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Ley de dependencia y Daño Patrimonial de la administración pública

Hace ya bastante tiempo, 20-12-2103, escribí un post sobre los problemas de cobro de la dependencia en Canarias. La aplicación práctica de la ley de dependencia en Canarias. Impago a los dependientes fallecidos.

El supuesto de hecho es:

Persona A obtiene todo, incluso el Plan Individual de Atención (PIA) sin que sea aprobado mediante resolución. Pasan un par de años y fallece. Los hijos reclaman.

Básicamente, trataba el tema desde la STSJ de Cantabria de 2-2-2011 que entendía que “se consolidó por silencio positivo el derecho antes del fallecimiento del solicitante”

En Canarias, una de las sentencias del TSJ más recientes, 298/2015 entiende que:

“Que en el presente caso el fallecimiento de la persona dependiente se produjo antes de dictarse la resolución de reconocimiento de la prestación, por lo que no se había concretado ninguna prestación económica para la recurrente sobre la que poder establecer la consolidación de algún derecho. 

En este sentido se pronunció esta Sala en la sentencia número 20/2010 de 29 de enero del mismo año, Recurso 240/2009 cuyo fundamento de derecho segundo señalaba que, sin que coetáneamente estuviese ya elaborado necesario programa individual de atención, es obvio que las prestaciones no llegaron a consolidarse y que nunca pudieron ingresar en el patrimonio del difunto, de manera que mal puede reivindicar la actora los derechos económicos que postula la demanda, con olvido de que los actos administrativos para tener eficacia retroactiva cuando produzcan efectos favorables, precisan que los supuestos derechos necesarios existan ya en la fecha a la que se retrotraiga la eficacia de dichos actos. 

En el mismo sentido se pronunció la sentencia sobre que no cabía deducir del retardo registrado la estimación de la solicitud por silencio positivo, al contravenir abiertamente la norma de reglamentaria lo establecido al efecto en el número dos del artículo 43 de la Ley 30/1992

“Que es evidente que la existencia del retraso en la resolución del expediente PIA ha impedido a la actora el acceso a una prestación y que igualmente proceder a la tramitación del expediente tras el fallecimiento de la madre de la actora carece ya de objeto alguno, motivos ambos que son constitutivos de un perjuicio cuya valoración no se ha concretado pero que podría ser objeto de determinación y reclamación por la vía de la responsabilidad patrimonial extracontractual del art 139 de la Ley 30/1992.”

Y de modo expreso, el FD Quinto dice:

Que no haremos pronunciamiento en costas, en cuanto si bien el recurso no es estimado, sí existe un funcionamiento anormal de la administración que posiblemente ha privado a la actora de una prestación (art 139 de la ley jurisdiccional).”

Pues ya sabemos que en Canarias mejor ir por daño patrimonial.

El problema que veo aquí es el cumplimiento de los requisitos de la responsabilidad patrimonial extracontractual de la administración, constituyendo así un cuerpo de doctrina legal que figura sistematizada y resumida en las sentencias del TS de 10-6-1986 (RJ 1986, 6761) y de 10-2-1998 (RJ 1998, 1786):

  1. Lesión patrimonial equivalente a daño o perjuicio en la doble modalidad de lucro cesante o daño emergente.
  2. En segundo lugar, la lesión se define como daño ilegítimo.
  3. El vínculo entre la lesión y el agente que la produce, es decir, entre el acto dañoso y la Administración implica una actuación del poder público en el uso de sus potestades públicas.
  4. La lesión ha de ser real y efectiva, nunca potencial o futura pues el perjuicio tiene naturaleza exclusiva con posibilidad de ser cifrado en dinero y compensado de manera individualizable, debiéndose dar el necesario nexo causal entre la acción producida y el resultado dañoso ocasionado.

Por ultimo, además de estos requisitos, es de tener en cuenta que la Sala Tercera del TS ha declarado reiteradamente (así en sts 14 de mayo (RJ 1994, 4190) de 4 de junio (RJ 1994, 4783) y las que citan, que la responsabilidad patrimonial de la administración, complementada con el art 106.2 de la Constitución ( RCL 1978, 2836), art 40 LRJAE de 1957 y arts 121 y 122, LEF, se configura como una responsabilidad objetiva o por el resultado en la que es indiferente que la actuación administrativa haya sido normal o anormal, bastando declararla que como consecuencia directa de aquella se haya producido un daño efectivo, evaluable económicamente e individualizado.

 

¿Cómo obtenemos el cifrado en dinero si el responsable del expediente no lo ha resuelto -silencio administrativo-? ¿Lo pedimos como testigo en el procedimiento de responsabilidad? ¿Pedimos que la administración cifre el  daño?

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9 diciembre, 2015 · 19:49

Requisitos para la casación para unificación de doctrina. Contencioso.

Requisitos para la casación para unificación de doctrina. Contencioso.

Hoy volvemos al corta y pega y traemos la STS 1482/2015 de 9-4; Secc 2 Sala Tercera del TS, Ponente Manuel Martín Timón.

El supuesto de hecho consiste en el fallecimiento del causante y la Administración Tributaria Canaria gira liquidación complementaria. Tras un cúmulo de alegaciones recursos estimados y nuevos expedientes, llegamos al TEAR, a la Jurisdicción Contenciosa y al TS.

La letrada del Servicio Jurídico recurre con unas sentencias de contraste que no corresponden a los requisitos requeridos que el TS detalla en esta Sentencia:

Los requisitos de forma para la de admisión son:

  1. a) El plazo de presentación, que es el de 30 días, contados desde el siguiente a la notificación de la sentencia ante la Sala de instancia ( art. 97.1 L.J.CA );
  2. b) La cuantía, que no puede ser inferior a 30.000 euros (art. 96.3) y la materia, que no puede ser ninguna de las expresamente excluidas en el artículo 86.2,b;
  3. c) en cuanto a la sentencia o sentencias que se aleguen como de contraste, han de ser firmes, lo que ha de acreditarse acompañando certificación de las mismas con mención de su firmeza o, en su defecto, copia simple de su texto y justificación documental de haberse solicitado aquélla. No obstante, cuando se trate de sentencias firmes que anulen una disposición general, y en el de sentencias firmes que anulen un acto administrativo que afecte a una pluralidad indeterminada de personas, basta con indicar el periódico oficial en que hubiesen sido publicadas, ( artículo 97.2, en relación con el 72.2 de la L.J.C.A ).

Los requisitos de fondo son los de identidad sustancial de hechos, fundamentos y pretensiones entre la sentencia impugnada y la sentencia o sentencias que se aleguen como de contraste y que han llegado a pronunciamientos distintos y el relato, preciso y circunstanciado de esas identidades e infracción legal que se imputa a la sentencia impugnada ( artículos 96.1 y 97.1 de la L.J.C.A).

Haciendo referencia a estos últimos requisitos, la Sentencia de esta Sala de 15 de diciembre de 2014 (recurso de casación para la unificación de doctrina 1812/2014 ), recordando una vez más lo que se señalara en la de 20 de abril de 2004 ha puesto de relieve que, “la contradicción entre las sentencias aportadas para el contraste y la impugnada debe establecerse sobre la existencia de una triple identidad de sujetos, fundamentos y pretensiones. No cabe, en consecuencia, apreciar dicha identidad sobre la base de la doctrina sentada en las mismas sobre supuestos de hecho distintos, entre sujetos diferentes o en aplicación de normas distintas del ordenamiento jurídico.

Si se admitiera la contradicción con esta amplitud, el recurso de casación para la unificación de doctrina no se distinguiría del recurso de casación ordinario por infracción de la jurisprudencia cuando se invocara la contradicción con sentencias del Tribunal Supremo. No se trata de denunciar el quebrantamiento de la doctrina, siquiera reiterada, sentada por el Tribunal de casación, sino de demostrar la contradicción entre dos soluciones jurídicas recaídas en un supuesto idéntico no sólo en los aspectos doctrinales o en la materia considerada, sino también en los sujetos que promovieron la pretensión y en los elementos de hecho y de Derecho que integran el presupuesto y el fundamento de ésta. Debe, pues, apreciarse una incompatibilidad lógica entre ambos pronunciamientos, sin margen alguno de interpretación de normas diversas, de aplicación de las mismas sobre supuestos de hecho distintos o de diferente valoración de las pruebas que permita, independientemente del acierto de uno u otro pronunciamiento, justificar a priori la divergencia en la solución adoptada.

Como dice la sentencia de esta Sala de 26 de diciembre de 2000 , la contradicción entre las sentencias contrastadas ha de ser ontológica, esto es, derivada de dos proposiciones que, al propio tiempo, no pueden ser verdaderas o correctas jurídicamente hablando y falsas o contrarias a Derecho. Esta situación no presenta analogía alguna con la de sentencias diferentes, pese a la identidad de planteamientos normativos o de hecho entre ambas, en función del resultado probatorio que haya podido apreciarse en unas u otras”.

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ACUERDOS DE PERSONAS JURÍDICAS PARA ENTABLAR RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO. STC 167/2014

Como @apariciosan ha abandonado su blog (que me gustaba) y pasa olímpicamente de relacionarse con el mundo exterior; le dedico este post de una STC que me ha descubierto. Seguro que no le gusta el post -porque no le gusta ninguno de los que escribo- pero seguro que, al final, lo lee.

No puedo ir a peor en los temas del blog y hoy nos atrevemos a hundir el trabajo de creación de una imagen seria y profesional con una Sentencia del Tribunal Constitucional.

La STC en cuestión es la STC 167/2014 dictada en el recurso de amparo 3511-2012.

La STC analiza el mítico y catastrófico art 45.2 d) LJCA . Para los cándidos que no lo conocen el artículo 45 LJC dice:

“1. El recurso contencioso-administrativo se iniciará por un escrito reducido a citar la disposición, acto, inactividad o actuación constitutiva de vía de hecho que se impugne y a solicitar que se tenga por interpuesto el recurso, salvo cuando esta Ley disponga otra cosa.

A este escrito se acompañará:

d) El documento o documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos exigidos para entablar acciones las personas jurídicas con arreglo a las normas o estatutos que les sean de aplicación, salvo que se hubieran incorporado o insertado en lo pertinente dentro del cuerpo del documento mencionado en la letra a) de este mismo apartado.”

Bueno, pues esto, en apariencia sencillo, es uno de los mayores quebraderos de cabeza de aquellos que, cual indiana jones jurídico, rebuscan el los reglamentos perdidos un precepto que les de la razón.

En fin, antecedentes de hecho:

 1.- Liquidación provisional del TPyAJD.

 2.- Reclamación económico-administrativa.

 3.- Recurso contencioso administrativo contra resolución de TEAR ante la Sala del TSJ Canarias que “declaraba inadmisible el recurso contencioso-administrativo, al no haberse aportado los estatutos de la sociedad ni figurar insertos en el poder notarial los preceptos relativos al particular de la especial autorización, careciendo de virtualidad, a juicio de la Sala, el documento aportado en fase de prueba, consistente en carta del administrador único indefinido de la demandante, ratificando instrucciones verbales dadas al respecto en su día, “en cuanto ni es en realidad expresivo de la existencia de un acuerdo expresa y formalmente adoptado por el administrador único, ni, además, se desprende por sí solo de dicho documento que, según los estatutos, sea precisamente el administrador único el órgano competente para decidir el ejercicio de acciones judiciales”.

 4.- Incidente de nulidad de actuaciones con base en lesión a la tutela judicial efectiva, indefensión, etc “en relación con el derecho a que el recurso jurisdiccional se resolviera a la vista de todas las pruebas admitidas y practicadas, argumentando que la Sentencia combatida se había dictado sobre la base de un dato erróneo e incierto, pues no había tenido en cuenta los estatutos de la actora, que obraban en el expediente administrativo admitido y declarado pertinente como prueba del recurso jurisdiccional”

5.- La Sala desestima el incidente puesto que “el incidente no puede prosperar puesto que, bajo la cobertura de una supuesta vulneración de diversos derechos fundamentales, lo que subyace de modo notorio en el planteamiento de la parte promovente del incidente es una mera discrepancia jurídica respecto a la fundamentación de la sentencia

Fundamentación de la demanda de amparo:

“la lesión del derecho a la tutela judicial efectiva en su vertiente de derecho a un proceso con todas las garantías y a no padecer indefensión, como consecuencia del error patente sufrido por la Sala al desestimar el recurso sobre la base del art. 45.2 d) LJCA, pues en el expediente administrativo sí constaban los estatutos de la sociedad, y en su escrito de 27 de abril de 2011, de proposición de prueba, la demandante de amparo solicitaba expresamente “tener por reproducido el expediente administrativo”, prueba ésta que fue expresamente admitida por diligencia de ordenación de 20 de junio de 2011. De dichos estatutos se deduciría que, por ser la entidad una sociedad con administrador único, éste era la persona y órgano social que tenía conferida la facultad de interponer acciones judiciales. A tales efectos cita la demandante el art. 23 de los referidos estatutos en cuanto a las facultades del órgano de administración de la sociedad. La demandante de amparo señala también que, en el documento notarial aportado al proceso en la fase de proposición de prueba, el administrador único se ratificaba en unas instrucciones verbales dadas en su día al Letrado don Luis Alzola Tristán “para interponer y seguir por todos sus trámites, instancias y recursos, proceso o recurso contencioso-administrativo contra la resolución de 23 de noviembre de 2009, del Tribunal Económico Administrativo de Las Palmas de Gran Canaria”. Según la demandante de amparo, la supuesta falta de los estatutos es la piedra angular en la que descansa la inadmisión del recurso, resultando manifiesto que la Sala ha resuelto sin tener a la vista el contenido del expediente administrativo, con la consiguiente vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva en su vertiente ya señalada, como consecuencia del error padecido, que resulta patente, pues de haberse percatado la Sala de que los estatutos de la sociedad obraban en el expediente, no habría podido inadmitir el recurso.

 Asimismo, denuncia la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva al no haber dado el órgano judicial respuesta alguna a la cuestión planteada en el incidente de nulidad de actuaciones, lo que, a juicio de la actora, supone un claro supuesto de incongruencia omisiva causante de indefensión, pues ante la realidad insoslayable de que los estatutos obraban testimoniados en el expediente administrativo, tal y como se puso de manifiesto en el incidente de nulidad de actuaciones, el órgano judicial se limitó a responder, en relación con dicha pretensión que se trataba de “una mera discrepancia jurídica respecto a la fundamentación de la sentencia”.

Los Fundamentos Jurídicos de la Sentencia:

“(…) hemos aclarado que no cabe otorgar relevancia constitucional a toda inexactitud o equivocación padecida por un órgano judicial al resolver una cuestión sometida a su decisión, sino que para que se produzca tal afección es necesario que concurran determinados requisitos. En concreto, entre otras muchas, en las SSTC 245/2005, de 10 de octubre, FJ 4, y 118/2006, de 24 de abril, FJ 3, declaramos que se vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva y procede otorgar el amparo cuando la resolución judicial sea el producto de un razonamiento equivocado que no se corresponde con la realidad, por haber incurrido el órgano judicial en un error patente en la determinación y selección del material de hecho o del presupuesto sobre el que se asienta su decisión, produciendo efectos negativos en la esfera jurídica del ciudadano, siempre que se trate de un error que sea inmediatamente verificable de forma incontrovertible a partir de las actuaciones judiciales, y que sea determinante de la decisión adoptada, constituyendo el soporte único o básico (ratio decidendi) de la resolución, de forma que no pueda saberse cuál hubiera sido el criterio del órgano judicial de no haber incurrido en dicho error. Por consiguiente, además de apreciar la existencia del error hemos de constatar que se produce la concurrencia de los presupuestos reseñados para que el error del órgano judicial adquiera relevancia constitucional.”

En el presente supuesto,

a) (…) se trata de un error de hecho, y que, además, resulta patente, manifiesto, evidente o notorio, pues su existencia es inmediatamente verificable de forma clara e incontrovertible a partir de las actuaciones judiciales (por todas, SSTC 162/1995, de 7 de noviembre, FJ 3; y 169/2000, de 26 de junio, FJ 2). No se trata de una mera discrepancia jurídica, como se afirmaba en el Auto desestimatorio del incidente de nulidad de actuaciones, pues no recae sobre la interpretación realizada por el órgano judicial en la Sentencia de inadmisión, sino sobre el preciso dato fáctico de si los estatutos de la sociedad recurrente figuraban o no en las actuaciones del recurso.

b) En segundo lugar, el error ha sido determinante de la decisión adoptada en el recurso contencioso-administrativo, ya que el órgano judicial ha fundamentado su decisión de inadmisión en el dato principal de que no se habían aportado los estatutos de la sociedad recurrente, mientras que, de no haber mediado dicho error, podría haber entrado a conocer del fondo del recurso si el contenido de los reseñados estatutos hubiesen justificado, a su juicio, la suficiencia de las facultades del administrador único para decidir la interposición del recurso, de acuerdo con las amplias facultades que se le atribuyen en el art. 23 de los referidos estatutos. Esto es, la argumentación de la Sentencia que decidió la inadmisión del recurso descansa expresa y conclusivamente de manera primordial sobre la errónea consideración de que los estatutos sociales no se encontraban aportados a las actuaciones, y, a partir de este dato, pierde su sentido la fundamentación jurídica de la Sentencia, sin que sea posible conocer cuál hubiese sido el sentido de la resolución de no haberse incurrido en el mismo (SSTC 206/1999, de 8 de noviembre, FJ 4; y 25/2001, de 26 de febrero, FJ 2). Por lo demás, no corresponde a este Tribunal determinar si, atendido el contenido de los estatutos, la decisión del órgano judicial habría sido otra, ya que se trata de una cuestión de legalidad ordinaria que compete decidir en exclusiva a aquél en ejercicio de la potestad que le asigna el art. 117.3 CE.

c) Asimismo, la equivocación es atribuible al órgano jurisdiccional que la cometió, y no a la negligencia o mala fe de la demandante (SSTC 89/2000, de 27 de marzo, FJ 2; y 150/2000, de 12 de junio, FJ 2), pues ésta propuso como prueba el expediente administrativo en el que figuraban los estatutos y, además, puso de relieve en el incidente de nulidad de actuaciones la existencia del error, indicando que los estatutos figuraban en el citado expediente, con identificación de los folios en los que se encontraban los documentos relevantes a efectos de la justificación del cumplimiento de la exigencia del art. 45.2 d) LJCA.

d) Finalmente, el error ha producido efectos negativos en la esfera jurídica de la recurrente (SSTC 172/1985, de 16 de diciembre, FJ 7; y 96/2000, de 10 de abril, FJ 5), desde el momento en que le ha impedido obtener una respuesta motivada y fundada en Derecho sobre el fondo del recurso contencioso-administrativo interpuesto.”

 

Me pregunto si algunas Sentencias que inadmiten el recurso porque no se acompaña el acuerdo exacto del órgano de la persona jurídica que entabla la acción podrán tener otro final con esta sentencia porque si consta en el expediente los estatutos y el administrador solidario tiene facultades de representación y el administrador solidario otorga el poder al procurador… puede ser suficiente para justificar la existencia de un acuerdo para entablar la acción por convalidación de actos (como, por ejemplo, lo que pasa en una inspección tributaria en donde se notifica a un no sujeto pasivo inspeccionado pero que luego se persona en la inspección y convalida los actos anteriores).

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28 noviembre, 2014 · 17:53