La dación en pago a un tercero está exenta en el IRPF y en la Plusvalía. Corta y pega de una noticia.

La dación en pago a un tercero está exenta en el IRPF y en la Plusvalía. Corta y pega de una noticia.

En el más difícil todavía este blog se propone como uno de los múltiples objetivos para el año 2019 elevar a la categoría del arte el corta y pega y el gandulismo.

Os enlazo esta noticia de @elEconomistaes

https://www.eleconomista.es/legislacion/noticias/9619589/01/19/La-dacion-en-pago-a-un-tercero-esta-exenta-en-el-IRPF-y-en-la-Plusvalia.html

La noticia dice:

La dación en pago de la vivienda a un tercero, que no sea la entidad bancaria acreedora del crédito hipotecario, está exenta de tributación en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) -conocido popularmente como Plusvalía-.

Así, lo reconoce la Dirección General de Tributos (DGT) del Ministerio de Hacienda, en respuesta a una consulta vinculante, de 2 de octubre de 2018, en la que concluye que en la redacción literal de la exención permite sostener tal interpretación.

No he encontrado la consulta pero dejo en mi blog la idea por si alguien la encuentra. Me parece de un enorme interés práctico.

Órdago a chica. Escritura de compraventa mata a informe pericial del Ayuntamiento. IIVTNU.

En el blog de corta y pega continuamos la sección , como diría @clioMcBeal, Derecho Fiscal Pa´tos: el IIVTNU  y sus medios de prueba más “extrafalarios”:

Aunque no os lo creáis, una sentencia ha reconocido que la escritura de compraventa es un medio de prueba oponible a un informe presentado por el Ayuntamiento.

Spoiler:

  1. Escritura de compraventa donde decrece el precio.
  2. El Ayuntamiento se cabrea porque no cobra.
  3. El juez dice que después de valorar prueba: escritura vs informe, no se cree este último porque afirma que entre 2006 y 2017 años durísimos de crisis el valor del suelo aumentó un 168%.

STSJ AR 885/2018, de 27-9-2018, rec 143/22018,:

(…) debemos resolver a continuación las cuestiones de

  1. a quién corresponde la carga de la prueba de la inexistencia de plusvalía,
  2. qué medios probatorios resultan idóneos para llevarla a efecto y
  3. si este último extremo cuenta en la actualidad, y hasta tanto se produzca la intervención legislativa que reclama la STC 59/2017 en su FJ 5 c), con la debida cobertura legal, tal y como reclaman los principios de seguridad jurídica ( artículo 9.3 CE) y reserva de ley tributaria ( artículos 31.3 y 133.1 CE). Pues bien, en relación con los dos primeros interrogantes queremos dejar claro que:

1.- Corresponde al obligado tributario probar la inexistencia de incremento de valor del terreno onerosamente transmitido. Y este extremo, no solo se infiere con carácter general del artículo 105.1 LGT, conforme al cual “quien haga valer su derecho deberá probar los hechos constitutivos del mismo”, sino que también, y en el ámbito concreto que nos ocupa, ha sido puesto de relieve por el Pleno del Tribunal Constitucional en el FJ 5 b) de la STC 59/2017, y admitido, incluso, por la Sección Primera de esta Sala en el Auto de admisión de 30 de octubre de 2017. En el FJ 5 b) de la STC 59/2017 concluye, concretamente, el máximo intérprete de la Constitución, que “debe declararse inconstitucional y nulo el artículo 110.4 LHL, al impedir a los sujetos pasivos que puedan acreditar la existencia de una situación inexpresiva de capacidad económica ( SSTC 26/2017, FJ 7, y 37/2017, FJ 5).””, precisión esta última de la que se infiere inequívocamente que es al sujeto pasivo a quien, en un primer momento, le corresponde probar la inexistencia de plusvalía. Y esta premisa ha sido admitida también en la cuestión casacional que, con posterioridad al pronunciamiento del Tribunal Constitucional, fijó la Sección Primera de esta Sala en el Auto de admisión de 30 de octubre de 2017, citado, en el que, presuponiendo que pesaba “sobre el legalmente considerado como sujeto pasivo la carga de acreditar la inexistencia de un aumento real del valor del terreno en la fecha de devengo del IIVTNU”, consideró que tenía interés casacional objetivo la determinación de los medios concretos de prueba que debían emplearse para acreditar la concurrencia de esta última circunstancia.

2.- Para acreditar que no ha existido la plusvalía gravada por el IIVTNU podrá el sujeto pasivo

  • ofrecer cualquier principio de prueba, que al menos indiciariamente permita apreciarla, como es la diferencia entre el valor de adquisición y el de transmisión que se refleja en las correspondientes escrituras públicas [cuyo valor probatorio sería equivalente al que atribuimos a la autoliquidación del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales en los fundamentos de derecho 3.4 de nuestras sentencias de 23 de mayo de 2018 (RRCA núms. 1880/2017 y 4202/2017), de 5 de junio de 2018 ( RRCA núms. 1881/2017 y 2867/2017 ) y de 13 de junio de 2018 ( RCA núm. 2232/2017 ];
  • optar por una prueba pericial que confirme tales indicios; o, en fin,
  • emplear cualquier otro medio probatorio ex artículo 106.1 LGT que ponga de manifiesto el decremento de valor del terreno transmitido y la consiguiente improcedencia de girar liquidación por el IIVTNU. Precisamente -nos interesa subrayarlo-, fue la diferencia entre el precio de adquisición y el de transmisión de los terrenos transmitidos la prueba tenida en cuenta por el Tribunal Constitucional en la STC 59/2017 para asumir -sin oponer reparo alguno- que, en los supuestos de hecho examinados por el órgano judicial que planteó la cuestión de inconstitucionalidad, existía una minusvalía.

3.- Aportada –según hemos dicho, por cualquier medio- por el obligado tributario la prueba de que el terreno no ha aumentado de valor, deberá ser la Administración la que pruebe en contra de dichas pretensiones para poder aplicar los preceptos del TRLHL que el fallo de la STC 59/2017 ha dejado en vigor en caso de plusvalía. Contra el resultado de la valoración de la prueba efectuada por la Administración en el seno del procedimiento tributario correspondiente, el obligado tributario dispondrá de los medios de defensa que se le reconocen en vía administrativa y, posteriormente, en sede judicial. En la vía contencioso- administrativa la prueba de la inexistencia de plusvalía real será apreciada por los Tribunales de acuerdo con lo establecido en los artículos 60 y 61 LJCA y, en último término, y tal y como dispone el artículo 60.4 LJCA, de conformidad con las normas del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil”.

la sentencia del Tribunal Supremo 1248/2018, de 17 de julio, recaída en el recurso de casación 5664/2017, en la que se razona que “Aun a título de ejemplo, hemos señalado que los valores consignados en las escrituras públicas, en tanto sean expresivos de que la transmisión se ha efectuado por un precio inferior al de adquisición, constituyen un sólido y ordinario principio de prueba que, sin poseer un valor absoluto – que no podemos establecer con carácter abstracto en sede casacional- sí que bastarían, por lo general, como fuente de acreditación del hecho justificador de la inaplicabilidad del impuesto que, no debemos olvidar, hace sólo objeto de gravamen las plusvalías o incrementos de valor.- En otras palabras, tales datos, a menos que fueran simulados, deberían ser suficientes, desde la perspectiva de la onus probandi , para desplazar a la parte contraria, al Ayuntamiento gestor y liquidador, la carga de acreditar en contrario, de modo bastante, que los precios inicial o final son mendaces o falsos o no se corresponden con la realidad de lo sucedido

(…)

Para desvirtuar la realidad del decremento de valor que se resulta del examen de las escrituras aportadas, el Ayuntamiento demandado, además de poner en cuestión los referidos valores, por constituir, según afirma, meras declaraciones de voluntad emitidas por las partes, se remite al informe aportado en el acto del juicio en el que se hace constar que el valor del suelo de la finca era en el año 2006 de 8.221,17 €, y que en 2017 era de 22.100 €.

Pues bien, este Tribunal no estima que la referida prueba sea eficaz para desvirtuar el decrementoafirmado por la parte recurrente, y que se pone de manifiesto en las escrituras de venta, y no solo por cuanto no se justifica la correspondencia de dichos valores catastrales con el valor de mercado del suelo en las fechas de compra y venta -dichos valores se apartan claramente de los precios declarados de compra y venta, siendo en no pocas ocasiones la discrepancia entre valor catastral y de mercado manifiesta-, sino porque parece sorprendente que pueda sostenerse que entre 2006 y 2017, con la crisis inmobiliaria padecida entre dichas anualidades, y sin que se aporte ninguna circunstancias justificativa de ello, el valor del suelo haya subido una cantidad algo superior al 168 %

BITCOIN, ganancias y pérdidas patrimoniales. “Homogeneidad de los protocolos”

Hoy corta y pega de una resolución de segunda que tiene un valor de copa Intertoto: clasifica pero no es definitiva.

El nuevo mundo de las monedas virtuales está aquí para quedarse y las relaciones con nuestra hacienda tienen que establecerse.

La consulta V1604-18, de 11-6-2018 tiene por objeto el cálculo de ganancia o pérdida patrimonial:

“la determinación de los “bitcoin” que se vendan y su correspondiente valor de adquisición ha de hacerse de forma independiente por cada casa de cambio en la que se hayan realizado operaciones de adquisición y de venta, o bien hay que tener en cuenta todos los “bitcoin” adquiridos con independencia de la casa de cambio en la que se realicen las operaciones”

Respecto de la primera cuestión planteada, en referencia concreta a los gastos que se citan en el escrito de consulta, comisiones que cobran las casas de cambio o “exchanges” por las adquisiciones y por las ventas de “bitcoin” que efectúe el consultante con tales “exchanges”, si los citados gastos se originan por la realización de dichas operaciones, guardando, por tanto, relación directa con las mismas y son satisfechos por el consultante, serán computables para determinar los respectivos valores de adquisición y de transmisión en la forma prevista en el artículo 35. 1 y 2 anteriormente transcrito.

Por lo que se refiere a la segunda cuestión planteada, esto es, la determinación de los “bitcoin” que son objeto de transmisión a efectos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en una venta parcial, cuando han existido adquisiciones realizadas en distintos momentos y a diferentes valores, y con diferentes casas de cambio, se señala lo siguiente: 

Los “bitcoin”, computables por unidades o fracciones de unidades, tienen su origen en un mismo protocolo específico y poseen todos ellos las mismas características, siendo iguales entre sí, lo que confiere a las diferentes unidades o fracciones de unidades de “bitcoin” la naturaleza de bienes homogéneos.

Cuando existen valores o bienes homogéneos la LIRPF establece en determinados preceptos el criterio por el que deben determinarse los valores o los bienes que son objeto de una transmisión o disposición, considerando que los transmitidos o dispuestos son los adquiridos en primer lugar. Así se prevé en el artículo 37.2 en relación con la transmisión de valores representativos de la participación en fondos propios de sociedades o entidades y de instituciones de inversión colectiva y en el artículo 54.5 sobre disposición de bienes o derechos aportados a patrimonios protegidos de personas con discapacidad.

Habida cuenta que la LIRPF no establece una regla específica diferente para identificar, en el caso de monedas virtuales homogéneas, las que se entienden transmitidas a efectos de determinar la correspondiente ganancia o pérdida patrimonial, cabe entender, de acuerdo el criterio anteriormente señalado, que en el caso de efectuarse ventas parciales de monedas virtuales “bitcoin” que hubieran sido adquiridas en diferentes momentos, debe considerarse que los “bitcoin” que se transmiten son los adquiridos en primer lugar. 

Finalmente, el hecho de que los “bitcoin” se adquieran y transmitan en diferentes casas de cambio o “exchanges” no constituye una circunstancia que altere la homogeneidad de las referidas monedas virtuales, por lo que para determinar la antigüedad y el correspondiente valor de adquisición de los “bitcoin” que se consideran vendidos conforme al criterio señalado en el párrafo anterior, habrán de tenerse en cuenta todos los “bitcoin” adquiridos sin distinguir en función de las diferentes casas de cambio en las que se hubieran realizado las operaciones.

Comisiones de las casas de cambio

serán computables para determinar los respectivos valores de adquisición y de transmisión

determinación de los “bitcoin” que son objeto de transmisión las que se entienden transmitidas a efectos de determinar la correspondiente ganancia o pérdida patrimonial, cabe entender, de acuerdo el criterio anteriormente señalado, que en el caso de efectuarse ventas parciales de monedas virtuales “bitcoin” que hubieran sido adquiridas en diferentes momentos, debe considerarse que los “bitcoin” que se transmiten son los adquiridos en primer lugar.
adquieran y transmitan en diferentes casas de cambio o “exchanges”

no constituye una circunstancia que altere la homogeneidad

Nulidad liquidaciones de impuestos incremento de valor de terrenos urbanos en Navarra.

Gracias a @Adolfo_Diz a través de twitter llego a esta sentencia para el corta y pega de hoy.

TSJ Navarra. Sala Contencioso, Secc 1º, de 6-2-2018, rec 535/2016 ­­­que tras exponer una serie de precisiones sobre el sobre el impuestos incremento de valor de terrenos urbanos en Navarra. el criterio del TC:

Deben efectuarse una serie de precisiones últimas sobre su alcance, siguiendo el criterio fijado en las SSTC 26/2017 , 37/2017 , y 59/2017 :

a) El impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos no es, con carácter general, contrario al Texto Constitucional, en su configuración actual. Lo es únicamente en aquellos supuestos en los que somete a tributación situaciones inexpresivas de capacidad económica, esto es, aquellas que no presentan aumento de valor del terreno al momento de la transmisión. Deben declararse inconstitucionales y nulos, en consecuencia, los arts. 175.2 y 175.3 de la Ley Foral 2/1991 de 10 de marzo , “únicamente en la medida en que someten a tributación situaciones inexpresivas de capacidad económica” [ SSTC 26/2017, FI 7 ; 37/2017, EJ 5 y 59/20l7,FJ 5 a)]”.

b) Compartiendo el criterio del Fiscal General del Estado, aunque el órgano judicial se ha limitado a poner en duda la constitucionalidad de los arts. 175.2 y 175.3 de la Ley Foral 2/1995 , debemos extender nuestra declaración de inconstitucionalidad y nulidad, por conexión ( art. 39.1 LOTC con los arts. 175.2 y 175.3 de la Ley Foral 2/1995, al art. 178.4 de la misma, cuyo tenor literal es coincidente con el art. 110.4 L, que declaramos inconstitucional y nulo por conexión con el art. 107.2 LHL, en la STC 59/2017 . FJ 5 b). dada la intima relación existente entre el mismo y las reglas de valoración previstas en aquellos, presupuestos que también concurren en relación con el art. 178.4 de la Ley Foral 2/1 995, pues tampoco en este caso su existencia se explica de forma autónoma sino solo por su vinculación con los declarados inconstitucionales Por consiguiente debe declararse inconstitucional y nulo el art 178 4 de la Ley Foral 2/1995 al impedir a los sujetos pasivos que puedan acreditar la existencia de una situación inexpresiva de capacidad económica [ SSTC 26/2017, FJ 7 ; 37/2017 . FJ 5; y 59/2017, FJ 5 b)

c) Finalmente debemos recordar una vez mas que expulsados del ordenamiento jurídico, ex origine, los arts. 175.2 , 175.3 y 178.4 de la Ley Foral 2/1995 , debe indicarse que la forma de determinar la existencia o no de un incremento susceptible de ser sometido a tributación es algo que solo corresponde al legislador, en su libertad de configuración normativa, a partir de la publicación de esta Sentencia, llevando a cabo las modificaciones o adaptaciones pertinentes en el régimen legal del impuesto que permitan arbitrar el modo de no someter a tributación las situaciones de inexistencia de incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana [ SSTC 26/2017, FJ 7 ; y 3 7/2017, FJ 5 ; 59/2017 . FJ 5 c)].

La sentencia, trae a colación otras previas:

Sentencia TSJ Navarra Sentencia de fecha 13 de septiembre de 2017 dictada en el rollo 324/2016 apunta en el mismo sentido.

También, a mayor abundamiento, en el mismo sentido -y referido al impuesto estatal- la Sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ de Madrid de fecha 19 de julio de 2017 según la cual: “A la vista de cuanto antecede entendemos en definitiva que la liquidación debe ser anulada, en cuanto girada en aplicación de preceptos expulsados del ordenamiento jurídico ex origine, cuyo resultado no puede ser reexaminado a la vista del resultado de prueba pericial para la que se carece de parámetro legal (comparación de valores escriturados, comparación de valores catastrales, factores de actualización, aplicación de normas de otros impuestos…) en ejercicio o forma de actuación expresamente rechazado, pues implicaría continuar haciendo lo que expresamente el Tribunal Constitucional rechaza esto es “dejar al arbitrio del aplicador tanto la determinación de los supuestos en los que nacería la obligación tributaria como la elección del modo de llevar a cabo la determinación del eventual incremento o decremento”, determinación que el Constitucional insiste queda reservada al legislador, al que debe entenderse dirigida la aclaración del alcance o significado de la inconstitucionalidad declarada, no al aplicador del derecho, que con ello habría de quebrantar principios de seguridad jurídica y de reserva de ley en materia tributaria, que en definitiva han determinado la declaración de inconstitucionalidad.”

Sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ de Castilla y León de 22 de Septiembre de 2017 dictada en rollo de apelación 21/2017.

Pues bien, al resolver el presente recurso de casación autonómico que hoy nos ocupa, esta Sala en línea con su doctrina recaída en sus anteriores Sentencias, ha de puntualizar y aquilatar dicha doctrina sobre el recto alcance del pronunciamiento del Tribunal Constitucional en la Sentencia 72/2017 de 5 de junio , en los términos que siguen.

A la vista la Sentencia del Tribunal Constitucional indicada, no cabe una interpretación de la misma conforme a la cual pueda y deba analizarse en cada caso concreto por los órganos judiciales en vía de recurso, si ha existido o no un incremento de valor.

Dicho de otro modo, del tenor de la STC 72/2017 de 5 de junio , ¿se puede colegir que el contribuyente pueda alegar y probar la inexistencia de incremento de valor de los terrenos transmitidos?. La respuesta ha de ser negativa, y es que no cabe dicha conclusión a la vista de la lectura, no solo del fallo, sino de su debida “integración” con el contenido íntegro de la Sentencia.

La liquidación girada en aplicación de los preceptos expulsados del ordenamiento jurídico ex origine y ex radice, no puede ser reexaminada a la vista del resultado de prueba alguna (singularmente la pericial) para la que se carece de parámetro legal, pues, implicaría continuar haciendo lo que expresamente el TC ha rechazado en aquella Sentencia 26/2017 . En el presente momento ante la inexistencia de dicho régimen legal, no es posible no solo determinar si existe o no hecho imponible, sino ni siquiera cuantificar la base imponible. Es al legislador y solo a él, en su libertad de configuración normativa, y a la luz de la Sentencia del Tribunal Constitucional a quien le corresponde determinar los supuestos de eventual incremento o decremento y su constitucional cuantificación, llevando a cabo las modificaciones o adaptaciones pertinentes en el régimen legal del impuesto que permitan arbitrar el modo de no someter a tributación las situaciones de inexistencia de incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana (y en general situaciones inexpresivas de capacidad económica).

Por lo tanto, la expulsión ex radice de los preceptos que en orden a la determinación de la base imponible del IIVITNU someten a tributación situaciones inexpresivas de capacidad económica, obliga a este Tribunal a estimar el recurso de casación autonómico, al ser procedente la nulidad de las liquidaciones impugnadas que han quedado huérfanas de amparo legal.

 

¿La compraventa de oro está sujeta al ITPAJD?

¿La compraventa de oro está sujeta al ITPAJD?

La respuesta es depende. Muy gallego. No voy a decir que no. Ojo que viene un spoiler: La venta de profesional a particular no está sujeta. Así lo dice el TSJ de Canarias. Contencioso, Secc 1 de SC de Tenerife que, en Sentencia de 25-9-2015, STS ICAN 1204/2015, Rec 378/2014, dice:

“Constituyendo el objeto del presente recurso determinar si la transmisión o transmisiones efectuadas por particulares de oro o joyas de oro a favor de profesionales o empresarios del sector están o no sujetas al impuesto de transmisiones patrimoniales onerosas como consecuencia de que la transmisiones es efectuada por un particular y con independencia de que el sujeto pasivo del impuesto sea un empresario o profesional del sector o por el contrario, y tal como sostiene el recurrente, dicha operación esta exenta dada que al adquirir el oro o metal precioso un empresario o profesional se trata de una operación englobada en el ejercicio de su actividad empresarial o profesional, de modo que el art. 7. 5 del RDL 1/93 ha de ser interpretado en relación al 8.a) y declarar no sujeto al impuesto discutido.

Si bien es cierto que existen pronunciamientos de diversos TSJ contradictorios sobre esta materia, así como que el TEA Central se ha pronunciado en un recurso de alzada en resolución de fecha 8 de abril del 2014 fijando como criterio la sujeción de las operaciones discutidas al ITP AJD en su modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas, siendo el mismo criterio que el sustentado por la ATC y por las Consultas vinculantes V1066- 11 de 26 de abril y V0819- 12 de 18 de abril , también es cierto que el Tribunal Supremo dictó una primera sentencia e l18 de enero de 1996 , que si bien analizaba la legislación vigente y aplicable a las operaciones objeto de la controversia, se ha a mantenido por el alto tribunal.

Así en aquella sentencia se declaró que las adquisiciones efectuadas por un empresario o profesional en el ejercicio de su actividad, de objetos de oro, plata, platino y de joyería a un particular, no están sujetas al impuesto sobre transmisiones patrimoniales. Y sin perjuicio de que en las sentencias de 15 y 16 de diciembre del 2011 que mantenían que lo tratado en la sentencia del 96 debía ser “entendidas respecto a cualquier bien objeto de transmisión patrimonial onerosa en que el transmitente sea una particular y el adquirente un empresario de un objeto propio para su actividad empresarial”.

Finalmente, dicho criterio ha sido reiterado recientemente en el Auto de 13 de noviembre del 2014, recaído en el recurso no 2801/2014 cuando se señala en el FD 4o segundo párrafo que “sobre la cuestión litigiosa ya se ha pronunciado este Tribunal Supremo en Sentencia de 8 de enero de 1996 -recurso de apelación 364671991-, cuya doctrina considera vigente al reiterarse en otros pronunciamientos tales como las Sentencias de 15 y 16 de diciembre de 2011 – recursos de casación para la unificación de doctrina 19/2009 y 5/2009 , respectivamente-. Existiendo doctrina legal, carece de sentido el recurso de casación en interés de la ley pues, como destaca la Sentencia de esta Sala 5 de marzo de 2004 (LA LEY 1346/2005) -casación en interés de Ley no 96/2004- “el (recurso) de casación en interés de la ley tiene por finalidad la fijación de doctrina legal cuando ésta no existe y resulta procedente, pero no puede utilizarse para reiterar la doctrina ya declarada ” . Por ello, como señala también la Sentencia de esta Sala de 28 de abril de 2003 (LA LEY 12785/2003) -casación en interés de Ley no 214/01- “ha de descartarse toda pretensión que propugne el obtener la declaración de una doctrina legal cuya procedencia hubiese sido anteriormente rechazada o que, por el contrario, ya estuviese fijada por este Tribunal Supremo”. Y, en esta misma línea, las Sentencias de 8 de junio de 2005 (LA LEY 129564/2005) -casación en interés de Ley no 21/2004- y 11 de junio de 2008 – casación en interés de la Ley no 59 / 2006- y Auto de 28 de octubre de 2009 (LA LEY 226406/2009) -casación en interés de la Ley no 64/2009- vienen a recordar que el recurso carece de sentido cuando ya existe doctrina legal sobre la cuestión de que se trate. Criterio este reproducido por Auto de 1 de marzo de 2007 (LA LEY 9356/2007)- casación en interés de la ley no 65/2006-.”

¿La AEAT en las acciones de derivaciones de responsabilidad debe permitir la reducción del art 188.3 LGT?

Entidad Deudora A tiene dos administradores, TICIO y CAYO, que, a su vez son socios.

TICIO Y CAYO vendan la sociedad a SEMPRONIO.

Se monta un lio porque hay una venta de un fundo con unas abejas y llega el Publicano que dice que se “han mamado las perras y se han mandado a mudar” y la Agencia Romana Estatal Tributaria dice que hay que derivar responsabilidad a estos dos golfus de Roma que piden nulidad de actuaciones hasta el momento de la declaración de responsabilidad solidaria a fin de que puedan ofrecer a los recurrentes el trámite de conformidad y ahorrarse unos sextercios.

Sala de lo Contencioso. Sección 2; STS 4538/2015, DE 28-10-2015, Id 28079130022015100470:

“es preciso valorar las consecuencias de la nueva normativa (LGT de 2003), en cuanto que su aplicación con carácter retroactivo, pueda tener sobre el acuerdo aquí impugnado.

El indicado principio de retroactividad de las normas reguladoras del régimen de las infracciones y sanciones tributarias (del citado artículo 10.2 de la LGT de 2003 ) impone que deba aplicarse con carácter retroactivo la norma reguladora del régimen de infracciones y sanciones tributarias cuya aplicación resulte más favorable, con la sola condición de que el acto sobre el que la misma deba aplicarse carezca de firmeza.

El acuerdo de declaración de responsabilidad impugnada, en su alcance incluye sanciones impuestas al deudor principal, como hemos señalado, carece de firmeza y, además, al contemplarse la posibilidad de obtener la reducción prevista en el artículo 188.1.b, así como la prevista en el artículo 188.3 de la LGT de 2003 por el responsable, resulta más favorable para el interesado, por lo que es preciso adoptar las medidas oportunas para que su aplicación retroactiva se haga efectiva.

La aplicación de la reducción contemplada en el artículo 188.1.b) exige sin embargo (así se concreta en el artículo 41.4 en su nueva redacción) que el interesado, a la vista de la propuesta de declaración de responsabilidad, preste, previo ofrecimiento que a tal objeto ha de hacerle la Administración, conformidad con la misma, tanto en cuanto a la procedencia de la declaración de responsabilidad como en cuanto a las liquidaciones a que esta alcance, de manera que la reducción que sobre la base de dicha prestación de conformidad, caso de producirse, le sea aplicada, le será exigida sin más trámite en el caso de que interponga cualquier recurso o reclamación frente al acuerdo de declaración de responsabilidad tanto si este se funda en la improcedencia de la declaración de responsabilidad como si se funda en la improcedencia de las liquidaciones a que la misma alcanza, esto es, tanto si se impugna, como señala el artículo 174.5 de la LGT de 2003 , el “presupuesto de hecho habilitante” de la declaración de responsabilidad como si se impugnan “las liquidaciones a las que alcanza dicho presupuesto”.

Por su parte, la reducción que se contempla en el artículo 188.3 de la misma Ley (reducción del 25%), no se sujeta a trámite previo alguno para su aplicación provisional, y exige para su mantenimiento la concurrencia de una doble condición: 1o) el pago total de la sanción en periodo voluntario o en los plazos del aplazamiento o fraccionamiento concedido con las garantías previstas en la propia norma, y 2o) que no se interponga recurso o reclamación contra la liquidación ni contra la sanción.

Estando condicionada, en la generalidad de los casos, la aplicación acumulativa de las reducciones anteriormente mencionadas (30% y 25%), a la no interposición de recurso o reclamación alguno contra el acuerdo de declaración de responsabilidad, es obvio que no cabe su aplicación automática a los acuerdos de declaración de responsabilidad que se encuentran impugnados y pendientes de resolución en esta vía económico-administrativa, debiendo no obstante proveerse el medio para que dicha aplicación resulte posible pues ello es lo que impone el artículo 10.2 antes mencionado (efectos retroactivos del régimen de infracciones y sanciones cuando su aplicación resulte más favorable).”

“este Tribunal considera que, siendo inexcusable la aplicación a los actos carentes de firmeza de las disposiciones que regulen el régimen de infracciones y sanciones tributarias cuya aplicación resulte más favorable para los administrados, no queda más camino para posibilitar dicha aplicación que, estimando parcialmente la reclamación (única posibilidad que ofrece para un pronunciamiento como el que aquí se dicta el artículo 239.3 de la LGT de 2003 ), anular el acuerdo de declaración de responsabilidad impugnado y ordenar la retroacción de las actuaciones al momento que en la Ley se señala (el de la propuesta de declaración de responsabilidad), al objeto de que por el órgano responsable de la tramitación de dicho procedimiento se proceda a dar aplicación a lo establecido en el artículo 41.4 ofreciendo al interesado la posibilidad de prestar conformidad a la declaración de responsabilidad al objeto de obtener la reducción prevista en el artículo 188.1.b) de la Ley (30%) respecto de aquellas sanciones susceptibles de beneficiarse de dicha reducción (sanciones del artículo 191 a 197 de la LGT de 2003 ) y dictando (tras la instrucción que resulte oportuna) acuerdo de declaración de responsabilidad que excluya o no del alcance de la responsabilidad dicha reducción del artículo 188.1.b).

Asimismo, la Oficina Gestora, en el acuerdo de responsabilidad advertirá al responsable de la posibilidad de la reducción del artículo 188.3 de la LGT de 2003 (del 25%), si efectúa su pago en período voluntario y no interpone reclamación o recurso contra el acuerdo de declaración de responsabilidad.

Cuestión distinta es que el deudor principal hubiera dado conformidad a las liquidaciones ya que en este caso el alcance de la declaración incluiría las sanciones reducidas, por lo que no sería necesario anular el acuerdo de declaración de responsabilidad al no proceder la aplicación del artículo 188.1.b de la LGT 2003 , sino únicamente retrotraer la actuación a efecto de ofrecer al interesado la reducción prevista en el artículo 188.3 de la citada LGT 2003 .

Con lo anterior, en absoluto considera este Tribunal que la inclusión en el alcance de una declaración de responsabilidad de deudas derivadas de sanciones tributarias confiera al procedimiento de declaración de responsabilidad un carácter sancionador. Simplemente concurre en este punto una norma incluida en el régimen de infracciones y sanciones tributarias que es aplicable a un obligado tributario responsable de cumplir con la obligación tributaria derivada de la comisión del presupuesto de hecho de la responsabilidad, es decir, obligado al pago del importe en que se han cuantificado unas sanciones tributarias impuestas a otra persona, concretamente al deudor principal, responsabilidad que deriva no de haber cometido el tipo de la infracción (por lo que no es sancionado el responsable) sino de haber incurrido en el presupuesto de hecho de la responsabilidad (de donde precisamente deriva su responsabilidad).

No obstante, dado que en la determinación de uno de los elementos esenciales de la obligación tributaria del responsable, esto es, del importe a pagar consecuencia de haber incurrido en el presupuesto de hecho de la responsabilidad, es aplicable una norma contenida en el régimen de infracciones y sanciones, esta debe ser aplicada con carácter retroactivo al carecer el acto de firmeza en aplicación de lo previsto en el precitado artículo 10.2 de la LGT de 2003”

 

¿Acaso la AEAT tiene la obligación de ofrecer en acuerdo de derivación de responsabilidad la obligación de advertir al responsable del a responsable de la posibilidad de la reducción del artículo 188.3 de la LGT de 2003 (del 25%), si efectúa su pago en período voluntario y no interpone reclamación o recurso contra el acuerdo de declaración de responsabilidad.?

¿Esto con la norma actual todavía es obligatorio? ¿Se contempla en la próxima reforma de la LGT?

Tasación de costas e IVA. Problemas en el Contencioso-Administrativo

TASACIÓN DE COSTAS E IVA. PROBLEMAS EN EL CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

Esta semana, por suerte, he “ganado” un pleito con costas. Es un pleito especial porque es un recurso contencioso administrativo ante el TSJ de Canarias (si, querido y sufridor lector, es cierto). En realidad nuestro cliente había obtenido un pronunciamiento favorable en vía administrativa. Este fue recurrido por los servicios jurídicos del Gobierno de Canarias pero el pronunciamiento fue mantenido por el TSJ.

No he venido a hablar de mi libro pero tangencialmente le afecta.

La realidad es que la Sala Primera y Tercera de nuestro tribunal tiene opiniones diferentes sobre un mismo tema –vid comentarios-. En este asunto, en particular, tiene un post interesante contencioso.es.

Yo había leído el post de contencioso y buscando sobre el tema en encontré esta STS, Sala 3ª, Secc 2 de 20-1-2011 y no he encontrado ninguna otra más reciente. (probablemente imputable a mi vagancia de viernes por la tarde).

En fin, el STS dice lo siguiente,

“Ciertamente, esta Sala viene entendiendo que ” la tasación de costas alcanza exclusivamente a los honorarios del Letrado y derechos y suplidos de los Procuradores, siendo ajena a la misma toda cuestión relativa a la procedencia o no de la repercusión del Impuesto sobre el Valor Añadido ” [ Sentencia de 18 de junio de 2003 (incidente del rec. cas. 4978/1997), FD Primero]; criterio reiterado por la Sala en posteriores Sentencias en las que señala expresamente que ” es indebida la inclusión del IVA en la tasación de costas que, por tanto, habrá de excluirse de la misma ” [ Sentencia de 16 de febrero de 2004 (rec. cas. núm. 3427/1998), FD Tercero; Sentencia de 30 de noviembre de 2005 (rec. cas. núm. 3027/1999), FD Primero; Sentencia de 14 de diciembre de 2006 (rec. cas. núm. 2083 / 2003), FD Segundo].

La misma doctrina se contiene en los Autos de 11 de febrero de 2009 (rec. cas. núm. 3196/2005), de 7 de noviembre de 2007 (rec. cas. núm. 691/1999), o de 7 de junio de 2006 (rec. cas. núm. 11441/1998). De forma más extensa, en el citado Auto de 7 de noviembre de 2007 se dice que “[e]sta Salaha mantenido de modo reiterado que la tasación de costas alcanza exclusivamente a los honorarios del Letrado y derechos y suplidos de los Procuradores, siendo ajena a la misma toda cuestión relativa a la procedencia o no de la repercusión de la cuota del Impuesto sobre el Valor Añadido y su “traslado” al condenado en costas.”

 

En fin, ojo en la jurisdicción que ganas con costas porque las impugnaciones de las mismas las carga el diablo.

TRIBULACIONES JURÍDICAS DE UNA MENTE PERTURBADA. CONSULTA PREVIA A TU ABOGADO.

TRIBULACIONES JURÍDICAS DE UNA MENTE PERTURBADA. CONSULTA PREVIA A TU ABOGADO.

Este post solo puede salir de la cabeza de una persona que no está bien del todo a nivel mental lo que, unido a tuiter, Facebook y todas estas cosas ha derivado en lo que ha derivado.

El supuesto de hecho que planteo es el siguiente:

Ticio y Cayo son amigos de juergas. Un día Ticio decide regalar a Cayo 100.000 sextercios porque Cayo lo estaba pasando mal.

Para que el/la cónyuge de Ticio no se enterase (había rivalidad con el/la cónyuge de Cayo) deciden disimular este regalo a través de un negocio jurídico simulado de compraventa.

Así, Ticio y Cayo, con las formalidades precisas, enuncian las palabras mágicas y, cual black card en un cajero, realizan las estipulaciones correspondientes y uno se obliga al pago de un precio mientras otro se obliga a la entrega de un saco de maíz pero pactan el precio de 100.000 sextercios cuanto el valor de mercado eran unos tristes 600 sextercios.

El/La cónyuge de Ticio se entera, monta en cólera y decide dar un escarmiento a Ticio. Va a un abogado y consulta la estipulación, como anularla, como darle un escarmiento a Ticio y como divorciarse de un tipo tan impresentable y dejarlo proporcionalmente perjudicado.

El abogado le dice:

1.- Bien, de acuerdo con la norma civil el contrato es nulo por un vicio del consentimiento,a través de la estudiada figura:  “animus iocandi”. Por ahí, podemos atacar el contrato y recuperar el dinero

2.- Si quieres fastidiarlo realmente y el dinero te da igual. Ve a Hacienda y les dices que se ha producido una donación con simulación de contrato de compraventa y que debe tributar a) por donación y, b) en el IRPF, en su caso, por la ganancia patrimonial obtenida.

3.- Si lo que quieres es dar un escarmiento es poner mil veces seguidas el anuncio de la lotería de navidad en donde un camarero vende por 21 euros un cafe y un billete de lotería premiado con 200.000 € sin tener en cuenta las consecuencias jurídicas de su acto (totalmente irresponsable) y sin visitar de modo previo a su abogado.

CONSULTA A TU ABOGADO ANTES DE HACER NEGOCIOS, ACTOS DE DISPOSICIÓN PATRIMONIAL E INTERVENIR EN EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS.

ANULACIÓN DE INFORME DE VALORACIÓN DE HACIENDA CANARIA POR MOTIVACIÓN INSUFICIENTE.

ANULACIÓN DE INFORME DE VALORACIÓN DE HACIENDA CANARIA POR MOTIVACIÓN INSUFICIENTE.

No suelo indicar que asuntos de los tratados en el blog son el despacho o no. Desde la honestidad diré que ninguno de los post publicados basados directamente en STS son asuntos llevados desde el despacho.

Hoy haré una excepción porque este asunto ha sido muy largo, pesado y hemos tenido la oposición de la administración en todos y cada unos de los pasos dados.

Supuesto de hecho:

Compraventa en el ejercicio 2005. Giran liquidación complementaria por TTPP. Recurrimos, estiman y giran una nueva liquidación que sustituye a la anterior.

Se recurre la liquidación que sustituye y el TEAR, el 10-2-2010 estima parcialmente y vuelve a enviar para nueva liquidación a la oficina gestora.

El 15-7-2010 notifican nueva liquidación, recurrimos e inician apremio.

Recurrimos la liquidación y el apremio.

El 11-2-2012 el TEAR estima nuestro recurso con una interesante motivación que hace suya el TSJ de Canarias, Sección Primera en ST de 28/10/2014, previo recurso contencioso de la Administración de la CA de Canarias:

La razón de rechazar la valoración efectuada por la Administración Tributaria no puede ser tanto el empleo de uno de los medios de valoración relacionados en el art 57.1 c) del la LGT, como la errónea aplicación del método efectivamente empleado, esto es, un informe pericial que emplea el método de comparación, por no contener una descripción detallada de los testigos y no justificar la procedencia de los coeficientes de homogeneización.

(…)

Es más, ni siquiera se hace un intento de justificar la procedencia de los coeficientes de homogeneización empleados por el perito, ara que lo que hubiera bastado indicar la fuente donde proceden los mismos, lo que hubiera permitido determina si están basados en estudios serios de mercado sobre la incidencia de los distintos factores en el precio del producto inmobiliario

Esta interesante sentencia permite extraer las siguientes conclusiones:

  • El método de comparación debe contener una descripción detallada de los testigos. Esto es de gran importancia porque la realidad es que los nuevos informes de valoración de la Agencia Tributaria Canaria tienen mucha letra pero poco detalle de los testigos utilizados.
  • Aunque los testigos estén detallados y bien concretados hay que justificar la procedencia de los coeficientes.
  • Para la administración la carga de la prueba es aplicar la referencia a la fuente de obtención de las fuentes de obtención de los testigos.
  • Una vez conocida la fuente de obtención de los testigos ésta puede ser discutida. En mi opinión, no solo desde una óptica de legitimación de la fuente sino también desde la validez de estos testigos a efectos de precio de precios de mercado.

ACREDITACIÓN DE PERJUICIOS DE DIFICIL O IMPOSIBLE REPARACIÓN.

Problemas de la solicitud de suspensión del acto, acreditación de indicios suficientes para los daños de difícil o imposible reparación.

La administración tributaria es un enemigo del administrado. Nunca es oficial pero off the record te explican que tienen instrucciones de recaudar como sea. Incluso llegar a acuerdos para cobrar. Otra cosa son las personas que componen la administración tributaria que, como en todos lados hay gente mejor, peor y según tengan el día.

Nadie cuenta estas cosas pero muchas veces antes de presentar un aplazamiento, fraccionamiento o suspensión se suele hablar con el responsable que va a resolver. Esto sucede, sobre todo, en aquellos casos es que estamos hablando de importes elevados.

La maraña de normas, matices, aplicaciones de interpretaciones jurisprudenciales, convenios de gestión de recaudación, etc hacen difícil o imposible para “acertar” en según que cuestiones.

La STSJ ROj ICAN 417/2014, id CENDOJ 38038330012014100044 de hoy en un ejemplo de lo complejo del sistema y el perjuicio para el administrado.

El TEAR de Canarias inadmite a trámite la solicitud de suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado mediante la interposición de reclamación económico-administrativa al entender que no se habían acreditado los perjuicios de difícil o imposible reparación.Consta que no le otorgaban aval bancario, consta que no tenía bienes, consta que existían otras deudas pendientes en las que se solicitó el fraccionamiento, consta el embarro de las cuentas.

Curiosamente en otra nueva solicitud con documentación profusa acreditando la insolvencia que si es admitida a trámite y estimada. Esta ya en vía ejecutiva (léase, con recargo), 

El art 46.4  RD 520/2005 sobre la solicitud de suspensión en período voluntario incorporando documentación: “la inadmitirá cuando no pueda deducirse de la documentación incorporada al expediente la existencia de indicios de los perjudico de difícil o imposible reparación (…)”

El TEAR entiende “(…) que dicha petición no se sustenta en prueba siquiera indiciaria más allá de las meras manifestaciones realizadas sobre la existencia de perjuicios de imposible o difícil reparación

Dice el TSJ que “Efectivamente a diferencia de lo efectuado en la primera petición la recurrente en la segunda solicitud presentada incluye como Anexo 6 informe pericial sobre su solvencia y liquidez así como sobre los daños y perjuicios que le ocasionaría la ejecución del acto impugnado. Como Anexo 7 copia de certificaciones del Registro de la Propiedad donde constan las cargas de 78 inmuebles de los que es titular, como Anexo 8 copia del préstamo hipotecario al promotor. Como anexo 9 informe de profesor mercantil sobre evolución y cifras de venta, como anexo 10 informe sobre situación urbanística y carácter demanial de las parcelas del frente de la paya emitido por arquitecto. Dichos informes se incluyen en el punto 4 de su escrito de petición de suspensión con dispensa parcial de garantía señalando que en el “punto c4 de nuestro escrito de solicitud de suspensión con aportación de garantía inmobiliaria y dispensa parcial de garantía presentado ante este Tribunal el 31/7/2012 se explicaban los perjuicios de difícil o imposible reparación que ocasionaría la no suspensión del acto administrativo recurrido, pero no se aportaban las pruebas que acreditasen dichos extremos”, lo que supone reconocer que la actuación del TEAR de conforme a derecho y que la recurrente hizo dejación de su obligación de acreditar los daños y perjuicios que se producirían de la ejecución del acto más allá de los lógicos que todos suponemos teniendo en cuenta la cuantía de la liquidación girada.

Debiendo confirmar la resolución impugnada dado que más allá que la genérica alegación formulada sobre la situación de la recurrente y perjuicios que le pudiera ocasionar, así como de la cantidad a la que asciende la liquidación girada, es lo cierto que la recurrente no acreditó los extremos señalados, a diferencia de lo efectuado en la segunda petición mediante la aportación de numerosos informes que igualmente acompañaron en el presente recurso

El TSJ, cualquier magistrado y el 90 % de los abogados sabe más que yo de esto. No obstante, yo me hago las siguientes preguntas.

1) ¿En qué consisten los “indicios de los perjuicios”? Porque la sentencia no analiza en qué consisten dichos indicios ni como se ponderan los mismos.

2) Es razonable que el recurso indique expresamente el reconocer que no se acreditaron suficientemente los indicios de los perjuicios

3) ¿Se puede comparar acreditar “indicios” con acreditar los “daños y perjuicios que se podrían causar”?

4) ¿Se puede hablar de pérdida sobrevenida de objeto cuando suspenden la ejecución del acto por haber acreditado daños y perjuicios de difícil o imposible reparación cuando aquélla se inadmite trámite en período voluntario pero se resuelve favorablemente en período ejecutivo? (vgr. con recargo)