EL TC habla de nuevo con las “plusvalías Municipales”: una sentencia (aclaración para millenials)

Hoy traemos la sentencia 107/2019, de 30 de septiembre del Tribunal Constitucional que es un rollo de Juzgado pero que al final también manda.

Llegamos a esta sentencia por la noticia publicada en Confilegal por @luisjasanchez que relata el éxito de la abogada Soledad García-Mauriño del que nos vamos a aprovechar todos.

Como antecedente importante señalar que el Ayuntamiento no presentó pericial del valor del suelo y a buen entendedor pocas palabras bastan y estamos ante un amparo, con lo que ello significa. (nota mental, cada vez que leo amparo recuerdo a Pozí) y que el juzgado no valoró las escrituras de compraventa.

El corta y pega es:

Queja sobre la lesión del derecho a la valoración de la prueba (art. 24.1 CE). Distinta debe ser la conclusión en relación con la falta de valoración de las escrituras de compraventa.Como ha quedado constatado, con la demanda se adjuntaron las escrituras de compra y venta, que ponen de manifiesto la minusvalía sufrida en la transmisión del inmueble, prueba documental que fue admitidaen la vista.

Es cierto, como señala el fiscal, que con anterioridad a la declaración de inconstitucionalidad del art. 110.4 del texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por la STC 59/2017, de 11 de mayo, no cabía la prueba de una minusvalía, por impedirlo expresamente el citado precepto. Es, entonces, a partir de esa declaración de inconstitucionalidadcuando los obligados tributarios pueden acreditar un resultado diferente (una minusvalía) al derivado de la aplicación de las reglas de valoración que contiene la norma legal (una plusvalía) y, por tanto, una situación inexpresiva de capacidad económica no susceptible de imposición[STC 59/2017, FJ 5 b)]. Ahora bien, lo relevante en este caso es que, al momento de dictarse la sentencia controvertida, el órgano judicial ya consideraba que podía probarse tal minusvalía, por lo que, según su propio criterio la prueba solicitada era relevante y pertinente.

La vulneración del art. 24.1 CE se sustenta en la falta de valoración de las escrituras de compraventa, cuya veracidad no fue tampoco contestadapor el ayuntamiento, por lo que su valoración por el órgano judicial resultaba en este caso insoslayable. Por último, el razonamiento contenido en la sentencia, con remisión a otra del Juzgado núm. 22 de Madrid, de 9 de febrero de 2015 (dictada en el procedimiento ordinario 233-2014), no enerva la anterior conclusión, pues precisamente la sentencia que se cita abordaba un supuesto en el cual ni siquiera había sido solicitado el recibimiento a prueba, sino que el demandante se había limitado a realizar alegaciones generales sobre la evolución del mercado inmobiliario. Por tanto, el argumento exteriorizado en la sentencia recurrida para justificar la insuficiencia probatoria resulta irrazonable, al contenerse una remisión a un supuesto sustancialmente distinto.La revisión que se lleva a cabo en el auto que desestima el incidente de nulidad de actuaciones, en fin, no remedia la anterior lesión.

Por los razonamientos expuestos, debe estimarse el presente recurso de amparo, declarando vulnerado el derecho fundamental de la recurrente a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), por no valorarse la prueba documental citada (escrituras de compra y de posterior venta del inmueble) conforme a las reglas de la sana crítica. La estimación del recurso y el otorgamiento del amparo por la mencionada vulneración conducen a anular las resoluciones recurridas y a retrotraer las actuaciones, a fin de que sean los órganos de la jurisdicción ordinaria quienes se pronuncien, de forma respetuosa con el derecho fundamental.

OBSERVACIONES:

  1. Si acreditas la minusvalía con las escrituras vale. Este tema lo tratamos el 2-12-2018 AQUÍ
  2. Si el ayuntamiento duda de la veracidad busca más elementos de prueba.
  3. Presentar un recurso de reposición a las liquidaciones citando una sentencia del TC puede ser impactante pero te van a mandar al contencioso para retener la pasta.

El silencio, la contratación entre ausentes, la buena fe y la maldad de los abogados de los bancos

Habéis picado con otro titular tendencioso para obtener visitas a porrillo. Mi recomendación es que no sigas leyendo.

La historia comienza recordando que la crisis azotó a los abogados de bancos allá por 2010. Mucho antes, en mi tierna infancia jurídica, fui abogado externo del Banco Pastor (aquello sí que era vida) en Santiago de Compostela.En 2016 me vine a vivir a Tenerife (aquí lo dejo por si necesitáis un abogado serio, honesto y que cobra mucho menos de lo que se merece sin ser low cost) para vivir mucho mejor.

Bueno, pues para quien no conozca el tema, hubo una restructuración en la forma de remuneración de los abogados -que asisten a las vistas en los juzgados- y que muchos miráis con cierta maldad, -como miraría un CDR a Albert Rivera-, (por suerte, la mayoría entendemos que los que tienen problemas –jurídicos o no- son los clientes entre ellos).

Bueno, al turrón, que diría mi amigo Emilio:

STS 3011/2019 de 1-10-2019, rec 3281/2016, resolución 507/2019.

Es una discusión casi pornográfica para algunos: “banco vs abogado de banco” …. Miguel, tú sabes que miguel eres, (para el lector que me siguen en twitter no penséis en los gemelos que no son).

Resumen: Las partes pactan unos honorarios antes de la crisis y otros post-crisis, o eso parece. El banco, siempre malvado… o no, le envía un mail y considera que al no contestarlo el abogado acepta tácitamente.

Este redactor del post entiende que el banco se agarrá al principio general del derecho “el que calla otorga” y el abogado se agarra al brocardo jurídico justinianeo: “quien calla no dice nada”. Ahora veremos quien tiene razón:

EL FD 10º: Consentimiento tácito. Valor del Silencio.

El recurrente denuncia la infracción del art. 1262 CC , en relación con el art. 1091 CC , en cuanto regulan el consentimiento contractual.

El art. 1262 CC considera existente el consentimiento en los contratos cuando concurren la oferta y la aceptación sobre la cosa y la causa.Cuando se trata de contratación entre ausentes, como ocurre cuando las partes no tratan personalmente sino por otro medio, como en este caso el correo electrónico, el propio art. 1262 CC establece en su segundo párrafo que “hay consentimiento desde que el oferente conoce la aceptación o desde que, habiéndosela remitido el aceptante, no pueda ignorarla sin faltar a la buena fe”.Y el párrafo siguiente apostilla queen los contratos celebrados mediante dispositivos automáticos hay consentimiento desde que se manifiesta la aceptación”.

No obstante, ninguna de tales previsiones exige que la aceptación se preste de forma expresa.

2.- Esta sala ha declarado que el conocimiento no equivale a consentimiento, así como que debe distinguirse el silencio con efectos de consentimiento del consentimiento tácito.

Consentimiento tácito es el que deriva de actos concluyentes que, sin consistir en una expresa manifestación de voluntad, permiten reconocerla indubitadamente. Así, la sentencia 257/1986, de 28 de abril , indicó que:

“[l]a declaración de voluntad generadora del negocio jurídico no es necesario que sea explícita y directa, pero es imprescindible que la tácita se derive de actos inequívocos que la revelen sin que quepa atribuirle otro significado, cuya valoración corresponde al arbitrio de los Tribunales según las circunstancias que concurran en cada caso“.

El silencio no supone genéricamente una declaración, pues, aunque no puede ser indiferente para el Derecho, corresponde estar a los hechos concretos para decidir si cabe ser apreciado como consentimiento tácito, esto es, como manifestación de una determinada voluntad. De manera que el problema no está tanto en decidir si el silencio puede ser expresión de consentimiento, como en determinar en qué condiciones puede ser interpretado como tácita manifestación de ese consentimiento ( sentencias 135/2012, de 29 febrero ; 171/2013, de 6 marzo ; y 540/2016, de 14 de septiembre ).

Para que el silencio tenga relevancia a efectos de consentimiento, requiere la concurrencia de dos factores ( sentencia 483/2004, de 9 de junio): uno, de carácter subjetivo, implica que el silente tenga conocimiento de los hechos que motivan la posibilidad de contestación; otro, de carácter objetivo, exige que el silente tenga obligación de contestar, o, cuando menos, fuera natural y normal que manifestase su disentimiento, si no quería aprobar los hechos o propuestas de la otra parte.

3.- Con carácter general, cuando en el marco de una relación jurídica preexistente una de las partes lleva a cabo un acto concreto que debería obtener una respuesta de la otra, bien aceptándolo bien rechazándolo,si esta última, pudiendo y debiendo manifestarse, guarda silencio, debe considerarse, en aras de la buena fe, que ha consentido ( sentencias 842/2004, de 15 de julio ; 799/2006, de 20 de julio ; y 848/2010, de 27 de diciembre ).

En la sentencia 772/2009, de 7 de diciembre , con cita de otras muchas, declaramos que el silencio tiene la significación jurídica de consentimiento o de conformidad cuando se puede y debe hablar ( qui siluit quum loqui et debuit et potuit consentire videtur ) y hay obligación de responder cuando entre las partes existe una relación de negocios, así como cuando resulta lo normal y natural conforme a los usos generales del tráfico y la buena fe.

Y es que, en tales supuestos, con la comunicación de la discrepancia, se evita que la otra parte pueda formarse una convicción equivocada, derivada del silencio del otro, con daño para su patrimonio.

Máxime si, como ocurrió en el caso, después de que el comitente cambiara las condiciones de pago, el letrado siguiera realizando los servicios jurídicos para dicho principal.

4.- En este caso, las partes mantenían relaciones profesionales desde hacía más de quince años, era habitual que hubiera reuniones y comunicaciones internas sobre la estrategia a seguir respecto de los procedimientos judiciales y su consiguiente repercusión en los honorarios a cobrar por los letrados, y no podía ignorarse un correo electrónico del jefe de la asesoría jurídica que establecía un nuevo sistema de facturación y cobro. Consta que el recurrente tuvo conocimiento de dicho correo, por lo que, si no lo contestó, era conforme a la buena fe contractual que la otra parte considerase que no se oponía al nuevo sistema, ya que lo lógico era, que se si oponía, lo hubiera manifestado expresamente mediante contestación al correo electrónico.

Que el recurrente, pese a todo, siguiera facturando conforme a lo pactado anteriormente no quiere decir que no hubiera consentido tácitamente, sino que incumplió lo establecido. Entre otras cosas, porque una declaración expresa de disconformidad hubiera situado la relación en otro ámbito, puesto que la Caja podría haberse planteado mantener sus servicios en las antiguas condiciones o prescindir de ellos dada su falta de conformidad.

En consecuencia:

  1. Hay un principio jurídico para gobernarlos a todos: In claris non fit interpretatio.
  2. El que calla no dice nada, salvo que lleves 15 años con una relación jurídica determinada.  Cuando te anuncian que cambian las condiciones esenciales no te calles como un cura en un confesionario.
  3. La ciencia jurídica moderna lleva desde unos años aumentando, todavía más, la importancia de un concepto jurídico indeterminado como la buena fe como clave de bóveda decisorio.
  4. Si os llega un mail así, contestad, al menos: “tengo que preguntarle a mi mujer/marido” y así tendréis una excusa creíble.

DONACIÓN POR RENUNCIA A DERECHO DE SUSCRIPCIÓN PREFERENTE

Este blog se convierte en blog de abogado generalista que a todos nos gustaría llegar a ser y que vale tanto para un roto como para un descosido.

Seguimos con titulares llamativos y falsos para obtener el clickbait. No siga leyendo o hágalo pero sin quejarse.

Hoy traemos la SAN 1137/2019 ECLI:ES:AN:2019:1137 de 28-3-2019, rec 23-2016 sobre como le gusta a la AEAT crujir al contribuyente de las más diversas e insospechadas maneras.

La cosa es:

En 2015 A y B constuyen una Sl llamada C con CS de 6.000 € de 1€/ud.

C tiene como objeto:

la adquisición, tenencia, disfrute y administración en general y enajenación de acciones, participaciones, obligaciones, bonos y otros valores mobiliarios de renta fija o variable, emitidos por empresas individuales o sociales, públicas o privadas, cotizadas o no, cualquiera que sea la forma que adopten dichas empresas, ejerciendo con la mayor amplitud los derechos que le atribuye su participación en las mismas”.

Antes se había acordado un parasocial/acuerdo de inversión  y la entrada en el capital:

(…)se efectuaría a través de ampliación de capital con aportación dineraria en la que, en su caso, se fijaría una prima de asunción equivalente a la diferencia entre el valor nominal de las participaciones que finalmente se suscribieran y su valor real a la fecha del Acuerdo de Inversión. Y si el Sr. ___ no pudiera hacer frente al desembolso en el plazo concedido, la prima pactada se recalcaría en función del valor real de la compañía en el momento en que finalmente, se acometiera el desembolso. “

Bueno,  uno de los socios fundadores –PJ- renuncia a la suscripción preferente a favor de un no socio. Nada fuera de lo habitual.

He aquí que entra Hacienda y acaba razonando el TEAC:

ambos supuestos estarían sujetos a tributación conforme a lo dispuesto en el apartado 3 del art 15 TRLIS, a cuyo tenor: Los elementos patrimoniales transmitidos o adquiridos a título lucrativo se valorarán por su valor normal de mercado; la entidad transmitente integrará en su base imponible la diferencia entre el valor normal de mercado delos elementos transmitidos y su valor contable y en la adquisición a título lucrativo, la entidad adquirente integrará en su base imponible el valor normal de mercado del elemento patrimonial adquirido.

conforme a lo establecido en el art 15. Y 3 del TRLIS, dicha renuncia a título gratuito, valorada en ____ € se debe integrar en la base imponible del IS consolidado, ejercicio 2006, del grupo fiscal 115/06 del que forman parte de la sociedad dominande.

La consecuencia es:

nos parece que asiste la razón a la Administración cuando razona que ” la cuestión fundamental radica en determinar, si ha quedado acreditado que como consecuencia de las operaciones de ampliación de capital y renuncia de derechos de suscripción con las mismas, ha existido una efectiva transmisión lucrativa”24 del Acuerdo de liquidación-. Y como se razona más adelante, es cierto que, al final, la correspondencia o porcentaje pactado se corresponde con lo pactado de 80/20 en el Acuerdo de octubre, ” pero no existe correspondencia entre los desembolsos efectuados y el valor de las participaciones detentadas” – p. 29-. No ha quedado ” acreditada una contraprestación efectiva equivalente. El análisis de cada ampliación de capital nos lleva a concluir que existen renuncias de derecho de suscripción…que generan una cesión a favor de tercero…” -pp. 29 y 30-.

b.- Por otra parte, es cierto que no consta que la renuncia se efectuase a favor de ningún socio, pero como se razona ello no es óbice para que, de facto, exista una renuncia traslativa, pues del acuerdo suscrito entre las partes y que constituye el origen de las operaciones enjuiciadas, se infiere que ” todas las operaciones de ampliación de capital tiene su fundamento en el acuerdo de inversión”y se realizan siempre a favor de los que suscribieron dicho acuerdo -p. 36-.

Por ello, la Sala es del mismo parecer la Inspección cuando afirma ” la teoría de la renuncia abdicativa no cabe en el presente supuesto en el cual se han delimitado perfectamente….en el acuerdo previo inversor….cuales son los pasos para conseguir los porcentajes previstos por lo que las renuncias a derechos de suscripción tienen plenos efectos traslativos, como se deduce del análisis conjunto de los hechos” – p. 36-.

Y es que como sostiene la mejor doctrina el animus donandi no puede ser otra cosa que el consentimiento contractual aplicado a este tipo de negocios jurídicos, es decir, siempre que exista la intención de determinar con el negocio el enriquecimiento de otra persona, como así ha ocurrido, existe animo de donar. En esta línea, la STS de 20 de octubre de 2011 (Rec. 2243/2008 ), sostiene que ” debe entenderse correcta la liquidación practicada por la Administración tributaria y confirmada por la Sala de instancia en este punto, por constituir dicha renuncia una transferencia de patrimonio gratuita a favor de la suscriptora de las nuevas participaciones. También cabe citar la STS de 22 de junio de 2009 (Rec. 1647/2003 ).

 

 

Y así, queridos lectores, la AEAT descubre el malvado plan de unos inversiones para enriquecerse sin pagar impuestos.

MORALEJA: si redactas un acuerdo parasocial en donde un no socio entre como inversor sin pagar la prima vete ahorrando por si te pilla hacienda porque lo has hecho… Y LO SABES.

Modificación de Textos Definitivos en un concurso por el inicio de un expediente de derivación de responsabilidad.

Ya que @leogance me anima y me lee en Domingo pues le voy a dar una alegría para el cuerpo. Dos post en un solo día.

El planteamiento de este no es un corta y pega que tanta fama mundial nos ha dado.

SUPUESTO DE HECHO

Concurso en fase de liquidación. Con los Textos Definitivos presentados y se inicia un expediente de derivación de responsabilidad y reclamación de deuda. En nuestro supuesto real, la resolución de la AAPP remite al reglamento de recaudación.

He aquí que después de abrir la fase de liquidación y con los TTDD presentados, una administración pública no acreedora del concursado decide iniciar un expediente de declaración de responsabilidad solidaria y reclamación de deuda contra la concursada.

MOMENTO PRECLUSIVO DEL ART 97 BIS LCo.

 

El TS fija la siguiente doctrina jurisprudencial sobre la interpretación del apartado 1 del art. 97bis LC:

«i) El límite temporal previsto en el art. 97bis.1 LC para solicitar la modificación de la lista definitiva de acreedores al amparo del art. 97.3 LC, varía según se esté en fase de cumplimiento del convenio o de liquidación.


ii) Cuando la modificación se solicita durante la fase de liquidación, con independencia de que haya venido o no precedida de una aprobación judicial de convenio, el límite temporal aplicable es el propio de la liquidación: la presentación de cualquiera de los dos informes previstos en el art. 152.2 LC y el art. 176bis.1 LC.

iii) Frustrado el convenio y abierta la fase de liquidación, sobre la posterior petición de modificación de la lista de acreedores sólo resulta oponible el límite temporal previsto en el art. 97.bis.1 LC para la liquidación». (STS nº 652/2016, de 4 de noviembre 

FALTA DE IMPUGNACIÓN DE LOS TTDD. Consecuencias y excepciones.

Como hemos expuesto, los TTDD fueron aprobados al no haber sido impugnados.

De conformidad con el art 97 LCo los acreedores no podrán plantear pretensiones de modificación fuera de los supuestos del arte 97.3 y 97.4 LCo.

El art 97.3,4º LCo establece los supuestos que permiten la modificación de los TTDD:

  1. El texto definitivo de la lista de acreedores, además de en los demás supuestos previstos en esta ley, podrá modificarse en los casos siguientes:

 (…)

2.º Cuando después de presentado el informe inicial a que se refiere el artículo 74 o el texto definitivo de la lista de acreedores, se inicie un procedimiento administrativo de comprobación o inspección del que pueda resultar créditos de Derecho Público de las Administraciones públicas y sus organismos públicos.

3.º Cuando después de presentado el informe inicial a que se refiere el artículo 74 o el texto definitivo de la lista de acreedores, se inicie un proceso penal o laboral que pueda suponer el reconocimiento de un crédito concursal.

4.º (…), se hubiera cumplido la condición o contingencia previsto los créditos hubieran sido reconocidos o confirmados por acto administrativo, por laudo o por resolución procesal firme o susceptible de ejecución provisional con arreglo a su naturaleza o cuantía.

En consecuencia, es posible la modificación de los TTDD después de presentados (y, en este concurso, aprobados), cuando:

  1. Se inicie un procedimiento administrativo de comprobación o inspección que entendemos que no es el presente supuesto.
  2. Se inicie un proceso penal o laboral que no es el presente supuesto.
  3. Se hubiera cumplido la condición o contingencia prevista/hubieran sido confirmados por acto administrativo/resolución procesal firme/resolución procesal susceptible de ejecución provisional que tampoco es el supuesto

El art 97 bis. 1 LCo impone al acreedor a comunicar el crédito con “justificación de la modificación pretendida y la concurrencia de las circunstancias previstas (…)”.

El art 96.bis. 3 LCo establece otro posibilidad: “Si dentro del plazo de diez días siguientesa la puesta de manifiesto de los TTDD se formula oposición (…)”. Entendemos que tampoco se ajusta al presente concurso a efectos de comunicación tardía del crédito por lo que no debe ser de aplicación.

Hay dos supuestos de modificación de los TTDD que entendemos que tiene varios requisitos acumulativos:

  1. Iniciar un procedimiento administrativo después de presentados los TTDD. Se cumple este requisito.
  2. Que el procedimiento administrativo tenga una finalidad de comprobación o inspección.

En este punto es donde no entendemos encaje a efectos de la modificación de los TTDD.

Si la propia resolución de la administración se fundamenta en un procedimiento de declaración de responsabilidad solidaria y derivación de la deuda entendemos, sin perjuicio de mejor opinión en derecho, se debe enmarcar en un procedimiento de recaudación. Así, la propia resolución remite a los artículos 62 y ss, del reglamento general de recaudación en  virtud de los cuales se regula el procedimiento de reclamación de deudas e impugnacióncontra las resoluciones de las AAPP

En consecuencia, entendemos el supuesto que nos ocupa, la modificación de unos TTDD por comunicación de un procedimiento de declaración de responsabilidad solidaria y derivación de la deuda por parte de la AAPP no se ajusta a los supuestos regulados por el art 97 LCo al considerar que este tipo de expediente no tiene finalidad de comprobación o inspección sino de recaudación.

Descartamos la aplicación del art 96.bis.1 LCo en relación con el art 97.3.2ª, puesto que expresamente regula como plazo de comunicación del crédito “posterior” : (…) concluido el plazo de impugnación hasta lapresentación de los TTDD (…)”

SENTENCIA DE PLENO sobre cláusulas de vencimiento anticipado

Después de una temporada disfrutando de las mieles del éxito a la vista de que hasta el presidente del Senado se dedica a “fusilar” textos… lo que no es otra cosa que la tendencia que marca este blog, hoy traemos el corta y pega de la Sentencia del PLENO de 11-9-2019, STS 2761/2019 ECLI: ES:TS:2019:2761, rec 1752/2014:

La Sentencia de Pleno concluye:

11.- Conforme a todo lo expuesto, procede aplicar las siguientes pautas u orientaciones jurisprudenciales a los procedimientos de ejecución hipotecaria en curso, en los que no se haya producido todavía la entrega de la posesión al adquirente:

  1. Los procesos en que, con anterioridad a laentrada en vigor de la Ley 1/2013, se dio por vencido el préstamo por aplicación de una cláusula contractual reputada nula, deberían ser sobreseídos sin más trámite.
  2. Los procesos en que, con posterioridad a laentrada en vigor de la Ley 1/2013, se dio por vencido el préstamo por aplicación de una cláusula contractual reputada nula, y el incumplimiento del deudor no reúna los requisitos de gravedad y proporcionalidad antes expuestos, deberían ser igualmente sobreseídos.
  3. Los procesos referidos en el apartado anterior, en que el incumplimiento del deudor revista la gravedad prevista en la LCCI,podrán continuar su tramitación.
  4. Los autos de sobreseimiento dictados conforme a los apartados a) y b) anteriores no surtirán efecto de cosa juzgadarespecto de una nueva demanda ejecutiva basada, no en el vencimiento anticipado por previsión contractual, sino en la aplicación de disposiciones legales ( ATJUE de 3 de julio de 2019, asunto C-486/16 ). Solución que no pugna con el art. 552.3 LEC , puesto que no se trata de un segundo despacho de ejecución con fundamento en el mismo título, sino de ejecuciones basadas en diferentes títulos (el contrato, en el primer caso, y la ley en el segundo).
  5. Debe entenderse que las disposiciones legales mencionadas en el apartado anterior son las contenidas en la Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario, pese a que las resoluciones del TJUE se refieran expresamente al art. 693.2 LEC en la redacción dada por la Ley 1/2013 y pueda haber alguna discordancia con la disposición transitoria primera 4a de la Ley 5/2019 . Y ello, porque:

El art. 693.2 LEC , en su redacción anterior a la Ley 5/2019, era una norma de Derecho dispositivo, mientras que el art. 24 LCCI, al que ahora se remite, es imperativa.

La disposición transitoria primera 4a LCCI, fruto de una enmienda transaccional en el Congreso y una enmienda en el Senado, optó por la retroactividad limitada para evitar que una sentencia del TJUE contraria al informe del Abogado General en la cuestión prejudicial que había presentado esta sala, pudiera hacer directamente aplicable el 693.2 LEC en su anterior redacción. Por lo que sería contradictorio que la voluntad del legislador se volviera en contra del consumidor, cuando lo que se pretendió es protegerlo más allá de lo previsto en el art. 693.2 LEC anterior a la reforma.

STS DE PLENO. SOBRESEIMIENTO EN MASA DE EJECUCIONES HIPOTECARIAS. UN CLICKBAIT DE MANUAL A MI BLOG

Empieza el curso del corta y pega con un bombazo en exclusiva que podréis haber leído previamente en todos los medios especializados y en algún otro que no tiene ni idea como as, marca o el blog de Cristóbal Soria.

El Pleno del TS ha hablado, STS 2761/2019 ECLI ES:TS:2019:2761, de 11-9-2019lo que va a ser otra revolución antes del tema IRPH:

Deben interpretarse conjuntamente la STJUE de 26 de marzo de 2019 y el ATJUE de 3 de julio de 2019 en el asunto C-486/16 , con la STJUE de 14 de marzo de 2013, caso C- 415/11 ( Aziz) , y con nuestra jurisprudencia, de tal manera que, siempre que se cumplan las condiciones mínimas establecidas en el art. 693.2 LEC (en la redacción dada por la Ley 1/2013), los tribunales deberán valorar, en el caso concreto, si el ejercicio de la facultad de vencimiento anticipado por parte del acreedor está justificado, en función de la esencialidad de la obligación incumplida, la gravedad del incumplimiento en relación con la cuantía y duración del contrato de préstamo y la posibilidad real del consumidor de evitar esta consecuencia.

Se trata de una interpretación casuística en la que habrá que ver cuántas mensualidades se han dejado de pagar en relación con la vida del contrato y las posibilidades de reacción del consumidor.

Y dentro de dicha interpretación, puede ser un elemento orientativo de primer orden comprobar si se cumplen o no los requisitos del art. 24 de la Ley 5/2019, de 15 de marzo , reguladora de los contratos de crédito inmobiliario (LCCI), puesto que la STJUE de 20 de septiembre de 2018, asunto C-51/2017( OTP Bank Nyrt ) permite que quepa la sustitución de una cláusula abusiva viciada de nulidad por una disposición imperativa de Derecho nacional aprobada con posterioridad (apartados 52 y 53 y conclusión segunda).

Así lo declara también el apartado 62 de la STJUE de 26 de marzo de 2019, aunque con referencia a la normativa anterior:

“62. Pues bien ,tal deterioro de la posición procesal de los consumidores afectados, en caso de recurrirse al procedimiento de ejecución ordinaria en lugar de seguir el cauce del procedimiento especial de ejecución hipotecaria, es pertinente a efectos de apreciar las consecuencias de la anulación de los contratos en cuestión y, según lo declarado en el apartado 59 de la presente sentencia, podría justificar por consiguiente, siempre que exponga a dichos consumidores a consecuencias especialmente perjudiciales, que los órganos jurisdiccionales remitentes sustituyeran las cláusulas abusivas por la versión del citado artículo 693, apartado 2, de la LEC posterior a la celebración de los contratos controvertidos en los litigios principales. No obstante, dado que las características de estos procedimientos de ejecución se enmarcan exclusivamente en la esfera del Derecho nacional, corresponde en exclusiva a los órganos jurisdiccionales remitentes llevar a cabo las comprobaciones y las comparaciones necesarias a tal efecto”.

Además, como se desprende de los apartados 48 y 49 del ATJUE de 3 de julio de 2019 (asunto C-486/16 ), el principio de efectividad del Derecho de la Unión no queda menoscabado porque, conforme al principio de autonomía procesal de los Estados miembros, una demanda de ejecución hipotecaria pueda sustentarse en la nueva redacción de una norma legal de carácter imperativo.

11.- Conforme a todo lo expuesto, procede aplicar las siguientes pautas u orientaciones jurisprudenciales a los procedimientos de ejecución hipotecaria en curso, en los que no se haya producido todavía la entrega de la posesión al adquirente:

  1. Los procesos en que, con anterioridada la entrada en vigor de la Ley 1/2013, se dio por vencido el préstamo por aplicación de una cláusula contractual reputada nula, deberían ser sobreseídos sin más trámite.
  2. Los procesos en que, con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 1/2013, se dio por vencido el préstamo por aplicación de una cláusula contractual reputada nula, y el incumplimiento del deudor no reúna los requisitos de gravedad y proporcionalidad antes expuestos, deberían ser igualmente sobreseídos.
  3. Los procesos referidos en el apartado anterior, en que el incumplimiento del deudor revista la gravedad prevista en la LCCI, podrán continuar su tramitación.

En este blog ya dijimos en un post de 15-9-2015,

La sentencia estima nuestras pretensiones en una de las alegaciones con las que menos estoy de acuerdo. No creo que la cláusula de vencimiento anticipado no pueda integrarse. No es lógico que si un ejecutado deba un % de incumplimiento del total del contrato suficientemente relevante no quepa integrarse a través de un Auto o una Sentencia.

A efectos ilustrativos en todas mis oposiciones de ejecución hipotecaria (incluso antes de entrar en vigor la LCCI) razono -y solo una gran jueza de primera instancia de SC de Tenerife me ha dado la razón-:

En el presente caso, ha sido el impago de cuatro cuotas es lo que ha dado lugar al inicio de la presente ejecución. La suma impagada representa un porcentaje insuficiente para el ejercicio de la facultad de vencer anticipadamente el contrato; por tal motivo, debe declararse la nulidad de la estipulación y, en consecuencia, el sobreseimiento de la ejecución hipotecaria instada al amparo de una cláusula nula en virtud de las condiciones generales de contratación

Mi representada había pagado _____ cuotas de las _______previstas para todo el préstamo.

Mi representada solo incumplió en ______ cuotas hasta que vencieron anticipadamente el préstamo. Es decir:

  • mi mandante había cumplido el 85 % del contrato.
  • Mi mandante solamente incumplió el 3,33 % del contrato. 
Sin embargo, a pesar de haber pagado ______ € del préstamo por importe total de ________ €, e incumplido el 3,33% del contrato, el banco utiliza una cláusula nula como la del vencimiento anticipado contraria al art 693.2 LEC que establece que «podrá reclamarse la totalidad de lo adeudado por capital y por intereses si se hubiese convenido el vencimiento total en caso de falta de pago de, al menos, tres plazos mensuales sin cumplir el deudor su obligación de pago o un número de cuotas tal que suponga que el deudor ha incumplido su obligación por un plazo, al menos, equivalente a tres meses, y este convenio constase en la escritura de constitución y en el asiento respectivo».

En este sentido, además de la jurisprudencia pacifica, la ley 5/2019 de 15 de marzo que regula lo que ya venia siendo la interpretación de los tribunales, establece en su artículo 24:

  • Artículo 24 Vencimiento anticipado
  • En los contratos de préstamo cuyo prestatario, fiador o garante sea una persona física y que estén garantizados mediante hipoteca o por otra garantía real sobre bienes inmuebles de uso residencial o cuya finalidad sea adquirir o conservar derechos de propiedad sobre terrenos o inmuebles construidos o por construir para uso residencial el prestatario perderá el derecho al plazo y se producirá el vencimiento anticipado del contrato si concurren conjuntamente los siguientes requisitos:
  • a) Que el prestatario se encuentre en mora en el pago de una parte del capital del préstamo o de los intereses.
  • b) Que la cuantía de las cuotas vencidas y no satisfechas equivalgan al menos:
  • Al tres por ciento de la cuantía del capital concedido, si la mora se produjera dentro de la primera mitad de la duración del préstamo. Se considerará cumplido este requisito cuando las cuotas vencidas y no satisfechas equivalgan al impago de doce plazos mensuales o un número de cuotas tal que suponga que el deudor ha incumplido su obligación por un plazo al menos equivalente a doce meses.
  • Al siete por ciento de la cuantía del capital concedido, si la mora se produjera dentro de la segunda mitad de la duración del préstamo. Se considerará cumplido este requisito cuando las cuotas vencidas y no satisfechas equivalgan al impago de quince plazos mensuales o un número de cuotas tal que suponga que el deudor ha incumplido su obligación por un plazo al menos equivalente a quince meses.
  • Que el prestamista haya requerido el pago al prestatario concediéndole un plazo de al menos un mes para su cumplimiento y advirtiéndole de que, de no ser atendido, reclamará el reembolso total adeudado del préstamo.
  • Las reglas contenidas en este artículo no admitirán pacto en contrario.

En el presente caso, el incumplimiento en el momento del vencimiento anticipado suponen el 3,33% de contrato, las cuotas vencidas y no satisfechas son cuatro que corresponden a un importe de ________ € muy lejos del 7% del capital concedido que asciende a __________ € y cuyo 7% es _______ €.

Ley de Segunda Oportunidad. Exoneración de crédito público en el plan de pagos.

El corta y pega de hoy es la STS de Pleno de 2-7-2019, sentencia 381/2019, proce 3669/2016 a la que llevo por el tuit de  @mundoedmundo, juez que, a mi juicio tiene una enorme calidad en su TL pero al que, por desgracia, sigue muy poca gente. Cosa que no entiendo.

En fin, pilarín. El corta y pega se adelanta a las masas y, en primicia os ofrecemos esto, que no sale en el cendoj a fecha de hoy.

La movida va así:

  1. Fulanito fue declarado en concurso persona física.
  2. La AEAT tenía créditos.
  3. La AC, después de vender todo, que se acabe el sufrimiento del pobre fulano y termina por insuficiencia de activo.
  4. El concursado pide exoneración del pasivo insatisfecho (ley de segunda oportunidad)
  5. La AEAT dice que nanai de la china que le deben pasta para pagar la nueva campaña electoral y presenta incidente concursal por pasivo insatisfecho.

La Sala confirma la resolución del juez de lo mercantil y de la AP:

Ratifica el criterio flexible del juzgado, que permite, en el trámite de contestación a la demanda, modificar los términos de la solicitud de exoneración del pasivo insatisfecho. Entiende que el deudor lo es de buena fe y que la propuesta de pagos muestra una voluntad real de dar cumplimiento a la misma. Y, respecto del cumplimiento de los requisitos previstos en el art. 178 bis LC y, en concreto, la extensión de la exoneración al crédito público, razona lo siguiente:

«la norma establece dos sistemas de exoneración. La exoneración definitivasi el deudor de buena fe cumple los requisitos del artículo 178 bis 4o de la LC . Y la exoneración provisionalsi no los cumple pero se somete a un plan de pagos.

 

»Para los que cumplen el primer sistema, está prevista la exoneración todo el pasivo (también el público) y de forma definitiva. Aunque es cierto que puede revocarse si durante los cinco años siguientes consta la existencia de ingresos, bienes o derechos del deudor ocultados (ex art 176 bis 7 LC).

 

»Este sistema, está pensado para los que tienen mayor capacidad de pago porque han podido pagar parte o todo de los créditos que se mencionan en el punto 4o.

 

»Resultaría ilógico que a los que tienen menos capacidad de pago, los del apartado 5o, (que tienen que someterse a un Plan de Pagos) dicho plan excluya el crédito público si se dan las condiciones de su normativa para los aplazamientos y en su caso, no se les exonere el crédito público en las condiciones legalmente previstas. A Los deudores incardinables en el párrafo 4 -los que no necesitan el plan de pagos- si se les exonera de parte del crédito público.

 

»Es importante destacar que aunque los créditos públicos no se ven afectados por el acuerdo extrajudicial de pagos y se someten a sus normas específicas en materia de aplazamientos y fraccionamientos, lo cierto es que, declarado el concurso consecutivo, los bienes y derechos del deudor quedan sometidos a las normas del concurso, no tendría sentido que se pagara antes un crédito subordinado de intereses o recargos por créditos públicos que un crédito contra la masa por alimentos a los hijos del deudor, de ahí que el plan de pagos haya de reflejar cómo se van a pagar los créditos no exonerables en esos cinco años, respetando las normas del concurso.

 

[…]

»Por todo lo razonado, la necesaria unidad del proceso concursal especialmente en esta fase, en coherencia con las instituciones previstas como mecanismo de exoneración de pasivo insatisfecho, justifica la inclusión de tales créditos en el plan de pagos».

Responsabilidad del administrador en caso de instrucciones de la Junta General

Época de Juntas Generales, épocas de problemas particulares.

A río revuelto ganancia de pescadores o de abuso de posiciones de mayorías.

El corta y pega de hoy no sale en el CENDOJ (si encontráis enlace ponedlo en comentarios, por favor) pero sí en mi base de datos.

ST de Mercantil 2 Bilbao.

Fecha: 11/10/2018

Tipo resolución: Sentencia Sección: Segunda

Número Sentencia: 286/2018 Número Recurso: 767/2017

Numroj: SJM BI 3952:2018

Ecli: ES:JMBI:2018:3952

La mayoría de los socios ejercen la facultad en la Junta General del art 161 TRLSC:

Salvo disposición contraria de los estatutos, la junta general de las sociedades de capital podrá impartir instrucciones al órgano de administracióno someter a su autorización la adopción por dicho órgano de decisiones o acuerdos sobre determinados asuntos de gestión, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 234.

 

Se monta un pollo, se vienen arriba y presentan una  acción de responsabilidad contra el órgano de administración.

Dice la sentencia:

Al amparo del artículo 161 de la Ley de Sociedades de Capital , se propone comunicar a la arrendataria Funeraria de Vizcaya, S.L. a través de las personas con facultades para ello en la sociedad, dos apoderados mancomunados indistintamente o por el gerente, la voluntad de la mayoría social de dar por vencidos y resueltos sin posibilidad de prórroga la totalidad de los contratos arrendaticios suscritos con la misma.

(…)

 

Dicho acuerdo es aprobado por la mayoría del capital social el 57,5% del capital social, correspondiente a los socios Funeraria San José de Barakaldo S.A. y el Sr. Adriano , con la oposición del resto de los intervinientes.

(…)

 

Tras la aprobación del citado acuerdo, y de la oposición mantenida por el Presidente del Consejo de Administración, el Sr. Teodoro , por la representación en dicha Junta del Sr. Adriano y de Funeraria San José de Barakaldo S.A., el Sr. Fidel se introduce como punto adicional del orden del día, el ejercicio de la acción social de responsabilidad contra los consejeros

(…)

 

  1. b) Resolución de la controversia.

Serán impugnables, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 204 de la LSC, aquellos acuerdos que sean contrarios a la ley, se opongan a los estatutos o al reglamento de la junta de la sociedad o lesionen el interés social en beneficio de uno o varios socios o de terceros. Y establece que “la lesión del interés social se produce cuando el acuerdo, aun no causando daño al patrimonio social, se impone de manera abusiva por la mayoría”, entendiéndose que impone de forma abusiva “cuando, sin responder a una necesidad razonable de la sociedad, se adopta por la mayoría en interés propio y en detrimento injustificado de los demás socios”.

 

A la luz de los propios términos en que quedó establecido el acuerdo impugnado, no puede entenderse como lo hace la parte demandante, que dicho acuerdo excediere de las competencias que la Junta General tiene atribuidas, y que en consecuencia el mismo fuese contrario a la ley y a los estatutos sociales, pues el mismo tiene perfecto encuadre en la competencia que el artículo 161 de la Ley Concursal le atribuye a la Junta General.

 

(…)

 

La lesión que describe la parte demandante, no puede entenderse como tal, pues ha de entenderse que la adopción de dicho acuerdo no lesiona los intereses de la sociedad, y se adopta en beneficio de la misma, y de todos los socios que la integran, no solo de aquellos que votan a favor de dicho acuerdo.

 

 

Otra cuestión es los daños producidos a los acreedores o los daños a terceros pero, como diría el Libro de Michael Ende, esa es otra historia…

Obligación de buscar el tipo y el importe del crédito que mejor se adapten a las necesidades del consumidor. TJUE

En el corta y pega de hoy viajamos a la vieja europa que es lo más moderno que existe para el consumidor y usuario a pesar de la tendencia a la autodestrucción de este supraestado padre y vigilante; lo que en ciertos países llaman GUACHIMAN (hombre que mira)

La STJU de 6 de junio de 2019, ECLI:EU:C:2019:467, asunto C-58/18, dice:

El derecho nacional del asunto imponeal prestamistarenunciar a celebrar el contrato de créditoen caso de que no pueda considerar razonablementeque el consumidor, teniendo en cuenta su situación económica y personal, estará en condiciones de devolver el crédito conforme al contrato, no puede contravenir el objetivo del artículo 8, apartado 1, de la Directiva 2008/48 ni poner en entredicho la responsabilidad de principio del consumidor de velar por sus propios intereses

Ese concepto jurídico indeterminado: razonablemente, es lo más para tumbar imperios.

El asunto va así:

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 5, apartado 6, de la Directiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008, relativa a los contratos de crédito al consumo y por la que se deroga la Directiva 87/102/CEE del Consejo (DO 2008, L 133, p. 66; corrección de errores en DO 2009, L 207, p. 14; DO 2010, L 199, p. 40; DO 2011, L 234, p. 46, y DO 2015, L 36, p. 15).

El artículo 5 de esta Directiva, titulado «Información precontractual», dispone lo siguiente en su apartado 6:

«Los Estados miembros velarán por que los prestamistas y, cuando proceda, los intermediarios de crédito faciliten al consumidor las explicaciones adecuadas para que este pueda evaluar si el contrato de crédito propuesto se ajusta a sus necesidades y a su situación financiera, si fuera preciso explicando la información precontractual que se facilitará conforme a lo dispuesto en el apartado 1, las características esenciales de los productos propuestos y los efectos específicos que pueden tener sobre el consumidor, incluidas las consecuencias en caso de impago por parte del consumidor. Los Estados miembros podrán adaptar el modo de prestación de esta asistencia y su alcance, así como la identidad de la parte que se hará cargo de ella, a las circunstancias particulares de la situación en que se ofrece el contrato de crédito, la persona a quien se ofrece y el tipo de crédito ofrecido.»

El artículo 8 de dicha Directiva, titulado «Obligación de evaluar la solvencia del consumidor», establece en su apartado 1:

«Los Estados miembros velarán por que, antes de que se celebre el contrato de crédito, el prestamista evalúe la solvencia del consumidor, sobre la base de una información suficiente, facilitada en su caso por el consumidor y, cuando proceda, basándose en la consulta de la base de datos pertinente. Los Estados miembros cuya legislación exija que los prestamistas evalúen la solvencia del consumidor sobre la base de una consulta de la base de datos pertinente deben poder mantener esta obligación.»

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Primera) declara:

El artículo 5, apartado 6, de la Directiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008, relativa a los contratos de crédito al consumo y por la que se deroga la Directiva 87/102/CEE del Consejo, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa nacional como la controvertida en el litigio principal, que impone a los prestamistas o a los intermediarios de crédito la obligación de buscar, entre los contratos de crédito que ofrecen habitualmente, el tipo y el importe del crédito que mejor se adapten a las necesidades del consumidor, teniendo en cuenta la situación económica de este en la fecha de la celebración del contrato y la finalidad del crédito. 

 El artículo 5, apartado 6, y el artículo 8, apartado 1, de la Directiva 2008/48 deben interpretarse en el sentido de queno se oponen auna normativa nacional como la controvertida en el litigio principal, que obliga al prestamista a renunciar a celebrar el contrato de crédito si no puede estimar razonablemente, al término del examen de la solvencia del consumidor,que este estará en condiciones de cumplir las obligaciones derivadas del contrato previsto.

 

Yo he visto demandas con base en el  derecho fundamental a la igualdad por no otorgar prestamos a consumidores porque la solvencia no era la esperada. Esto es lo que me parece un filón para los pleitos de derecho de consumo:

Los Estados miembros velarán por que, antes de que se celebre el contrato de crédito, el prestamista evalúe la solvencia del consumidor, sobre la base de una información suficiente, facilitada en su caso por el consumidor y, cuando proceda, basándose en la consulta de la base de datos pertinente.

¿Quién tendrá la carga de la prueba de que se ha evaluado la solvencia y, ante la duda de la información otorgada al consumidor, ha consultado?

 

 

 

LA ACREDITACIÓN DEL INTERÉS NORMAL DEL DINERO PARA EL REVOLVING

LA ACREDITACIÓN DEL INTERÉS NORMAL DEL DINERO PARA EL REVOLVING

El tema de revolving los hemos tratado AQUÍ, AQUÍ y AQUÍ.

Hoy traemos otra arista más de este complejo mundo.

1.- Hay que acreditar el interés anormal del dinero en contra del consumidor.

Recordamos el art 319.3 LEC  y el comentario que hicimos en uno de los post citados. indica que:

“En materia de usura, los tribunales resolverán en cada caso formando libremente su convicción sin vinculación a lo establecido en el apartado primero de este artículo”.

El precepto, trasunto del derogado art. 2 de la Ley de 23 de julio de 1908 , de nulidad de los contratos de préstamos usurarios (en adelante, Ley de Usura), se fundamenta en la naturaleza propia de la usura, en muchos casos clandestina, y, por tanto, difícil de detectar.

Por ello, sujetar al juzgador a la interpretación taxativa general de los documentos notariales, supondría dificultar, cuando no impedir, la exacta averiguación de los elementos que configuran la usura.

2.- Pero esto no quiere decir que el art. 319.3 LEC imponga una regla de la carga de la prueba que favorece al prestatario. Lo que establece dicho precepto es que, en materia de usura, los documentos públicos dotados de mayor fuerza probatoria en el párrafo primero del artículo no escapan a la posibilidad de ser desvirtuados por otros medios probatorios,y ello precisamente para proteger a los que hayan podido ser víctimas de contratos usurarios documentados públicamente. En palabras de la sentencia de esta sala 135/2003, de 21 de febrero (referidas al derogado art. 2 de la Ley de Usura ), se trata de una norma “que atribuía a los tribunales amplísimas facultades de apreciación probatoria” (en el mismo sentido, sentencias 268/1997, de 31 de marzo , y 753/2001, de 12 de julio ).

En definitiva, se posibilita a los tribunales que formen una convicción por el conjunto de las pruebas practicadas, sin verse sujetos a la relativa prevalencia probatoria que se concede a la documental pública

2.- Los medios de prueba más habituales del consumidor:

  1. Impresión de tabla de interés de consumo buscada de internet que omite las tablas TEDR (a veces del banco de España a veces no).
  2. Remisión a la STS de Pleno de 2015.

3.- Los medios de prueba más habituales de los bancos

  1. Tablas TEDR del Banco de España
  2. Informes de ASNEF sobre el interés normal del dinero en operaciones de la misma naturaleza: tarjetas de crédito con pago aplazado.

4.- Yo veo otro medio de prueba más potente aunque quizás más arriesgado si no se explica bien: LAS SENTENCIAS QUE DAN LA RAZÓN AL CONSUMIDOR. Me explico:

La cuestión jurídico-conceptual anuda con la cuestión procesal con muchísima fuerza en este tema. El banco debe acreditar que el interés normal del dinero para ese tipo de operación es el pactado en el contrato.

¿Cómo lo puede hacer cuando los juzgadores eligen comparar las revolving con las tarjetas de crédito “normales” o con los préstamos a consumo finalistas? ¿Cómo lo puede hacer si donde el Banco de España establece una diferencia cierta parte de la jurisprudencia menor no la acepta?

Mi teoría:

El consumidor dice que decenas de sentencias que declaran nulo el contrato porque el interés es usurario porque alrededor del 20% del TAE (para otro post será distinguir TAE; TIN e Interés). Para acreditar que todos los juzgados e incluso el pleno del TS considera abusivo el 20% elabora un listado de sentencias que le dan la razón.

A sensu contrario, ese listado de sentencias implica que diferentes juzgados han conocido asuntos individuales, de contratos de financieras diferentes, de años diferentes y todos con un TAE de alrededor del 20%.

Es decir, ¿Si el BdE hace una diferenciación de este tipo de producto financiero estableciendo en las tablas TEDR un % de alrededor del 20%? ¿Si todas las sentencias que aporta el consumidor conocen de contratos con un TAE del 20%?  ¿Qué pasa aquí?

CONCLUSIÓN:  Lo normal es que alguien acabe entendiendo que el precio medio del dinero comparado con los  TAE para este tipo de productos de tarjeta de crédito con precio aplazado sea alrededor del 20% -que es lo que dice el Banco de España que es-.

DAÑOS Y PERJUICIOS POR RETRASO EN LA ENTREGA DEL EQUIPAJE.

DAÑOS Y PERJUICIOS POR RETRASO EN LA ENTREGA DEL EQUIPAJE.

Esto iba YO –momento egocentrista- a un torneo deportivo infantil con Luisito (que viene siendo mi hijo) allende de los mares (vivo en Tenerife así que cualquier cosa es allende) cuando una compañía aérea, VUELING, perdió el equipaje deportivo de mi hijo.

Quizás de ser otra cosa no hubiera mencionado al compañía pero los 24 minutos de reloj que esperé para ser atendido por su centralita, después de múltiples intentos de 5-10 minutos, hicieron del tema un asunto más que personal. Lo remató  la contestación de su servicio de información que fue no informar, ni explicar, ni ser claro sobre cuando entregarían el material.

Bueno, he aquí que estamos el día de un torneo internacional, sin material deportivo y me veo en la obligación de comprar uno nuevo porque no sabíamos si iba a llegar o no y no había posibilidad de alquilarlo.

El material llegó dos días después de finalizar el evento.

Yo –otra vez yo- presento demanda contra la compañía no por el retraso en la entrega de material sino en los daños y perjuicios causados que se concretan en tener que comprar el material deportivo al niño.

Hoy me notifican sentencia estimatoria con costas (que bueno soy como abogado – a veces-)

La sentencia es una maravilla.  No porque me de la razón sino por lo bien explicada y estructurada que está. Después de analizar la normativa aplicable, la mención de sentencias del TJUE y alguna de AP, concreta  el asunto:

Por lo tanto, en modo alguno se puede superar el límite máximo previsto en el Convenio. Ahora bien, la cuantía indemnizatoria procedente, si bien no puede superar el límite, sí que puede determinarse con arreglo a los perjuicios efectivamente sufridos, siempre que estos estén acreditados.

Sentado lo anterior, el límite máximo establecido por el Convenio equivale a 1.131 DEG, o lo que es lo mismo, 1.396,69 euros. En el caso de autos, no se reclama esa cantidad, sino exclusivamente _______ euros.  (fui prudente, solo pedí lo que me costó sustituir el material, la avaricia rompe el saco)

La entidad VUELING se opone a tal cuantificación ofreciendo exclusivamente 100 euros al entender que la parte actora recibió la maleta con tan solo 3 días de retraso, por lo que considera que la actora no puede reclamar como si nunca hubiese recibido la maleta.

El razonamiento de VUELING no se comparte, dado que el actor ha acreditado una serie de desembolsos que no hubiera realizado para el caso de que la demandada hubiera verificado oportunamente su obligación de entregar la maleta a tiempo. Como se ha visto, la necesidad de contar con el equipamiento era esencial, pues el hijo del actor participaba en un campeonato ____, que se celebró antes de que VUELING cumpliera con su obligación. Sin dicho equipamiento se hubiera frustrado el viaje realizado y las expectativas del menor. Además, existen desperfectos en el equipaje del actor, que igualmente deben ser resarcidos.

Se trata de auténticos perjuicios, pues son desembolsos provocados por el cumplimiento defectuoso de la entidad demandada. Estos perjuicios son en realidad daños que deben ser resarcidos, al estar oportunamente acreditados, estimarse proporcionados y también razonables.

Diferencia la sentencia, acertadamente, que una cosa es la indemnización con los derechos de Giro por retrasos/cancelaciones etc  y otra cosa es por daños y perjuicios causados que tendrán su límite, en ambos casos, en límite máximo establecido en el convenio de Montreal.

 

Muchas gracias a todos aquellos que nos animasteis en aquellas fechas, con mención especial a los hermanos Diéguez, que me enviaron documentación de asuntos sobre el tema -que no usé porque soy abogado Topérrimo y porque venía el texto en comic sans- (nooooo, son fake news, algo se usó).

Referencia: ST Mercantil 1 SC de Tenerife.

JV 768/2018 de 6 de mayo de 2019.

Conclusión:

  1. Presentar siempre el parte de incidencia PIR con resguardo de la tarjeta de embarque (importantísimo ambos).
  2. Guardar facturas y recibos de todo.
  3. ¿Contratar a los Diéguez como abogados? …. Noooooooo. Contratadme a mi que tengo que pagarle la educación a Luisito.

Tarjetas de crédito de pago aplazado “revolving”, buena fe y derecho de desistimiento del consumidor.

Es la nueva moda, el nuevo nicho de mercado.

Reclamar la nulidad de los contratos de  tarjetas de crédito de precio aplazado -“revolving”- basándose en la nulidad del contrato, ex Ley Azcárate.

Para la aplicación de la Ley Azcárate, el actor debe acreditar:

  • su situación angustiosa, inexperiencia o limitado de sus facultades mentales.
  • Que se estipule un interés notablemente superior al del dinero y manifiestamente desproporcionado.

Sobre el interés normal del dinero lo hemos tratado AQUÍ y defiendo que los bancos tienen razón jurídica.

¿Sólo eso? NO.

Los derechos deben ejercitarse conforme a la buena fe. ¿La fe es aquello que nos decían del diligente padre de familia?

¿Sólo eso? NO

La realidad de las cosas es que particulares con más de quince/viente años de uso de revolving se vienen a dar cuenta ahora que celebraron un contrato donde la entidad bancaria no les entregó el contrato y eso les genera indefensión

En otros casos, son particulares que formalizaron el contrato con la vigencia del TRLDCU y no antes.

¿Sólo eso? NO

El particular se olvida que, conforme al TRLDCU el Artículo 68 Contenido y régimen del derecho de desistimiento

1. El derecho de desistimiento de un contrato es la facultad del consumidor y usuario de dejar sin efecto el contrato celebrado, notificándoselo así a la otra parte contratante en el plazo establecido para el ejercicio de ese derecho, sin necesidad de justificar su decisión y sin penalización de ninguna clase.

Serán nulas de pleno de derecho las cláusulas que impongan al consumidor y usuario una penalización por el ejercicio de su derecho de desistimiento.

2. El consumidor tendrá derecho a desistir del contrato en los supuestos previstos legal o reglamentariamente y cuando así se le reconozca en la oferta, promoción publicidad o en el propio contrato.

3. El derecho de desistimiento atribuido legalmente al consumidor y usuario se regirá en primer término por las disposiciones legales que lo establezcan en cada caso y en su defecto por lo dispuesto en este Título.

¿Sólo eso? NO

Las demandas que he podido leer piden la nulidad por falta de control de transparencia porque no entendían lo que habían firmado.

Conclusiones.

  1. Este tipo de contratos, cuando afectan a un consumidor, tienen una legislación especial aplicable en relación al TRLDCU en paralelo a la Ley Hipotecaria que es donde parecen inspirarse.
  2. En contra de la práctica sobre los contratos de préstamo con garantía hipotecaria, este tipo de contratos, existe la posibilidad de derechos de desistimiento.
  3. Este derecho de desistimiento en relación con la buena fe opera, en palabras de JOAQUIN JOSÉ NOVAL LAMAS, “como un seguro del consumidor frente al riesgo de averiguar tras la entrega que el producto o servicio no vale realmente el precio que se ha pagado”. Es decir, un elemento de evitar el “engaño” o “la compra en caliente”.
  4. En mi opinión, es de compleja justificación, que un diligente padre de familia que obre con buena fe adquiera un servicio financiero, llegue a casa, lea con más tranquilidad el contrato y, si no lo entiende porque no es “transparente” no ejercite este derecho de desistimiento.

En palabras de mi padre y de mi abuela: nadie da duros a cuatro pesetas y si no entiendes algo no lo firmes.

PD.- Recomiendo el libro de NOVAL LAMAS, AQUí.

Inasistencia de partes a la vista en Verbal. Persona jurídica cuando no se pide por anticipado.

Hoy no hago corta y pega. OHHHHHH, gritan de dolor las masas enfurecidas.

Hoy planteo interactividad del lector y así me ahorro, en caso de que me den palos, la búsqueda de jurisprudencia.

Hoy voy a una vista donde reclaman a un cliente, persona jurídica,unas supuestas rentas –que no debe- y me lo plantearon como un verbal por reclamación de cantidad por especialidad de rentas debidas.

En la oposición planteo que es una cuestión compleja porque el actor da por supuesto que el importe de la renta es el que él dice y yo digo que no.

Nos dan traslado de DO:

En cumplimiento de lo dispuesto en el Art 438 de la LEC y solicitada por ambas partes en sus escritos, acuerdo señalar la celebración del juicio, para el día 2 de abril de 2019, a las 12:00h, con las advertencias y prevencioneslegales contenidas en los artículos 440 y siguientesde la L.E.C., estos son:

 1.- Se informa a las partes de la posibilidad de recurrir a una negociación para intentar solucionar el conflicto, incluido el recurso a una mediación, en cuyo caso éstas indicarán en la vista su decisión al respecto y las razones de la misma.

 2.- No se suspenderá por inasistencia del demandado y se advertirá a los litigantes que han de concurrir con los medios de prueba de que intenten valerse, con la prevención de que si no asistieren y se propusiere y admitiere su declaración,podrán considerarse admitidos los hechosdel interrogatorio conforme a lo dispuesto en el artículo 304. Asimismo, se previeneal demandante y demandado de lo dispuesto en el artículo 442, para el caso de que no comparecieren a la vista.

 3.- En el plazo de los cinco díassiguientes a la notificación de la presente resolución, deben indicar las personas que, por no poderlas presentar ellas mismas, han de ser citadas por el secretario judicial a la vistapara que declaren en calidad de parte, testigos o peritos. A tal fin, facilitarán todos los datos y circunstancias precisos para llevar a cabo la citación. En el mismo plazo de cinco días podrán las partes pedir respuestas escritas a cargo de personas jurídicas o entidades públicas, por los trámites establecidos en el artículo 381.

¿Qué hago? Pedir vista y solicitar que acuda la actora porque voy a solicitar su declaración.

Ahora viene el turrón:

El actor pide interrogatorio de parte y yo digo que no está, que no se indicó que su declaración no se pidió.

He aquí que SSª entiende que el representante de la persona jurídica debía estar presente y tras un arduo debate jurídico, la brillante pero no convincente posición de SSª se impone con una desestimación de un recurso de reposición y un resignado protesto a efecto de apelación.

NOTA: yo estoy apoderado por todas las personas jurídicas que llevo como representante en el poder a pleitos para evitar estas gracietas.

 

¿Qué dicen esos artículos?

Artículo 304. Incomparecencia y admisión tácita de los hechos.

Si la parte citada para el interrogatorio no compareciere al juicio, el tribunal podrá considerar reconocidos los hechos en que dicha parte hubiese intervenidopersonalmentey cuya fijación como ciertos le sea enteramente perjudicial, además de imponerle la multa a que se refiere el apartado cuarto del artículo 292 de la presente Ley.

 En la citación se apercibirá al interesado que, en caso de incomparecencia injustificada, se producirá el efecto señalado en el párrafo anterior.

Artículo 301. Concepto y sujetos del interrogatorio de las partes.

  1. Cada parte podrá solicitar del tribunal el interrogatorio de las demás sobre hechos y circunstancias de los que tengan noticia y que guarden relación con el objeto del juicio. Un colitigante podrá solicitar el interrogatorio de otro colitigante siempre y cuando exista en el proceso oposición o conflicto de intereses entre ambos.
  2. Cuando la parte legitimada, actuante en el juicio, no sea el sujeto de la relación jurídica controvertida o el titular del derecho en cuya virtud se acciona, se podrá solicitar el interrogatorio de dicho sujeto o titular.

 Artículo 309. Interrogatorio de persona jurídica o de entidad sin personalidad jurídica.

Cuando la parte declarante sea una persona jurídica o ente sin personalidad, y su representante en juicio no hubiera intervenido en los hechos controvertidosen el proceso, habrá de alegar tal circunstancia en la audiencia previa al juicio, y deberá facilitar la identidad de la persona que intervinoen nombre de la persona jurídica o entidad interrogada, para que sea citada al juicio.

Artículo 440. Citación para la vista.

 En la citación se hará constar que la vista no se suspenderá por inasistenciadel demandado y se advertirá a los litigantes que han de concurrir con los medios de prueba de que intenten valerse, con la prevención de que si no asistieren y se propusiere y admitiere su declaración, podrán considerarse admitidos los hechos del interrogatorio conforme a lo dispuesto en el artículo 304.Asimismo, se prevendrá al demandante y demandado de lo dispuesto en el artículo 442, para el caso de que no comparecieren a la vista.

La citación indicará también a las partes que, en el plazo de los cinco días siguientes a la recepción de la citación, deben indicar las personas que, por no poderlas presentar ellas mismas, han de ser citadas por el Letrado de la Administración de Justicia a la vista para que declaren en calidad de parte, testigos o peritos.A tal fin, facilitarán todos los datos y circunstancias precisos para llevar a cabo la citación. En el mismo plazo de cinco días podrán las partes pedir respuestas escritas a cargo de personas jurídicaso entidades públicas, por los trámites establecidos en el artículo 381.

Artículo 442. Inasistencia de las partes a la vista.

  1. Si el demandante no asistiese a la vista, y el demandado no alegare interés legítimo en la continuación del proceso para que se dicte sentencia sobre el fondo, se tendrá en el acto por desistido a aquél de la demanda, se le impondrán las costas causadas y se le condenará a indemnizar al demandado comparecido, si éste lo solicitare y acreditare los daños y perjuicios sufridos.

 Artículo 381. Respuestas escritas a cargo de personas jurídicas y entidades públicas.

  1. Cuando, sobre hechos relevantes para el proceso, sea pertinente que informen personas jurídicasy entidades públicas en cuanto tales, por referirse esos hechos a su actividad, sin que quepa o sea necesario individualizar en personas físicas determinadas el conocimiento de lo que para el proceso interese, la parte a quien convenga esta prueba podrá proponer que la persona jurídica o entidad, a requerimiento del tribunal, responda por escrito sobre los hechos en los diez días anteriores al juicio o a la vista.
  2. En la proposición de prueba a que se refiere el apartado anterior se expresarán con precisión los extremos sobre los que ha de versar la declaración o informe escrito. Las demás partes podrán alegar lo que consideren conveniente y, en concreto, si desean que se adicionen otros extremos a la petición de declaración escrita o se rectifiquen o complementen los que hubiere expresado el proponente de la prueba.

 

Pues bien, la exposición de motivos de la Ley 42/2015 de 5 de octubre que reforma la LEC dice:

Entre las modificaciones operadas debe destacarse la introducción de la contestación escrita, que deberá presentarse en el plazo de diez días, la mitad del establecido para el procedimiento ordinario, generalizando con ello la previsión que ya se recogía para determinados procedimientos especiales, lo que ha comportado la adecuación de todos los preceptos relacionados con el trámite del juicio verbal y de los procesos cuya regulación se remite al mismo, incluida la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje. Igual relevancia debe atribuirse a la regulación, en aquellos supuestos en que resulte procedente, del trámite de conclusiones en el juicio verbal, así como del régimen de recursos de las resoluciones sobre prueba. Del mismo modo, siempre que el tribunal lo considere pertinente, se otorga a las partes la posibilidad de renunciar a la celebración del trámite de vista y se exige que se anuncie con antelación la proposición de la prueba del interrogatorio de la parte.

 

Dirá el amable lector: Luis tiene razón hay que avisar la proposición de prueba del interrogatorio de parte con antelación… creo que sí. Por los siguientes motivos:

  1. Lo dice expresamente la exposición de motivos. Es decir, si hay una duda de interpretación en la aplicación de la norma y la exposición de motivos te orienta de cómo el legislador quiere que se aplique pues igual está bien hacerle caso.

  2. El art 440. 1 dice los efectos de no acudir a la vista es que no se suspenderá y se podrán (potestativo) considerar admitidos los hechos del interrogatorio. No discutimos los efectos de no asistir, sin perjuicio de los matices que expondré.

  3. El art 440.1 nos explica como se debe citar a la parte –que menciona expresamente diferenciándola de testigo y perito-. La parte que no pueda presentarla ella misma. ¿Qué entiendo que quiere decir? Hombre, pues yo a mi parte la puedo traer a la vista voluntariamente, deberá ser el contrario quien me la cite expresamente. Pues dice: que facilitar los datos para la citación: el domicilio que consta en la demanda o través de su procurador, puesto que es como si notificase personalmente. Solución práctica. Solicito la vista y quiero que venga la parte contraria para interrogatorio, sin perjuicio de su admisión en el momento de la vista.

  4. ¿Por qué llego a esta conclusión de la citación por escrito? Porque lo dice expresamente la exposición de motivos.

BONUS TRACK: MI VISTA.

Yo era persona jurídica, el Dte pidió interrogatorio de representante procesal. No han pedido interrogatorio de representante legal, ni de persona que conociera del asunto, ni respuestas escritas, ni art 381 ni gaitas.  Y aun así me han dicho que no tenía razón en mis alegaciones y me he venido con un disgusto para casa.

El TC y los consumidores bancarios. Relación de AMOR CONSTITUCIONAL

El TC y los consumidores bancarios. Relación de AMOR CONSTITUCIONAL

Llega a mis manos la STC 31/2019 de 28 de febrero, para hacer un corta y pega.

En el escrito presentado por la recurrente el 29 de mayo de 2017, obrante en las actuaciones, se solicitaba la nulidad, ex artículo 227.2 LEC, de la cláusula de vencimiento anticipado contenida en la cláusula sexta bis del contrato de préstamo hipotecario y, subsidiariamente, la suspensión de la ejecución en curso. Se ponían de manifiesto “hechos nuevos jurídicamente relevantes” para entender necesaria la prosecución del procedimiento en virtud del artículo 564 LEC. En concreto, se hacía referencia a la STJUE de 26 de enero de 2017, asunto Banco Primus, S.A. y Jesús Gutiérrez García, C-421/14, así como al auto de 8 de febrero de 2017, por el que la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo había planteado cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia preguntando acerca de la citada cláusula.

En el escrito se hace referencia a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, principalmente la derivada de su Sentencia de 26 de enero de 2017 (C-421/14, asunto Banco Primus, S.A. v. Jesús Gutiérrez García), a la que dedica la alegación cuarta, para interesar la declaración de nulidad de la citada cláusula —cláusula sexta bis de la escritura de préstamo hipotecario—, y, subsidiariamente, dado que no ha sido lanzada de la vivienda que ocupa, la suspensión del proceso hasta que por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se resuelva la cuestión prejudicial suscitada por la Sala Primera del Tribunal Supremo por auto de 8 de febrero de 2017. Sobre la petición de suspensión, pone de manifiesto cómo, en la práctica, el planteamiento de la cuestión prejudicial ha supuesto la paralización de los procesos hipotecarios pendientes, y cómo, por acuerdo no jurisdiccional de la Audiencia Provincial de Madrid, se han paralizado todos aquellos en los que, no habiendo sido archivados, exista una vinculación con la cláusula de vencimiento anticipado. Se añade que “al tratarse de una cláusula nula, su impugnación, con arreglo a la doctrina general, no está sujeta a plazo, ni puede aducirse que se pudo invocar antes”, señalando al respecto que la acción de nulidad es imprescriptible, como así lo afirma la jurisprudencia constitucional.

En los FD dice el TC

Doctrina constitucional. Resuelto el óbice procesal, procede entrar en el examen de la cuestión de fondo. Para ello es necesario comenzar remitiéndonos a lo dicho en la STC 232/2015, de 5 de noviembre.

En la citada sentencia de Pleno se afirmó, con los argumentos allí expuestos, a los que nos remitimos, que: (i) a este Tribunal “corresponde […] velar por el respeto del principio de primacía del Derecho de la Unión cuando […] exista una interpretación auténtica efectuada por el propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea” [FJ 5 c)], (ii) el desconocimiento y preterición de una norma de Derecho de la Unión, tal y como ha sido interpretada por el Tribunal de Justicia, “puede suponer una ‘selección irrazonable y arbitraria de una norma aplicable al proceso’, lo cual puede dar lugar a una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (STC 145/2012, de 2 de julio, FFJJ 5 y 6)” [FJ 5 c)], y (iii) prescindir por “propia, autónoma y exclusiva decisión” del órgano judicial, de la interpretación de un precepto de una norma europea impuesta y señalada por el órgano competente para hacerlo con carácter vinculante, es decir el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, vulnera el principio de primacía del Derecho de la Unión Europea [FJ 6 b)].

Expuesto lo anterior, el Pleno resalta, en su fundamento jurídico 6, la “importancia capital” que tienen dos circunstancias del caso que le llevaron a considerar que se había producido una lesión del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) en aquel asunto: (i) la existencia de un pronunciamiento del Tribunal de Justicia previo a la deliberación y fallo del procedimiento en el que se estima incumplida la interpretación auténtica de una norma de Derecho de la Unión efectuada por el citado Tribunal , y (ii) que esa jurisprudencia europea había sido introducida y formaba parte del objeto del debate.

El FD 7 recoge:

Pues bien, a la luz de lo expuesto, el órgano judicial debió admitir el incidente y conocer de la posible abusividad de la cláusula en atención a lo dispuesto en la sentencia Banco Primus, o, de haber considerado que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se mostraba incompleta o no resolvía en su totalidad la cuestión planteada, o tenía dudas sobre su aplicación a la resolución del litigio por ser la norma enjuiciada la disposición transitoria cuarta de la Ley 1/2013 y no el artículo 556.1 LEC, plantear la cuestión prejudicial ante al Tribunal de Justicia, al ser el competente para resolver sobre la aplicabilidad del Derecho de la Unión. Sin embargo, ni admitió el incidente ni tampoco planteó cuestión prejudicial al apreciar que no concurrían los requisitos del artículo 267 TFUE.

Respecto al primer requisito, es decir, a la pendencia del asunto, basta subrayar que la propia STJUE de 26 de enero de 2017 afirmó, en relación con las dudas de admisibilidad presentadas a las cuestiones prejudiciales, que “a la luz de la legislación nacional presentada por el órgano jurisdiccional remitente, el procedimiento de ejecución hipotecaria en cuestión no ha concluido y continúa hasta que el inmueble se ponga en posesión del adquirente, tal como confirmó el Gobierno español en sus observaciones escritas” (apartado 32), añadiendo que “la disposición transitoria cuarta de la Ley 1/2013 establece que dicha disposición es aplicable ‘a todo procedimiento ejecutivo que no haya culminado con la puesta en posesión del inmueble al adquirente’” (apartado 32). Por su parte, en lo que atañe al requisito de la firmeza de la resolución, es decir que esta no sea susceptible de recurso posterior, igualmente hay que afirmar que en el asunto que estamos valorando, la resolución era firme, y prueba de ello es que la providencia impugnada instruía expresamente acerca de que no era susceptible de recurso alguno por ser el incidente de nulidad indebido y extemporáneo (art. 228.1 LEC). El hecho de que, como se advierte en la providencia, existiera pendiente una cuestión prejudicial planteada por la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, mediante auto de 8 de febrero de 2017, no permite llegar a una interpretación distinta, pues ha de tenerse en consideración que dicha cuestión prejudicial se ha planteado por cuestiones relacionadas con la valoración del carácter abusivo de la cláusula de vencimiento anticipado y no sobre la posibilidad de su control tras haberse dictado resolución firme, que era sobre lo que se debía haber decidido tras el planteamiento del incidente de nulidad.

Conclusión. En definitiva, el Juzgado de Primera Instancia núm. 32 de Madrid, al no atenerse a la interpretación de la Directiva 93/13 que había sido realizada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la sentencia de 26 de enero de 2017, no haber entrado a analizar la posible nulidad de la cláusula contractual de vencimiento anticipado objeto del incidente de nulidad, ni haber planteado cuestión prejudicial de haberse encontrado en alguno de los supuestos ya descritos en el fundamento jurídico séptimo de esta sentencia:

  • infringió el citado principio de primacía del Derecho de la Unión al prescindir por su propia, autónoma y exclusiva decisión, de la interpretación impuesta y señalada por el órgano competente para hacerlo con carácter vinculante:;
  • incurrió, por ello, en una interpretación irrazonable y arbitraria de una norma aplicada al proceso y
  • consiguientemente, vulneró, de este modo, el derecho a la tutela judicial efectiva de la recurrente (art. 24.1 CE).

Por ello es procedente el otorgamiento del amparo, con declaración de la nulidad de la resolución que lo ha vulnerado y retroacción de las actuaciones al momento procesal oportuno a fin de que el órgano judicial, con plenitud de jurisdicción, dicte una nueva resolución respetuosa con el derecho fundamental reconocido.

Intereses moratorios y Ley de Represión de la usura.

Corta y pega de la STS 700/2019, de 5-3-2019, rec 1582/2016, ECLI: ES:TS:2019:700

Movidón con un banco. Pobre particular que no sabe lo que firma.

De esta sentencia me quedo con los siguiente:

1.- El art. 319.3 LEC indica que:

“En materia de usura, los tribunales resolverán en cada caso formando libremente su convicción sin vinculación a lo establecido en el apartado primero de este artículo”.

El precepto, trasunto del derogado art. 2 de la Ley de 23 de julio de 1908 , de nulidad de los contratos de préstamos usurarios (en adelante, Ley de Usura), se fundamenta en la naturaleza propia de la usura, en muchos casos clandestina, y, por tanto, difícil de detectar.

Por ello, sujetar al juzgador a la interpretación taxativa general de los documentos notariales, supondría dificultar, cuando no impedir, la exacta averiguación de los elementos que configuran la usura.

2.- Pero esto no quiere decir que el art. 319.3 LEC imponga una regla de la carga de la prueba que favorece al prestatario. Lo que establece dicho precepto es que, en materia de usura, los documentos públicos dotados de mayor fuerza probatoria en el párrafo primero del artículo no escapan a la posibilidad de ser desvirtuados por otros medios probatorios, y ello precisamente para proteger a los que hayan podido ser víctimas de contratos usurarios documentados públicamente. En palabras de la sentencia de esta sala 135/2003, de 21 de febrero (referidas al derogado art. 2 de la Ley de Usura ), se trata de una norma “que atribuía a los tribunales amplísimas facultades de apreciación probatoria” (en el mismo sentido, sentencias 268/1997, de 31 de marzo , y 753/2001, de 12 de julio ).

En definitiva, se posibilita a los tribunales que formen una convicción por el conjunto de las pruebas practicadas, sin verse sujetos a la relativa prevalencia probatoria que se concede a la documental pública

CUARTO.- Primer motivo de casación. Aplicación de la Ley de Usura a los intereses moratorios Planteamiento :

Decisión de la Sala :

1.- Como regla general, la jurisprudencia de esta sala, representada, verbigracia, por las sentencias 869/2001, de 2 de octubre ; 430/2009, de 4 de junio ; y 709/2011, de 26 de octubre , considera que, dada la distinta naturaleza de los intereses remuneratorios y los moratorios, a éstos últimos no se les debe aplicar la Ley de Usura, pues cuando en ella se habla de intereses se hace referencia a los retributivos, ya que hay que contar con el carácter bilateral de la obligación y la equitativa equivalencia de las prestaciones de los sujetos de una relación jurídica que es bilateral, onerosa y conmutativa, en la que el interés remuneratorio es el precio del préstamo ( sentencia 44/2019, de 23 de enero ). Mientras que los intereses moratorios sancionan un incumplimiento del deudor jurídicamente censurable, y su aplicación tanto sirve para reparar, sin la complicación de una prueba exhaustiva y completa, el daño que el acreedor ha recibido, como para constituir un estímulo que impulse al deudor al cumplimiento voluntario, ante la gravedad del perjuicio que le producirían el impago o la mora.

.- No obstante, en algún caso ( sentencias 422/2002, de 7 de mayo , y 677/2014, de 2 de diciembre ), también se han reputado usurarios los intereses moratorios, pero no aisladamente considerados, sino como un dato más entre un conjunto de circunstancias que conducen a calificar como usurario el contrato de préstamo en sí: la simulación de la cantidad entregada, el plazo de devolución del préstamo, el anticipo del pago de los intereses remuneratorios, el tipo de tales intereses remuneratorios, etc.

QUINTO.- Condición de consumidor

Decisión de la Sala :
1.- Aunque no se aclara en el motivo, ni tampoco se aclaró en el acto de la vista, parece que se pretende la declaración de abusividad de la cláusula de intereses moratorios.

Pues bien, en el mejor de los casos para la parte recurrente, es decir, que se considerase que el préstamo litigioso fue una operación de consumo, y que se determinara que el interés moratorio es abusivo, la consecuencia no sería nunca la nulidad del contrato, como se postula en la demanda, sino solamente la nulidad de la cláusula en cuestión.

 

RESUMEN

  1. Los pleitos no se ganan porque sí sino porque se acredita a través de la carga de la prueba los hechos alegados y su aplicación en derecho. El prestatario no gana solo con presentarse al partido.
  2. A los intereses moratorios no se les debe aplicar la Ley de la Usura porque sancionan un incumplimiento del deudor jurídicamente censurable, y su aplicación tanto sirve para reparar, sin la complicación de una prueba exhaustiva y completa, el daño que el acreedor ha recibido.
  3. La nulidad del contrato se podrá solicitar cuando hay falta de consentimiento, objeto o causa no cuando una cláusula es nula.
  4. Hay que estudiar más la integración de los contratos y menos jugar al Fornite.