Prescripción de acción de nulidad en crédito al consumo por falta de evaluación de solvencia económica

Otra resolución que me parece de mucho interés a la que he llegado por El blog del consumidor+derecho digital de @pancho22sdvn es la STJUE de 5 de marzo de 2020, asunto C-679/2018 sobre la obligación precontractual de evaluar la solvencia del consumidor.

Como el avezado lector sabe, una de las causas que se alegan en masa contra el crédito al consumo es que el prestamista no evalúa correctamente la capacidad económica del prestatario que recibe el dinero, aunque no tenga capacidad de pago.

En el mundo de “tengo derecho a todo”, la UE y los países han regulado que todos los derechos son para el pobre consumidor que debemos proteger porque el sociedad consumista hace que se endeude y no sepa si puede pagar la deuda o no. Olvidando la regla del diligente padre de familia.

Una de estas cuestiones afecta a la responsabilidad precontractual de evaluar la solvencia del prestatario. Cuestión compleja en los créditos mal llamados “rápidos” de financiación de elementos de consumo, coches, muebles, electrodomésticos, etc.

En la práctica nos encontramos con contratos de hace 10-15 que piden la nulidad del contrato por falta de evaluación de la solvencia económica del prestatario y solicitan el expediente de estudio de solvencia.

LaSTJUE de 5 de marzo de 2020, asunto C-679/2018 viene a establecer, en mi opinión, una vía para el uso –y abuso- de este tipo de nulidades estableciendo un plazo de prescripción –ojo aquí- de tres años.

17      Mediante sus cuestiones prejudiciales, que procede examinar conjuntamente, el tribunal remitente pide sustancialmente que se dilucide si el artículo 8 de la Directiva 2008/48, en relación con su artículo 23, debe interpretarse en el sentido de que, por una parte, exige que el juez nacional examine de oficio si se ha producido un incumplimiento de la obligación precontractual del prestamista de evaluar la solvencia del consumidor, establecida en ese mismo artículo 8, y deduzca las consecuenciasque se deriven, en virtud del Derecho nacional, del incumplimiento de dicha obligación, y en el sentido de que, por otra parte, se opone a las normas nacionales que sancionan únicamente tal incumplimiento con la nulidad del contrato de crédito, con la consiguiente obligación del consumidor de restituir el principal al prestamista dentro de un término acorde con sus posibilidades financieras, a condición de que el consumidor invoque la nulidad dentro de un plazo de prescripción de tres años.

32      De la resolución de remisión se desprende que la aplicación de la sanción de nulidad del contrato de crédito está supeditada al requisito de que el consumidor alegue la nulidad dentro de un plazo de prescripción de tres años.A este respecto, debe recordarse que, de conformidad con reiterada jurisprudencia, cuando no existe normativa de la Unión en la materia, corresponde al ordenamiento jurídico de cada Estado miembro, en virtud del principio de autonomía de procedimiento de los Estados miembros, establecer las normas procesales destinadas a garantizar la salvaguardia de los derechos subjetivos que el Derecho de la Unión atribuye a los justiciables, a condición, sin embargo, de que tal regulación procesal no sea menos favorable que la aplicable a situaciones similares de carácter interno (principio de equivalencia) y de que no haga imposible en la práctica o excesivamente difícil el ejercicio de los derechos conferidos por el ordenamiento jurídico de la Unión (principio de efectividad)(véase, en este sentido, la sentencia de 18 de diciembre de 2014, CA Consumer Finance, C‑449/13, EU:C:2014:2464, apartado 23).

35      En el caso de una sanción como la nulidad del contrato de crédito, con la consiguiente obligación de restituir el principal,cabe precisar que, cuando la voluntad del consumidor sea contraria a la aplicación de esa sanción, debería tenerse en cuenta su opinión(véanse, por analogía, las sentencias de 4 de junio de 2009, Pannon GSM, C‑243/08, EU:C:2009:350, apartado 33, y de 21 de febrero de 2013, Banif Plus Bank, C‑472/11, EU:C:2013:88, apartado 35).

36      De estos factores se desprende que el principio de eficacia se opone a que la sanción de nulidad del contrato de crédito, con la consiguiente obligación de restituir el principal, aplicable en caso de incumplimiento por parte del prestamista de la obligación establecida en el artículo 8 de la Directiva 2008/48, se someta al requisito de que el consumidor invoque la nulidad dentro de un plazo de prescripción de tres años.

46      Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede responder a las cuestiones prejudiciales planteadas que los artículos 8 y 23 de la Directiva 2008/48 deben interpretarse en el sentido de que exigen que el órgano judicial nacional compruebe de oficio si se ha producido un incumplimiento de la obligación precontractual del prestamista de evaluar la solvencia del consumidor, establecida en el artículo 8 de dicha Directiva, y deduzca las consecuencias que se derivan, en virtud del Derecho nacional, del incumplimiento de tal obligación, siempre que las sanciones se atengan a los requisitos del citado artículo 23. Los artículos 8 y 23 de la Directiva 2008/48 deben igualmente interpretarse en el sentido de que se oponen a un régimen nacional con arreglo al cual el incumplimiento por parte del prestamista de su obligación precontractual de evaluar la solvencia del consumidor se sanciona únicamente con la nulidad del contrato de crédito, con la consiguiente obligación del consumidor de devolver el principal al prestamista dentro de un término acorde con sus posibilidades financieras, a condición de que el consumidor invoque la nulidad dentro de un plazo de prescripción de tres años.

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En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Segunda) declara:

Los artículos 8 y 23 de la Directiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008, relativa a los contratos de crédito al consumo y por la que se deroga la Directiva 87/102/CEE del Consejo, deben interpretarse en el sentido de que exigen que el órgano judicial nacional compruebe de oficio si se ha producido un incumplimiento de la obligación precontractual del prestamista de evaluar la solvencia del consumidor, establecida en el artículo 8 de dicha Directiva, y deduzca las consecuencias que se derivan, en virtud del Derecho nacional, del incumplimiento de tal obligación, siempre que las sanciones se atengan a los requisitos del citado artículo 23. Los artículos 8 y 23 de la Directiva 2008/48 deben igualmente interpretarse en el sentido de que se oponen a un régimen nacional con arreglo al cual el incumplimiento por parte del prestamista de su obligación precontractual de evaluar la solvencia del consumidor se sanciona únicamente con la nulidad del contrato de crédito, con la consiguiente obligación del consumidor de devolver el principal al prestamista dentro de un término acorde con sus posibilidades financieras, a condición de que el consumidor invoque la nulidad dentro de un plazo de prescripción de tres años.

OBSERVACIONES:

  • La obligación contractual de evaluar la solvencia del consumidor tiene efecto de esencial y, por tanto, para provocar un efecto de nulidad contractual A CONDICIÓN DE QUE el consumidor la invoque en un plazo de prescripción de tres años.
  • No resuelve el dies a quo del cómputo del plazo de la prescripción y se remite a la normativa interna del país miembro y al PRINCIPIO DE EFECTIVIDAD.
  • El consumidor PUEDE OPTAR si debe restituir el principal –viva la protección al consumidor- (la gente se olvida muchas veces de si el contrato es nulo hay que restituir lo prestado de golpe o te puedes ver con una sentencia estimatoria y una ejecución contra el actor por incumplimiento de devolución de lo prestado).

Requisitos para la validez del derecho de desistimiento Consumidores y Usuarios STJUE de 26-3-2020

Estos días de confinamiento me ha permitido conocer un blog que recomiendo:

El blog del consumidor+derecho digital de @pancho22sdvn que si este blog es resumido el de pacho ni os cuento. Une referencias de resolución su resumen.

Esto me lleva a la STJUE de 26 de marzo de 2020, asunto C-66/19 que resuelve:

A tenor del artículo 10, apartado 2, letra p), de la citada Directiva, el contrato de crédito debe especificar, de forma clara y concisa, no solo «la existencia o ausencia de derecho de desistimiento» y «el plazo» de este, sino también «[las] demás condiciones para ejercerlo».

35      Como se desprende del artículo 10, apartado 2, de la Directiva 2008/48, interpretado a la luz del considerando 31 de esta, la exigencia consistente en especificar en un contrato de crédito establecido en papel o en otro soporte duradero de forma clara y concisa la información que se indica en esa disposición es necesaria para que el consumidor pueda conocer sus derechos y obligaciones (sentencia de 9 de noviembre de 2016, Home Credit Slovakia, C‑42/15, EU:C:2016:842, apartado 31).

37      Habida cuenta de la importancia del derecho de desistimiento para la protección del consumidor, la información sobre este derecho reviste, para dicho consumidor, una importancia fundamental. Para poder aprovechar plenamente esta información, el consumidor debe conocer previamente las condiciones, el plazo y el procedimiento para el ejercicio del derecho de desistimiento (véase, por analogía, la sentencia de 23 de enero de 2019, Walbusch Walter Busch, C‑430/17, EU:C:2019:47, apartado 46).

38      Además, la eficacia del derecho de desistimiento establecido en el artículo 14 de la Directiva 2008/48 se vería seriamente debilitada si el modo de computar el plazo de desistimiento no figurara entre las condiciones de ejercicio de ese derecho que deben mencionarse obligatoriamente en el contrato de crédito, con arreglo al citado artículo 10, apartado 2, de dicha Directiva.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Sexta) declara:

1)      El artículo 10, apartado 2, letra p), de la Directiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008, relativa a los contratos de crédito al consumo y por la que se deroga la Directiva 87/102/CEE del Consejo, debe interpretarse en el sentido de que, en el marco de la información que debe especificarse, de forma clara y concisa, en un contrato de crédito, con arreglo a esa disposición, figura el modo de computar el plazo de desistimiento establecido en el artículo 14, apartado 1, párrafo segundo, de dicha Directiva.

2)      El artículo 10, apartado 2, letra p), de la Directiva 2008/48 debe interpretarse, en relación con la información contemplada en el artículo 10 de esta, en el sentido de que se opone a que un contrato de crédito remita a una disposición nacional que lo haga a su vez a otras disposiciones del Derecho del Estadomiembro de que se trate.

 

En consecuencia:

El derecho de desistimiento es un derecho del consumidor. Para que la cláusula de desistimiento sea válida requiere:

  1. Conste expresamente en el contrato la existencia de este derecho.
  2. El contrato tenga un formato duradero (papel u otro…)
  3. Conocimiento previo del consumidor.
  4. Debe incluir el modo de computar el inicio del plazo.

 

OBSERVACIONES– Los juzgados harán cualquier cosa pro-consumidor pero lo lógico, según mi particular y subjetiva opinión, es:

Es un derecho, no una condición esencial del negocio jurídico por lo cual no cabe nulidad del mismo. Entiendo que sería razonable que la sentencia declarase la existencia de la validez del derecho a desistimiento y concediese el plazo y forma de ejercicio desde la sentencia. En consecuencia, podría desistir del contrato pero con las consecuencias legales de la normativa de consumidores y usuarios otorga.

No me pagan el alquiler y se remiten al Estado de Alarma. ¿Qué puedo hacer?

Ha salido en los medios y he recibido numerosas consultas por inquilinos conflictivos y no conflictivos sobre el pago del arrendamiento.

 

Mis reflexiones jurídicas:

1.- La normativa aprobada como “medidas” derivadas del Estado de Alarma no modifica la LAU ni el código civil en relación al pago de la obligación esencial el contrato de arrendamiento: el pago.

2.- No todos los inquilinos tienen su negocio cerrado/dejan de tener ingresos.

3.- En relación con la vivienda. No cambia absolutamente nada. El inquilino debe pagar el precio de la renta del contrato.

4.-En relación con el uso distinto de vivienda. El tema no está tan claro.

  1. En primer lugar, son medidas extraordinarias por 15 días. Nadie se cree que solo sean 15. Pero hoy son 15 y solo se ha dejado de producir desde el 15 de marzo. Se publicó el día 14 (sábado).

  1. En segundo lugar, no todos los negocios han dejado de funcionar ni se han prohibido su apertura.

  1. ¿Para 15 días si te han obligado a cerrar y eres inquilino te han otorgado derecho a no pagar? NO

  1. Si amplían el plazo del cierre por Decreto, estás cerrado por Decreto y no te otorgan algún tipo de derecho, ¿Podrás no pagar? NO.

5.- En caso de que no habiliten los impagos de las rentas como derecho podrás dejar de pagar. Depende. En principio yo entiendo que no porque no es de aplicación la Rebus.

Primero lo razono y después dejo el corta y pega.

  • Deben ser tracto sucesivo o tracto único diferido.- Si se cumple.
  • Circunstancia sobrevenidas imprevisibles. Vamos a entender que sí para aumentar el ámbito de aplicación de este post al pre-contagio chino. Circunstancias sobrevenidas NO SON CRISIS ECONÓMICAS.
  • Circunstancias no imputable a una de las partes.
  • No tiene una cláusula que pacte expresamente posibilidades de riegos y quien las asume. (reasignaciones de riegos).
  • Ruptura de equivalencia de prestaciones en relación con la frustración de la finalidad económica del contrato.

El último punto es donde me surgen las dudas.Como ejemplo la nota de no pagar las rentas de Pizza Hut, que he leído (desconozco la certeza de la noticia y el contenido del contrato).

RESTAURANTE/CAFETERIA/HOTEL no resuelve el contrato de arrendamiento, solo dice que no va a pagar  la renta y, unilateralmente, descontar la parte proporcional al cierre de marzo en el próximo pago de renta que calcula va a hacer cuando permitan otra vez el funcionamiento/apertura al público. Hay muchos dependes pero no es el sitio ni el lugar.

  1. habrá que ver la gestión previa (cuestión de prueba) donde acrediten que la frustración de la finalidad como causa.
  2. Habrá que ver las relaciones previas entre arrendador y arrendatario. Pienso en un cliente cuyo arrendatario fue condenado al cumplimiento del contrato por incumplir el plazo del pago mensual.
  3. Habrá que ver la duración en el tiempo de la suspensión.
  4. Habrá que ver los “huevos toreros del inquilino” que dice no te pago porque no me da la gana y ahora me reduces la renta/condonas porque tenemos efectos contables y tributarios del arrendador.

Ejemplo de Pizza Hut: el arrendador, aunque no cobre tiene que declarar la renta más IVA  Y LIQUIDARLA. Para recuperar el iva hacer reclamación de cantidad vía notarial y judicial y luego explicárselo muy despacito al órgano de inspección/recaudación de nuestra querida AEAT porque te van a llamar si no lo declaras con total seguridad.

Lo más probable sea un combate tipo: demanda resolución de contrato/reclamación cantidad rentas vs reconvención aplicación Rebus Sic Stantibus.

Yo me inclino porque pagas y evitas problemas.

 

La STS 2831/2019, de 17-7-2019 analiza la cláusula REBUS SIC STANTIBUS en relación a la interpretación de los contratos. Nos da un poco igual el resultado de la sentencia pero si nos gusta la explicación del razonamiento.

4.1.- Hay que comenzar advirtiendo que la conexión entre interpretación de contrato y la doctrina de la “rebus sic stantibus” es muy estrecha, porque de lo que se trata es de determinar si, en función de la naturaleza del contrato y de lo acordado por las partes, resulta ya una distribución de los riesgos a la que deba estarse.

En primer lugar, según la doctrina jurisprudencial de la “rebus sic stantibus”, la alteración de las circunstancias que puede provocar la modificación o, en último término, la resolución de un contrato, ha de ser de tal magnitud que incremente de modo significativo el riesgo de frustración de la finalidad del contrato. Y por supuesto, es preciso que tales circunstancias sobrevenidas fueran totalmente imprevisibles para los contratantes ( sentencia del pleno 820/2012, de 17 de enero de 2013 ). Es condición necesaria para la aplicación de la regla “rebus” la imprevisibilidad del cambio de circunstancias. Si las partes han asumido expresa o implícitamente el riesgo de que una circunstancia aconteciera o debieron asumirlo porque, en virtud de las circunstancias y/o naturaleza del contrato, tal riesgo era razonablemente previsible, no es posible apreciar la alteración sobrevenida que, por definición, implica lo no asunción del riesgo (recientemente sentencia 5/2019, de 9 de enero ). No puede hablarse de alteración imprevisible cuando la misma se encuentra dentro de los riesgos normales del contrato ( sentencias 333/2014, de 30 de junio , 64/2015, de 24 de febrero , y 477/2017, de 20 de julio , entre otras)

Por otro lado la STS 57/2019 de 15-1-2020, rec 3291/2019 nos recuerda que:

esta sala ha descartado su aplicación cuando, en función de la asignación legal o contractual de los riesgos, fuera improcedente revisar o resolver el contrato:

  1. i) Así, la sentencia 742/2014, de 11 diciembre, declaró “que la crisis financieraes un suceso que ocurre en el círculo de sus actividades empresariales, que no puede considerarse, imprevisible o inevitable”.
  2. ii) La sentencia 64/2015, de 24 febrero, afirmó que “del carácter de hecho notorio que caracterizó la crisis económica de 2008, no comporta, por ella sola, que se derive una aplicación generalizada, o automática, de la cláusula “rebus sic stantibus” a partir de dicho periodo, sino que es del todo necesario que se contraste su incidencia causal o real en el marco de la relación contractualde que se trate”.
  3. iii) La sentencia 237/2015, de 30 abril, se apoya en la doctrina de la sala que, “aun admitiendo la posibilidad de aplicar la regla “rebus sic stantibus” en favor del comprador afectado por la crisis económica, previene no obstante contra el peligro de convertir esa posibilidad en un incentivo para incumplimientos meramente oportunistasdel comprador“.

MEDIDAS DEUDA HIPOTECARIA AFECTADOS: moratoria de pago.

MEDIDAS DEUDA HIPOTECARIA AFECTADOS: moratoria de pago.

Ámbito de aplicación de la moratoria de deuda hipotecaria para la adquisición de vivienda habitual.

  1. Las medidas previstas en este real decreto­ley para la moratoria de deuda hipotecaria para la adquisición de vivienda habitualse aplicarán a los contratos de préstamo o crédito garantizados con hipoteca inmobiliaria cuyo deudor se encuentre en los supuestos de vulnerabilidad económicaestablecidos en el artículo 9 de este real decreto­ley y que estén vigentes a la fecha de entrada en vigor.
  2. Estas mismas medidas se aplicarán igualmente a los fiadores y avalistasdel deudor principal, respecto de su vivienda habitual y con las mismas condiciones que las establecidas para el deudor hipotecario.

NOTAS

  1. Prestatarios, fiadores y avalistas pero SOLO vivienda habitual.
  2. Vulnerabilidad económica, ex art 9 RD.

Artículo 9. Definición de la situación de vulnerabilidad económica.


1. Los supuestos de vulnerabilidad económica a consecuencia de la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID­19 quedan definidos con el siguiente tenor:

  1. a) Que el deudor hipotecario pase a estar en situación de desempleoo, en caso de ser empresario o profesional, sufra una pérdida sustancialde sus ingresos o una caída sustancial de sus ventas.
  2. b) Que el conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad familiarno supere, en el mes anterior a la solicitud de la moratoria:
  3. Con carácter general, el límite de tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples mensual (en adelante IPREM).
  4. Este límite se incrementará en 0,1 veces el IPREM por cada hijo a cargo en la unidad familiar. El incremento aplicable por hijo a cargo será de 0,15 veces el IPREM por cada hijo en el caso de unidad familiar monoparental.

iii. Este límite se incrementará en 0,1 veces el IPREM por cada persona mayor de 65 años miembro de la unidad familiar.

  1. En caso de que alguno de los miembros de la unidad familiar tenga declarada discapacidad superior al 33 por ciento, situación de dependencia o enfermedad que le incapacite acreditadamente de forma permanentepara realizar una actividad laboral, el límite previsto en el subapartado i) será de cuatro veces el IPREM, sin perjuicio de los incrementos acumulados por hijo a cargo.
  2. En el caso de que el deudor hipotecario sea persona con parálisis cerebral, con enfermedad mental, o con discapacidad intelectual, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33 por ciento, o persona con discapacidad física o sensorial, con un grado de discapacidad reconocida igual o superior al 65 por ciento, así como en los casos de enfermedad grave que incapacite acreditadamente, a la persona o a su cuidador, para realizar una actividad laboral, el límite previsto en el subapartado i) será de cinco veces el IPREM.
  3. c) Que la cuota hipotecaria, más los gastos y suministros básicos, resulte superior o igual al 35 por cien de los ingresos netos que perciba el conjuntode los miembros de la unidad familiar.
  4. d) Que, a consecuencia de la emergencia sanitaria, la unidad familiar haya sufrido una alteración significativa de sus circunstancias económicas en términos de esfuerzo de acceso a la vivienda, enlos términos que se definen en el punto siguiente.
  5. A los efectos de lo previsto en este artículo se entenderá:
  6. a) Que se ha producido una alteración significativa de las circunstancias económicas cuando el esfuerzo que represente la carga hipotecaria sobre la renta familiar se haya multiplicado por al menos 1,3.
  7. b) Que se ha producido una caída sustancial de las ventas cuando esta caída sea al menos del 40%.
  8. c) Por unidad familiar la compuesta por el deudor, su cónyuge no separado legalmente o pareja de hecho inscrita y los hijos, con independencia de su edad, que residan en la vivienda, incluyendo los vinculados por una relación de tutela, guarda o acogimiento familiar y su cónyuge no separado legalmente o pareja de hecho inscrita, que residan en la vivienda.

NOTAS. SON CUMULATIVAS.

  • Trabajador por cuenta ajena: desempleo
  • Empresario o profesional: pérdida sustancial : 40% caída
  • Conjunto ingresos familiares.

o   General 3 IRPM

o   Límite general aumenta 0,1 IPREM por hijo a cargo. Familia Monoparental 0,15 IPREM

o   Límite aumenta en 0,1 veces el IPREM por cada persona mayor de 65 años miembro de la unidad familiar.

o   Discapacidad + 33% 4 veces IPREM

  • Discapacidad con patologías especificas o discapacidad +65% hasta 5 IPREM

Artículo 10. Fiadores, avalistas e hipotecantes no deudores.

Los fiadores, avalistas e hipotecantes no deudores que se encuentren en los supuestos de vulnerabilidad económica podrán exigirque la entidad agote el patrimonio del deudor principal, sin perjuicio de la aplicación a éste, en su caso, de las medidas previstas en el Código de Buenas Prácticas, antes de reclamarles la deuda garantizada, aun cuando en el contrato hubieran renunciado expresamente al beneficio de excusión.

NOTA.- se produce una eliminación temporal de renuncia a beneficios de orden, división y excusión.

Artículo 11. Acreditación de las condiciones subjetivas.

  1. La concurrencia de las circunstancias a que se refiere el artículo 9 se acreditará por el deudor ante la entidad acreedora mediante la presentación de los siguientes documentos:
  2. a) En caso de situación legal de desempleo, mediante certificado expedido por la entidad gestora de las prestaciones, en el que figure la cuantía mensual percibida en concepto de prestaciones o subsidios por desempleo.
  3. b) En caso de cese de actividad de los trabajadores por cuenta propia, mediante certificado expedido por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria o el órgano competente de la Comunidad Autónoma, en su caso, sobre la base de la declaración de cese de actividad declarada por el interesado.
  4. c) Número de personas que habitan la vivienda:

 iiLibro de familia o documento acreditativo de pareja de hecho.
Certificado de empadronamiento relativo a las personas empadronadas en la

ii.
vivienda, con referencia al momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores.

iii. Declaración de discapacidad, de dependencia o de incapacidad permanente para realizar una actividad laboral.

  1. d) Titularidad de los bienes:
  2. Nota simple del servicio de índices del Registro de la Propiedadde todos los miembros de la unidad familiar.
  3. Escrituras de compraventa de la vivienda y de concesión del préstamocon garantía hipotecaria.
  4. e) Declaración responsable del deudoro deudores relativa al cumplimiento de los requisitos exigidos para considerarse sin recursos económicos suficientes según este real decreto­ley.

PLAZO DE SOLICITUD.-

Artículo 12. Solicitud de moratoria sobre las deudas hipotecarias inmobiliarias.

Los deudores comprendidos en el ámbito de aplicación de este real decreto­ley podrán solicitar del acreedor, hasta quince días después del fin de la vigencia del presente real decreto­ley,una moratoria en el pago del préstamo con garantía hipotecaria para la adquisición de su vivienda habitual. Los deudores acompañarán, junto a la solicitud de moratoria, la documentación prevista en el artículo 11.

Artículo 13. Concesión de la moratoria.

  1. Una vez realizada la solicitud de la moratoria a la que se refiere el artículo 12 de este real decreto­ley, la entidad acreedora procederá a su implementación en un plazo máximo de 15 días.
  2. Una vez concedida la moratoria la entidad acreedora comunicará al Banco de España su existenciay duración a efectos contables y de no imputación de la misma en el cómputo de provisiones de riesgo.

NOTA.- Probablemente haya que pagar la cuota de abril.

¿Dónde se presenta? ¿en el banco? Vid: “la entidad acreedora comunicará al Banco de España su existencia

Artículo 14. Efectos de la moratoria.

  1. La solicitud moratoria a la que se refiere el artículo 12 conllevará la suspensión de la deuda hipotecaria durante el plazo estipulado para la misma y la consiguiente inaplicación durante el periodo de vigencia de la moratoriade la cláusula de vencimiento anticipado que conste en el contrato de préstamo hipotecario.
  2. Durante el periodo de vigencia de la moratoria a la que se refiere el presente capítulo la entidad acreedora no podrá exigir el pago de la cuota hipotecaria, ni de ninguno de los conceptos que la integran(amortización del capital o pago de intereses), ni íntegramente, ni en un porcentaje. Tampoco se devengarán intereses.

Artículo 15. Inaplicación de intereses moratorios.

  1. En todos los contratos de crédito o préstamo garantizados con hipoteca inmobiliaria en los que el deudor se encuentre en los supuestos de vulnerabilidad económica prácticas y acredite ante la entidad que se encuentra en dicha circunstancia, no se permitirá la aplicación de interés moratorio por el período de vigencia de la moratoria.
  2. Esta inaplicabilidad de intereses no será aplicable a deudores o contratos distintos de los regulados en el presente real decreto­ley.

NOTA.- No es aplicable a préstamos con hipotecas por locales de negocio.

CÓMO ALEGAR FUERZA MAYOR. REBUS SIC STANTIBUS

Esta sentencia la obtengo de la web NOTARIOS Y REGISTRADORES, AQUÍ.

La STS 2344/2015 de 19-5—2015, rec 721/2013 sobre el incumplimiento del contrato por FUERZA MAYOR

SPOILER: Para aplicar la FUERZA MAYOR y le principio general del derecho REBUS SIC STANTIBUS debemos fijar el objeto del pleito en:

“la imposibilidad sobrevenida de cumplir la prestación, que sólo afecta a las obligaciones de entregar una cosa determinada o de hacer”

  

FD PRIMERO.- Resumen de Antecedentes:

  1. La parte demandada en su alegato defensivo, y en lo que ahora resulta de interés, excepciona la imposibilidad material sobrevenida del cumplimiento de su obligación debido a una causa de fuerza mayor, totalmente impredecible e inevitable.

Funda la fuerza mayor en: (i) el fallecimiento de su esposo por accidente el día 2 mayo de 2009;(ii) su esposo era la única fuente de ingresos familiares, siendo primero trabajador para una promoción inmobiliaria y en los últimos tiempos a título individual; (iii) ella se dedicó siempre al cuidado de la familia, sin desarrollar ningún trabajo fuera del hogar;(iv) al fallecer su esposo tenían tres hijos con edades de ocho, cinco y un año respectivamente; (v) su esposo, a consecuencia de su actividad empresarial, tenía contraídas deudas a las que tras su fallecimiento ha de hacer frente.

Corolario de lo anterior es su petición de que se desestime la demanda, si bien admitiendo que las cantidades entregadas a cuenta en cumplimiento del contrato queden a disposición de la vendedora.

  1. El Juzgado de Primera instancia dictó sentencia estimatoria de la demanda por entender, en esencia, que si bien por las circunstancias de la demandada la unidad familiar vio mermados sus ingresos (pensión de viudedad más la de orfandad), sin embargo tal alteración no es relevante a los efectos pretendidos como para ser calificada de sustancial respecto de la aplicación de la cláusula “rebus sic stantibus” en la que pone el acento el Juzgado.

FD SÉPTIMO.-

  1. En el presente supuesto nos encontramos en presencia de una obligación o deuda pecuniaria o dineraria que son aquellas que tienen por objeto el pago de una suma de dinero (el precio de la compraventa).

La doctrina otorga a las deudas pecuniarias una fisonomía jurídica especial, que las distingue del resto de las obligaciones genéricas, a las que anuda una serie de características, entre las que destaca por su relevancia en el objeto del debate, la “perpetuatio obligationis ” en el sistema de riesgos. Consecuencia de ello es que: (i) niegue la imposibilidad del cumplimiento, admitiendo todo lo más el incumplimiento temporal o retraso, así como que (ii) la falta de cumplimiento de la prestación dineraria conlleva la condena al pago del dinero.

No se les puede aplicar a ellas la imposibilidad sobrevenida de la prestación por tratarse de una obligación genérica al existir siempre el dinero como tal. Se trata de la obligación genérica por excelencia, pues el género nunca perece y, de ahí, que la imposibilidad sobrevenida no extinga aquella.

Conforme al aforismo “genus nunc quam perire consetur” , la insolvencia del deudor no le libera del cumplimiento de su obligación, consistente en la genérica del pago de una suma de dinero. Como señala la sentencia de 17 enero 2013, Rc. 1579/2010 , el artículo 1.182 CC contempla la hipótesis de entregar una cosa determinada y el artículo 1.184 la de una obligación de hacer, ambos referidos a la pérdida de la cosa debida como causa de extinción de la obligación de entregarla, y a la liberación del deudor cuando la prestación de este resultase legal o físicamente imposible, lo que se compadece mal cuando lo pretendido es reclamar el pago de una suma de dinero, siendo el dinero una cosa genérica sujeta a la regla de que el género nunca perece.

Corolario de ello es que recoja que “cuando la jurisprudencia admite la aplicación analógica del artículo 1.184 CC a las obligaciones de dar a que se refiere su artículo 1182 (por ejemplo, SSTS de 21 de febrero de 1991 , 29 de octubre de 1996 , 23 de septiembre de 1997 y 30 de abril de 2002 ) no lo hace para ampliar el ámbito del artículo 1.182 a las deudas de dinero, sino para admitir la liberacióndel deudor de cosa determinada no sólo por la pérdida de esta sino también por la imposibilidad legal o fáctica de entregarla”.

  1. No pudiendo plantearse, pues, tratándose de deudas pecuniarias, la imposibilidad subjetiva -insolvencia- ni la objetiva o formal, concluye la doctrina que no es posible imaginar que si la imposibilidad obedece a caso fortuito pudiera tener como efecto la extinción de la obligación.

La exoneración del deudor por caso fortuito no es absoluta, tiene excepciones, conforme prevé el artículo 1.105 CC , y una de ellas, por aplicación del principio “genus nunquam perit” ,sería en supuestos de obligaciones de entregar cosa genérica.

En tales circunstancias el deudor pecuniario viene obligado a cumplir la prestación principal, sin que sus sobrevenidas adversidades económicas le liberen de ello, pues lo adeudado no es algo individualizado que ha perecido sino algo genérico como es el dinero.

  1. Deviene necesario, pues, diferenciar entre la imposibilidad sobrevenida de cumplir la prestación, que sólo afecta a las obligaciones de entregar una cosa determinada o de hacer, pero no a las deudas pecuniarias, de aquellos supuestos en que la prestación resultase exorbitante o excesivamente onerosa, con encaje en la doctrina de la cláusula “rebus sic stantibus” , que opera con independencia de cual sea el contenido de la prestación pactada.

Se trata de acciones diversas y, de ahí, la importancia y relevancia que tiene para las partes fijar el objeto del pleito, a fin de que el Tribunal ofrezca respuesta adecuada al mismo.

Tarjetas revolving. Reflexiones sobre la nota del gabinete técnico.

Este blog de corta y pega siempre ha sido un poco tocahuevos con los temas populares.

Hoy vamos a ver como laNOTA del TS sobre las revolving no es tan fiera como lo pintan y puede hacer patinar a mucho despacho. Otra cosa es que la STS matice lo que vamos a exponer en este post.

Las demandas sobre la nulidad de las revolving se basan (basaban) en que existía usura porque el interés normal del dinero para el “producto revolving” era muy superior al “producto crédito al consumo” y, para acreditar esta diferencia todo el mundo remitía a las tablas del banco de España. POST ANTERIORES DE ESTE BLOG

El Banco de España, a partir de 2013, introduce una columna en las tablas 19.3 y 19.4 sobre tipos de interés TEDR de nuevas operaciones donde explícita y específicamente diferenciaba las tarjetas de crédito de pago aplazado y tarjetas revolving.

Sin embargo, los tribunales, a mi juicio de modo erróneo, consideraban que esta diferenciación no importaba y era crédito al consumo sin motivar el porqué entendían que la comparación era con otro tipo de “productos de crédito al consumo”. Hecho que, a mi juicio, era un error.

La nota del Gabinete Técnico dice:

En segundo lugar, en la determinación de cuándo el interésde un crédito revolvinges usurario, la Sala tiene en cuenta que el tipo medio del que se parte para realizar la comparación, algo superior al 20% anual,es ya muy elevado.

En consecuencia, deberían decaer las pretensiones donde el Tipo Medio de Interés es menor de 20%.

Otras observaciones sobre la NOTA y que no sabremos hasta leer la sentencia.

  1. La nota habla de “tipo medio” por lo que entiendo que es interés y no TAE. Esto es importante porque en la sentencia de 2015 el TS remitía al TAE.

  1. La nota habla que para hacer la comparación estaremos a las Tablas específicas, algo que muchas Audiencias Provinciales, ignoraban por no considerar como diferente algo que el Banco de España sí lo consideraba y que debería ser valoración de la prueba.

Otras consideraciones. La más preocupante de la NOTA:

Sala razona que no puede justificarse la fijación de un interés notablemente superior al normal del dinero por el riesgo derivado del alto nivel de impagos anudado a operaciones de crédito concedidas de modo ágil, porque la concesión irresponsable de préstamosal consumo a tipos de interés muy superiores a los normales, que facilita el sobreendeudamiento de los consumidores, no puede ser objeto de protección por el ordenamiento jurídico.

  • Quien concede un préstamo asume un riesgo: que no le paguen y no pueda recuperar el dinero préstamo ni su beneficio “los intereses”.

  • Quien recibe un préstamo y sabe que no lo puede pagar porque está sobreendeudado no actúa con buena fe ni con la diligencia de un buen padre de familia.

No es lógico ni obedece a una cuestión jurídica que el Tribunal Supremo –poder judicial- afirme, aunque sea en una nota del Gabinete Técnico, que el ordenamiento jurídico –Poder legislativo- no debe proteger a quien presta dinero confiando en las declaraciones y manifestaciones de bienes e ingresos –consumidor- y proteja a quien no actúa bajo la buena fe ni la mínima diligencia debida.

SANIDAD PÚBLICA VS SEGURO PRIVADO. ¿QUIÉN PAGA QUÉ?

EL22-1-2020 dictaron STS 242/2020, rec 1108/2017 en la Sala de Lo Civil, que resuelve una situación de conflicto muy particular y especifica sobre quien paga qué y cuándo en los Servicios de Sanidad Públicos cuando el paciente tiene un seguro privado.

El problema de interpretación es:

Cuál es el régimen jurídico aplicable a la atención médica dispensada en centros públicos o privados no concertados, o por facultativos no incluidos dentro del cuadro médico facilitado por la compañía aseguradora.

En los casos de doble cobertura permite al asegurado elegir que la prestación médica requerida sea dispensada por la entidad que le ofrezca mayores garantías y confianza. Dicho de otra forma, optar por el sistema nacional o autonómico de salud o por parte de la compañía de seguros privada, con la que concertó una póliza de tal clase.

Los hechos son:

  • Ticio era titular de un seguro privado de salud y también del servicio público de salud (paga dos veces).
  • Ticio tiene una hija, cayita, que se pone enfermo y lo lleva a un hospital público.
  • El servicio de salud  publico romano demanda al seguro privado:

instando la condena de la misma a hacerse cargo del coste del tratamiento dispensado a la recién nacida, en aplicación de lo dispuesto en los arts. 103 de la Ley 50/1980, del Contrato de Seguro (en adelante LCS) y 83 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad (LGS),

Los escenarios que plantea el TS son:

Escenario Análisis

La madre acude directamente a los servicios públicos de salud, a los que se halla afiliada.

 En este caso, como reconoce la entidad recurrente, no nacería su derecho de repetición conforme a lo normado en el art. 83 de la LGS. La razón para ello es que la madre optó, dentro de su libertad de decisión, a que el tratamiento médico de su hija se llevara a efecto en la sanidad pública

 
La menor está siendo atendida en un centro médico concertado por la aseguradora privada y la madre solicita la alta voluntaria en el mismo para el traslado de su hija a la sanidad pública, a la que se encuentra afiliada, por considerarla más idónea para la atención de su hija.

 

 En este caso, tampoco nacería el derecho de repetición. Como señala la STS 835/2006, de 19 de julio, cabría “acudir entonces al Centro público, que estaría obligado a prestarle, como beneficiaria de su sistema, las atenciones que precisara

 
3.- La madre sólo cuenta con un seguro privado, que cubría la asistencia sanitaria de su hija, y la atención de la niña exigía un tratamiento médico del que carecía la compañía privada de salud, y que, por indicación de los facultativos de dicha entidad, fue dispensado por la sanidad pública

 

En este supuesto, el derecho de repetición procede por aplicación del art. 83 LGS, puesto que no es de recibo que el compromiso contractual asumido se preste aprovechando o utilizando la red sanitaria pública. En definitiva, si la entidad demandada se comprometió contractualmente a prestar la asistencia sanitaria a sus asegurados y, por imposibilidad de llevarla a efecto, los deriva a la red de centros de la sanidad pública, la reclamación efectuada por éstos de los gastos dispensados se encuentra amparada en la mentada ley general.

Caso concreto:

al ser titular de una doble cobertura, optó por la sanidad pública, una vez que consideró que ésta le ofrecía mayores garantías y confianza.

Por otra parte, la elección de la madre fue clara, como resulta de sus concluyentes actos posteriores, de inequívoca significación jurídica, sin que, de su conducta de llevar a su hija inicialmente al centro privado, podamos obtener conclusiones jurídicas favorables al derecho de repetición del servicio público de salud al amparo del art. 83 de la LGS, puesto que no llegó a nacer obligación contractual de la aseguradora demandada de hacerse cargo de los gastos de la asistencia médica de la niña,con los efectos retroactivos que la póliza garantizaba y que no fueron activados.

Aunque no os lo creáis estás situaciones generan mucha litigiosidad en Canarias.

Diferencia entre control de incorporación, de transparencia y de abusividad.

Hoy traemos en este resurgir del blog (realmente fue un día que me apeteció trabajar pero programé los post) la didáctica STS 98/2020 de 20-1-2020, rec 1662/2017quesos permite entender las diferentes formas de controles.

La sentencia es muy clara y didáctica. Esto es una pincelada conceptual.

El control de inclusión o de incorporación supone el cumplimiento por parte del predisponente de una serie de requisitos para que las condiciones generales queden incorporadas al contrato. Mediante el centro de incorporación se intenta comprobar que la adhesión se ha realizado con unas mínimas garantías de cognoscibilidad por parte del adherente de las cláusulas que se integran en el contrato.

 

La LCGC se refiere a la incorporación de las condiciones generales al contrato en dos preceptos: en el art. 5 para establecer los requisitos de incorporación; y en el art. 7 para establecer cuándo las condiciones generales no quedan incorporadas al contrato.

(…) Como ya señalaron las sentencias de esta Sala 314/2018, de 28 de mayo y 57/2019, de 25 de enero, se aplica en primer lugar el filtro negativo del art. 7 LCGC; y si se supera, es necesario pasar una segunda criba, ahora positiva, que es la prevista en los arts. 5.5 y 7 de la misma Ley:

la redacción de las cláusulas generales deberá ajustarse a los criterios de transparencia, claridad, concreción y sencillez, de modo que no quedarán incorporadas al contrato las que sean ilegibles, ambiguas, oscuras e incomprensibles.

 

El primero de los filtros mencionados, el del art. 7, consiste, pues, en acreditar que el adherente tuvo ocasión real de conocer las condiciones generales al tiempo de la celebración.

“[…] el deber de transparencia comporta que el consumidor disponga “antes de la celebración del contrato” de información comprensible acerca de las condiciones contratadas y las consecuencias de dichas cláusulas en la ejecución del contrato celebrado […] Respecto de las condiciones generales que versan sobre elementos esenciales del contrato se exige una información suficiente que pueda permitir al consumidor adoptar su decisión de contratar con pleno conocimiento de la carga económica y jurídica que le supondrá concertar el contrato, sin necesidad de realizar un análisis minucioso y pormenorizado del contrato.

Esto excluye que pueda agravarse la carga económica que el contrato supone para el consumidor, tal y como este la había percibido, mediante la inclusión de una condición general que supere los requisitos de incorporación, pero cuya trascendencia jurídica o económica pase inadvertida al consumidor porque se le da un inapropiado tratamiento secundario y no se facilita al consumidor la información clara y adecuada sobre las consecuencias jurídicas y económicas de dicha cláusula en la caracterización y ejecución del contrato”

DIES A QUO DE PLAZO PRESCRIPCIÓN RECLAMACIÓN HONORARIOS.

Mientras un amenazador sonido de un mosquito me rodea, me lanzo a la ciencia jurídica como si de un explorador de la Inglaterra victoriana en centroáfrica se tratase.

Diario de explorador. Día 1 de la exploración por la gracia de Dios.

Me acerco a la STS 111/2020 de 22-1-2010, rec 1368/2020que resuelve sobre el dies a quo de la prescripción para reclamar pasta gansa:

No consta que con carácter previo a esas fechas la demandada comunicara al demandante que desistía de sus servicios.

Es un hecho probado que entre demandante y demandada concurrieron unas relaciones fluidas, que motivaron sucesivos encargos, venta de parcelas y arrendamiento de una de ellas.

Por ello procede desestimar el motivo de recurso, dado que no se considera prescrita la acción por el transcurso del plazo del art. 1967 del C. Civil, pues la acción se planteó desde que le constó al demandante que prescindían de sus servicios ( art. 1969 del C. Civil), lo cual tácitamente interpretó el demandante como la finalización de sus relaciones profesionales y arrendaticias con la demandada.

Esta sala en sentencia 75/2017, de 8 de febrero, declaró:

“La fijación del día inicial del plazo de prescripción presenta una doble dimensión, fáctica y jurídica, de manera que aunque el juicio fáctico, ligado a la valoración probatoria, corresponde en principio al tribunal de instancia, en ejercicio de sus facultades exclusivas, y no es revisable en casación, por el contrario, la apreciación de la prescripción desde el plano jurídico permite a esta Sala revisar la decisión de instancia por razones de correcta aplicación e interpretación de la normativa y jurisprudencia aplicables (por todas, STS 2-4- 2014, rec n.o 608/2012).

“El día inicial para el cómputo del plazo de prescripción de tres años, a que están sometidas las acciones derivadas del contrato de prestación de servicios origen del proceso, es el día en que dejaron de prestarse los respectivos servicios, como de modo expreso, impone el artículo 1967 CC ( SSTS de 24 de abril de 2001, RC núm. 726 / 1996, 7 de noviembre de 2002, RC núm. 1025/1997)”.

Igualmente en sentencia 338/2014, de 13 de junio, se declaró:

“El ejercicio de la profesión de abogado no implica que cada asunto del que presta sus servicios profesionales deba ser reclamado su precio, antes de la prescripción trienal conforme al artículo 1967.1,o del Código Civil (la aplicación a este número del último párrafo de este artículo está hoy fuera de duda, según doctrina y jurisprudencia). No se trata de prescripción de cada asunto, sino prescripción de todos ellos, que forman el servicio profesional conjunto”.

TITULAR DE CUENTA CON EL MUERTO SÍ, PERO NO PROPIETARIO DEL DINERO.

Quién conoce la ley sabe la trampa.

El mítico consejo de esos cuñados –piojos pegados- que dicen: dile a tu padre/madre/progenitor A/progenitor B/progenitor C que te ponga de titular y así tu hermano, hermana o hermane que no los atiente se queda sin nada porque el dinero de la cuenta pasa a ser la mitad tuyo. …. ja,je,ji,jo,ju

La interesante SAP PO 2430/2019, de 11-11-2019, rec 458/2019, ECLI: ES:APPO:2019:2430 –GALICIA CALIDADE- nos remite a una STS del 95 que nos manda al año 1971:

La sentencia del Tribunal Supremo de 19 diciembre 1995 señala: “En línea jurisprudencial, el criterio prosigue con fines ya bien decantados con base, entre otras, en sentencia de 24 marzo 1971:

“Es inaceptable el criterio de que el dinero depositado en las cuentas indistintas pasó a ser propiedad de la recurrente, por el sólo hecho de figurar como titular indistinto,no propietario, porque según doctrina de esta Sala, en el contrato de depósito, la relación jurídica se establece entre el depositante, dueño de la cosa depositada y el depositario que la recibe, no modificándose la situación legal de aquél en cuanto a lo depositado, por la designación de la persona que la pueda retirar; los depósitos indistintos no presuponen comunidad de dominio sobre los objetos depositados, debiendo estarse a lo que resuelvan los Tribunales sobre la propiedad de ellos; incumbe al causahabiente del depositante acción para reivindicar de la persona designada en el depósito indistinto los efectos que hubiera retirado del mismo, sin título para apropiárselo” y así, se ha afirmado en sentencia de 8 febrero 1991:

“… no sólo en la sentencia que cita la recurrente, sino también en la de 19 octubre. 1988, el mero hecho de apertura de una cuenta corriente bancaria, en forma indistinta, a nombre de dos (o más) personas, como norma general lo único que comporta prima facie, en lo referente a las relaciones derivadas del depósito irregular en que toda cuenta corriente bancaria se apoya, es que cualquiera de dichos titulares tendrá, frente al Banco depositario, facultades dispositivas del saldo que arroje la cuenta, pero no determina, por sí solo, la existencia de un condominio, y menos por partes iguales, sobre dicho saldo de los dos (o más) titulares indistintos de la cuenta, ya que esto habrá de venir determinado únicamente por las relaciones internas entre ambos titulares y, más concretamente; por la originaria pertenencia de los fondos o numerario de que se nutre dicha cuenta.[…] sentencia de 15 julio 1993 “…

En los casos de titulares plurales como el que se enjuicia ha declarado esta Sala que el mero hecho de la apertura de una cuenta corriente bancaria a nombre de dos o más personas, lo único que comporta prima facie, como norma general, es que cualquiera de dichos titulares tendrá frente al Banco depositario facultades respecto al saldo que arroje la cuenta, pero no determina un condominio sobre dicho saldo, ya que esto vendrá precisado únicamente por las relaciones internas que medien entre dichos titulares bancarios ( sentencias de 24 marzo 1971, 19 octubre 1988, 8 febrero 1991 y 23 mayo 1992)” y se reitera en la de 15 diciembre 1993: “ha de tenerse en cuenta que si bien figuran en esta clase de negocios unos titulares, que podemos denominar “titulares bancarios”, ello sólo significa que esta circunstancia es más bien operativa para la dinámica del contrato, lo que influye y determina prima facie, en lo referente a las relaciones del depósito que se lleva a cabo, es que cualquiera de dichos titulares ostenta facultades de disposición frente al banco, bien individual o conjuntamente, pero no establece la existencia de un condominio y menos por partes iguales, ya que éste lo fijan las relaciones internas de los titulares y más concretamente en razón a la originaria pertenencia de los fondos depositados y así lo ha declarado esta Sala en sentencia de 8 febrero 1991, que cita las de 24 marzo 1971 y 19 octubre 1988, así como la de 23 mayo 1992, lo que permite que pueda decretarse la exclusión y ajenidad de quien sólo figura como titular bancario y no demostró tener participación personal y directa en la propiedad del dinero depositado, conforme sucede en el caso de autos”; de donde, pues, no cabe presunción ni de titularidad dominical, ni de atribución por mitad o partes iguales, pues ello se relega a la prueba dentro de las relaciones internas entre los titulares bancarios...”.

MORALEJA: No por mucho ser titular en las cuentas se es más propietario 

RESPONSABILIDAD SOLIDARIA CAUSA DE DISOLUCIÓN POR PÉRDIDAS SOLO DE DEUDAS POSTERIORES AL CARGO.

Hoy traemos al blog una sentencia que se me había escapado cortar y pegar.

STS 3526/2019– ECLI: ES:TS:2019:3526 de 8-11-2019 que dice:

La cuestión que suscita el presente recurso es respecto de qué deudas sociales responde un administrador, como Evelio , que asumió el cargo después de que, estando la sociedad en causa de disolución y sin que el administrador anterior hubiera instado su disolución, hubieran surgido deudas sociales posteriores a la aparición de la causa de disolución y anteriores a su nombramiento como administrador.

El nuevo administrador, desde que asumió la administración de la sociedad (el 5 de mayo de 2014), como seguía incursa en la causa de disolución de pérdidas que dejaban el patrimonio neto contable por debajo de la mitad del capital social, estaba afectado por los reseñados deberes legales de promover la disolución. La duda es respecto de qué deudas sociales responde solidariamente. Para resolverla debe acudirse a la ratio del precepto.

En el art. 367 LSC la responsabilidad del administrador se anuda al incumplimiento del deber de promover la disolución. El reproche jurídico que subyace a la responsabilidad del art. 367 LSC se funda en el incumplimiento de un deber legal (de promover la disolución de la sociedad o, en su caso, de instar el concurso de acreedores). La Ley en esos casos, estando la sociedad incursa en una de las causas legales de disolución, constituye al administrador en garante solidario de las deudas surgidas a partir de entonces, si incumple el deber legal de disolver dentro del plazo legal. La justificación de esta responsabilidad radica en el riesgo que se ha generado para los acreedores posteriores que han contratado sin gozar de la garantía patrimonial suficiente por parte de la sociedad del cumplimiento de su obligación de pago.

Esta razón que llevó al legislador a ceñir el alcance de la responsabilidada las deudas posteriores a la aparición de la causa de disolución, nos debe llevar a concluir que en caso de cambio de administrador, desde que asume la administración, para él nace un nuevo plazo de dos meses para promover la disolución, cuyo incumplimiento le hará responsable solidario de las deudas sociales posteriores al momento en que asumió la administración de la sociedad.

Esto es, su responsabilidad alcanza a todas las deudas sociales surgidas mientras él era administrador y estando la sociedad en causa de disolución, pero no a las anteriores a su nombramiento ni a las posteriores a su cese.

 

Nulidad de acuerdos que acuerdan transacción por nulidad de cláusulas abusivas

La sentencia de 26-3-2019 del TJUE, asuntos acumulados C70/17 y C179/17  en relación con el asunto C486/16 derivan en la STS de Pleno 463/2019­­ recuerda que considera preferible tener en cuenta la ley 5/2019 de 15 de marzo  pues es NORMA IMPERATIVA MÁS BENEFICIOSA PARA EL CONSUMIDOR.

Estos efectos, entre otros, como muy bien señala la entrada de 12-9-2019 del blog de notarios y registradores:

Procesos en curso:

El TS da las siguientes orientaciones jurisprudenciales para los procedimientos de ejecución hipotecaria en curso:

1ª.- No ha de haberse producido todavía la entrega de la posesión al adquirente.

2ª.- Préstamos vencidos antes del 15 de mayo de 2013. Si se los dío por vencidos antes de la entrada en vigor de la Ley 1/2013por aplicación de una cláusula contractual reputada nula, deberían ser sobreseídos sin más trámite.

3ª.-.-Préstamos vencidos tras el 15 de mayo de 2013. Si se los dío por vencidos tras la entrada en vigor de la Ley 1/2013 por aplicación de una cláusula contractual reputada nula:

  • si el incumplimiento del deudor no reúne los requisitos de gravedad y proporcionalidad exigidos por la jurisprudencia, teniendo en cuenta como criterio orientador el art. 24 LCCI, deberían ser igualmente sobreseídos.
  • si el incumplimiento del deudor reviste la gravedad prevista en la LCCI, podrán continuar su tramitación.

4ª.- El sobreseimiento de los procesos no impedirá una nueva demanda ejecutiva basada, no en el vencimiento anticipado por previsión contractual, sino en la aplicación de criterios legales (los de la LCCI, que es una disposición imperativa, frente a la redacción anterior del art. 693.2 LEC).

En la vida real nos encontramos con acuerdos firmados por clientes sin asesoramiento (o con él puesto más vale acuerdo de rebaja de deuda que ciento volando) en virtud de los cuales, los ejecutados renuncian a:

  • “cualquier acción procesal que tenga por objeto o produzca efecto de impedir o dificultar la normal marcha del procedimiento hasta su finalización”
  • “desistiendo de cualquier oposición, apelación o procedimiento que tenga instando en relación con el procedimiento mencionado y solicitan la no imposición de costas.”

Pues tenemos una norma imperativa por un lado y un acuerdo de renuncia a derechos por otra…. ¿what wins?

Próximamente en sus juzgados de primera instancia.

ERROR EN EL CONSENTIMIENTO PORQUE NO ENTIENDO LA TAE EN LOS CRÉDITOS AL CONSUMO

El nuevo nicho de mercado de los abogados está siendo otra vez -si no lo ha sido siempre- las reclamaciones contra los intereses del crédito al consumo.

Esas demandas siempre introducen el concepto de la TAE abusiva e ininteligible, sobre todo la ecuación que la calcula,  para el consumidor que la dota de una falta de transparencia absoluta.

Yo no se resolver la ecuación. Os miento, no me he puesto a intentar resolverla. Pero creo que no debería influir en considerar nulo por falta de transparencia un contrato de préstamo al consumo.

Me explico:

  1. La TAE está regulada en el Anexo I de la Ley 16/2011 de 24 de junio de crédito al consumo a la que nos remitimos. Es decir, la TAE está regulada por ley (ojo esos puristas que me leéis que los anexos no son ley).
  2. Si es una ley o hay una norma que regula su cálculo podremos discutir la validez o “transparencia” de aquellos conceptos pactado en el contrato que debemos insertar en la ecuación.
  3. Si el código civil dice algo acerca de que el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento, la ecuación de la TAE y su cálculo  es una operación matemática no sujeta a la voluntad de las partes.

 

CONCLUSIÓN

Cada vez que decimos que la TAE es abusiva porque no es transparente porque no han explicado la ecuación al consumidor la temperatura del océano sube un grado. 

Contribuya contra el cambio climático y no pongamos estas cosas en las demandas.

 

Aquí la transcripción del anexo:

ANEXO

I.- Ecuación de base que traduce la equivalencia de las disposiciones del crédito, por una parte, y de los reembolsos y pagos, por otra

La ecuación de base, que define la tasa anual equivalente (TAE), expresa la equivalencia anual entre, por un lado, la suma de los valores actualizados de las disposiciones del crédito y, por otro, la suma de los valores actualizados de los importes de los reembolsos y pagos de gastos, es decir:

m     m’  
Σ Ck (1 + X)-tk = Σ Dℓ (1 + X)-sℓ
k=1     ℓ = 1  

Donde:

– X es la TAE.

– m es el número de orden de la última disposición del crédito.

– k es el número de orden de una operación de disposición de crédito, por lo que 1 ≤ k ≤ m.

– Ck es el importe de la disposición número k.

– tk es el intervalo de tiempo, expresado en años y fracciones de año, entre la fecha de la primera operación de disposición y la fecha de cada una de las disposiciones siguientes, de modo que t1 = 0.

– m’ es el número de orden del último reembolso o pago de gastos.

– ℓ es el número de orden de un reembolso o pago de gastos.

– Dℓ es el importe de un reembolso o pago de gastos.

– sℓ es el intervalo de tiempo, expresado en años y fracciones de año, entre la fecha de la primera disposición y la de cada reembolso o pago de gastos.

Observaciones:

a) Las sumas abonadas por cada una de las partes en diferentes momentos no son necesariamente iguales ni se abonan necesariamente a intervalos iguales.

b) la fecha inicial es la de la primera disposición de fondos.

c) Los intervalos entre las fechas utilizadas en los cálculos se expresarán en años o fracciones de año. Un año tiene 365 días (en el caso de los años bisiestos, 366), 52 semanas o doce meses normalizados. Un mes normalizado tiene 30,41666 días (es decir, 365/12), con independencia de que el año sea bisiesto o no.

d) El resultado del cálculo se expresará con una precisión de un decimal como mínimo. Si la cifra del decimal siguiente es superior o igual a 5, el primer decimal se redondeará a la cifra superior.

e) Se puede reformular la ecuación utilizando solamente un sumatorio y empleando la noción de flujos (A1), que serán positivos o negativos, es decir, respectivamente pagados o percibidos en los periodos 1 a k, y expresados en años, a saber:

Donde S es el saldo de los flujos actualizados, cuyo valor será nulo si se quiere conservar la equivalencia de los flujos.

II. Supuestos adicionales para calcular la tasa anual equivalente.

Los supuestos adicionales para calcular la tasa anual equivalente serán los siguientes:

a) Si un contrato de crédito da al consumidor libertad de disposición de fondos, se considerará que el consumidor ha dispuesto del importe total del crédito inmediata y totalmente;

b) Si un contrato de crédito establece diferentes formas de disposición de fondos con diferentes tasas o tipos deudores, se considerará que se ha dispuesto del importe total del crédito al más alto de los tipos deudores y con las tasas más elevadas aplicadas a la categoría de transacción más comúnmente utilizada en ese tipo de contrato de crédito;

c) Si un contrato de crédito da al consumidor libertad de disposición de fondos en general, pero impone, entre las diferentes formas de disposición, una limitación respecto del importe y del período de tiempo, se considerará que se ha dispuesto del importe del crédito en la fecha más temprana prevista en el contrato de crédito y con arreglo a dichos límites de disposición de fondos;

d) En el caso de un crédito en forma de posibilidad de descubierto, se considerará que se ha dispuesto del importe total del crédito en su totalidad y por toda la duración del contrato de crédito. Si la duración de la posibilidad de descubierto no se conoce, la tasa anual equivalente se calculará basándose en el supuesto de que la duración del crédito es de tres meses;

e) En el caso de un contrato de crédito de duración indefinida que no sea en forma de posibilidad de descubierto, se presumirá:

  • 1.º Que el crédito se concede por un período de un año a partir de la fecha de la disposición de fondos inicial y que el pago final hecho por el consumidor liquida el saldo de capital, intereses y otros gastos, en su caso,
  • 2.º Que el consumidor devuelve el crédito en doce plazos mensuales iguales, a partir de un mes después de la fecha de la disposición de fondos inicial; no obstante, en caso de que el capital tenga que ser reembolsado en su totalidad en un pago único, dentro de cada período de pago, se presumirá que se producen disposiciones y reembolsos sucesivos de todo el capital por parte del consumidor a lo largo del período de un año; los intereses y otros gastos se aplicarán de conformidad con estas disposiciones y reembolsos de capital y conforme a lo establecido en el contrato de crédito.

A los efectos del presente punto, se considerará contrato de crédito de duración indefinida un contrato de crédito que no tiene duración fija e incluye créditos que deben reembolsarse en su totalidad dentro o después de un período, pero que, una vez devueltos, vuelven a estar disponibles para una nueva disposición de fondos;

f) En el caso de contratos de crédito distintos de los créditos en forma de posibilidad de descubierto y de duración indefinida contemplados en los supuestos de las letras d) y e):

1.º Si no pueden determinarse la fecha o el importe de un reembolso de capital que debe efectuar el consumidor, se presumirá que el reembolso se hace en la fecha más temprana prevista en el contrato de crédito y conforme al importe más bajo establecido en el mismo,

2.º Si no se conoce la fecha de celebración del contrato de crédito, se presumirá que la fecha de la disposición inicial es la fecha que tenga como resultado el intervalo más corto entre esa fecha y la del primer pago que deba hacer el consumidor;

g) Cuando no puedan determinarse la fecha o el importe de un pago que debe efectuar el consumidor conforme al contrato de crédito o a los supuestos establecidos en las letras d), e) o f), se presumirá que el pago se hace con arreglo a las fechas y condiciones exigidas por el prestamista y, cuando estas sean desconocidas:

1.º Los gastos de intereses se pagarán junto con los reembolsos de capital,

2.º Los gastos distintos de los intereses expresados como una suma única se pagarán en la fecha de celebración del contrato de crédito,

3.º Los gastos distintos de los intereses expresados como varios pagos se pagarán a intervalos regulares, comenzando en la fecha del primer reembolso de capital y, si el importe de tales pagos no se conoce, se presumirá que tienen importes iguales,

4.º El pago final liquidará el saldo de capital, intereses y otros gastos, en su caso;

h) Si todavía no se ha acordado el límite máximo aplicable al crédito, se presumirá que es de 1.500,00 euros;

i) Si durante un período o por un importe limitados se proponen diferentes tipos deudores y tasas, se considerará que el tipo deudor y las tasas corresponden al tipo más alto de toda la duración del contrato de crédito;

j) En los contratos de crédito al consumo en los que se haya convenido un tipo deudor fijo en relación con el período inicial, finalizado el cual se determina un nuevo tipo deudor, que se ajusta periódicamente con arreglo a un indicador convenido, el cálculo de la tasa anual equivalente partirá del supuesto de que, al final del período de tipo deudor fijo, el tipo deudor es el mismo que en el momento de calcularse la tasa anual equivalente, en función del valor del indicador convenido en ese momento.

 

NO nulidad de las cláusula de reclamación de posiciones deudoras

En la sección de hoy “No es tan malo el banco como lo pintan”,traemos la STS 3315/2019; ECLI:ES:TS:2019:3315, de 25/10/2019, rec 725/2017que resuelve sobre la nulidad de las cláusula de reclamación de posiciones deudoras.

De modo previo, dejar claro que la cláusula de reclamación de posiciones deudoras no es nula porque sí.

Sin acreditar los requisitos que exponemos tanto consumidor como banco no tendrán viabilidad en sus acciones.

 

Decisión de la Sala:

1.- La normativa bancaria sobre comisiones está constituida, básicamente, por la Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre, de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios, por la Circular 5/2012 del Banco de España de 27 de junio, a entidades de crédito y proveedores de servicio de pago, sobre transparencia de los servicios bancarios y responsabilidad en la concesión de préstamos, y por la Orden EHA/1608/2010, de 14 de junio, sobre transparencia de las condiciones y requisitos de información aplicables a los servicios de pago, que regula la transparencia de los servicios de pago sujetos a la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de servicios de pago.

2.- Conforme a esta normativa, para que las entidades puedan cobrar comisionesa sus clientes deben cumplirse dos requisitos:

1) que retribuyan un servicio real prestado al cliente; y

2) que los gastos del servicio se hayan realizado efectivamente.

Bajo estas dos premisas, las entidades bancarias no pueden cobrar por servicios que no hayan solicitado o aceptado los clientes, que deberán haber sido informados personalmente y por anticipado del importe que van a tener que pagar por ese servicio.

Según el Banco de España (Memoria del Servicio de Reclamaciones de 2009), la comisión por reclamación de posiciones deudoras compensa a la entidad por las gestiones efectivas realizadas para recuperar la deuda impagada por su cliente; debe estar recogida en el contrato; y para que sea acorde con las buenas prácticas bancarias debe reunir los siguientes requisitos mínimos:

  • el devengo de la comisión está vinculado a la existencia de gestiones efectivas de reclamación realizadas ante el cliente deudor;
  • la comisión no puede reiterarse en la reclamación de un mismo saldo por gestiones adicionales realizadas por la entidad con el mismo fin, ni siquiera cuando, en el caso de impago en el tiempo, este se prolonga en sucesivas liquidaciones;
  • su cuantía debe de ser única, no admitiéndose tarifas porcentuales;
  • no puede aplicarse de manera automática.

 

En definitiva, si el banco establece en el contrato estos requisitos mínimos y te reclama por tu canal interno o tu mail (esas gestiones tienen un coste) será válida y no abusiva.

Prescripción de la acción para exigir la responsabilidad patrimonial derivada de la declaración de nulidad de una licencia que conlleva la demolición

STS 3318/2019 ECLI:TS:2019:3318 de fecha 17-10-2019, rec 5924/2017

El Ayuntamiento declara la nulidad de una licencia. Si hay nulidad es que hubo licencia. Si hay nulidad la Ley esa nueva de procedimiento administrativo que hicieron hace unos año que poco cambia de la ley buena, la fetén, la que yo estudié en la carrera establece que pues si hay nulidad la administración tiene que pagar. Como me enseñó un gran jurista y maestro chicharrero, don Vicente Álvarez: You pay, you fly. You don´t pay, you don´t fly. Pues si lo haces mal, paga filliño, que no te duele que no sale de tu bolsillo sino de los impuestos de todos.

La sentencia dice:

A juicio de esta Sala el plazo de prescripción de la acción para exigir la responsabilidad patrimonial derivada de la declaración de nulidad de una licencia que conlleva la demolición de lo ilegalmente construido, debe situarse en el momento en que se dicta resolución judicial firme y ejecutivaque ordena la demolición de lo construido,pues, desde ese momento, queda concretado el daño, aún cuando la efectiva demolición se produzca con posterioridad. Dicha resolución judicial puede ser la sentencia firme que declara la nulidad de la licencia, pero también resulta posible que dicha resolución se dicte en el trámite de ejecución de la misma, como ocurre en el presente caso, en que por parte de la Sala de instancia se acordó la inejecución de la sentencia al amparo del art. 105.2 de la Ley de la jurisdicción; esto es, se consideró que el nuevo planeamiento legalizaba la construcción de la biblioteca, decisión que impedía su demolición, hasta que dicha resolución fue dejada sin efecto por sentencia de esta Sala de 17 de octubre de 2010, momento en el que, conforme a la doctrina que hemos dejado expuesta, se produce la resolución definitiva en el incidente de ejecuciónque ordena, con carácter firme, la demolición de lo ilícitamente construido, por lo que siendo ese el “dies a quo“, la reclamación formulada se encuentra planteada en plazo.

Además de lo anterior, me gusta esta distinción:

La distinción entre daños continuados y permanentesha sido desarrollada, fundamentalmente, por la jurisprudencia del ámbito Contencioso-administrativo.

Así, el Tribunal Supremo, en la sentencia de 26 de febrero de 2013, dictada en el recurso de casación número 367/2011 en relación con los daños derivados de una deficiente asistencia sanitaria, aclara las diferencias. El daño continuado <<no permite[n] conocer en el momento en el que se produce los efectos definitivos de una lesión y en los que, por tanto, el inicio del plazo para reclamar es aquél en el que ese conocimiento se alcance>>.

Mientras los daños permanentes <<aluden a lesiones irreversibles e incurables, aunque no intratables, cuyas secuelas resulten previsibles en su evolución y en su determinación, siendo, por tanto, cuantificables, por lo que los tratamientos paliativos o de rehabilitación ulteriores o encaminados a obtener una mejor calidad de vida, o a evitar eventuales complicaciones en la salud, o a obstaculizar la progresión de la enfermedad, no enervan la realidad de que el daño ya se manifestó con todo su alcance en un momento anterior>>.

Ahondando más en la caracterización de los daños permanentes, resulta de interés lo dicho por el Supremo en la sentencia de 31 de marzo de 2014 (recurso 4867/2011), en la que afirma, que <<la jurisprudencia ha considerado daños permanentes, caracterizados como aquellos en los que el acto generador de los mismos se agota en un momento concreto aun cuando sea inalterable y permanente en el tiempo el resultado lesivo>>.

Por su parte y en el orden civil la sentencia del Tribunal Supremo de 6 febrero 2006 indica: <<Asimismo, el Tribunal Supremo ha establecido el distingo entre daños continuados y daños permanentes, como pone de manifiesto la sentencia de 22 junio 1995, denominando daños permanentes a los que el acto generador de los mismos se agota en un momento concreto, aun cuando sea inalterable y permanente en el tiempo el resultado lesivo, en tanto que los segundos son aquéllos que en base a una unidad de acto se producen día a día de manera prolongada en el tiempo y sin solución de continuidad. En el caso de los daños definidos como permanentes, es evidente que producido el acto causante del resultado lesivo éste queda perfectamente determinado y puede ser evaluado o cuantificado de forma definitiva>>.