm. 11441/1998). De forma más extensa, en el citado Auto de 7 de noviembre de 2007 se dice que “[e]sta Salaha mantenido de modo reiterado que la tasación de costas alcanza exclusivamente a los honorarios del Letrado y derechos y suplidos de los Procuradores, siendo ajena a la misma toda cuestión relativa a la procedencia o no de la repercusión de la cuota del Impuesto sobre el Valor Añadido y su “traslado” al condenado en costas.”

 

En fin, ojo en la jurisdicción que ganas con costas porque las impugnaciones de las mismas las carga el diablo.

Deja un comentario

16 enero, 2015 · 17:07

ACUERDO DE LAS SOCIEDADES MERCANTILES PARA RECURRIR EN JCA. ¿SUBSANABLE?

El eterno dilema del JCA sobre la necesidad del acuerdo para que admitan y entren a conocer el fondo de una demanda.

En relación a este asunto el 28 de noviembre de 2013 publicamos la entrada ACUERDOS DE PERSONAS JURÍDICAS PARA ENTABLAR RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO. STC 167/2014 en relación a una curiosa STC en donde, una vez más, debemos apreciar esos derbys entre el TS y el TC. Ríanse del la relación Mouriño-Resto del Mundo.

En STS 4993/2014, recurso 2420/2013 el TS en unificación de doctrina aborda, por enésima vez el requisito del acuerdo independiente acreditativo del acuerdo para interponer el recurso. La Sala sentenciadora no entra al fondo de la cuestión planteada y, acoge la causa de inadmisibilidad planteada por la Comunidad de Madrid, relativa a la falta de aportación del acuerdo corporativo para interponer el recurso, basándose fundamentalmente en los precedentes que sobre el particular la propia sala ha establecido en numerosas resoluciones que invoca oportunamente:

” TERCERO.- Examinando en primer lugar la causa de inadmisibilidad alegada por la representación de la Comunidad de Madrid, esta Sala en reiteradas resoluciones tiene manifestado que la doctrina contenida en la STS de 5-11-2008 , emitida por el Pleno de la Sala, y su posterior ratificación en otras resoluciones (SS de 23-12-2008 , 5-1-2009 , 6-5-2009 , 13-5-2009 , 23 7- 2009, 15-12 – 2009 , 27-1-2010 , 9-2-2010 2-3-2010 , 3-3-2010 , 5 5-2010 , 25-5-2010 , 11-2-2011 y 18-3-2011 ), ha de condicionar el pronunciamiento de esta Sección en virtud del alcance que dispone la jurisprudencia en nuestro ordenamiento jurídico ( art. 1.6 CC ) y en aplicación de otros principios como el de seguridad jurídica ( art. 9.3 CE ) y unidad de doctrina. El criterio mantenido por el Pleno de la Sala 3a, en cuanto extiende la necesidad del acuerdo para recurrir a las sociedades mercantiles, fue contradicho en la STS de 11-12-2009 (que manifiesta seguir la línea de las SSTS de 5 y 14-5-2009 y 17-6- 2009 ), pero ha sido corroborado en materia de sociedades anónimas por las SSTS de 26 11-2008, 23-12-2008 , 18-2-2009 , 5- 5-2009 , 14-7-2009 , 29-7-2009 , 19-10- 2010 y 11-2-2011 .

Siguiendo esta doctrina, la persona jurídica demandante, cualquiera que sea su naturaleza, debe aportar el documento independiente acreditativo de haberse adoptado el acuerdo de interponer el recurso por el órgano a quien en cada caso compete, o el documento que, además de ser acreditativo de la representación con que actúa el compareciente, incorpora o inserta en lo pertinente la justificación de aquel acuerdo. Y ello porque «Una cosa es, en efecto, el poder de representación, que sólo acredita y pone de relieve que el representante está facultado para actuar válida y eficazmente en nombre y por cuenta del representado; y otra distinta la decisión de litigar, de ejercitar la acción, que habrá de ser tomada por el órgano de la persona jurídica a quien las normas reguladoras de ésta atribuyan tal facultad».

El poder otorgado a favor de Procurador (siguiendo con la posición del TS) sólo confiere el poder de representar, con las facultades propias de un poder general para pleitos, a la mercantil en cuyo nombre comparece «Pero no que tal representante ejecutara al interponer el recurso una decisión de litigar adoptada por el órgano competente de dicha mercantil». Los poderes para pleitos cumplen la obligación procesal impuesta en la letra a) del art. 45.2, mas «resultan claramente insuficientes a los efectos de la letra d), ya que en ellos no se hace mención al acuerdo singular para ejercitar esta acción» (las transcripciones son de la STS de 5-11-2008 ). ” SEXTO .- En lo relativo a la posibilidad de subsanación, la citada Sentencia del Pleno de la Sala 3 a declara, ” en relación con el art. 45.3 LJCA , que el mismo tiene por mero objeto evitar lo antes posible la inutilidad del proceso iniciado sin los requisitos exigibles mediante el requerimiento de subsanación, pero del mismo no cabe derivar como efecto jurídico uno de presunción de validez de la comparecencia cuando el Juzgado o la Sala no hacen aquel requerimiento.

En un momento procesal posterior al previsto en el art. 45.3 entra en aplicación el art. 138, el cual, según dicha Sentencia, «diferencia con toda claridad dos situaciones. Una, prevista en su número 2, consistente en que sea el propio órgano jurisdiccional el que de oficio aprecie la existencia de un defecto subsanable; en cuyo caso, necesariamente, ha de dictar providencia reseñándolo y otorgando plazo de diez días para la subsanación. Y otra, prevista en su número 1, en la que el defecto se alega por alguna de las partes en el curso del proceso, en cuyo caso, que es el de autos, la que se halle en tal supuesto, es decir, la que incurrió en el defecto, podrá subsanarlo u oponer lo que estime pertinente dentro de los diez días siguientes al de la notificación del escrito que contenga la alegación. Y termina con otra norma, la de su número 3, que es común a aquellas dos situaciones, aplicable a ambas, en la que permite sin más trámite que el recurso sea decidido con fundamento en el defecto si éste era insubsanable o no se subsanó en plazo». Y concluye que «una interpretación conforme con la Constitución de los números 1 y 3 de dicho artículo no impone que el órgano jurisdiccional, habiéndose alegado el defecto en el curso del proceso, requiera en todo caso de subsanación antes de dictar sentencia de inadmisión. Alegado el defecto, sólo será exigible el requerimiento previo del órgano jurisdiccional cuando, sin él, pueda generarse la situación de indefensión proscrita en el artículo 24.1 de la Constitución . Situación que debe ser descartada en un supuesto, como lo es el de autos, en el que la parte demandada invocó con claridad la causa de inadmisibilidad que alegaba y en el que la parte actora tuvo ocasión, por brindarla el curso sucesivo del proceso, de oponer lo que estimara pertinente. Tal es también la conclusión que cabe ver, por ejemplo, en la sentencia del Tribunal Constitucional 266/1994, de 3 de octubre ».

Esta doctrina ha sido reproducida en las SSTS de 23-12-2008 , 8-5-2009 , 13-5-2009 , 25-6-2009 , 29-7-2009 , 15-12-2009 , 27-1 – 2010 , 3-3-2010 , 5-5-2010 , 22-7-2010 y otras. “

 

Deja un comentario

2 enero, 2015 · 11:00

EL APREMIO DE LAS COSTAS DEL 139 LJCA

EL APREMIO DE LAS COSTAS DEL 139 LJCA

La vida es dura y no siempre ganamos los pleitos. La vida, a veces, es mucho más dura y los perdemos con costas. La vida es una basura si recurres ante la administración y pierdes con costas.

Eso le pasó a nuestro protagonista de hoy pero su final no fue del todo desastroso.

Todos tenemos la duda: hemos perdido con costas ante la administración ¿ahora qué? ¿Pagamos, no pagamos? Si no pagamos como nos las van a cobrar, ¿vía judicial? ¿Esto tardará tiempo? ¿El inicio del expediente de cobro es la notificación de la propia sentencia?

La respuesta es el art 13.1, párrafo tercero de la Ley 52/1997, de 27 de noviembre, de Asistencia Jurídica al Estado en Instituciones Públicas, en la redacción que le proporcionó a este precepto la Ley 14/2000, de 29 de diciembre que dice: Para la exacción de las costas impuestas a particulares se utilizará el procedimiento administrativo de apremio, en defecto de pago voluntario.”

Tal y como dice la STSJ 2662/2011 del TSJ de Castilla-León, Roj, STSJ CL 6116/2011 (aportada por @apariciosan ):

El apremio administrativo seguido para el cobro de las costas impuestas a la demandante está autorizado por el artículo 139 L.J.C.A-1998, así́ como por el artículo 13.1 de la Ley 52/1997, de 27 de noviembre, de Asistencia Jurídica al Estado en Instituciones Públicas, en la redacción que le proporcionó a este precepto la Ley 14/2000, de 29 de diciembre. Pero tal apremio administrativo está condicionado, como todos los de su especie, al previo conocimiento por el deudor de la deuda que se le exige con anterioridad al despacho de la ejecución por providencia de apremio. No consta que se notificara a su representante procesal el auto obrante a los folios 18 y 19 del expediente. Al folio 20 se encuentra la diligencia de ordenación para que se notifique el auto a la procuradora, más no hay constancia, repetimos, de que así́ se hiciera, por lo que debe estimarse la alegación de falta de notificación de la deuda para su cumplimiento en período voluntario, que acarrea la nulidad de la providencia de apremio y de las resoluciones que la confirmaron. “

En definitiva, podemos entender que la notificación de la sentencia inicia el período voluntario de pago, como la típica cartita puñetera que llega de la administración tributaria cualesquiera que sea. Sin embargo, si no utilizamos la posibilidad del pago voluntario “el juzgado” (que mal empleado el concepto) no iniciará la vía del cobro como en otra jurisdicción sino que utilizará un expediente administrativo de apremio (con sus encantadores y amistosos recargos) pero, eso si, el inicio del apremio debe ser debidamente notificado e iniciar lo que su propio nombre indica, un expediente de apremio con las debidas garantías y derechos.

PD.- Como el expediente no fue iniciado con las debidas garantías fue declarado nula la providencia de apremio y las resoluciones que lo confirmaron pero, pese a ser una nulidad de expediente administrativo, apenas motiva sobre el tema.

Deja un comentario

Archivado bajo DERECHO ADMINISTRATIVO

ACUERDOS DE PERSONAS JURÍDICAS PARA ENTABLAR RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO. STC 167/2014

Como @apariciosan ha abandonado su blog (que me gustaba) y pasa olímpicamente de relacionarse con el mundo exterior; le dedico este post de una STC que me ha descubierto. Seguro que no le gusta el post -porque no le gusta ninguno de los que escribo- pero seguro que, al final, lo lee.

No puedo ir a peor en los temas del blog y hoy nos atrevemos a hundir el trabajo de creación de una imagen seria y profesional con una Sentencia del Tribunal Constitucional.

La STC en cuestión es la STC 167/2014 dictada en el recurso de amparo 3511-2012.

La STC analiza el mítico y catastrófico art 45.2 d) LJCA . Para los cándidos que no lo conocen el artículo 45 LJC dice:

“1. El recurso contencioso-administrativo se iniciará por un escrito reducido a citar la disposición, acto, inactividad o actuación constitutiva de vía de hecho que se impugne y a solicitar que se tenga por interpuesto el recurso, salvo cuando esta Ley disponga otra cosa.

A este escrito se acompañará:

d) El documento o documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos exigidos para entablar acciones las personas jurídicas con arreglo a las normas o estatutos que les sean de aplicación, salvo que se hubieran incorporado o insertado en lo pertinente dentro del cuerpo del documento mencionado en la letra a) de este mismo apartado.”

Bueno, pues esto, en apariencia sencillo, es uno de los mayores quebraderos de cabeza de aquellos que, cual indiana jones jurídico, rebuscan el los reglamentos perdidos un precepto que les de la razón.

En fin, antecedentes de hecho:

 1.- Liquidación provisional del TPyAJD.

 2.- Reclamación económico-administrativa.

 3.- Recurso contencioso administrativo contra resolución de TEAR ante la Sala del TSJ Canarias que “declaraba inadmisible el recurso contencioso-administrativo, al no haberse aportado los estatutos de la sociedad ni figurar insertos en el poder notarial los preceptos relativos al particular de la especial autorización, careciendo de virtualidad, a juicio de la Sala, el documento aportado en fase de prueba, consistente en carta del administrador único indefinido de la demandante, ratificando instrucciones verbales dadas al respecto en su día, “en cuanto ni es en realidad expresivo de la existencia de un acuerdo expresa y formalmente adoptado por el administrador único, ni, además, se desprende por sí solo de dicho documento que, según los estatutos, sea precisamente el administrador único el órgano competente para decidir el ejercicio de acciones judiciales”.

 4.- Incidente de nulidad de actuaciones con base en lesión a la tutela judicial efectiva, indefensión, etc “en relación con el derecho a que el recurso jurisdiccional se resolviera a la vista de todas las pruebas admitidas y practicadas, argumentando que la Sentencia combatida se había dictado sobre la base de un dato erróneo e incierto, pues no había tenido en cuenta los estatutos de la actora, que obraban en el expediente administrativo admitido y declarado pertinente como prueba del recurso jurisdiccional”

5.- La Sala desestima el incidente puesto que “el incidente no puede prosperar puesto que, bajo la cobertura de una supuesta vulneración de diversos derechos fundamentales, lo que subyace de modo notorio en el planteamiento de la parte promovente del incidente es una mera discrepancia jurídica respecto a la fundamentación de la sentencia

Fundamentación de la demanda de amparo:

“la lesión del derecho a la tutela judicial efectiva en su vertiente de derecho a un proceso con todas las garantías y a no padecer indefensión, como consecuencia del error patente sufrido por la Sala al desestimar el recurso sobre la base del art. 45.2 d) LJCA, pues en el expediente administrativo sí constaban los estatutos de la sociedad, y en su escrito de 27 de abril de 2011, de proposición de prueba, la demandante de amparo solicitaba expresamente “tener por reproducido el expediente administrativo”, prueba ésta que fue expresamente admitida por diligencia de ordenación de 20 de junio de 2011. De dichos estatutos se deduciría que, por ser la entidad una sociedad con administrador único, éste era la persona y órgano social que tenía conferida la facultad de interponer acciones judiciales. A tales efectos cita la demandante el art. 23 de los referidos estatutos en cuanto a las facultades del órgano de administración de la sociedad. La demandante de amparo señala también que, en el documento notarial aportado al proceso en la fase de proposición de prueba, el administrador único se ratificaba en unas instrucciones verbales dadas en su día al Letrado don Luis Alzola Tristán “para interponer y seguir por todos sus trámites, instancias y recursos, proceso o recurso contencioso-administrativo contra la resolución de 23 de noviembre de 2009, del Tribunal Económico Administrativo de Las Palmas de Gran Canaria”. Según la demandante de amparo, la supuesta falta de los estatutos es la piedra angular en la que descansa la inadmisión del recurso, resultando manifiesto que la Sala ha resuelto sin tener a la vista el contenido del expediente administrativo, con la consiguiente vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva en su vertiente ya señalada, como consecuencia del error padecido, que resulta patente, pues de haberse percatado la Sala de que los estatutos de la sociedad obraban en el expediente, no habría podido inadmitir el recurso.

 Asimismo, denuncia la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva al no haber dado el órgano judicial respuesta alguna a la cuestión planteada en el incidente de nulidad de actuaciones, lo que, a juicio de la actora, supone un claro supuesto de incongruencia omisiva causante de indefensión, pues ante la realidad insoslayable de que los estatutos obraban testimoniados en el expediente administrativo, tal y como se puso de manifiesto en el incidente de nulidad de actuaciones, el órgano judicial se limitó a responder, en relación con dicha pretensión que se trataba de “una mera discrepancia jurídica respecto a la fundamentación de la sentencia”.

Los Fundamentos Jurídicos de la Sentencia:

“(…) hemos aclarado que no cabe otorgar relevancia constitucional a toda inexactitud o equivocación padecida por un órgano judicial al resolver una cuestión sometida a su decisión, sino que para que se produzca tal afección es necesario que concurran determinados requisitos. En concreto, entre otras muchas, en las SSTC 245/2005, de 10 de octubre, FJ 4, y 118/2006, de 24 de abril, FJ 3, declaramos que se vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva y procede otorgar el amparo cuando la resolución judicial sea el producto de un razonamiento equivocado que no se corresponde con la realidad, por haber incurrido el órgano judicial en un error patente en la determinación y selección del material de hecho o del presupuesto sobre el que se asienta su decisión, produciendo efectos negativos en la esfera jurídica del ciudadano, siempre que se trate de un error que sea inmediatamente verificable de forma incontrovertible a partir de las actuaciones judiciales, y que sea determinante de la decisión adoptada, constituyendo el soporte único o básico (ratio decidendi) de la resolución, de forma que no pueda saberse cuál hubiera sido el criterio del órgano judicial de no haber incurrido en dicho error. Por consiguiente, además de apreciar la existencia del error hemos de constatar que se produce la concurrencia de los presupuestos reseñados para que el error del órgano judicial adquiera relevancia constitucional.”

En el presente supuesto,

a) (…) se trata de un error de hecho, y que, además, resulta patente, manifiesto, evidente o notorio, pues su existencia es inmediatamente verificable de forma clara e incontrovertible a partir de las actuaciones judiciales (por todas, SSTC 162/1995, de 7 de noviembre, FJ 3; y 169/2000, de 26 de junio, FJ 2). No se trata de una mera discrepancia jurídica, como se afirmaba en el Auto desestimatorio del incidente de nulidad de actuaciones, pues no recae sobre la interpretación realizada por el órgano judicial en la Sentencia de inadmisión, sino sobre el preciso dato fáctico de si los estatutos de la sociedad recurrente figuraban o no en las actuaciones del recurso.

b) En segundo lugar, el error ha sido determinante de la decisión adoptada en el recurso contencioso-administrativo, ya que el órgano judicial ha fundamentado su decisión de inadmisión en el dato principal de que no se habían aportado los estatutos de la sociedad recurrente, mientras que, de no haber mediado dicho error, podría haber entrado a conocer del fondo del recurso si el contenido de los reseñados estatutos hubiesen justificado, a su juicio, la suficiencia de las facultades del administrador único para decidir la interposición del recurso, de acuerdo con las amplias facultades que se le atribuyen en el art. 23 de los referidos estatutos. Esto es, la argumentación de la Sentencia que decidió la inadmisión del recurso descansa expresa y conclusivamente de manera primordial sobre la errónea consideración de que los estatutos sociales no se encontraban aportados a las actuaciones, y, a partir de este dato, pierde su sentido la fundamentación jurídica de la Sentencia, sin que sea posible conocer cuál hubiese sido el sentido de la resolución de no haberse incurrido en el mismo (SSTC 206/1999, de 8 de noviembre, FJ 4; y 25/2001, de 26 de febrero, FJ 2). Por lo demás, no corresponde a este Tribunal determinar si, atendido el contenido de los estatutos, la decisión del órgano judicial habría sido otra, ya que se trata de una cuestión de legalidad ordinaria que compete decidir en exclusiva a aquél en ejercicio de la potestad que le asigna el art. 117.3 CE.

c) Asimismo, la equivocación es atribuible al órgano jurisdiccional que la cometió, y no a la negligencia o mala fe de la demandante (SSTC 89/2000, de 27 de marzo, FJ 2; y 150/2000, de 12 de junio, FJ 2), pues ésta propuso como prueba el expediente administrativo en el que figuraban los estatutos y, además, puso de relieve en el incidente de nulidad de actuaciones la existencia del error, indicando que los estatutos figuraban en el citado expediente, con identificación de los folios en los que se encontraban los documentos relevantes a efectos de la justificación del cumplimiento de la exigencia del art. 45.2 d) LJCA.

d) Finalmente, el error ha producido efectos negativos en la esfera jurídica de la recurrente (SSTC 172/1985, de 16 de diciembre, FJ 7; y 96/2000, de 10 de abril, FJ 5), desde el momento en que le ha impedido obtener una respuesta motivada y fundada en Derecho sobre el fondo del recurso contencioso-administrativo interpuesto.”

 

Me pregunto si algunas Sentencias que inadmiten el recurso porque no se acompaña el acuerdo exacto del órgano de la persona jurídica que entabla la acción podrán tener otro final con esta sentencia porque si consta en el expediente los estatutos y el administrador solidario tiene facultades de representación y el administrador solidario otorga el poder al procurador… puede ser suficiente para justificar la existencia de un acuerdo para entablar la acción por convalidación de actos (como, por ejemplo, lo que pasa en una inspección tributaria en donde se notifica a un no sujeto pasivo inspeccionado pero que luego se persona en la inspección y convalida los actos anteriores).

2 comentarios

28 noviembre, 2014 · 17:53

Limites al concepto de interesado en D. Administrativo. ¿Interesados “durante” o “después”?

El post de hoy es de derecho administrativo para continuar con la deriva temática y poca especialización de este blog.

Hoy veremos los limites al concepto de interesado en la LPJPAC en relación a la obtención de copias de los expedientes administrativos y su particular aplicación a las impugnaciones de los PGOU.

El supuesto de hecho es:

 TICIO solicita a copias en formato papel y/o digital de diversa documentación de un PGOU. CAYO que es el responsable de la Dirección General de Urbanismo las deniega después del correspondiente expediente administrativo a través del silencio desestimatorio.

Fundamentos de Derecho:

La SALA estima el recurso porque entiende que:

“la denegación inicial se motiva en base al art 7.2 del Decreto 55/2006 por el que se aprueba el Reglamento de Procedimientos de los instrumentos de ordenación del sistema de planeamiento de Canarias, según el cual “el derecho de acceso a la información comprende, sin obligación de acreditar un interés determinado: a) el derecho a ser informado del estado de la tramitación de los procedimientos que afecten a los instrumentos de ordenación y ejecución del planeamiento; b) el derecho a consultar directa y materialmente la totalidad de la documentación de los instrumentos en vigor, y a obtener copias, a costa del solicitante, de la misma”.

La administración entiende que la obtención de las copias se refieren a expedientes ya finalizados.

TICIO entiende que la norma alegada contraviene el art 35 a) LRJPAC según el cual los ciudadanos tienen derecho “a conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados, y obtener copias de documentos contenidos en ellos”

Sin perjuicio de recordar que la mera formulación de alegaciones durante la fase de información pública de un instrumento de ordenación no otorga a quien las hace la condición de interesado en el procedimiento correspondiente, el indicado precepto no se opone a que en procedimientos complejos el derecho de examen de la documentación y de obtención de copias se encauce y se limite a un determinado momento del mismo, a efectos de hacer compatible el derecho a la información de los interesados con el buen funcionamiento del servicio público y la eficacia de la actuación administrativa.

Así las cosas, el artículo 31 del Decreto 55/2006 establece que el examen de la documentación y la obtención de copias del planeamiento en tramitación podrá efectuarse durante la fase de información pública, ordenando que se habiliten los medios personales y materiales necesarios para atender las demandas ciudadanas de información. Con ello se cumple perfectamente con lo dispuesto en la legislación básica

La petición de copia de documentación se efectuó por el demandante extemporáneamente, cuando el plan se encontraba en fase de aprobación definitiva ante la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias, cuando debió hacerla durante la fase de información pública.”

TICIO recurre con el siguiente argumento: “considera que dicho precepto establece los mecanismos de publicidad de los planes de urbanismo, no siendo de aplicación, según se afirma, a las condiciones de acceso a los documentos obrantes en un expediente de revisión de planeamiento como el concernido en los autos; derecho que, según alega la representación procesal de la parte recurrente, estaría regulado en los artículos 35 y siguientes LRJAP -PAC, al amparo del título competencial dimanante del artículo 149.1.18a de la Constitución , que atribuye al Estado las bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas y el procedimiento administrativo común. Alega, además, que la Administración actuante se encontraba vinculada por sus propios actos, al haber permitido al recurrente en la instancia el derecho de acceso al expediente, que el artículo 37 LRJAP -PAC, reconoce a cualquier ciudadano, resultando por tanto contradictorio con el citado reconocimiento de tal derecho, la ulterior denegación de la obtención de copias de concretos documentos que obraban incorporados al expediente de revisión de planeamiento en curso de tramitación.”

EL STS entiende que lo tiene constancia de que el recurrente hubiera acreditado su condición de interesada y considerando insuficiente que el instrumento de planeamiento pudiese repercutir, directa o indirectamente, “pero de modo efectivo y acreditado es decir, no de forma meramente hipotética, potencial o futura), sobre la esfera jurídica de la parte recurrente, a los efectos de tener por acreditada su condición de interesada en el procedimiento”

Finaliza la Sentencia, con la siguiente conclusión en letra negrita:

Los derechos reconocidos en los respectivos preceptos integrantes de la normativa básica reguladora del procedimiento administrativo común ( LRJAP- PAC: artículos 35 a ) y 37 ) sobre los que se fundamenta el recurso son distintos, en la medida que los titulares del primero son sólo los interesados (o, si se prefiere, los ciudadanos en cuanto interesados), y los del segundo lo son los ciudadanos en general, sin necesidad de ostentar la referida condición; y son también diferentes los momentos en que cada uno de ambos derechos es susceptible de ser ejercitado, pues el primero se puede hacer valer “en” el procedimiento, esto es, estando el procedimiento en el curso de su tramitación, y el segundo sólo puede ejercerse “tras” el procedimiento o, si se prefiere, cuando dicho procedimiento ya esté terminado”

 

La conclusión es que todos somos interesados hasta que la administración demuestre lo contrario y te meta las costas.

STS 4042/2014, recurso 1944/2012, de 9-10-2014, Ponente Itmo Sr. Don José Juan Suay Rincón, ID CENDOJ 28079130052014100275

Deja un comentario

21 noviembre, 2014 · 19:30