FIN DE CURSO

Estimados y abnegados lectores.

Leer un post que pone fin de curso es un sufrimiento que intentaré hacer breve.

Este curso 2015/2016 ha sido algo más intenso que el anterior pero no ha sido lo suficientemente intenso como para dar contenido al blog de una manera continua desde febrero.

El deseo de hacer 3 post semanales de septiembre (junto a mi perfeccionamiento del inglés, el gimnasio y el coleccionable de la Pinta, la Niña y la Santa María) se ha ido diluyendo hasta hacer casi dos post mensuales consecuencia de las vicisitudes personales, la carga de trabajo y el tedioso día a día.

Como bien conoce el lector habitual, mi blog es mi forma de estudiar y estar actualizado obligándome a leer sentencias de un modo semanal de las que hago mi particular corta y pega. Pero hasta para el corta y pega es dificultoso el ponerse día tras día después del atender el trabajo y disfrutar de la familia.

No es una excusa pero son mis razones.

Desde aquí mostrar mi respeto y admiración por aquellas personas que consiguen dotar a sus blogs de un contenido continuo. Si ya, después, lo coronan con un contenido de calidad creo que deberían subir a los altares de la legislación y la jurisprudencia.

Si llegamos allá, nos leemos en septiembre.

Tened unas apacibles vacaciones.

 

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29 julio, 2016 · 17:14

Daños continuados. Comienzo del cómputo para ejercicio de acción. Art. 1968.2 Cciv. Doctrina Jp. aplicable.

Bienaventurados los que leéis el blog porque vuestro será el reino de la legislación, la jurisprudencia y el copy and paste.

Hoy traigo una sentencia breve, clara y sencilla del Magistrado Francisco Javier Orduña Moreno. Para que veáis que puede hacer las cosas breves, sencillas y para todos los públicos. Estoy seguro que me leen y por eso me inadmiten todos los recursos que mando al TS.

Objeto del recurso: el muy mítico: “dies a quo a los efectos del cómputo del plazo de prescripción de la acción es el de la fecha del último informe técnico a partir del cual los demandantes pudieron ejercitar la acción al conocer la realidad y extensión de los daños producidos”.

La doctrina de Sala, no menos mítica:

“En relación a la consolidación del daño, con carácter general, esta Sala, entre otras, en su sentencia núm. 28/2014 de 29 de enero , tiene declarado lo siguiente:

«[…] A este respecto es pertinente hacer una distinción entre el daño continuado y el daño duradero o permanente, que es aquel que se produce en un momento determinado por la conducta del demandado pero persiste a lo largo del tiempo con la posibilidad, incluso, de agravarse por factores ya del todo ajenos a la acción u omisión del demandado. En este caso de daño duradero o permanente el plazo de prescripción comenzará a correr «desde que lo supo el agraviado», como dispone el artículo 1968.2.o CC , es decir desde que tuvo cabal conocimiento del mismo y pudo medir su trascendencia mediante un pronóstico razonable, porque de otro modo se daría la hipótesis de absoluta imprescriptibilidad de la acción hasta la muerte del perjudicado, en el caso de daños personales, o la total pérdida de la cosa, en caso de daños materiales, vulnerándose así la seguridad jurídica garantizada por el artículo 9.3 de la Constitución y fundamento, a su vez, de la prescripción.

En cambio, en los casos de daños continuados o de producción sucesiva no se inicia el cómputo del plazo de prescripción, hasta la producción del definitivo resultado ( STS 28 de octubre de 2009 y 14 de julio de 2010 ), si bien matizando que esto es así «cuando no es posible fraccionar en etapas diferentes o hechos diferenciados la serie proseguida» ( SSTS 24 de mayo de 1993 , 5 de junio de 2003 , 14 de marzo de 2007 y 20 de noviembre de 2007 )».”

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Archivado bajo DERECHO CIVIL, distinción entre el daño continuado y el daño duradero o permanente, Sin categoría

TESTAMENTO VITAL. Manifestación anticipada de voluntad.

La manifestación anticipada de voluntad, también conocida como “testamento vital” está regulada en Canarias a través de dos normas:

Como elemento previo debemos destacar que hay modelos oficiales en la web del gobierno de canarias y que su otorgamiento ante Notario es (o era) gratuito en Canarias en virtud de convenio con el Consejo del Notariado y el Servicio Canario de Salud (SCS)

Requisitos formales

 

  1. a) Datos de identificación: nombre, apellidos, sexo, domicilio, teléfono y dirección de correo electrónico si los tuviera, Documento Nacional de Identidad o pasaporte o número de identificación de extranjeros u otro documento válido para acreditar la identidad de la persona otorgante, de los testigos y, en su caso, del representante.
  2. b) Número de tarjeta sanitaria o documento de similar naturaleza.
  3. c) En el supuesto de que se otorgara ante testigos, declaración expresa sobre el contenido previsto en el artículo 6.2 del presente Decreto.
  4. d) Lugar, fecha y firmas de la persona otorgante, de los testigos y, en su caso, del representante.

Contenido de la manifestación anticipada de voluntad.

 

1.- La manifestación anticipada de voluntad deberá recoger todo o parte del siguiente contenido:

a) Las instrucciones y opciones que deberá respetar el personal sanitario que atienda al otorgante sobre los cuidados y el tratamiento de su salud.

b) Las instrucciones respecto al destino de su cuerpo y a la donación de sus órganos o tejidos.

c) La designación de uno o varios representantes que actuarán como interlocutores de las instrucciones y valores manifestados ante el médico o el equipo sanitario. Se incorporará a la documentación la aceptación del representante para serlo.

Además, podrá recoger las indicaciones de naturaleza ética, moral o religiosa que expresen sus objetivos vitales y valores personales para que orienten a los profesionales médicos en la toma de decisiones clínicas.

  1. No se tendrán en cuenta las manifestaciones anticipadas de voluntad que vulneren el ordenamiento jurídico, la lex artis o no se correspondan exactamente con el supuesto de hecho que se hubiera previsto al otorgarlas.

Requisitos para ser representante.

  1. El representante a que se refiere la presente norma deberá estar perfectamente identificado, ser mayor de edad y ostentar plena capacidad de obrar.

  1. La renuncia de tal condición por el propio representante se realizará siempre ante el Registro previsto en el Decreto 13/2006,, quien notificará al otorgante este hecho, para su sustitución por un nuevo nombramiento, si así lo desea.

Formalización de la manifestación anticipada de voluntad.

 

La manifestación anticipada de voluntad debe formalizarse por escrito y ante las siguientes personas, a elección del otorgante:

  1. a) Notario.
  2. b) Funcionario encargado del Registro de manifestaciones.
  3. c) Tres testigos.

La inscripción es obligatoria y deberá ser incorporada a la historia clínica aunque está obligación se supedita a la publicación de un reglamento que no está aprobado. Asimismo se incorporará al Registro Nacional de Instrucciones Previas, RD 124/2007.

El asunto es enormemente completo y este post no pretende ser ningún artículo doctrinal profuso y completo sino un esbozo de una posibilidad regulada que existe en nuestro derecho con particular referencia a la norma autonómica canaria.

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4 julio, 2016 · 10:00

Legitimación Acc. nulidad contra contratos celebrados por el órgano de Admon.

La falta de tiempo (y algunas veces de ganas) hacen que tenga mi blog de copy and paste algo abandonado.

Hoy traigo una Sentencia de lo más interesante. Es la STS 2042/2016 – ECLI:ES:TS:2016:2042, rec 762/14, resolución 316/16 de 13 de mayo de 2016.

Si bien no tiene desperdicio por otras muchas cosas. El análisis del arte 217 LEC sobre la carga de la prueba es más que interesante. Lo que a mi me interesa es el desarrollo de la doctrina de la Sala sobre la legitimación activa para ejercitar acciones declarativas de dominio de la nulidad por inexistencia o ilicitud de la causa de los contratos celebrados por el órgano de administración de la sociedad.

Dice el FD 3º:

La Sentencia de esta Sala 215/2013, de 8 de abril (Rec. 190/2011 ), se pronunció a tal respecto en los siguientes términos:

«La Audiencia Provincial revoca la sentencia de primera instancia porque entiende que la demandante, socia de la sociedad vendedora del inmueble, carece de legitimación activa para pedir la nulidad de la compraventa. Mediante una remisión indirecta a dos sentencias de esta Sala 1a del Tribunal Supremo, de 5 y 21 de noviembre de 1997 , la Audiencia justifica la “falta de legitimación de los socios para instar la nulidad de los contratos celebrados por el órgano de administración”.

»Es cierto que la Sentencia de 5 de noviembre de 1997 (recurso núm. 2849/1993 ) entendió correctamente denegada a los socios de una sociedad la legitimación para pedir la nulidad de una compraventa realizada por la sociedad en un supuesto en que la venta es atacada porque se aducía que el administrador “ha obrado en contra de los deberes que le incumben, derivándose un perjuicio para los accionistas, en otros términos, en beneficio de la sociedad compradora y sin requerirlo el fin social”. Argumentaba que “ello no les da la condición de terceros perjudicados, sino la de socios perjudicados, que pueden accionar de acuerdo con el art. 134 del TRLSA , no fuera de las normas societarias. Sólo cuando se diesen las circunstancias prevenidas en el apartado 4 del susodicho precepto podrán exigir ellos mismos la responsabilidad del administrador, pero en modo alguno poseen legitimación para atacar los negocios jurídicos llevados a cabo por el administrador en uso de sus poderes siempre que lo estimasen contrarios a sus intereses. El derecho societario sería un verdadero caos si se admitiese lo contrario, olvidando los efectos de toda actuación representativa en su ámbito”.

»Por su parte, la Sentencia de 21 de noviembre de 1997 (recurso núm. 3030/1993 ), en un supuesto en que la ineficacia invocada era una “nulidad radical o de pleno derecho por haberse realizado las transmisiones patrimoniales de la sociedad anónima (…) con infracción de normas de obligado cumplimiento relativas a la liquidación de este tipo de sociedades”, argumenta que “integrados los socios en la personalidad jurídica social, todos ellos son parte en los contratos así celebrados por el representante del ente social y, por ello no cabe reconocer a los socios actores-recurrentes la condición de terceros legitimados para instar la nulidad radical o de pleno derecho”.

»Pero el hecho de que en dos casos, a la vista de las circunstancias concurrentes, el tribunal ratificara que los socios carecían de un legítimo interés para impugnar [ rectius: instar] la nulidad de una compraventa realizada por la sociedad, no permite concluir que constituya jurisprudencia de esa Sala que los socios carecen, por carácter general, de esta legitimación para ejercitar la acción de nulidad de los contratos celebrados por quien ostenta la representación orgánica de la sociedad.

»En cualquier caso, para juzgar la legitimación no puede obviarse la causa o motivo de nulidad invocado. En nuestro caso, en la demanda se invocaron dos causas de nulidad, la inexistencia de causa y la ilicitud de la causa ( art. 1276 CC ), porque la compraventa se realiza sin que conste el abono de precio y a favor de otra sociedad que se acaba de constituir por tres de los cuatro hermanos, socios de la entidad vendedora, siendo la otra socia la que pide la nulidad.

»Para el ejercicio de este tipo de acciones, la jurisprudencia reconoce “la legitimación de un tercero, que no haya sido parte en el contrato, (…) siempre que dicho tercero tenga un interés jurídico en ello o, lo que es lo mismo, se vea perjudicado o afectado de alguna manera por el referido contrato” ( Sentencia 4/2013, de 16 de enero , con cita de muchas anteriores, entre otras la 145/2004, de 28 de febrero de 2004 , 621/2001, de 23 de junio de 2001 , y 14 de diciembre de 1993 ). En nuestro caso, la demandante, en cuanto socia titular de participaciones que representan el 25% del capital social de la sociedad vendedora tiene un interés jurídico en instar la nulidad de la compraventa del principal activo inmobiliario de la sociedad, por los motivos indicados, pues se ve afectada como consecuencia del efecto reflejo que la enajenación del bien ha supuesto en la devaluación de sus participaciones.

»Ese interés jurídico de la socia demandante no se agota en la legitimación para una eventual acción de responsabilidad social contra la administradora por el perjuicio causado a la sociedad, al amparo del entonces vigente artículo 134 TRLSA , sino que alcanza también a la acción de nulidad por inexistencia de causa o por ilicitud de la causa».

La referida doctrina fue reiterada por la Sentencia 498/2014, de 23 de septiembre (Rec. 1079/2012 ).

Es además oportuno mencionar que el artículo 232 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital , en la redacción dada por la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, ha venido a disponer de manera expresa que el ejercicio de la acción de responsabilidad de los administradores no obsta al ejercicio, entre otras, de la acción de «anulación de los actos y contratos celebrados por los administradores con violación de su deber de lealtad».

¿Pues está claro, no?

 

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2 junio, 2016 · 18:33

LA ESTELADA Y LA COPA DEL REY.Reflexiones de domingo (en sábado)

Reflexiones de domingo: LA ESTELADA Y LA COPA DEL REY

*Todos los énfasis de subrayado y negrita son míos. Desconozco los órganos de gobierno del FC Barcelona. Las referencias son genéricas.

Mi reflexión de domingo sale el sábado para no influir en el resultado de la final de la Copa del SM El Rey ni presionar al FC Barcelona que es el club que está inmerso en la polémica.

Me da igual si meten esteladas o no. Me da igual si silban el himno o no. Realmente creo que es una cuestión de educación más que de sanción administrativa y/o penal. Pero, como diría el libro de la historia interminable “esa es otra historia…

Leí en RRSS que el FC Barcelona tenía en sus estatutos una serie de prohibiciones. Pues me hizo gracia la cosa. En la web explica que el FC Barcelona aprobó las reglas básicas del Estadio del FC Barcelona para su uso –que no estatutos como he leído-. Estas prohibiciones están detalladas en su artículo 6, que extracto la parte que me interesa:

Art. 6 Prohibiciones

 

1) Los espectadores tienen prohibido traer los siguientes objetos al Estadio:

 

(a) Material de propaganda racista, xenófoba o de incitación a la violencia, ya sea de extrema derecha o de extrema izquierda. Lo mismo se aplica al uso de ropa con símbolos o insignias de violencia racista, xenófoba o de incitación a la violencia, ya sea de extrema derecha o de extrema izquierda. El FC Barcelona repudia cualquier grupo que anime cualquier tipo de violencia y que muestre los símbolos que inciten a cualquier tipo de comportamiento de este tipo.

(b) La publicidad, los artículos comerciales, políticos o religiosos de cualquier tipo, como por ejemplo pancartas, carteles, símbolos y opúsculos.

 

(…)

 

(2) Los espectadores tienen estrictamente prohibido:

(a) Expresar o cantar utilizando palabras que son o pueden ser interpretadas como violencia racista, xenofobia, o incitar a la discriminación, ya sea desde posiciones de extrema derecha o de extrema izquierda. Insultar públicamente a cualquier otra persona, los jugadores en particular, los entrenadores, los funcionarios y otros espectadores, ya sea llamando, mostrando objetos o por cualquier otro medio, como pancartas relacionadas con la raza, sexo, idioma, religión u origen. Comportamientos racistas o irrespetuosos.

 

No he visto nada sobre cabezas de cochinillos asado pero si sobre bebidas y botellas.

Lo primero que me llama la atención es que diferencian dos comportamientos entre lo “prohibido” y lo “estrictamente prohibido” (puntos 1) y 2)) lo que implica que pueda ser que entienden que lo prohibido no está estrictamente prohibido.

La idea inicial del post era enlazar conceptos sobre el incumplimiento de los estatutos y la responsabilidad del órgano de gobierno y/o representación en relación a un hecho público y notorio que es la existencia de las esteladas en el Campo Nuevo del Barcelona los días de partido. Pero como no son estatutos pues nada.

Pero me han hecho gracia otros detalles.

No se quien lo dijo pero seguro alguien que sabía de derecho y es que prohibir o prohibir estrictamente no tiene sentido si no hay consecuencias a violentar las prohibiciones.

Pues el FC Barcelona prevé una serie de consecuencias, ex art 8 del Rto del campo:

Art. 8 Violaciones

  • Cualquier persona que viole estas normas puede ser expulsada del Estadio sin ningún tipo de compensación ni reembolso del precio de la entrada. Lo mismo se aplica a cualquier persona que sea expulsada del Estadio por estar bajo la influencia de alcohol, drogas o cualquier otra sustancia que indique que es incapaz de controlarse a si misma, o que se comporte de forma violenta, con alteración del orden público o que haga pensar que se puede dar un comportamiento de este tipo.

  • Puede ser emitida contra cualquier persona una orden de prohibición de entrada al Estadio debido a su comportamiento dentro y fuera de él que ponga en peligro la seguridad y la protección, así como por actuar contra la ley y el orden del acontecimiento. Esta prohibición se extenderá a todo el resto del país, de acuerdo con la gravedad de los actos.

  • Cualquier invasión del terreno de juego o acceso no autorizado a la zona interior (artículo 6, apartado 2, punto C) será considerada como un acto criminal según la ley local.

  • Cualquier utilización de artículos pirotécnicos será considerada como acto criminal según la legislación española.

  • Si la organización resulta responsable de la violación, sea cual sea, de estos reglamentos y sufre multas o tiene que pagar algún tipo de indemnización como consecuencia de las decisiones de los órganos de gobierno del acontecimiento, como la FIFA, UEFA, RFEF, LFP o cualquier otra, ésta será transmitida al espectador responsable del incumplimiento de la normativa.

  • Si hay alguna sospecha de acción penal o violación de la ley por parte de un espectador, se le podrá interponer una querella criminal.

  • Cualquier objeto de los prohibidos y que haya sido confiscado será entregado de nuevo a su propietario una vez se haya llevado a cabo su uso como prueba en el juicio criminal y ya no se requiera más tiempo de custodia.

  • Este reglamento entrará en vigor en el momento que el titular de una localidad o pase haya entrado en el Estadio. La adquisición de una localidad o pase implica la total aceptación del conjunto de estas normas de funcionamiento del Estadio del FC Barcelona, el Camp Nou, y de sus instalaciones.

Bien, esto me lleva a un par de reflexiones:

  • ¿Este reglamento son cláusulas del pacto contractual que debe conocer el comprador de una entrada?
  • ¿El incumplimiento de estas cláusulas que desconoce y que no están contempladas en el documento consistente en la entrada son exigibles conforme a la buena fe?
  • ¿Puede un contrato entre partes tener unos efectos como prohibir la entrada en otros estadios del resto del país?
  • ¿A qué llaman resto del país?
  • ¿Qué es un acto criminal conforme a la ley local?
  • ¿Qué es una sospecha de acción penal o violación de la ley?
  • ¿Existen las querellas criminales?
  • ¿No era obligatorio si conocemos que si están cometiendo un delito ponerlo en conocimiento de las autoridades competentes?
  • ¿Pueden confiscar piezas de convicción en juicos criminales?
  • ¿El órgano de gobierno y/o representación tiene responsabilidad de algún tipo  se haN dotado de unas normas de funcionamiento en el estadio y no vigila su cumplimiento?

 

¿No me negareis que tiene su gracia?

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21 mayo, 2016 · 16:03

El error judicial. Doctrina de Sala actualizada.

El error judicial. Doctrina de Sala actualizada.

En este blog hemos analizado el error judicial en un post de 12-4-2014, AQUÍ.

Hoy os mostramos un corta y pega de lo más reciente de STS 1797/16, ECLI:ES:TS:2016:1797 , de 29, abril de 2016, recurso 1/2015, resolución 281.

FD 2º:

1.- Jurisprudencia sobre el error judicial . Debemos partir de la jurisprudencia consolidada de esta Sala sobre el error judicial:

«(E)l error judicial, fuente del derecho a obtener una indemnización que reconoce a los perjudicados el artículo 121 CE , ha de tener la gravedad que implícitamente exige el artículo 292.3 LOPJ (pues en él se establece que la mera revocación o anulación de las resoluciones judiciales no presupone por sí sola derecho a la indemnización) y que la jurisprudencia reclama ( SSTS de 25 de enero de 2006, EJ n.o 32/2004 , 4 de abril de 2006, EJ n.o 1/2004 , 31 de enero de 2006, EJ n.o 11/2005 , 27 de marzo de 2006, EJ n.o 13/2005 , 13 de diciembre de 2007, EJ n.o 20/2006 , 7 de mayo de 2007, EJ n.o 10/2005 y 12 de diciembre de 2007, EJ n.o 35/2004 ), en consonancia con el carácter extraordinario de una institución mediante la que se ordena el resarcimiento por el Estado de los daños causados por una sentencia dictada en el ejercicio de la función jurisdiccional con fuerza de cosa juzgada.

»Por ello, de acuerdo con nuestra jurisprudencia, el error judicial debe circunscribirse a las decisiones de hecho o de Derecho que carecen manifiestamente de justificación ( SSTS de 26 de noviembre de 1996 y 8 de mayo de 2006 ), pues admitir otros supuestos de error implicaría utilizar el trámite para reproducir el debate sobre las pretensiones planteadas cual si se tratara de una nueva instancia o de un recurso en detrimento de la fuerza de cosa juzgada de las decisiones judiciales y de la independencia reconocida a los tribunales.

»La solicitud de declaración de error judicial, en suma, exige no solamente que se demuestre el desacierto de la resolución contra la que aquélla se dirige, sino que ésta sea manifiestamente contraria al ordenamiento jurídico o haya sido dictada con arbitrariedad» [ Sentencia 654/2013, de 24 de octubre , que cita otra anterior de 2 de marzo de 2011 (EJ no 17/2009)].

(…)

El error judicial no es una instancia en la que pueda revisarse un previo enjuiciamiento. El error judicial, para que lo sea a los efectos del art. 293 LOPJ , debe ser algo manifiestamente contrario al ordenamiento jurídico o que conste dictado con evidente arbitrariedad. Y nada de ello ocurre en el presente caso.

(…)

Según la jurisprudencia de esta Sala, «(e)sta exigencia se explica por la necesidad de agotar todos los medios que permiten que se dicte una sentencia ajustada a derecho antes de acudir a un remedio excepcional y subsidiario como es el de la declaración de error judicial, que no permite que el justiciable obtenga la sentencia correcta y vea satisfecho su derecho con cargo a quien debe serlo, la parte contraria en el litigio, sino que constituye un requisito para que dicho justiciable reclame una indemnización con cargo a las arcas públicas» ( Sentencias 830/2013, de 14 de enero de 2014 , y 47/2014, de 12 de febrero ).

En un supuesto como el presente, en que el error judicial denunciado se habría cometido en una sentencia contra la que no cabe recurso alguno, hemos venido entendiendo que antes de la demanda de error judicial debía haberse agotado la vía judicial previa mediante el incidente de nulidad de actuaciones:

«el incidente de nulidad de actuaciones, aunque no sea propiamente un recurso, es un mecanismo de singular idoneidad que no cabe omitir, aunque dentro de su ámbito o alcance, en la previsión del art. 293.1.f) LOPJ . Y aunque la relevancia del medio de impugnación se manifiesta especialmente como mecanismo de agotamiento de la vía judicial previa en relación con la naturaleza subsidiaria del recurso de amparo (por todas, STC 32/2010, del 8 de julio ), ello no obsta a su singular idoneidad en otras perspectivas, siempre en orden a restablecer eventuales vulneraciones de derechos fundamentales (por todas, STC 43/2010, de 26 de julio ), y a su carácter de exigencia previa inexcusable antes de acudir a vías de reparación excepcional de derechos, entre ellos la que aquí se enjuicia de error judicial» ( Sentencias 650/2010, de 27 de octubre , y 47/2014, de 12 de febrero ).

No consta que, con carácter previo a la interposición de la demanda, se hubiera instando la nulidad de actuaciones, lo que constituye otra razón para, como alegan la Abogacía del Estado y el Ministerio Fiscal, la desestimación de la demanda.

Así que no solo hay que ganar una demanda por error judicial sino que también hay que “instar” una nulidad de actuaciones con lo que ello significa.

 

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9 mayo, 2016 · 19:13

Acumulación de acciones de reclamación de una deuda social y de la acción de responsabilidad de los administradores al pago solidario de esta deuda social.


Acumulación de acciones de reclamación de una deuda social y de la acción de responsabilidad de los administradores al pago solidario de esta deuda social.

Este post es para aquellos que crean que es difícil aplicar en una sentencia y explicarlo previamente en un fondo del asunto, recordando aquella cosa fantástica de que los abogados debemos exponer los hechos y el juez aplicar el Derecho.

Ea. Un corta y pega de calidad, fetén, la STS 1650/16, de 18-4-2016, Id Cendoj: 28079110012016100247

  1. Estimación del motivo primero . Esta Sala viene entendiendo que la acción individual de responsabilidad de los administradores «supone una especial aplicación de responsabilidad extracontractual integrada en un marco societario, que cuenta con una regulación propia ( art. 135 TRLSA , y en la actualidad art. 241 LSC), que la especializa respecto de la genérica prevista en el art. 1902 CC ( SSTS de 6 de abril de 2006 , 7 de mayo de 2004 , 24 de marzo de 2004 , entre otras). Se trata de una responsabilidad por “ilícito orgánico”, entendida como la contraída en el desempeño de sus funciones del cargo» ( Sentencias 242/2014, de 23 de mayo , y 737/2014, de 22 de diciembre ).

Para su apreciación, la jurisprudencia requiere del cumplimiento de los siguientes requisitos:

  1. un comportamiento activo o pasivo de los administradores;
  2. que tal comportamiento sea imputable al órgano de administración en cuanto tal;
  • que la conducta del administrador sea antijurídica por infringir la ley, los estatutos o no ajustarse al estándar o patrón de diligencia exigible a un ordenado empresario y a un representante leal;
  1. que la conducta antijurídica, culposa o negligente, sea susceptible de producir un daño;
  2. el daño que se infiere sea directo al tercero que contrata, sin necesidad de lesionar los intereses de la sociedad; y
  3. la relación de causalidad entre la conducta antijurídica del administrador y el daño directo ocasionado al tercero ( sentencias 131/2016, de 3 de marzo ; 396/2013, de 20 de junio ; 395/2012, de 18 de junio ; 312/2010, de 1 de junio ; y 667/2009, de 23 de octubre , entre otras).

En el caso de la sentencia la indemnización pretendida trae origen en el importe de la deuda que la sociedad tiene con la actora.

Con carácter general, debemos recordar que no puede recurrirse indiscriminadamente a la vía de la responsabilidad individual de los administradores por cualquier incumplimiento contractual de la sociedad. De otro modo supondría contrariar los principios fundamentales de las sociedades de capital, como son la personalidad jurídica de las mismas, su autonomía patrimonial y su exclusiva responsabilidad por las deudas sociales, u olvidar el principio de que los contratos sólo producen efecto entre las partes que los otorgan, como proclama el art. 1257 CC ( sentencias 131/2016, de 3 de marzo ; y 242/2014, de 23 de mayo ).

De ahí que resulte tan importante, en un supuesto como éste, que se identifique bien la conducta del administrador a la que se imputa el daño ocasionado al acreedor, y que este daño sea directo, no indirecto como consecuencia de la insolvencia de la sociedad. “

 

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5 mayo, 2016 · 9:58

Incumplimiento esencial del contrato

Esta entrada fue publicada el 29-4-2016 en http://www.lawandtrends.com/noticias/civil/incumplimiento-esencial-del-contrato.html

Hoy en día es habitual, común e indispensable al tratar de las causas de resolución de los contratos que el incumplimiento de una de las partes sea “esencial”. Sin embargo, no es tan común conocer que esta “naturaleza” del incumplimiento viene no de una tradición jurídica sino de la evolución del derecho de los contratos desarrollados al amparo del Convenio de Viena sobre los contratos de compraventa internacional de mercancías, principios de UNIDROIT o Principios del Derecho Europeo de Contratos.

Dice la STS 638/2013, que “la categoría del incumplimiento esencial se aleja de la variante de la prestación debida para residenciarse, mas bien, en la coordenada de la satisfacción del interés del acreedor, en donde el centro de atención no se sitúa ya tanto en el posible alcance del incumplimiento de estos deberes contractuales previamente programados y, en su caso, implementados conforme al principio de buena fe contractual, sino en el plano satisfactivo del cumplimiento configurado en orden a los intereses primordiales que justificaron la celebración del contrato y que, por lo general, cursan o se instrumentalizan a través de la base del negocio, la causa concreta del contrato, ya expresa o conocida por ambas partes, o la naturaleza y características del tipo contractual llevado a cabo. Instrumentación técnica que concuerda, por lo general, con las expresiones al uso ya en relación a la privación sustancial de “todo aquello que cabe esperar en virtud del contrato celebrado”, en la formulación de los textos de armonización, o bien, en terminología más jurisprudencial, respecto de la frustración del “fin práctico” perseguido, de la “finalidad buscada” o de las “legítimas expectativas” planteadas.”

En dicha Sentencia, después de mencionar una serie de sentencias sobre la base de los negocios jurídico celebrados qué podría ser considerado un incumplimiento esencial, establece unos criterios en orden a su incidencia en la dinámica resolutoria de la obligación:

  1. El incumplimiento esencial se centra en la satisfacción de la finalidad buscada en el contrato. Esta finalidad, aunque no se incluya en las cláusulas obligacionales, puede ser razonable incluirlas en el expositivo para facilitar el conocimiento por parte del juzgador del interés de las partes en caso de conflicto contractual.
  2. El incumplimiento esencial se centra en la valoración en conjunto de las prestaciones sean principales, accesorias o complementarias si podemos acreditar que éstas fueron determinantes para la celebración o fin del contrato celebrado.
  3. El régimen del incumplimiento esencial, como incumplimiento resolutorio, no queda condicionado por el principio de reciprocidad que dibuja la sinalagmaticidad de la relación obligatoria ya que puede extenderse al ámbito de obligaciones que no formen parte del sinalagma en sentido estricto, caso de la obligaciones accesorias, de carácter meramente complementario.”
  4. el incumplimiento esencial también se proyecta como una valoración o ponderación de la idoneidad de los resultados, beneficios o utilidades que lógicamente cabía esperar de la naturaleza y características del contrato celebrado ( SSTS de 18 de mayo de 2012, núm. 294/2012, 29 de octubre de 2012, núm. 619/2012 y 8 de noviembre de 2012, núm. 644/2012, en relación con la conformidad en la entrega de la cosa; y STJUE de 3 de octubre de 2013 en relación a la falta de conformidad y su proyección en la reducción del precio o, en su caso, resolución del contrato)”

Para finalizar, recuerdo una anécdota que escuche en donde un americano espera que lo que está escrito en el contrato es lo que es. Lo que no está escrito, no está y un juez no puede interpretar algo que no está.

Sin embargo, los abogados españoles diremos: no te preocupes que todavía tiene que valorar la cláusula un juez.

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3 mayo, 2016 · 9:48

Responsabilidad civil médica. Obligación de medios y de resultados.

Responsabilidad civil médica. Obligación de medios y de resultados.

Hoy traemos al blog la STS 1639/2016, Id Cendoj: 28079110012016100239.

Una persona acude a una clínica a que le realicen una intervención estética, la llamada medicina voluntaria o satisfactiva. Esta no sale bien y la paciente entiende que como busca un resultado vale todo para buscar la reparación del daño.

La STS, FD 2º, párrafo tercero arrea un zasca de órdago a la AP cuando dice que:

“La sentencia, ciertamente, desconoce, como si no existiera, la doctrina reiterada de esta Sala sobre la obligación de medios y de resultados como criterio general en el ámbito de la responsabilidad civil médica justificando el interés casacional del recurso que, de otra forma, no se hubiera admitido. Una cosa es que la jurisprudencia no sea vinculante y que motivadamente puedan los tribunales apartarse de la misma y otra distinta que el tribunal de instancia la ignore, y se resuelva en contra de ella, como ocurre en este caso”.

Más allá de este detalle de prensa amarilla –que por otro lado tanto gusta a quien escribe mientras no le den los zascas a él- nos encontramos con una STS –otra más- que sostiene la interpretación de la Sala 1º del TS sobre esta materia.

En este blog hemos analizado el tema desde diferentes parámetros, aquí, aquí o aquí .

La STS remarca que los resultados de la medicina voluntaria o satisfactiva no comportan por si la garantía del resultado pero si acentúan la obligación de informar. 

La STS expone:

La responsabilidad del profesional médico es de medios y como tal no puede garantizar un resultado concreto. Obligación suya es poner a disposición del paciente los medios adecuados comprometiéndose no solo a cumplimentar las técnicas previstas para la patología en cuestión, con arreglo a la ciencia médica adecuada a una buena praxis, sino a aplicar estas técnicas con el cuidado y precisión exigible de acuerdo con las circunstancias y los riesgos inherentes a cada intervención, y, en particular, a proporcionar al paciente la información necesaria que le permita consentir o rechazar una determinada intervención.

Los médicos actúan sobre personas, con o sin alteraciones de la salud, y la intervención médica está sujeta, como todas, al componente aleatorio propio de la misma, por lo que los riesgos o complicaciones que se pueden derivar de las distintas técnicas de cirugía utilizadas son similares en todos los casos y el fracaso de la intervención puede no estar tanto en una mala praxis cuanto en las simples alteraciones biológicas. Lo contrario supondría prescindir de la idea subjetiva de culpa, propia de nuestro sistema, para poner a su cargo una responsabilidad de naturaleza objetiva derivada del simple resultado alcanzado en la realización del acto médico, al margen de cualquier otra valoración sobre culpabilidad y relación de causalidad y de la prueba de una actuación médica ajustada a la lex artis, cuando está reconocido científicamente que la seguridad de un resultado no es posible pues no todos los individuos reaccionan de igual manera ante los tratamientos de que dispone la medicina actual ( SSTS 12 de marzo 2008 ; 30 de junio 2009 )”.

Es asimismo doctrina reiterada de esta Sala que los actos de medicina voluntaria o satisfactiva no comportan por sí la garantía del resultado perseguido, por lo que sólo se tomará en consideración la existencia de un aseguramiento del resultado por el médico a la paciente cuando resulte de la narración fáctica de la resolución recurrida (así se deduce de la evolución jurisprudencial, de la que son expresión las SSTS 25 de abril de 1994 , 11 de febrero de 1997 , 7 de abril de 2004 , 21 de octubre de 2005 , 4 de octubre de 2006 , 23 de mayo de 2007 y 19 de julio 2013 ).

Estamos ante un supuesto de medicina satisfactiva o voluntaria en el que se acentúa la obligación de informar sobre los riesgos y pormenores de una intervención que permita al interesado conocer los eventuales riesgos para poderlos valorar y con base en tal información prestar su consentimiento o desistir de la operación, habida cuenta la innecesidad de la misma, y ello, sin duda, como precisa la Sentencia de 21 de octubre de 2005 , obliga a mantener un criterio más riguroso a la hora de valorar la información, más que la que se ofrece en la medicina asistencial, porque la relatividad de la necesidad podría dar lugar en algunos casos a un silenciamiento de los riesgos excepcionales a fin de evitar una retracción de los pacientes a someterse a la intervención, y esta información no fue proporcionada debidamente.

Es el caso que hubo información y que esta ha sido calificada de correcta y suficiente en la sentencia, y no consta de la lectura de la misma que a la paciente se le prometiera el resultado. La promesa del resultado no es una consecuencia de la información sino una deducción que la sentencia obtiene de la equivocada doctrina jurisprudencial con la que da respuesta al problema planteado, en el sentido de que este debía necesariamente obtenerse, porque así lo exigía el contrato al margen de la buena o mala praxis médica; criterio que es, además, contradictorio con la información recibida en la que al paciente se le advierte de los riesgos de la operación, que finalmente se materializaron, pese a lo cual decide someterse a ella. La cirugía estética o plástica no conlleva la garantía del resultado y si bien es cierto que su obtención es el principal objetivo de toda intervención médica, voluntaria o no, y la que la demandante esperaba, el fracaso no es imputable al facultativo por el simple resultado, como aquí se ha hecho, prescindiendo de la idea subjetiva de culpa, a la que no atiende la sentencia que pone a cargo del profesional médico una responsabilidad objetiva contraría a la jurisprudencia de esta Sala.

Es decir, el TS nos está diciendo que hay que hacer un plus de esfuerzo en la información proporcionada al paciente voluntario y nunca, nunca, nunca asegurar un resultado.

 

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2 mayo, 2016 · 17:43

Doctrina de la Sala 1ª del TS sobre el Recurso extraordinario por infracción procesal.

Hoy os traemos un resumen sobre la doctrina de la Sala 1ª del TS sobre el Recurso extraordinario por infracción procesal. No lo voy a entrecomillar para poder apreciar las propias comillas del TS. El post de hoy es la madre de todos los copy and paste (así suena más molón). Yo aporto el énfasis en negrita y subrayado.

La STS 975/2016 – ECLI:ES:TS:2016:975 Id Cendoj: 28079110012016100134 , de 10-3-2016, remite a la STS de 22-1-2015, rec 1249/2013 que dice:

  1. a) En nuestro sistema el procedimiento civil sigue el modelo de la doble instancia y ulteriores recursos extraordinarios. El examen pleno del material fáctico objeto del proceso, y de la actividad probatoria que ha servido para considerar probados determinados hechos controvertidos, corresponde a los tribunales de primera instancia y de apelación. La admisión del recurso extraordinario por infracción procesal no da paso a una tercera instancia en la que fuera de los supuestos excepcionales se pueda volver a exponer toda la complejidad fáctica del litigio, pretendiendo su reinterpretación por el tribunal de casación y el replanteamiento general de la revisión de la valoración de la prueba, ya que esta es función de las instancias y las mismas se agotan en la apelación. Por esa razón, ninguno de los motivos que en relación cerrada enumera el artículo 469 de la Ley de Enjuiciamiento Civil se refiere a la revisión de la base fáctica y la valoración de la prueba ( STS 4 de septiembre de 2014, Ro. 2733/2012 ). Solo cabe su revisión cuando conculque el artículo 24.1 de la Constitución Española por incurrir en error de hecho palmario, irracionalidad o arbitrariedad.
  2. b) Es por ello que constituye doctrina de esta Sala (SSTS de 8 de abril de 2014, Rc. 1581/2012 ; 18 de febrero de 2013, Rc. 1287 y 4 de enero de 2013, Rc. 1261/2010 entre las más recientes) que « la restrictiva doctrina desarrollada durante la vigencia de la LEC 1881 sobre el control en casación de la valoración arbitraria o ilógica de la prueba, mantiene su vigencia, si bien ahora dentro del ámbito del recurso extraordinario y, en esta línea, se ha venido admitiendo con carácter excepcional, la impugnación de la prueba ( Sentencias de fechas 28 de noviembre de 2007 , 16 de marzo de 2007 , 29 de septiembre de 2006 , 28 de julio de 2006 , 23 de junio de 2006 , 16 de junio de 2006 , 12 de mayo de 2006 , 9 de mayo de 2005 , 29 de abril de 2005 y 8 de abril de 2005 , entre las más recientes), indicando que la valoración de la prueba corresponde en principio a la Sala de instancia, debiéndose reducir su examen en esta sede a problemas de infracción, en concreto de una regla de valoración, al error patente y a la interdicción de la arbitrariedad o irrazonabilidad (Sentencias del Tribunal Constitucional 63/1984, 91/1990, 81/1995, 142/1999, 144/2003, 192/2003; y de esta Sala de 24 de febrero y 24 de Julio de 2000 y 15 de marzo de 2002 entre otras muchas)».

Descendiendo a respuestas singulares viene declarando la jurisprudencia, en síntesis, lo siguiente: ( STS 25 de junio de 2014; Rc. 3013/2012 ):

  • que no es posible atacar la valoración conjunta de la prueba, o lo que es igual, que la parte no puede pretender una nueva valoración conjunta distinta a la del tribunal de instancia a quien corresponde esta función soberana ( SSTS de 13 de noviembre de 2013, Rc. n.o 2123/2011 ; 8 de octubre de 2013, Rc. 778/2011 ; 30 de junio de 2009, Rc. 1889/2006 y 29 de septiembre de 2009, Rc. 1417/2005 );
  • tampoco puede atacar esa valoración conjunta mediante la impugnación de pruebas concretas ni pretender que se dé prioridad a un concreto medio probatorio para obtener conclusiones interesadas, contrarias a las objetivas y desinteresadas del órgano jurisdiccional ( SSTS de 11 de diciembre de 2013, Rc. 1853/2011 ; 14 de noviembre de 2013, Rc. 1770/2010 ; 13 de noviembre de 2013, Rc. 2123/2011 y 15 de noviembre de 2010, Rc. 610/2007 , que cita las de 17 de diciembre de 1994, Rc. 1618/1992 ; 16 de mayo de 1995 , Rc. 696/1992 ; 31 de mayo de 1994 , Rc. n.o 2840/1991 ; 22 de julio de 2003, Rc. 32845/1997 ; 25 de noviembre de 2005, Rc.1560/1999 ) pues « el hecho de que no se tomen en consideración determinados elementos de prueba relevantes a juicio de la parte actora carece de trascendencia y no significa que no hayan sido debidamente valorados por la sentencia impugnada, sin que las exigencias de motivación obliguen a expresar este juicio ( STS de 8 de julio de 2009, RC n.o 13 / 2004 ) a no ser que se ponga de manifiesto la arbitrariedad o error manifiesto» ( SSTS de 15 de noviembre de 2010, Rc. no 610/2007 y 26 de marzo de 2012, Rc no 1185/2009 ).

En esta sentencia se aprecia error en la valoración de la prueba en la Sentencia recurrido, con la siguiente motivación:

«Como recoge la sentencia 243/2013, de 18 de abril, el Tribunal Constitucional , en su labor de interpretación delartículo 24 de la Constitución Española , ha elaborado la doctrina del error patente en la valoración de la prueba, destacando su directa relación con los aspectos fácticos del supuesto litigioso. Así, en las sentencias 55/2001, de 26 de febrero , 29/2005, de 14 de febrero , y 211/2009, de 26 de noviembre , en la que destacó que “concurre error patente en aquellos supuestos en que las resoluciones judiciales parten de un presupuesto fáctico que se manifiesta erróneo a la luz de un medio de prueba incorporado válidamente a las actuaciones cuyo contenido no hubiera sido tomado en consideración “. En la mencionada número 55/2001, de 26 de febrero, el Tribunal identificó los requisitos de necesaria concurrencia para que quepa hablar de una vulneración de la tutela judicial efectiva por la causa que estamos examinando y se refirió, en particular, a que el error debe ser patente, es decir, “inmediatamente verificable de forma incontrovertible a partir de las actuaciones judiciales, por haberse llegado a una conclusión absurda o contraria a los principios elementales de la lógica y de la experiencia “.

Por ello no todos los errores sobre valoración de la prueba tienen relevancia constitucional, sino que como recoge la sentencia de nuestra Sala de 28 de junio 2012 es necesario que concurran como requisitos los siguientes:

  1. que se trate de un error fáctico, – material o de hecho -, es decir, sobre las bases fácticas que han servido para sustentar la decisión; y
  2. que sea patente, manifiesto, evidente o notorio, lo que se complementa con el hecho de que sea inmediatamente verificable de forma incontrovertible a partir de las actuaciones judiciales.»

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12 abril, 2016 · 10:00

Acción individual de responsabilidad de administradores

Después de una temporada sin publicar nada en el blog, tenemos por delante muchos corta y pega que leer.

El primero, pero no por ello más importante, es la STS de 3-3-2016, Resolución 131/2016, cendoj 28079110012016100123 , STS 959/2016 sobre la acción individual de responsabilidad.

Los hechos son que A compra a B dos viviendas con fecha de entrega determinada y realiza un pago a cuenta. B no cumple con la entrega y A demanda. Gana A la demanda.

B tuvo tres administradores durante el plazo temporal de la compra y demanda.

A demanda acumuladamente por acciones de acción individual de responsabilidad contra los tres administradores por no tener los avales previstos en la Ley 57/1968 y acción de responsabilidad por deudas al no haber disuelto la responsabilidad pese a concurrir causa legal.

6.- El juzgado de lo mercantil dictó sentencia en la que estimó la acción individual y desestimó la de responsabilidad por deudas; y condenó a los tres administradores codemandados a abonar a la actora 90.149,64€.

Recurren los administradores y la AP desestima la demanda, según dicen los Antecedentes de la STS:

“(i) Desestimó los motivos de oposición referidos a falta de legitimación pasiva y prescripción de la acción; (ii) La prestación por parte de la sociedad vendedora de las viviendas de las garantías y avales establecidos en el art. 1 de la Ley 57/1968, de 27 de julio , no cabe imputarla propiamente a los administradores sino a la sociedad, ya que era ésta la obligada a ingresar la cantidades anticipadas en una cuenta garantizada o a otorgar los avales, es decir, era la sociedad la única obligada. Es decir, el daño no derivaría directamente de un acto u omisión propia de los demandados sino de la sociedad.”

La sala entiende que la cuestión sujeta a discusión es “resolver si el incumplimiento por la sociedad demandada promotora de la obligación de garantizar al comprador las cantidades entregadas anticipadamente en caso de resolución del contrato de compraventa, exigida legalmente por la Ley 57/1968 y por la Disposición Adicional Primera de la Ley 23/1999 , constituye un incumplimiento que puede ser, además, imputable a los administradores para exigirles responsabilidad a título individual (ex art. 69 LRSL , arts. 133 y 135 LSA , actualmente arts. 236, 237 y 241 LSC), y si tal responsabilidad es solidaria con la sociedad» .

El TS condena a los administradores. Os lo adelante por si no queréis continuar la lectura. Los condena previo análisis de una serie de cuestiones:

  1. “la acción individual de responsabilidad, como modalidad de responsabilidad por ilícito orgánico , entendida como la contraída por los administradores en el desempeño de sus funciones del cargo, constituye un supuesto especial de responsabilidad extracontractual integrada en un marco societario, que cuenta con una regulación propia que la especializa respecto de la genérica prevista en el art. 1902 CC ( sentencias de esta Sala de 4 de marzo y 7 de mayo de 2004 y 6 de abril de 2006 , entre otras)”
  2. los administradores tienen la obligación de cumplir y respetar las normas legales que afectan a la actividad social o sectorial. “El cumplimiento de este deber objetivo de cuidado, que consiste en no dañar a los demás, exige emplear la diligencia de un ordenado empresario y cumplir los deberes impuestos por las leyes (art. 225.1 LSC) en relación con los terceros directamente afectados por su actuación. La infracción de este deber supone un incumplimiento de una obligación de la sociedad, que es imputable a los administradores, por negligencia, en el ejercicio de sus funciones en el cargo, en su actuación como órgano social.”
  3. El art. 241 LCS permite una acción individual contra los administradores, cuando en el ejercicio de sus funciones incumplen normas específicas que se imponen a su actividad social y tienden a proteger al más débil aunque del daño causado a terceros responde la sociedad, sin perjuicio de que ésta pueda repetir

Y, en el FD 2º, 5.- Esquematiza los requisitos de la acción individual de responsabilidad:

de acuerdo con la doctrina sentada por esta Sala en la sentencia antes indicada y las que en ella se citan ( SSTS 396/2013, de 20 de junio ; 15 de octubre de 2013 ; 395/2012, de 18 de junio ; 312/2010, de 1 de junio ; y 667/2009, de 23 de octubre , entre otras); que son:

  • incumplimiento de una norma, en concreto, la Ley 57/1968, debido al comportamiento omisivo de los administradores;
  • imputabilidad de tal conducta omisiva a los administradores, como órgano social;
  • que la conducta antijurídica, culposa o negligente, sea susceptible de producir un daño;
  • el daño que se infiere debe ser directo al tercero que contrata, en este caso, al acreedor, sin necesidad de lesionar los intereses de la sociedad; y
  • relación de causalidad entre la conducta contraria a la ley y el daño directo ocasionado al tercero.”

En el caso de la sentencia, “el incumplimiento de la obligación de garantizar la devolución de las cantidades ha producido un daño a la compradora, que, al optar, de acuerdo con el art. 3 de la Ley 57/1968 , entre la prórroga del contrato o su resolución con devolución de las cantidades anticipadas, no puede obtener la satisfacción de ésta última pretensión, al no hallarse garantizadas las sumas entregadas. El incumplimiento de una norma legal sectorial, de ius cogens, cuyo cumplimiento se impone como deber de diligencia del administrador, se conecta con el ámbito de sus funciones (arts. 225, 226, 236 y 241 LSC), por lo que le es directamente imputable”

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11 abril, 2016 · 9:00

REFLEXIONES DE DOMINGO: “PANAMÁ PAPERS”

REFLEXIONES DE DOMINGO: “PANAMÁ PAPERS”

Me gusta eso de los Panamá Papers, es muy de los 2000. Me recuerda a esas cosas de cuando Apple no era tan Apple y Jobs hacía sus presentaciones zen con sus keynote y sus papers.

Jobs no está. Apple parece que ya no empieza a estar. Los panamá papers acaban de aparecer interrumpiendo en la escena como un coro griego presentando el contexto de la situación.

Abre la AEAT su plazo para la presentación del IRPF. Aparecen los papeles. Montoro afila sus manos recordando a aquellos dibujos animados que, como si de un Nostradamus moderno fuera, predijeron la presidencia de Donald Trump en los “Iu Es Ei”.

Hay post, noticias, tuits, muros de “feisbu“, columnas… “todos los que tienen cuentas han robado”, “las usan para defraudar”, dicen.

Algún atrevido dice que tener una cuenta en Panamá no es delito. Algún atrevido dice que si han presentado un papelito ante los corsarios y la han declarado es legal (algo de un 720, dicen). ¡No habría ni una infracción administrativa!. Otros dicen que hay un convenio de doble imposición con España y no es un refugio fiscal. Gente hay pató en la búsqueda de su paraíso.

Toda esta situación parece sacada de los libros de Asterix y las doce pruebas donde entraban en “la casa que enloquece” buscando un modelo para presentar y cuya única solución fue inventarse un modelo, revertir la situación y volver locos a aquéllos simpáticos funcionarios romanos.

Me resulta curioso entender el porqué debe considerarse ilegal el hacer una sociedad en Panamá de acuerdo con las leyes panameñas. Es como si uno va al Notario en la Castellana, constituye una sociedad y le acusan de defraudar. Ya se que es un razonamiento naif y que algunas cuentas son para causar un mal a los países de origen del contribuyente y a la humanidad. Sobre todo, las cuentas en Panamá de gente como el rey de Arabia Saudí trasladando conceptualmente nuestro sistema tributario con el suyo.

Me llama la atención leer como nos quejamos porque pagan impuestos en otro país.

Yo decía el otro día en un tuit que lo lógico, razonable y humano es pagar la menor cantidad de impuestos dentro de la legalidad. Creo en esto.

Digo yo que, de repente, si a alguien se le ocurre bajar los impuestos la gente que puede permitirse abrir una cuenta en Panamá entiende que el esfuerzo en este sentido carece de lógica y rentabilidad y establece España como lugar de pago preferente de tributación. Digo yo que, de repente, el Estado, en vez de pretender aprehender nuestros dineros en los mayores porcentajes conocidos en la historia reciente de España podría hacer una política que acercase a los contribuyentes a sus administraciones tributarias.

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10 abril, 2016 · 16:14

IMPORTANTÍSIMA SENTENCIA DE “EL TERCER SECTOR”

Fuera de los ojos del gran público más pendientes de asuntos relevantes, mediáticos, de gran interés para los medios a veces se producen batallas de una intensidad brutal que no es de interés salvo para medios muy especializados y para los afectados directos (aunque afecte a un interés muy general como veremos según mi subjetiva opinión, como veremos).

Una de esas batallas oscuras, duras e inexplicables fue resuelta por la STS 610/2016, rec 507/2013 de la Sala de lo Contencioso-Administrativa, sección Cuarta, de 15 de marzo de 2016.

Esta es la historia de “El Tercer Sector”:

La importancia de esta Sentencia es que el RD recurrido tiene como fin regular las bases de subvenciones que financiarán actividades prestacionales sustantivas como “atención a personas con necesidades educativas o de inserción laboral, el fomento de la seguridad ciudadana y la prevención de la delincuencia” con cargo a la asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en el ámbito de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad

Los hechos son:

Es aprobado el Real Decreto-ley 7/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes de naturaleza tributaria, presupuestaria y de fomento de la investigación, el desarrollo y la innovación; que, a los efectos que aquí interesan tiene dos Real Decreto que los desarrolla:

Ambos son impugnados por al Generalidad de Cataluña. Sobre el recurso al RD 535/2014, el TS dictó Sentencia de 21 de mayo de 2015, rec 499/2013 que estima el recurso por entender que había invasión de competencias.

En la STS 610/2016, rec 507/2013 recurre, según dice el FD2º con una argumentación similar y pide la nulidad.

La Asociación Plataforma del Tercer Sector formuló contestación a la demanda, oponiéndose.

Bien, el TS entiende que apreció extralimitación competencial en el RD 535/2014 incidía en materia de asistencia social -competencia autonómica- puesto que las entidades del Tercer Sector colaboradoras de la Secretaria de Estado de Servicios Sociales e Igualdad tienen naturaleza asistencial y por tanto de competencias autonómicas, el RD 536/14 regula otras cosas diferentes.

Dice el TS que el RD 536/2013: “Las subvenciones cuyas bases reguladoras se establecen en esta última disposición general no tienen por finalidad financiar gastos de funcionamiento, sino actividades prestacionales sustantivas, tales como la atención a personas con necesidades educativas o de inserción laboral, el fomento de la seguridad ciudadana y la prevención de la delincuencia”

En consecuencia, el TS centra el objeto de debate en “cual es la naturaleza de las actividades susceptibles de ser subvencionadas”. Para abordar este asunto, de un modo breve, pero claro, define “asistencia social” en su FD 4º, párrafo 3º in fine:

“El título competencial «asistencia social» hace referencia a todas aquellas actividades tendentes a atender estados de carencia o necesidad que no tienen cobertura mediante otros títulos específicos, como es destacadamente el de Seguridad Social del art. 149.1.17 de la Constitución. En este sentido, la idea de asistencia social tiene cierto carácter subsidiario o, mejor aún, complementario. Véase, en este sentido, la STC 146/1986. Pues bien, las subvenciones contempladas en el Real Decreto 536/2013 tienen que ver con actividades constitucionalmente cubiertas por títulos competenciales distintos del relativo a la asistencia social. Tales son, entre otros, los recogidos en los apartados 7º, 23º, 29º y 30º del art. 149.1 de la Constitución. En resumen, por el objeto regulado, el Real Decreto 536/2013 no incide –al menos, no necesariamente- sobre la asistencia social

Para, a continuación, remitirnos al art 4º del RD recurrido:

Las subvenciones amparadas por estas bases reguladoras sólo podrán concederse para la realización de programas de interés general en los que concurra alguno de los siguientes requisitos:

 

  1. a) Que se trate de programas cuya ejecución corresponda a la Administración General del Estado, bien por referirse a una materia cuya competencia de ejecución es del Estado, o bien porque concurra en el programa considerado en cada caso el requisito de la supraterritorialidad.

 

  1. b) Que se trate de programas en los que el Estado ostente competencia para establecer las bases y se acredite alguna de las siguientes circunstancias: que resulten imprescindibles para asegurar la plena efectividad de las medidas dentro de la ordenación básica del sector, o para garantizar las mismas posibilidades de obtención y disfrute por parte de sus potenciales destinatarios en todo el territorio nacional, o bien para evitar que se sobrepase la cuantía global de los fondos estatales destinados al sector.

 

La realidad de las cosas es que parece increíble que ciertas asociaciones de carácter nacional, que tiene como objetivos y fines ayudar a quien lo más lo necesita, tengan que dedicar tiempo y recursos a discutir sobre qué administración tiene competencias para obtener financiación para ayudar a personas necesitadas.

No solo los recursos consumidos de Abogados del Estado, letrados de la Generalidad, Jueces, Letrados de la Administración, operadores jurídicos, las costas que pagamos usted y yo a través de nuestros impuestos, todo, todo, todo para discutir en que eventual escalón de la administración se “diluyen” esos recursos. Eso si, al final, los carteles de Welcome Refugees que no falten y cuanto más grandes mejro.

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28 marzo, 2016 · 10:00

El TC ha hablado, otra vez. Cámaras de videovigilancia en el trabajo.

El TC ha hablado. Cámaras de videovigilancia en el trabajo. LA STC DE 3-3-2016, Recurso de Amparo 7222-2013

Para empezar hay que mencionar una realidad que es la existencia de los votos particulares mencionando la STC 29/2013, de 11 de febrero que establecía, hasta ahora la opinión del TC sobre la protección de derechos de carácter personal en supuestos de video-vigilancia laboral.

Los hechos son que el empleador instaló una cámara de videovigilancia sin comunicarlo a los empleados pero en el escaparate, en lugar visible se colocó el distintivo informativo.

El empleador despide a un empleado que se había venido apropiando de dinero de la caja.

El empleado presentó demanda suplicando declaración de nulidad por atentar contra su honor, intimidad y dignidad y, subsidiariamente, la declaración de improcedencia. La demanda sostiene que no había comunicación al público, carteles, comunicación a la AEPD, TGSS, comisaria, comité de empresa ni nada.

Del contenido de la Sentencia lo que deduzco, quizás erróneamente, es que la defensa del trabajador fue una chapuza y se limitó a mencionar las infracciones de un modo genérico “que imposibilita la reconstrucción de oficio de la demanda de amparo” y que limita las posibilidades del propio TC. (FD2 b) in fine).

El FD 3º dice:

“Por lo que se refiere, en primer lugar, a la vulneración del art. 18.4 CE, derecho a la protección de datos, debemos recordar que la imagen se considera un dato de carácter personal, en virtud de lo establecido en el art. 3 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, que considera dato de carácter personal “cualquier información concerniente a personas físicas identificadas o identificables”, y el art. 5.1 f) del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, que considera como dato de carácter personal la información gráfica o fotográfica.

Como afirma la STC 292/2000, de 30 de noviembre, FJ 7, “el contenido del derecho fundamental a la protección de datos consiste en un poder de disposición y de control sobre los datos personales que faculta a la persona para decidir cuáles de esos datos proporcionar a un tercero, sea el Estado o un particular, o cuáles puede este tercero recabar, y que también permite al individuo saber quién posee esos datos personales y para qué, pudiendo oponerse a esa posesión o uso. Estos poderes de disposición y control sobre los datos personales, que constituyen parte del contenido del derecho fundamental a la protección de datos se concretan jurídicamente en la facultad de consentir la recogida, la obtención y el acceso a los datos personales, su posterior almacenamiento y tratamiento, así como su uso o usos posibles, por un tercero, sea el Estado o un particular. Y ese derecho a consentir el conocimiento y el tratamiento, informático o no, de los datos personales, requiere como complementos indispensables, por un lado, la facultad de saber en todo momento quién dispone de esos datos personales y a qué uso los está sometiendo, y, por otro lado, el poder oponerse a esa posesión y usos”.

 

Debemos recordar que el consentimiento es el elemento definido del sistema de protección de datos de carácter personal.

La STC sigue, pág 19, párr. 2º y 3º:

En el ámbito laboral el consentimiento del trabajador pasa, por tanto, como regla general a un segundo plano pues el consentimiento se entiende implícito en la relación negocial, siempre que el tratamiento de datos de carácter personal sea necesario para el mantenimiento y el cumplimiento del contrato firmado por las partes. Esta excepción a la exigencia de consentimiento aparece también recogida en el art. 10.3 b) del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal (en adelante, RPD), según el cual los datos de carácter personal podrán tratarse sin necesidad del consentimiento del interesado cuando “se recaben por el responsable del tratamiento con ocasión de la celebración de un contrato o precontrato o de la existencia de una relación negocial, laboral o administrativa de la que sea parte el afectado y sean necesarios para su mantenimiento o cumplimiento”.

La dispensa del consentimiento se refiere, así, a los datos necesarios para el mantenimiento y cumplimiento de la relación laboral, lo que abarca, sin duda, las obligaciones derivadas del contrato de trabajo. Por ello un tratamiento de datos dirigido al control de la relación laboral debe entenderse amparado por la excepción citada, pues está dirigido al cumplimiento de la misma. Por el contrario, el consentimiento de los trabajadores afectados sí será necesario cuando el tratamiento de datos se utilice con finalidad ajena al cumplimiento del contrato.

El FD 4º concluye:

Aplicando la doctrina expuesta al tratamiento de datos obtenidos por la instalación de cámaras de videovigilancia en el lugar de trabajo, que es el problema planteado en el presente recurso de amparo, debemos concluir que el empresario no necesita el consentimiento expreso del trabajador para el tratamiento de las imágenes que han sido obtenidas a través de las cámaras instaladas en la empresa con la finalidad de seguridad o control laboral, ya que se trata de una medida dirigida a controlar el cumplimiento de la relación laboral y es conforme con el art. 20.3 TRLET, que establece que “el empresario podrá adoptar las medidas que estime más oportunas de vigilancia y control para verificar el cumplimiento por el trabajador de sus obligaciones y deberes laborales, guardando en su adopción y aplicación la consideración debida a su dignidad humana”. Si la dispensa del consentimiento prevista en el art. 6 LOPD se refiere a los datos necesarios para el mantenimiento y el cumplimiento de la relación laboral, la excepción abarca sin duda el tratamiento de datos personales obtenidos por el empresario para velar por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de trabajo. El consentimiento se entiende implícito en la propia aceptación del contrato que implica reconocimiento del poder de dirección del empresario.

En definitiva, la exigencia de finalidad legítima en el tratamiento de datos prevista en el art. 4.1 LOPD viene dada, en el ámbito de la videovigilancia laboral, por las facultades de control empresarial que reconoce el art. 20.3 TRLET, siempre que esas facultades se ejerzan dentro de su ámbito legal y no lesionen los derechos fundamentales del trabajador.

 

Bien, la STC continua explicando que sigue siendo necesaria la información en el caso concreto aunque no había una comunicación expresa al trabajador si había una pegatina, indicación o distintivo de la cámara y la finalidad. Además, en esta cámara estaba dirigida a las cajas registradoras.

Bueno, pues al trabajador que fue “pillado robando” no le concedieron el amparo.

Desde un razonamiento jurídico algo ligero, a título personal y sin perjuicio de defender con la debida diligencia ante un Juzgado lo contrario, me gustaría dejar en el aire a quienes leéis el blog la siguiente reflexión:

No creo lógico que estemos leyendo una STC en donde alguien que ha sido “pillado robando in fraganti” ciento ochenta y seis euros (186 €) haya consumido los recursos de la justicia española llegando hasta un amparo del Tribunal Constitucional.

No creo lógico el fondo de la cuestión sobre que un despido por haber sido “pillado robando in fraganti” tenga lógica ser discutido, con una motivación razonable por anteriores STC, porque no se avisó expresamente al trabajador de la existencia de una cámara. Y todo esto desde la óptica laboral porque si ese mismo asunto se hubiera ventilado vía jurisdicción penal podría tener menos recorrido pero, lamentablemente, las cosas son como son. La cuantía es reducida y los tiempos de los procedimientos penales tienen lo que tienen.

Por último, no olvidemos de los votos particulares, aquí y aquí, cuya relevancia hace pensar que igual la siguiente STC no seguirá el mismo camino.

PD.- No le olvide decir a sus empleados que hay cámaras grabando para evitar que roben los clientes y ellos. No vaya a ser el demonio que los pillen robando y no puedan despedirlos por no avisar de estas cosillas.

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22 marzo, 2016 · 10:00

El refuerzo de la diligencia debida.

El refuerzo de la diligencia debida.

La diligencia debida, como todas en multitud de cosas, se tiene o no se tiene. Lo que pasa es que la diligencia debida no es un estándar unívoco lo que produce un problema de inseguridad jurídica porque deberá ser valorada por un señor imparcial.

El 10-3-2016 el TSJUE, Sala Quinta resuelve el asunto C-235/14 que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por la Audiencia Provincial de Barcelona, mediante auto de 7 de mayo de 2014, recibido en el Tribunal de Justicia el 13 de mayo de 2014, en el procedimiento entre Safe Intervíos SA y Liberbank, Banco Sabadell y BBVA.

La historia es más o menos esta:

Safe es una compañía que gestiona transferencia de fondos a otros estados miembros o terceros.

Los bancos descubren irregularidades y le piden a Safe información. Safe la niega y los bancos cancelan las cuentas de aquel.

Dice el TSJUE,

41 que : “Se desprende de los autos remitidos al Tribunal de Justicia que, el 11 de mayo de 2011, BBVA informó de estas irregularidades al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias del Banco de España (en lo sucesivo, «Sepblac»), declarándole que sospechaba de la implicación de Safe en actividades de blanqueo de capitales. El 22 de julio de 2011, BBVA notificó a Safe la cancelación irrevocable de su cuenta”

42  Safe impugnó la decisión de BBVA de cancelar su cuenta y las decisiones similares de los otros dos Bancos ante el Juzgado de lo Mercantil nº 5 de Barcelona, alegando que la cancelación de su cuenta era un acto de competencia desleal que le impedía operar normalmente transfiriendo fondos a otros Estados distintos del de su domicilio. Safe adujo que estaba legalmente obligada a abrir una cuenta corriente en una entidad bancaria para poder efectuar tales transferencias de fondos, como había hecho en los Bancos, y que competía en el mercado con éstos. Afirmó asimismo que los Bancos le habían exigido facilitar datos relativos a sus clientes y al origen y destino de los fondos so pretexto de cumplir las disposiciones de la Ley 10/2010, extremo que niegan los Bancos, y alegó que facilitar tales datos a los Bancos era contrario a la normativa nacional sobre protección de datos.

La AP Barcelona suspendió el procedimiento y planteó tres cuestiones prejudiciales:

«1)      Sobre la interpretación del artículo 11, apartado 1, de la Directiva [sobre blanqueo de capitales]:

  1. Puesto en relación con el artículo 7 de la propia Directiva, ¿ha querido establecer el legislador comunitario una verdadera excepción a que las entidades de crédito puedan adoptar medidas de diligencia debida en relación con sus propios clientes cuando los mismos sean entidades de pagos, a su vez sometidas a su propio sistema de supervisión o una simple autorización para excepcional?
  2. Puesto en relación con el artículo 5 de la propia Directiva, ¿puede el legislador nacional trasponer la excepción contenida en la norma referida en términos distintos a su propio contenido?
  1. ¿Es aplicable la excepción contenida en el artículo 11, apartado 1, también respecto de las medidas de diligencia reforzada en los mismos términos que respecto de las medidas de diligencia debida?

 2)      Subsidiariamente, para el caso de que la respuesta a las anteriores cuestiones fuera favorable a la posibilidad de que las entidades de crédito pueden adoptar medidas de diligencia debida y de diligencia reforzada respecto de entidades de pagos:

  1. ¿Hasta dónde alcanza la posibilidad de las entidades de crédito de supervisar la operativa de la entidad de pagos? ¿Pueden considerarse autorizadas por virtud de lo dispuesto en la Directiva [sobre blanqueo de capitales] para poder supervisar los procedimientos y medidas de diligencia debida adoptadas a su vez por las entidades de pago o tal facultad corresponde en exclusiva a las instituciones públicas a las que se refiere la Directiva [sobre servicios de pago], en nuestro caso, el Banco de España?
  2. ¿La aplicación de esa facultad de adoptar medidas por parte de las entidades de crédito requiere alguna justificación especial deducible de los actos de la entidad de pago o bien puede ser adoptada con carácter general, por el simple hecho de que la entidad de pago se dedique a una actividad de riesgo como es la de envío de remesas al extranjero?
  3. Caso de estimarse que es exigible una justificación concreta para que las entidades de crédito puedan adoptar medidas de diligencia respecto de las entidades de pagos:
  4. ¿Cuáles son las conductas relevantes a las que debe prestar atención la entidad bancaria para adoptar medidas de diligencia?
  5. ¿Puede considerarse la entidad de crédito facultada para poder evaluar, a tal efecto, las medidas de diligencia debida que aplica en sus procedimientos la entidad de pago?
  6. ¿Exige el uso de esa facultad que la entidad bancaria haya podido detectar en la operativa de la entidad de pagos alguna conducta que la haga sospechosa de colaboración en las actividades de blanqueo de dinero o en la financiación del terrorismo?

 

3)      Para el caso, asimismo, de que se estime que las entidades de crédito están facultadas para adoptar medidas de diligencia reforzada respecto de entidades de pagos:

  1. ¿Resulta admisible que entre ellas se pueda encontrar la de exigirles la entrega de los datos de identidad de todos sus clientes de los que proceden los fondos que remesan, así como la identidad de los destinatarios?
  2. ¿Es acorde con la Directiva [sobre datos personales] que las entidades de pagos deban facilitar los datos de sus clientes a las entidades de crédito con las que están forzadas a operar y con las que a la vez compiten en el mercado?»

El TSJUE resuelve:

1)  Los artículos 5, 7, 11, apartado 1, y 13 de la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2005, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo, en su versión modificada por la Directiva 2010/78/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a una normativa nacional, como la que es objeto del procedimiento principal, que, por una parte, permite la aplicación de medidas normales de diligencia debida con respecto a los clientes cuando éstos son entidades financieras cuyo cumplimiento de las medidas de diligencia debida es objeto de supervisión si existen sospechas de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo en el sentido del artículo 7, letra c), de dicha Directiva y, por otra parte, obliga a las entidades y personas sujetas a la citada Directiva a aplicar, en función de su apreciación del riesgo, medidas reforzadas de diligencia debida con respecto al cliente en aquellas situaciones que, por su propia naturaleza, puedan presentar un riesgo más elevado de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo en el sentido del artículo 13, apartado 1, de esa misma Directiva, como el envío de fondos.

Además, aun cuando no existan tales sospechas o tal riesgo, el artículo 5 de la Directiva 2005/60, en su versión modificada por la Directiva 2010/78, permite a los Estados miembros adoptar o mantener en vigor disposiciones más estrictas, siempre que tengan como finalidad reforzar la lucha contra el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.

 

2)      La Directiva 2005/60, en su versión modificada por la Directiva 2010/78, debe interpretarse en el sentido de que las entidades y personas sujetas a la misma no pueden socavar la función de supervisión que las autoridades competentes han de ejercer, con arreglo al artículo 21 de la Directiva 2007/64/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de noviembre de 2007, sobre servicios de pago en el mercado interior, por la que se modifican las Directivas 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE y 2006/48/CE y por la que se deroga la Directiva 97/5/CE, en su versión modificada por la Directiva 2009/111, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, respecto de las entidades de pago, ni pueden sustituir a esas autoridades. La Directiva 2005/60, en su versión modificada por la Directiva 2010/78, debe interpretarse en el sentido de que, si bien una entidad financiera puede, en cumplimiento de la obligación de supervisión que le incumbe con respecto a sus clientes, tener en cuenta las medidas de diligencia debida aplicadas por una entidad de pago con respecto a sus propios clientes, todas las medidas de diligencia debida que adopte deben estar adaptadas al riesgo de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo.

 

3)      Los artículos 5 y 13 de la Directiva 2005/60, en su versión modificada por la Directiva 2010/78, deben interpretarse en el sentido de que una normativa nacional, como la que es objeto del procedimiento principal, adoptada en aplicación bien del margen de apreciación que el artículo 13 de dicha Directiva deja a los Estados miembros, bien de la competencia contemplada en el artículo 5 de la misma, ha de ser compatible con el Derecho de la Unión, en particular con las libertades fundamentales garantizadas por los Tratados. Aunque tal normativa nacional, que tiene por objeto luchar contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, persigue un objetivo legítimo capaz de justificar una restricción de las libertades fundamentales y aunque el hecho de presuponer que las transferencias de fondos por parte de una entidad sujeta a dicha Directiva a Estados miembros distintos de aquél en que se halla establecida presentan siempre un riesgo más elevado de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo es adecuado para garantizar la realización de dicho objetivo, esta normativa excede no obstante de lo necesario para alcanzar el objetivo que persigue, en la medida en que la presunción que establece se aplica a todas las transferencias de fondos, sin contemplar la posibilidad de destruir esa presunción en el caso de transferencias de fondos que objetivamente no presenten tal riesgo.

Negrita y subrayado míos.

En resumen:

  • Puede ser que debamos entender que es razonable un reforzamiento de la diligencia debida, en este caso aplicado a entidades financieras, pero por qué no a cualquier compañía o operador en el tráfico jurídico cualesquiera que sea su naturaleza jurídica que pueda tener sospechas de la existencia de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo.

  • Puede ser razonable este reforzamiento de la diligencia debida siempre y cuando tengan como objetivo o función el estudio, prevención o detección del riesgo consistente en blanqueo o financiación del terrorismo.

  • No es ajustado a derecho de la UE establecer presunciones de blanqueo o financiación del terrorismo sino que deben ser acreditadas expresamente.

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21 marzo, 2016 · 10:00